RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2022-00571-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00571-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00571-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Tema: retiro del servicio. Subtema 1: retiro por llamamiento a calificar servicios.
Subtema 2: infracción de la norma en que debe fundarse el acto administrativo
demandado, falsa motivación y desviación de poder.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Arturo Alba Ruiz contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, el 27 de julio de 2023, que negó las pretensiones de la
demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Carlos Arturo Alba Ruiz solicitó la nulidad de la Resolución 1815 del 28 de
marzo de 2019, mediante la cual el Ministerio de Defensa Nacional dispuso su retiro
del servicio activo del Ejército Nacional por llamamiento a calificar servicios. En
síntesis, sostuvo que dicha decisión es irregular, por cuanto fue expedida con
infracción de las normas en que debía fundarse, falsa motivación y desviación de
poder, al: (a) desconocer su formación académica y (b) su excelente desempeño
profesional.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, negó

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

las pretensiones al considerar que esa decisión fue el resultado del ejercicio de una
facultad discrecional, por lo que los reconocimientos, felicitaciones y calificaciones
muy buenas no impedían el llamamiento, especialmente al no haber sido ascendido.

La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, porque en efecto, en esta
oportunidad se cumplieron los requisitos objetivos previstos en el Decreto Ley 1790
de 2000 para determinar el llamamiento a calificar servicios, esto es, el tiempo mínimo
de servicio que habilita el acceso a la asignación de retiro y el concepto previo de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Carlos Arturo Alba Ruiz, mediante apoderada, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 el 24 de septiembre
de 2019, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional,
de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. El señor Carlos Arturo Alba Ruiz, solicitó que se declarara la nulidad de la
Resolución 1815 del 28 de marzo de 2019, a través de la cual el Ministerio de Defensa
Nacional lo retiró del servicio activo del Ejército Nacional, por llamamiento a calificar
servicios, en su calidad de teniente coronel.

3. A título de restablecimiento del derecho, el señor Carlos Arturo Alba Ruiz, pidió
el reintegro al servicio activo, sin solución de continuidad, con el ascenso al grado que
le corresponda; pagarle todos los emolumentos laborales inherentes a cada grado,
una vez se realicen los ascensos; sufragarle los perjuicios morales; lo anterior con los
respectivos intereses e indexación.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda2, así:

i) El señor Carlos Arturo Alba Ruiz ingresó al Ejército Nacional, y su última unidad
fue la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares, en Bogotá.

ii) El señor Carlos Arturo Alba Ruiz, mediante oficio 0118007091702 del 11 de
octubre de 2018, solicitó la reconsideración de la evaluación realizada para el ascenso
a coronel 2018, cuyo resultado determinó su no ascenso. Posteriormente, a través del
oficio 20183056169373, el director de Personal del Ejército confirmó la decisión

1 Samai, índice 3, ED_C01_01Demanda(.pdf)
2 Samai, índice 3, ED_C01_19DemandaSubsanaciónDeLaDemanda(.pdf)

2

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

adoptada.

iii) Mediante Acta 13 del 28 de noviembre de 2018, la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para las Fuerza Militares resolvió recomendar su retiro del
servicio, bajo la causal de llamamiento a calificar servicios.

iv) El jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, con visto bueno del
inspector general de las Fuerzas Militares, apoyó el 7 de febrero de 2019, ante el
comandante del Ejército Nacional, la solicitud de reconsideración presentada por el
señor Carlos Arturo Alba Ruiz, para su llamamiento a ascenso al grado de coronel; sin
embargo, la entidad no acogió la petición.

v) Con fundamento en dicho concepto de la junta asesora, el Ministerio de
Defensa Nacional expidió la Resolución 1815 del 28 de marzo de 2019, notificada el
29 de marzo del mismo año, mediante la cual fue retirado del servicio activo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

La Constitución Política, preámbulo y artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 29, 83, 84, 218
y 220.
El Decreto 1790 de 2000, artículo 53.

6. Al explicar el concepto de violación, luego de hacer referencia a la Constitución
Política, el señor Carlos Arturo Alba Ruiz, adujo que el acto administrativo mediante
el cual fue llamado a calificar servicios vulnera los fines esenciales del Estado, al no
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución Política.

7. Afirmó que fueron desconocidos sus derechos, pues se desestimaron sus
cualidades personales, de conducta y profesionales, al no haber sido adoptada una
decisión acorde con su desempeño.

8. Expresó que la motivación expuesta en la Resolución 1815 del 28 de marzo de
2019, devino de una transgresión de los mandatos legales, por lo que se encuentra
viciada la voluntad de la administración, ya que no se cumplió con el requisito del
examen exhaustivo de las razones para no considerar su ascenso, tales como su hoja
de vida, sus folios de vida, el nivel académico obtenido y su desempeño profesional.
Señaló además que se excedieron los lineamientos previstos en el ordenamiento
jurídico, apartándose de la finalidad del buen servicio y atendiendo fines distintos a los
establecidos en la norma, por lo que se incurrió en falsa motivación, desviación de
poder e infracción de la norma en que debía fundarse.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

2.2. Contestación de la demanda

9. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, no presentó
contestación de la demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en la sentencia del 27 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda y
absolvió en costas a la parte accionante3. Consideró que el acto de retiro por
llamamiento a calificar servicios tan solo requiere del cumplimiento del tiempo de
servicios exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro, el cual es mínimo
de 15 años, y el señor Carlos Arturo Alba Ruiz contaba con un tiempo superior a 20
años, por lo que dicho acto no requería motivación diferente al cumplimiento de los
requisitos legales para acceder a la asignación de retiro.

11. Arguyó que el retiro con pase a reserva por llamamiento a calificar servicios no
es una sanción o un castigo, sino una modalidad administrativa para depurar las filas
de las Fuerzas Militares, con el fin de conservar la estructura jerarquizada, y es por
esto que, si la institución requiriera la existencia de malos comportamientos en sus
miembros para poder retirarlos del servicio, perdería su naturaleza piramidal y habría
más personal que plazas disponibles.

12. Explicó que, al revisar la hoja de vida institucional del señor Carlos Arturo Alba
Ruiz, se evidenció que demostró ser un excelente militar; no obstante, esto no impide
el llamamiento cuando no resultó ascendido, razón por la cual el desvío de poder que
alegó con fundamento en su buen desempeño y alto nivel académico no aplica, dado
que es una facultad discrecional.

2.4. Recurso de apelación

13. El señor Carlos Arturo Alba Ruiz, mediante apoderada, interpuso recurso de
apelación4 para que se revocara la sentencia de primera instancia y se accediera a
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:

14. Señaló que el tribunal incurrió en: (i) una indebida valoración probatoria, y (ii)
un análisis errado de los elementos en que fundamentó los cargos de nulidad.

15. En relación con el primer aspecto, adujo que no se efectuó pronunciamiento
sobre los elementos fundamentales que desvirtuaban la presunción de mejoramiento
del servicio al disponer su llamamiento a calificar servicios.

16. Expresó que el ejercicio de la potestad discrecional no fue legítimo, toda vez

3 Samai, índice 3, ED_C01_33Fallo(.pdf)

4 Samai, índice 3, ED_C01_34RecursoApelacionDemandante(.pdf)

4

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

que, en la decisión de llamarlo a calificar servicios, no se observaron las disposiciones
legales relativas a la carrera militar. Indicó que en el expediente obraban
circunstancias que permitían concluir que no se respetó el debido proceso, pues la
facultad discrecional conferida por la ley al comandante del Ejército Nacional fue
ejercida por fuera de sus fines y objetivos, al decidir no ascenderlo y al apartarse de
los límites y reglas propios de dicha facultad, razón por la cual fue llamado
arbitrariamente a calificar servicios.

17. Manifestó que se desconoció la sentencia SUJ-26-S2 del Consejo de Estado,
encaminada a establecer que, si bien no es exigible a la Fuerza Pública una
motivación expresa del acto mediante el cual se desvincula a un militar en servicio
activo, no resulta admisible que el retiro encubra una finalidad contraria a las
necesidades del servicio. Lo anterior, con el propósito de proteger no solo el interés
público, sino también los derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva de quienes son separados del servicio militar.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

18. Mediante auto del 16 de mayo de 20245, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

19. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

20. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 6 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

5 Samai, índice 4.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

5

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

21. ¿Se encuentran acreditadas la infracción del Decreto Ley 1790 de 2000, la falsa
motivación y la desviación de poder alegadas por el demandante, que desvirtúen la
presunción de legalidad de la Resolución 1815 del 28 de marzo de 2019, a través de
la cual se le retiró del servicio activo del Ejército Nacional, por llamamiento a calificar
servicios, en su condición de teniente coronel?

22. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
el retiro por llamamiento a calificar servicios, (ii) los requisitos objetivos para la
procedencia de este tipo de retiro, (iii) la falsa motivación y (iv) la desviación de poder.
A partir de las anteriores consideraciones (v) se destacarán los hechos probados
relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico
planteado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios

23. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se
encuentra regulado en el Decreto Ley 1790 de 2000, que dispone la figura del
llamamiento a calificar servicios, como una modalidad de desvinculación basada en
razones institucionales y de servicio (artículo 100, literal a, numeral 3).

24. En efecto, el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, modificado por el
artículo 25 de la Ley 1104 de 2006, establece como causal de retiro el llamamiento a
calificar servicios, cuando el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para tener
derecho a la asignación de retiro.

25. Por su parte, el artículo 99 de dicha normativa prevé que el retiro de «los grados
de oficiales generales y de insignia, coronel o capitán de navío, se hará por decreto
del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución
ministerial, facultad que podrá delegarse en el comandante general o comandantes
de fuerza». Asimismo, «Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia».

26. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige el
cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) tener el tiempo mínimo de servicio que
da lugar a la asignación de retiro; y (b) contar con el concepto previo de la junta
asesora, en caso de los oficiales, excepto para los del grado de general o de insignia.

27. El alcance de la facultad del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios ha sido
objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado7 y de la Corte

7 Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-
2016-00385-00(AC).

6

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Constitucional8, dando lugar a lineamientos que delimitan, dentro del marco
constitucional y legal, el ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en
la naturaleza constitucional de la fuerza pública como garante de la integridad, la
convivencia y la seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento
institucional que permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos
armados, facilitando el ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a
la manera ordinaria de culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.

28. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura; por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996 señaló que:

a) No consagra el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple
hecho de cumplir cierto número de años en la institución, toda vez que esta
figura implica el ejercicio de una facultad discrecional que, aunque conduce al
cese de las funciones del oficial, no significa una sanción, despido o exclusión
deshonrosa.
b) Es un valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea
jerárquica de la fuerza pública que busca permitir el ascenso y la promoción
continua, lo cual no es otra cosa que la normal renovación del personal en los
cuerpos armados y la manera corriente de culminar una carrera en la misma.
c) El llamamiento constituye una atribución inherente al ejercicio del poder
de mando y conducción, en la medida en que las autoridades militares y
policiales deben contar con las facultades necesarias para sustituir de manera
eficaz, conforme a las necesidades y conveniencias del servicio, los mandos
superiores y medios de la institución, con fundamento en apreciaciones y
evaluaciones de carácter institucional.

29. La sentencia SU-091 de 2016, reiterada en los fallos SU-217 de 2016 y SU-237
de 2019, que revisó cuatro tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la fuerza pública contra decisiones que los jueces administrativos
adoptaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derechos contra actos
administrativos de retiro por voluntad del Gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de
los retiros en las Fuerzas Militares y la Policía.

30. Respecto al tiempo mínimo señalado por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió, en la
referida sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el
servidor público en cuanto asegura que una vez sea desvinculado de la institución,
como mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.

31. La Corte reiteró que esta causal constituye una facultad legítima para permitir
la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con

8 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

otra finalidad; por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso o cualquier otro. En ese
sentido, la sentencia advirtió que:

Es importante llamar la atención que si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros
de las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo
por la estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el
punto de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se
establece frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.

32. De la misma manera, la sentencia señaló que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del Gobierno o
de la dirección general, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos precisó que:

En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extra textual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se
configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General […] dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada.

33. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad
del llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos
armados y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera
militar o policial al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y
excelencia institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el
precedente constitucional fijado es explícito al indicar que:

Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal.

34. No obstante, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como lo ha
hecho el Consejo de Estado9, no desconoce que los actos de llamamiento están
sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte explicó que los jueces

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022).

8

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

administrativos en estos casos no solo deben verificar que se cumplan con los
requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben quedar expresamente
consignados en la resolución de retiro, sino también deben evitar que el instrumento
sea utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder (comoquiera que se busca evitar que sea utilizado para desconocer
los derechos fundamentales de los oficiales).

35. Así, la sentencia de unificación, que constituye un precedente vinculante para
efectos de la presente providencia, señaló que:

En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien
no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder […] Para evitar estas
prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a
la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten10.

36. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial
que determinó que los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, si bien están
sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior, como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la contemplada en las
normas sobre la materia. Así, no se le im pone una carga excesiva a la administración,
se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la fuerza pública y
se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que constituye una manera decorosa de culminar la carrera
militar o policial.

3.3.2. Los requisitos objetivos para la procedencia del retiro por llamamiento a
calificar servicios

37. De acuerdo con el marco normativo vigente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios exige el cumplimiento estricto de dos requisitos objetivos, cuya verificación
condiciona la legalidad del acto administrativo: (i) el tiempo mínimo de servicio para
acceder a la asignación de retiro y (ii) el concepto previo de la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de
oficiales generales o de insignia. Dicho concepto constituye un presupuesto habilitante
para la expedición del acto definitivo.

38. Conforme con la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del

10 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Consejo de Estado, la junta asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal11.

39. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que «la
recomendación de la Junta Asesora constituye una actuación previa que integra el
procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a
la verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a
controvertir su contenido en sede administrativa».

40. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 se reiteró que la junta
asesora no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo
de servicio y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».

41. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que
se elaboran con ocasión de las sesiones de la junta asesora del Ministerio de Defensa
no condiciona la validez de las decisiones adoptadas en desarrollo de la citada junta,
dado que las consideraciones de los comandantes de las distintas fuerzas en relación
con su personal son de inmediato cumplimiento.

42. En este punto, debe precisarse que la aprobación posterior de las actas de la
junta asesora constituye una formalidad, lo que se explica en el hecho de que solo
hasta que culmine la sesión de la junta es posible confeccionar el acta, esto es, el
documento físico, el cual se suscribe por quienes intervinieron en su expedición, una
vez concurran al desarrollo de una nueva junta12.

3.3.3. La falsa motivación

43. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal
del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se
tienen en cuenta para su expedición13. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.

44. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y
jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad» 14.
En ese orden, lo actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado

05001-23-31-000-2001-03004-01(0357-12).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado

05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018, proceso con radicado 11001-

03-25-000-2016-00089-00 (461-2016).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.

10

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos
veraces que los soporten y (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales
o reglamentarias, según sea el caso.

45. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las
razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión15. En otros términos,
esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad16. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
los siguientes elementos17:

Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
falsamente motivado.

46. Así las cosas, para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. Por otro lado, quien alega la existencia de esta causal de
nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 del CPACA)18.

47. En lo que se refiere al acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar
servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que
su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar o policial
retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es
procedente, que existe concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares, lo cual es aplicable para los oficiales, excepto para los del
grado de general o de insignia, por así ordenarlo el artículo 99 del Decreto 1790 de
2000.

48. Bajo este supuesto, cuando se alegue que no es cierto que se cumplieron los
requisitos señalados en el Decreto 1790 de 2000, para la procedencia del llamamiento

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de

2017, procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016),11001-
03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016), 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016), 11001-03-25-000-2016-
00064-00 (0271-2016), 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016), 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-
2016), 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) y 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,

proceso con radicado 2006-00348.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de

septiembre de 2017, proceso con radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14).
18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia

se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».

11

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

a calificar servicios, pese a que en el acto se indicó ello, o en el evento en que se citan
otros motivos distintos a aquellos, es viable el estudio de la causal de nulidad de falsa
motivación. Lo contrario, significaría dejar sin defensa a quien pretende desvirtuar la
legalidad del acto por estas razones y, por ende, se vulneraría su derecho al debido
proceso.

3.3.4. La desviación de poder

49. Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que
hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el
propósito de aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador,
quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en los artículos 2
constitucional y 1 del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general19.

50. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo 20. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina21 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público» 22.

51. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»23.

52. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines

19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443.
20 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto

administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
21 Younes Moreno, Diego. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis, 2016.
22 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los

siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».
23 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-

24-000-2013-00328-00. // En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009).

12

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»24.

3.4. Hechos probados

53. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

54. Según la hoja de vida emitida por el Ejército Nacional el 3 de abril de 201925, el
señor Carlos Arturo Alba Ruiz prestó sus servicios a dicha institución desde el 23 de
diciembre de 1998 hasta el 29 de marzo de 2019, para un total de 20 años, 9 meses
y 27 días de servicio. Su último grado fue el de teniente coronel, cargo que ostentó
desde el 4 de diciembre de 2013, y su última asignación correspondió a miembro del
Estado Mayor de la Inspección General del Comando General de las Fuerzas
Militares. Asimismo, se indicó que durante su trayectoria militar recibió
condecoraciones y distintivos militares nacionales y extranjeros, así como
felicitaciones, sin haber sido objeto de sanciones.

55. El 28 de noviembre de 2018, conforme al acta respectiva, se reunió la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional con el fin de realizar la evaluación sobre
el retiro por llamamiento a calificar servicios, entre otros oficiales, de Carlos Arturo
Alba Ruiz, en la que se advirtió que las disposiciones normativas y jurisprudencia
constitucional aplicables al caso permitían que el Gobierno nacional adoptara este tipo
de decisiones cuando el personal cumplía con el tiempo necesario para obtener
asignación de retiro, al ser un instrumento que permitía reestructurar el poder
jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, que lo facultaba para sustituir
a los mandos de diferentes niveles, cuando así las necesidades y conveniencias lo
recomendaban26.

56. Mediante la Resolución 1815 del 28 de marzo de 2019, el ministro de defensa
nacional retiró del servicio activo del Ejército Nacional al teniente coronel Carlos Arturo
Alba Ruiz, por llamamiento a calificar servicios, en atención a que, en sesión del 28
de noviembre de 2018, registrada en acta 13, la Junta Asesora del Ministerio de

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, proceso con radicado interno 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia
que indicaba que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
25 Samai, índice 3, ED_C01_CD2Folio133ExpedienteDigital(.zip), CD 1 FOLIO 133, pp. 26 a 32 del expediente

digital.
26 Samai, índice 3, ED_C01_03AnexosDeDemanda(.pdf) , pp. 66 a 72.

13

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Defensa para las Fuerza Militares así lo recomendó por unanimidad27.

57. En el aludido acto se citaron apartes de la mencionada acta, en la que se
invocaron las normas y jurisprudencia aplicables a este tipo de desvinculación, para
señalar que dicha causal no debe calificarse como una sanción ni como una exclusión
deshonrosa, sino, por el contrario, como una causal de retiro temporal con pase a la
reserva. Asimismo, se indicó que, en el caso del teniente coronel, este contaba con
más de 15 años de servicios, por lo que era beneficiario de una asignación de retiro
y, en consecuencia, podía procederse con la mencionada causal de desvinculación.

58. La citada resolución fue notificada el 29 de marzo de 2019 al señor Carlos
Arturo Alba Ruiz28.

3.5. Caso concreto

59. El señor Carlos Arturo Alba Ruiz controvierte la legalidad de la Resolución 1815
del 28 de marzo de 2019, mediante la cual fue retirado del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios, en síntesis, al estimar que, si bien no es exigible una
motivación expresa, no es dable que el retiro encubra una finalidad contraria al buen
servicio.

60. Sobre el particular, sea lo primero precisar que, si bien las actas de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares comportan actos
preparatorios29, al servir de fundamento del acto administrativo de retiro del servicio,
pueden valorarse por parte del juez para establecer la legalidad de dicha decisión30.

61. Ahora bien, la Resolución 1815 del 28 de marzo de 2019, objeto de demanda,
tuvo como sustento la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares, acerca del retiro del servicio activo del teniente coronel
Carlos Arturo Alba Ruiz, por llamamiento a calificar servicios.

62. La sesión de dicha junta se realizó el 28 de noviembre de 2018 (acta 13), en la
que se advirtió que las disposiciones normativas aplicables, en particular las del
Decreto 1790 de 2000, autorizaban que el Gobierno nacional adoptara este tipo de
decisiones cuando el personal cumplía con el tiempo necesario para obtener una
asignación de retiro, al ser un instrumento que permitía reestructurar el poder jerárquico
de mando y conducción de la fuerza pública, que lo facultaba para sustituir a los
mandos de diferentes niveles, cuando así las necesidades y conveniencias lo
recomendaban, como lo ha precisado la Corte Constitucional en los fallos SU-091 y T-

27 Samai, índice 3, ED_C01_CD2Folio133ExpedienteDigital(.zip), CD 1 FOLIO 133, pp. 35 a 38 del expediente

digital.
28 Samai, índice 3, ED_C01_CD2Folio133ExpedienteDigital(.zip), CD 1 FOLIO 133, p. 39 del expediente digital.
29 Aquellos que se producen en el curso del procedimiento administrativo y conducen al acto definitivo. Al respecto,

Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de agosto de 2020, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2014-00109-01.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso con radicado

76001-23-33-000-2016-00668-01 (0967-2024).

14

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

107 de 2016.

63. Por ende, en tal acta se anotó que, al contar el teniente coronel Carlos Arturo
Alba Ruiz, con más de 15 años de servicios, tiempo que lo hacía acreedor a la
asignación de retiro, y luego de estudiar la propuesta de retiro, se decidió por
unanimidad que era procedente por la aludida causal.

64. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los fines
de la figura del llamamiento a calificar servicios descritos en la sentencia SU-091 de
2016 de la Corte Constitucional, reiterada en la SU-237 de 2019, en la que se
argumentó que:

Constituye […] una de las formas normales de terminación de la carrera activa, y a su
vez, bajo el entendido de que corresponde a la necesidad de las Fuerzas Militares de
mantener una estructura piramidal en la que solo unas pocas excepciones van a lograr
llegar a los escaños más altos de la pirámide jerárquica. Esta herramienta permite, con
el mayor respeto a los derechos de los oficiales y suboficiales - pues solo opera cuando
se han cumplido los requisitos para la asignación de retiro, - y dentro de la dignidad
propia de la milicia – pues se mantiene el rango y los honores – que la institución
disponga de una herramienta que le permita pasar a la reserva activa a los miembros
de la institución, sin tener que buscar motivaciones distintas a la recomendación de la
Junta Asesora que corresponda.

65. En consecuencia, se colmaron los requisitos previstos en los artículos 99 y 103
del Decreto Ley 1790 de 2000, esto es, el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares y la consolidación del
derecho a la asignación de retiro, por lo que no se advierte falsa motivación del acto
administrativo acusado. Igualmente, cabe precisar que la recomendación de dicha
junta tiene carácter discrecional, en relación con la determinación sobre la
permanencia o no en el servicio del uniformado, sin que sea necesario que dejen
anotadas las razones de desempeño laboral, en armonía con lo indicado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-091 y SU-217 de 2016, reiteradas en la SU-237
de 2019.

66. Al respecto, la Sala recuerda que, en criterio de la Corte Constitucional, exigir
una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios, «desnaturaliza
la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría automáticamente el
ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible
no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones de la Fuerza
Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de personal»31.

67. En ese sentido, la Corte Constitucional aclaró que el retiro por llamamiento a
calificar servicios tiene como finalidad la renovación de personal, busca garantizar la
dinámica de la carrera de los uniformados y se constituye como una herramienta de
relevo y permeabilización en pro del mejoramiento y excelencia institucional.

31 Corte Constitucional, SU-091 de 2016.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Igualmente, el retiro por llamamiento a calificar servicios no es absoluto y, en
consecuencia, quien es retirado de la institución puede volver a ser reincorporado.

68. En línea con lo anterior, si bien el señor Carlos Arturo Alba Ruiz, durante su
trayectoria militar, obtuvo varias condecoraciones, distintivos militares y felicitaciones,
estas circunstancias no le otorgaban un fuero de estabilidad absoluta que impidiera
su desvinculación.

69. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la estructura jerárquica de
la fuerza pública es piramidal, es decir que en la medida en que se asciende, se
restringe progresivamente el número de cupos, por lo tanto, no todos los oficiales que
tengan una buena hoja de vida pueden llegar a los más altos rangos o niveles32.

70. Como se anotó, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa procedió a adoptar
la recomendación de su desvinculación por llamamiento a calificar servicios, al
establecer que completó los requisitos para recibir la asignación de retiro, pero el
demandante reprochó que se omitió tener en cuenta su formación académica y
desempeño laboral.

71. Sobre este aspecto, resulta oportuno aclarar que, de conformidad con el
numeral 3 del artículo 57 del Decreto 1512 de 2000, la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional tiene, entre otras, la función de recomendar el ascenso y el
llamamiento a calificar servicios de los oficiales de las Fuerzas Militares;
determinaciones que obedecen a causas distintas33. Asimismo, mientras que los
requisitos para obtener el primero encuentran su regulación en los artículos 51, 53 y
55 del Decreto 1790 de 2000, el segundo en los artículos 100 y 103 del Decreto 1790
de 2000, el cual, como se explicó, exige la consolidación del tiempo para obtener
asignación de retiro.

72. En el expediente está demostrado que, al amparo del Decreto 1790 de 2000,
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa sustentó la recomendación de la
desvinculación del teniente coronel Carlos Arturo Alba Ruiz por llamamiento a calificar
servicios, en que alcanzó los requisitos para obtener la asignación de retiro y la
necesidad de reestructurar el poder jerárquico de mando. Por lo tanto, el acto
administrativo censurado se encuentra ajustado a los parámetros legales y
jurisprudenciales, sin que se evidencie una falsa motivación.

73. Por otro lado, en cuanto a la desviación de poder, en el expediente no existe
evidencia que permita concluir que la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares respondió a motivos ajenos a los fines
constitucionales del servicio. En esa medida, la Sala considera que, en esta
oportunidad, la existencia del tiempo de servicio requerido y el concepto previo de esa

32 En el mismo sentido se pronunció la Subsección A de esta Sección en sentencia del 12 de octubre de 2017,

proferida en el expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).

16

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

junta, impiden inferir un propósito diferente al que la ley contempla.

74. Lo anterior, porque la desviación de poder debe tener un definido respaldo
probatorio que lleve al juzgador a la certeza incontrovertible que los motivos que la
administración tuvo para expedir el acto enjuiciado son ajenos a los que la ley señala
para tal efecto.

75. En este punto, la Sala reitera que el buen desempeño del cargo no se traduce
en una estabilidad laboral absoluta, que limite las competencias legales de la fuerza
pública, para acudir a la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios. De
manera tal que las circunstancias atinentes a las felicitaciones, condecoraciones,
buenas calificaciones y ausencia de sanciones en el ejercicio del cargo, como esta
Corporación lo ha sostenido, no generan por sí solas fuero de estabilidad en el
empleo34. La idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las
funciones no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia, pues lo
normal es el cumplimiento de los deberes por parte del funcionario.

76. Por lo tanto, de las pruebas documentales obrantes en el expediente, no se
encuentra probado que la expedición del acto administrativo censurado hubiese
obedecido a razones diferentes a las del mejoramiento del servicio; de tal suerte que
tampoco se acreditaron los vicios de falsa motivación y desviación de poder alegados
por el señor Carlos Arturo Alba Ruiz; por el contrario, se concluye que el acto
administrativo demandado fue expedido con apego a las condiciones exigidas en el
Decreto Ley 1790 de 2000, para el ejercicio de la facultad discrecional de retiro por
llamamiento a calificar servicios.

3.6. Costas

77. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario35 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que, para decretar la condena en costas, debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2012, expediente 05001-23-

31-000-2002-00428-01 (0871-11).
35 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un

criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

17

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

78. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado
que no se advierte que el señor Carlos Arturo Alba Ruiz haya incurrido en las
anteriores conductas.

3.7. Conclusión

79. La Subsección concluye que el retiro del entonces teniente coronel Carlos
Arturo Alba Ruiz, por la causal de llamamiento a calificar servicios, se ajustó al Decreto
Ley 1790 de 2000, por cuanto se acreditó que el oficial contaba con el tiempo mínimo
de servicio requerido para acceder a la asignación de retiro y medió concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares,
presupuestos habilitantes para la expedición del acto; además que no se comprobó
que esa decisión obedeció a hechos inexistentes, erróneos o ajenos a los fines
previstos por la ley.

80. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó las
pretensiones de la demanda.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de julio de 2023, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

18

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00571-01 (6743-2023)
Demandante: Carlos Arturo Alba Ruiz
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

19

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.