Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01563-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01563-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01563-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01563-00
Demandante: Jorge Iván Correa Chaverra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Reconocimiento de asignación de retiro / Defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Jorge Iván Correa Chaverra en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Jorge Iván Correa Chaverra promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, buena fe, confianza legítima, legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial
efectiva y confianza legitima, con ocasión de la sentencia proferida el 28 de
noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
05001333303520220057201.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. Ingresó a la Policía Nacional como alumno del nivel ejecutivo y, mediante
Resolución 2737 del 1.° de noviembre de 2002, fue dado de alta en el grado de
patrullero. Con posterioridad, ascendió al grado de subintendente, a través de
Resolución 3819 del 30 de septiembre de 2013 y, después, al grado de intendente,
por intermedio de Resolución 4900 del 30 de septiembre de 2018, acumulando un
tiempo de servicios superior a 18 años.
1
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Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jorge Iván Correa Chaverra
2.2. Estando al servicio de la institución en el grado de intendente fue vinculado a un
proceso penal que culminó con sentencia condenatoria, motivo por el cual el director
de la Policía Nacional, mediante Resolución 3306 del 2 de diciembre de 2020,
dispuso su suspensión a partir del 22 de octubre de 2020.
2.3. Como consecuencia de lo anterior, el director general de la Policía Nacional
ordenó su separación absoluta del servicio activo, mediante Resolución 686 de 18
de marzo de 2022, el cual se produjo a partir del 12 de julio de 2021, con descuento
del tiempo de suspensión y con fecha de alta el 1.° de noviembre de 2002, completó
un tiempo ininterrumpido de servicio de 18 años, 8 meses y 11 días, sin que se haya
incluido el periodo de formación en la escuela de policía, el cual no aparece
registrado en su hoja de vida.
2.4. Una vez retirado de la institución, radicó una petición ante la Policía Nacional
para el reconocimiento de los 3 meses de alta y otra ante la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional –CASUR– para el reconocimiento de la asignación de
retiro.
2.5. Ambas peticiones fueron negadas: la primera, mediante oficio GS-2022-036902-
DITAH del 22 de julio de 2022, y la segunda, mediante oficio 776201 del 4 de octubre
de 2022 expedido por CASUR.
2.6. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
• Casur, con el fin de que i) se declarara la nulidad del acto administrativo con el que
se le negó el reconocimiento de la asignación de retiro, ii) se ordenara pagar la
prestación pensional a partir del 13 de julio de 2021, cuando se produjo su retiro y
iii) se diera cumplimiento a la sentencia del 3 de septiembre de 20182 en la que se
declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 con efectos ex tunc.
2.5. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, en sentencia del 27 de
agosto de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, a su
situación particular le era aplicable el Decreto 754 de 2019 por lo que, teniendo en
cuenta la causal de retiro del servicio y el tiempo acreditado, no tenía derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro. Decisión contra la cual interpuso recurso
de apelación.
2.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 28 de noviembre de
2025 confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia con similares
argumentos.
2.7. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en varias irregularidades, a saber:
2
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, radicado:
11001-03-25-000-2013-00543-00, (1060-2013).
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Defecto sustantivo al aplicar lo dispuesto en el Decreto 754 de 2019 y
2.7.1.
desconocer lo preceptuado en la Ley 923 de 2004 y el régimen de transición.
2.7.2. Se desconoció el precedente vertical y horizontal. El primero en atención a que
«la Sala Quinta y el Consejo de Estado han reconocido que la Ley 923 de 2004 establece
un régimen de transición que fija como límites mínimos y máximos 15 y 20 años de servicio
según la causal». El segundo, en tanto el tribunal demandado se ha pronunciado en
sentido contrario en ocasiones anteriores y no motivó manera suficiente el cambio
de línea decisional. Por último, se omitió que en la sentencia del 3 de septiembre de
20183 se declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 con efectos ex
tunc.
2.7.5. Violación directa de la Constitución, en tanto la decisión judicial cuestionada
implica la vulneración de derechos fundamentales como la igualdad y el debido
proceso, así como el desconocimiento de los principios de seguridad y confianza
legítima.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Que se ampare el derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso, a la
seguridad jurídica y a la confianza legítima del accionante.
2. Que se deje sin efectos la sentencia del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral
del Circuito de Medellín (27 de agosto de 2024) y la sentencia del Tribunal Administrativo
de Antioquia – Sala Cuarta (28 de noviembre de 2025), y notificada el 05 de diciembre
de 2025.
3. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia emitir una nueva decisión
ajustada al precedente fijado en sentencias similares, aplicando la Ley 923 de 2004 en
concordancia con los Decretos 1212 y 1213 de 1990. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional4 solicitó declarar
improcedente la tutela por no evidenciarse vulneración alguna que le pudiera ser
atribuible, ni reunirse los requisitos para controvertir una sentencia a través de este
mecanismo constitucional y, por su parte, pidió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
5. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 pidió declarar improcedente la
solicitud de tutela, por no cumplirse los requisitos establecidos por la jurisprudencia
constitucional para la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra
providencias judiciales.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, radicado:
11001-03-25-000-2013-00543-00, (1060-2013).
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Demandante: Jorge Iván Correa Chaverra
6. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333 del 6 de abril
de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.2. Cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
10. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente6:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
6
Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
7
Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
8
Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
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Demandante: Jorge Iván Correa Chaverra
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
11. Ahora bien, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional solicitó que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneró
derecho fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación
directa entre lo pretendido y las acciones que pueda desplegar para su
cumplimiento.
12. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercera con interés, al figurar como demandada en el proceso contencioso en
cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón
por la cual se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
9
Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Jorge Iván Correa Chaverra
15. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado12 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar,
además, contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
16. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.
18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
19. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de Jorge Iván Correa Chaverra con ocasión de la
sentencia del 28 de noviembre de 2025, mediante la cual confirmó la negativa a sus
pretensiones de reconocimiento de la asignación de retiro, con la que incurrió,
presuntamente, en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la constitución?
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
14
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
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2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
21. En este punto, se precisa que, si bien la demandante alegó la configuración de
los defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, así como de violación
directa de la Constitución Política, lo cierto es que la motivación expuesta respecto
de este último se subsume en los inicialmente mencionados, por lo que el estudio
se dirigirá únicamente en cuanto a aquellos.
2.5.2. Del defecto sustantivo
22. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto16. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta17, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
23. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
24. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales18.
16
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
17
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
18
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial
25. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
26. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
27. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
28. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.4. Sobre el caso concreto
28. Jorge Iván Correa Chaverra acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en cuanto confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda
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al considerar que no tenía derecho al reconocimiento de la asignación de retiro por
no cumplir con los requisitos fijados en el Decreto 754 de 2019.
29. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente, en tanto aplicó lo dispuesto en el
Decreto 754 de 2019 y omitió lo preceptuado en la Ley 923 de 2004, así como
pronunciamientos tanto del Consejo de Estado como del Tribunal Administrativo de
Antioquia en los que se ha accedido al reconocimiento pretendido en asuntos de
contornos similares.
30. Al descender al caso en concreto, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Antioquia al analizar las pretensiones de la demandante efectúo un estudio del
asunto desde lo preceptuado en la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de
1990, 754 de 2019, entre otros, ya que en estos se establecen las condiciones para
acceder a la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional.
32.Más adelante, señaló que para el momento del retiro del demandante se
encontraba vigente el Decreto 754 de 2019 por lo cual era la norma aplicable y, bajo
esta, aquel no tenía derecho al reconocimiento de la asignación de retiro, de tal
manera, concluyó:
«[…] De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra
acreditado lo siguiente:
4.1. Que el demandante ingresó como alumno del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
el 21 de enero de 2002 y, mediante la resolución 2737 de 1 de noviembre de 2002, fue
incorporado al escalafón del nivel ejecutivo de dicha institución.
4.2. Que mediante la resolución 686 de 18 de marzo de 2022, el demandante fue retirado
del servicio activo de la Policía Nacional por la causal de separación absoluta, momento
para el cual se desempeñaba en el grado de intendente.
4.3. Que según la hoja de servicios 70813597 de 8 de abril de 2022, el retiro del
demandante se efectuó el 12 de julio de 2021, fecha en la cual acreditaba 18 años, 8
meses y 11 días de servicios en la institución.
4.4. Que el 20 de abril de 202217, el demandante radicó una petición18 ante la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –CASUR–, bajo el radicado 776201, en la que
solicitó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, conforme a lo dispuesto en
la ley 923 de 2004, en concordancia con los decretos 1212 y 1213 de 1990,
argumentando haber prestado servicios durante 18 años, 8 meses y 11 días.
4.5. Que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –CASUR–, mediante el
oficio 202221000105371 Id: 776201, de 4 de octubre de 2022, dio respuesta a la citada
petición, indicando que no era procedente el reconocimiento de la prestación solicitada.
En consecuencia, le comunicó lo siguiente (se transcribe textualmente, incluso con
errores, como aparece en los folios 94 y 95 del archivo digital denominado
“001Demanda”):
Ahora bien, revisada la Hoja de Servicios No. 70813597de fecha 08/04/2022, remitida por la
Policía Nacional a esta Entidad, la cual certifica que el mencionado señor IT (R) ingresó a la
Policía Nacional en la categoría del Nivel Ejecutivo por incorporación directa y prestó sus
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Demandante: Jorge Iván Correa Chaverra
servicios a la institución por espacio de dieciocho (18) años, once (11) meses, veintitrés (23)
días, incluidos los tiempos de alumno y miembro de Nivel Ejecutivo, siendo desvinculado de
la Institución por la causal denominada …SEPARACION ABSOLUTA...”, a partir del
12/07/2021.
Con base a lo anterior, es preciso comunicarle que en concordancia con el Decreto 754 del
30/04/2019, se establece en el artículo 1: “(…) Fijase el régimen de asignación de retiro para
el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón por
incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando
sean retirados de la institución con quince (15) años o más de servicio por llamamiento a
calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía, o por disminución de la
capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en
forma absoluta o destituidos después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir
de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro […]
Es importante señalar que la misión de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional es reconocer y pagar asignación mensual de retiro al personal que adquiere el
derecho conforme al tiempo laborado, condición que como ya se indicó no se cumple;
razón por la cual no es procedente ordenar el reconocimiento de la asignación mensual
de retiro. (Negrilla y subrayado propio).
Del material probatorio obrante en el proceso se encuentra demostrado que Jorge Iván
Correa Chaverra se vinculó a la Policía Nacional con anterioridad a la entrada en vigencia
de la ley 923 de 2004. No obstante, no puede desconocerse que, para el momento en
que se efectuó el retiro del demandante, esto es, el 12 de julio de 2021, estaba en
vigencia el decreto 754 de 2019, norma que, como se indicó previamente, fijó el régimen
de asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que
ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, y cuyos
efectos jurídicos se mantienen plenamente vigentes. En este sentido, el artículo 1° de
dicho decreto establece lo siguiente (se transcribe textualmente, como aparece en la
citada norma):
Artículo 1°.Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004.
Fíjase el régimen de asignación de retiro para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004,
los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la institución con quince (15) años o más
de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la
Policía, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o
sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de veinte (20) años de
servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que
por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual
de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el
artículo 3° del Decreto 1858 de 2012, por los primeros quince (15) años de servicio, un cuatro
por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) hasta cumplir los diecinueve
(19) años, y un nueve por ciento (9%) al cumplir los veinte (20) años de servicio. Así mismo
se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año que exceda de los veinte (20), sin
que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas. (Negrilla fuera de
texto).
De acuerdo con la citada norma, se concluye que, al momento del retiro del demandante,
este había acreditado un total de 18 años, 8 meses y 11 días de servicio en la institución.
En consecuencia, la Sala coincide con lo señalado por el a quo, quien estableció que,
en el presente caso, el tiempo de servicio requerido para el reconocimiento de la
asignación de retiro en el nivel ejecutivo está regulado por el artículo 1 del decreto 754
de 2019, disposición que, como ya se explicó, exige 20 años de servicio para dicho
reconocimiento cuando el retiro se produzca por separación en forma absoluta o
destitución.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01563-00
Demandante: Jorge Iván Correa Chaverra
Es importante resaltar que, al momento en que se produjo el retiro en este caso, la
precitada ley ya estaba en vigor, lo que implica que la normativa aplicable al caso del
demandante es la que exige un mínimo de 20 años de servicio para acceder al beneficio
de la asignación de retiro. Dado que el demandante acreditó solo 18 años, 8 meses y 11
días de servicio, no cumple con el requisito de tiempo de servicio previsto en el decreto
754 de 2019, lo que imposibilita el reconocimiento de la asignación de retiro solicitada.
Por lo tanto, la Sala considera que el a quo, lejos de incurrir en falencias argumentativas
o defectos en la interpretación normativa y fáctica, actuó conforme a los presupuestos
establecidos por la ley y la jurisprudencia aplicables en el presente caso. Asimismo, se
observa que el a quo valoró adecuadamente el material probatorio allegado al proceso.
En consecuencia, no le asiste razón al recurrente al solicitar la revocatoria de la
sentencia recurrida. Por lo tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia emitida
el 27 de agosto de 2024, por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito
de Medellín – Antioquia mediante la cual se negaron las pretensiones invocadas en la
demanda. […]». (sic)
33. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por el demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.
34. Lo anterior, en la medida en que la corporación judicial demandada explicó que,
si bien es cierto, «por remisión expresa de la ley 923 de 2004, a los miembros de la Policía
Nacional, entre los cuales se hallan los que integran el nivel ejecutivo, que se encontraran
activos al momento de la expedición de la ley, esto es, al 31 de diciembre de 2004, no se
les puede exigir un tiempo de servicio, para efectos de acceder a la asignación de retiro,
superior al establecido en los decretos 1212 y 1213 de 1990, por ser esta la normativa que
se encontraba vigente para dicho momento, cuando quiera que la causal de retiro invocada
sea la de solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando la desvinculación se produzca por
cualquier otra causal», también lo es que, con posterioridad, el presidente de la
República expidió el Decreto 754 de 201919, norma vigente y aplicable para el
momento de retiro del servicio del demandante, es decir, el 12 de julio de 2021,
razón por la cual, pese a los cambios normativos estudiados, no era posible acceder
al reconocimiento pretendido al no cumplir con los requisitos fijados en aquella
norma.
35. De tal manera, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo como lo plantea la parte demandante, ya que las consideraciones
realizadas por el tribunal demandado frente al reconocimiento de la asignación de
retiro en la situación particular del demandante obedecieron a lo dispuesto en el
Decreto 754 de 2019, el cual faculta al ejecutivo para definir el régimen aplicable al
reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo en los
siguientes términos:
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"Por el cual se establece el régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004"
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01563-00
Demandante: Jorge Iván Correa Chaverra
«[…] ARTÍCULO 1. Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004. Fijase el régimen de asignación de retiro para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta
el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la
institución con quince (15) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios,
o por voluntad del Director General de la Policía, o por disminución de la capacidad
psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma
absoluta o destituidos después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir
de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente
a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 3° del
Decreto 1858 de 2012, por los primeros quince (15) años de servicio, un cuatro por ciento
(4%) más por cada año que exceda de los quince (15) hasta cumplir los diecinueve (19)
años, y un nueve por ciento (9%) al cumplir los veinte (20) años de servicio. Así mismo
se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año que exceda de los veinte (20),
sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas.
PARÁGRAFO. Ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y
compensaciones, que devengue el personal a que se refiere este decreto, diferentes a
las establecidas en el artículo 3° del Decreto 1858 de 2012, serán computables para
efectos de la asignación de retiro.
ARTÍCULO 2. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de
su publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias. […]».
36. Por su parte, pese a que el demandante alega el desconocimiento del precedente
vertical, es necesario precisar que en el escrito de tutela no mencionó los
pronunciamientos a los que se refiere, razón por la cual esta Sala de decisión no
puede hacer pronunciamiento alguno al respecto, incluso, si en gracia de discusión
se examinaran aquellas providencias de esta corporación citadas en el escrito de
demanda20 del proceso contencioso-administrativo, debe mencionarse que aquellos
no corresponden estrictamente a asuntos iguales, pues en estos se estudia el retiro
de miembros de la fuerza pública por diferentes causales y en los que aplicaba la
normatividad vigente al momento de emitir tales pronunciamientos.
37. Por el contrario, se observa que el tribunal demandado sustentó su posición en
la sentencia del 21 de enero de 202121 en la que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda de
contornos similares dando aplicación a los requisitos fijados en el Decreto 754 de
2019 por lo que concluyó que, al no cumplirse el tiempo de servicios requerido,
cuando el retiro se produce por destitución, no era posible reconocer la asignación
de retiro pretendida.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
radicado: 19001233100020040066601 (0910-09), sentencia del 18 de febrero de 2010; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado:
25000234200020130105701, sentencia del 28 de septiembre de 2017.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de enero de 2021,
expediente 63001-23-33-000-2017-00469-01(2349-19).
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01563-00
Demandante: Jorge Iván Correa Chaverra
38. Sumado a esto, es pertinente mencionar que esta subsección también tuvo la
oportunidad de pronunciarse al respecto22, en el sentido de indicar que «las
condiciones previstas para la asignación de retiro para los miembros del nivel ejecutivo,
incorporados directamente antes de la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 y que fueron
retirados del servicio antes del Decreto 754 de 2019, son consignadas en el Decreto 1212
de 1990», lo cual no ocurre en el presente asunto, en la medida en que, como ya se
mencionó, el demandante fue retirado del servicio el 12 de julio de 2021, momento
para el cual ya se encontraba vigente el Decreto 754 de 2019.
39. Ahora bien, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente horizontal,
argumentado por la parte demandante en el sentido de la presunta omisión de lo
resuelto por otra sala del tribunal demandado, se observa que invoca el
pronunciamiento emitido en el radicado 05837333300220200006601 en el que se
adoptó una decisión distinta, debe recordarse que las decisiones judiciales
proferidas por diferentes despachos judiciales de igual jerarquía no constituye por
si sola la vía de hecho alegada o la vulneración del derecho a la igualdad, ya que
aquellas no resultan vinculantes entre sí y aquellas son emitidas en virtud del
principio de autonomía e independencia judicial.
40. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
41. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la
constitución, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan
la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.
42. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
43. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Jorge Iván Correa Chaverra, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera,
radicado: 76001233300020190082701, sentencia del 12 de febrero de 2026.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01563-00
Demandante: Jorge Iván Correa Chaverra
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Jorge Iván Correa
Chaverra, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
14
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