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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05318-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05318-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la providencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, para en su lugar: Segundo: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso invocados por el señor Nelson Ricardo Cañón Aramendez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida dentro del expediente 76001-33-33-011-2018-00213-01. Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo en el proceso de la referencia de conformidad con las consideraciones precisadas en esta decisión. Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05318-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05318-01
Accionante: Nelson Ricardo Cañón Aramendez
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Tutela contra providencia.

Decisión: Se amparan los derechos fundamentales invocados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 31 de
octubre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante
la cual se declaró improcedente la acción por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

Nelson Ricardo Cañón Aramendez trabajó en la Policía Nacional desde el 19 de
enero de 1999 hasta el 30 de abril de 2015 1, cuando fue retirado del servicio
mediante la Resolución 457 del 17 de marzo de 2015.

Por tal razón solicitó el reconocimiento de su asignación mensual de retiro, pero
su petición le fue negada mediante el Oficio E-00003-201813885-CASUR,
ID.342518 del 17 de julio de 2018, el cual demandó a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito de Cali, el cual, mediante la sentencia del 21 de mayo de 2020 declaró
nulo el acto administrativo y condenó a la entidad demandada al pago
correspondiente.

La Policía Nacional presentó recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante providencia del 13 de septiembre de 2024, revocó la
decisión de primera instancia.

1 De acuerdo al accionante su tiempo de servicio fue de 16 años, 4 meses y 18 días.

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Acción De Tutela
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Accionante: Nelson Ricardo Cañón Aramendez

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante manifestó que la decisión objeto de cuestionamiento adolece
de un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio,
particularmente porque la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que el
accionante era un oficial que ostentaba el grado de capitán, por lo que jamás hizo
parte no del nivel ejecutivo.

Además, señaló que la autoridad judicial incurrió en error inducido, posiblemente
porque obtuvo una información incorrecta respecto al tipo de vinculación del
accionante basada en la normativa expuesta en el recurso de apelación
presentado por parte de la Policía Nacional.

Por lo anterior, sostuvo que además se presentó un defecto sustantivo, teniendo
en cuenta que el Tribunal reprochado aplicó el Decreto 754 de 2019
correspondiente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, cuando en su criterio ha
debido aplicar el Decreto 1212 de 1990 correspondiente al régimen de oficiales.

Sostuvo también que en la decisión se incurrió también en el defecto por
decisión sin motivación, ya que estuvo sustentada en una normativa que no
correspondía al asunto.

Alegó también un presunto desconocimiento del precedente, para lo cual citó
dos sentencias referentes a la asignación de retiro en el nivel ejecutivo, en las
cuales se determinó que al personal de este nivel que se encontraba en servicio
activo antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 no se le podía aplicar
la Ley 754 de 2019.

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) PRIMERO: Se tutele al Accionante Capitán ® Nelson Ricardo Cañón
Aramendez, los derechos fundamentales de igualdad ante la Ley, debido
proceso, acceso a la administración de Justicia y los demás que encuentre
vulnerados el Honorable Juez de Tutela, los cuales le fueron vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en la sentencia de Segunda
Instancia No. 294 de fecha 13 de septiembre de 2024, en proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-011 2018-00213-00,
demandada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR”.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de la protección de los precitados
derechos fundamentales, se ordene al Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, revocar y/o dejar sin efectos la sentencia de Segunda Instancia No.
294 de fecha 13 de septiembre de 2024, proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-011-2018-00213-00,
demandada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR”,
demandante el acá Accionante; y en su lugar, en un término no superior a
Veinte (20) días se profiera sentencia de segunda instancia en la que se
resuelva el recurso de apelación, observando la situación fáctica y jurídica
demostrada en el proceso, en especial la condición de oficial de la Policía
Nacional del Demandante Capitán Nelson Ricardo Cañón Aramendez, y en
consecuencia se profiera fallo dando aplicando el régimen pensional para los
Oficiales de la Policía Nacional Decreto 1212 de 1990. mas no como

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equivocadamente lo realizó el Tribunal aplicando el Decreto 754 de 2019.»
(Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado mediante auto del 7 de octubre de 2024, a través del cual se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
como autoridad judicial accionada y en calidad de terceros con interés en el
resultado del proceso, al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali y
a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

2.4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de la magistrada
ponente del fallo cuestionado señaló que la acción instaurada es improcedente
pues simplemente refleja la discrepancia del actor con la decisión adoptada.

Sostuvo que esta no trasgredió los derechos fundamentales invocados, sino que
por el contrario se ajustó a las pruebas válidamente aportadas al proceso.

2.4.2. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 31 de octubre
de 2024 declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

Indicó que no se evidenció ninguna vulneración ius fundamental con la decisión y
que el núcleo de la controversia planteada se limitó a asuntos meramente legales
y probatorios, cuya competencia le corresponde al juez de lo contencioso
administrativo que ya había proferido su decisión sobre el asunto y no al de tutela.

2.6. Impugnación

La parte accionante, después de insistir en los argumentos de la demanda de
tutela, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en consecuencia,
se amparen los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

En ese sentido argumentó que de no ser concedido el amparo tendría que acudir
a la justicia internacional para hacer valer los derechos negados por el Estado
colombiano o acudir nuevamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en ejercicio del medio de control de reparación directa, demandando su alegada
falla en la administración de justicia por parte del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

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3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la providencia del 13
de septiembre de 2024, incurrió en los defectos: fáctico, sustantivo, por error
inducido, por decisión sin motivación y de desconocimiento del precedente y con
ello en la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, el acceso a la
administración de justicia y el debido proceso del accionante.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por
parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados
en el primer Decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que
aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de

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quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

3.3.1.4. Contrario a lo planteado por la primera instancia, esta Sala considera que
el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia
de la presunta existencia de los defectos fáctico, por error inducido, sustantivo,
por decisión sin motivación y de desconocimiento del precedente en la providencia
censurada, con los que presuntamente se están vulnerando de manera arbitraria
los derechos fundamentales a la igualdad, el acceso a la administración de justicia
y el debido proceso del señor Nelson Ricardo Cañón Aramendez.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional2 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa3, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la

2 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-

456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
3 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva4, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»5.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de
la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»10.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se
mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas
de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por
su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en
su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias
judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

4 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
5Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle
Correa.

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En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de
una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar
justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque,
a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»11.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la
normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que a
pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la

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jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición5, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical6, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por
los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha
llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para
todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que
supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente,
con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a
los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de
la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí
debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no
puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la
interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de
Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima, que imponen a la
Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues
existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por razones de
racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a
su interior7.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones
jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico
sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón
central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos
fácticos relevantes de cada caso8. De esta forma, la Corte Constitucional recordó
que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso
concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación
con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos
los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio
decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan
salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por
tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el
juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de
discriminación9.

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Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente10.

En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la
igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la
Ley.

3.7. Defecto por error inducido: De acuerdo con la jurisprudencia constitucional
«el error inducido se presenta cuando la autoridad judicial es víctima de factores
externos al proceso que lo determinan o influencian a tomar determinada decisión
que resulta contraria a derecho o a la realidad fáctica del caso.»6

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que para que se configure un
error inducido, deben confluir los siguientes presupuestos:

«a) La providencia que contiene el error está en firme;

b) La decisión judicial se adopta siguiendo los presupuestos del debido proceso,
de tal forma que no es consecuencia de una actuación dolosa o culposa del juez;

c) No obstante el juez haber actuado con la debida diligencia, la decisión resulta
equivocada en cuanto se fundamenta en la apreciación de hechos o situaciones
jurídicas en las cuales hay error;

d) El error no es atribuible al funcionario judicial si no al actuar de un tercero
(órgano estatal u otra persona natural o jurídica); y

e) La providencia judicial produce un perjuicio ius fundamental»7.

En ese contexto, no se reprocha la actuación del juez, en cuanto a algún asunto
de forma, competencia o argumentación, pues el vicio proviene de la actuación
inconstitucional de otros que provocan el error en el fallo que se profiere. 8

6 Sentencia T-145-14
7 Corte Constitucional, sentencia T-863-13.
8 Corte Constitucional, sentencia T-487-18.

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Accionante: Nelson Ricardo Cañón Aramendez

3.8. Defecto por decisión sin motivación como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales: La jurisprudencia
constitucional9 ha señalado que el defecto conocido como «decisión sin
motivación» se configura cuando la providencia atacada carece de fundamentos
fácticos y jurídicos que la soporten, lo cual deriva en una decisión arbitraria que
desconoce derechos fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional10 ha establecido los criterios
que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por falta de
motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier descuerdo
que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y con el fin de
respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su configuración
procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y
“se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir
en una arbitrariedad11”.

Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional12 que cuando se señale que una
providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la ausencia de
razonamientos que sustenten lo decidido el juez constitucional debe salvaguardar
el derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que además les
permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no
sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial que
ostentan los administradores de justicia, situación que además conllevaría a una
flagrante violación del derecho al debido proceso.

3.9. Análisis de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial en el caso concreto

Se procede a estudiar la configuración de los defectos invocados de manera
conjunta, al estar íntimamente relacionados conforme con el planteamiento del
actor en su escrito de tutela.

En ese sentido, es preciso poner de presente que en la providencia objeto de la
acción de tutela el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fundamentó su
decisión en los siguientes argumentos:

«Análisis probatorio y resolución del caso concreto

Con el acervo probatorio presente en el expediente se tienen por acreditados
los siguientes hechos: Según lo referido por la Dirección de Talento Humano
de la Policía Nacional en la «constancia de tiempo de servicio militar» del 21
de marzo de 2018, el demandante fungió como auxiliar de policía bachiller
durante un año, comprendido entre el 5 de diciembre de 1995 y el 5 de
diciembre de 1996.

9 Sentencia C-590 de 2005.
10 Sentencia T-233 de 2007.
11 Sentencia T-709 de 2010.
12 Sentencia T-041 de 2018.

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Ahora bien, en la hoja de servicios del 1 de septiembre de 2015, el
demandante se incorporó a dicha entidad el 19 de enero de 1999 y allí
permaneció hasta el 30 de abril de 2015, conforme se trae a colación:

IV. SERVICIOS PRESTADOS Y TIEMPO DECRETO 4433 DEL 31 DE
DEDUCCIONES DICIEMBRE DE 2004
TIEMPO PARA PRESTACIONES SOCIALES
NOVEDAD TOTAL NOVEDAD DISPOSICIÓN TOTAL
DISPOSICIÓN F. INICIO F. AMD F. INICIO F. TÉRMINO AMD
TÉRMINO
CADETE Y ALFÉREZ R 00658 2-10-11 CADETE Y ALFÉREZ R 2-10-11
19 ENE 1999 19 ENE 1999 30 NOV 2001 00658 19 ENE 1999 19 ENE 1999
30 /11/01
SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA D 2739 0-2-8 SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA D 0-2-8
30 DIC 2014 02 FEB 2015 30 ABR.2015 2739 30 DIC 2014 02 FEB 2015
30 /4/2015
OFICIAL F 001581 13-4-29 OFICIAL F 13-4-29
31 OCT 2001 01 DIC 2001 30 ABR.2015 001581 31 OCT 2001 01 DIC 2001
30/4/2015 ABR.2015
DEDUCCIÓN TIEMPO CADETE Y 0-10-11 CADETE Y ALFÉREZ 0-10-11
ALFÉREZ 0-2-27 SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA 0-2-27
DEDUCCIÓN TIEMPO SUSPENSIÓN
DISCIPLINARIA
DIFERENCIA AÑO LABORAL DR 12-2 08 Jun 1990 0-2-20
TOTAL QUINCE AÑOS CUATRO MESES VEINTIDÓS DÍAS 15-4-22 QUINCE AÑOS CUATRO
MESES DIECIOCHO DÍAS 15-4-18

IV. SERVICIOS PRESTADOS Y DEDUCCIONES
TIEMPO PARA PRESTACIONES SOCIALES
NOVEDAD DISPOSICIÓN F. INICIO F. TOTAL
TÉRMINO AMD
CADETE Y ALFÉREZ R 00658 19 ENE 1999 19 ENE 1999 2-10-11
30 NOV 2001
SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA D 2739 30 DIC 2014 02 FEB 2015 0-2-8
30 ABR.2015
OFICIAL F 001581 31 OCT 2001 01 DIC 2001 13-4-29
30 ABR.2015
DEDUCCIÓN TIEMPO CADETE Y ALFÉREZ 0-10-11
DEDUCCIÓN TIEMPO SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA 0-2-27
DIFERENCIA AÑO LABORAL DR 12-2 08 Jun 1990 0-2-20
TOTAL QUINCE AÑOS CUATRO MESES VEINTIDÓS DÍAS 15-4-22

TIEMPO DECRETO 4433 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
NOVEDAD DISPOSICIÓN F. INICIO F. TÉRMINO TOTAL
AMD
CADETE Y ALFÉREZ R 00658 19 ENE 1999 19 ENE 1999 30 2-10-11
/11/01
SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA D 2739 30 DIC 2014 02 FEB 2015 30 0-2-8
/4/2015
OFICIAL F 001581 31 OCT 2001 01 DIC 2001 13-4-29
30/4/2015 ABR.2015
CADETE Y ALFÉREZ 0-10-11
SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA 0-2-27
DIFERENCIA AÑO LABORAL DR 12-2 08 Jun 1990 0-2-20
TOTAL QUINCE AÑOS CUATRO MESES DIECIOCHO DÍAS
15-4-18

IV. SERVICIOS PRESTADOS Y DEDUCCIONES TIEMPO DECRETO 4433 DEL 31 DE
TIEMPO PARA PRESTACIONES SOCIALES DICIEMBRE DE 2004
NOVEDAD DISPOSICIÓN TOTAL NOVEDAD DISPOSICIÓN TOTAL
F. INICIO F. TÉRMINO AMD F. INICIO F. TÉRMINO AMD
CADETE Y ALFÉREZ R 00658 2-10- CADETE Y ALFÉREZ R 2-10-
19 ENE 1999 19 ENE 1999 30 11 00658 19 ENE 1999 19 ENE 1999 11
NOV 2001 30 /11/01
SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA D 2739 0-2-8 SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA D 0-2-8
30 DIC 2014 02 FEB 2015 30 2739 30 DIC 2014 02 FEB 2015 30
ABR.2015 /4/2015
OFICIAL F 001581 13-4- OFICIAL F 001581 13-4-
31 OCT 2001 01 DIC 2001 30 29 31 OCT 2001 01 DIC 2001 30/4/2015 29
ABR.2015
DEDUCCIÓN TIEMPO CADETE Y 0-10- CADETE Y ALFÉREZ 0-10-
ALFÉREZ 11 SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA 11
DEDUCCIÓN TIEMPO SUSPENSIÓN 0-2-27 0-2-27
DISCIPLINARIA
DIFERENCIA AÑO LABORAL DR 12-2 08 Jun 1990
0-2-20
TOTAL QUINCE AÑOS CUATRO MESES VEINTIDÓS DÍAS
15-4-22 QUINCE AÑOS CUATRO MESES DIECIOCHO DÍAS 15-4-18

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Con los Decretos 2740 del 30 de diciembre de 2014 y 457 del 17 de marzo
de 2015, se hizo efectivo por parte de la Policía Nacional el fallo disciplinario
del 16 de septiembre de 2014, con el que el inspector delegado Región de
Policía Cuatro dentro del proceso REGI4-2014-23, en razón de haberse
cometido una falta disciplinaria gravísima a título de dolo, sancionó al
demandante con el retiro del servicio de la institución por la causal de
destitución y lo inhabilitó por 11 años. Decisión que quedó ejecutoriada el 30
de abril de 2015.

El 22 de mayo de 2018, el apoderado del demandante radicó ante la entidad
demandada solicitud de reconocimiento de la asignación de retiro con base
en los postulados del Decreto 1212 de 1990, que exigía acreditar un tiempo
de servicios en la entidad de 15 años, el que consideraba demostrado ya que
laboró al servicio de la Policía Nacional por más de 16 años.

Petición que fue negada mediante Oficio E-00003- 201813885-CASUR
ID.342518 del 17 de julio de 201818, al considerar que al haberse retirado el
demandante del servicio de la Policía Nacional por destitución, le resultaba
aplicable lo establecido en los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012 que
establecen que frente a esta causal de retiro, el miembro del nivel ejecutivo
deberá acreditar haber prestado servicios a la accionada por espacio de 20
años, lo que no ocurrió en el presente caso donde este último solo laboró por
un poco más de 16 años.

Ahora bien, en el caso bajo estudio se tiene que, en el recurso de apelación,
la parte demandada considera que debía haberse denegado el
reconocimiento de la asignación de retiro a favor del demandante como
quiera que no le era aplicable lo establecido para tal efecto en el Decreto1212
de 1990, ya que no pertenecía al personal homologado de la Policía Nacional
ni tampoco cumplió con la acreditación del tiempo de servicios exigido por los
Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012, aplicables a su caso como
incorporado de manera directa al nivel ejecutivo, esto es, 20 años para
quienes fueron retirados del servicio por destitución.

Sea lo primero reafirmar lo ya explicado por el Consejo de Estado en la
sentencia del 21 de enero de 2021 analizada en párrafos anteriores de esta
providencia, referente a que si bien en el presente caso, el demandante
demostró haberse vinculado de manera directa al nivel ejecutivo de la Policía
Nacional antes del 31 de diciembre de 2004, es decir, previo a la entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004, lo cierto es que por virtud de lo establecido
en el artículo 3º, ordinal 3. 1º inciso 2º de dicha norma, ya no es posible aplicar
el Decreto 1212 de 1990 que frente a las causales de retiro diferentes a la
solicitud propia exigía acreditar un tiempo de servicios de 15 años para
acceder a la asignación mensual de retiro, ya que en la actualidad existe
una norma especial que de manera expresa y específica desarrolla la causal
de retiro del servicio por destitución, esto es, el Decreto 754 de 2019.

Norma que dispone que, para acceder al reconocimiento prestacional
mencionado, por parte del personal incorporado de manera directa al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional antes del 31 de diciembre de 2004 y cuya
causal de retiro del servicio fuere la destitución, debía acreditar veinte (20)
años de servicio a la referida institución.

Aunado a lo anterior, no puede pasarse por alto que si en gracia de discusión
se tomara para efectos de determinar los requisitos para acceder al
reconocimiento de la asignación mensual de retiro, la norma vigente al
momento del retiro del actor, esto es, al 30 de abril de 2015, esta
correspondería al Decreto 1858 de 2012, cuyas causales de retiro del servicio
e implicaciones frente al reconocimiento prestacional mencionado, por
disposición del Consejo de Estado en la sentencia antes estudiada, se

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replicaron en el Decreto 754 de 2019, que se reitera, para el caso del retiro
por destitución exigen la acreditación de un tiempo de servicios equivalente
a 20 años.

Ahora bien, en el presente caso se encuentra acreditado con lo establecido
en la constancia de tiempo de servicio militar y en la hoja de servicios del
demandante, que para el momento de su retiro, el 30 de abril de 2015,
contaba con 16 años, 4 meses y 18 días de servicio a la Policía Nacional, por
lo que resulta evidente que no reúne todos los supuestos de hecho que exige
el Decreto 754 de 2019 para obtener el reconocimiento prestacional
reclamado, comoquiera que su causal de retiro, esto es, la destitución, exige
un tiempo de servicios superior (20 años).

Todo lo que lleva a concluir a esta Sala que al no haberse demostrado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 754 de 2019, no
procedía el reconocimiento de la asignación de retiro solicitada por el
demandante y, en consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 21 de
mayo de 2020, por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali,
y en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda.». Negrilla y
subrayado fuera de texto.

De las transcripciones relacionadas previamente se advierte que efectivamente la
autoridad judicial accionada sustentó su decisión basada en el hecho de que el
señor Cañón Aramendez pertenecía al nivel ejecutivo y no era un oficial que
ostentaba el grado de capitán, por lo que se considera que, en efecto, en la
providencia objeto de tutela se incurrió en un defecto fáctico, toda vez que se
valoró de forma contraevidente el acervo, y ello, a su vez, implica la configuración
de un defecto sustantivo puesto que la controversia fue decidida con base en
disposiciones que no le son aplicables al caso concreto.

La Sala considera que el error en que se incurrió tiene trascendencia
constitucional, puesto que puede implicar la imposibilidad de acceder en la
práctica a la asignación de retiro, con lo que puede verse afectado el derecho a la
seguridad social, porque las disposiciones que rigen para el nivel ejecutivo y para
quienes pertenecen al cuerpo de oficiales no tienen las mismas exigencias.

Por tal razón, es pertinente poner de presente que la normativa aplicable para la
determinación del cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la
asignación de retiro de los oficiales, se encuentra en el Decreto 1212 de 1990, en
atención a la nulidad del artículo 24 del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004 que
se declaró a través de la sentencia13 del 8 de febrero de 2013, dentro del
expediente 1238-2007.

En ese orden de ideas, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de
Nelson Ricardo Cañón Aramendez; se dejará sin efectos la providencia del 31 de
octubre de 2024; y se ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que,
en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente
providencia, analice si hay lugar a reconocer la asignación de retiro del accionante,
conforme con la normativa que rige a los oficiales de la Policía Nacional.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2007-00061-00(1238-07), consejera

ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez

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Accionante: Nelson Ricardo Cañón Aramendez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la providencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, para en su lugar:

Segundo: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso invocados por el señor Nelson
Ricardo Cañón Aramendez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida
dentro del expediente 76001-33-33-011-2018-00213-01.

Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dentro de los
treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
sentencia de reemplazo en el proceso de la referencia de conformidad con las
consideraciones precisadas en esta decisión.

Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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