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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04688-00

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04688-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Henry Quintero Narváez, mediante la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 68 8- 0 0 Ac c i o na nt e : He nry Q u i nt ero N arv á ez fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04688-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

27 de octubre de 2022

Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 68 8- 0 0
Ac c i o na nt e : He nry Q u i nt ero N arv á ez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

F.T: 268
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04688-00
Accionante: HENRY QUINTERO NARVÁEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, en la que se revocó la
sentencia de primera instancia y negó el reconocimiento de la asignación de retiro
a un miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Ausencia de las causales
invocadas.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Henry Quintero Narváez señaló que instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, CASUR, en la que solicitó, primero, que se declarara la nulidad parcial del
Oficio E-0003-201904725-CASUR.ID.407068 del 3 de marzo de 2019, por medio
del cual el director de la entidad le negó la asignación de retiro y, segundo, se le
reconociera la prestación mencionada y los salarios y emolumentos dejados de
percibir desde su destitución hasta el pago efectivo de la prestación requerida.

El 18 de diciembre de 2020 el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de
Cali accedió a las pretensiones de la demanda y, en ese sentido, ordenó a CASUR
reconocer y pagar la asignación de retiro en favor del demandante, a partir del 17
de abril de 2012, fecha en la que finalizaron los tres meses de alta a cargo de la
Policía Nacional; además, declaró la prescripción de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 14 de enero de 2015. Por lo anterior, la entidad
demandada interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión. El 31 de
mayo de 2022 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó el fallo de

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primera instancia y, en su lugar, denegó las súplicas del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

b) Inconformidad

El accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
transgredió sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, al
trabajo y a la seguridad social, y los principios de favorabilidad en materia laboral y
pro homine y pro persona, consagrados en el artículo 5.° del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 29 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Como fundamento, indicó que aquel incurrió en un defecto sustantivo, al acoger la
interpretación más restrictiva y desfavorable frente a la aplicación del artículo 144
del Decreto 1212 de 1990, para el reconocimiento de la asignación de retiro del
personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional incorporado antes del 31 de
diciembre de 2004, retirado por destitución, a pesar de que reconoció que no había
un criterio jurisprudencial unificado frente al tema e invocó decisiones del órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en las que se adoptó una
posición más favorable. Adicionalmente, advirtió que, por ello, la autoridad judicial
accionada desatendió las garantías previstas en el artículo 53 de la Constitución
Política y los principios invocados.

PRETENSIONES

El solicitante de la salvaguarda requirió, primero, amparar sus derechos
fundamentales previamente citados y, segundo, dejar sin efectos la sentencia del
31 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En
consecuencia, pidió ordenarle a la autoridad judicial mencionada proferir una nueva
decisión, en la que aplique la interpretación normativa y jurisprudencial extensiva y
más favorable y, con ello, confirme la decisión de primera instancia del proceso
ordinario.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

El magistrado Guillermo Poveda Perdomo adujo que la Sala de Decisión consideró
que en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 se consagra una discriminación
inconstitucional, porque no se justifica beneficiar a quien tiene mala conducta,
calificada como falta grave, con el hecho de recibir una asignación de retiro, con 15
años de servicio, mientras que, en contraste, se le exige un tiempo de 20 años, para
ese mismo propósito, a quien actúa en cumplimiento de la Constitución Política y la
ley; adicionalmente, explicó que la disposición es contraria a los mandatos
constitucionales, en particular, el definido en el artículo 13, comoquiera que no
ofrece igual protección y derecho a los sujetos a quienes se destina la norma, y la
medida es en favor de quien no merece un trato privilegiado, es discriminatoria e
injustificada.
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En ese sentido, mencionó que sería oportuno que el Consejo de Estado estudiara
el argumento sobre la inconstitucionalidad del artículo mencionado. De otra parte,
solicitó denegar la acción de tutela de la referencia, en razón a que no existe
transgresión de los derechos fundamentales reclamados por la parte accionante.

El vinculado1 no rindió informe alguno, a pesar de que fue debidamente notificado
del auto admisorio de la referencia.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20212, el cual regula que:
«[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional3 y del Consejo de Estado4 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en

1 El magistrado sustanciador vinculó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
2 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015

referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
3 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009

de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
4Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes5: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el
juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no
tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la
decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error
judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos
constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o
exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e)
error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f)
decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación
directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

En el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad; por tanto,
la parte motiva se ocupará de las causales específicas, que, para el asunto bajo
examen, se centran en el análisis de los defectos sustantivo y violación directa de
la Constitución Política.

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:

1. ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca acogió una interpretación
arbitraria o irrazonable respecto a la aplicación del artículo 144 del Decreto
1212 de 1990 y, de esta forma, desatendió los principios de favorabilidad y
pro homine y pro persona, invocados por el accionante?

5Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
defecto sustantivo, (II) violación directa de la Constitución Política y (III) análisis de
la decisión de la autoridad accionada frente al artículo 144 del Decreto 1212 de
1990. Veamos:

I. Defecto sustantivo

En diferentes pronunciamientos6, la Corte Constitucional ha denominado el defecto
sustantivo como un requisito específico de procedibilidad de la acción de tutela
contra las providencias judiciales. Al respecto, ha señalado que se presenta por las
siguientes razones7:

1. La decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al
caso concreto, bien sea, porque no se ajusta a aquel, no se encuentra vigente por
haber sido derogada o ha sido declarada inconstitucional.

2. La interpretación o aplicación que se hace de la norma en el asunto concreto,
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance.

3. Se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al
caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.

4. La norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada.

5. Se aplica una norma que a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a esta, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.

6. Evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

7. Insuficiencia en la sustentación o argumentación que afecte los derechos
fundamentales.

II. Violación directa de la Constitución Política

De acuerdo con el artículo 4.º de la Constitución Política, la misma es norma de
normas, por lo que en caso de incompatibilidad prevalecen las disposiciones
constitucionales y las autoridades se encuentran en la obligación de respetar y
garantizar su cumplimiento. En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional8
ha establecido que se presenta violación directa de la Constitución Política, como
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, cuando el juez desconoce la carta política por: 1. No aplicar una de sus
disposiciones o 2. Aplicar la ley, sin tener en cuenta un mandato constitucional.

6 Ver entre otras sentencias T-364 de 2009, T-189 de 2005, T-205 de 2004, T-800 de 2006, SU-159 de 2002.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
8 Ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencias: T-949/03, SU198/13 y T-369/15.

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En el primero de los casos ha establecido tres subreglas a saber: a) cuando dejó de
interpretarse y aplicarse una disposición legal conforme al precedente
constitucional, b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y el
juez no lo hace y c) el juez vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta la
interpretación de acuerdo con la Constitución Política. Así las cosas, al juez
corresponde determinar en cada caso concreto cuándo se presenta este defecto.

III. Análisis de la decisión de la autoridad accionada frente al artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990

El señor Henry Quintero Narváez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad
social, y la aplicación de los principios de favorabilidad en materia laboral y pro
homine y pro persona. Al respecto, advirtió que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurrió en un defecto sustantivo y en una violación directa de la
Constitución Política, al acoger la interpretación más restrictiva y desfavorable frente
a la aplicación del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, para el reconocimiento de
la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
incorporado antes del 31 de diciembre de 2004, retirado por destitución, a pesar de
que reconoció que no había un criterio jurisprudencial unificado frente al tema e
invocó decisiones del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en las que se atendió una posición más favorable.

En ese sentido, la Subsección, al revisar la sentencia del 31 de mayo de 2022,
proferida por la autoridad judicial accionada, encuentra que aquella determinó que
el régimen normativo aplicable para el análisis del reconocimiento de la asignación
de retiro del demandante era el Decreto 754 de 2019, pues en esa norma se
definieron los requisitos para acceder al reconocimiento de la asignación de retiro
del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional incorporado en forma directa
hasta el 31 de diciembre de 2014 y, particularmente, determinó que el agente debía
acreditar 20 años de servicio para acceder a la prestación, lo cual, a su juicio, se
ajusta a los parámetros fijados en el ordinal 3.1., inciso 2.°, del artículo 3.° de la Ley
923 de 2004, a la Constitución Política y a los principios que rigen la administración
pública.

Al respecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca advirtió que no existía
una posición unificada en el Consejo de Estado, respecto al tiempo de servicios
mínimo que debe reunir un miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que
hubiera sido incorporado en forma directa hasta el 31 de diciembre de 2004 y
destituido de su cargo, para el reconocimiento de la asignación de retiro y, si bien
inicialmente, el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
equiparó la causal de retiro por mala conducta con la destitución como
consecuencia de una sanción penal, fiscal o disciplinaria, con el propósito de definir
ese término, lo cierto era que, posteriormente, a través de la sentencia del 21 de
enero de 2021, expediente 2017-00469, esta Subsección determinó que ese criterio
no era plausible, habida cuenta de que en el Decreto 754 de 2019 se previó como
presupuesto para acceder a la prestación, por parte del personal previamente
referenciado, acreditar 20 años de servicio cuando el retiro fuera por destitución.

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Finalmente, precisó que no era posible aplicar el artículo 144 del Decreto 1212 de
1990, en cuanto al tiempo de servicio de 15 años exigido para los funcionarios que
incurrieron en mala conducta, equiparando esa situación a la separación del policial
con ocasión de la destitución, comoquiera que esa interpretación se aleja de los
fines esenciales del Estado y conllevaría recompensar con un menor tiempo de
servicio, a quien incurrió en una conducta u omisión de tal gravedad que dio lugar a
imponer la máxima sanción disciplinaria. En ese orden de ideas, coligió que el señor
Henry Quintero Narváez no tenía derecho al reconocimiento de la asignación de
retiro, comoquiera que no cumplió los 20 años de servicio necesarios para ese
efecto.

Efectuado el anterior recuento, la Subsección evidencia que el Tribunal accionado
expuso las razones por las cuales, a su juicio, no era posible aplicar el artículo 144
del Decreto 1212 de 1990 y justificó su posición en mandatos constitucionales,
normativos y jurisprudenciales. En ese sentido, en primer lugar, determinó que, en
cuanto al tiempo de servicio mínimo exigido al personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional incorporado en forma directa hasta el 31 de diciembre de 2004 y
destituido de su cargo, para acceder a la asignación de retiro, debía aplicarse el
artículo 1.° del Decreto 754 de 2019, al ser la norma que regulaba expresamente la
situación; asimismo, advirtió que ese criterio se ajustaba a los presupuestos
enunciados en la Ley 923 de 2004 y no era contraria a la Constitución Política.

De igual manera, se denota que la corporación accionada, en segundo término,
indicó que no podía acudirse al Decreto 1212 de 1990 y equiparar la destitución por
mala conducta a la originada en razón a una sanción disciplinaria o penal,
exigiéndose apenas 15 años de servicio y, de este modo, aplicarse la posición
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el particular, comoquiera que no podía
justificarse el tratamiento desigual entre los servidores que no fueron objeto de
ningún reproche en cuanto a su conducta con aquellos que fueron separados del
cargo, por incumplir las labores encomendadas. Finalmente, concluyó que esa
situación se alejaría de los fines esenciales del Estado, de servir a la comunidad,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución Política y asegurar la vigencia de un orden justo, en el entendido que
se recompensaría con menos tiempo de servicio a quien incurrió en una conducta
u omisión de tal gravedad que lo hizo acreedor de una sanción disciplinaria.

Adicionalmente, la Subsección advierte que el Tribunal accionado, contrario al
argumento del accionante, no se encontraba en la disyuntiva respecto a la
interpretación legal sobre el tiempo de servicio exigido al personal del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional, incorporado de manera directa antes del 31 de diciembre de
2004 y destituido del cargo, para el reconocimiento de la asignación de retiro, pues
si bien es cierto puso de presente que existían dos posiciones en el Consejo de
Estado sobre la aplicación normativa en la materia, también lo es que, desde el
inicio, sostuvo, como se explicó en los párrafos precedentes, que, en su criterio, no
podía aceptarse una de ellas, esto es, la que implicaba la utilización del Decreto
1212 de 1990, para efectos del reconocimiento pensional, y la equiparación de las
causales de destitución multicitadas, en razón al tratamiento diferencial, desigual y
contrario al orden justo que eso implicaría.

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De lo anterior se sigue que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no acogió
una interpretación irrazonable o arbitraria del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990
ni desatendió los principios invocados por el accionante, sino que, a partir del
análisis de las normas especiales para la asignación de retiro de los miembros de
las fuerzas militares, particularmente, del personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, y de las garantías constitucionales inmersas en el derecho pensional, así
como de la diferenciación de las causales de destitución y de los tiempos de servicio
exigidos para el reconocimiento, determinó que el señor Quintero Narváez debía
acreditar un tiempo de servicio de 20 años, según lo reglado en el artículo 1.° del
Decreto 754 de 2019, pero no lo hizo así y, por ende, no tenía derecho a la
prestación reclamada.

En ese entendido, la Subsección avizora que la corporación accionada, en ejercicio
de los principios de autonomía e independencia judicial, analizó las particularidades
del caso y los mandatos constitucionales y legales relacionados con la asignación
de retiro y, puntualmente, se refirió a las garantías constitucionales del orden justo
e igualdad que debían prevalecer en el caso del reconocimiento invocado; distinto
es que, a partir del estudio de esos postulados y de la jurisprudencia reciente del
Consejo de Estado, coligió que no podía acudirse al artículo 144 del Decreto 1212
de 1990, en los términos pretendidos por el demandante.

A partir de lo anterior no puede afirmarse que la autoridad judicial desconoció los
derechos que asisten al accionante o los principios constitucionales mencionados
por el señor Henry Quintero Narváez, puesto que, de manera razonada, justificó su
posición, en cuanto al tiempo de servicio para el reconocimiento de la prestación
pensional. En ese orden, no puede entenderse que aquello corresponde a una
interpretación arbitraria o irracional del ordenamiento jurídico, sino al ejercicio
autónomo de las facultades del juez natural. Colofón de lo anterior es que no se
configuraron los defectos analizados en esta instancia.

En consecuencia, al no encontrarse acreditadas las causales de procedencia
estudiadas, se negará el amparo solicitado por el señor Henry Quintero Narváez,
mediante la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Henry Quintero Narváez, mediante
la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por las razones expuestas.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Impedido

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
LYGR

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

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