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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01231-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01231-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó la acción de tutela interpuesta por el señor Henry Quintero Narváez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01231-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

5 de octubre de 2023

Demandante: Henry Quintero Narváez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Rad: 11001-03-15-000-2023-01231-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01231-01
Demandante: HENRY QUINTERO NARVÁEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “A”

Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma negativa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 4 de mayo de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección
“B” del Consejo de Estado que negó la solicitud de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito radicado el 6 de marzo de 20231, el señor Henry Quintero
Narváez, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales «(…) al debido proceso, en sus especies contradicción,
doble instancia y defensa (Art. 29 de la C.N); a la impugnación de la sentencia (Art. 31
y 86); a la prevalencia del derecho sustancial (Art. 228) y; al acceso a la administración
de justicia (Artículo 229)».

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de (i) la providencia del 28 de noviembre de 2022,
que negó el recurso de impugnación interpuesto contra la sentencia de tutela del

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Acción de tutela presentada por medio de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, a la cual
se le asignó el número de solicitud 6340.

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Demandante: Henry Quintero Narváez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Rad: 11001-03-15-000-2023-01231-01

27 de octubre de 2022, y (ii) el auto del 2 de febrero de 2023, que negó el recurso
de súplica contra la anterior decisión; ambas proferidas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, al interior de la acción de tutela
iniciada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
identificada con el radicado 11001-03-15-000-2022-04688-00.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

(…)

-Que, en consecuencia, ordene dejar sin valor ni efecto jurídico el auto el auto
del 2 de febrero d 2023, proferido por la Sala dual integrada por el consejero
Rafael Francisco Suarez Vargas y la conjuez Bertha Lucía González Zúñiga,
mediante el cual me negaron el recurso de súplica.

-Que ordene dejar sin valor y efecto jurídico el auto del 22 de noviembre de 2022
dictado por el Consejero William Hernández Gómez, mediante el cual negó dar
el trámite de rigor a la impugnación oportuna que presenté contra el fallo de tutela
del 27 de octubre del mismo año.

-Que ordene al consejero William Hernández Gómez dar el trámite de rigor a la
impugnación.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Henry Quintero Narváez presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de la providencia del 31
de mayo de 2022, dictada al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-020-
2019-00264-01.

5. En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, por medio de fallo del 27 de octubre de 2022, negó la solicitud
de amparo. Dicha decisión fue notificada personalmente el 4 de noviembre
siguiente.

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6. El 10 de noviembre de 2022, el señor Quintero Narváez allegó escrito de
impugnación al correo electrónico cegral@notificacionesrj.gov.co, dirección
mediante la cual había sido notificado anteriormente.

7. El 22 de noviembre de 2022, solicitó a la Secretaría General del Consejo
de Estado información sobre el trámite del recurso interpuesto; no obstante, se
le indicó que el correo utilizado para la radicación de la impugnación no estaba
habilitado para recibir documentos y por ello, no se había recibido el memorial.
Por consiguiente, el expediente se encontraba remitido a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

8. En la misma fecha, el actor solicitó a la Secretaría General2 que reversara
el envío del expediente a la Corte Constitucional y se le diera el trámite
correspondiente a la impugnación.

9. Por medio de auto del 28 de noviembre de 2022, la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado negó el trámite de la impugnación del
fallo, por haber sido radicada a través de un canal electrónico de la Secretaría
General que no estaba habilitado para recibir documentos y memoriales.

10. Frente a ello, interpuso recurso de súplica, el cual fue resuelto en
providencia del 2 de febrero de 2023 de manera desfavorable. Aquella fue
notificada el 20 del mismo mes y año, a través de medio electrónico.

1.4. Fundamentos de la vulneración

11. La actora señaló que tanto la decisión del 28 de noviembre como la del 2
de febrero de 2023 adolecían de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, pues la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado se
apegó a la reglamentación interna de la Secretaría General de la corporación
«(…) en cuanto creó un canal electrónico único para recepcionar documentos y
memoriales con ocasión de la pandemia generada por el COVID 19, diferente al canal
utilizado para hacer las notificaciones al cual remití, equivocadamente, el memorial de
impugnación (…)».

12. Además, insistió en que el recurso fue interpuesto dentro del término
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Solicitud remitida al correo electrónico secgeneral@consejodeestado.gov.co

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13. Adujo que en el memorial que remitió con posterioridad a la Secretaría
General, aclaró su error y puso de presente su desconocimiento en cuanto al
correo electrónico que no estaba habilitado para recibir memoriales.
Adicionalmente, mencionó que no era abogado y por ello, no conocía dicha
particularidad.

14. Reiteró el formalismo extremo por parte de la autoridad judicial
accionada, que dejó de lado la aplicación del principio constitucional de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y la jurisprudencia
constitucional que establece como único requisito para el trámite de la
impugnación su presentación dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la
notificación.

1.5. Trámite de la acción de tutela

15. El magistrado ponente de la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, por medio de providencia del 10 de marzo de 2023, inadmitió
la acción de tutela y le solicitó al accionante que:

Determine con claridad cuál o cuáles son las autoridades accionadas que
presuntamente amenazaron y/o vulneraron los derechos fundamentales que
pretende proteger.

Exponga de forma concreta los hechos en los que sustenta la solicitud de
amparo, en el sentido de indicar los sucesos o eventos que ocasionaron la
amenaza de las garantías constitucionales y en los que incurrieron cada una de
las entidades señaladas como accionadas.

16. Posteriormente, ante la subsanación presentada por el actor, en auto del
28 de marzo de 2023, se: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, y iii)
vinculó, en calidad de tercero con interés, al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

17. Encontrándose el expediente para proferir el fallo de segunda instancia,
la magistrada ponente, mediante auto del 8 de septiembre de 2023, ordenó la
notificación y vinculación de la Secretaría General del Consejo de Estado, en
calidad de tercero con interés, para que rindiera un informe de las actuaciones
relacionadas con el memorial de impugnación presentado por el actor el 10 de
noviembre de 2022.

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1.6. Intervenciones

18. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes contestaciones:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

19. Por medio de correo electrónico enviado el 31 de marzo de 2023, el
magistrado ponente de las decisiones cuestionadas manifestó que la acción de
tutela resultaba improcedente por cuanto se interpuso contra decisiones
adoptadas en un proceso de igual naturaleza, además de que no se vulneró
ningún derecho fundamental.

20. Asimismo, señaló que en la providencia enjuiciada se dejaron sentadas
las razones fácticas y jurídicas por las cuales no era procedente acceder al
pedimento del accionante.

1.6.2. Secretaría General del Consejo de Estado

21. A través de escrito presentado el 13 de septiembre de 2023, la secretaria
general de la corporación sostuvo que se realizó la búsqueda del mensaje de
datos enviado por el actor, y en efecto, se encontró en el buzón
cegral@notificacionesrj.gov.co, de manera que procedió a descargar los
documentos y registrarlos en Samai, en el índice 36 del proceso 11001-03-15-
000-2022-04688-00, con la siguiente observación: «LCV - MEMORIAL CON
IMPUGNACION SUSCRITO POR HENRY QUINTERO NARVAEZ EN 11 FOLIOS.
ALLEGADO AL CORREO ELECTRONICO CEGRAL@NOTIFICACIONESRJ.GOV.CO
EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022». Posteriormente, el expediente ingresó al
despacho sustanciador el 24 de noviembre de 2022.

22. Por último, señaló que en el acto de notificación del fallo de primera
instancia, oficio 116281 enviado al señor Quintero Narváez, visible a índice 30,
se indicó expresamente que las solicitudes y documentos que se envíen por
medios electrónicos a la Secretaría, deberían ser remitidos al buzón
secgeneral@consejodeestado.gov.co porque la cuenta
cegral@notificacionesrj.gov.co es de uso exclusivo para envío de notificaciones
y/o comunicaciones.

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23. Pese a que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue notificado
en debida forma, guardó silencio3.

1.7. Fallo impugnado

24. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en sentencia
del 4 de mayo de 2023 negó la solicitud de amparo.

25. En primer lugar, indicó que si bien el mecanismo constitucional era
improcedente para atacar sentencias dictadas en otros asuntos de la misma
naturaleza, la regla no aplicaba para autos proferidos dentro de una acción del
mismo tipo, por cuanto estos no decidían de fondo el asunto, en consecuencia,
someterlos a un examen de constitucionalidad no involucraba trasgresión del
precepto de cosa juzgada.

26. Ahora, en lo referente a las providencias cuestionadas, mencionó que en
el auto del 2 de febrero de 2023 fue señalado que el señor Quintero Narváez
interpuso la impugnación dentro del término establecido, pero a un buzón
electrónico que no estaba dispuesto para tal fin. De manera precisa, puso de
presente que:

(i) cualquier correo electrónico por el hecho de ser institucional no es apto para
la recepción y trámite de los memoriales, porque ello, generaría un caos en la
administración de justicia y una carga desproporcionada de verificar si las partes
se pronunciaron en otro buzón digital; ii) los sujetos procesales tienen la carga
de utilizar como medio de comunicación la dirección electrónica establecida
oficialmente para tales efectos por el juzgado o el órgano judicial colegiado
respectivo, porque de no ser así esto entorpecería la prestación adecuada del
servicio público y afectaría los principios de seguridad jurídica, eficiencia,
celeridad y economía procesal y; iii) los memoriales que se radiquen en un buzón
electrónico distinto al que fue destinado para su recepción, y que ha sido debida
y previamente informado a las partes, deben tenerse por no presentados.

27. Asimismo, expresó que en la providencia referida se indicó que «(…) el
Consejo de Estado publicó en su página web los canales oficiales de comunicación e
información por medio de los cuales prestaría su servicio. Particularmente, en relación
con el canal autorizado por la Secretaría General se señaló para la recepción de
memoriales y documentos el correo electrónico
secgeneral@consejodeestado.ramajudicial.gov.co que posteriormente pasó a ser
secgeneral@consejodeestado.gov.co, ello en cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el inciso 3 del artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020».

3
Índice 14 de Samai.

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28. Por ello, determinó que la autoridad judicial accionada sustentó de manera
razonable que no era posible tener como surtido el trámite de impugnación, al
haber presentado el memorial ante un canal electrónico que si bien pertenece a
la Secretaría General de la corporación, no estaba dispuesto para dicho
propósito.

29. Finalmente, consideró que la autoridad judicial accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica dio un
alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proceso
ordinario e interpretó de forma razonable y justificada la normativa y los criterios
jurisprudenciales aplicables al caso concreto.

1.8. Impugnación

30. Con escrito enviado por correo electrónico el 1º de agosto de 20234, la
parte actora impugnó la sentencia de primera instancia.

31. El tutelante reitero que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al apegarse a la
reglamentación interna de la Secretaría General del Consejo de Estado en
cuanto creó un canal electrónico único para recibir documentos y memoriales
desde que sobrevino la pandemia generada por el COVID 19, diferente al canal
utilizado para hacer las notificaciones al cual remitió, equivocadamente, el
memorial de impugnación

32. Asimismo, repitió que las normas aplicables al trámite de tutela establecen
como única exigencia de la impugnación del fallo, que se presente dentro de los
tres días siguientes a la notificación y la jurisprudencia de la Corte Constitucional
reafirma la informalidad de la tutela y la exclusión de ritualismos extremos.

33. Por ello, mencionó que la «rigurosa, extrema y formalista postura asumida por
los funcionarios accionados, avalada por su par la Subsección B, desconoce
abiertamente los principios rectores de la acción de tutela establecidos en el artículo 86
de la Constitución Nacional y los Decretos 2591 del 19 de noviembre de 1991 y 302 de
1992, según el cual, la acción de tutela y por consiguiente la impugnación del fallo, se
deben desarrollar con arreglo a los principios de prevalencia del derecho sustancial,
celeridad, eficacia (artículo 3) e informalidad (Artículo 14), al supeditar su trámite a
exigencias meramente formales, como en este caso, la establecida por la Secretaría
General del Consejo de Estado con ocasión de la pandemia generada por el COVID 19,

4
La sentencia de primera instancia fue notificada el 27 de julio de 2023.

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en cuanto habilitó un canal electrónico único para la recepción de memoriales y
documentos».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación
presentada por el señor Henry Quintero Narváez contra la sentencia del 4 de
mayo de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena
del Consejo de Estado No. 080 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

35. Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la
sentencia del 4 de mayo de 2023 de la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas
jurídicos:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?

36. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el
siguiente problema:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” vulneró los
derechos fundamentales invocados por incurrir en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al no dar trámite al escrito de
impugnación por radicarlo a un buzón web no habilitado por la Secretaría
General de la Corporación?

37. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) requisitos de procedibilidad adjetiva; iii)
generalidades del defecto alegado y; iv) caso en concreto.

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2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
5
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y
declaró su procedencia7.

39. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

40. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i)
que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no
intente reabrir el debate de instancia.

41. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

9
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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

42. El accionante expuso que el la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en las providencias del 28 de noviembre de 2022 y 2 de
febrero de 2023, incurrieron en el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al no darle trámite al escrito de impugnación presentado el 10 de
noviembre de 2022 a un correo electrónico de la Secretaría General de la
corporación que no estaba habilitado para el recibo de memoriales ni
documentos.

43. Respecto del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto,
se puede avizorar que transciende de la esfera legal a la constitucional, pues el
accionante afirma que la autoridad judicial accionada se apegó completamente
a la ley procesal por encima de lo sustancial. En su concepto, si hubiese
analizado el caso sin formalismos extremos, la decisión hubiera sido distinta,
dado que el documento contentivo del recurso sí fue presentado dentro del
término establecido, por lo que debió dársele el trámite pertinente.

44. En razón de lo anterior, para esta Sala de Decisión resulta importante
analizar si la autoridad judicial accionada, de manera irrazonable y a partir de
una interpretación exegética del asunto puesto en su conocimiento, pudo frustrar
injustificadamente el derecho de la parte accionante a que se estudiara la
impugnación interpuesta contra el fallo del 27 de octubre de 2022 en la acción
de tutela identificada con radicado 11001-03-15-000-2022-04688-00.

45. De esa manera, es importante analizar si en efecto la providencia objeto
de censura, incurrió en el defecto alegado por el actor, pues el apego irrestricto
a la norma procesal por encima de las particularidades del caso, tiene una
incidencia real y efectiva en el acceso a la administración de justicia del señor
Quintero Narváez.

2.4.2. Tutela contra tutela

46. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio
de procedibilidad, ya que, si bien las providencias demandas fueron proferidas
al interior de una acción de tutela, el cuestionamiento va dirigido contra un auto
que resolvió una solicitud y el recurso de queja contra este, más no contra la
providencia de amparo en sí, pues estos no resolvieron el fondo del asunto.

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2.4.3. Subsidiariedad

47. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de los autos
del 28 de noviembre de 2022 y el 2 de febrero de 2023 que resolvieron una
solicitud y el recurso de queja interpuesto contra este, es evidente el agotamiento
de los recursos ordinarios.

48. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas
por la parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos
250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.

2.4.4. Inmediatez

49. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión del auto del 2 de febrero de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, la cual fue notificada el
20 del mismo mes y año. Por su parte, la acción de tutela se ejerció el 6 de marzo
siguiente, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo
de amparo constitucional.

50. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.5. Generalidades del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

51. Como lo expresó esta corporación en la providencia del 5 de agosto de
9
2014 , el mencionado defecto se origina cuando el juez actúa completamente al
margen del procedimiento establecido.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del
05.08.14., M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-
02201-01.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Henry Quintero Narváez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Rad: 11001-03-15-000-2023-01231-01

52. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-636 de 2015,
manifestó: «El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el cual incurre
una autoridad judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el derecho
de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su obligación de dar
prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto se presenta cuando un funcionario utiliza
o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial
y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia, bien sea por (i)
aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales
de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas
imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre
comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las
pruebas10».

2.6. Caso concreto

53. La parte actora adujo que la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, con ocasión de la providencia del 28 de noviembre de 2022 que negó
el recurso de impugnación interpuesto contra la sentencia de tutela del 27 de
octubre de 202211, y el auto del 2 de febrero de 2023, que negó el recurso de
súplica contra la anterior decisión.

54. Lo anterior debido a que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta
el escrito de impugnación presentado por remitirlo al correo electrónico
cegral@notificacionesrj.gov.co, pues esta solamente era la indicada para envíos
por parte de la corporación de notificaciones y comunicaciones.

55. Así las cosas, mencionó que la autoridad demandada aplicó en extremo
un formalismo que dejó de lado el principio constitucional de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, más aún, teniendo en cuenta que la
jurisprudencia constitucional establece como único requisito para el trámite de la
impugnación, su presentación dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la
notificación. De igual forma, puso de presente que no era abogado y por ello, no
tenía conocimiento de dicha particularidad.

56. En el auto del 2 de febrero de 2023, la autoridad judicial enjuiciada indicó

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Corte Constitucional, Sentencia SU-636 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
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Identificada con el radicado 11001-03-15-000-2022-04688-00.

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que la sentencia del 27 de octubre de 2022 fue notificada el 4 de noviembre del
mismo año, de manera personal al señor Quintero Narváez, razón por lo cual
tenía hasta el 10 de noviembre de 2022 para interponer el recurso de
impugnación, lo cual ocurrió, pero al correo electrónico
cegral@notificacionesrj.gov.co, que corresponde al envío de notificaciones por
parte de la Secretaría General del Consejo de Estado.

57. Se explicó que en aplicación del criterio de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en casos idénticos al presente, se ha
determinado que cualquier correo electrónico por el hecho de ser institucional no
significa que sea apto para la recepción y trámite de los memoriales, pues ello
generaría un caos en la administración de justicia y una carga desproporcionada
de verificar si las partes se pronunciaron en otro buzón digital.

58. Además, fue señalado que los sujetos procesales tienen la carga de
utilizar como medio de comunicación la dirección electrónica establecida
oficialmente para tales efectos por el órgano judicial respectivo, pues de lo
contrario entorpecería la prestación del servicio público.

59. En consecuencia, advirtió que los memoriales radicados en un buzón
distinto al destinado para su recepción, debía tenerse por no presentado.

60. Asimismo, fue resaltado que en cumplimiento de lo dispuesto en inciso 3º
del artículo 2º del Decreto Legislativo 806 de 2020, el Consejo de Estado publicó
en su página web los canales oficiales de comunicación e información por medio
de los cuales prestaría su servicio. En relación con el autorizado por la Secretaría
General se señaló que para la recepción de memoriales y documentos el correo
electrónico sería secgeneral@consejodeestado.ramajudicial.gov.co, que
posteriormente pasó a ser secgeneral@consejodeestado.gov.co. Igualmente, se
mencionó que dicha información, podía ser consultada en la página web de la
Rama Judicial.

61. De la revisión realizada al mensaje de datos por medio del cual el señor
Quintero Narváez fue notificado el 4 de noviembre de 2022, se evidencia que en
el texto contenido se lee de forma clara: «Las solicitudes y demás documentos que
se remitan por medios electrónicos deberán allegarse al buzón
judicial:secgeneral@consejodeestado.gov.co; dado que la
cuenta:cegral@notificacionesrj.gov.co, es de uso exclusivo para el envío de
notificaciones y/o comunicaciones, por tanto, los correos enviados a esas bandejas no
serán procesados y, por ende, serán eliminados de los archivos temporales de los
servidores que se encuentran a cargo de la Oficina de Informática del Consejo Superior

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de la Judicatura».

62. De lo expuesto anteriormente, se observa que el tutelante fue notificado
en debida forma de la providencia del 27 de octubre de 2022 y se le informó que
cualquier documento que deseara allegar debía hacerlo mediante un correo
electrónico determinado, pues de lo contrario, este no sería procesado.

63. Por lo tanto, no se encuentra validez en el argumento presentado por la
parte actora de no conocer dicha indicación al no ser un profesional del derecho,
puesto que de forma explícita se le explicó el procedimiento a seguir y su
consecuencia.

64. En ese orden, para esta Sección, los argumentos que se analizan lejos de
constituir una vulneración del derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia por parte del juez censurado, considera que el hecho
de que no se hubiera tramitado y resuelto la segunda instancia en el otro proceso
de tutela es la consecuencia de un error exclusivo del accionante. Por ello, se
resalta que no es aceptable que la equivocación cometida por el señor Quintero
Narváez se alegue en su propio favor.

65. Finalmente, se tiene que no se configuró un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto en el auto del 2 de febrero de 2023, en atención a que
la Sección demandada analizó los elementos que daban cuenta de la intención
de remitir el memorial de impugnación dentro de la oportunidad procesal, sin
embargo, tal reparo no tenía la virtualidad de subsanar el error cometido, el cual
fue ajeno a la administración de justicia.

2.7. Conclusión

66. Con fundamento en los argumentos referidos en los párrafos precedentes,
se confirmará la sentencia del 4 de mayo de 2023 que negó la acción de tutela
promovida por el señor Henry Quintero Narváez, al no encontrarse acreditado el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2023 proferida por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó la acción de
tutela interpuesta por el señor Henry Quintero Narváez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de
1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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