Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05864-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05864-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05864-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
13 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Acto que negó el reconocimiento de la
asignación de retiro. No se configuran el defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 1.º de noviembre de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, negó el amparo deprecado.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
El señor Huberney Villanueva Camacho promueve acción de tutela contra la
providencia del 16 de marzo de 2023, que dictó el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante la que confirmó el fallo del 11 de junio de 2021, proferido por el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
1.2. Pretensiones
El accionante formula las siguientes súplicas:
PRIMERO: Que se tutele mis derechos fundamentales constitucionales al debido
proceso […] y acceso a la administración de justicia […] igualdad, seguridad social
en pensión, dejando sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Huberney Villanueva Camacho
proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima Sala de Oralidad, respectivamente, esta última
notificada el pasado 27 de marzo de 2023 vía correo electrónico, que niegan las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, incoada
por el suscrito contra el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en busca del
reconocimiento pensional que me asiste.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la tutela a mis derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital,
seguridad social en pensión, se deje sin efecto dichas decisiones de primera y
segunda instancia, por adolecer de un defecto sustantivo, además de violación
directa de la Constitución y desconocimiento del precedente al apoyarse para la
resolución del asunto, en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto,
toda vez que dicha norma, ni siquiera había nacido a la vida jurídica cuando se
causó el derecho pensional y en su lugar profiera la decisión que en derecho
corresponde conforme a las normas que para los asuntos similares aplicó el
Con[s]ejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativa.
TERCERO: Consecuentemente con ello ordene a quien corresponda la realización
de los trámites administrativos correspondientes a la obtención de mi resolución y
asignación de retiro de acuerdo a las normas aplicables a mi caso particular.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el accionante señaló los siguientes:
i) Prestó sus servicios a la Policía Nacional, a la que ingresó el 25 de enero de 1996
como auxiliar bachiller y permaneció en forma ininterrumpida en esa institución hasta
el 27 de septiembre de 2011, cuando fue retirado mediante Resolución 3372 por la
causal denominada separación absoluta. Para la fecha de desvinculación tenía quince
años, diez meses y dieciocho días de labores.
ii) El 10 de octubre de 2018, en ejercicio del derecho de petición, elevó solicitud al
director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) para que se le
reconociera y pagara la asignación de retiro. Resulta pertinente señalar que para ese
momento el Consejo de Estado había declarado la nulidad del parágrafo segundo del
artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y del artículo 2.º del Decreto 1858 de 2012,
normas que regulaban lo relacionado con dicha prestación; por tanto, cobraron
vigencia los decretos 1212 y 1213 de 1990.
iii) Mediante Oficio E-00003-201824775-CASUR Id: 378054 del 22 de noviembre de
2018, suscrito por el brigadier general Jorge Alirio Barón Leguizamón director de la
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Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), le fue negado el derecho
pensional aduciendo que cuando la desvinculación ocurre por la aludida causal se
deben acreditar veinte o más años de servicio.
iv) A través de apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho a fin de que se declarara nulo el acto por medio del cual la demandada no
accedió a su solicitud; en consecuencia, se dispusiera el pago de las mesadas en
aplicación de los decretos 1212 y 1213 de 1990, proceso que por reparto le
correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué.
v) En sentencia proferida el 11 de junio de 2021, se denegaron las pretensiones con
fundamento en que debía atenerse a lo previsto en el Decreto 754 de 2019, artículo
1.º, norma que no había nacido a la vida jurídica cuando reclamó su derecho pensional
y mucho menos cuando se retiró de la entidad, además tampoco se utilizó como
sustento del acto acusado; por tanto, nunca tuvo la oportunidad de discutir dentro del
proceso su aplicación.
vi) Contra esa decisión interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal
Administrativo del Tolima en fallo que dictó el 16 de marzo de 2023, confirmando la
providencia del a quo, porque estimó que no tenía una situación jurídica consolidada
para el momento en que entró a regir el Decreto 754 de 2019, lo que desconoce que
la Ley 923 de 2004 prevé que a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo
a la fecha de su vigencia no se les exigirá como requisito un tiempo de servicio superior
al establecido por las disposiciones en uso al momento de la expedición del acto
cuando la desvinculación se produzca por solicitud propia ni inferior a quince años
cuando se dé por cualquiera otra causal y dentro de ese ítem está inmersa la de
separación absoluta; por consiguiente, debía resolverse con la preceptiva en vigor al
momento en que se causó el derecho y no en una norma futura que quebranta el
principio de progresividad pensional.
1.4. Fundamentos jurídicos
El accionante alega que con las sentencias acusadas se vulneraron sus derechos al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y a la
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igualdad, así mismo, se incurrió en defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial, por las siguientes razones:
i) Las decisiones de instancia se apoyaron en una norma evidentemente inaplicable,
que generó una incompatibilidad con preceptos constitucionales, convirtiéndolas en
providencias arbitrarias e irrazonables.
ii) En su caso no podía abordarse el estudio de la solicitud con base en el Decreto
754 de 2019, porque no se empleó como sustento a la negativa de la asignación y ni
siquiera había nacido a la vida jurídica; por otro lado, es palmario que el derecho
pensional se examina con arreglo a la normativa que regule la prestación al momento
de su causación y, en modo alguno, conforme a las que se expidan en el futuro, como
lo señaló el magistrado José Andrés Rojas villa, en su salvamento de voto.
iii) Así las cosas, las autoridades demandadas no pueden negar sus pretensiones por
no cumplir lo establecido en el Decreto 754 de 2019, en lo referente a la acreditación
de veinte años de servicio cuando se produzca el retiro por la causal de separación
absoluta, porque esa no fue la base jurídica que adujo la administración para emitir el
acto nugatorio de la prestación reclamada y, se repite, tampoco existía tal precepto
para esa época.
iv) Los falladores al incorporar al acto objeto de control de legalidad un nuevo
fundamento de derecho, respecto del cual en ninguna etapa procesal tuvo la
oportunidad de discutir sobre su conveniencia para regular la asignación de retiro,
vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.
v) Con la sentencia cuestionada se quebranta flagrantemente la norma de normas,
toda vez que se adoptó una decisión que desconoce de forma directa lo previsto en
sus artículos 1.º, 2.º, 25, 48 y 58. Si se hubiera realizado un examen dentro de los
límites constitucionales, los principios mínimos de trabajo previstos en el bloque de
constitucionalidad, el deber de desarrollo progresivo de las garantías sociales y la
prohibición prima facie de retrocesos, hubiese proferido un fallo que no estuviera
caracterizado por hacerse a espaldas de la Constitución y los tratados o convenciones
que hacen parte de aquel.
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vi) También se violó el derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente
tanto desde la perspectiva formal, ya que siendo un mismo supuesto de hecho que en
el asunto obedece a la reclamación de la asignación de retiro para un miembro del
nivel ejecutivo de incorporación directa que ingresó antes del 31 de diciembre de 2004
y, por tanto, destinatario del régimen de transición establecido en el artículo 3.1 de la
Ley 923 de 2004, así como desde la perspectiva material, al no darle un trato
semejante al de los que se encuentran en idéntica situación fáctica y a quienes se les
otorgó la asignación de retiro en aplicación de lo dispuesto en los decretos 1212 y 1213
de 1990, aun cuando ya había sido expedido el Decreto 754 de abril de 2019, como
ocurrió en las sentencias del 22 de octubre de 2020, emitida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, —radicación 76001 23 33 000 2015 00263 01—; del
28 de abril de 2022 —radicado 19001 23 33 000 2015 00350 01— dictada por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación; del 31 de marzo de 2022
—radicado 050001 23 33 000 2016 01950 01— proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 5 de octubre de 2023, que ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, como demandados.
Así mismo, se dispuso la notificación al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Ibagué y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ( CASUR) como terceros
interesados en las resultas de esta acción, para que dentro del término de dos días, y
en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Tribunal Administrativo del Tolima. El magistrado Luis Eduardo Collazos
Olaya alega que no debe accederse a la tutela, por lo siguiente:
i) En la actuación surtida dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 73001 33 33 008 2019 00177 01, promovido por el señor
Huberney Villanueva Camacho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
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Nacional (CASUR) no se materializó la violación de derecho fundamental alguno al
extremo activo de esta acción constitucional.
ii) Resulta preciso advertir que el accionante discute la decisión de segunda instancia,
a través de la cual se desató el recurso de apelación formulado contra la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda al concluir que al señor Villanueva Camacho le
era aplicable lo dispuesto en el numeral 3.1. del artículo 3.º de la Ley 923 de 2004,
sobre la asignación de retiro, por cuanto se encontraba en servicio activo para el 31
de diciembre de 2004, por lo que, debía atenderse a lo dispuesto en el Decreto 754 de
2019, artículo 1.º, en el cual se estableció de forma taxativa que para el personal del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional incorporado directamente al escalafón para el 31
de diciembre de 2004, que fuese retirado por separación absoluta del servicio, será
requisito para el reconocimiento de esa prestación la acreditación de más de veinte
años de servicio.
iii) De acuerdo a lo anterior, el accionante con la solicitud de amparo pretende discutir
los criterios de interpretación de normas legales y jurisprudenciales a partir de los
cuales se evaluó en segunda instancia si contaba con el tiempo para el reconocimiento
de la asignación de retiro, comoquiera que se le exigían veinte años de servicios,
controversia que soporta en el análisis efectuado por el magistrado José Andrés Rojas
Villa, quien salvó voto en la decisión que hoy es objeto de debate constitucional.
iv) Bajo ese razonamiento, se debe atender al carácter residual y subsidiario de la
tutela, el cual tiene como fin garantizar las competencias naturales establecidas a las
diferentes autoridades, en virtud de los principios de autonomía e independencia
judicial; sin embargo, la Corte con miras a garantizar la protección de los derechos
fundamentales, establece excepciones al principio de subsidiariedad, especialmente
cuando es contra providencia judicial, así lo indicó la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-543 de 1992.
v) En el caso sub examine no se observa la configuración de los requisitos sentados
por la Corte para la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial,
pues se sustentó en normas vigentes, aplicables al caso concreto y conforme al
material allegado al plenario y mucho menos existió una indebida valoración
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probatoria, como lo anuncia el extremo activo de esta acción constitucional.
vi) La parte actora aduce la configuración de un defecto sustantivo o material, pues
alega que se empleó una norma claramente inaplicable al caso y se dejó de aplicar la
que evidentemente lo era, además de incurrir en una interpretación contraria a los
postulados de la razonabilidad jurídica; sin embargo, ese argumento no tiene asidero,
en primera medida, porque no tenía constituido un derecho adquirido para percibir
asignación de retiro antes de la entrada en vigencia del Decreto 754 de 2019, y en
segundo lugar, porque el accionante no acreditó que, conforme al ordenamiento
jurídico vigente entre el retiro del servicio y la expedición de esa norma, hubiera
definido y consolidado ese derecho, para asegurar que la prestación entró válida y
definitivamente a su patrimonio.
vii) Es así que, en contraposición a lo expuesto por la parte actora en el libelo, no se
satisfacen ninguno de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; por el contrario, la
decisión adoptada fue ajustada a derecho según las normas jurídicas y la
jurisprudencia en vigor y después de efectuar un estudio razonado de estas frente a
los medios de prueba aportados, sin que ello pueda considerarse como una
arbitrariedad, sino la aplicación del principio de autonomía judicial de la cual se
encuentran investidas las autoridades judiciales.
viii) Todo lo anterior, permite concluir que se debe desechar de plano la violación de
las garantías fundamentales alegadas, ya que lo que se pretende realmente es reabrir
el debate jurídico puesto en conocimiento del juez ordinario al examinar la segunda
instancia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho; en
consecuencia, se deben negar las pretensiones, dado que no se incurrió en una vía
de hecho o defecto alguno, al expedir la decisión que aquí se controvierte
1.6.2. De la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR). La señora
Claudia Cecilia Chauta Rodríguez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, rinde informe
en los siguientes términos:
i) En este caso no se violó ningún derecho fundamental al accionante y lo que pretende
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es que vía acción de tutela se profiera una nueva sentencia, por medio de la cual se
reconozca la asignación mensual de retiro fundamentado en una normativa que no
corresponde al nivel ejecutivo.
ii) Se debe tener en cuenta lo resuelto por el Tribunal, es decir, la citada providencia
no debe revocarse, por cuanto la decisión del fallador se tomó en equidad y justicia y,
no se vislumbra vulneración a la igualdad y mucho menos al debido proceso, al no
extender los efectos al accionante, por cuanto ello generaría un detrimento patrimonial
al erario y causaría una brecha inequitativa frente a los demás servidores de la Fuerza
Pública, que tuvieron el reconocimiento en los términos señalados en la ley, de acuerdo
a esto la autoridad judicial se pronunció con fundamento en los parámetros legales y
jurisprudenciales aplicables para resolver el asunto.
1.7. La sentencia que se impugna
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante fallo del 1.º de
noviembre de 2023, negó el amparo, por los siguientes motivos:
i) El Tribunal realizó una valoración probatoria acorde con los contornos particulares
del caso y la normativa aplicable al reconocimiento de la asignación de retiro del
personal ejecutivo de la Policía Nacional incorporado de manera directa antes del 31
de diciembre de 2004, de tal manera, que el fallo cuestionado se sustentó en el estudio
de las pruebas aportadas al proceso y con observancia del debido proceso y, si bien
reconoció la existencia de pronunciamientos del Consejo de Estado que podrían ser
favorables a las pretensiones del accionante, explicó de manera puntual porque no
eran de aplicación para la resolución del debate puesto a su consideración.
ii) De tal forma, que la autoridad accionada efectuó el análisis de la controversia
planteada bajo el prisma de la normativa aplicable y motivó de manera suficiente la
decisión al punto de reconocer la disparidad de criterios existentes en lo relacionado
con la norma que mejor se ajusta ante el vacío normativo que se presentó por la
derogación de la que reglamentaba el reconocimiento de la asignación de retiro del
personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional bajo la causal de separación
absoluta, punto respecto del que no le está dado al juez constitucional incidir, en tanto
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carece de las facultades unificadoras propias del Consejo de Estado, en sede
ordinaria, como tribunal supremo de lo contencioso-administrativo.
iii) Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y, por tanto, no le corresponde cuestionar los fallos adoptados dentro del
ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración del derecho
fundamental, lo que en el asunto no se encontró demostrado.
iv) Así las cosas, en la providencia acusada no se incurrió en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial ni violación directa de la Constitución Política,
debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan la materia, se
apoyó en el material probatorio aportado al medio de control ordinario, que permitió
concluir que el accionante no tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro
que reclama, pues no cumple con el requisito exigido en el Decreto 754 de 2019,
referido a la acreditación de veinte años de servicio al momento de la desvinculación
por la causal de separación absoluta.
v) En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en
que la visión de los hechos mostrada por la autoridad judicial demandada cuenta con
soporte y está debidamente razonada y justificada; por tanto, se reitera, este
mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia; por consiguiente, quedan
desvirtuadas las inconformidades en las que la parte actora centró sus esfuerzos, de
manera que se debe negar el amparo de las garantías deprecadas.
1.8. Impugnación
El accionante impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se
protejan los derechos invocados. Al respecto aduce lo siguiente:
i) El juez de primera instancia, le restó importancia a los fundamentos esbozados en
el escrito de tutela que muestran una vulneración flagrante de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, entre otros, y por ello no se refirió
a la totalidad de sus argumentos, es así que no realizó ningún análisis respecto a la
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violación del principio de congruencia entre lo planteado y lo decidido en el proceso,
tampoco se pronunció en relación con el derecho a la igualdad y la prohibición de
regresión en materia de derechos laborales, desconociendo la clara exposición que
acerca de esas irregularidades se efectuó en la demanda de tutela.
ii) Así mismo, el a quo en nada aborda las razones de hecho y de derecho que lo
llevaron a acudir al mecanismo de amparo, toda vez que ninguna referencia hizo sobre
las razones esgrimidas en el libelo, simplemente se limitó a transcribir la decisión de
segunda instancia adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho adelantado ante la jurisdicción contencioso-administrativo, sin verificar y
examinar la violación de sus garantías.
iii) A pesar de reconocer el a quo que como accionante arguyó la configuración de la
violación directa de la Constitución Política, tampoco estudió lo referente al deber de
las autoridades de velar por el desarrollo progresivo de los derechos sociales y el
desconocimiento del principio de favorabilidad en la sentencia objeto de tutela y que
soslaya la norma de normas. Resulta entonces palmario que la providencia censurada
lesiona flagrantemente la Constitución, ya que el servidor judicial adopta una decisión
que desobedece lo dispuesto en los artículos 1.º, 2.º, 25, 48 y 58.
iv) Igualmente, se citó la sentencia C-177 de 2005, precedente donde el órgano de
cierre de la jurisdicción constitucional claramente establece que las reformas laborales
que disminuyen protecciones alcanzadas por los trabajadores deben presumirse
inconstitucionales por cuanto pueden menoscabar el principio de progresividad y con
dicha afectación se puede vulnerar la prohibición de que no existan medidas regresivas
en el amparo de los derechos sociales.
v) Seguidamente se ilustró mediante un parangón entre la norma llamada a regular
la asignación de retiro, esto es, el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 y el Decreto
754 de 2019, esta última disposición empleada por el a quo para negar las
pretensiones de la demanda; sin embargo, sobre ese tema, ni siquiera se hace
mención en el fallo impugnado.
vi) Un análisis jurídico a ese disenso es importante, porque es innegable que las
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circunstancias específicas del retiro producido por motivos distintos a la voluntad
propia se incrementan en cinco años para acceder a la asignación de servicio de los
uniformados retirados por destitución o separación absoluta, teniendo en cuenta que
con el régimen vigente al momento de ingresar a la institución solo se exigía quince
años de labores, y que ahora fueron igualadas en tiempo al requisito requerido cuando
la desvinculación se da por la primera de las causales a las que se hizo alusión.
vii) Dicho cambio no solo quebranta la transición señalada en el artículo 3.º, ordinal
3.1, inciso segundo de la Ley 923 de 2004, sino que constituye una transgresión al
mandato de progresividad que implica que una vez alcanzado un determinado nivel de
protección en los derechos sociales de los miembros de la Fuerza Pública
pertenecientes al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, cualquier retroceso en la
materia debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un
control judicial más severo, que obviamente el a quo no realizó.
viii) Es por lo anterior que resulta flagrante la vulneración a los artículos 48 y 58 de la
Constitución, en cuanto a la garantía de los derechos adquiridos que no pueden ser
desconocidos ni vulnerados, por leyes posteriores, cuando el trabajador ha cumplido
con los requisitos contemplados en las normas anteriores para la consolidación de un
derecho y en este caso se está frente a un derecho de esa naturaleza; por
consiguiente, no puede modificarse por preceptos ulteriores como ocurre en su caso.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
Huberney Villanueva Camacho contra la providencia del 16 de marzo de 2023, que
profirió el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 73001 33 33 008 2019 00177
00 [01].
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
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actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.5.1. El 22 de abril de 2019, el señor Huberney Villanueva Camacho, por medio de
apoderado, interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) para que se
declarara nulo el Oficio E-0003-201824775-CASUR Id: 378054 del 22 de noviembre de
2018, mediante el cual se le negó el reconocimiento de la asignación de retiro.6
2.5.2. El 11 de junio de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué profirió fallo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 73001 33 33 008 2019 00177 00, en el que resolvió lo siguiente:7
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho formuladas por el señor HUBERNEY VILLANUEVA CAMACHO contra la
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, de conformidad con la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor de la entidad
accionada.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
6 Índice 10, del expediente electrónico.
7 Índice 10, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma de doscientos veintiséis mil
ciento cinco pesos ($ 226.105), que serán tenidas en cuenta por Secretaría al
momento de liquidar las costas.
2.5.3. El 16 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad,
al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, decidió lo siguiente:8
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de junio de 2021 por el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
[…]
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela
Considera la Sala que, como lo estableció la primera instancia, en el asunto sub lite se
encuentran cumplidas las exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para
rebatir la providencia del 16 de marzo de 2023, que emitió el Tribunal Administrativo
del Tolima, Sala de Oralidad, porque 1) la cuestión que se discute reviste relevancia
constitucional; 2) se agotaron todos los medios de defensa judicial; 3) se cumple con
el requisito de inmediatez; 4) el accionante identificó los hechos y los derechos cuya
vulneración alega; 5) no se trata de una irregularidad procesal y 6) no se dirige contra
una sentencia de tutela.
2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
8 Índice 10, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.9
2.5.2.2. El defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente
judicial
La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial cuando se desacata aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.
En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
similar o de una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
idéntico al que se debe resolver posteriormente.10
9 Corte Constitucional. Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
10 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes, en los que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el
precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o
en el marco constitucional.11
Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción, 12 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.13
Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.
En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».14
11 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
12 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
13 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
14 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la
igualdad y a la buena fe.15
2.5.2.3. De la violación directa de la Constitución Política
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.
Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,16 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurrían el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo.17 Al respecto la
Corte manifestó:
[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].
15 Corte Constitucional.Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
16 Sentencia de 12 de diciembre de 2000.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:
«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].
Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
«[…] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional18 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
18 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.19
2.5.2.4. Los defectos alegados
El señor Huberney Villanueva Camacho alega que el Tribunal Administrativo del
Tolima, Sala de Oralidad, vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia en materia pensional y a la igualdad e incurrió en defecto
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial, al proferir la sentencia del 16 de marzo de 2023 dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho que promovió contra la Caja de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR) para que se declarara nulo el acto por medio del cual le negó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
Pues bien, en la providencia atacada el Tribunal al abordar el estudio del cargo que el
accionante denominó «incongruencia entre lo decidido y lo planteado por las partes»,
en el recurso de apelación que formuló contra la decisión del Juzgado Octavo
Administrativo de Ibagué, efectuó las siguientes consideraciones:
[…] Argumenta el recurrente que el acto acusado, niega al actor la asignación de
retiro con base en el Decreto 1091 de 1995 y en los artículos 25 del Decreto 4433
de 2004 y 2 del Decreto 1858 de 2012, los cuales habían sido retirados del
ordenamiento jurídico por decisiones adoptadas previamente por el Consejo de
Estado, sin embargo, el a quo opta por abordar el estudio de la solicitud
prestacional con base en el Decreto 754 de 2019, cuando éste no se empleó como
sustento a la negativa de la asignación, pues, ni siquiera había nacido a la vida
jurídica.
[…]
Como se observa, la accionada no invoca como sustento legal las normas referidas
por la parte actora en el recurso de alzada, lo que sí concreta la entidad es que no
es posible el reconocimiento de la asignación de retiro con base en el Decreto 1212
de 1990, [comoquiera] que regula el estatuto de personal de Oficiales y
Suboficiales y el demandante fungía como miembro del Nivel Ejecutivo.
Conforme lo dispone el artículo 123 de la Constitución Política los servidores
públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la
ley y el reglamento. Concordante con lo anterior, el artículo 6 ibidem refiere que
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
los servidores públicos son responsables por infringir la constitución y las
leyes, así como por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones.
Al pronunciarse sobre el antepuesto postulado constitucional, el Consejo de
Estado, en sentencia del 29 de julio de 2021 […]precisó que ninguna autoridad
puede ejercer competencia alguna que no haya sido previamente atribuida por las
normas correspondientes, y su infracción será el parámetro de evaluación de su
conducta (por acción u omisión).
Ahora, el artículo 10 del CPACA, además de reiterar el deber de las autoridades de
fundar sus decisiones en las fuentes de derecho preexistentes como la
Constitución, la ley y los reglamentos, refiere que también se deben tener en
cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las
que se interpreten y apliquen dichas normas, y las decisiones de la Corte
Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la
resolución de los asuntos de su competencia.
Con base en ese análisis, el Tribunal explicó que el accionante fue retirado del servicio
activo por la causal separación absoluta, el 27 de septiembre de 2011, momento para
el cual estaba vigente el parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004;
sin embargo para la fecha en que reclamó en sede administrativa el reconocimiento
de la asignación de retiro, esto es, el 10 de octubre de 2018, el Consejo de Estado
había expulsado del ordenamiento esa norma y lo dispuesto en el artículo 2.º del
Decreto 1858 de 2012; en consecuencia, no le era exigible a la administración otorgar
la referida prestación con fundamento en el Decreto 1212 de 1990 «en razón a que,
en efecto, regula el estatuto de personal de los Oficiales y Suboficiales de la Policía»
mientras que el señor Villanueva Camacho pertenecía a la categoría del nivel ejecutivo
creado mediante la Ley 180 de 1995. Sobre el particular se pronunció así:
Como ya se precisó, la administración no podrá realizar manifestación alguna
de voluntad que no esté expresamente autorizada por el ordenamiento
jurídico, y el Decreto 1212 de 1990 no prevé requisitos para el reconocimiento de
la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo al que pertenecía el aquí
demandante. Si bien el Consejo de Estado20, al resolver solicitud de asignación de
retiro por parte del personal del nivel ejecutivo durante los períodos en que existió
vacío normativo para su estudio […] optó por aplicar el Decreto 1212 de 1990, que
regula el rango más cercano a los policías del nivel ejecutivo, también lo es que
esta determinación no se le puede exigir a la administración en la medida en que
sólo está sometida al cumplimiento de las sentencias de unificación jurisprudencial
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en que se interpreten las
20 «Entre otras véase: Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre
de 2020. Radicación número: 76001-23-33-000-2015-00263-01(4613-18). Reiterado en sentencia del
28 de abril de 2022 dentro del proceso con radicación 19001-23-33-000-2015-00350-01, promovido por
Álvaro Andrés Rosero Moreno, ponencia del magistrado William Hernández Gómez y en sentencia del
31 de marzo de 2022 dentro del proceso con radicación 05001-23-33-000-2016-01950- 01 (2879-2020),
promovido por Enaldo Miguel Anaya Martínez, ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández»
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
normas del ordenamiento jurídico para la resolución de los asuntos de su
competencia. A la fecha no se ha expedido sentencia de unificación jurisprudencial
sobre la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
para los miembros del nivel ejecutivo incorporados directamente antes de la
entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, así que la administración no desconoció
postulados constitucionales ni legales al decidir la solicitud del actor sin aplicación
del Decreto 1212 de 1990, pues, se itera que sus decisiones se deben fundar en
las fuentes de derecho preexistentes, y aquel decreto no regula el tema
prestacional de los miembros de la Policía del nivel ejecutivo.
Además de lo expuesto, también es claro que la competencia normativa para fijar
el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, por disposición del
artículo 150 de la Constitución Política, se atribuyó de manera concurrente al
Congreso y al presidente de la República. El primero de ellos establece el marco
general al cual se debe sujetar el segundo para regular la materia. Bajo este
postulado es manifiesto que la administración carece de competencia para fijar o
reconocer prestaciones que no estén previstas en el ordenamiento jurídico.
Luego el Tribunal estimó que no tenía vocación de prosperidad la alegación del
accionante, según la cual no se le podía exigir el cumplimiento del requisito establecido
en el Decreto 754 de 2019, porque ese no fue el sustento legal para negar la prestación
reclamada, en tanto esa norma era inexistente para cuando se impetró la demanda,
no está contenida en el Oficio E-0003-201824775-CASUR Id: 378054 del 22 de
noviembre de 2018, acto objeto de control de legalidad, con lo cual se violó su derecho
al debido proceso y a la seguridad jurídica. Al efecto, resolvió lo siguiente:
[…] la Sala aclara que en virtud al artículo 228 Constitucional, en las actuaciones
de la Administración de Justicia prevalece el derecho sustancial. A su turno, el
artículo 103 del CPACA dispone que los procesos que se adelanten ante esta
jurisdicción tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.
Por lo anterior, el control de legalidad efectuado frente a un acto administrativo no
se circunscribe solo a las normas empleadas por la administración para resolver
sobre la concesión de un derecho subjetivo, sino que el mismo se efectúa de cara
a la prevalencia del derecho sustancial sobre el material, así que, en aras de
garantizarse la efectividad de un derecho, en sede judicial, el acto acusado se
analiza respecto a todo el ordenamiento jurídico.
En esa medida, el Juez no solo estaba sujeto a estudiar la legalidad del acto
acusado de cara a lo dispuesto en el Decreto 1212 de 1990, por ser la norma
invocada por la parte actora para el reconocimiento de la prestación
deprecada, sino que debía hacerlo respecto a todo el ordenamiento jurídico
para darle prevalencia al derecho sustancial.
Como ya se mencionó líneas atrás, si bien es cierto que cuando el demandante
fue retirado del servicio activo por separación absoluta[…], se encontraba vigente el
parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto de ley marco 4433 de 2004, también lo es
que para el momento en que reclamó en sede administrativa el reconocimiento de
la asignación de retiro[…], el Consejo de Estado había retirado del ordenamiento
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Demandante: Huberney Villanueva Camacho
jurídico aquella norma, que regía la materia. Por ello, es que la administración
tampoco la invocó para sustentar la negativa de la solicitud prestacional. No
obstante, cuando se dictó la decisión de primera instancia, el 21 de junio de 2021,
ya se había expedido por parte del Gobierno Nacional[…] el Decreto 754 de 2019,
que fijó el régimen de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004, al cual pertenecía el aquí demandante[…] , en esa medida,
cuando el Juez revisó el ordenamiento jurídico para resolver el asunto pensional
de que se trata este proceso, en aras de garantizar el derecho sustancial, aplicó la
norma vigente y que regía sobre la materia, que además había sido expedida por
autoridad competente. (Negrilla de la Sala).
Igualmente, la autoridad accionada respecto a la inconformidad planteada por el
demandante en relación con la vulneración de principio de irretroactividad de la ley por
el juez de primera instancia al aplicar el Decreto 754 de 2019, cuando esa norma no
estaba vigente al momento de su desvinculación de la Policía Nacional, decidió lo
siguiente:
Además de lo anterior, es pertinente precisar que el respeto y la garantía del
derecho adquirido de no ser desconocido depende, además de lo anterior, de que
se hubiese obtenido con respeto del ordenamiento jurídico, pues el artículo 58 de
la Carta es claro en indicar que deben ser adquiridos “con arreglo a las leyes
civiles”, lo cual, en términos de nuestro máximo órgano de cierre, quiere decir que
debe existir un justo título por lo que “solo pueden tener la entidad suficiente
para ofrecer la garantía que se comenta, los actos que respetan el
ordenamiento jurídico”[…] (Negrilla fuera de texto).
Así entonces, para que el actor predique que consolidó derecho a devengar
asignación de retiro con antelación a la expedición del Decreto 754 de 2019, es
necesario que haya acreditado cada uno de los requisitos normativos dispuestos
en régimen anterior, lo cual no ha ocurrido porque cuando fue retirado de la Policía
Nacional la norma vigente era la dispuesta en el nulitado parágrafo 2 del artículo
25 del Decreto 4433 de 2004, que exigía 25 años de servicios por separación
absoluta cuando sólo contaba con 15 de ellos, ni existía otro régimen que resultara
aplicable al nivel ejecutivo, al cual perteneció durante toda su carrera en la
institución policial.
Como se observa, para que el actor predique que consolidó derecho a la
asignación de retiro antes de la vigencia del Decreto 754 de 2019, es imperioso
que lo acredite conforme a un régimen en que se hayan previsto presupuestos
legales para el otorgamiento a la prestación y la certeza de que cumplió a cabalidad
cada uno de ellos. Según el marco normativo traído en esta providencia sobre el
régimen de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo incorporado
directamente hasta el 31 de diciembre de 2004, los decretos reglamentarios de la
ley marco (Ley 923 de 2004), expedidos con antelación al Decreto 754 de 2019,
fueron retirados del ordenamiento jurídico, de modo que el actor no pudo
consolidar un justo título que garantice el ingreso a su patrimonio de la asignación
de retiro. En tal sentido, ante la falta de norma que regule la asignación de retiro
del nivel a que perteneció el actor cuando estuvo en actividad, es absolutamente
claro que no tiene un derecho consolidado “con arreglo a las leyes civiles”, como
lo determina el ya citado artículo 58 Constitucional.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05864 01
Demandante: Huberney Villanueva Camacho
[…]
El recurrente a la par dice que cuando su prohijado hizo reclamación administrativa
para conseguir el reconocimiento de la asignación de retiro, este derecho se
encontraba consolidado con fundamento en la Ley 923 de 2004.
Lo primero es precisar que la Ley 923 de 2004 es un marco general al cual debe
sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen prestacional de los miembros
de la Fuerza Pública. Ahora, si bien allí se estableció que a los miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de su entrada en vigencia no se les
exigiría como requisito para el reconocimiento del derecho a la asignación de retiro,
la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones
vigentes al momento de la expedición de esta ley cuando el retiro se produzca por
solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra
causal,[...] lo cierto es que no establece propiamente los requisitos para el
otorgamiento de un derecho subjetivo susceptible de ingresar al patrimonio de un
miembro de la Fuerza Pública.
[…]
Así, resulta evidente que el actor no consolidó derecho a devengar asignación de
retiro de cara a la plurireferida ley. Lo que sí conservó con base en aquella
disposición es el beneficio de que la reglamentación del régimen que estableciera
los presupuestos para el reconocimiento de la prestación determinara unos
requisitos que no podían ser mayores a los regulados en las normas que regían la
situación antes de su entrada en vigencia el 31 de diciembre de 2004.
Entonces, dilucidado que el actor lo que tenía era una mera expectativa de adquirir
derecho a la asignación de retiro con unos requisitos que no sean mayores a los
fijados en las normas que regían la situación antes de la vigencia de la Ley 923 de
2004, queda sin sustentó el argumento de que aquel tenía un derecho consolidado
a percibir asignación de retiro desde que fue retirado de la institución.
Por todo lo referido hasta este punto, se concluye que el aquí demandante no tenía
una situación jurídica consolidada respecto al derecho de percibir asignación de
retiro para el momento en que entró a regir el Decreto 754 de 2019, así que esta
norma es la que regula la situación aun cuando el estado de la petición se
encuentre en sede judicial.
Así las cosas, considera la Sala que la providencia que profirió el Tribunal
Administrativo del Tolima se encuentra debidamente sustentada, conforme con lo
dispuesto en las normas legales en relación con el reconocimiento de la asignación de
retiro que reclama el accionante, lo cual, en modo alguno, constituye transgresión de
sus garantías fundamentales, sino que corresponde a las atribuciones de autonomía e
independencia de las que está investido el juez de la causa y que en forma precisa lo
habilitan para aplicar la ley sustancial y fijarle su verdadero sentido y alcance frente al
caso concreto.
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Demandante: Huberney Villanueva Camacho
Y es que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de interpretación,
pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de tutela, cuando se
trata de providencias judiciales, es revisar que la decisión no sea manifiestamente
arbitraria y desproporcionada.
En el asunto sometido a examen se tiene que el Tribunal expresó con suficiencia las
razones por las cuales consideró que la prestación reclamada por el señor Villanueva
Camacho se rige por lo dispuesto en el Decreto 754 de 2019, y por tanto, para lograr
su reconocimiento por separación absoluta tenía que cumplir los requisitos previstos
en esa normativa, entre ellos, el tiempo de servicios de veinte años y, debido a que el
accionante cuando fue desvinculado por esa causal solo tenía un total de quince años,
diez meses y dieciocho días, como se demostró en el proceso, no acumuló el tiempo
necesario para ser beneficiario de la asignación de retiro.
Con fundamento en lo anterior, concluyó la autoridad demandada, que lo resuelto por
el a quo se ajusta al precepto que gobierna la prestación pensional cuyo otorgamiento
pretende el accionante y, por consiguiente, se debía confirmar la decisión que denegó
las súplicas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra el Oficio E-0003-201824775-CASUR Id: 378054 del 22 de noviembre
de 2018, a través del cual la Caja de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) le negó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
Ahora, en relación con la aplicación por analogía del Decreto 1212 de 1990, para el
reconocimiento de la asignación de retiro de servidores del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional vinculado directamente a partir del 31 de diciembre de 2004 y, que para el
accionante constituye una vulneración del derecho a la igualdad por el
desconocimiento del precedente judicial establecido por el Consejo de Estado, el
Tribunal se pronunció en los siguientes términos:
Ahora, aun cuando el Consejo de Estado[…] optó por aplicar el Decreto 1212 de
1990, dispuesto para oficiales y suboficiales de la Policía, a las solicitudes de
asignación de retiro por parte del personal del nivel ejecutivo incorporado
directamente hasta el 31 de diciembre de 2004, es absolutamente claro que lo hizo
para suplir el vacío normativo existente para su estudio, por la nulidad de los
decretos expedidos para regular la materia, lo que se superó con la expedición del
Decreto 754 de 2019, que estableció el régimen de asignación de retiro para dicho
personal (miembros del nivel ejecutivo vinculados al 31 de diciembre de 2004).
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Demandante: Huberney Villanueva Camacho
Aparte de lo expuesto, la Sala no desconoce que en decisiones recientes el
Consejo de Estado ha seguido aplicando a los miembros del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional incorporados de manera directa antes del 31 de diciembre de
2004, el régimen de la asignación de retiro previsto para oficiales y suboficiales de
la misma institución, pese a la flagrante vigencia del Decreto 754 de 2019, que fija
puntualmente el régimen de asignación de retiro para aquel personal (miembros
del nivel ejecutivo de la Policía Nacional incorporados de manera directa antes del
31 de diciembre de 2004).
Pese a ello, también se tiene que dichas providencias no exponen los motivos para
inaplicar el referido Decreto 754 de 2019, sino que sustentan la aplicación del
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990[…] en el supuesto de que las normas que se
expidieron para regular la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional incorporados de manera directa antes del 31 de diciembre
de 2004, fueron excluidas del ordenamiento jurídico. Véase las siguientes
consideraciones:
-. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, magistrado ponente: César Palomino Cortés, actor: Álvaro Andrés
Rosero Moreno, demandando: CASUR, radicado: 19001-23-33-000-2015-00350-
01.
“Sea lo primero precisar, que el asunto de marras se contrae a determinar si al
señor Álvaro Andrés Rosero Moreno le asiste el reconocimiento a una
asignación de retiro con fundamento en el Decreto 1212 de 1990, que requiere
acreditar un tiempo mínimo de 15 años de servicio, teniendo en cuenta que su
retiro se produjo por voluntad de la dirección general de la Policía Nacional.
[…]
Por su parte, aunque al momento del retiro del servicio activo del accionante
estaba vigente el artículo 2.° del Decreto 1858 de 2012, el cual regulaba la
vinculación del personal del nivel ejecutivo que ingresó al escalafón por
incorporación directa, lo cierto es que este fue también anulado por esta
Corporación, ante lo cual debe resaltarse que, a diferencia de las sentencias
que profiere la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control (artículo
241 de la Constitución Política), las cuales por disposición del artículo 45 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia producen efectos hacia el futuro
salvo que se resuelva lo contrario, la declaratoria de nulidad de actos
administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos desde la
fecha misma de expedición del acto.
En este punto, es menester precisar que esta Corporación, en casos análogos
al presente, ha sostenido que la norma aplicable al personal del nivel ejecutivo
directamente incorporado y beneficiario de la transición de la Ley 923 de 2004,
es el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. (…)
(…)
Visto lo anterior, conforme al régimen de transición para el reconocimiento de
la asignación de retiro del demandante resulta entonces aplicable el artículo 144
del Decreto 1212 de 1990, teniendo en cuenta la condición que ostentaba al
momento de su retiro, esto es, intendente, que señala para el caso concreto 15
años de servicios para su reconocimiento, cuando el retiro se produjera por
causa distinta a la voluntad propia, requisito que cumple toda vez que según la
hoja de servicios, el extracto de hoja de vida y el acto acusado, al momento de
su retiro del servicio contaba con un tiempo de servicio de 17 años, 7 meses y
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Demandante: Huberney Villanueva Camacho
18 días, y fue retirado por voluntad de la Dirección General de la Policía
Nacional.
-. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, magistrado ponente: Gabriel Valbuena Hernández, actor: Enaldo
Miguel Anaya Martínez, demandando: CASUR, radicado: 05001-23-33-000-2016-
01950-01.
“De acuerdo con la información de la hoja de servicios relacionada, se tiene por
acreditado que al momento del retiro por voluntad de la Dirección General de la
Policía Nacional, se encontraba vigente el parágrafo 2.º del artículo 25 del
Decreto 4433 de 2004. Sin embargo, como se advirtió en líneas precedentes,
este fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 12 de abril
de 2012.
[…]
Al respecto, la Sala aclara que si bien tal criterio fue expuesto respecto de los
artículos 163 y 104 de los Decretos 1211 y 1213 de 1990, dicho análisis también
resulta atendible en el caso del personal regido por el artículo 144 del Decreto
1212 de ese año, habida cuenta de que este comparte el mismo vacío normativo
que aquellos (en cuanto no previeron la mentada causal de retiro), y que el
concepto de destitución consagrado en el artículo 61 del Decreto 1791 de 2000
resulta aplicable a todo el personal uniformado de la Policía Nacional, sin
excepción.
[…]
En tal orden, como no hay exposición de motivos para la inaplicación del Decreto
754 de 2019, la Sala se aparta del criterio de aplicar por analogía el régimen de la
asignación de retiro para oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, por la
especialidad de la norma vigente prevista en el referido decreto, que sí establece
el régimen de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo vinculado
directamente al 31 de diciembre de 2004, al que perteneció el aquí demandante
durante su carrera en dicha institución.
[…]
De conformidad con lo anterior, considera la Sala que no le asiste razón al accionante
en cuanto aduce que en la providencia censurada se desconoció el precedente judicial
fijado por esta corporación en las sentencias del 22 de octubre de 2020, emitida por la
Sección Segunda, Subsección A, —radicación 76001 23 33 000 2015 00263 01—; del
28 de abril de 2022 —radicado 19001 23 33 000 2015 00350 01— dictada por la
Subsección B de la Sección Segunda; y del 31 de marzo de 2022 —radicado 050001
23 33 000 2016 01950 01— proferida por la Subsección A de la Sección Segunda, en
las que se accedió a la asignación de retiro con fundamento en lo dispuesto en los
decretos 1212 y 1213 de 1990, pues como señaló la primera instancia, la autoridad
accionada reconoció la existencia de esos pronunciamientos que podrían haber sido
favorables a las pretensiones de la parte actora, pero se apartó de ellos porque estimó
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Demandante: Huberney Villanueva Camacho
que dada la disparidad de criterios en lo relacionado con la norma que mejor se ajusta
ante el vacío preceptivo que generó la derogación del mandato que reglamentaba el
reconocimiento de la prestación pensional reclamada, resolvió que debía aplicar por la
especialidad del canon vigente, el Decreto 754 de 2019 que «sí establece el régimen
de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo vinculado directamente al 31 de
diciembre de 2004, al que perteneció el aquí demandante durante su carrera en dicha
institución»; por consiguiente, se puede concluir que en el presente caso no se
configura el defecto invocado.
Además, dado que sobre la materia no existe un criterio unificado, el Tribunal en
ejercicio de su independencia y autonomía podía aplicar el antecedente jurisprudencial
que considerara adecuado para la decisión del asunto sometido a su arbitrio como en
efecto lo hizo.
En cuanto a la violación directa de la Constitución que arguye la accionante se
configura en la sentencia enjuiciada, la Sala no encuentra que el Tribunal desacatara
ninguna norma constitucional ni realizó una interpretación de la preceptiva contraria a
la norma superior, como tampoco dejó de aplicar una disposición legal
desobedeciendo un precedente judicial; por el contrario, cumplió con el deber que les
asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato
establecido en el artículo 4.º de la Constitución Política para desatar el recurso de
apelación formulado por la parte actora.
Así las cosas, la Sala estima que la providencia emitida por la autoridad accionada no
se avizora una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere los derechos
fundamentales del demandante, en tal virtud, se denegará el amparo deprecado por el
señor Huberney Villanueva Camacho.
3. Conclusión
La Sala concluye que en la providencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, que revocó el fallo del 11 de junio
de 2021, dictado por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué,
no se incurrió en los defectos alegados por la parte actora.
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Demandante: Huberney Villanueva Camacho
En tal sentido, la Sala procederá a confirmar la sentencia de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual denegó el amparo que
solicita el señor Huberney Villanueva Camacho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 1.º de noviembre de 2023, que dictó el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual negó el amparo
solicitado por el señor Huberney Villanueva Camacho, conforme a la parte
considerativa que antecede.
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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