Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03675-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03675-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03675-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de agosto de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03675 00
Accionante: Carlos Alberto Trujillo Rojas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03675 00
Accionante: CARLOS ALBERTO TRUJILLO ROJAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carlos Alberto Trujillo
Rojas, por intermedio de apoderado, contra el Tribunal Administrativo del
Meta, Sala de Decisión Oral Cuatro, y el Juzgado Primero Administrativo
de Villavicencio.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor Carlos Alberto Trujillo Rojas solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la “favorabilidad en material laboral”, que
estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 23 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
Número Cuatro, que confirmó la decisión de 10 de febrero de 2023,
dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, la cual
denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR)1.
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Proceso que se identificó con el radicado 50001-33-33-001-2020-00042-01.
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Accionante: Carlos Alberto Trujillo Rojas
1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, el señor Carlos
Alberto Trujillo Rojas ingresó a la Policía Nacional en el año 2002 como
alumno de Nivel Ejecutivo y fue nombrado como patrullero mediante
Resolución 0593 del 1º de abril de 2002. Luego, mediante Resolución
03293 del 6 de agosto de 2019, cuando tenía 17 años, 1 mes y 23 días
de servicio, fue retirado de la institución, por destitución ordenada
mediante fallo disciplinario de primera instancia del 21 de marzo de 2019,
aclarado mediante auto del 5 de julio de 2019, y fallo de segunda instancia
del 28 de junio de 2019.
1.3. El señor Trujillo Rojas presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra CASUR, con el objeto de obtener el
reconocimiento de la asignación de retiro, al amparo del Decreto 1212 de
19902, que exige 15 años de servicios cuando el retiro se produce por
causa distinta a la voluntad propia.
El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, mediante sentencia
del 10 de marzo de 2023, denegó las pretensiones de la demanda, al
considerar que al demandante no se le aplicaba el Decreto 1212 de 1990,
sino el Decreto 754 del 30 de abril de 2019, que para el reconocimiento
de la asignación de retiro exige 20 años de servicio al personal del Nivel
Ejecutivo que haya ingresado al escalafón por incorporación directa hasta
el 31 de diciembre de 2004 y sea retirado por destitución.
El señor Trujillo Rojas apeló la anterior decisión y, a través de sentencia
de 23 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de
Decisión Número Cuatro, la confirmó, al considerar que, aunque en el
momento en el que se ordenó su retiro no se encontraba vigente el
Decreto 754 de 2019, este le resultaba aplicable con efectos
retrospectivos.
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Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
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1.4. El accionante manifestó en la tutela que la decisión atacada incurrió
en los siguientes defectos:
1.4.1. Defecto sustantivo, porque a él le resultaba aplicable el Decreto
1212 de 1990, debido a que ingresó a la institución el 1° de abril de 2002,
por lo que tenía que acreditar 15 de años de servicio para acceder a la
asignación de retiro, tiempo que ya había cumplido el 30 de abril de 2019,
cuando se expidió el Decreto 754 de 2019. En tal sentido, adujo que
quedó cobijado por el régimen de transición establecido en la Ley 923 de
2004, y por lo tanto no se le podía aplicar el Decreto 754 de 2019.
De acuerdo con lo anterior, arguyó se le debía reconocer la asignación de
retiro por retiro del servicio por mala conducta, en los términos del
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, máxime cuando dicha causal es
la misma de retiro por destitución, establecida en la Ley 923 de 2004.
Advirtió que una de las magistradas de la Sala accionada salvó el voto por
considerar que se debía inaplicar por ilegal el Decreto 754 de 2019 y en
consecuencia acceder a las pretensiones de la demanda, pues este
contraviene el inciso segundo del numeral 3.13 del artículo 3 de la Ley
923 de 2004, que fijó un régimen de transición y determinó que a quienes
estuviesen en servicio activo a su entrada en vigencia no se les podía
exigir para el reconocimiento del derecho un tiempo superior al regido por
las disposiciones vigentes al momento de su expedición.
1.4.2. Desconocimiento del precedente, porque no tuvo en cuenta la
sentencia de tutela del 5 de marzo de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B4, que amparó los derechos
fundamentales de una persona que fue incorporada a la institución antes
de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, por lo que estimó que,
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“A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley,
no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido
por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por
solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal”.
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Radicado 11001-03-15-000-2024-00499-00.
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de acuerdo con el régimen de transición establecido en el artículo 3.1 del
artículo 3, debía reconocérsele la asignación de retiro en los términos del
Decreto 1212 de 1990.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por
intermedio de la jefe de la oficina asesora jurídica, realizó un recuento de
las actuaciones procesales surtidas dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho y solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela.
Alegó que la entidad no incurrió en vulneración a los derechos
fundamentales del actor, y que lo que él pretende es que por vía de tutela
se le reconozca un derecho con fundamento en normas que no son
aplicables a su caso.
Por último, solicitó que la entidad sea desvinculada del asunto, pues los
argumentos de la demanda se dirigen contra del Tribunal Administrativo
del Meta.
2.2. El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio y el
Tribunal Administrativo del Meta, únicamente remitieron copia digital
del expediente del proceso ordinario.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
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3.2. HECHOS
3.2.1. El señor Carlos Alberto Trujillo Rojas interpuso demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra CASUR con el objeto de obtener el
reconocimiento de la asignación de retiro en los términos del artículo 144
del Decreto 1212 de 1990.
3.2.2. Mediante sentencia de 10 de marzo de 2023, el Juzgado Primero
Administrativo de Villavicencio denegó las pretensiones de la demanda, al
considerar que al demandante no le resultaba aplicable el Decreto 1212
de 1990, sino el Decreto 754 de 2019.
3.2.3. El demandante apeló la anterior decisión y, por sentencia de 23 de
mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
Número Cuatro, la confirmó, básicamente por las mismas razones que
expuso el a quo.
3.2.4. El señor Carlos Alberto Trujillo Rojas interpuso acción de tutela al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las anteriores
decisiones.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
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La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20226, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
En este caso, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la “favorabilidad en material laboral”, que
estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 23 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
Número Cuatro, que confirmó el fallo del 10 de febrero de 2023, dictado
por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, el cual denegó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida contra CASUR7.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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Proceso que se identificó con el radicado 50001-33-33-001-2020-00042-01.
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para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.
3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
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sentencia SU–573 de 20198, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 9.
3.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho10:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
9
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
10
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
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la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.2. Caso concreto
3.3.2.1. La Sala recuerda que los argumentos de la presente acción de
tutela giran en torno a las inconformidades del actor con las decisiones
adoptadas por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio y el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral Cuatro, que le
denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, pues considera que incurrieron en un defecto sustantivo
porque le denegaron la asignación de retiro en aplicación del Decreto 754
de 2019, que exige 20 años de servicio al personal del Nivel Ejecutivo que
haya ingresado al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004 y sea retirado por destitución, pese a que estaba
cobijado por el Decreto 1212 de 1990, comoquiera que ingresó a la
institución en el año 2002, por lo que tenía derecho a la prestación al
haber acreditado 15 años de servicio.
Más concretamente, el actor considera que el Decreto 754 de 2019 no le
era aplicable porque está cobijado por el régimen de transición
establecido el inciso segundo del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923
de 2004, según el cual, a quienes estuviesen en servicio activo a su
entrada en vigencia no se les podía exigir para el reconocimiento de la
asignación de retiro un tiempo superior al que establecían las
disposiciones vigentes en ese momento.
Adicionalmente, alega que el Tribunal incurrió en desconocimiento del
precedente fijado por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
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Estado en la sentencia de tutela del 5 de marzo de 202411, que amparó
los derechos fundamentales de una persona que ingresó a la Policía
Nacional antes del año 2004 y acreditó más de 15 años de servicio activo,
y ordenó expedir una providencia de reemplazo que decidiera
nuevamente sobre la aplicación del Decreto 1212 de 1990, en virtud de
la transición establecida en la Ley 923 de 2004, en lo atinente al
reconocimiento y liquidación de su asignación de retiro.
3.3.2.2. La Sala advierte que los argumentos expuestos por el
demandante constituyen simplemente la reiteración del debate que ya se
agotó en el proceso ordinario sobre la normativa que le resultaba aplicable
y sobre el tiempo de servicio que debía exigírsele para acceder a la
asignación de retiro, lo que deja en claro que sólo busca ventilar sus
inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural
del asunto sobre el caso planteado.
Dicho de otro modo, el actor simplemente pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, por lo que es evidente que sólo
quiere acceder a una instancia adicional.
3.3.2.3. Sin perjuicio de lo anterior, frente al alegado desconocimiento
del precedente, conviene señalar que esta Sección, en sentencia del 19
de noviembre de 202112, sostuvo que en las acciones de tutela contra
providencia judicial en las que se alega el desconocimiento del precedente
se exige, como carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la
providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales
contenidas en la ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben
ser aplicables al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en
ambos casos deben ser análogos o similares.
11
Proceso identificado con No. De radicado 11001-03-15-000-2024-00499-00.
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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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De acuerdo con lo anterior, para que se pueda predicar la existencia de
un precedente judicial, es necesario que exista identidad fáctica y jurídica
entre el asunto decidido en la providencia que se cita y el caso objeto de
análisis.
En el sub lite, el señor Trujillo Rojas alega que en un medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho se desconoció una providencia
dictada en una acción de tutela. Tales asuntos, dada su naturaleza,
tuvieron propósitos diferentes y abordaron estudios distintos, si se tiene
en cuenta que la acción constitucional está instituida para amparar
derechos fundamentales, mientras que en el proceso ordinario se discute
sobre la normativa aplicable para el reconocimiento de un derecho de
carácter laboral. Y, pese a lo anterior, el actor no indica por qué el
problema jurídico que se estudió en el caso invocado resulta ser análogo
al que se analizó en el caso que dio origen a la presente acción
constitucional.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa que
se exige en los casos en los que se alega que una providencia judicial ha
incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la Sala, lo
anterior deja en claro que la parte actora simplemente se encuentra
inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y que, en
consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un nuevo y
distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso de
reparación directa.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
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controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
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Accionante: Carlos Alberto Trujillo Rojas
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su
parecer, le debió dar a las normas aplicables al caso y al precedente que,
a su juicio, le resultaba más favorable.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales.
3.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Carlos Alberto Trujillo Rojas, contra el Tribunal Administrativo
del Meta, Sala de Decisión Oral Cuatro, y el Juzgado Primero
Administrativo de Villavicencio.
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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