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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08057-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08057-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Nación - Ministerio de Educación Nacional, atendiendo las razones que preceden. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de junio de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró la improcedencia de la tutela. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08057-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08057-01
Demandante: JOSÉ LUIS RUDOLF VILLANUEVA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tema: Confirma decisión que declara improcedencia por no cumplir
requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra
el fallo de primera instancia proferida el 16 de junio de 2026, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor José Luis Rudolf Villanueva, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Magdalena2, en la que solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad
social.

Tales garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia
del 21 de mayo de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada, que modificó la
dictada el 17 de enero de 2025 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 47-001-3333-001-2023-00341-00/01.

1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 16 de diciembre de 2025.
2 Sala integrada por los magistrados Maribel Mendoza Jiménez y Martha Lucía Mogollón Sacker.

1
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Demandante: José Luis Rudolf Villanueva
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08057-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
SEGUNDO: Dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el día (21) de
mayo de dos mil veinticinco (2025) en el proceso bajo radicado 47-001-3333-001-2023-
00341-01 por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que emita una nueva
sentencia de segunda instancia dentro del proceso bajo radicado 47-001-3333-001-
2023-00341-01 respetando mis derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y la igualdad y respetando el precedente judicial.3

1.3. Hechos

Al señor José Luis Rudolf Villanueva le fue reconocida pensión de jubilación como
docente a través de resolución No. 508 del 20 de abril de 2020 por el valor mensual
de $2.691.739,00. Sin embargo, al considerar que dicha prestación no tuvo en cuenta
la totalidad de factores salariales percibidos durante el año 2018, tales como
asignación adicional doble jornada 20%, asignación adicional rector 30%, auxilio de
movilización, bonificación docente, bonificación pedagógica, prima de navidad y prima
de servicios, solicitó al ente territorial la correspondiente reliquidación.

En razón a la respuesta emitida mediante resolución 31 del 18 de enero de 2023, en
la cual se revisó, reconoció y ordenó el pago de un ajuste en la pensión de jubilación
del actor sin la inclusión de todos los componentes salariales solicitados, este formuló
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del
Magdalena - Secretaría de Educación del Magdalena y Fiduprevisora S.A., para que
se realizara el control de legalidad correspondiente y se dispusiera la liquidación
solicitada.

La demanda le correspondió al Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta, bajo radicado 47-001-3333-001-2023-00341-00, que en sentencia del 17
de enero de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó a la Gobernación
del Magdalena y al Ministerio de Educación Nacional — Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reajustar y pagar la pensión de jubilación en
cuestión, «incluyendo en esta base la asignación adicional doble jornada del 20%,
asignación adicional rector 30%, y bonificación pedagógica; además de los factores
salariales ya tenidos en cuenta en aquella».

Como sustento, la autoridad judicial señaló que al actor le era aplicable para efectos
del reconocimiento de su pensión la Ley 91 de 1989 y las normas a las que remite,

3 Transcripción literal del texto original, con posibles errores.

2
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entre ellas, la Ley 33 de 1985, que en su artículo 3 estableció los emolumentos
salariales computables para la liquidación pensional de los docentes, debiendo ser
estos los mismos que sirvieron de base para los aportes y que fueron legalmente
reconocidos.

En ese entendido, señaló que la Ley 62 de 1985 define los factores salariales que
debían integrarse en la liquidación pensional del docente José Luis Rudolf Villanueva,
señalando que solo deben considerarse aquellos sobre los cuales se hubiesen
efectuado aportes durante el último año de servicio, previo a la obtención del status
pensional, esto es, 28 de diciembre de 2018.

Por lo tanto, tuvo por acreditado del certificado aportado que entre el 29 de diciembre
de 2017 y el 28 de diciembre de 2018, el actor devengó, entre otros conceptos,
asignación básica, auxilio de movilización, asignaciones adicionales por rectoría
(30%) y doble jornada (20%), primas de navidad y de servicios, y bonificación
pedagógica.

En razón a ello, concluyó que tanto la asignación adicional por rectoría como la de
doble jornada, previstas en los Decretos 982 de 2017 y 317 de 2018, constituían factor
salarial, al haber sido establecidas como base de cotización al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al igual que la bonificación pedagógica,
reconocida en el Decreto 2354 de 2018. Sin embargo, consideró que el auxilio de
movilización, la prima de navidad y la prima de servicios no cumplían con los requisitos
legales para integrar el ingreso base de liquidación, conforme al artículo 1 de la Ley
62 de 1985.

Inconforme con la decisión, el departamento del Magdalena formuló recurso de
apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia
del 21 de mayo de 2025 que modificó el numeral tercero del fallo de primera instancia
y ordenó incluir únicamente la bonificación mensual docente, además de los
conceptos que ya habían sido reconocidos en Resolución No. 508 de 2020, es decir,
la asignación básica, y confirmó en lo demás la providencia apelada.

Para el efecto constató que al demandante le era aplicable el régimen general para
los servidores públicos previsto en la Ley 33 de 1985, por lo que «la base de
liquidación de su pensión no se podían tomar en cuenta los factores devengados en
el último año de servicios, esto es la prima de servicios, asignación adicional doble
jornada 20%, asignación adicional rector 30% y la bonificación pedagógica, pues
dichos conceptos no constituyen base de liquidación de los aportes y, por tanto, no se
pueden incluir en la base de liquidación de la pensión, de acuerdo con el artículo 1º
de la Ley 62 de 1985».

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Por el contrario, evidenció que el docente en el año inmediatamente anterior al adquirir
su estatus de jubilación devengó la bonificación mensual docente, la cual debía ser
incluida como base para la liquidación de la pensión.

Igualmente, tuvo en cuenta que en sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado el 31 de octubre de 2019, se estableció que a pesar de que la
bonificación de que trata el artículo 1° del Decreto 1566 de 2014, no se halla
enumerada dentro del catálogo de factores a que alude el artículo 1° de la Ley 62 de
1985, porque se creó con posterioridad, también es claro que la misma constituye
factor salarial para todos los efectos legales.

Asimismo, advirtió que si bien las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018
y del 25 de abril de 2019 señalaron que la liquidación de pensión de jubilación docente
ha de realizarse incluyendo los componentes que se encuentran taxativamente en las
normas, refiriéndose al régimen pensional previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, ello
no debe excluir los que se encuentren establecidos en otra regulación, «puesto que
dicha jurisprudencia hace relación a que debe liquidarse la pensión teniendo en cuenta
los factores sobre los cuales se aportó o cotizó a la seguridad social».

El anterior proveído fue notificado a las partes por correo electrónico el 19 de junio de
2025.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora señaló que la providencia cuestionada adolece de los siguientes
defectos:

I. Sustantivo: por interpretar incorrectamente la aplicación de la Ley 62 de 1985
al excluir los emolumentos que no se encontraban taxativamente allí enlistados,
pues «existen más regulaciones que también dan lugar a factores que por su
carácter salarial deben ser incluidos en la liquidación pensional».

II. Decisión indebidamente motivada y/o incongruencia: atribuyó a la
sentencia acusada de contener una motivación anfibológica o ambigua toda
vez que «argumenta y se sustenta en precedentes que luego con su propia
decisión aplica mal». A su juicio, la asignación adicional doble jornada 20% y
la asignación adicional rector 30% tienen exactamente las mismas
características de la bonificación mensual reconocida e incluida por el tribunal
y se encuentran reguladas por los mismos decretos.

Estimó que «en la sentencia acusada lo que vemos no es ni siquiera la falta de
aplicación del precedente jurisprudencial o la no aplicación de una sentencia
de unificación, sino que, se evidencia una incongruencia argumentativa total
del texto».

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III. Desconocimiento del precedente: Señaló como desatendidas las sentencias
del Consejo de Estado SUJ-014-CE-S2-2019, así como las decisiones
proferidas el 6 de febrero de 2020 dentro del proceso con radicación número
66001-23-33-000-2014-00310-01(0092-17), el 3 de diciembre de 2020 dentro
del radicado número 81001-23-33-000-2014-00029 01(4511-15) y 11 de
noviembre de 2021, emitida dentro del proceso con radicación número 25000-
23-42-000-2016-03202-01(6257-18), que fijaron las reglas para liquidar e incluir
factores salariales en la liquidación pensional docente y expresan que el
sobresueldo del 20% o el 30% para directivos docentes debe tenerse en cuenta
a la hora de liquidar prestaciones pensionales «puesto que, si bien no están
contempladas de manera taxativa, si se realizan aportes sobre las mismas y
además, su creación fue posterior a la Ley 62 de 1985, por eso existe la
segunda regla de aportes sobre los cuales se debieron hacer aportes».

IV. Fáctico: por omitir la valoración de los desprendibles de pago incorporados al
proceso que daban cuenta del 8% correspondiente a los aportes que debía
hacer el empleado al fondo de prestaciones sociales del magisterio en los que
se incluían el sueldo básico, la asignación adicional 30% rector y la asignación
adicional 20% doble jornada.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 19 de enero de 20264, el Magistrado Ponente del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación
a la parte accionante5 y como accionado al Tribunal Administrativo del Magdalena6.
Igualmente, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés, a la
Gobernación del Magdalena, a la Fiduprevisora S.A. y al Juzgado Trece Administrativo
del Circuito Judicial de Santa Marta7.

Posteriormente, en auto del 6 de mayo de 2026 se vinculó al Ministerio de Educación
Nacional–Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 8 al presente
asunto, en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso.

4 Ver índice 004 de Samai.
5 Ver Índice 008 de Samai. Notificación enviada a los correos electrónicos
juan.alvaradocaro@gmail.com y juridicosenior@gmail.com.
6Ver Índice 007 de Samai. Notificación enviada a los correos electrónicos
stadmmgd@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7 Ver Índice 007 de Samai. Notificación enviada a los correos electrónicos
j13admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co y
notificacionjudicial@magdalena.gov.co.
8 Ver índice 17 de Samai. Notificación enviada a los correos tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co,

notjudicial@fiduprevisora.com.co y notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Magdalena9

Manifestó no haber transgredido garantía constitucional alguna del actor y solicitó
negar las pretensiones planteadas en la tutela, pues del análisis del proceso ordinario
no observa que se hubiese desconocido los derechos fundamentales del demandante
o que se haya actuado sin observancia de las normas y procedimentales aplicables al
caso concreto.

Consideró que la sentencia obedeció al análisis que realizó del material probatorio a
partir del cual pudo establecer que debía modificarse la decisión de primera instancia
recurrida tras «a) verificar los antecedentes administrativos allegados al expediente,
afloraba que el actor había devengado la bonificación mensual docente, prestación
que no había sido incluida en la reliquidación pensional del demandante realizada por
el juzgado de origen y b) que a pesar de que en la decisión de primera instancia se
habían incluido como baremos para la reliquidación pensional la asignación adicional
de doble jornada del 20%, la asignación adicional de rector del 30% y la bonificación
pedagógica; ello no era procedente, al no estar enlistadas como factores salariales
dentro del artículo 1° de la Ley 62 de 1986».

1.6.2. Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta10

Aludió a los principios de independencia, autonomía judicial y seguridad jurídica
cuando se profieren decisiones judiciales para concluir que la presente tutela resulta
improcedente por no encontrarse acreditada ninguna acción u omisión que afecte los
derechos fundamentales del accionante. Finalmente, remitió el enlace de consulta del
expediente digital.

1.6.3. Nación– Ministerio de Educación Nacional11

Se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva que le asiste a la entidad por
tratarse la tutela de una controversia que recae exclusivamente sobre una decisión
judicial adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Sin embargo,
consideró que lo pretendido en este mecanismo es atacar una decisión legítimamente
adoptada dentro del ámbito procesal del juez natural en el marco de una discusión de
naturaleza estrictamente económica que involucra intereses privados, por lo que
consideró que la tutela carece del presupuesto de relevancia constitucional.

9 Ver índice 013 de Samai.
10 Ver índice 014 de Samai.
11 Ver índice 023 de Samai.

6
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1.6.4. La Gobernación del Magdalena y la Fiduprevisora S.A., guardaron silencio, pese
a encontrarse enteradas del asunto.

1.7. Sentencia de primera instancia12

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, profirió fallo el 16 de junio de
2026, en el que declaró la improcedencia de la tutela, al no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

Estimó que la decisión del tribunal aplicó expresamente la normativa vigente y la
jurisprudencia de unificación pertinente, en especial la regla fijada por la Sección
Segunda en la SUJ 014-CE-S2-2019, que precisamente estableció que en el régimen
de la Ley 33 de 1985 solo pueden incluirse los factores previstos en el artículo 1° de
la Ley 62 de 1985 y respecto de los cuales se hubiesen realizado aportes, por lo que
no evidenció la configuración del defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente alegado por el actor.

Igualmente, advirtió que la autoridad judicial accionada valoró las pruebas allegadas
al expediente, incluidos los desprendibles de pago del año 2018, y adoptó una
conclusión jurídica sobre su alcance conforme al marco normativo aplicable, con lo
que también descartó el defecto fáctico invocado.

Observó que la inconformidad del señor José Luis se dirigió contra la interpretación
efectuada por el juez natural en materia pensional docente, y no contra una posible
ausencia de valoración probatoria como tal.

1.8. Impugnación13

El accionante discutió que su inconformidad contra la sentencia del tribunal no radica
en un mero desacuerdo con la decisión que puso fin al proceso contencioso, sino en
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
jurídica, a la igualdad y a la seguridad social.

Señaló que su derecho fundamental a la igualdad estaría siendo vulnerado, en razón
a que la administración de justicia está reconociendo a otros docentes, lo que él le
está negando.

Reiteró que la autoridad judicial accionada dio una aplicación incorrecta a la Ley 62
de 1985 que contempla la lista de rubros que deben ser incluidos en la liquidación
pensional, dado que no se trata de una relación excluyente o taxativa para dicho fin,

12 Ver índice 028 de Samai.
13 Ver índice 032 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 29 de julio de 2026. Sentencia de

primera instancia notificada el 27 del mismo mes y año.

7
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pues en realidad existen más regulaciones que también aluden a conceptos que por
su carácter salarial deben ser incluidos en tal operación. En igual sentido, trajo
nuevamente a colación la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-014
CE-S2-2019 y las mencionadas en el libelo inicial para sustentar el desconocimiento
de precedente alegado.

Discutió que existe relevancia constitucional por desconocerse el criterio único que
tiene el Consejo de Estado en cuanto al tema señalado, el cual tiene la finalidad de
dar seguridad jurídica a quienes buscan que la justicia y la igualdad sean los
derroteros del actuar del aparato judicial.

Y, finalmente, insistió en la configuración del defecto fáctico, pues estimó que el
tribunal únicamente se centró en mencionar las pruebas, pero no consideró los
descuentos pertinentes que se había realizado sobre los factores devengados, lo que
estaba acreditado con los desprendibles de pago.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte actora, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 201914.

2.2. Cuestión previa

En su informe, el Ministerio de Educación Nacional aludió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva de la entidad dentro del presente trámite constitucional. Si bien
dicha manifestación se elevó dentro del presente trámite, el a quo al momento de
proferir la sentencia omitió pronunciarse al respecto, por lo que será resuelta en esta
oportunidad.

Sobre el particular, la Sala encuentra necesario precisar que no se dispondrá su
desvinculación, toda vez que el llamado se hizo como tercero, en virtud del eventual
interés que le pueda representar este asunto, ante la decisión que se adopte.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado, las intervenciones presentadas, y el fallo
de primera instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la

14 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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sentencia proferida el 16 de junio de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, declaró la improcedencia de la acción por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional. Para lo que, se deberán abordar los
siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de superarse, se examinará si en el presente asunto se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales;
y, de ser así, se determinará si:

• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales del señor José
Luis Rudolf Villanueva con ocasión de la sentencia del 21 de mayo de 2025,
proferida por la autoridad judicial accionada, que modificó la providencia del 17
de enero de 2025 dictada por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 47-001-3333-001-2023-00341-00/01?

Para resolver los cuestionamientos planteados, se analizará: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad y, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 15
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró su procedencia.17

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Demandante: José Luis Rudolf Villanueva
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08057-01

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202218 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad

18 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal19 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico20; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional21.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal22”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales23”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto24, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal25.
(Resaltado de la Sala)

19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-128 de 2021.
24 Sentencia SU-573 de 2019.
25 Ibid.

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2.6. Caso concreto

A partir de los hechos expuestos en la solicitud de amparo, las manifestaciones de las
partes, los documentos aportados al plenario y las anteriores consideraciones, la Sala
confirmará la sentencia del 16 de junio de 2026 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, conforme pasa a exponerse.

El señor José Luis Rudolf Villanueva cuestionó la sentencia del 21 de mayo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la que se modificó el
numeral tercero del fallo emitido en primera instancia y ordenó incluir únicamente la
bonificación mensual docente, además de la asignación básica que ya se había
incluido en la resolución que reconoció la pensión de jubilación al demandante, y
confirmó en lo demás la providencia apelada

Lo anterior, ya que, a juicio del tutelante, en la providencia acusada se incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente
judicial, que se concretan, de una parte, en la falta de valoración de los desprendibles
de pago con los que se acreditaban las cotizaciones realizadas frente a los
emolumentos reclamados y, de otra, la indebida interpretación y aplicación de la Ley
62 de 1985 como si se tratara de una lista taxativa de factores salariales, así como la
presunta motivación contradictoria y apartada del precedente fijado en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019, entre otras decisiones del Consejo de Estado en
procesos ordinarios que, a criterio del señor José Luis, respaldan su postura en torno
a que el sobresueldo del 20% o el 30% para directivos docentes debe tenerse en
cuenta a la hora de liquidar prestaciones pensionales.

En primera instancia, el a quo constitucional declaró la improcedencia de la acción por
no superar el requisito de relevancia constitucional porque estimó que el tribunal aplicó
expresamente la normativa vigente y la jurisprudencia de unificación pertinente, entre
tanto lo que reflejaba el cuestionamiento del actor era una inconformidad con la
interpretación efectuada por el juez natural en materia pensional docente.

No obstante, en su escrito de impugnación el accionante reiteró los aspectos que
centraron el debate en cuestión, en torno a los defectos planteados en el libelo inicial
sobre la falta de inclusión de la totalidad de factores salariales, como la asignación
adicional de doble jornada del 20%, la asignación adicional de rector del 30% y la
bonificación pedagógica.

En ese orden, la Sala comparte el criterio del a quo constitucional referente a que los
argumentos planteados por el actor, pese a que hacen alusión a un lenguaje
constitucional, realmente denotan una inconformidad con la decisión proferida por el
juez contencioso de no incluir la totalidad de conceptos reclamados como base de
liquidación pensional del demandante, por lo que este mecanismo se torna
improcedente al no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

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Se observa que los defectos aludidos como fáctico, sustantivo y decisión sin
motivación en realidad se dirigen a cuestionar la valoración que hizo el fallador de
segunda instancia, porque, en su sentir, i) no tuvo en cuenta la prueba que
demostraba los factores que fueron devengados por el señor José Luis Rudolf
Villanueva, entre los que se encuentran los anteriormente citados, ii) e interpretó
erradamente las normas que contemplaban otros factores a parte de los taxativos
previstos en la Ley 62 de 1985, que a su juicio debieron ser incluidos en la liquidación
de su pensión de jubilación.

No obstante, se observa que, frente a las pruebas presuntamente inobservadas y la
indebida interpretación de la Ley 62 de 1985, el juez del asunto señaló lo siguiente:

Como se muestra en el cuadro anterior, de la lista de factores sobre los que se deben
calcular los aportes para los docentes en los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985, en el
caso particular del demandante, solo podía incluirse en la base de la liquidación de la
pensión de jubilación, la asignación básica.

No obstante, lo anterior, revisadas las pruebas se observa que el docente en el año
inmediatamente anterior al adquirir su estatus de jubilación devengó la bonificación
mensual docente, la cual debe ser incluida también como base para la liquidación de la
pensión. […]

Dado que el Consejo de Estado, en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018
y del 25 de abril de 2019, refiriéndose al régimen pensional previsto en las Leyes 33 y 62
de 1985, determinó que la liquidación de pensión de jubilación docente ha de realizarse
incluyendo los factores que se encuentran taxativamente en las normas enunciadas, ello
no debe limitar los factores contenidos en otra norma distinta a la Ley 33 y la Ley 62 de
1985, puesto que dicha jurisprudencia hace relación a que debe liquidarse la pensión
teniendo en cuenta los factores sobre los cuales se aportó o cotizó a la seguridad social.

El anterior criterio no riñe con lo determinado en el precedente jurisprudencial, pues si bien
es cierto que la anunciada corporación insinuó la palabra enlistar, ello no significa limitar
los factores con los cuales se debe liquidar una prestación periódica, máxime cuando el
Acto Legislativo No. 1 de 2005, ordena que en las pensiones sólo se tendrán en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones, de manera que
si un factor salarial está previsto en otra norma que no sea la Ley 62 de 1985, pero tenga
la connotación que señala el acto legislativo, esto es, sobre esos factores se aporte o cotice
a la seguridad social, la respuesta necesaria es que dicho concepto debe tenerse en cuenta
para liquidar la pensión aun cuando no se encuentre previsto en la norma general que
señaló el Consejo de Estado debe aplicarse.

Ahora, si bien en el escrito de tutela se alegó un desconocimiento del precedente y se
hizo mención a la sentencia de unificación de esta Corporación [SUJ-014-CE-S2-2019
del 25 de abril de 2019] y se citaron dos pronunciamientos de este órgano colegiado
dictados en medios de control que a su juicio fijaron un criterio aplicable a su caso, lo
cierto es que no se expuso la incidencia concreta que tales providencias tendrían en
la decisión adoptada por el fallador de segundo grado ni refirió si los asuntos
analizados en las providencias aludidas fueron similares o idénticos al suyo.

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En consecuencia, tampoco se satisface la carga argumentativa mínima que habilitaría
a la Sala a efectuar un análisis de fondo, pues pese a que la parte actora cumplió con
el deber de identificar las respectivas providencias, omitió determinar la ratio que
resulta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y la incidencia de estas en el fallo que adopte el operador
judicial de instancia.

Sobre el desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta Sección 26 ha
considerado que quien invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de
identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución
del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y,
(iii) la incidencia de esta en la resolución final que adopte el fallador de instancia, lo
que no se cumplió por la parte actora, quien únicamente transcribió apartes de las
sentencias en cuestión.

La Corte Constitucional ha decantado que la acción de tutela no es una vía alterna, ni
un mecanismo para rectificar providencias judiciales en firme, ni para desautorizar
interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la autonomía y de la
independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar o impugnar las
providencias judiciales que tienen fuerza ejecutoria.27

Es evidente que la controversia esbozada por el extremo actor no satisface el requisito
de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a aspectos
legales y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre el
del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto al sentido del fallo y no
una verdadera transgresión a derechos fundamentales.

En suma, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los funcionarios
judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por
la que, en principio, no es procedente reprocharlas vía acción de tutela; máxime
cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate legal planteado por la
parte actora, se reitera, busca mutar el amparo constitucional en una instancia
adicional y reabrir la discusión jurídica ya resuelta por el juez contencioso, conforme
las etapas que para tal efecto estableció el legislador.

En consecuencia, se confirmará la decisión adoptada el 16 de junio de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró la improcedencia de
la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional.

26 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la Sección

Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-06707-00. C.P.
Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-
2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
27 Sentencia SU134 del 21 de abril de 2022. Magistrado Ponente José Fernando Reyes Cuartas.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Nación - Ministerio
de Educación Nacional, atendiendo las razones que preceden.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de junio de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró la improcedencia de
la tutela.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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