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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03197-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03197-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación – P.A.R. I.S.S, atendiendo las razones que preceden. 27 Sentencia SU134 del 21 de abril de 2022. Magistrado Ponente José Fernando Reyes Cuartas. 28 Índice 40 de Samai en el proceso 05001333300620150019201. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Mauricio Velásquez Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicación: 11001-03-15-000-2026-03197-01 SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 17 de julio de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que accedió al amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción por falta de relevancia constitucional. TERCERO: Dejar sin efectos la sentencia del 27 de agosto de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad en acatamiento al fallo anteriormente revocado. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes. QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03197-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03197-01
Demandante: MAURICIO VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD.

Tema: Tutela contra providencia judicial – Revoca amparo y declara
improcedencia por no cumplir requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la autoridad judicial
accionada contra la sentencia proferida el 17 de julio de 2026, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B accedió al amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Mauricio Velásquez Fernández promovió acción de tutela1 contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad2, en la que solicitó la protección
de sus garantías constitucionales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la «prevalencia del derecho sustancial».

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 20 de marzo de 2026, que revocó la
decisión proferida el 19 de enero de 2017 por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín y, en su lugar, negó las pretensiones formuladas dentro
del medio de control de controversias contractuales identificado con radicado 05001-
33-33-006-2015-00192-00/01.

1 Índice 002 de Samai. Escrito presentado el 24 de abril de 2026.
2 Sala Integrada por los magistrados
Carlos Cristopher Viveros Echeverri, Martha Nury Velasquez
Bedoya y Gonzalo Javier Zambrano Velandia.
1
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Demandante: Mauricio Velásquez Fernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03197-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:

[…]
SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil
veintiséis (2026) por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, dentro del proceso de controversias contractuales radicado No. 05001-33-33-
006-2015-00192-01.

TERCERO. Ordenar a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva decisión,
en la cual valore el documento en debida forma y conforme a los parámetros
constitucionales y legales aplicables3.

1.3. Hechos

Mauricio Velásquez Fernández, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, formuló demanda contra la Nación - Ministerio del Trabajo,
Colpensiones y la Fiduciaria La Previsora S.A. con el fin de obtener la declaratoria de
existencia del contrato de prestación de servicios suscrito con el Instituto de Seguros
Sociales - ISS, identificado con el No. 4471 del 29 de marzo de 1996 y su consecuente
liquidación judicial. Contrato que tuvo por objeto la representación de la entidad en
otra acción contractual identificada con radicado 1995-0473-00, adelantada en
primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, e instaurada por la
sociedad Cifras Constructores en Liquidación.

El aludido medio de control formulado por el actor correspondió por reparto al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que mediante sentencia del 19
de enero de 2017, accedió a las pretensiones al tener por acreditada la existencia del
negocio jurídico en mención, en el que se pactaron honorarios para ser pagados de la
siguiente forma: (i) una suma fija de $24.000.000 por la primera instancia; (ii) el 0,5%
del valor de las pretensiones que se dejen de pagar una vez hubiera sentencia
definitiva; y (iii) si se atendía segunda instancia ante el Consejo de Estado, además
de los $24.000.000, un 1% sobre las pretensiones que se dejen de pagar, con visto
bueno de la Dirección Jurídica del ISS.

El operador judicial tuvo en cuenta para su decisión que el contrato no fue tachado ni
desconocido por la parte demandada, aunado a que el contratista cumplió con la
prestación de sus servicios profesionales al punto que ejerció la representación de la
entidad hasta la sentencia de primera instancia del proceso ordinario4, en donde se
negaron las pretensiones.

3 Transcripción del texto original con posibles errores.
4 La sentencia en cuestión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia

fue recurrida por el demandante y confirmada por el Consejo de Estado en providencia del 22 de mayo
de 2013.

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Demandante: Mauricio Velásquez Fernández
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Igualmente, resaltó que, una vez conocido el fallo de primera instancia, las partes
suscribieron acta de liquidación parcial del contrato, en donde se acordó el pago de
$12.000.000, correspondiente al 50% del valor acordado. Documento que permitía
concluir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el demandante y la falta
de liquidación definitiva del mismo.

Por lo tanto, concluyó que correspondía al ISS pagar por concepto de honorarios al
abogado Mauricio Velásquez Fernández, «el equivalente al 0.5% del valor de las
pretensiones que se dejen de pagar», según lo pactado en el literal c) de la cláusula
cuarta del referido acuerdo, que aludía a la cuota de éxito que tuviera la defensa
ejercida. Precisó que teniendo en cuenta la supresión y entrada en liquidación del
Instituto de Seguros Sociales, la obligación insoluta estaría a cargo del Patrimonio
Autónomo - PAR creado para el efecto, al tenor de lo previsto en la Ley 1105 de 2006.

Inconformes con la decisión, ambos extremos procesales formularon recurso de
apelación. El demandante cuestionó que el juez de primera instancia actualizó las
sumas de dinero adeudadas con base en el interés legal civil, cuando debió hacerlo
con el IPC desde el origen de la obligación. A su turno, la demandada discutió sobre
la extinción jurídica y liquidación final del ISS; la afectación al presupuesto que no
estaba previsto para la cuota de éxito o litis; la falta de vigencia de la póliza de
cumplimiento por el término de duración del contrato; el incumplimiento del contratista
al no aportar el visto bueno de la Dirección Jurídica, así como la improcedencia de la
indexación e intereses.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad en sentencia del 20
de marzo de 2026 decidió revocar lo resuelto por el a quo para, en su lugar, negar las
pretensiones.

Como sustento, señaló que i) el P.A.R. I.S.S. es quien tiene competencia para
intervenir y ser condenado como sucesor procesal del ISS liquidado; ii) que la falta de
registro presupuestal que ampara la cuota litis o de éxito no es carga del demandante;
iii) que no hubo incumplimiento de las obligaciones del contratista; pero que en el acta
de liquidación bilateral parcial suscrita entre la administración y el contratista se dejó
establecido el ajuste de cuentas entre las partes y se cerró «la posibilidad de éxito de
demandas posteriores ante las autoridades judiciales o arbitrales por aspectos y
puntos cuyas diferencias no hubieran sido expresamente consignadas en el acta».

Esto último por cuanto en el acta de liquidación bilateral parcial aportada al plenario,
quedó estipulado que «PRIMERO: EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES debe
al contratista MAURICIO VELASQUEZ FERNANDEZ, por concepto de las
actuaciones judiciales desarrolladas en ejecución del contrato No. 4471 DE MARZO
29 DE 1996, LA SUMA DE DOCE MILLONES ($12.000.000) DE PESOS M.L.
SEGUNDO.- La suma anterior se pagará por el ISS con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 570 de junio 25 de 2003. TERCERO: Las partes
manifiestan su aceptación total a la presente Acta de Liquidación Parcial y en

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consecuencia, una vez pagada por el ISS la suma descrita en el punto anterior,
renuncian en forma expresa a realizar posteriormente reclamaciones con motivo del
desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4471 de 1996,
respecto del valor y proceso antes mencionado. En señal de aceptación se firma la
presente Acta de Liquidación Parcial por las partes contratantes […]»

Por lo tanto, consideró el ad quem que, «una vez suscrita la liquidación bilateral del
contrato solo se podrían interponer las acciones judiciales correspondientes para
obtener el reconocimiento o pago de obligaciones pendientes en relación con las
cuales se hubieren dejado salvedades o constancias en el acta, en el sentido de que
las partes no lograron un acuerdo, exigencia que rige tanto para el Estado como para
el contratista».

Aludió que, según lo pactado en dicho documento, las partes renunciaron al cobro de
posteriores reclamaciones respecto del valor y el proceso objeto del contrato de
prestación de servicios, entendiendo allí incluida la cuota de éxito que se generara
con la sentencia de segunda instancia del proceso contratado, toda vez que sobre
este aspecto las partes no dejaron salvedad u objeción alguna.

Concluyó que el demandante renunció al cobro de cualquier otro valor que se causare
a futuro respecto del proceso objeto de acuerdo.

El proveído cuestionado fue notificado a las partes el 24 de marzo de 20265.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos en la providencia enjuiciada:

I. Defecto fáctico: al realizar una valoración probatoria abiertamente
irrazonable del documento denominado acta de liquidación parcial del
contrato, dándole un alcance jurídico que no se desprendía de su contenido.

Señaló que la autoridad accionada omitió «considerar aspectos determinantes
para la correcta comprensión del documento, tales como: el estado del
proceso judicial al momento de la suscripción del acta, la naturaleza de la
obligación reclamada (cuota de éxito), y el hecho de que dicha obligación
dependía de un evento futuro e incierto».

Estimó que el contenido del acta en cuestión no ameritaba interpretación pues
de su lectura se podía establecer con claridad que se estaban formalizando
los pagos ya realizados y el que se iba a realizar como consecuencia del fallo
de la primera instancia y no que se estuviera terminando el contrato celebrado

5 Índice 034 de Samai en el proceso 05001-33-33-006-2015-00192-01.

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ni liquidando de manera definitiva, pues al estar en curso el proceso
contratado la cuota litis o prima de éxito seguía condicionada al trámite de la
segunda instancia.

Refirió que en el título del acta se usa la expresión liquidación parcial,
empleándose tal terminología en todo su contenido por lo que cuestiona que
el tribunal aludiera a la falta de salvedades frente a la vigencia de las otras
obligaciones, pues los reclamos a los que se renunciaron en el acta recaían
sobre la suma allí señalada y no sobre la que aún no se había causado.

Concluyó que el tribunal al sustentar su negativa solo en la lectura de tal
documento dejó de lado el análisis de las pruebas documentales restantes,
concretamente el contrato de prestación de servicios que se celebró con el
ISS, así como el estado del proceso judicial encomendado al momento de la
suscripción del acta en mención, la naturaleza de la obligación reclamada
[cuota de éxito], y el hecho de que dicha obligación dependía de un evento
futuro e incierto para tal momento.

II. Violación directa a la Constitución: por desconocerse el derecho al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en tanto la
decisión censurada se encuentra fundada en una valoración probatoria que
no satisface los mínimos de racionalidad, objetividad y coherencia exigidos
por la jurisprudencia constitucional. Igualmente, en este cargo, el actor hizo
alusión a la transgresión de las demás garantías constitucionales como el
acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal.

III. Desconocimiento del precedente: al considerar que la decisión cuestionada
desconoció los pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que han sido enfáticos «en precisar que las exigencias propias de la
liquidación definitiva, particularmente en materia de salvedades, no son
trasladables a las liquidaciones parciales, por tratarse estas de instrumentos
limitados a un corte de cuentas respecto de una etapa específica del contrato,
sin vocación de cierre integral de la relación jurídica».

Para el efecto trajo a colación un aparte de la sentencia del 17 de junio de
2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado,
dentro del expediente con radicado 25000232600020100049601(48.755).

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 28 de abril de 20266, el magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, admitió la solicitud de amparo contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

Igualmente, dispuso la vinculación del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de
Seguros Sociales en Liquidación - P.A.R. I.S.S. y del Ministerio de Salud y Protección
Social7, para que realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes.

Posteriormente, mediante auto del 9 de junio de 2026 se vinculó al Ministerio del
Trabajo, a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a la Fiduciaria
la Previsora S.A. y a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria
S.A.8, como terceros con interés en el asunto.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales
en Liquidación – P.A.R. I.S.S.9

El apoderado de la entidad manifestó que, para el caso concreto, la suscripción del
acta de liquidación bilateral parcial conllevó a que el demandante renunciara al cobro
de posteriores reclamaciones respecto del valor y el proceso objeto del contrato de
prestación de servicios, incluida la cuota de éxito que se generara con la sentencia de
segunda instancia, toda vez que sobre este aspecto ninguna de las partes dejó
salvedad u objeción alguna, pese a que el nombre del acta se rotula liquidación
parcial.

Aludió que la vulneración de los derechos fundamentales invocados se deriva
exclusivamente del ejercicio propio de las funciones de la autoridad judicial accionada,
por lo que considera que el PAR ISS no tiene injerencia ni competencia al respecto y,
en tal sentido, solicita su desvinculación en el presente asunto.

6 Ver índice 004 de Samai.
7 Ver índice 024 de Samai, expediente de tutela de primera instancia.
8 Ver índice 032 de Samai, expediente de tutela de primera instancia.
9 Ver índice 012, 013 de Samai.

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1.6.2. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín10

El titular del despacho rindió informe en el que señaló no haber vulnerado los derechos
fundamentales de las partes en el proceso que adelantó, dentro del cual profirió una
decisión que estimó debidamente motivada. Por lo anterior, solicitó la negativa de las
pretensiones de este mecanismo constitucional y remitió el enlace de acceso al
expediente digital.

1.6.3. Ministerio de Salud y Protección Social11

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones comoquiera que este ministerio no ha
vulnerado ni amenazado las garantías invocadas por el actor y solicitó que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva al no haber participado en los
hechos que dieron origen al presente asunto.

1.6.4. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad12

El magistrado ponente se refirió a la improcedencia de la tutela por falta de relevancia
constitucional al no encontrarse configurado el defecto fáctico ni el desconocimiento
del precedente alegado.

Consideró que lo pretendido por el accionante es reabrir el debate objeto de litigio en
cuanto a la interpretación dada por el tribunal a los términos en que fue pactada la
liquidación parcial del contrato estatal que resultó diferente a la entendida por el señor
Mauricio Velásquez.

Reiteró su postura en cuanto a que con la liquidación parcial bilateral se renunció a
reclamaciones futuras respecto del contrato de prestación de servicios y la cuota de
éxito reclamada por el demandante al tratarse de un rubro desconocido e incierto
pactado desde el contrato inicial, por lo que era una expectativa previsible que, a su
juicio, debió ser objeto de salvedades expresas «precisamente para evitar que la
entidad entendiera cerrado el balance económico del contrato respecto del proceso
judicial encomendado».

1.6.5. Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones13

La jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales señaló que la tutela no cumple los
presupuestos para su procedencia, porque además de no existir vulneración alguna
de los derechos del actor, lo que en realidad este pretende es reabrir el debate
probatorio poniendo de presente los mismos argumentos que ya se evacuaron en las
instancias correspondientes.

10 Ver índice 014 de Samai.
11 Ver índice 015 de Samai.
12 Ver índice 018 de Samai.
13 Ver índice 026 de Samai.

7
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1.6.6. El Ministerio del Trabajo, la Fiduciaria la Previsora S.A., la Sociedad Fiduciaria
de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A., guardaron silencio pese a encontrarse
notificados de este asunto.

1.7. Sentencia de primera instancia14

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, profirió fallo el 17 de julio de
2026 en el que accedió al amparo constitucional solicitado.

Luego de tener por superados los requisitos de procedencia de la acción, señaló que
sí se configuró el defecto fáctico invocado «en la medida en que la autoridad judicial
demandada interpretó el acta de liquidación bilateral por fuera de la condición de
parcial que le habían asignado las partes» pese a su tenor literal y le otorgó los efectos
de un acta de liquidación definitiva al referir que en esta no se habían dejado
salvedades, entendiendo que en ella estaba incluido el pago del 0,5% reclamado por
el actor.

Precisó que el referido documento contempló un cruce de cuentas de una etapa
específica del contrato, motivo por el que no eran necesarias las salvedades echadas
de menos por el juez contencioso, pues exigirlas impediría que las partes formularan
reclamaciones relacionadas con otras etapas del contrato y/o prestaciones que
quedaron pendientes, con posterioridad.

Por lo anterior, dejó sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó al tribunal proferir
una sentencia de remplazo en la que realice un estudio del acta de liquidación parcial,
que se encuentre acorde a los aspectos señalados.

1.8. Impugnación15

La autoridad judicial accionada cuestionó que el asunto gozara de relevancia
constitucional toda vez que lo discutido se trata de un aspecto legal de interpretación
frente a una cláusula contractual, sin otra afectación o perjuicio que no fuera de índole
patrimonial, pues el objeto del litigio se circunscribe al valor de la cuota de éxito
pactada en el contrato de prestación de servicios del 0.5%, por lo que no resultaría
ostensible la afectación a un derecho de raigambre fundamental.

Consideró que el objeto de la tutela corresponde a un tema cuya interpretación es
discutible y que es de competencia del juez natural en virtud del principio de autonomía
judicial derivado del artículo 228 de la Constitución Política.

14 Ver índice 029 de Samai.
15 Ver índice 033 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 19 de agosto de 2026. Sentencia de

primera instancia notificada el 13 del mismo mes y año.

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Estimó que la sentencia acusada en ningún momento atribuyó los mismos efectos de
liquidación definitiva a la liquidación parcial del contrato pues, por el contrario,
«atendió a la literalidad de lo expresamente pactado por las partes y a la naturaleza
del contrato de prestación de servicios para la representación en un proceso judicial».
Que, por el contrario, ejerciendo las facultades de interpretación de los contratos, la
cuota de éxito del 0.5% pactada en el literal b) del contrato de prestación de servicios
que se causaría, una vez proferida la sentencia definitiva, «fue objeto de una renuncia
por parte del hoy accionante, pues frente a dicha cláusula no dejó ninguna salvedad»
en el acta de liquidación parcial suscrita en 2003.

Reiteró su postura en cuanto a que para el caso concreto si era exigible una salvedad
respecto de la cuota de éxito mencionada, en tanto para el momento de la suscripción
del acta de liquidación, la sentencia de primera instancia del proceso contratado ya se
había emitido «lo que activaba el cobro de la cuota pactada o, en su defecto, al estarse
surtiendo el trámite del recurso de apelación, dicha condición era cierta y previsible,
por lo que no sería un asunto pendiente».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte accionada,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

En sus informes, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Patrimonio Autónomo
de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación – P.A.R. I.S.S.,
aludieron a su falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente trámite
constitucional. Si bien dicha manifestación se elevó dentro del presente trámite, el a
quo al momento de proferir la sentencia omitió pronunciarse al respecto, por lo que
será resuelta en esta oportunidad.

Sobre el particular, la Sala encuentra necesario precisar que no se dispondrá
desvinculación alguna toda vez que el llamado se hizo como terceros en virtud del
eventual interés que les pueda representar este asunto, ante la decisión que se
adopte.

2.3. Problema jurídico

Conforme a lo anterior, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la
sentencia proferida el 17 de julio de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado,

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Sección Tercera, Subsección B, accedió al amparo solicitado. Para tal efecto, es
necesario abordar el siguiente interrogante:

• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales del señor Mauricio
Velásquez Fernández, con ocasión de la sentencia del 20 de marzo de 2026,
que revocó la decisión proferida el 19 de enero de 2017 por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y, en su lugar, negó las
pretensiones formuladas dentro del medio de control de controversias
contractuales identificado con radicado 05001-33-33-006-2015-00192-00/01?

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el criterio
de relevancia constitucional y iii) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 16
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su procedencia.18

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional profirió la sentencia SU-215 de 2022, en la que se explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, se debe tener en
cuenta lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal19 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico20; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional21.

[…]

19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-103 de 2022.

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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal22”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales23”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto24, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal25. (Resaltado de la
Sala)

2.6. Caso concreto

De la revisión del expediente correspondiente al proceso ordinario, los cargos
planteados por la parte accionante, el fallo de primera instancia y la impugnación, la
Sala estima que el asunto no goza de relevancia constitucional y, por ende, se debe
revocar la decisión del 17 de julio de 2026 como pasa a explicarse.

El señor Mauricio Velásquez pretende que por medio de este mecanismo
constitucional se deje sin efectos la sentencia proferida por el tribunal accionado, que
revocó la del a quo, y en su lugar, negó las pretensiones del medio de control con el
que perseguía la declaración de existencia del contrato de prestación de servicios
suscrito entre el actor, en su calidad de abogado, y el Instituto de Seguros Sociales –
ISS junto con su consecuente liquidación judicial.

Negocio jurídico que tuvo por objeto la representación de la entidad en otro medio de
control y en el que se pactaron honorarios tanto por el trámite del proceso en primera
instancia como por el resultado obtenido.

22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-128 de 2021.
24 Sentencia SU-573 de 2019.
25 Ibid.

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La parte actora consideró que el fallador de segunda instancia valoró indebidamente
las pruebas documentales dándole al acta de liquidación bilateral parcial, suscrita al
término de la primera instancia del asunto contratado, un alcance o interpretación que
no correspondía, equiparándola erradamente con los efectos de una liquidación
definitiva o final, y haber entendido que con ella se renunciaba totalmente a los
derechos futuros derivados del contrato.

A su juicio, el operador judicial realizó una valoración probatoria fragmentada y
selectiva del documento en cuestión, desconociendo la circunstancia temporal de la
suscripción del acta de liquidación parcial del contrato, así como la naturaleza
sustancial del acuerdo de voluntades y la denominación formal del acta y de su
contenido. Igualmente, consideró que el juez contencioso, desconociendo el
precedente en la materia hizo exigible el planteamiento de salvedades que no son
trasladables a la etapa de liquidación parcial.

En primera instancia, el a quo constitucional accedió al amparo al considerar que la
accionada incurrió en defecto fáctico al otorgarle al acta tantas veces citada los efectos
de una liquidación definitiva, pues refirió erradamente que en dicho documento no se
habían dejado salvedades y entendió que lo pactado en el acta incluía el pago del
0,5% reclamado por el actor, con lo cual, el tribunal había limitado la posibilidad de
estudiar el cumplimiento de la cláusula 4, literal b) del contrato de prestación de
servicios profesionales alusivo a la cuota de éxito en cuestión.
No obstante, en su escrito de impugnación el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad insistió en que el asunto no satisface el requisito de
relevancia constitucional por tratarse de una discusión frente a un aspecto legal de
interpretación frente a una cláusula contractual, sin otra afectación o perjuicio que no
fuera de índole patrimonial, descartando la afectación a un derecho de raigambre
fundamental.

Consideró que el objeto de la tutela corresponde a un tema cuya interpretación es
discutible y de competencia del juez natural en virtud del principio de autonomía
judicial, aunado a que en su providencia nunca atribuyó los mismos efectos de
liquidación definitiva a la liquidación parcial del contrato pues, por el contrario,
«atendió a la literalidad de lo expresamente pactado por las partes y a la naturaleza
del contrato de prestación de servicios para la representación en un proceso judicial».

Sostuvo que no incurrió en el defecto alegado y por el contrario ejerció sus facultades
de interpretación de los contratos, a partir de las cuales concluyó que el concepto
reclamado en la demanda correspondiente a la cuota de éxito pactada en el contrato
fue objeto de renuncia por parte del demandante en los términos en que fue suscrita
el acta de liquidación parcial.

Con base en el anterior panorama, se advierte que los reparos expuestos en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de lenguaje
de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen

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la intromisión del juez constitucional. Máxime, cuando no se evidencia, prima facie,
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada.

Observa la Sala que la decisión acusada en torno al documento tantas veces
mencionado señaló lo siguiente:

«En el caso concreto, según lo pactado en el acta de liquidación bilateral parcial, se
renunció al cobro de posteriores reclamaciones respecto del valor y el proceso objeto del
contrato de prestación de servicios, lo que quiere decir, que ambas partes acordaron
renunciar a futuros cobros resultantes del proceso objeto del contrato de prestación de
servicios, incluida la cuota de éxito que se generara con la sentencia de segunda instancia,
aspecto este frente al cual ninguna de las partes dejó alguna salvedad u objeción, pese a
que el nombre del acta rotula liquidación parcial.

La Sala recuerda que en los contratos estatales debe primar el principio de buena fe, por
lo que, dado que la futura cuota de éxito era previsible y anticipable en tanto la sentencia
de segunda instancia fuera confirmatoria de las pretensiones de la demanda, debió dejarse
una salvedad en el acta de liquidación parcial respecto de la misma.

A lo anterior se suma el criterio establecido en el artículo 1620 del Código Civil, consistente
en que debe prevalecer la interpretación que le dé a la cláusula un sentido que produzca
efectos, respecto a cualquier otra que no produzca efectos. En este caso, es claro que el
demandante según se indicó en el acta de liquidación parcial, renunció al cobro de
cualquier otro valor que se causare a futuro respecto del proceso que en contra del ISS
instauró la sociedad CIFRAS PROMOTORA S.A, tramitado bajo el Rdo. 05001-23-31-000-
1995-00473-00».

Planteamiento que no refiere únicamente a la exigencia de salvedades propiamente
dichas, como lo cuestiona el actor, sino que aborda una interpretación propia del juez
contencioso en cuanto a los elementos de convicción y la normativa aplicable al caso.

Es preciso mencionar que la valoración de los medios de prueba es un ejercicio
intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana crítica y
las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno de estos. Lo
cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan las
autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos, no es viable su
reproche en este escenario constitucional.

Sobre el cargo por desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta
Sección26 ha considerado que quien invoca este defecto debe cumplir con la carga
mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a
la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis
anterior y, (iii) la incidencia de esta en la resolución final que adopte el fallador de

26 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la Sección

Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-06707-00. C.P.
Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-
2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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instancia, lo que no se cumplió por la parte actora, quien únicamente transcribió
apartes de las sentencias en cuestión.

La Corte Constitucional ha decantado que la acción de tutela no es una vía alterna, ni
un mecanismo para rectificar providencias judiciales en firme, ni para desautorizar
interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la autonomía y de la
independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar o impugnar las
providencias judiciales que tienen fuerza ejecutoria27.

Así, la Sala advierte que la acción de tutela en cuestión viene a reiterar los argumentos
que fueron estudiados a lo largo del medio de control de controversias contractuales,
lo cual, conforme quedó consignado en precedencia, desnaturaliza el mecanismo de
amparo al pretender que éste se constituya en una instancia adicional.

Se resalta que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela; máxime
cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado por el extremo
accionante busca mutar el amparo constitucional en un nuevo escenario de discusión
judicial.

Aunado a lo que antecede, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme a las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.

Por lo anterior, se concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó
el requisito de relevancia constitucional y en tal sentido se impone revocar la decisión
de primera instancia, siendo procedente dejar sin valor ni efecto la sentencia que en
cumplimiento de la orden del juez de primera instancia procedió a emitir el 27 de
agosto de 2026 el tribunal accionado28.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Salud
y Protección Social y el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros
Sociales en Liquidación – P.A.R. I.S.S, atendiendo las razones que preceden.

27 Sentencia SU134 del 21 de abril de 2022. Magistrado Ponente José Fernando Reyes Cuartas.
28 Índice 40 de Samai en el proceso 05001333300620150019201.

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SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 17 de julio de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B que accedió al amparo solicitado y, en su
lugar, DECLARAR improcedente la presente acción por falta de relevancia
constitucional.

TERCERO: Dejar sin efectos la sentencia del 27 de agosto de 2026 dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad en acatamiento al fallo
anteriormente revocado.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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