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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2017-00303-01

Fecha
24 de abril de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2017-00303-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de mayo de 2022, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, según lo expuesto. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a la señora Norma Constanza Bonelo. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho en 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de la Policía Nacional. Las costas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-33-000-2017-00303-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

24 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00303-01
No. Interno: 69023
Actor: NORMA CONSTANZA BONELO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - CPACA

Temas: DEMANDA CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN - cuando se
demanda el acto de adjudicación porque la oferta ganadora no era la más
favorable, se debe demostrar la ilegalidad del acto y que la propuesta del
demandante era la mejor / RÉGIMEN APLICABLE A LOS CONTRATOS
SOMETIDOS AL EGCAP - les aplica el derecho común, salvo lo expresamente
regulado en la Ley 80 de 1993 y sus reformas / OBLIGACIÓN DE DECLARAR O
CERTIFICAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES - la entidad contratante
debe verificar la veracidad de lo declarado o certificado por los proponentes.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 24 de mayo de 2022, por medio de la cual la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Policía Nacional adelantó un procedimiento de selección abreviada de menor
cuantía, que tuvo por objeto la contratación del servicio de mantenimiento de las
motocicletas de la Policía Metropolitana de Neiva, el cual, luego de surtidas las
etapas respectivas, fue adjudicado a la unión temporal Multimarcas Motos, lo que
llevó a que posteriormente se celebrara el contrato PN-MENEV 93-7-10059-16. La
señora Norma Constanza Bonelo interpuso demanda de controversias
contractuales, por considerar que la adjudicataria no cumplió los requisitos de
experiencia, pago de aportes de seguridad social y de ofrecimiento de un taller de
mantenimiento en idóneas condiciones, por lo que, dado que su propuesta
satisfizo los requisitos previstos en el pliego de condiciones, era la más favorable
y, por tanto, se le debió adjudicar el contrato.

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 27 de junio de 20171, la señora Norma Constanza Bonelo presentó demanda de
controversias contractuales contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de: i) la Resolución 325 del 30
de noviembre de 2016, mediante la cual la demandada adjudicó un “proceso de
selección abreviada de menor cuantía” a la unión temporal Multimarcas Motos y ii)
el contrato PN-MENEV 93-7-10059-16 del 5 de diciembre de 2016, que se
suscribió en virtud de la decisión anterior2. Como consecuencia solicitó, a título de
restablecimiento, el reconocimiento de $400’000.000.

Como hechos narrados, se destaca que la Policía Nacional llevó a cabo el
procedimiento de selección abreviada de menor cuantía PN MENEV SA MC 010
2016, para contratar el mantenimiento de las motocicletas asignadas a la Policía
Metropolitana de Neiva, frente al cual presentaron propuestas: i) Norma
Constanza Bonelo, propietaria del establecimiento Maquimotos y ii) la unión
temporal Multimarcas Motos -en adelante Multimarcas-.

En la evaluación de los ofrecimientos, la Policía Nacional concluyó que se
cumplieron los requisitos jurídicos, pero no los técnicos, por lo que las
proponentes procedieron a enmendar tales yerros, tras lo cual se calificaron las
propuestas, lo que arrojó un empate, pues ambas obtuvieron 1.400 puntos.
Posteriormente, el contrato fue adjudicado a Multimarcas por la Policía Nacional
mediante la Resolución 325 del 30 de noviembre de 2016, en aplicación de los
criterios de desempate previstos en el Decreto 1082 de 2015 y, luego, ambos
suscribieron el contrato PN-MENEV 93-7-10059-16.

Para la demandante se vulneró el pliego de condiciones al concluirse que
Multimarcas contaba con la mejor propuesta, pues su ofrecimiento incumplió: i) la
capacidad operativa respecto de un taller de motos, porque el espacio ofrecido era
para carros y ya había sido ofertado en otros procesos de contratación; ii) la
acreditación del pago de aportes en seguridad social y iii) la experiencia exigida,

1 Folios 3 a 17 del cuaderno principal. Mediante escrito obrante de folios 85 a 103 del cuaderno

principal se reformó la demanda y se indicó que en procedimientos de selección posteriores en los
que Multimarcas fue proponente se desestimó que contara con la mejor propuesta por haber
aportado contratos cuyo objeto versaba sobre motocicletas y otros automotores, en tanto la
experiencia frente a esos negocios solo debía contabilizarse frente a los primeros vehículos.
2 La Unión Temporal Multimarcas Motos, adjudicataria del contrato aquí demandado, fue vinculada

como “sujeto pasivo”, como obra en el auto admisorio de la demanda.

2

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

debido a que se aportaron varios contratos cuyo objeto no era exclusivamente el
mantenimiento de motocicletas, por lo que no podían ser tenidos en cuenta en su
totalidad, así como también se calculó erróneamente su valor total.

Como consecuencia, solicitó que se le indemnizaran los perjuicios producto de la
“violación de su derecho a ser adjudicataria” en el procedimiento de selección, así
como que se cancelara la inscripción del contrato suscrito con el adjudicatario en
el Registro único de Proponentes -RUP-.

2. Contestación de la demanda

El 31 de octubre de 20173, la Policía Nacional contestó la demanda y se opuso a
sus pretensiones, por considerar que el procedimiento de selección se ajustó a la
normativa que le era aplicable y al pliego de condiciones, pues: i) el taller ofrecido
en la propuesta cumplía el área solicitada, tanto en el proceso de selección
abreviada como en el otro en el que se ofreció y ii) se satisfizo el requisito del
personal y aportes de parafiscales, ya que la proponente podía elegir a los
funcionarios que deseara y no se requería aportar la prueba de sus cotizaciones a
seguridad social, sino una declaración juramentada.

3. Sentencia de primera instancia

El 24 de mayo de 20224, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
del Huila denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que Multimarcas:
i) acreditó la experiencia, dado que no se exigió que los contratos para demostrar
tal aspecto debían versar únicamente sobre mantenimiento de motocicletas; ii)
ofreció debidamente el taller de mantenimiento de motos, ya que no se pidió que
este fuera únicamente para motocicletas, ni que se destinara exclusivamente al
contrato por suscribir; y iii) allegó el certificado de aportes a seguridad social
debidamente, toda vez que no se requirió que las personas que prestarían el
servicio debían ser las que aparecen referenciadas en ese primer documento.

4. Recurso de apelación

El 22 de junio de 20225, la parte demandante presentó recurso de apelación, en el
que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y se accediera a las
pretensiones de la demanda.

3 Folios 56 a 62 y 112 a 114 del cuaderno principal.
4 Índice 70 de SAMAI de primera instancia.
5 Índice 76 de SAMAI de primera instancia.

3

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

Para la apelante, contrario a la decisión recurrida, el adjudicatario incumplió: i) el
requisito de experiencia, pues se aportaron varios contratos que no versaban
exclusivamente sobre motocicletas, por lo que solo podían considerarse
parcialmente, así como también se calculó inadecuadamente el monto a
considerar de cada uno; ii) la exigencia del taller de mantenimiento de
motocicletas, ya que el ofrecido por Multimarcas era objeto de otros contratos y no
estaba destinado únicamente a motocicletas; y iii) la acreditación del pago de las
obligaciones parafiscales, pues la certificación de aportes de seguridad social que
presentó reflejaba incongruencias frente al personal del ofrecimiento.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado y, en tanto se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales
de competencia, procedencia y oportunidad de la demanda, la Sala procede a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia6.

1. Objeto del recurso de apelación

En el caso concreto, corresponde establecer si en el procedimiento de selección
abreviada de menor cuantía PN MENEV SA MC 010 20167 la propuesta de
Multimarcas incumplió i) el requisito de experiencia en el mantenimiento de
motocicletas; ii) la exigencia de un taller de mantenimiento de motocicletas; y iii) la
obligación de acreditar el pago de aportes parafiscales del pliego de condiciones.
En caso de que lo anterior prospere, se debe determinar si la oferta de Norma
Constanza Bonelo era la mejor y, como consecuencia, si se la debe indemnizar
por no adjudicársele el contrato.

6 Al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de la
presentación de la demanda -27 de junio de 2017-, las cuales corresponden a las contenidas el
CPACA, así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa prevista en el
artículo 306 del primer estatuto mencionado. El sub lite también se rige por la Ley 2080 de 2021,
pues el recurso de apelación se presentó el 22 de junio de 2022, cuando tal norma ya se
encontraba en vigor; sin embargo, las normas que modificaron el régimen de competencias no son
aplicables, debido a que entraron en vigor un año después de la publicación de esa norma, pero
solo para las demandas que se radiquen a partir de esa fecha y no para los procesos en curso.
7 El procedimiento de selección abreviada, en cuyo marco se expidió el acto de adjudicación y se

celebró el contrato objeto de la demanda, se encuentra regido por la Ley 80 de 1993 y por sus
reformas y decretos reglamentarios, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2 de la primera de las normas mencionadas, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, en tanto órgano de la Nación - Rama Ejecutiva, está incluida dentro de las entidades
sometidas al Estatuto General de la Contratación Pública.

4

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

1.1. Primer cargo de la apelación: no se demostró un incumplimiento de la
experiencia por Multimarcas

El Tribunal Administrativo del Huila concluyó que Multimarcas acreditó el requisito
de experiencia, pues, si bien aportó múltiples contratos para acreditar tal aspecto,
que no versaban exclusivamente sobre el mantenimiento de motocicletas, el pliego
de condiciones no estableció que estos debieran haberse suscrito exclusivamente
para tal fin, por lo que darle ese alcance a tal exigencia resultaba errado.

La parte apelante manifestó que los contratos aportados por Multimarcas para
acreditar la experiencia solo podían tenerse en cuenta: i) en cuanto al porcentaje
que guardara relación con el mantenimiento de motocicletas, para lo cual destacó
que en otros procedimientos de selección posteriores llevados a cabo por la
Policía Nacional se había dado ese alcance a tal previsión; y ii) en proporción al
porcentaje de participación de cada miembro del consorcio o unión temporal, lo
que arrojaba una experiencia menor a la exigida en el pliego de condiciones.

Para resolver este cargo de la apelación, la Sala parte de precisar que el numeral
2.1.2. del numeral 2 “requisitos de orden técnico” del pliego de condiciones8
estipuló que, para acreditar la experiencia, era necesario demostrar haber suscrito
contratos de mantenimiento de motocicletas en los años 2013, 2014 y/o 2015
“cuyo valor sumado sea mayor o igual a 1.305,86 SMLMV”, sin que se hubiera
indicado que los contratos versarían exclusivamente sobre ese aspecto. En la nota
1 de ese acápite también se precisó que, en caso de que el proponente fuera un
consorcio o unión temporal, el valor del contrato será igual al total multiplicado por
el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

El pliego de condiciones no determinó que la experiencia sería pasible de puntaje,
sino que se previó como un requisito técnico que debía ser verificado9. A su vez,
en los documentos aportados por las partes obra que se adjuntaron los siguientes
contratos por Multimarcas10:

No. de contrato Contratista Objeto Valor
PN METIB 87-7- Multiconcesionario Mantenimiento preventivo y $1.764’590.430
10002-201411 correctivo para los vehículos

8 Páginas 21 a 22 del archivo 4 del índice 3 de SAMAI de segunda instancia.
9 Página 31 del archivo 4 del índice 3 de SAMAI de segunda instancia.
10 Adicional a los contratos que se reseñan, Multimarcas allegó a la selección abreviada el contrato

PN METIB 87-7-10008-15 (documentos 42, 47 y 48 del índice 3 de SAMAI de segunda instancia),
pero frente a este la demandante no formuló ningún reproche, por lo que no será estudiado.
11 Como obra en los documentos 7 a 9 del índice 3 de SAMAI de segunda instancia.

5

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

y motocicletas asignados a
la Policía.
PN ESGON 52-7- Sandra Yaneth Mantenimiento a todo costo $480’900.000
10093-1412 Díaz Jiménez de vehículos y motocicletas

En la evaluación definitiva y en el acto de adjudicación, la Policía Nacional se
limitó a señalar que se cumplió la experiencia; que, aunque los contratos
aportados por Multimarcas tenían yerros formales, ello no impedía valorarlos y
que, si bien no versaban exclusivamente sobre motocicletas, sí incluyeron dentro
de su objeto tal aspecto, por lo que podían ser tenidos en cuenta en su totalidad 13.

A partir del panorama anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la parte
apelante al indicar que Multimarcas no cumplió el requisito de experiencia, en
consideración a que i) el pliego de condiciones no restringió el objeto de los
contratos que se debían aportar para la experiencia a que versaran solamente
sobre el mantenimiento de motocicletas; y ii) los negocios jurídicos aportados por
Multimarcas e invocados en la demanda, arrojaron como monto mínimo una suma
mayor a los 1.305,86 SMLMV exigidos, como se verá.

Primero, de la lectura del pliego de condiciones, en tanto documento que rigió el
procedimiento de subasta inversa que ocupa la atención de la Sala, se evidencia
que únicamente exigió que se debían aportar varios contratos que tuvieran por
objeto el mantenimiento de motocicletas, sin que se hubiera restringido su
contenido a tal aspecto.

Se destaca que, al haberse previsto un régimen jurídico mixto aplicable a los
contratos estatales -conformado por el EGCAP y sus reformas, el derecho
mercantil y el Código Civil14-, el legislador quiso que esos negocios jurídicos
estuvieran regidos por las disposiciones de derecho común, salvo en lo
expresamente regulado en la Ley 80 de 1993 y sus normas posteriores, lo que a
efectos del presente caso implica que nada impedía que, en virtud de la
autonomía de la voluntad, no se exigiera que los negocios jurídicos para acreditar
la experiencia versaran exclusivamente sobre el mantenimiento de motocicletas,
máxime cuando ello no repercutía en la selección objetiva.

12 Como obra en el documento 10 del índice 3 de SAMAI de segunda instancia.
13 Como obra en los archivos 6, 50 y 52 del índice 3 de SAMAI de segunda instancia.
14 Ley 80 de 1993. “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los
contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente
reguladas en esta ley […]”.

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

En virtud de lo anterior, es claro que la exigencia de aportar contratos con el objeto
del mantenimiento de motocicletas para demostrar la experiencia no podía
interpretarse en el sentido de que tales negocios debían recaer exclusivamente en
ese tipo de vehículos, pues ello no se deriva de la lectura del pliego de
condiciones, en el que la entidad contratante, en virtud de la autonomía de la
voluntad, consagró un estándar flexible para acreditar la experiencia -aportar
contratos que tengan por objeto el mantenimiento de motocicletas, mas no que
ese sea su única materia-.

Ahora, se observa que los contratos que allegó Multimarcas tuvieron dentro de sus
objetos el mantenimiento de motocicletas, aunque tal actividad también recayó
sobre otros automotores, por lo que, dada la manera en la que el pliego de
condiciones se concibió, en orden a la acreditación de la experiencia, ello
resultaba suficiente para valorar tales documentos y establecer si se cumplió o no
la experiencia técnica.

También se desestima el argumento de la apelante, según el cual el hecho de que
en otros procesos de selección la Policía Nacional hubiera acogido una
interpretación más restrictiva sobre el objeto de los contratos para acreditar la
experiencia implicaba que en el sub lite también debía dársele tal alcance a esa
exigencia, pues en el pliego de condiciones se establecen los elementos de
tiempo, modo y lugar del procedimiento de selección, de conformidad con el
EGCAP, y en el asunto de estudio no se le dio a la prueba de la experiencia el
alcance que la parte actora advirtió que se acogió en otros procedimientos
posteriores y ajenos al asunto de la referencia.

En segundo lugar, tampoco le asiste razón a la señora Norma Constanza Bonelo
al indicar que no se cumplió la regla del pliego de condiciones, según la cual el
cálculo de la cuantía del contrato debía ser proporcional al porcentaje de
participación de los miembros de la unión temporal, pues la operación aritmética
en ese sentido, basada en el estándar que, para tal efecto dispuso el pliego de
condiciones, arrojó que los negocios aportados tenían una suma mayor a 1.305,86
SMLMV para la fecha del procedimiento de selección15.

15 Multimarcas estaba conformado en un 50% por la sociedad Multiconcesionario S.A.S –en
adelante Multiconcesionario- y otro 50% por Sandra Yaneth Díaz Jiménez, por lo que se debe
dividir en dos el monto de cada contrato que aportaron así: i) 1.764’590.430 / 2 = 882’295.215 y ii)
480’900.000 / 2 = 240’450.000. La sumatoria de los dos montos anteriores arroja el total de
$1.122’745.215 y 1.305,86 SMLMV para el año 2016 (689.455 x 1.305,86) equivalían a la suma de
$900’331.706, por lo que la experiencia de Multimarcas arrojó un monto mayor al exigido.

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

En ese orden de ideas, Multimarcas cumplió lo exigido en el pliego de condiciones
para acreditar la experiencia técnica, cuestión que permite acompañar al a quo en
sus conclusiones frente a tal aspecto. Por ende, el primer cargo de la apelación no
prospera.

1.2. Segundo cargo de la apelación: se cumplió la exigencia de ofrecer un
taller para el mantenimiento de motocicletas

El Tribunal Administrativo del Huila adujo que Multimarcas acreditó el requisito de
ofrecer un taller para el mantenimiento de motocicletas, con sustento en que en el
pliego de condiciones no se exigió que este se destinara únicamente a esos
automotores o al procedimiento de selección abreviada de la referencia.

En discrepancia con lo anterior, la apelante arguyó que no era posible ofrecer un
taller que no estuviera destinado solamente al mantenimiento de motocicletas y
que, además, fuera utilizado simultáneamente para el cumplimiento de otros
contratos, pues, distinto a lo considerado por el a quo ese no era el entendimiento
que cabía frente al pliego de condiciones en relación con esos requisitos.

En orden a decidir este argumento, se precisa que el numeral 2.1.3.2.16
“capacidad operativa” del numeral 2 “requisitos de orden técnico” del pliego de
condiciones estableció que se debía incluir dentro de la propuesta un taller con un
área mínima de 200 metros cuadrados, encerrada y techada en su totalidad
“disponibles para las operaciones de mecánica de patio, electricidad, motores y
almacén de repuestos”, para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de
las motocicletas. El documento precontractual también determinó que la
disponibilidad del taller con instrumentos como compresor y utensilios
relacionados se calificaría con 200 puntos17.

Multimarcas aportó una declaración en la que afirmó que se cumplieron los
requisitos de capacidad operativa, entre ellos la presentación de un taller, en los
términos de las especificaciones del pliego de condiciones18. A su vez, en la
propuesta se ofreció la disponibilidad de 200 metros cuadrados de un taller para el
mantenimiento de motocicletas, con un área total de 1.031,23 metros que también

16 Página 24 del archivo 4 del índice 3 de SAMAI de segunda instancia.
17 Página 31 del archivo 4 del índice 3 de SAMAI en segunda instancia.
18 Como obra en el documento de la página 17 del archivo 17 del índice 3 de SAMAI de segunda

instancia.

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
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restablecimiento del derecho - CPACA

estaba habilitada para el mantenimiento de otros automotores, con espacios como
el almacén de repuestos y la zona mecánica de motos, entre otros19.

En la evaluación definitiva y en el acto de adjudicación se señaló que se
cumplieron los requisitos de orden técnico y se les otorgaron 200 puntos a ambos
proponentes por la oferta del taller con las herramientas respectivas, así como
también se advirtió que, aunque una parte del taller ofrecido por Multimarcas se
dedicaría al mantenimiento vehicular, ello no obstruía las labores de
mantenimiento de motocicletas, pues este tenía un área total de 1.031,23 metros
cuadrados20.

A partir de este breve recuento de lo acontecido, la Sala considera que no es
válido el argumento de la parte apelante, en virtud del cual el hecho de que el
taller ofrecido sirviera para el mantenimiento de otros automotores, adicionales a
las motocicletas, derivaba en que no era posible aceptarlo para acreditar la
capacidad operativa exigida, debido a que ello no excluía su potencialidad para
funcionar como lugar en el que se prestara el servicio de mantenimiento de motos.

En desarrollo de lo anterior, se observa que el pliego de condiciones de ningún
modo proscribió que el taller ofrecido pudiera servir para mantener otros
automotores, por lo que tal interpretación no se desprende de ese documento.
Para cumplir con el requisito en estudio, bastaba con que tuviera una extensión de
al menos 200 metros, encerrados y techados, disponibles para las operaciones de
mecánica de patio, electricidad, motores y almacén de repuestos.

En el caso de Multimarcas, se ofreció un taller con un área total de 1.031,23
metros, de los cuales 200 metros se destinarían exclusivamente al mantenimiento
de motocicletas, por lo que era irrelevante si el espacio restante estaba destinado
al servicio de otros automotores de distinta categoría y, dado que el pliego de
condiciones no impedía tal circunstancia, la Policía Nacional debía considerar
cumplido tal requisito, como en efecto sucedió.

De otro lado, pese a que la parte actora también adujo que el taller fue ofrecido en
otros procedimientos de selección, no demostró que los 200 metros ofertados en
la selección abreviada bajo estudio hubieran sido objeto de otros negocios

19 Como obra en la copia de la oferta, de páginas 60 a 62 del archivo 18 del índice 3 de SAMAI de

segunda instancia.
20 Como obra en los documentos de los archivos 6, 50 y 52 del índice 3 de SAMAI de segunda

instancia.

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
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restablecimiento del derecho - CPACA

jurídicos de manera concurrente, aspecto en el que se destaca que nada impedía
que Multimarcas pudiera disponer los metros sobrantes del taller que estaban
destinados al mantenimiento de otros automotores.

En virtud de lo expuesto, es claro que Multimarcas cumplió la exigencia de la
capacidad operativa de poseer un taller de motocicletas, en los términos exigidos
en el pliego de condiciones, por lo que el a quo acertó en concluir tal aspecto, lo
que lleva a desestimar el segundo cargo de la apelación.

1.3. Tercer cargo de la apelación: no se acreditó el incumplimiento del
requisito de certificar el pago de aportes a seguridad social

El Tribunal Administrativo del Huila consideró que Multimarcas aportó
satisfactoriamente la información sobre el pago de aportes a seguridad social,
puesto que allegó una declaración juramentada en los términos previstos en el
pliego de condiciones. Además, precisó que el hecho de que se incluyera en la
propuesta a varias personas, frente a las cuales no se demostró el pago de
parafiscales, no quería decir que se hubiera incumplido tal aspecto, pues aquellas
no necesariamente debían haber tenido un vínculo anterior con el adjudicatario.

En desacuerdo con lo anterior, la apelante afirmó: i) que era insuficiente la
declaración juramentada, ya que no se encuentran las constancias del pago de
aportes parafiscales de Multimarcas en las bases de datos para tal efecto y que,
además; ii) Multimarcas no acreditó haber cumplido tal obligación respecto de las
personas que ofreció en la propuesta.

La Sala advierte que en el numeral 1.1.10. del capítulo 2 del pliego de
condiciones21, denominado “criterios de selección y evaluación de las ofertas –
requisitos habilitantes” se estableció que, para dar cumplimiento a la Ley 828 de
2003, el proponente debía certificar, a través del revisor fiscal o el representante
legal para las personas jurídicas, bajo la gravedad de juramento, el pago de
aportes parafiscales.

A su vez, el numeral 2.1.3.1. “experiencia del personal” del numeral 222 de
“requisitos de orden técnico” estipuló que el proponente debía contar con: i) un
jefe de taller de motocicletas con un mínimo de 3 años de experiencia; ii) 6
mecánicos con al menos 3 años de experiencia para el mantenimiento de
motocicletas y iii) un mecánico electricista con no menos de 3 años de experiencia

21 Como obra en la página 20 del archivo 4 del índice 3 de SAMAI de segunda instancia.
22 Como obra en las páginas 22 a 24 del archivo 4 del índice 3 de SAMAI de segunda instancia.

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

relacionada con la electricidad de motocicletas, para lo cual se debían aportar los
soportes respectivos.

El pliego de condiciones también estipuló que la disponibilidad de mecánicos con
herramientas básicas se calificaría hasta con 200 puntos, a la par que sería un
requisito técnico que debía ser verificado, mientras que el deber de acreditar el
pago de aportes a seguridad social se dispuso como una obligación habilitante
que sería constatada sin otorgar puntaje23.

Con el fin de cumplir la obligación anterior, Multimarcas aportó dos documentos
suscritos por los representantes legales de los miembros de la unión temporal, en
los que declararon bajo la gravedad de juramento haber cumplido con el pago de
aportes parafiscales24. A su vez, allegó una declaración en la que afirmó contar
con el personal exigido25 y, en ese punto, señaló a varios individuos como aquellos
que prestarían el servicio objeto del proceso de selección.

En la evaluación definitiva y en el acto de adjudicación se indicó, de manera
general, que se cumplieron los requisitos técnicos y habilitantes. También se
precisó que la ley les exigía a los proponentes aportar una declaración
juramentada de aportes parafiscales y no las planillas de pago, por lo que como tal
documento se allegó por la proponente ganadora, se concluyó que cumplió ese
requisito26.

La Sala estima que la parte apelante no acreditó que Multimarcas hubiera
incumplido el pago de aportes parafiscales, pues no se aportó ninguna prueba que
demostrara tal circunstancia o que se desatendió lo prescrito en el pliego de
condiciones sobre ese aspecto.

Al respecto, las Leyes 789 de 200227 y 828 de 200328 instituyeron la obligación de
las personas que funjan como proponentes de certificar o declarar el cumplimiento

23 Como obra en la página 31 del archivo 4 del índice 3 de SAMAI en segunda instancia.
24 Como obra en la copia de los documentos de las páginas 41 a 43 del archivo 16 del índice 3 de

SAMAI de segunda instancia.
25 Como obra en: i) la copia del documento de las páginas 15 del archivo 17 y 1 del archivo 18 del

índice 3 de SAMAI de segunda instancia y ii) en las páginas 65 a 112 del archivo 18 del índice 3 de
SAMAI de segunda instancia y en el archivo “observación y subsanación” obrante en SECOP I.
26 Como obra en la copia de los documentos de los archivos 6, 50 y 52 del índice 3 de SAMAI de

segunda instancia.
27 “Artículo 50. […]. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el

pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación
para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6)

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

del pago de los aportes parafiscales en los procedimientos de selección de la
contratación pública, lo que implica que se debe manifestar la satisfacción de tal
aspecto. Para la ejecución contractual, la Ley 1150 de 200729 exige, ya no afirmar
bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de ese deber, sino demostrarlo
respecto del contrato respectivo como requisito previo para la realización del pago
de la contraprestación convenida.

Sobre el particular, esta Corporación ha considerado que la obligación de certificar
el pago de aportes parafiscales con la presentación del ofrecimiento en los
procesos de selección no se limita a que el proponente aporte tal declaración, sino
que la entidad contratante debe verificar el cumplimiento de tal aspecto y, de ser el
caso, requerir al oferente para que soporte probatoriamente tal declaración30.

En el sub examine, si bien la apelante advirtió que Multimarcas incumplió la
obligación de pago de aportes de seguridad social, no allegó ninguna prueba que
acreditara tal aspecto, de ahí que tal señalamiento se redujo a una conjetura que
no es posible corroborar con las pruebas aportadas. En desarrollo de lo anterior, la
demandante pudo hacer ejercicio del derecho de petición para solicitar a la entidad
competente que certificara si la proponente ganadora cumplió sus obligaciones en
materia de aportes de parafiscales; empero, no se allegó ningún documento que
diera cuenta de esa supuesta omisión, sin lo cual resulta imposible determinar lo
alegado en la apelación en cuanto al tercer cargo.

Lo propio sucede respecto del cumplimiento del pago de los aportes de seguridad
social del personal ofrecido, pues, pese a que la apelante manifestó que
Multimarcas no acreditó haber satisfecho tal obligación, teniendo en cuenta que
varios de esos individuos trabajaron para los miembros de la unión temporal, lo

meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de
seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución”.
28 “Artículo 9. […]. Registro único de proponentes. Para realizar la inscripción, modificación,

actualización o renovación del registro único de proponentes, las Cámaras de Comercio deberán
exigir prueba del cumplimiento de las obligaciones parafiscales. Las personas jurídicas probarán su
cumplimiento mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el
representante legal; las personas naturales mediante declaración juramentada […]”.
29 “Artículo 23. […] Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia

de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del
presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. […]”.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2021.

Radicado 05001233100020070244301 (49.167). C.P. José Roberto Sáchica Méndez y ii)
Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2022. Radicado 25000232600020080008502
(54847). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

cierto es que la señora Norma Constanza Bonelo no acreditó la supuesta
desatención alegada con ninguna prueba que le permita a esta Corporación llegar
a esa conclusión.

En ese punto se advierte que, si bien la Policía Nacional manifestó en el proceso
de selección que bastaba con que el proponente allegara el certificado del pago de
obligaciones de seguridad social, tal premisa resultó errada, pues, como se
explicó, a las entidades contratantes les corresponde verificar la veracidad de tal
información; sin embargo, la apelante no acreditó que Multimarcas hubiera omitido
esa obligación, en tanto no existen elementos para concluir tal aspecto.

Por lo expuesto, se concluye que Norma Constanza Bonelo no demostró que
Multimarcas hubiera incumplido la obligación del pago de aportes parafiscales, por
lo que el recurso de apelación será desestimado en cuanto a ese cargo.

2. Conclusión

La señora Norma Constanza Bonelo solicitó que se revocara la sentencia del a
quo y que se concedieran las pretensiones de la demanda, por considerar que, en
la selección abreviada de menor cuantía PN MENEV SA MC 010 2016 para
contratar el mantenimiento de motocicletas, se le adjudicó el contrato a
Multimarcas pese a no contar con la mejor oferta, pues no cumplió la experiencia
solicitada, ni las especificaciones de un taller requerido, ni el pago de aportes
parafiscales.

La Sala encuentra que no le asistió razón a la apelante, pues no se demostró que
la adjudicataria hubiera desconocido las exigencias del pliego de condiciones en
cuanto a los aspectos frente a los cuales giró la controversia, ya que no se
desvirtuó la presunción de legalidad del acto de adjudicación y no se demostró
que Norma Constanza Bonelo tuviera la mejor oferta31. Por lo anterior, no se
dictará ningún pronunciamiento en torno a la solicitud de nulidad del contrato cuya
pretensión fue basada en la nulidad del acto previo, ni frente a la solicitud de

31 Según la jurisprudencia de esta Corporación, cuando se demanda el acto de adjudicación con el

argumento de que la oferta ganadora no era la más favorable, para que se reconozca una
indemnización en favor del demandante, se debe: i) acreditar un desconocimiento del pliego de
condiciones y/o de la normativa aplicable, que controvierta la presunción de legalidad del acto
administrativo y ii) demostrar que la oferta presentada en la licitación era la mejor. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A: i) sentencia del 10 de diciembre de 2018. Radicado
76001-23-31-000-2001-02942-01 (39.066). C.P. Carlos Alberto Zambrano y ii) sentencia del 27 de
agosto de 2020. Radicado 05001-23-31-000-1997-02583-01 (44.212). C.P. María Adriana Marín.

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

perjuicios y se confirmará la sentencia recurrida, que denegó las pretensiones de
la demanda.

3. Costas

El artículo 365 del CGP32 dispuso en el numeral 1 que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación”.

Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas en segunda
instancia a la parte apelante, quien resultó vencida en el sub lite, pues se
confirmará la sentencia de primera instancia.

Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del
CGP33. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales.

En el sub lite, la entidad demandada adelantó gestiones de manera activa, pues
acudió al proceso con apoderado, contestó la demanda y presentó alegatos de
conclusión, motivo por el cual la Sala procederá a fijar las agencias en derecho
con base en lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201634,
según el cual, en los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se
formulen pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en
segunda instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV35.

32 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
33 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las

tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
34 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 27 de junio de 2017,

cuando ya se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias
en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y
máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
35 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general.

[…]. En primera instancia. A. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario: […] (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […]. En
segunda instancia. Entre 1 y 6 SMMLV”.

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023)
Actor: Norma Constanza Bonelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Controversias contractuales - nulidad y
restablecimiento del derecho - CPACA

En virtud de lo anterior, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda
instancia en la suma equivalente a 3 SMLMV, en favor de la Policía Nacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de mayo de 2022, proferida por la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual
se denegaron las pretensiones de la demanda, según lo expuesto.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a la señora Norma
Constanza Bonelo. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho en 3 salarios
mínimos legales mensuales vigentes en favor de la Policía Nacional. Las costas se
liquidarán de manera concentrada por el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
CON ACLARACIÓN DE VOTO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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