Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00106-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00106-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2020-00106-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
23 de febrero de 2026
Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD (CPACA)
Radicación: 11001-03-26-000-2020-00106-00 (66189)
Demandante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
TEMAS: CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES – Son consideradas entidades
autónomas de carácter nacional cuya contratación, por regla, está sujeta a la Ley 80 de 1993 y sus
reformas. ACTOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES – Se deben demandar dentro de
los 4 meses desde su comunicación, notificación, ejecución o publicación, sin distingo del medio de
control, en concordancia con el literal c) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. CONTRATACIÓN
ESTATAL – Persigue hacer efectivos los fines del Estado en el marco del interés general. PLIEGO
DE CONDICIONES – Es un acto jurídico mixto, pues contiene las reglas de juego del procedimiento
de selección y, una vez suscrito el contrato, pasa a hacer parte de su clausulado. – Está conformado
por mandatos legales de obligatorio acatamiento y/o aspectos circunstanciales derivados del objeto
que se pretende contratar. PAGO DE PARAFISCALES DE LOS TRABAJADORES DEL
CONTRATISTA – Debe acreditarse y/o certificarse por aquel durante el procedimiento de selección
y/o al momento de la ejecución del contrato. TRABAJADORES Y COLABORADORES DEL
CONTRATISTA– Son de la responsabilidad absoluta de aquel, por lo que el Estado no asume riesgos
por cuenta de sus labores. CERTIFICADO DE EXCELENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO – Lo emite el Ministerio del Trabajo respecto a aquellas personas que deseen solicitarlo
y que demuestren una buena práctica al respecto, por lo que es facultativo y, por tanto, no requiere
incorporarse como un requisito habilitante en los procedimientos de contratación del Estado, en
concordancia con el artículo 22 de la Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad presentada por el señor
Gustavo Rodríguez Rojas contra la Corporación Autónoma Regional del Guavio, en
la que se pretende la nulidad del pliego de condiciones de la licitación pública No.
01-2020.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Corporación Autónoma Regional del Guavio -en lo sucesivo Corpoguavio- dio
apertura a la licitación pública No. 01-2020, cuyo objeto consistió en la contratación
del servicio de transporte público terrestre automotor especial y de carga para
movilizar personal, equipos y herramienta como apoyo a las actividades de la
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
entidad, para lo cual publicó en el Portal Único de Contratación del Estado el pliego
de condiciones correspondiente.
Al respecto, el señor Gustavo Rodríguez Rojas consideró que el referenciado pliego
de condiciones desconoció el ordenamiento jurídico, pues en su opinión
Corpoguavio omitió incorporar en dicho acto administrativo general, dentro de los
requisitos técnicos habilitantes, la presentación del certificado de acreditación de
seguridad y salud en el trabajo emitido por el Ministerio del Trabajo, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 22 de la Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio del
Trabajo, que estableció estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo -en adelante SGSST-. Como consecuencia, presentó
demanda de nulidad contra la aludida actuación, con el fin de que fuera anulada.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda y la medida cautelar solicitada
1.1. El 22 de agosto de 20201, el señor Gustavo Rodríguez Rojas presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad, contra Corpoguavio, con el
fin de que se anulara el pliego de condiciones de la licitación pública No. 01-2020,
en el cual se establecieron las reglas de contratación del servicio de transporte
público terrestre para la movilización de personal a efectos de desempeñar las
competencias de la entidad, por supuestamente haber desconocido las obligaciones
definidas en el SGSST, al no exigir a los oferentes la presentación del certificado de
acreditación de seguridad y salud en el trabajo que expide el Ministerio del Trabajo
como lo prescribió el artículo 22 de la Resolución No. 312 de 2019.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“PRETENSIÓN
El pliego de condiciones y los términos de referencia, tienen la naturaleza
jurídica de actos administrativos de carácter general, porque crean
1 Folios 1 a 19 del archivo D11001 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
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situaciones jurídicas a un número plural e indeterminado de personas a
quienes se les invita públicamente a contratar.
Con fundamento en los anteriores hechos, respetuosamente solicito
declarar la nulidad del siguiente acto administrativo denominado:
PLIEGO DE CONDICIONES -LICITACIÓN PÚBLICA: 01-2020.
OBJETO:
«CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y DE CARGA, PARA
EL TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTA EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA CON PLATON 4X4 COMO APOYO A
LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES, COMO A LAS
DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD DEL ORDEN LOCAL,
DEPARTAMENTAL O NACIONAL, EN EJERCICIO DE AUTORIDAD
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
GUAVIO -CORPOGUAVIO-»”.
1.3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte demandante afirmó
que Corpoguavio publicó en el Portal Único de Contratación del Estado -
www.colombiacompra.gov.co- el “estudio del sector económico, estudio previo de
conveniencia y oportunidad, estudio de mercado, proyecto de pliego de condiciones,
anexo técnico y aviso de convocatoria pública”, ordenando la apertura de la licitación
pública No. 01-2020, que tendría por objeto la contratación del servicio de transporte
público terrestre automotor especial y de carga para el transporte de personal,
equipos y herramienta en camionetas doble cabina con platón 4X4 como apoyo a
las actividades administrativas y misionales, así como a las demás actividades
propias de la entidad.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que el
pliego de condiciones de la licitación No. 01-2020 infringió: i) el artículo 25 de la
Constitución de 1991, ii) los artículos 1° y 14 de la Ley 1562 de 2012, iii) los artículos
2 y 26 del Decreto 1295 de 1994, iv) el Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro
2 y los artículos 2.2.4.7.4. y 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 y v) La Resolución
No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo2.
En desarrollo de lo anterior, sostuvo que Corpoguavio omitió incorporar en el pliego
de condiciones lo dispuesto por el artículo 22 de la Resolución No. 0312 de 2019,
2 La parte demandante incluyó dentro del concepto de la violación el “numeral 5° del artículo
2.2.4.6.8.”; sin embargo, no señaló a que tipo de norma correspondía dicha disposición jurídica.
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proferida por el Ministerio del Trabajo, que estableció estándares mínimos del
SGSST durante la escogencia del proponente, pues no le exigió a los oferentes en
cuestión, dentro de los requisitos técnicos habilitantes, la presentación del
certificado de acreditación de seguridad y salud en el trabajo emitido por el
Ministerio del Trabajo, lo cual, a su juicio, expuso a la administración municipal a un
riesgo financiero jurídico “enorme”.
Así, anotó que la anterior circunstancia llevó a que Corpoguavio transgrediera el
principio de planeación como medio de estructuración del proceso contractual, por
no incluir herramientas para estimar el riesgo futuro en el ámbito del SGSST, lo que
bajo su criterio podría conllevar a consecuencias tan “nefastas” como sobrecostos
administrativos, adquisición de bienes y servicios de mala calidad o innecesarios, la
nulidad de los actos precontractuales y del futuro contrato.
Al punto, enfatizó que el acatamiento de la Resolución No. 312 de 2019 es
obligatorio y transversal a todas las entidades públicas y privadas, so pena de
propiciar un ambiente de desprotección ante la ocurrencia de accidentes laborales,
enfermedades profesionales, pensión permanente o total y demás eventos
catastróficos que puedan ocurrir en el desarrollo de un contrato público. Por ende,
argumentó que, dado que en el pliego de condiciones demandado no se hizo
referencia a la precitada norma, se desconoció el anterior acto administrativo, lo que
pone en riesgo la vida de los futuros trabajadores del contratista que se elija.
También anotó que mal hace el mismo Estado en desconocer las normas que este
mismo promulgó en materia de seguridad social y salud en el trabajo, máxime si se
tiene en cuenta que el acatamiento del régimen laboral favorece la mitigación de
riesgos y la reducción de costos en caso de la ocurrencia de siniestros, así como de
multas, en el marco del Decreto 472 de 2015.
A su turno, indicó que no basta con afiliar al sistema de salud a los trabajadores y
contratistas, pues al expedirse el documento SG-SST se obtiene una protección
especial ante la ocurrencia de siniestros en la actividad de trabajo que, de
concretarse, deviene en la protección de recursos públicos, pues le ahorra al Estado
asumir cualquier emolumento por cuenta de dichas circunstancias.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Bajo esa senda argumentativa, concluyó que el SGSST debe ser un requisito
habilitante para participar en los procedimientos precontractuales del Estado, en
línea con el Decreto 1072 de 2015, en virtud del cual se “amarró el margen de
maniobra de los contratistas, posibles oferentes, a la implementación del SG-SST”,
de suerte que “Corpoguavio debe abstenerse de realizar negociaciones o contratar
con individuos o entidades que no cumplan con las normativas de SG-SST”.
1.5. El señor Gustavo Rodríguez Rojas también solicitó como medida cautelar la
“suspensión provisional del acto administrativo demandado”, bajo la premisa de que
es palmaria su ilegalidad al no incorporar el deber de expedir el documento SG-SST
como elemento de evaluación de las ofertas de la licitación No. 01-2020, lo que a la
postre transgredió las normas invocadas en el escrito inicial.
2. Admisión de la demanda y su contestación
2.1. El 9 de abril de 20243 el Despacho sustanciador admitió la demanda, por
encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada en debida forma
a las partes y al Ministerio Público.
2.2. El 20 de junio de 20244, Corpoguavio contestó la demanda; sin embargo, su
intervención fue extemporánea.
3. Decisión de medidas cautelares
El 20 de mayo de 20245, el Despacho sustanciador negó la medida cautelar de
suspensión provisional del pliego de condiciones demandado, por considerar que,
3 Índice 4 del expediente digital en SAMAI. La demanda fue presentada inicialmente ante los
Juzgados Administrativos del Circuito de Zipaquirá; sin embargo, mediante auto de 10 de septiembre
de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de ese municipio remitió el
expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar que es el órgano competente
para juzgar la nulidad simple de un acto administrativo expedido por una entidad pública del orden
nacional. Archivos 3 a 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
4 Índice 23 del expediente digital en SAMAI. La notificación personal de la demanda a Corpoguavio
se surtió el 29 de abril de 2024 - índices 10, 13 y 14 de SAMAI-. Luego, el término de 2 días dispuesto
por el artículo 199 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, corrió entre el 30 de abril y el 2
de mayo de 2024. Como consecuencia, los 30 días para contestar la demanda, previstos en el
artículo 172 del CPACA, corrieron entre el 3 de mayo y el 18 de junio de 2024 y, con todo,
Corpoguavio radicó su escrito de oposición hasta el 20 de junio de 2024.
5 Índice 19 del expediente digital en SAMAI.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
en los términos del artículo 231 del CPACA, de la confrontación del acto demandado
con las normas superiores invocadas como violadas no se evidenció una oposición
del pliego de condiciones con el ordenamiento jurídico, “en la medida que las
referidas disposiciones [en referencia a las normas constitucionales y legales que
se alegan vulneradas] no imponen una obligación en materia contractual frente a la
acreditación en Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Ministerio del Trabajo,
para que se configure la omisión esgrimida por el demandante”.
Bajo esa perspectiva, se adujo que la acreditación en excelencia en Seguridad
Social y del Trabajo por parte del Ministerio del Trabajo a las entidades, empresas
y empleadores no se instituyó como una obligación en cabeza de la Administración
para exigirle a los proponentes a efectos de seleccionarlos al momento de
configurar el pliego de condiciones, pues “si bien puede ser utilizada como referente
en la actividad contractual, no configura un requisito indispensable para elegir al
contratista”, por no haberse concebido tal interpretación en la Constitución y la Ley.
Como consecuencia, se evidenció que las disposiciones constitucionales y legales
invocadas por el actor no incorporaron un deber de añadir dentro de los pliegos de
condiciones del Estado la exigencia de una certificación que acreditara la excelencia
en Seguridad Social y del Trabajo por el Ministerio del Trabajo, al cual hubiere tenido
que ceñirse la elaboración del referido acto administrativo.
Además, se resaltó que el pliego de condiciones se atuvo a las exigencias generales
en materia de Seguridad Social en el ámbito contractual del Estado, al exigir a los
oferentes presentar la constancia del cumplimiento de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales y parafiscales, y al
instituir en cabeza de los proponentes el deber de aportar el certificado de la ARL
donde conste que se cuenta con el SGSST, elementos que sí son exigidos por la
Ley en ese ámbito.
En tal virtud, se concluyó que en esa etapa inicial no se evidencia que las normas
superiores invocadas hubieran establecido una exigencia especial en materia
contractual que hubiera sido omitida por la contratante al momento de estructurar
el pliego de condiciones, lo que evidencia que no se encontró una oposición entre
el contenido del acto demandado y las disposiciones que se acusan infringidas.
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4. Trámite de sentencia anticipada
4.1. El 12 de agosto de 20246, se prescindió de la audiencia inicial para dictar
sentencia anticipada, con base en el numeral 1° del artículo 182A del CPACA,
adicionado por la Ley 2080 de 2021, debido a que se está ante un asunto de puro
derecho y no restaban pruebas por practicar, por cuanto se aportaron solamente
documentales, y sobre ellas no se formuló tacha de desconocimiento.
En la decisión en comento se fijó el litigio, en el entendido de establecer si el pliego
de condiciones elaborado por Corpoguavio en la licitación pública No. 001-2020 es
ilegal y desconoce el principio de planeación por contravenir la Resolución 0312 del
13 de febrero de 2019 dictada por el Ministerio del Trabajo, así como las normas
constitucionales y legales invocadas en la demanda, relativas a los estándares
mínimos que se deben cumplir en materia de SGSST.
Por último, se decretaron como pruebas la totalidad de los documentos allegados
con la demanda.
4.2. El 13 de septiembre de 20247, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
4.2.1. Corpoguavio presentó alegatos de conclusión, en los cuales manifestó que
con el pliego de condiciones de la licitación pública No. 01 de 2020 no se infringió
ninguna norma del ordenamiento jurídico, por considerar que del ordenamiento
jurídico no se desprende un deber de tener en cuenta dentro de las condiciones de
selección del contratista la acreditación en SGSST por el Ministerio del Trabajo8.
A lo anterior sumó que, en todo caso, en el pliego de condiciones de la licitación
pública 01 de 2020 se exigió a los oferentes la presentación de una certificación
suscrita por la ARL en la que constara que la empresa cuenta con el SGSST, con
énfasis en el riesgo relativo al procedimiento contractual y según la estructura
6 Índice 28 del expediente digital en SAMAI.
7 Índice 34 del expediente digital en SAMAI.
8 Índice 38 del expediente digital en SAMAI.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
organizacional de la empresa, lo que se consideró suficiente para acreditar las
buenas prácticas sobre ese aspecto.
Finalmente, la demandada indicó que el contrato producto de la licitación 01 de 2020
se ejecutó debidamente y fue liquidado bilateralmente.
4.2.2. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver en única instancia la demanda interpuesta por Gustavo Rodríguez
Rojas, la Sala analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del
Consejo de Estado para conocer el presente asunto, (2) procedencia del medio de
control, (3) oportunidad de la demanda, (4) legitimación en la causa, (5) problemas
jurídicos, (6) solución a los problemas jurídicos y (7) costas.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con base en el artículo 1049 del CPACA, pues el pliego de condiciones de
la licitación No. 01 de 2020 cuya ilegalidad se alegó fue dictado por la Corporación
Autónoma Regional del Guavio, en tanto entidad autónoma de índole nacional10.
9 Al sub judice le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación
de la demanda -22 de agosto de 2020- es decir, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, incluyendo las
modificaciones de la Ley 2080 de 2021 -salvo las modificaciones atinentes a la competencia, que
comenzaron a regir hasta el 26 de enero de 2022 para los nuevos asuntos- y la Ley 1564 de 2012 -
CGP-, en los aspectos no contemplados en el primero, por virtud de la remisión efectuada en el
artículo 306 del primer estatuto procesal. // “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además
de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios
originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo,
en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa”.
10 Ley 99 de 1993. “Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son
entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del
Medio Ambiente”. // Bajo el anterior derrotero, la Corte Constitucional ha sostenido que las
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
El Consejo de Estado también es competente para resolver la demanda interpuesta
por el señor Gustavo Rodríguez Rojas, de conformidad con el numeral 1° del artículo
149 del CPACA11, considerando que dicha normativa asignó en única instancia a
esta Corporación el conocimiento de las demandas de nulidad contra los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, como lo es
Corpoguavio.
2. Procedencia del medio de control
En virtud del artículo 137 del CPACA12, toda persona podrá solicitar que se declare
la nulidad de los actos administrativos de carácter general en aquellos eventos en
que se hayan expedido con infracción de las normas superiores, sin competencia,
en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación y/o desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió.
Lo anterior es expresión del principio de legalidad y persigue que los individuos
hagan prevalecer la coherencia del orden jurídico objetivo, cuestionando aquellas
disposiciones jurídicas administrativas emitidas en el marco del tránsito normativo
cuando desconozcan el régimen legal y constitucional que les resulta aplicable13.
Considerando que Gustavo Rodríguez Rojas presentó demanda contra
Corpoguavio, con el fin de que se anulara el pliego de condiciones proferido en el
corporaciones autónomas regionales son entidades de índole nacional de carácter autónomo.
Sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016.
11 “Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De los de
nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las
personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo
orden […]”.
12 “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. / Procederá cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación,
o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]”.
13 Consejo de Estado: i) Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de julio de 2018. Radicado
11001-03-26-000-2015-00021-00 (53056) y ii) Sección Quinta. Auto del 16 de octubre de 2014.
Radicado 81001-23-33-000-2012-00039-02.
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marco de la licitación No. 01-202014, que en virtud de la jurisprudencia de esta
Corporación es un auténtico acto administrativo, pues contiene las reglas de juego
que han de regir tanto el procedimiento de selección, como el iter contractual una
vez suscrito el contrato estatal15, el medio de control procedente es el de nulidad.
3. Oportunidad del medio de control
El literal c) del numeral 216 del artículo 164 del CPACA previó que, en las
pretensiones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho de los actos
previos a la celebración del contrato, el término para ejercer el derecho de acción
será de 4 meses, contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación,
ejecución o publicación, según el caso.
Comoquiera que al haberse fijado un período de 4 meses para ejercer el derecho
de acción frente a los actos administrativos precontractuales el legislador no
distinguió entre aquellos que son generales y los particulares, todos estos deben
someterse al aludido interregno, incluyendo el pliego de condiciones, so pena de
que opere la caducidad.
14 A la cual le resulta aplicable la Ley 80 de 1993 y sus reformas, en concordancia con los artículos
2 y 13 del referido cuerpo normativo, considerando que es una entidad con una conformación pública
en su totalidad. “Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los
efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: […] las entidades descentralizadas
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria,
cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles […]”. // “Artículo
13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades
a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley […]”. // Así lo sostuvo
la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 9 de junio de 2005, en el asunto con
radicado 11001-03-26-000-1999-00089-00 (17478).
15 Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que el pliego de condiciones es
un acto jurídico mixto que nace como un acto administrativo de contenido general y que, con la
adjudicación y suscripción del contrato estatal, algunos de sus contenidos se transforman para
incorporarse al texto del negocio jurídico y, por consiguiente, se convierten en cláusulas vinculantes
del mismo. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de julio de 2013.
Radicado 05001-23-31-000-1998-00833-01 (25642). A su vez, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que el pliego de condiciones es: “un acto administrativo
de carácter definitivo en tanto contiene, de una parte, las reglas generales, impersonales y abstractas
que guiarán el procedimiento de selección y, de otra, las condiciones propias del negocio jurídico
que se espera celebrar, entre ellas, como es natural, el objeto a contratar”. Sentencia del 27 de
octubre de 2023. Radicado 11001-03-26-000-2017-00151-00 (60291).
16 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] c) Cuando se pretenda la
nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato,
el término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación,
notificación, ejecución o publicación, según el caso […]”.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Bajo esa perspectiva, en el caso de estudio está demostrado que el pliego de
condiciones de la licitación pública No. 01 de 2020, cuyo objeto consistió en la
contratación del servicio de transporte público para el cumplimiento de los objetivos
misionales de Corpoguavio, se publicó en la plataforma SECOP el 6 de agosto de
202017 y, como la demanda se presentó el 22 de agosto siguiente, no cabe duda de
que fue formulada dentro de los 4 meses de ley, por lo que se presentó en término.
4. Legitimación en la causa
El señor Gustavo Rodríguez Rojas y Corpoguavio se encuentran legitimados en la
causa por activa y pasiva, respectivamente, ya que el primero solicitó la nulidad del
pliego de condiciones de la licitación No. 01 de 2020, en tanto acto administrativo
general, mientras que la segunda profirió la referida decisión.
5. Problemas jurídicos
El marco fundamental para la competencia del juez de única instancia lo constituyen
los cargos planteados en la demanda, en virtud del principio de congruencia, que lo
ata a resolver únicamente lo que la parte actora le formule y lo esbozado en la
contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo
anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde
verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello
considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado18.
Precisado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si Corpoguavio infringió
la normativa superior y, dentro de ello, el artículo 22 de la Resolución No. 312 del
13 de febrero de 2019, dictada por el Ministerio del Trabajo, las obligaciones
definidas en el SGSST y el principio de planeación al expedir el pliego de
condiciones de la licitación pública No. 01 de 2020 por omitir exigir dentro de los
requisitos habilitantes de la convocatoria el aporte de un certificado de acreditación
de seguridad y salud en el trabajo a cargo de la cartera ministerial mencionada.
17 Como obra en el enlace del folio 27 del archivo D11001 del índice 2 del expediente digital en
SAMAI, contentivo del registro de actuaciones de la licitación No. 01 de 2020 en SECOP.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado
18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).
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Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Dentro de ello debe verificarse si la anterior circunstancia devino en que la entidad
se viera sometida a un riesgo “enorme” que podría acarrearle sobrecostos,
eventuales nulidades y circunstancias de responsabilidad de haber siniestros frente
a los trabajadores del contratista, pues a juicio de la parte demandante aquellos
quedaron desprotegidos por la omisión atribuida a Corpoguavio, lo que a la postre
llevará a que cualquier accidente laboral deberá ser asumido por la demandada.
6. Solución a los problemas jurídicos
A efectos de determinar si el pliego de condiciones enjuiciado desconoció la
normativa superior, corresponde verificar los sucesos alrededor de su expedición,
para lo cual se analizarán las pruebas relevantes incorporadas en el trámite de única
instancia, incluidos los documentos aportados al proceso, según lo previsto en el
artículo 24619 del CGP. Luego, se retomarán los cuestionamientos de la demanda,
a efectos de determinar si hay lugar a acceder a lo señalado en el escrito inicial.
6.1. La licitación pública No. 01 de 2020 para la suscripción del servicio de
transporte para las actividades de Corpoguavio y su pliego de condiciones
6.1.1. El 16 de julio de 202020, Corpoguavio publicó los estudios previos “para el
proceso de selección por licitación pública No. 01 cuyo objeto es contratar la
prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial y de carga
para el transporte de personal, equipos y herramienta” de la entidad.
En el marco de lo anterior, se estipuló que el contratista tendría a cargo en forma
exclusiva la afiliación de sus trabajadores en el Sistema de Seguridad Social y
durante la vigencia del contrato, así como respondería directamente -y en exclusión
de la entidad contratante- por el pago de indemnizaciones o perjuicios ocasionados
por dicha circunstancia.
19 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
20 Folio 27 del archivo D11001 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
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Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
También se incorporó la obligación del contratista de acreditar el cumplimiento de
los deberes en materia de seguridad social integral, incluyendo los riesgos laborales
y aportes parafiscales, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o
representante legal, en el caso de las personas jurídicas; por medio de certificación
de contador o revisor fiscal en el evento de las personas naturales empleadoras; y
con la planilla de pago en cuanto a las personas naturales no empleadoras.
6.1.2. El 6 de agosto de 202021, Corpoguavio profirió la Resolución No. 693,
mediante la cual “se ordena la apertura del proceso de selección por licitación
pública No. 01 de 2020” para contratar la prestación del servicio de transporte
terrestre para la movilización de personal, equipos y herramientas de la entidad, con
un presupuesto oficial estimado de $3.089’949.040.
6.1.3. El 6 de agosto de 202022, Corpoguavio publicó el pliego de condiciones
definitivos de la licitación pública No. 01 de 2020, con el objeto de contratar “la
prestación del servicio de transporte público terrestre automotor, especial y de
carga, para el transporte de personal, equipos y herramienta en camionetas doble
cabina, con platón 4x4 como apoyo a las actividades administrativas y misionales,
como a las demás actividades propias de la entidad del orden local, departamental
o nacional, en ejercicio de autoridad ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Guavio «Corpoguavio»”.
Como reglas relevantes de la licitación, Corpoguavio señaló que el procedimiento
de selección estaría regido por la Ley 80 de 1993 y sus reformas; el presupuesto
oficial del proyecto sería de $3.089’949.040; el plazo de validez de las ofertas sería
de hasta 3 meses; el interregno del contrato sería de 28 meses; los requisitos
habilitantes serían los de capacidad jurídica, financiera, organizacional y las
condiciones de experiencia allí exigidos, así como serían evaluados bajo la regla de
“cumple o no cumple”; y los elementos objeto de puntuación serían evaluados y
sobre la base de aquellos se adjudicaría el acuerdo de voluntades a quien
presentara la mejor oferta.
21 Folios 20 a 26 del archivo D11001 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
22 Folios 28 a 135 del archivo D11001 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
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Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
En el numeral 10 del capítulo II del pliego de condiciones se exigió a los
proponentes, dentro de los requisitos habilitantes, la “constancia de cumplimiento
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales
y parafiscales”, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo
23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013. Como
consecuencia, se señaló que la anterior exigencia se acreditaría así: i) en el caso
de las personas jurídicas mediante certificación expedida por el revisor fiscal o
representante legal; ii) frente a personas naturales empleadoras por medio de
certificación emitida por un contador o revisor fiscal; y iii) de estarse ante personas
naturales no empleadoras, con la constancia del pago de sus aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales.
Sobre ello también se indicó que el proponente debía encontrarse al día con las
cotizaciones al sistema general de riesgos laborales “lo cual deberá certificar en la
constancia de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral incluyendo los
riesgos laborales y parafiscales”.
En el numeral 5.1. del capítulo 5 se señaló que, en el futuro contrato a suscribir, el
contratista tendría a cargo asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que
conlleve la total ejecución del objeto contractual, tener afiliado a su personal al
Sistema de Seguridad Social y pagar sus parafiscales durante la vigencia del
contrato, siendo un asunto de su entera responsabilidad. Igualmente, se dispuso
que aquel “deberá cumplir por su cuenta el pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones de todo el personal que se ocupe en la ejecución del contrato”.
En concordancia con lo anterior, en el anexo 4 del pliego de condiciones se previó
el deber de aportar el formato de constancia de pagos de seguridad social y aportes
legales, en virtud del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
6.2. El pliego de condiciones de la licitación No. 01 de 2020 se ajustó a derecho
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el señor Gustavo Rodríguez Rojas
cuestionó la legalidad del pliego de condiciones de la licitación pública No. 01 de
2020, por considerar que infringió la normativa superior, entre ello el artículo 22 de
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Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
la Resolución No. 312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo, las
obligaciones definidas en el SGSST y el principio de planeación, por expedirse sin
incluir dentro de sus requisitos habilitantes el deber de aportar un certificado de
acreditación de seguridad y salud en el trabajo emitido por la referida cartera
ministerial, lo que a su juicio devino en que la demandada se sometiera a un riesgo
enorme que podría acarrearle sobrecostos por lo que le suceda a los trabajadores
del contratista ante dicha omisión.
Bajo tal escenario, la Sala advierte, de entrada, que no encuentra configurada
ninguna infracción al ordenamiento jurídico por parte del pliego de condiciones de
la licitación No. 01 de 2020, por cuanto de su lectura no se evidencia un
desconocimiento de las obligaciones definidas en el SGSST, ni del principio de
planeación y, por el contrario, se encuentra que Corpoguavio se atuvo a la normativa
en materia de seguridad social respecto a los trabajadores a cargo del contratista.
6.2.1. Al respecto, conviene comenzar por señalar que el contrato estatal persigue
el cumplimiento del interés general por medio de la colaboración de los particulares
quienes, como resultado de esos acuerdos de voluntades, contribuyen en la
realización de los fines del Estado a cambio de una remuneración y sujetos a los
principios de la función administrativa23, escenario en el cual el constituyente24
atribuyó al legislador el deber de emitir un estatuto especial25 que se encuentra
contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas -que como se señaló apartes atrás
resulta aplicable a la gestión contractual de Corpoguavio-, que estableció, entre
otros, la licitación como procedimiento de selección por antonomasia para la
adjudicación de los negocios jurídicos estatales.
23 Constitución de 1991. “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. // Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. // Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 28 de mayo de 2012. Radicado 07001-23-
31-000-1999-00546-01 (21489).
24 Constitución de 1991. “Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones […] 25. Unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el
territorio de la República. // Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la
administración pública y en especial de la administración nacional”.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-949 del 5 de septiembre de 2001.
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Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
En el marco del procedimiento licitatorio la entidad estatal profiere el pliego de
condiciones, que como se anticipó en el análisis de presupuestos procesales, es un
acto jurídico mixto, debido a que contiene las reglas de juego que han de regir el
proceso de selección y para tal efecto es un verdadero acto administrativo y,
además, una vez se suscribe el contrato estatal se integra con aquel, por lo que su
clausulado es vinculante para los cocontratantes durante el iter contractual26.
El pliego de condiciones se constituye a partir de i) mandatos legales de obligatorio
acatamiento y/o ii) aspectos circunstanciales que surgen con ocasión de lo que se
pretende contratar, en virtud del principio de planeación27.
Los primeros son producto de las normas de orden público que rigen directa y/o
indirectamente la materia, como lo son los requisitos habilitantes, la debida
conformación del consorcio o la unión temporal y/o la necesidad de asignar los
riesgos, entre otros elementos que deben ser tenidos en cuenta de manera
imperativa en todo procedimiento de selección regido por la Ley 80 de 1993, so
pena de que su desconocimiento devenga en eventuales vicios de legalidad28.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de julio de 2013. Radicado
05001-23-31-000-1998-00833-01 (25642).
27 Al respecto, el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 estipuló el contenido del pliego de
condiciones así: “Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deben
contener por lo menos la siguiente información: 1. La descripción técnica, detallada y completa del
bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y
Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo. 2. La modalidad del proceso
de selección y su justificación. 3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y
los incentivos cuando a ello haya lugar. 4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal
debe tener en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del
contratista. 5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación
del contrato. 6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 7. El valor del contrato, el plazo, el
cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere,
indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar. 8. Los
Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las partes
contratantes. 9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. 10. La
mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están cubiertos
por un Acuerdo Comercial. 11. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 12. Los términos de
la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede
expedir Adendas. 14. El Cronograma”.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2001. Radicado 11001-03-26-
000-1996-3771-01 (12037). // El Consejo de Estado ha reiterado sistemáticamente que el pliego de
condiciones debe estar sujeto a la ley en materia de contratación, so pena de que sea pasible de ser
anulado en sede judicial: “el pliego de condiciones es «un acto administrativo, que cuando contiene
cláusulas violatorias de la ley de contratación que restrinjan ilegalmente la participación de los
oferentes o que de alguna manera se conviertan en un obstáculo para la selección objetiva, es
posible demandarlo en acción o de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho en defensa
de la legalidad que debe presidir toda actuación administrativa […]»”. Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de febrero de 2012. Radicado 11001-03-26-000-
2010-0036-01 (IJ).
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Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Los segundos son resultado de las necesidades de la entidad producto de los
estudios previos, de suerte que no pueden ser discrecionales, sino que deben
atender a los requerimientos institucionales que justifican la contratación que se
llevará a cabo, como sucede con las cantidades pedidas, las calidades de la obra
y/o servicio a efectuar, así como las condiciones de experiencia de los oferentes29.
Ahora bien, en materia de seguridad social, dentro de los requisitos legales
obligatorios en materia contractual del Estado se encuentra la acreditación del
cumplimiento del pago de aportes a seguridad social que, en los términos de las
Leyes 789 de 200230 y 828 de 200331 se trata de un aspecto que todo proponente
debe declarar y/o certificar en tales procedimientos negociales, pues busca
asegurar que el Estado celebre acuerdos de voluntades con aquellos oferentes que
satisfagan las obligaciones a cargo de sus empleados y contratistas, de ahí que en
el pliego de condiciones sea dable incorporar esa exigencia legal.
29 Sobre ello la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha manifestado que “El
principio de selección objetiva del contratista además de servir de garantía para los proponentes
respecto de los criterios de selección, permite a la Administración Pública cumplir con el cometido
de adjudicar el contrato a la oferta que realmente –según sus propios estudios previos, realizados
en virtud del principio de planeación– le resulte más favorable. En este sentido, el pliego de
condiciones que se debe confeccionar por la entidad pública antes de ordenar la apertura de un
procedimiento administrativo de selección contractual, se erige en la base fundamental de este
deber, pues permite concretar el concepto jurídico indeterminado de “favorabilidad” en la escogencia
del ofrecimiento, comoquiera que en el pliego de condiciones se plasman tanto los criterios o factores
de escogencia como la ponderación precisa y detallada de los mismos, los cuales constituyen las
‘reglas de juego’ que permitirán determinar objetivamente cuál es la oferta más ventajosa. En relación
con la función que cumplen los pliegos de condiciones en orden a garantizar el deber de selección
objetiva, los requisitos de participación y los criterios de selección que en ellos se consignan, así
como la construcción de los mismos de acuerdo con las necesidades de la contratación en el marco
del artículo 29 de la Ley 80 de 1993 (…) tanto los criterios de selección como la ponderación precisa
y detallada de cada uno de ellos se deben establecer y definir para cada procedimiento administrativo
de selección contractual en función de una adecuada etapa de planeación que efectúe la entidad a
partir de unos apropiados estudios previos que aseguren la consagración de unos criterios de
selección y una ponderación de los mismos que le permitan a la entidad un grado de certeza de que
la propuesta a escoger garantizará el desarrollo del objeto contractual materia de la adjudicación”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de marzo de 2013. Radicado
44001-23-31-000-1999-00827-01 (24059).
30 “Artículo 50. […]. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el
pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación
para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses
anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6)
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución”.
31 “Artículo 9. […]. Registro único de proponentes. Para realizar la inscripción, modificación,
actualización o renovación del registro único de proponentes, las Cámaras de Comercio deberán
exigir prueba del cumplimiento de las obligaciones parafiscales. Las personas jurídicas probarán su
cumplimiento mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante
legal; las personas naturales mediante declaración juramentada […]”.
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Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Al punto, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, reformado por el artículo 23 de la Ley
1150 de 200732 dispuso que, de cara a la ejecución del contrato, tanto el proponente
como el futuro contratista probarían que se encuentran al día en el pago de los
aportes parafiscales y del Sistema de Seguridad Social Integral, lo que reafirma que
ese deber se debe verificar tanto en la fase precontractual, como en la contractual,
motivo por el cual es válido delimitar la forma en que se constatará desde los pliegos
de condiciones, en tanto reglas de juego de la contratación que se busca efectuar33.
De esa manera, el legislador estableció pautas para que el proponente y futuro
contratista del Estado acredite que se encuentra al día con sus obligaciones
parafiscales, lo que de manera implícita revela que, efectivamente, los trabajadores
a su cargo son de su entero resorte, pues cuando la entidad estatal suscribe un
contrato con un particular, los individuos que ese último vincule para la concreción
del objeto negocial no tienen relación alguna con el Estado, tanto así que,
precisamente, quien debe satisfacer su seguridad social y asumir cualquier
desavenencia que se presente con ocasión a aquellos es el contratista.
6.2.2. A partir del anterior bosquejo, esta Subsección advierte que el legislador no
incluyó ninguna obligación en cabeza de las entidades estatales contratantes y, en
concreto, de Corpoguavio, de añadir dentro de los requisitos habilitantes de su
pliego de condiciones el deber de aportar un certificado de acreditación de
seguridad y salud en el trabajo emitido por el Ministerio del Trabajo, de suerte que,
en el caso concreto, dicha entidad no estaba obligada a exigir tal requisito en el acto
administrativo demandado.
32 “Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando
se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. // [Modificado por el
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007]. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y
de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley
orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda […]”.
33 La Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que “la obligación de certificar el pago de
aportes parafiscales con la presentación del ofrecimiento en los procesos de selección no se limita
a que el proponente aporte tal declaración, sino que la entidad contratante debe verificar el
cumplimiento de tal aspecto y, de ser el caso, requerir al oferente para que soporte probatoriamente
tal declaración”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de abril de
2023. Radicado 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023).
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Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Ciertamente, de la lectura de la normativa mencionada en materia de seguridad
social es claro que, tratándose de obligaciones en materia de parafiscales de los
trabajadores y/o colaboradores del contratista, lo único que la legislación exige es
la declaración y/o evidencia de su pago, que como se explicó, se trata de un deber
de la entera responsabilidad del particular cocontratante y frente al cual el rol del
Estado se restringe a verificar su debida satisfacción.
Al punto, si bien las Leyes 80 de 1993, 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007
establecieron un deber de certificar el cumplimiento del pago de parafiscales, ello
no se refiere propiamente a un documento expedido por el Ministerio del Trabajo en
los términos de lo indicado por el señor Gustavo Rodríguez Rojas en su demanda,
por lo que mal harían las entidades estatales en reducirlo a ello cuando ni la
legislación ni los decretos reglamentarios aplicables le dieron tal alcance al deber
en comento.
Sobre ello vale destacar que, si el querer del legislador hubiera sido establecer una
tarifa legal para probar el cumplimiento del deber de aportes parafiscales por parte
del contratista, así lo hubiera consignado expresamente en el ordenamiento jurídico;
empero, se limitó a señalar, de manera general, que bastaba con declarar y/o
demostrar tal circunstancia.
Por otro lado, contrario a lo afirmado por el señor Gustavo Rodríguez Rojas, el
artículo 25 de la Constitución de 1991, los artículos 1° y 14 de la Ley 1562 de 2012,
los artículos 2 y 26 del Decreto 1295 de 1994, el Capítulo 7 del Título 4 de la Parte
2 del Libro 2 y los artículos 2.2.4.7.4. y 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 y el
artículo 22 de La Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo por aquel
invocados no establecen ningún mandato de añadir como exigencia en los pliegos
de condiciones el deber de aportar un certificado de acreditación de seguridad y
salud en el trabajo emitido por el Ministerio del Trabajo, sino que, como se verá a
continuación, simplemente prevén una serie de deberes generales en materia de
seguridad social a cargo del empleador cuya incorporación expresa en las reglas de
juego de la fase precontractual no resulta imperativa.
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Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Primero, el artículo 25 de la Constitución de 199134 simplemente prescribió que el
trabajo es un derecho y una obligación, mandato del cual no se deriva ninguna
obligación de aportes de certificados en la contratación pública.
Segundo, los artículos 1°35 y 1436 de la Ley 1562 de 2012 determinaron múltiples
definiciones atinentes al sistema de riesgos laborales y la posibilidad de realización
de visitas de verificación para definir el cumplimiento de los estándares mínimos
establecidos en el Sistema de Garantía de Calidad, sin que se hubiera atribuido a
las entidades del Estado en sí un deber general de aportar certificado alguno sobre
la materia.
34 “Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas”.
35 “Artículo 1°. Definiciones: Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión
o como consecuencia del trabajo que desarrollan. // Las disposiciones vigentes de salud ocupacional
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos
Laborales. // Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo,
definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas
por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene
por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo,
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores
en todas las ocupaciones. // Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política,
la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y salud en el trabajo […]”.
36 “Artículo 14. Garantía de la calidad en salud ocupacional y riesgos laborales. Para efectos de
operar el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales,
que deberán cumplir los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales, se realizarán visitas
de verificación del cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el mencionado sistema
de garantía de calidad, que se realizarán en forma directa o a través de terceros idóneos
seleccionados por el Ministerio del Trabajo de acuerdo a la reglamentación que expida al respecto,
priorizando las empresas con mayores tasas de accidentalidad y muertes. // El costo de las visitas
de verificación serán asumidas en partes iguales por la respectiva Entidad Aseguradora de Riesgos
Laborales a la cual se encuentre afiliado el empleador y con recursos del Fondo de Riesgos
Laborales de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio del Trabajo. // La verificación del
cumplimiento de los estándares mínimos por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud que presten servicios de Salud Ocupacional, será realizada por las Entidades
Departamentales y Distritales de Salud dentro de la verificación de cumplimiento de las condiciones
para la habilitación y con sus propios recursos. // Parágrafo. Los trabajadores dependientes,
independientes, el personal no uniformado de la policía y el personal civil de las Fuerzas Militares
estarán obligados a cumplir los estándares mínimos del Sistema de Garantía de la Calidad de
Riesgos Laborales en lo relacionado al cumplimiento de sus deberes y obligaciones establecidas en
la normatividad vigente del sistema de riesgos laborales”.
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Radicado: 110010326000202000106-00 (66189)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Tercero, los artículos 237 y 2638 del Decreto 1295 de 1994 y el Capítulo 7 del Título
4 de la Parte 2 del Libro 239 y los artículos 2.2.4.7.4.40 y 2.2.4.7.5.41 del Decreto 1072
de 2015 se refirieron a los objetivos del sistema general de riesgos profesionales,
las clases de riesgos, el Sistema de Garantía de Calidad del SGSST y el Sistema
de Estándares Mínimos, pero no imputaron a las entidades del Estado incluir en los
pliegos de condiciones la obligación de aportar certificados en materia de seguridad
social.
Cuarto, el artículo 22 de la Resolución No. 312 de 201942 del Ministerio del Trabajo
estableció los requisitos que deben cumplir las entidades, empresas, empleadores
37 “Artículo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales. El Sistema General de
Riesgos Profesionales tiene los siguientes objetivos: a) Establecer las actividades de promoción y
prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora,
protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud
individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. b) Fijar las prestaciones de atención
de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya
lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. c) Reconocer y
pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial o invalidez,
que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de
origen profesional. d) Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales”.
38 “Artículo 26. Tabla de Clases de Riesgo. Para la Clasificación de Empresa se establecen cinco
clases de riesgo: […] CLASE I - Riesgo mínimo, CLASE II - Riesgo bajo, CLASE III - Riesgo medio,
CLASE IV - Riesgo alto, y CLASE V - Riesgo máximo”.
39 “Capítulo 7. Sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales”.
40 “Artículo 2.2.4.7.4. Componentes. El Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales tendrá los siguientes componentes: 1. Sistema de Estándares Mínimos. 2.
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en seguridad y salud en el trabajo y
Riesgos Laborales. 3. Sistema de Acreditación. 4. Sistema de Información para la Calidad” […]”.
41 “Artículo 2.2.4.7.5. Sistema de Estándares Mínimos. Es el conjunto de normas, requisitos y
procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y
controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de
suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General
de Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos
asociados a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y
compromisos en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. // El incumplimiento de las
normas, requisitos y procedimientos del Sistema de Estándares Mínimos acarreará, sin perjuicio de
la pérdida de la posibilidad de operar, la aplicación de las sanciones a las que se refiere el artículo
2.2.4.7.13. del presente Decreto. // La verificación del cumplimiento de los estándares mínimos de
suficiencia patrimonial y financiera por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales,
continuará siendo realizada por la Superintendencia Financiera”.
42 “Artículo 22. Acreditación en SST. El certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo
es el reconocimiento oficial que realiza el Ministerio del Trabajo a las empresas, entidades,
empleadores y contratantes con excelente calificación en el cumplimiento de los Estándares Mínimos
de SST, que aportan valor agregado, ejecutan de manera permanente actividades adicionales a las
establecidas en la normativa de riesgos laborales, que impactan positivamente en la salud y
bienestar de los trabajadores, estudiantes y contratistas. // Las entidades, empresas y empleadores
que deseen acreditarse en excelencia en Seguridad y Salud en el Trabajo deberán: 1. Tener dos (2)
o más planes anuales del Sistema de Gestión de SST, con cumplimiento del cien por ciento (100%)
en los Estándares Mínimos de SST. 2. Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de
la atención en SST, con más de dos (2) años de funcionamiento e implementación. 3. Presentar
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
y contratantes que “deseen” acreditarse en excelencia en seguridad y salud en el
trabajo por parte del Ministerio del Trabajo, sin que de la lectura de la disposición
en cita se desprenda un deber de que el certificado que para el efecto se emita por
la cartera ministerial deba tenerse como requisito habilitante en los procedimientos
contractuales del Estado. Incluso, el parágrafo de la referida disposición enfatizó
que el referido certificado se “podrá” utilizar como un referente en ámbitos como la
contratación pública o privada, lo que en todo caso constituye una simple
posibilidad, mas no una obligación o un deber.
Efectivamente, el certificado de acreditación de seguridad y salud en el trabajo fue
dispuesto como una potestad para toda persona natural o jurídica que desee
voluntariamente solicitarlo y que cuente con un excelente desempeño en el
cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST, por lo que no se trata de un
deber que deba incorporarse en los pliegos de condiciones como requisito
habilitante, pues el ordenamiento jurídico no le dio tal alcance, de suerte que no se
evidencie una irregularidad frente al acto administrativo demandado por la ausencia
de exigencia de tal elemento.
A lo anterior se suma que, de la lectura del pliego de condiciones de la licitación No.
01 de 2020 no se deduce que, en virtud del principio de planeación que se concretó
en el aludido procedimiento de selección, existiera la necesidad de hacer exigible la
incorporación del certificado en cuestión, pues, considerando que el objeto del
contrato a celebrar era “la prestación del servicio de transporte público terrestre
automotor, especial y de carga, para el transporte de personal, equipos y
bajos indicadores de frecuencia, severidad y mortalidad de los accidentes de trabajo, de prevalencia
e incidencia respecto de las enfermedades laborales y de ausentismo laboral por causa médica
conforme se establecen en la presente Resolución, comparados con dos (2) años anteriores a la
presentación de la solicitud del certificado de acreditación. 4. Allegar los programas, planes y
proyectos que aportan valor agregado o superior al cumplimiento normativo, los cuales deben ser
ejecutados de manera permanente y en periodos superiores a dos (2) años. 5. Aprobar la visita de
verificación que realizará personal con licencia en SST vigente y certificado de aprobación del curso
virtual de cincuenta (50) horas en SST, designado por el Ministerio del Trabajo o la visita de la
administradora de riesgos laborales ARL. // La certificación de acreditación _en seguridad y salud en
el trabajo se mantendrá vigente siempre que la empresa, entidad o empleador mantenga la
evaluación del cumplimiento de Estándares Mínimos de SST en el cien por ciento (100%), y continúe
con las labores, programas y actividades que superen los requisitos normativos y apruebe la visita
de verificación que se realizará cada cuatro (4) años. // Parágrafo. La acreditación en seguridad y
salud en el trabajo es gratuita para las empresas, entidades y empleadores, se dará a conocer en
acto público o mediante publicación de la acreditación en la página web del Ministerio del Trabajo.
La certificación se tendrá como referente para efectos de la disminución de la cotización al Sistema
General de Riesgos Laborales y podrá ser utilizado por las empresas públicas y privadas como
referente en seguridad y salud en el trabajo para efectos de la contratación pública o privada”.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
herramienta”, no era imprescindible prever requisitos en materia de seguridad social
adicionales a los que la Ley dispuso para la contratación pública (hecho probado
6.1.3.).
A su vez, se demostró debidamente que Corpoguavio atendió las exigencias legales
en materia de seguridad social respecto a la licitación pública No. 01 de 2020, pues
desde los estudios previos y en el pliego de condiciones reiteró el deber legal del
proponente y/o futuro contratista de declarar y/o demostrar el cumplimiento del pago
de parafiscales (hechos probados 6.1.1. a 6.1.3.), sin que, una vez más, se derive
de la ley o de las particularidades propias del objeto a contratar un deber adicional
de incorporar como requisito habilitante el aporte de un certificado de acreditación
de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Ministerio del Trabajo.
No se puede perder de vista que, si bien los procedimientos de selección
contractuales del Estado están sujetos al rigor propio de la legislación que les resulta
aplicable, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente en señalar que
no se pueden exigir ritualidades y/o formalidades excesivas no previstas en el
ordenamiento jurídico, pues aquellas resultarían truncando los fines del Estado que
se busca hacer efectivos mediante la contratación estatal43.
Ahora bien, el hecho de que el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo no
sea obligatorio en cuanto a su exigencia en los pliegos de condiciones de entidades
como Corpoguavio no quiere decir que su solicitud voluntaria por los contratistas del
Estado quede proscrita, dado que, como se explicó, en realidad no se trata de un
aspecto imperativo, sino voluntario, de ahí que, como lo describe el artículo 22 de
la Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, quien desee puede pedirlo
en cualquier momento, siempre que cumpla las exigencias allí dispuestas.
43 El Consejo de Estado ha sostenido que, en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las ofertas que se
allegan en los procedimientos de selección no pueden ser rechazadas sino solo por aquellos
elementos que son objeto de puntaje, de suerte que sus requisitos formales y sustanciales no
puntuables pueden enmendarse hasta antes de la adjudicación, aspecto que revela que la
incorporación de exigencias en el pliego de condiciones no obedece al capricho de la entidad
convocante, sino que debe estar sujeta a un estricto análisis legal y/o de conveniencia de la entidad
sobre el objeto a suscribir. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 15 de
julio de 2022. Radicado 25000-23-36-000-2017-00564-01 (67.937).
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Adicionalmente, no se encuentra que la ausencia de la obligatoriedad de la
exigencia en cuestión represente un riesgo para el Estado y/o un desconocimiento
del principio de planeación, ya que, como fue señalado anteriormente, el personal
que vincule el contratista para el cumplimiento de los deberes derivados del contrato
estatal a su cargo es de su absoluta responsabilidad y, por tanto, no guarda ninguna
relación directa con el Estado, de suerte que la gestión de la seguridad social de
aquellos y las vicisitudes que se presenten al respecto no representan ningún riesgo
a las entidades estatales, tanto así que, en el caso concreto, se previó que el futuro
contrato traería incorporada una cláusula donde se atribuyera la total
responsabilidad del contratista frente a sus trabajadores (hecho probado 6.1.3.).
Así las cosas, lo que en realidad se evidencia es que el demandante le ha dado a
la normativa sobre seguridad social referida en la demanda un alcance que no tiene,
estableciendo sin sustento alguno exigencias que, bajo su criterio, habría de tener
el pliego de condiciones de los procesos licitatorios del Estado, lo que no es de
recibo para la Sala, pues, como se ha explicado a lo largo de la presente decisión,
la incorporación de requisitos en las reglas de juego de los procedimientos de
selección no obedece al capricho de los futuros cocontratantes, sino que se debe
sujetar al ordenamiento jurídico y las necesidades de la entidad convocante.
Finalmente, la Subsección no puede perder de vista que, recientemente, la Sección
Tercera de esta Corporación concluyó en otro asunto de única instancia en el que,
de manera idéntica, se demandó un pliego de condiciones por no haber exigido
dentro de sus condiciones habilitantes el certificado de acreditación en seguridad y
salud en el trabajo, que dicho elemento no es obligatorio para la contratación con el
Estado “en la medida en que parte de una comprensión errada del alcance del
artículo 22 de la Resolución 312 de 2019, pues dicha norma no señala que la
certificación de acreditación en seguridad y salud en el trabajo sea un documento
obligatorio para empresarios y entidades, ni mucho menos establece que dicha
certificación deba ser exigida como requisito habilitante en los procesos licitatorios
que adelante el Estado Colombiano”, argumentación que guarda plena
concordancia con lo aquí expuesto44.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2024.
Radicado 11001-03-26-000-2021-00060-00 (66750).
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
En virtud de lo argumentado, en el asunto que ocupa la atención de la Sala no se
encuentra que el ordenamiento jurídico colombiano hubiera instituido en cabeza de
las entidades estatales y, en concreto, de Corpoguavio, un deber de exigir como
requisito habilitante la presentación de un certificado de acreditación de seguridad
y salud en el trabajo a cargo del Ministerio del Trabajo, motivo por el cual el pliego
de condiciones de la licitación No. 01 de 2020 no incurrió en alguna irregularidad
por haberse abstenido de incorporar tal exigencia dentro de los requisitos
habilitantes y, por tanto, los reproches de la demanda no tienen la vocación de
prosperar, por lo que se negarán las pretensiones formuladas por el señor Gustavo
Rodríguez Rojas en única instancia.
7. Costas
El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas salvo en los procesos en que se ventile un interés público y siempre que
la demanda no adolezca de una manifiesta carencia de fundamento legal45.
Teniendo en cuenta que en el proceso de la referencia se estudió la legalidad
objetiva de un acto administrativo de carácter general, no es procedente la condena
en costas por tratarse de un asunto en donde se ventiló un interés público y por no
ser la demanda manifiestamente carente de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
45 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil. // [Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021]. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
SEGUNDO: SIN condena en costas.
TERCERO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez en firme esta
providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
VF
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