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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2017-00151-00

Fecha
27 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2017-00151-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas al Municipio de San Gil, las que deberán ser liquidadas una vez ejecutoriada la presente providencia. TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en tres (3) SMLMV que el Municipio de San Gil deberá pagar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC. 24 Expediente: 11001032600020170015100 (60291) Demandante: Municipio de San Gil Demandado: USPEC CUARTO: ARCHIVAR el proceso, una vez en firme esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2017-00151-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Asunto: Sentencia de única instancia

TEMAS: ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA - es, por regla general, un acto de
trámite / PLIEGO DE CONDICIONES - es un acto definitivo en todos los aspectos que regula y, por
tanto, puede demandarse por todos ellos y no solamente por los vicios que se aleguen respecto de
las reglas de selección / MEDIO DE CONTROL DE PROTECCION DE INTERESES Y DERECHOS
COLECTIVOS VS NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – tienen objetos y alcances
diferentes / NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO - puede pretenderse por violación directa de
algún artículo de la Constitución, siempre y cuando no sea abstracto y su alcance no se encuentre
supeditado por el mismo Constituyente a la regulación o desarrollo legal y/o reglamentario

Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado1, procede la Sala a decidir la demanda promovida con el objeto de debatir
la legalidad de la Resolución No. 012 del 29 de agosto de 2017, por medio de la
cual se dio apertura a la licitación pública No. 012 de 2017, así como la nulidad de
los pliegos de condiciones llamados a regir tal proceso de selección.

La demanda sostiene que los actos acusados son violatorios de la Constitución y
de la Ley, se expidieron irregularmente, con falsa motivación y desconocimiento del
derecho de audiencia y de defensa.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. A través de demanda presentada el 10 de octubre de 2017, el Municipio de
San Gil (en adelante el Municipio, la entidad territorial o el demandante) solicitó que
se hagan las siguientes declaraciones:

“PRIMERA.- Se decrete la nulidad de los Estudios Previos 2 , Pliego de
Condiciones Definitivos y Resolución No. 012 de fecha 29 de agosto de 2017
por medio de la cual se dio apertura al proceso de licitación pública No. 012-
2017 expedidos por la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC cuyo objeto es ‘CONTRATAR
LA CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS
CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL ORDEN
NACIONAL, DE MEDIANA SEGURIDAD EPMS SAN GIL, MEDIANTE EL

1 La ponencia inicial que estuvo a cargo de la magistrada María Adriana Marín fue derrotada; por tanto, la nueva

ponencia correspondió al despacho que le sigue en turno.
2 En proveído del 10 de noviembre de 2022 se precisó que el juicio de legalidad no puede recaer sobre los

estudios previos, por no tener la condición de acto administrativo (folio 98, c. 1).

Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE
ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y
ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC.’

SEGUNDA.- Que con fundamento en lo anterior, y de haberse adjudicado la
obra, prohibir el inicio de la misma o en su defecto, ordenar la terminación
judicial y/o administrativa por vía unilateral o bilateral y la liquidación del contrato
en el estado en el que se encuentre”.

Hechos

2. Como fundamentos fácticos, la parte actora señaló los que la Sala se permite
resumir a continuación:

2.1. El 29 de agosto de 2017, la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios
(en adelante USPEC o la demandada) publicó la Resolución No. 012, por medio de
la cual dio apertura al proceso de licitación pública No. 012-2017 para la
contratación de “LA CONSTRUCCION DE UN SECTOR DE MEDIANA
SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEL ORDEN NACIONAL, DE MEDIANA SEGURIDAD EPMS SAN GIL …”. En la
misma fecha se publicaron los pliegos de condiciones que regirían el proceso de
selección.

2.2. La obra cuya contratación se pretende tiene por objeto ampliar la
infraestructura del establecimiento penitenciario del orden nacional de mediana
seguridad de San Gil (en adelante el establecimiento penitenciario o EPMS),
ubicado en el perímetro urbano de ese municipio en el inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 319-14876. La construcción se proyectó ejecutar en un
área de 17.608 m2 y comprende 5 edificios de reclusión y 4 de áreas
complementarias para pasar de 262 cupos para internos a 933.

2.3. El establecimiento carcelario está ubicado a menos de 20 metros de
viviendas, del terminal de transportes, de un colegio, de un centro hospitalario y del
comercio y no existe disponibilidad de servicios públicos para atender la demanda
que supondría la ampliación de los cupos para internos.

2.4. En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio (en adelante
PBOT) aprobado mediante Acuerdo 038 de 2003 se estableció la inconveniencia de
la continuidad del establecimiento penitenciario en el sector urbano dado el peligro
que representa para los vecinos del lugar, el centro hospitalario, el comercio, la
terminal de transporte y los niños del colegio3.

2.5. En la planificación del proyecto de construcción la USPEC no tuvo en cuenta
las disposiciones del PBOT en relación con las áreas adyacentes y el uso de suelos.

3 Cita el numeral documento de “Diagnóstico: en el segmento ‘Infraestructura funcional’ 3.9 ‘ÁREA
MORFOLÓGICA HOMOGENEA No. 9’ ítem 3.9.2. CONFILCTOS: La cárcel representa un alto peligro para sus
vecinos, impacto urbano, psicológicamente y atenta contra la seguridad de los habitantes del sector, esta unidad
carece además de un mecanismo directo de comunicación con el sector norte de la ciudad”.
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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

2.6. La USPEC no socializó el proyecto con las autoridades municipales,
ambientales, de servicios públicos ni con la población vecina al establecimiento
penitenciario.

Concepto de violación

3. Alega la entidad territorial que los actos están viciados de nulidad por
infracción de las normas en que debían fundarse, expedición irregular, falsa
motivación y desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa.

4. En cuanto al primer cargo, expresa que los actos demandados infringen los
artículos 1, 2, 13, y 29 constitucionales, en tanto la USPEC no garantizó espacios
de información y concertación para que la comunidad que se podía ver afectada con
el proyecto expresara su consentimiento libre e informado. Indica que por la
magnitud del proyecto éste ocasionará para la población circunvecina situaciones
latentes de inseguridad; además de la afectación que ya sufren por los olores que
se generan dado que a menudo colapsa el sistema de alcantarillado que es
insuficiente, aun ante la capacidad actual del establecimiento penitenciario.

5. Señala, asimismo, que se infringe el parágrafo 1 del artículo 16 de la Ley 65
de 1993 –modificado por el artículo 8 de la Ley 1709 de 2014–, porque pese a que
tal norma dispone que todos los nuevos centros de reclusión deben contar con un
perímetro de aislamiento de, por lo menos, 200 metros de distancia respecto de
cualquier desarrollo urbano, la obra que se pretende construir está ubicada a menos
de 15 metros de un colegio y de un centro hospitalario y a menos de 20 metros de
viviendas, del terminal de transportes y de locales comerciales. Afirma que como el
proyecto pretende triplicar la capacidad carcelaria existente, se trata de una obra
nueva y no de una ampliación y, por ello, debe respetar el perímetro de aislamiento
señalado en tal artículo y añade que no hacerlo implica la afectación del derecho a
la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

6. Igualmente, indica que se vulnera el parágrafo 2 de ese mismo artículo que
establece que todos los establecimientos de reclusión deben contar con las
condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un
tratamiento penitenciario digno; sin embargo, en la planificación del proyecto no se
tuvo en cuenta que la red de alcantarillado no tiene la capacidad suficiente para
soportar los cupos que se pretenden ampliar.

7. En la demanda se arguye que se desconoce el artículo 33 de la Ley 65 de
1993 –modificado por el artículo 36 de la Ley 1709 de 2014– y el Acuerdo 038 de
2003 (PBOT). Explica que a través de sentencia C-145 de 2015, la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del referido artículo, en el
sentido de indicar que, en respeto de la autonomía y las competencias que les
asisten a esas entidades en el ordenamiento de su territorio, a pesar de que la
construcción de centros de reclusión no requiere licencias de urbanismo, sí debe
cumplir con los usos de suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial
respectivos; no obstante, la USPEC, al expedir los actos demandados, desconoció
los usos de suelo determinados en el PBOT, pues la obra de ampliación del
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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

establecimiento penitenciario se ubica en una zona clasificada como residencial en
donde no está permitida este tipo de edificaciones. Añadió que, si bien el
establecimiento penitenciario está ubicado en ese lugar desde hace 58 años, lo
cierto es que en el PBOT se determinó que debía ser retirado del lugar dado el uso
de suelo determinado para ese sector.

8. En línea con lo anterior, agrega que los actos cuya legalidad se cuestiona
encuadran en lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016 –Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana– que señala que es un acto
contrario a la convivencia contravenir los usos específicos del suelo.

9. Finalmente, en lo que a este primer cargo concierne –el de desconocimiento
de las normas en que debía fundarse–, el Municipio indica que los actos
demandados vulneran el principio de planeación consagrado en la Ley 80 de 1993,
en la medida que la USPEC no tuvo en cuenta el uso del suelo determinado en el
PBOT ni consideró que la red de alcantarillado existente no tiene la capacidad para
soportar el aumento de los cupos de internos del establecimiento penitenciario.

10. En lo que respecta al cargo de expedición irregular, afirma que se profirieron
con desconocimiento del principio de planeación.

11. Señala el Municipio que los actos también están viciados de nulidad por falsa
motivación, por cuanto en los estudios previos se afirmó que el espacio en el que
se adelantaría la construcción “cumple con las características necesarias para la
implementación del proyecto de ampliación en cuanto a uso de suelo de acuerdo
con el Acuerdo No. 038 de 2003”, cuando lo cierto es que, según el PBOT –plano
1UD “Base cartográfica urbana” y 2UD “Barrios”– el establecimiento penitenciario
se encuentra ubicado en el perímetro urbano y, de conformidad con el plano 3UD
“Uso del suelo”, sus zonas contiguas son residenciales exclusivas, de recreación,
comercio mixto, áreas urbanizadas e institucionales. Agrega que en el “Documento
de diagnóstico” que hace parte integral del PBOT –segmento “Infraestructura
Funcional” numerales 9 y 3.9– se señaló la incompatibilidad del establecimiento
penitenciario como equipamiento dentro del perímetro urbano del Municipio.

Suspensión provisional

12. El demandante solicitó que se decretara la medida cautelar de suspensión
provisional de las normas acusadas, petición que fue resuelta favorablemente a

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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

través de auto del 19 de julio de 20184, confirmado mediante proveído del 29 de
noviembre de esa misma anualidad5.

Contestación de la demanda

13. El 24 de mayo de 2019 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a
la USPEC, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado (fl. 49 c.1). La demandada guardó silencio, aunque designó apoderado
judicial y remitió, previo requerimiento, el expediente administrativo correspondiente
a la licitación pública No. 012 de 2017. El Ministerio y la Agencia no se pronunciaron.

Alegatos de conclusión

14. A través de auto del 10 de noviembre de 20226, en aplicación de lo previsto
en el literal b) del numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 7, se dispuso
prescindir de la audiencia inicial con el fin de dictar sentencia anticipada.

15. El 21 de febrero de 2023 se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto de fondo8.

16. La USPEC se pronunció para señalar que (i) para el momento en que se
aprobó el PBOT el establecimiento penitenciario ya estaba ubicado en el sector, por
lo cual deduce que fue el propio demandante el que permitió que se construyeran
viviendas, colegios y demás edificaciones contiguas; (ii) en el PBOT no se determinó
la construcción de un establecimiento penitenciario y carcelario, por lo cual, bajo la
interpretación del Municipio, en ningún sector sería posible la edificación; (iii) el
demandante no explicó por qué debe concluirse que el establecimiento penitenciario
está excluido de los usos complementarios previstos en el art. 208 del PBOT que
incluye comercio local, equipamiento comunitario local, oficinas grupo 1, hospedaje
e industria transformadora de bajo impacto ambiental y físico.

17. Indicó, además, que la demanda se basa solamente en una interpretación
del Municipio acerca del uso del suelo del lote en el que se proyectó realizar la obra
pública y su incompatibilidad con los usos del suelo complementarios y añadió que
no es claro que la construcción y/o adecuación del establecimiento penitenciario no

4 Como fundamento se expresó que los actos demandados eran contrarios a lo previsto en el parágrafo 1 del

artículo 16 de la Ley 65 de 1993 –modificado por el artículo 8 de la Ley 1709 de 2014– que dispone que los
centros de reclusión nuevos deben estar ubicados a una distancia mínima de 200 metros de cualquier desarrollo
urbano, en tanto se estimó que la obra a contratar debía calificarse como nueva y no como una ampliación
porque se trata de la construcción de “un sector de mediana seguridad y obras conexas” para ampliar los cupos
existentes en la penitenciaría en más del doble, para lo cual se requería de obras de una envergadura que va
más allá de una “remodelación e implican, realmente, la construcción de un establecimiento de reclusión nuevo,
al lado del ya existente” Se añadió que, de conformidad con las certificaciones emitidas por la Secretaría de
Planeación, el funcionamiento del establecimiento penitenciario resulta incompatible con el uso del suelo
establecido en el PBOT, por lo que, en principio, no resulta procedente la construcción de uno nuevo en la
misma área. Con base en todo lo anterior, concluyó que se vislumbraba también el desconocimiento del principio
de planeación (folios 47 a 63, c. ppal).
5 Porque las razones que se expusieron para sustentar el recurso no estaban dirigidas a atacar la decisión

contenida en el proveído del 19 de julio de 2018, sino en decisiones adoptadas en otros procesos (folios 81 a
85, c. ppal).
6 Folios 95 a 98, c. 1.
7 Modificado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. Señala la norma: “Se podrá dictar sentencia anticipada:

// 1. Antes de la audiencia inicial (…) b) Cuando no haya que practicar pruebas (…). // El juez o magistrado
ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo
dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de la controversia”.
8 Auto registrado y disponible en el índice 73 del aplicativo de SAMAI.

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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

esté autorizada ni pueda contemplarse dentro de tales usos y que, aun si se
admitiera esa posibilidad, ello no implica per se la vulneración de las reglas del
PBOT, porque, según afirmó, la jurisprudencia ha señalado que las contravenciones
urbanísticas no entrañan la infracción de los planes de ordenamiento territorial9.

18. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Cuestiones previas

Naturaleza de los actos demandados

19. Las pretensiones se enderezaron en contra del acto que dio apertura a la
licitación pública No. 012 de 2017 –la Resolución No. 012 de 2017– y de los pliegos
de condiciones llamados a regir tal proceso de selección.

20. La Sala estima pertinente precisar que el juicio de validez que el Municipio
plantea se soporta en el interés que le asiste respecto de la licitación pública No.
012 de 2017 –que, valga decir, no es el mismo que ostenta quien pretende o
participa de aquel trámite con el ánimo de llegar a ser contratista del Estado, ni
tampoco es, como se verá en el siguiente acápite, el de la mera legalidad– que está
determinado en función del objeto y fin de la contratación que se pretende
instrumentalizar, sobre la base de una presunta contradicción de tales aspectos con
el orden superior.

21. Bajo ese entendido, se evidencia que, pesar de que en las pretensiones se
incluyó la de nulidad de la Resolución No. 012 de 2017, lo cierto es que el análisis
de legalidad que se propone no recae sobre ese acto, en tanto se trata, por
excelencia, de uno de trámite o preparatorio cuyo propósito consiste y se limita a
anunciar el comienzo de un proceso de selección y la necesidad que se busca
satisfacer con un futuro contrato; por tanto, por su propia naturaleza, no es el
llamado a determinar el objeto y las condiciones que delinearán el negocio jurídico
que se proyecta celebrar, que son aspectos que quedan comprometidos por los
cuestionamientos de la parte actora, en la medida que engloban en un todo el objeto
y fin del procedimiento de selección que se refuta contrario a la ley; por lo mismo,
no es por confrontación con ese acto que debe desarrollarse el juicio de validez que
plantea la demanda.

19. Precisa la Sala, además, que como la demanda no está dirigida a discutir la
validez de los actos acusados con cargos que se soporten en la posible restricción
injustificada o ilegal de la participación de proponentes en la licitación pública, no
cabe aplicar a este caso la tesis jurisprudencial reiterada por la Sala Plena de esta
Corporación en sentencia del 14 de febrero de 2012 (Exp. 38924), según la cual, si
bien, por regla general, el acto de apertura de una licitación pública es de trámite,
es posible enjuiciarlo “cuando contiene decisiones sobre el fondo del asunto o que

9 SAMAI, índice 77.

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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

puedan afectar los principios que deben regir a la actividad contractual estatal”10, en
la medida que, de conformidad con los fundamentos de esta postura, tal excepción
se abre paso cuando el acto de apertura no se limita en su contenido a extender la
invitación para participar en el proceso de selección, sino que contiene
disposiciones que pueden restringir indebida o ilegalmente la participación en aquél
con condiciones que se proyectan, por tanto, como desconocedoras de los
principios de transparencia, igualdad y del deber de selección objetiva 11 . En
consecuencia, no se observa una relación entre los cargos de la demanda y los
fundamentos que soportan esta excepción.

20. En lo que concierne a los pliegos de condiciones, la Sala también debe
reflexionar. De manera simplemente descriptiva, se empieza por destacar que se
trata de un acto administrativo de carácter definitivo en tanto contiene, de una parte,
las reglas generales, impersonales y abstractas que guiarán el procedimiento de
selección y, de otra, las condiciones propias del negocio jurídico que se espera
celebrar, entre ellas, como es natural, el objeto a contratar. En este sentido,
comoquiera que, según la estructura de la fase precontractual, el pliego de
condiciones es el acto que está llamado a definir el objeto y las condiciones que
guiarán el negocio jurídico que se proyecta celebrar, claro es concluir que, de
acuerdo con la causa petendi planteada en este juicio, el análisis de validez que en
esta ocasión se propone debe surtirse por confrontación con aquél.

19. En este punto, es pertinente mencionar que la diversidad de aspectos que
regula el pliego de condiciones y su carácter definitivo permiten asegurar que la
presunción de legalidad es asunto que a muchos interesa, no solo desde la
perspectiva del eje netamente contractual y las reglas y principios del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, sino también siguiendo el eje
de la decisión pública, en tanto sus bases deben estar al servicio de la realización
del objeto de la contratación y, con ello, de los fines que con la misma se pretenden
satisfacer, asunto que no se circunscribe a la confrontación de reglas, verificación
de aciertos o desaciertos técnicos, económicos, financieros, o validación de
calidades de sujetos y experiencias.

20. Es por esto que se entiende que el medio de control de nulidad también debe
estar disponible para eventos como el que ahora se estudia, puesto que el debate
sobre la legalidad del pliego de condiciones también está llamado a darse a partir
del entendimiento de que el objeto y las condiciones que fija para ser incorporados
posteriormente al contrato constituyen la guía en función de la cual la administración
pública no solo quiere seleccionar al colaborador del Estado, sino, de manera

10 “Entonces, por regla general los actos de trámite no son demandables salvo cuando se configuran dos
excepciones: en primer lugar, una general aplicable a todos los actos preparatorios y de trámite, según la cual,
serán impugnables dichos actos cuando pongan fin al procedimiento del cual hacen parte; en segundo lugar,
una excepción especial, prevista por la jurisprudencia concretamente para los actos de apertura en las
licitaciones, los cuales serían susceptibles de ser enjuiciados cuando contengan decisiones sobre el fondo del
asunto o puedan afectar los principios que deben regir la actividad contractual, como por ejemplo, cuando
mediante dicho acto, en lugar de invitar a los interesados a que participen en el proceso de selección en
condiciones de igualdad, se restringe de forma ilegal la participación, desconociéndose así los principios de
transparencia e igualdad de oportunidades”
11 Tesis jurisprudencial frente a la cual he sostenido que el alcance del acto de apertura, conforme a su

naturaleza jurídica y funcional, impide asignarle, en cualquier caso, la caracterización de un acto definitivo pues
se trata de una manifestación de la administración orientada a un solo fin: el anuncio del comienzo de un proceso
de selección, el cual es carente de una determinación medular o definitoria del proceso de selección al que dio
paso (aclaración de voto, Exp. 60.483).
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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

particular, en tanto personifica la manera como se realizarán los fines que persigue
a través de la contratación, inscritos en la función administrativa, por definición,
realizadora de las principales tareas y cometidos que la Constitución y la ley han
fijado a las autoridades públicas.

19. Por todas las razones acabadas de expresar, la Sala excluirá del análisis de
legalidad a la Resolución No. 012 de 2017 y lo circunscribirá al del pliego de
condiciones.

20. Definido lo anterior y dado que en este caso el Municipio cuestiona la
legalidad del procedimiento de selección con base en que el objeto que lo motiva
infringe normas de orden legal que cobijan intereses, derechos y prerrogativas que
le son propios, la Sala procede a analizar si el medio de control invocado para
debatir la legalidad del pliego de condiciones es el adecuado.

El medio de control

21. Para debatir la legalidad del pliego de condiciones, el Municipio invocó el
medio de control de nulidad; sin embargo, estudiados los argumentos que soportan
las pretensiones y el interés que invoca el demandante, la Sala concluye que de
prosperar sus pedimentos, aunque no cuantificable, se generaría un
restablecimiento automático del derecho que la Constitución y la ley les han
conferido a estas entidades territoriales para ejercer derechos y competencias que
les corresponden; en este caso, para determinar la organización y usos del suelo
del municipio de San Gil, aspecto que identifica su interés en yuxtaposición con
otros, como es, sin dudarlo, el de la política penitenciaria y carcelaria, asunto de
interés nacional, pero con estrecha vinculación a los roles, papeles y
responsabilidades de las entidades territoriales.

22. De conformidad con el artículo 287 Constitucional, las entidades territoriales
“gozan de autonomía para la gestión dentro de sus intereses”, sin perjuicio de que
deban hacerlo dentro de los límites que fija la Constitución y la ley. Tal autonomía,
según ese mismo artículo, les confiere, entre otros, el “derecho” a ejercer las
competencias que les correspondan.

23. Específicamente en lo que concierne a la forma de organización y distribución
del territorio, el artículo 288 Constitucional establece que corresponde al legislador,
a través de ley orgánica, establecer la distribución de tales competencias entre la
Nación y las entidades y que la mismas deben ser “ejercidas conforme a los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley”. En línea con ello, el artículo 311 Constitucional describe a los
municipios como la “entidad fundamental de la división político-administrativa del
Estado” y les asigna, entre otras, la función de “ordenar el desarrollo de su territorio”.
De manera concordante, el artículo 313 Constitucional (núm. 7) dispone que
corresponde a los concejos municipales “Reglamentar los usos del suelo (…)”.

24. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 288 Constitucional, la Ley 1454
de 2011 establece que en materia de ordenamiento territorial al Municipio
corresponde (art. 29, núm. 4):
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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

“a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas,
de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes
sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes
departamentales y metropolitanos”.

25. De acuerdo con lo que señala el numeral 2 del art. 1 de la Ley 388 de 1994,
las competencias de los municipios en materia de ordenamiento territorial se
explican porque son estas entidades las llamadas a “promover el ordenamiento de
su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de
desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones
urbanísticas eficientes”, función que desarrollan a través de sus respectivos planes
de ordenamiento territorial, definidos en la ley como “el instrumento básico para
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas,
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del
territorio y la utilización del suelo”.

26. Con estos referentes, es pertinente destacar que el ordenamiento territorial
constituye un instrumento de planificación y de gestión con el que cuentan las
entidades territoriales para contribuir en la construcción colectiva de país, a través
del cual se busca lograr un desarrollo institucional que tenga en cuenta la identidad
cultural, étnica, histórica económica, social, geográfica y de diversa índole que
caracteriza a cada territorio colombiano para, por esa vía, fortalecer la capacidad de
descentralización de tales entidades, a la vez que su coordinación con la Nación
para elaborar políticas públicas que reconozcan y tengan en cuenta tal diversidad.

27. El apretado marco constitucional y legal descrito, permite afirmar que la
función de determinar el uso del suelo a través de los POT, instrumentaliza la
autonomía de que gozan las entidades territoriales para la gestión de sus intereses,
planificando el modelo de desarrollo que estimen adecuado de cara a sus propias
particularidades a nivel geográfico, cultural, social y económico.

28. Bajo el caso que ocupa la atención de la Sala, se identifica una tensión entre
el interés de la entidad territorial y el de la Nación, habida cuenta de que quien
promueve la demanda de nulidad es el propio Municipio con el propósito principal
de salir en defensa de sus intereses, para lo cual formula, como regla de oposición,
la contrariedad que se presenta entre el objeto del contrato que se proyecta celebrar
y el PBOT diseñado por esa entidad en el marco de su autonomía y del derecho
que aquélla le confiere para ejercer sus competencias. De manera que el interés
que subyace al demandante, en realidad no se sitúa solo en la orilla de la protección
de la legalidad y la prevalencia del orden jurídico abstractamente considerado, sino
que se concreta en un interés subjetivo, expresado en la intención de impedir que
se desconozca su autonomía en materia de ordenamiento territorial y variados
aspectos asociados con la seguridad ciudadana, así como la provisión de los
servicios públicos.

29. Así, la demanda pretende impedir que se desconozcan las disposiciones del
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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

PBOT y en caso de que se materialice la obra que se restablezcan las condiciones
de organización del territorio diseñadas en ese instrumento, razón por la cual
menciona expresamente que: “de haberse adjudicado la obra, prohibir el inicio de la
misma o en su defecto, ordenar la terminación judicial y/o administrativa por vía
unilateral o bilateral y la liquidación del contrato en el estado en el que se encuentre”,
manifestación que explicita el interés del Municipio de oponer su autonomía en
materia de ordenamiento territorial al de la política carcelaria. Es justamente en esta
contraposición de intereses que la Sala centra su atención sobre el medio de control
procedente, pues, aunque tal interés no se explicite o sea cuantificable en términos
económicos, reporta un indiscutible beneficio social, de gobernabilidad y de
organización del territorio y los usos del suelo.

30. Así las cosas, en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo único del artículo
137 de la Ley 1437 de 2011, que recogió y positivó la teoría de los móviles y las
finalidades, se debe colegir que si bien la demanda se dirigió en contra de unos
actos administrativos de contenido general, lo cierto es que el Municipio asiste ante
la jurisdicción exhibiendo un interés subjetivo en el proceso, de ahí que el asunto
debe tramitarse teniendo en cuenta las reglas que se imponen para el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, específicamente, en materia de
competencia, legitimación y de oportunidad.

31. En cuanto a lo primero, la Sala concluye que, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 –antes de la
modificación introducida por la Ley 2080 de 2021–, es competente para conocer del
asunto en única instancia, en tanto se trata de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho sin cuantía en la que se controvierte la legalidad de un
acto administrativo expedido por una autoridad del orden nacional.

32. De conformidad con lo expresado en líneas anteriores, el Municipio está
legitimado para promover la demanda en contra del pliego de condiciones que rigió
la licitación pública No. 012 de 2017, en tanto la causa que alega para sustentar sus
pretensiones se fundamenta, principalmente, en la vulneración de su PBOT y su rol
constitucional y legal de cara a aspectos de seguridad ciudadana y provisión de los
servicios públicos.

33. Al lado de lo anterior, la demanda se presentó dentro de los cuatro meses
siguientes a la publicación de pliego de condiciones, hecho que tuvo lugar el 27 de
agosto de 201712, la demanda se interpuso el 10 de octubre siguiente.

Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos vs. nulidad
y restablecimiento del derecho

34. Precisado lo anterior, y antes de proceder a desatar los cargos que soportan
las pretensiones de la demanda, la Sala estima pertinente mencionar que el 20 de
febrero de 2020 la Sección Primera de esta Corporación emitió sentencia para
resolver la demanda de acción popular que presentó la Personería Municipal de San

12 Tomado de: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
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Demandado: USPEC

Gil con el objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos13
de la comunidad de ese municipio, los cuales se estimaron amenazados con
ocasión de la apertura de la licitación pública No. 012 de 2017 para la “LA
CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS
CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL ORDEN
NACIONAL, DE MEDIANA SEGURIDAD EPMS SAN GIL …”. Esta decisión, en
criterio de la Sala no impide, condiciona, ni se opone al pronunciamiento que se
hará en esta providencia, en tanto se trata de mecanismos con objetos y alcances
diversos que, por lo mismo, no se subsumen entre ellos.

35. Recuerda la Sala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011 –en concordancia con el 137 ibidem–, el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho tiene por objeto restaurar un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica que ha sido resquebrajado con un acto
administrativo que se estima contrario al ordenamiento jurídico, por encuadrar
alguno de sus elementos en las causas expresamente consagradas en la ley. Por
su parte, el artículo 2 de la Ley 472 de 1998 –en concordancia con el artículo 144
de la Ley 1437 de 2011– dispone que la acción popular tiene por objeto la protección
de derechos e intereses colectivos y se instituye, por ello, como el mecanismo
apropiado para evitar su daño contingente, hacer cesar su peligro o amenaza, su
vulneración o agravio o, cuando es posible, para restituir las cosas a su estado
anterior.

36. Las denominaciones dadas por el legislador a cada medio de control no son
formales, sino que, coherentes con sus específicos alcances y objetos, implican que
el juicio de valoración que debe desarrollar el juez cuando está frente a uno u otro
sea, también, de diversa índole.

37. Así, en el marco de la nulidad y el restablecimiento del derecho, el juicio parte
por analizar la validez del acto administrativo que se acusa de ser ilegal y generador
de la afectación de un derecho subjetivo, lo cual se realiza a través de un examen
de confrontación dirigido y enmarcado, exclusivamente, por las causales de nulidad
expresa y taxativamente contempladas en la ley14. En el campo de medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos el juicio es distinto, pues no se
circunscribe a un análisis de exclusiva legalidad, sino que se trata de un análisis
ampliado que implica, como eje central, los juicios de ponderación y razonabilidad
de cara a la afectación de derechos colectivos, que pertenecen a la comunidad y no
a un sujeto o grupo de individuos en particular15.

13 “… a la seguridad, a que no se agrave el riesgo a que están expuestos actualmente, a que las entidades

públicas construyan sus obras respetando el uso del suelo, a la moralidad pública – moralidad administrativa –
derecho a un ambiente sano – a la seguridad – a la confianza legítima y a los demás que su despacho estime
vulnerados …”
14 “Por infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con

desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió”. Ley 1437 de 2011, artículo 137, inciso segundo.
15 “A su vez, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de plena jurisdicción, busca proteger un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica y su restablecimiento, así como la indemnización de
perjuicios causados a cualquier persona que se crea lesionada con el acto. Es decir, su finalidad radica no solo
en que se declare nulo el acto, sino en que su objetivo principal es amparar e indemnizar la violación de derechos
subjetivos protegidos por la Constitución y la ley.
Por otra parte, el objeto de la acción popular se circunscribe a la protección de los derechos e intereses
colectivos, que si bien tienen profundas repercusiones jurídicas, sociales y económicas,106 no están protegidos
necesariamente por las acciones ordinarias mencionadas. Su finalidad, por tanto, se aleja de la salvaguarda del
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Demandado: USPEC

38. Las marcadas diferencias entre uno y otro mecanismo judicial llevaron a que
el legislador, a través del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, precisara con toda
contundencia que, si bien es posible que la amenaza o vulneración de derechos e
intereses colectivos se fundamente y encuentre acreditada en actos administrativos
–y también en contratos–, no es posible declarar su nulidad por vía del medio de
control de protección de tales intereses y derechos, pues, como se acaba de
explicar, el juicio que se adelanta a través de este mecanismo no es el mismo que
corresponde realizar al juez en el marco de la nulidad y nulidad y restablecimiento
del derecho; sin embargo, se autorizó al juez de lo popular para que adopte las
medidas necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos.

39. Bajo esta diferenciación, ante un acto administrativo del que se proyectan
efectos presuntamente lesivos de derechos colectivos, es perfectamente admisible
que se reconozca que el mismo tiene la potencialidad de afectar derechos
subjetivos, de manera tal que, bajo esta connotación bifronte, los medios de control
no se contraponen.

40. En línea con las precisiones acabadas de realizar, en la sentencia del 20 de
febrero de 2020, la Sección Primera de esta Corporación dirigió y delimitó su análisis
en función de los derechos colectivos que se alegaron amenazados con la
determinación de la USPEC de adelantar la licitación pública No. 012 de 2017 y, en
ese marco, halló razón a la parte actora, por lo cual adoptó las medidas que estimó
necesarias para su protección16, las cuales, por los motivos acabados de mencionar,
no comprometen la legalidad del pliegos de condiciones de la licitación pública No.
012 de 2017, aspecto que, de cara a las razones invocadas en este proceso por el
Municipio, compete resolver a esta Sala.

41. Así, de acuerdo con el medio de control que se ajusta a las pretensiones de
la demanda, la causa invocada y al interés con el que la parte actora acudió al
proceso, el análisis se circunscribirá a los precisos límites de la confrontación del
pliego de condiciones versus las normas que se identificaron como infringidas, a
determinar si su motivación se ajusta a la realidad y a establecer si ese acto fue
expedido de manera regular. En caso de encontrar probada alguna de estas
causales de nulidad, además de declararlo así en la parte resolutiva, se definirá si
se debe acceder a la pretensión consecuencial planteada en la demanda.

42. Precisados los anteriores aspectos, la Sala procede a resolver las
pretensiones de la demanda bajo las reglas del medio de control ya definido, asunto

orden jurídico abstracto,107 y no culmina con el restablecimiento de derechos subjetivos ni con indemnización
de perjuicios, salvo la condena al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés
colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo”. Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de 2018, radicado CE-SIJ
25000231500020020270401, C.P. William Hernández Gómez.
16 Se confirmó la orden dada en primera instancia a la USPEC y al INPEC para que, en el término de cinco (5)

días siguientes a la ejecutoria de esa providencia, se terminara el trámite precontractual de licitación Nº 012-
2017, y en un plazo no mayor a cuatro (4) meses y de común acuerdo, con el Municipio se determinara el lugar
donde debe realizarse la construcción de un sector de mediana seguridad y obras conexas en el establecimiento
penitenciario del orden nacional, de mediana seguridad EPMS SAN GIL, con el cumplimiento de los requisitos
legales, reglamentarios y técnicos, sin afectar las disposiciones sobre el uso de suelos, armonizando los
principios constitucionales del Estado Unitario con Autonomía Local, bajo los parámetros de concurrencia,
coordinación y subsidiariedad, de resultar posible según las capacidades presupuestales y la concertación de
las entidades Nacionales y Locales.
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Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

que no solo irradia la definición del mismo, sino que, además, está llamado a estar
presente en los análisis que se ofrecen en los siguientes apartes de esta sentencia.

El problema jurídico

43. Corresponde a la Sala determinar si debe declararse la nulidad de del pliego
de condiciones que rigió la licitación pública No. 012 de 2017 para la contratación
de “LA CONSTRUCCION DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS
CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL ORDEN
NACIONAL, DE MEDIANA SEGURIDAD EPMS SAN GIL …” por (i) vulnerar los
artículos 1, 2, 13, y 29 constitucionales, el parágrafo 1 del artículo 16 de la Ley 65
de 1993 –modificado por el artículo 8 de la Ley 1709 de 2014–, el artículo 33 de la
Ley 65 de 1993 –modificado por el artículo 36 de la Ley 1709 de 2014–, el Acuerdo
038 de 2003 (PBOT) y por violación del deber de planeación; así como por (ii)
expedición irregular y (iii) falsa motivación.

(i) Violación de los artículos 1, 2, 13, y 29 constitucionales

44. El Municipio señaló que el pliego de condiciones de la licitación pública No.
012 de 2017 vulnera los referenciados artículos constitucionales, por cuanto la
USPEC no garantizó espacios de información y concertación para que la comunidad
que se podía ver afectada con el proyecto expresara su consentimiento libre e
informado, tampoco socializó el proyecto con el Municipio. Como fundamento,
señaló que la Corte Constitucional, en sentencias T-244 y T-348 de 2012, precisó
que se debe garantizar el derecho de participación de la comunidad respecto de
mega - obras que afecten su entorno y, en general, en contextos diferentes en los
que “se evidencia la importancia del entorno en el sostenimiento de vida de la
persona”.

45. En relación con este cargo, empieza la Sala por precisar que en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es posible pretender la
nulidad de un acto administrativo por violación directa de la Constitución17, en tanto
el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 señala como una de las causales de nulidad
la de haberse expedido “con infracción de las normas en que deberían fundarse”,
sin excluir del concepto de “norma” a las que tengan rango constitucional o, en otras
palabras, sin limitar a las de rango legal en sentido estricto.

46. No obstante, se advierte que esta posibilidad se abre paso “siempre que el
contenido de esta [se refiere a la norma constitucional] no sea abstracto y su alcance
no se encuentre supeditado por el mismo Constituyente a la regulación o desarrollo
legal y/o reglamentario”18. Esto es así porque la nulidad de un acto administrativo
constituye una grave sanción que lo excluye del ordenamiento jurídico por infringirlo;

17 No debe confundirse con la nulidad por inconstitucionalidad que está consagrada en el artículo 135 de la Ley

1437 de 2011, mecanismo diseñado para debatir la constitucionalidad de “los decretos de carácter general
dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de
los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución. // También podrán
pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición
constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional”.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28 de

febrero de 2009, Exp. 11001 0324 000 2009 00614 00, C.P. GUILLERMO VARGAS AYALA.
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Demandado: USPEC

por tanto, en virtud del principio de legalidad, las causales que dan lugar a su
declaración solo pueden ser las estatuidas por el legislador y, por lo mismo, su
interpretación es de carácter restrictivo; de manera que, en un juicio de validez no
le está dado al juez delinear los alcances de la norma superior para concluir en su
vulneración, cuando tal tarea ha sido encomendada directamente a la ley o al
reglamento. Si este último fuera el caso, entonces tendría que concluirse que el
estudio de validez del acto no se hace por confrontación directa entre el éste y la
Constitución, sino por confrontación entre la ley o el reglamento, aunque ello, como
es natural, debido al sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, suponga
un análisis indirecto de la norma de rango constitucional. Esa precisión la hace la
Sala, sin perjuicio de las particulares hipótesis que, por razones también de diversa
índole, no encajan en ella.

47. Precisado lo anterior, la Sala encuentra que no se abre paso analizar la
legalidad del pliego de condiciones por confrontación directa con las normas
constitucionales que se identificaron como infringidas, en la medida que al tratarse
de principios (los artículos 1 y 2) y de derechos fundamentales (los artículos 13 y
29) su contenido es –como corresponde– de tal grado de abstracción que permite
otorgarle diversos alcances según las circunstancias fácticas sobre las que puedan
impactar; por tanto, para analizar la legalidad de los actos demandados a la luz de
tales normas constitucionales el juez tendría primero que hacer una interpretación
amplia de sus contenidos y definir por esa vía sus precisos alcances de cara al juicio
de validez que ahora se propone, lo cual, como ya se mencionó, desconocería el
principio de legalidad 19 , mucho más cuando sobre tal aspecto la demanda no
concreta un alcance específico merecedor del análisis propio de un juicio de
legalidad. En consecuencia, este cargo de la demanda no está llamado a prosperar.

(ii) Infracción del parágrafo 1 del artículo 16 de la Ley 65 de 1993 –modificado
por el artículo 8 de la Ley 1709 de 2014–

48. La norma que se invocó como vulnerada es del siguiente tenor:

“PARÁGRAFO 1o. Todos los nuevos centros de reclusión contarán con un
perímetro de aislamiento de por lo menos 200 metros de distancia de cualquier
desarrollo urbano” (énfasis agregado).

49. Ha de resaltarse que para establecer si una norma ha sido vulnerada, es
imperioso primero determinar si el supuesto que se alega como infractor encaja en
los supuestos fácticos que aquella gobierna. En este caso, el parágrafo que la
demandante estima infringido con la expedición de los actos acusados está dirigido,
específicamente, a los “nuevos” centros de reclusión; por eso, solamente respecto
de ellos es predicable la obligación de que se ubiquen respetando el perímetro
señalado en aquél.

19 En ese sentido y en relación con el artículo 29, la Corte Constitucional ha expresado: “De todo ello se deduce

que una cosa es la efectividad de la garantía constitucional, que no depende de la ley en cuanto no proviene de
ésta, y otra muy distinta, la verificación acerca del contenido del debido proceso en relación con cada
caso, que siempre tendrá por factor de comparación lo dispuesto en la ley correspondiente. Eso implica
que, si bien el derecho constitucional al debido proceso no precisa un estatuto legal que lo haga reclamable de
manera inmediata y plena, siempre habrá de verse, para deducir si tal derecho ha sido respetado o es objeto
de violación, cuáles son las reglas procesales aplicables en el evento específico, es decir, las generales y
abstractas, vigentes con anterioridad e integrantes de la ley prevista para cada proceso” (énfasis agregado).
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Demandado: USPEC

50. Según la demanda, la referida norma debía ser considerada por la USPEC
para determinar si la obra que pretende contratar a través de la licitación pública No.
012 de 2017 podía ejecutarse en el lugar proyectado, en tanto estima que, dada su
magnitud, que pretende triplicar el número de cupos para internos, debe calificarse
como una obra nueva y no como una ampliación.

51. Empieza la Sala por señalar que la modalidad de la construcción es un
aspecto técnico que, por lo mismo, no puede determinarse en función del criterio
subjetivo del demandante y menos aún del juez de la legalidad. El Municipio se limitó
a afirmar que, en su entender, la obra que pretende contratar la USPEC debía
calificarse como nueva, pero no soportó su dicho en una norma técnica o en una
prueba de esa misma naturaleza que así lo acreditara.

52. La limitación argumentativa y de acreditación técnica que impone la tesis de
la demanda –obra nueva– lleva a la Sala (sin desconocer que, de conformidad con
lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 65 de 1993 –modificado por
el artículo 36 de la Ley 1709 de 2014–, “No se requerirá licencia urbanística de
urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus
modalidades para la construcción adecuación o ampliación de infraestructura
penitenciaria y carcelaria”) a acudir a la normativa técnica que regula las licencia de
construcción con el objeto de establecer lo que debe entenderse por obra nueva y
de ampliación, dado que la clasificación de tales licencias se da en función de tipo
de obra a realizar.

53. El Decreto 1203 de 201720, en el artículo 2.2.6.1.1.7, señala cuáles son las
licencias de construcción y sus modalidades y, entre ellas, se refiere a la de obra
nueva y de ampliación en los siguientes términos:

“1. Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación en
terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición
total.

2. Ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida de una
edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que
corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
áreas sin cubrir o techar. La edificación que incremente el área construida podrá
aprobarse adosada o aislada de la construcción existente, pero en todo caso,
la sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de construcción
permitido para el predio o predios objeto de la licencia según lo definido en las
normas urbanísticas” (énfasis agregado).

54. Según la limitada información que reporta el proceso, el establecimiento
penitenciario de San Gil no puede ser considerado como un centro de reclusión
“nuevo”, puesto que su construcción existe en el mismo predio en el que se proyecta
su ampliación desde hace, al menos, 58 años, es decir, desde antes de que se
expidiera la Ley 1709 de 201421.

20 “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector

Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, trámite y
expedición de las licencias urbanísticas y la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se dictan
otras disposiciones”.
21 En los estudios previos se indicó: “[…] el establecimiento penitenciario EPMSC de San gil pertenece al grupo

de establecimientos de primera generación el cual inició su funcionamiento en el año 1959; el inmueble tiene
58 años de antigüedad a la fecha […]”.
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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
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55. En línea con lo anterior y de cara a la norma técnica a la que acaba de
hacerse mención, el predio en el que se ubica la obra que se pretende contratar a
través de la licitación pública No. 012 de 2017 no es un terreno no construido ni hay
un área libre por autorización de demolición total o, al menos, no hay prueba de
ello 22 . Adicionalmente, el hecho de que las obras no se desarrollen sobre la
estructura existente no significa, per se, que no fueran de ampliación, pues, según
la definición transcrita, la licencia de ampliación puede aprobarse “adosada o
aislada” a la construcción existente.

56. Así las cosas, con el limitado marco de análisis que tiene la Sala ante la
deficiente acreditación del cargo que se eleva contra los actos acusados, sobre la
base que no demostró que la obra que la USPEC pretende contratar a través de la
licitación pública No. 012 de 2017 se subsuma en el supuesto fáctico del parágrafo
del artículo 16 de la Ley 65 de 1993 –modificado por el artículo 8 de la Ley 1709 de
2014–, impide concluir en su vulneración, como menos aún presumirlo, de ahí que
tampoco puede aceptarse que están dados los elementos de acreditación que
derrumbe la presunción de legalidad de los actos enjuiciados por desconocimiento
de las normas en que debía fundarse. En consecuencia, este cargo tampoco
prospera.

(iii) Violación del artículo 33 de la Ley 65 de 1993 –modificado por el artículo
36 de la Ley 1709 de 2014– y el Acuerdo 038 de 2003 (PBOT)

57. El artículo 33 de la Ley 65 de 1993 que se invoca como vulnerado es del
siguiente tenor:

“No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción
o subdivisión en ninguna de sus modalidades para la construcción adecuación
o ampliación de infraestructura penitenciaria y carcelaria” (énfasis agregado).

58. Esta norma debe leerse bajo el condicionamiento de exequibilidad que
declaró la Corte Constitucional en sentencia C-145 de 2015, de conformidad con la
que la interpretación a la luz de la cual el texto legal se ajusta a la Constitución es
“en el entendido de que las obras de construcción, adecuación o ampliación de
infraestructura carcelaria se deben desarrollar conforme a la reglamentación de
usos del suelo aplicables” (énfasis agregado).

59. En línea con esa norma y con el condicionamiento de constitucionalidad que
la Corte impuso para su lectura, el Municipio alega también que el pliego de
condiciones demandado vulnera el Acuerdo 038 del 10 de diciembre de 2003, por
medio del cual el Concejo Municipal de San Gil adoptó el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial –PBOT–, en tanto la obra que pretende contratar la
USPEC a través de la licitación pública No. 012 de 2017 se ubica en el perímetro
urbano, en una zona residencial en la que, de conformidad con ese instrumento, los
usos principales y complementarios no contemplan los de centros de reclusión,

22 En el documento de estudios previos, en el acápite denominado “ESPECIFICACIONES DEL OBJETO
CONTRACTUAL” se indicó: “El proyecto de ampliación a adelantar se localiza en el predio del INPEC
identificado con la nomenclatura carrera 12 No 20 A - 67 del municipio de San Gil, Departamento de Santander,
con Folio de matrícula inmobiliaria 319-14876, que actualmente cuenta con una construcción de 58 años
de antigüedad con capacidad para albergar a 262 internos y una área libre de 24.280 m2
aproximadamente que se designó para el proyecto…”(énfasis agregado).
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penitenciarías y cárceles, por tanto, están prohibidos. Añadió a su argumento que,
si bien el establecimiento existía antes de que se profiriera el PBOT, lo cierto era
que en ese mismo instrumento se había ordenado su traslado.

60. De conformidad con las certificaciones expedidas por el Secretario de
Planeación Municipal de San Gil, con base en los planos 1UD “Base Cartográfica
Urbana”, 2UD “Barrios” y 3UD “Uso de Suelo”, el establecimiento penitenciario se
ubica en el perímetro urbano del Municipio, cuyas zonas contiguas son, entre otras,
residenciales exclusivas. Asimismo, de conformidad con el documento de
“Diagnóstico” que hace parte integral del PBOT, el establecimiento penitenciario
está dentro del “AREA MORFOLÓGICA HOMOGENA No. 9”23.

61. Según lo dispuesto en el artículo 125 del PBOT, la división urbana del
Municipio se hizo en áreas morfológicas homogéneas que “[s]on áreas que tienen
características análogas en cuanto a Usos, Topografía, Servicios Públicos
Domiciliarios y Características del sistema vial, así como a las tipologías de
edificación y los índices derivados de su trama urbana original”. En ese mismo
artículo y considerando tales características se establecieron 12 de esas áreas. En
cuanto a la 9 se indicó:

“AREA MORFOLOGICA HOMOGÉNEA Nº 9: Ubicada al sur occidente del
municipio entre la línea de perímetro urbano y el escarpe del río Fonce, y las
calles 27 y la vía a Bucaramanga. Está conformada por los barrios San Martín,
El Porvenir, Colombia, Santander.”

62. En el artículo 163 del PBOT se estableció la clasificación de los usos del
suelo en residencial, comercial y servicios, dotación, industrial y múltiple. En el
artículo 166 se definió que el residencial es el uso del suelo que se designa “como
lugar de habitación, para proporcionar alojamiento permanente a las personas”. En
concordancia, en el artículo 208 se previó que las áreas de actividad24 residencial
(AR1 y AR2) “son aquellas previstas para uso predominante en vivienda o como
lugar de habitación, para proporcionar alojamiento permanente a las personas” y
que en su interior poseen usos principales25 y complementarios26 así:

23 Folios 42 y 43 c. ppal.
24 Acuerdo 038 de 2003: “ARTÍCULO 207. De las áreas de actividad. Las áreas de actividad delimitan el suelo

como lugar para el desarrollo de los diferentes usos, permitiendo y/o restringiendo la mezcla de éstos dentro
del suelo urbano, adoptando el nombre de uso principal, el que se presenta de mayor intensidad en el sector
que delimita. En concordancia con la estructura urbana adoptada, se definen las siguientes áreas de actividad:
CRITERIO: Para la selección de actividades y usos del suelo se tendrá en cuenta que lo que existe y genera
desarrollo actualmente primara sobre usos de localización posterior, así so sean compatibles los usos no
mencionados, se consideran prohibidos
Área de Actividad Residencial
Área de Actividad Comercial
Área de Actividad Dotacional
Área de Actividad Industrial
Área de Actividad Múltiple
Parágrafo 1. En todas las áreas de actividad se permiten establecimientos destinados al uso de parqueaderos
públicos”.
25 Acuerdo 038 de 2003: “ARTÍCULO 164. De la Definición de los Usos Principales. Se consideran usos

principales los señalados como usos predominantes, que son los que determinan el carácter asignado a áreas
o zonas de actividad especializada y pueden aparecer en el área, sin restricciones especiales en cuanto a
intensidad o ubicación. La posibilidad de desarrollo del uso principal está sujeta exclusivamente al cumplimiento
de las normas referentes a la conformación de la estructura urbana de acuerdo al modelo territorial”.
26 Acuerdo 038 de 2003: “ARTÍCULO 165. De la Definición de los Usos Complementarios. Son usos

complementarios: Los indispensables como factor de soporte y consolidación de las actividades al uso
predominante. Los que sin construir factor de soporte y consolidación de las actividades inherentes al uso
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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

• AR1. Usos principales: Vivienda tradicional. Usos complementarios: comercio
local, equipamiento comunitario local, oficinas grupo 1, hospedaje e industria
transformadora de bajo impacto ambiental y físico.

• AR2. Usos principales: Vivienda de interés social. Usos complementarios:
Comercio local, Equipamiento comunitario local, Oficinas grupo 1 e Industria
transformadora de bajo impacto ambiental y físico.

63. Adicionalmente, en el parágrafo del artículo 208 del PBOT se dispuso
expresamente que “[t]odos los usos que no estén dentro de los usos principales y
los usos complementarios en el cuadro del presente artículo, se consideran
prohibidos” (énfasis agregado).

64. Ahora, de conformidad con el numeral 2.3. del artículo 130 del PBOT, “las
áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la seguridad y protección civil, el
acuartelamiento, entrenamiento y operación de los cuerpos armados del estado,
centro de reclusión, penitenciaría y cárceles” (énfasis agregado) hacen parte de
los grupos de los equipamientos urbanos 27 del sector 2 –“servicios urbanos”–,
denominado “defensa y seguridad”, el cual no está contemplado dentro de los usos
principales y complementarios de las áreas AR1 y AR2 en las que, según la
información suministrada por el Secretario de Planeación, se encuentra ubicado el
Establecimiento Penitenciario. El equipamiento que se permite para esas áreas de
actividad es el comunitario 28 local, que pertenece al sector 1. En consecuencia,
según lo dispuesto en el parágrafo del ya referenciado artículo 208, el equipamiento
dentro del que se clasifica el establecimiento penitenciario está prohibido en el área
de actividad en el que está ubicado.

65. A la misma conclusión se arriba si se tiene en cuenta que, de conformidad
con el artículo 210 del PBOT, el equipamiento urbano al que pertenece el
establecimiento penitenciario se clasifica como uso principal del área dotacional AD-
2 29 , que no relaciona dentro de sus posibles usos complementarios los
correspondientes a las áreas de actividad residencial. En el parágrafo 1º de este
artículo se dispone expresamente que “[t]odos los usos que no estén dentro de los

predominante, contribuyen al mejor funcionamiento de los usos principales de una área de actividad
especializada, por cuanto suplen demandas funcionales o económicas generadas por dichos usos”.
27 Acuerdo 038 de 2003: “ARTÍCULO 126. Del Concepto de Equipamiento Urbano o Dotacional Urbano. Es el

conjunto de espacios y edificaciones destinadas a proveer a los ciudadanos de servicios sociales de carácter
formativo, necesarios para articular las áreas residenciales con las demás actividades y proveer, así, el soporte
social para lograr una adecuada calidad de vida integral en el conjunto de la ciudad. Los equipamientos pueden
ser de carácter público, privado o mixto”.
28 Acuerdo 038 de 2003: “ARTÍCULO 130. De la Clasificación de los Equipamientos Urbanos según su

Naturaleza. Los equipamientos se clasifican según la naturaleza de sus funciones, en: 1. Equipamiento
Comunitario. Agrupa las dotaciones relacionadas directamente con la actividad residencial y el bienestar civil
de los ciudadanos. Se clasifica en cinco grupos:
(…)
2. Servicios Urbanos. Agrupa las dotaciones relacionadas con los diferentes equipamientos destinados a la
atención de los ciudadanos en relación con las actividades de carácter administrativo o de gestión de la ciudad
y los destinados al mantenimiento de la ciudad. Se clasifican en cinco grupos:
(…)
2.3. Defensa y seguridad. Corresponde a las áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la seguridad y la
protección civil, el acuartelamiento, entrenamiento y operación de los cuerpos armados del estado, centros de
reclusión, penitenciaría y cárceles”.
29 Acuerdo 038 de 2003: “ARTÍCULO 210. De las Área de Actividad Dotacional. (AD1) (AD2) Es la que designa

el suelo como lugar para la localización de los servicios necesarios para la vida urbana y para garantizar el
recreo y esparcimiento de la población, independientemente de su carácter público o privado”
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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

usos principales y los usos complementarios en el cuadro del presente artículo, se
consideran prohibidos”.

66. No obstante, la Sala debe reparar que la formulación de un PBOT parte de
una realidad actual al momento de su elaboración y expedición, lo que impone, entre
otros, acompasar los planes, directrices y objetivos con lo existente, en procura de
armonizar ambas realidades.

67. La información disponible en el plenario, con acentuados matices de
notoriedad, dan cuenta de que el establecimiento penitenciario estaba ubicado en
ese lugar desde mucho antes de que se expidiera el PBOT. Este aspecto no pasó
desapercibido por el Concejo Municipal al expedir tal instrumento de ordenamiento
territorial y, por ello, acudió a emitir una normativa de transición, aspirando a que
aquél fuera trasladado a un lugar que respondiera a la nueva organización territorial.
En efecto, en los artículos 433 y 434 se estableció:

“Artículo 433. Del traslado de los establecimientos comerciales, industriales y
dotacionales que no están acordes con el PBOT.

Los establecimientos que no cumplan con los requisitos exigidos para su
funcionamiento en el presente acuerdo, tendrán como término de gracia para
trasladarse a las áreas de actividad respectivas, según lo establezca el estudio
de Impacto y el Plan de Reubicación.

Parágrafo. Todo establecimiento Comercial, Industrial y Dotacional debe
tramitar su licencia de construcción, adecuación, modificación, ampliación y/o
reconocimiento a partir de la aprobación del Presente Acuerdo.

Artículo 434. Estudio de Impacto de los establecimientos comerciales,
industriales y dotacionales no acordes con el PBOT y del Plan de Reubicación.
La Oficina Asesora de Planeación Municipal elaborará un estudio, dentro de los
90 días siguientes a la aprobación del presente Acuerdo, para determinar el
impacto que producen las actividades de los establecimientos no acordes con
el PBOT, en las diferentes Áreas de Actividad, los cuales deben registrarse ante
la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de San Gil.

Los resultados del mencionado estudio deberán ser comunicados por la Oficina
Asesora de Planeación Municipal a los diferentes actores y con base en el
mismo, deberá diseñar un Plan de Reubicación antes de los seis meses del
vencimiento de la vigencia del corto plazo del PBOT (31 de diciembre de 2003).
El plazo máximo de reubicación, dependiendo de los impactos que generen los
diferentes establecimientos, no podrá superar el día 30 de junio de 2006.

Aquellos establecimientos que no se registren en el Plan de Reubicación ante
la Oficina Asesora de Planeación Municipal antes del 31 de diciembre de 2002,
su plazo máximo para la reubicación será el 31 de diciembre de 2003”.

68. De conformidad con esta normativa, el uso del suelo que se le venía dando
a los establecimientos comerciales, industriales y dotacionales que no estaban
acordes con las nuevas disposiciones del PBOT, entre ellos el establecimiento
penitenciario, se debía mantener y respetar hasta tanto se surtiera el procedimiento
que en el mismo Acuerdo 038 de 2003 se previó para su traslado. Si bien esa norma
estableció unas fechas límite para su reubicación, lo cierto es que éstas solo podían
aplicarse si previamente se había elaborado el estudio para determinar el impacto
que producirían las actividades de los establecimientos no acordes con el PBOT, si
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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
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Demandado: USPEC

sus resultados fueron debidamente comunicados a los diferentes actores y si se
diseñó el plan de reubicación; de lo cual, sin embargo, no obra prueba en el
plenario30 y tampoco fue alegado31.

69. En ese estado las cosas, ante una ausente evidencia sobre acciones de
coordinación, complementariedad e, incluso, subsidiariedad de las diferentes
instancias comprometidas en el logro de los objetivos del territorio y la Nación, la
Sala no puede concluir que con la expedición de los actos administrativos
demandados la USPEC hubiere vulnerado el PBOT, en la medida que la ampliación
del establecimiento penitenciario no suponía una variación del uso que se le venía
dando al predio desde tiempo atrás, el cual quedó amparado por el propio Acuerdo
038 de 2003 hasta tanto se surtiera el procedimiento que en dicha normativa se
estableció para la reubicación de los establecimientos que, como el penitenciario,
después de la expedición del PBOT no se ajustaron a él, lo cual, se insiste, no solo
no se alegó, sino que no se acreditó, comprometiendo la misma inactividad de quien
ahora reclama un potencial perjuicio. En consecuencia, este cargo de la demanda
también se negará.

(vi) Falsa motivación

70. Este cargo se sustentó en que en los estudios previos de la licitación pública
No. 012 de 2017 se afirmó que el espacio en el que se adelantaría la construcción
“cumple con las características necesarias para la implementación del proyecto de
ampliación en cuanto a uso de suelo de acuerdo con el Acuerdo No. 038 de 2003”,
a pesar de que en el PBOT y el “Documento de diagnóstico” se señaló la
incompatibilidad del establecimiento penitenciario como equipamiento dentro del
perímetro urbano del Municipio.

71. Es cierto que en el PBOT y en el documento de diagnóstico se indicó la
incompatibilidad de la actual ubicación del establecimiento penitenciario con las
nuevas disposiciones del uso de suelo; sin embargo, no es posible concluir que los
actos administrativos demandados estén viciados de nulidad por falsa motivación,
en tanto, en los términos analizados previamente, lo cierto es que, hasta que no se
adelantara el trámite previsto en esa misma normativa para su reubicación –de lo
cual, se reitera, no hay prueba en el proceso– la destinación que se le venía dando

30 Al parecer, el estudio corresponde al documento de “Diagnóstico” al que el Secretario de Planeación hizo

alusión en uno de las certificaciones que emitió, documento en el que, según tal certificación, se concluyó que:
“La cárcel representa un alto peligro para sus vecinos, impacta urbana, psicológicamente y atenta contra la
seguridad de los habitantes del sector, esta unidad carece además de un mecanismo directo de comunicación
con el sector norte de la ciudad”. Igualmente, se concluyó que la cárcel es “De negativo impacto sobre un sector
de vocación netamente residencial sobre el cual dan las culatas de sus muros de cerramiento” (folio 42, c. ppal).
No obstante, aun si se infiriera que el estudio sí se realizó, lo cierto es que no obra prueba en el proceso de que
el mismo hubiere sido comunicado al INPEC o a la USPEC y tampoco de que se hubiere elaborado el plan de
reubicación.
31 La discusión que planteó la parte actora consistió en señalar que los actos administrativos demandados

vulneran el artículo 33 de la Ley 65 de 1993 –modificado por el artículo 36 de la Ley 1709 de 2014– y el PBOT
por desconocer los usos del suelo establecidos en ese instrumento en el que, además, se había dispuesto para
el “futuro” el traslado del Establecimiento Carcelario. No se discutió que, pese a haberse cumplido el trámite
dispuesto por el Concejo Municipal para su reubicación, no se hubiere procedido a ello y, en cambio, se hubiere
pretendido adelantar una obra de ampliación sobre ese mismo terreno. En efecto, sobre este aspecto en la
demanda se indicó: “Es de señalar que si bien en la actualidad el centro carcelario del Municipio de San Gil
cuenta con una construcción de 58 años de antigüedad es importante dejar claro que de igual manera el PBOT
del Municipio de San Gil establece que ese centro penitenciario debe ser retirado a futuro teniendo en cuenta
también el mismo uso del suelo que prohíbe su funcionamiento en ese sector urbano del municipio” (folio 16, c.
ppal).
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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

al predio y que no cambiaba en razón de su ampliación, podía mantenerse, pues
quedaba cobijada por el procedimiento de transición previsto en los artículos 433 y
434 del PBOT. Así, como a la Sala no se trajo una discusión distinta a la que se ha
referido, este cargo tampoco prospera.

(iv) Violación del parágrafo 2 del artículo 16 de la Ley 65 de 1993 –modificado
por el artículo 8 de la Ley 1709 de 2014–

72. La norma que se invocó como vulnerada es del siguiente tenor:

“PARÁGRAFO 2o. Todos los establecimientos de reclusión deberán contar con
las condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un
tratamiento penitenciario digno”

73. El demandante alegó que la citada norma se vulneró porque en la
planificación del proyecto no se tuvo en cuenta que la red de alcantarillado no tiene
la capacidad suficiente para soportar los cupos que se pretenden ampliar. Como
fundamento para acreditar su dicho trajo al proceso una certificación emitida por el
Jefe de Redes y Mantenimiento y por el Jefe de la División Técnica de ACUASAN32
en la que se da cuenta de que:

• La red de alcantarillado existente en el sector de la penitenciaria requiere una
optimización o cambio por obstrucción de la tubería por ingreso de raíces de
árboles.

• Los diámetros de 8” se encuentran en tubería de gress, en tanto fueron construidos
con el mínimo permitido por la norma para alcantarillados sanitarios y están al límite
de su capacidad instalada.

• Existe una controversia por el paso de la red de alcantarillado en terrenos de
propiedad privada antes de llegar al interceptor de aguas residuales.

• El aumento de los cupos de internos en el centro penitenciario de
aproximadamente 300 a 1000 incrementará el caudal de aguas residuales, lo cual,
aunado al estado actual de la red de alcantarillado implica la necesidad de optimizar
o reponer 600 metros lineales de la red del sector.

• Si la obra se ejecuta sin tomar las medidas mencionadas se generará un problema
sanitario y ambiental al entorno socioeconómico, porque se presentarán reflujos en
la red de alcantarillado y en las domiciliarias ubicadas en el sector de la
penitenciaria; además de que se causará limitaciones al desarrollo de los predios
ubicados en la zona de influencia por no tener capacidad instalada, ya que las redes
fueron construidas hace más de 45 años33.

74. La Sala tampoco accederá a declarar la nulidad del pliego de condiciones
demandado con fundamento en este cargo, puesto que la certificación aportada

32 Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gestión Energética de Alumbrado Público de San Gil
• ACUASAN E.I.C.E - E.S.P.
33 Folios 47 y 48, c. ppal.

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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
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Demandado: USPEC

para acreditar el supuesto fáctico en el que se soporta no es un medio demostrativo
apto para acreditar un aspecto técnico como el que se relaciona con la capacidad
de la red de alcantarillado instalada de cara al aumento de los cupos del
establecimiento penitenciario.

75. Las certificaciones emitidas por un funcionario competente sirven para dar
cuenta de la información que repose en los archivos de la entidad, por lo cual, más
allá de reportar lo que halle en tal lugar, no está llamado a servir como elemento de
prueba para canalizar opiniones, conceptos o apreciaciones sobre un tema que
concite la atención de la autoridad pública; por tanto, un documento de esa
naturaleza no es idóneo por sí mismo, para acreditar un aspecto técnico, para lo
cual el ordenamiento jurídico ha dispuesto, principalmente, de la prueba pericial
cuyo objeto dista mucho de limitarse a dar constancia de la existencia de una
determinada información y su sentido, sino que supone la existencia de
conocimientos científicos, técnicos o artísticos que, aplicados a una determinada
materia, arrojan conclusiones de ese mismo carácter, las cuales pueden debatirse
con una prueba de igual naturaleza.

76. Así las cosas, comoquiera que la prueba de la violación de la preceptiva se
soporta en lo que el actor denomina una certificación emitida por los funcionarios de
ACUASAN, la que no está llamada a suplir o equipararse a una prueba técnica,
aunado al hecho de que en ese documento no se da cuenta de dónde se tomaron
los conceptos en ella contenidos, ni se acompañó una prueba técnica que los
explique, la Sala no puede tener por acreditado el supuesto fáctico con base en el
cual el Municipio afirma que con el pliego de condiciones demandado se infringió el
parágrafo 2 del artículo 16 de la Ley 65 de 1993 –modificado por el artículo 8 de la
Ley 1709 de 2014–; por tanto, como ya se anunció, este cargo tampoco está llamado
a prosperar.

77. La conclusión que antecede, suficiente para desestimar el cargo, no impide
a la Sala reflexionar sobre el interés del Municipio de cara al medio de control
ejercido, sobre cuya adecuación ya se discurrió. Ello en tanto el interés subjetivo del
medio de control que se activó no parecería radicarse en cabeza de la entidad
territorial cuando esgrime razones de un tratamiento penitenciario digno, sin
acreditar el interés que sobre el mismo podría tener, manifestación que se formula
con el interés que asiste a una corte de cierre para allanar los caminos a los
mecanismos judiciales de control públicos o de interés público judicial, pero evitando
yuxtaponer a los mismos criterios y razones cuyo interés subjetivo no se acreditan.

(v) Violación del principio de planeación

78. Como fundamento de este cargo de la demanda, el Municipio señaló que la
USPEC desconoció este principio de la contratación estatal porque para dar paso a
la licitación pública No. 012 de 2017 no tuvo en cuenta el uso del suelo determinado
en el PBOT ni consideró que la red de alcantarillado existente no tiene la capacidad
para soportar el aumento de los cupos de internos del establecimiento penitenciario.

79. El principio de planeación tiene su fuente y significado en variados artículos
constitucionales y legales. A manera de ejemplo, los artículos 209 constitucional; 25
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Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

(numerales 6, 7 y 11 a 14), 26 (numeral 3) y 30 (numerales 1 y 2) de la Ley 80 de
1993 regulan los principios generales de la función administrativa, la estructura de
los procedimientos de selección, del principio de economía y del deber de selección
objetiva que, a su vez, fijan un marco del citado principio de planeación.

80. Así las cosas, por las mismas razones analizadas previamente respecto de
la alegada violación directa de las normas constitucionales, tampoco es posible
avanzar en un análisis de legalidad de los actos administrativos demandados por
confrontación directa con este principio, puesto que, aunque tenga una base legal,
lo cierto es que se trata de una construcción derivada de un compendio de normas
que analizadas en conjunto permiten concluir en ciertos deberes que deben acatar
las entidades estatales para el manejo eficiente de los recursos públicos y la
consecución de los fines de la contratación estatal que se compendian, en general,
en la satisfacción del interés general.

81. En esas condiciones y dado que en este punto la demanda no invocó el
desconocimiento de una norma legal expresa cuyo contenido pueda ser confrontado
con el de los actos demandados, no es posible avanzar en un juicio de legalidad a
la luz de un principio, pues hacerlo implicaría desconocer la presunción de legalidad,
en tanto el juez tendría que inmiscuirse en una labor amplia de interpretación, llenar
de contenido a tal principio y definir sus alcances concretos de cara a lo que se
discute en cada caso.

82. Con todo, aun si la Sala pasa por alto lo anterior, lo cierto que ni siquiera en
ese escenario sería posible concluir en la nulidad del pliego de condiciones, por
cuanto, como ya se analizó, con base en las pruebas que obran en el plenario, no
es posible concluir que la USPEC hubiere desconocido las reglas del PBOT y
tampoco que hubiere desconocido lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 16 de
la Ley 65 de 1993 –modificado por el artículo 8 de la Ley 1709 de 2014–.

(vii) Expedición irregular

83. Este cargo de la demanda se fundamentó en que el acto se profirió con
desconocimiento del deber de planeación. Dado que, por las razones acabadas de
comentar, no es posible analizar la validez de los actos administrativos a la luz de
ese principio, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

Conclusión

84. Desatados todos los cargos de la demanda, la Sala no los encuentra
fundados; por tanto, no obran razones de orden legal que desvirtúen la presunción
de legalidad del pliego de condiciones de la licitación pública No. 012 de 2017, de
ahí que no se accede a declarar su nulidad.

Costas

85. Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del
CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso,
numeral 1, la Sala condenará en costas a la parte demandante en la medida en que,

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Demandado: USPEC

por las razones previamente expresadas, se resolverán desfavorablemente sus
pretensiones. Se advierte que, bajo las reglas del código en cita la condena en
costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la
parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se
determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a
la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de
su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.

86. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada a
través de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

87. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán
por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura. De conformidad con su artículo segundo, para la fijación
de las agencias en derecho, se debe tener en cuenta “la calidad y la duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada”, sin que en ningún
caso se puedan desconocer los rangos de las tarifas mínimas y máximas señaladas
por esta misma normativa, la cual, para los asuntos declarativos de única instancia
sin cuantía, fija una tarifa mínima un (1) SMLMV y una máxima de ocho (8) SMLMV.

88. En consideración a que la parte demandada designó apoderado, pero que
no contestó la demanda, aunque sí actuó en la etapa de alegatos, la Sala fija las
agencias en derecho en tres (3) SMLMV que el Municipio de San Gil deberá pagar
a la USPEC.

IV. PARTE RESOLUTIVA

89. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al Municipio de San Gil, las que deberán ser
liquidadas una vez ejecutoriada la presente providencia.

TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en tres (3) SMLMV que el Municipio de
San Gil deberá pagar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –
USPEC.

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Expediente: 11001032600020170015100 (60291)
Demandante: Municipio de San Gil
Demandado: USPEC

CUARTO: ARCHIVAR el proceso, una vez en firme esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
(salvamento de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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