RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2021-00060-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00060-00

Acreditación en seguridad y salud en el trabajo: no es un documento

Fecha
18 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00060-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. NEGAR la pretensión de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. En firme el presente fallo, ARCHÍVESE el proceso de la referencia. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00060-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

18 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00060-00 (66750)1
Demandante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
Demandado: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD

Temas: PLIEGO DE CONDICIONES – Naturaleza jurídica / CERTIFICADO DE
ACREDITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – No es un documento
obligatorio para la contratación con el Estado.

Se decide la demanda de nulidad que presentó el señor Gustavo Rodríguez Rojas
en contra de la Agencia de Desarrollo Rural, con el fin de que se anule el pliego de
condiciones de la licitación pública LP042020, por haberse expedido con infracción
de lo previsto en el artículo 22 de la Resolución 312 de 2019.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En escrito presentado el 9 de septiembre de 2020, el señor Gustavo Rodríguez
Rojas presentó demanda de nulidad en contra de la Agencia de Desarrollo Rural,
con el fin de que se anule la totalidad del pliego de condiciones de la licitación
pública LP042020, así:

PRETENSIÓN
El pliego de condiciones y los términos de referencia, tienen la naturaleza
jurídica de actos administrativos de carácter general, porque crean situaciones
jurídicas a un número plural e indeterminado de personas a quienes se les invita
públicamente a contratar.

Con Fundamento en los anteriores hechos, respetuosamente solicito declarar
la nulidad del siguiente acto administrativo denominado PLIEGO DE
CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA: LP042020.

1
El presente asunto fue conocido inicialmente por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Bogotá bajo el radicado 11001-3334-004-2020-00215-00. Sin embargo, mediante auto del 18 de
febrero de 2021 se remitió el expediente al Consejo de Estado por ser la autoridad competente para
dirimir la controversia. El 12 de abril de 2021 el expediente fue sometido a reparto entre los
magistrados de esta Corporación y se le asignó el número de radicado del encabezado.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00060-00 (66750)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Agencia de Desarrollo Rural
Referencia: Medio de control de nulidad

OBJETO: “CONTRATAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LOS
DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MONTERÍA-MOCARÍ Y LA
DOCTRINA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MANATÍ EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y ROLDANILLO, LA UNIÓN Y TORO -
RUT EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DE PROPIEDAD DE
LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR”.

Como fundamento fáctico de su pretensión, la parte actora adujo que la Agencia de
Desarrollo Rural expidió el pliego de condiciones de la Licitación Pública LP042020,
sin exigir a los oferentes el cumplimiento de lo previsto en la Resolución 0312 de
2019 emitida por el Ministerio del Trabajo “Por la cual se definen los Estándares
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

Específicamente, se reprochó el hecho de no exigir a los oferentes que aportaran el
certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo previsto en el artículo
22 de la referida resolución, así:

No se trata que se exija en los pliegos de condiciones el requisito a los oferentes
de contar con un SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST), inclusive certificado por un Profesional en el área de la
Salud Ocupacional, o certificado por la ARL, se trata es de cumplir a cabalidad
con el Artículo 22 de la Resolución 312 de 2019 a saber: [Se cita la norma]

Denótese que es el Ministerio de Trabajo y no otro ente o Profesional, quien
debe mediante Acto Administrativo certificar al Proponente que pretenda
presentarse al proceso licitatorio, obviamente este requisito debió estar dentro
de los pliegos de Condiciones en el acápite de "Requisitos Técnicos
Habilitantes", desafortunadamente nada se avizoró en los pliegos hoy
demandados.

Seguramente por evadir la medida cautelar de suspensión, el ente aquí
demandado exija a los oferentes o al contratista ya seleccionado adjuntar el
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST) y demostrar que se está cumpliendo, pero la realidad es que el requisito
a exigir, es el acto administrativo emitido por el Ministerio de Trabajo mediante
el cual se certifica que la empresa cumple con lo establecido en la Resolución
312 de 2019 y no adjuntar cientos de folios que no tienen validez alguna.

1.1 Concepto de violación

La parte actora adujo como transgredidas las siguientes normas: artículo 25 de la
Constitución Política; Resolución 312 de 2019; artículo 2° del Decreto 1295 de 1994;
artículo 1° de la Ley 1562 de 2012; Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1072 de 2015; artículo 2.2.4.7.4. del Decreto 1072 de 2015; artículo 14
de Ley 1562 de 2012; artículo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 201; numeral 5° del
artículo 2.2.4.6.8.; artículo 26 del Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015.

Sin embargo, al desarrollar los fundamentos de la pretensión de anulación,
únicamente argumentó que, con el acto atacado, se desconoció lo previsto en el
artículo 22 de la Resolución 312 de 2019, pues al no exigirse a los oferentes la
presentación del certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo que
expide el Ministerio de Trabajo, se crea para la entidad demandada un riesgo
2

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00060-00 (66750)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Agencia de Desarrollo Rural
Referencia: Medio de control de nulidad

jurídico y financiero, puesto que la inobservancia del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST- conlleva sanciones. Además, ante un
eventual accidente laboral la entidad podría verse inmersa en el pago de
indemnizaciones, con la consecuente afectación al erario2.

2. El trámite en única instancia

2.1 En providencia del 28 de noviembre de 2022 se admitió la demanda, actuación
que fue debidamente notificada a la accionada y al Ministerio Público.
Posteriormente, mediante auto del 28 de noviembre de 2022, el Despacho
sustanciador negó la petición cautelar efectuada por el demandante, decisión que
quedó en firme al no ser objeto de recursos.

2.2 La Agencia de Desarrollo Rural se opuso a la prosperidad de la pretensión de
anulación, al considerar que la demanda se funda en un grave error interpretativo,
toda vez que el artículo 22 de la Resolución 312 de 2019 no consagra un deber,
sino una potestad que tienen los empleadores “de buscar obtener un certificado que
les permitiera destacarse legalmente en los procesos de contratación tanto privados
como públicos en los que desee participar”. De este modo, la referida norma “tiene
un objetivo meramente incentivador, pues propende que los empleadores no solo
cumplan con los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, sino que aporten un «valor agregado ejecutando
permanentemente actividades adicionales a las establecidas en la normativa de
riesgos, impactando positivamente la salud y bienestar de los trabajadores,
estudiantes y contratistas”.

Y de la mano con la anterior consideración, señaló que la norma en cuestión no
estableció para las entidades del Estado “un requisito consistente en exigir de los
oferentes un acto administrativo de certificación de cumplimiento de estándares SG-
SST (…) como un requisito habilitante o como un factor técnico y económico con
fines de puntuación”.

2
En la demanda se señaló: “Ahora, los entes del Estado en todo orden tienen la obligación de
constatar que tanto sus proveedores, como sus contratistas y subcontratistas cuenten con un sistema
de gestión que se ajuste plenamente a las normas establecidas para la seguridad y salud en el
trabajo y cumplan con lo establecido en la Resolución 312 de 2019, es decir, estar certificados por
el Ministerio de Trabajo (…) // No exigir al Contratista por parte del ente contratante desde el mismo
Pliego de Condiciones cumplir con la RESOLUCIÓN 312 DE 2019 y adecuar el SG-SST actualizado
y enfocado a la obra por desarrollar, sencillamente los convierte en protagonistas de un riesgo
financiero y jurídico compartido o solidario con el contratante, para el caso que nos ocupa LA
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL. // De presentarse un Accidente laboral, una enfermedad de
origen común, un deceso en el contrato que se está desarrollando, perderíamos unos recursos
valiosos pagando indemnizaciones y demás erogaciones que la imprevisión trae. // Este es mi
empeño su Señoría, el solicitar se suspendan los efectos del Acto atacado en nulidad, ganamos
todos los administrados, pues los contratos adelantados con la observancia de los preceptos legales
no son objeto de demandas y cuantiosos desembolsos por la falta de exigencia y previsión” (Samai,
índice 1).
3

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00060-00 (66750)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Agencia de Desarrollo Rural
Referencia: Medio de control de nulidad

2.3 Mediante auto del 10 de octubre de 2023 se adecuó el trámite para dictar
sentencia anticipada, al verificarse la hipótesis del literal a, numeral 1 del artículo
182A del CPACA. Luego, a través de proveído del 10 de septiembre de 2024 se
corrió traslado para alegar de conclusión.

2.4 En su escrito de alegatos, la Agencia de Desarrollo Rural insistió en las razones
de defensa expresadas en la contestación de la demanda, mientras que la parte
demandante guardó silencio.

El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se nieguen las
pretensiones, al considerar que el artículo 22 de la Resolución 312 de 2019 no
consagra un deber para la administración en los procesos de selección de
contratistas, y porque con el pliego demandado no se desconoció ninguno de los
principios que rigen la actividad contractual del Estado.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer el presente asunto en los términos del numeral
1 del artículo 149 del CPACA3, porque el acto administrativo demandado fue
proferido por la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, que corresponde a “una
agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural” -artículo 1° Decreto 2364 de 2015-.

Además, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 -
Reglamento Interno del Consejo de Estado-, corresponde a la Sección Tercera de la
Corporación, el conocimiento de los “procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y
petroleros”.

2. Oportunidad del medio de control

Conforme a lo previsto en el artículo 164 num. 2 lit. c) del CPACA, “cuando se
pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos
a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir

3
«Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus
Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la
Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
“1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden
nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones
administrativas del mismo orden”
4

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00060-00 (66750)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Agencia de Desarrollo Rural
Referencia: Medio de control de nulidad

del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el
caso”.

De acuerdo con la información alojada en el SECOP II para el proceso licitatorio
LP0420204, el pliego definitivo de condiciones fue publicado el 2 de septiembre de
2020 y modificado mediante acto de adendas publicado el 7 de septiembre
siguiente. De este modo, la oportunidad para pretender la nulidad de dicho acto
administrativo corría hasta el 12 de enero de 2021 -primer día hábil siguiente al
vencimiento del término-. Y como el señor Gustavo Rodríguez Rojas presentó su
demanda el 9 de septiembre de 2020, se entiende que el derecho de acción se
ejerció oportunamente.

3. Caso concreto

Corresponde a la Sala determinar si debe declararse la nulidad del pliego de
condiciones correspondiente a la Licitación Pública LP042020, al haberse omitido
exigir a los oferentes la presentación del certificado de acreditación en seguridad y
salud en el trabajo previsto en el artículo 22 de la Resolución 312 de 2019 proferida
por el Ministerio del Trabajo.

Previo a abordar la cuestión de fondo, debe precisarse que la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tiene plena competencia para pronunciarse sobre la
legalidad del acto administrativo que contiene el pliego de condiciones, tal como se
desprende de lo previsto en el artículo 164 num. 2 lit. c) del CPACA. Dicho acto
administrativo, se encuentra “determinado por su triple función de disciplinar tanto
la escogencia del contratista, como la ejecución contractual y regir la interpretación
del contrato”5, lo que hace que se haya catalogado por la jurisprudencia de esta
Corporación como susceptible de control judicial, en la medida en que contiene
decisiones de fondo que inciden directamente en el proceso de selección y en la
ejecución contractual6. Sobre este punto, esta Sección ha precisado7:

13. Desde esa perspectiva, en materia de actos previos al contrato estatal se
identifican como actos de carácter definitivo y por lo tanto, susceptibles de
control jurisdiccional: el de adjudicación del contrato —parágrafo 1º del artículo
77 de la Ley 80 de 1993—, el que declara desierta la licitación pública, el que
hace efectiva la póliza constituida para garantizar la seriedad de la oferta –
numeral 12 del artículo 30 ejusdem–, el que adopta el pliego de condiciones,
entre otros. Estos actos comparten la característica de ser definitivos porque

4
Mediante la sentencia del 4 de junio de 2024 -exp. 70198 (M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez)-,
esta Subsección precisó que los documentos que obran en el sistema electrónico de contratación
pública (SECOP) son susceptibles de ser valorados judicialmente, máxime cuando fueron referidos
por el accionante en el acápite de petición probatoria de la demanda.
5
Corte Constitucional, sentencia C-119 de 2020 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2021, exp. 57875
(M.P. José Roberto Sáchica Méndez).
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 17 de septiembre de 2018, exp.
42747 (M.P. Ramiro Pazos Guerrero).
5

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00060-00 (66750)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Agencia de Desarrollo Rural
Referencia: Medio de control de nulidad

contienen un pronunciamiento que decide directa o indirectamente la selección
del contratista.

13.1. En contraposición, la gran mayoría de actos expedidos en etapa de
selección son preparatorios, solo se ocupan en dar impulso al procedimiento
precontractual, no ponen fin a la actuación, ni definen de fondo algún aspecto.
Este grupo está principalmente compuesto por comunicaciones y decisiones de
la administración que fijan fechas, cronogramas, lugares, medios y en general
todos los aspectos que permitan recibir y brindar la información necesaria para
escoger a un contratista, así como, por aquellas dictadas para adelantar en
orden las etapas previstas para cada tipología de proceso de selección. Estos
actos no son demandables, a no ser que bajo su apariencia se encubra una
verdadera decisión definitiva.

Para el caso particular, la Sala advierte que el cargo de nulidad formulado por el
actor no se abre paso, en la medida en que parte de una comprensión errada del
alcance del artículo 22 de la Resolución 312 de 2019, pues dicha norma no señala
que la certificación de acreditación en seguridad y salud en el trabajo sea un
documento obligatorio para empresarios y entidades, ni mucho menos establece
que dicha certificación deba ser exigida como requisito habilitante en los procesos
licitatorios que adelante el Estado Colombiano.

Específicamente, la referida disposición normativa establece:

Artículo 22. Acreditación en SST. El certificado de acreditación en seguridad y
salud en el trabajo es el reconocimiento oficial que realiza el Ministerio del
Trabajo a las empresas, entidades, empleadores y contratantes con excelente
calificación en el cumplimiento de los Estándares Mínimos de SST, que
aportan valor agregado, ejecutan de manera permanente actividades
adicionales a las establecidas en la normativa de riesgos laborales, que
impactan positivamente en la salud y bienestar de los trabajadores, estudiantes
y contratistas.

Las entidades, empresas y empleadores que deseen acreditarse en excelencia
en Seguridad y Salud en el Trabajo deberán:

1. Tener dos (2) o más planes anuales del Sistema de Gestión de SST, con
cumplimiento del cien por ciento (100%) en los Estándares Mínimos de SST.
2. Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en
SST, con más de dos (2) años de funcionamiento e implementación.
3. Presentar bajos indicadores de frecuencia, severidad y mortalidad de los
accidentes de trabajo, de prevalencia e incidencia respecto de las
enfermedades laborales y de ausentismo laboral por causa médica conforme
se establecen en la presente Resolución, comparados con dos (2) años
anteriores a la presentación de la solicitud del certificado de acreditación.
4. Allegar los programas, planes y proyectos que aportan valor agregado o
superior al cumplimiento normativo, los cuales deben ser ejecutados de
manera permanente y en períodos superiores a dos (2) años.
5. Aprobar la visita de verificación que realizará personal con licencia en SST
vigente y certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en
SST, designado por el Ministerio del Trabajo o la visita de la administradora de
riesgos laborales ARL.

La certificación de acreditación en seguridad y salud en el trabajo se
mantendrá vigente siempre que la empresa, entidad o empleador mantenga la
evaluación del cumplimiento de Estándares Mínimos de SST en el ciento por
ciento (100%), y continúe con las labores, programas y actividades que
superen los requisitos normativos y apruebe la visita de verificación que se
realizará cada cuatro (4) años.

6

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00060-00 (66750)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Agencia de Desarrollo Rural
Referencia: Medio de control de nulidad

Parágrafo. La acreditación en seguridad y salud en el trabajo es gratuita para
las empresas, entidades y empleadores, se dará a conocer en acto público o
mediante publicación de la acreditación en la página web del Ministerio del
Trabajo. La certificación se tendrá como referente para efectos de la
disminución de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales y podrá
ser utilizada por las empresas públicas y privadas como referente en seguridad
y salud en el trabajo para efectos de la contratación pública o privada.

De acuerdo con la norma transcrita, el certificado en cuestión corresponde a un
documento expedido por el Ministerio del Trabajo que reconoce y exalta las buenas
prácticas que tengan entidades y empresarios en la implementación de los
Estándares Mínimos de SST. Lejos de ser obligatoria, esta certificación es un
estímulo al que voluntariamente pueden acceder quienes deban implementar un
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuando ejecuten actividades
adicionales a los Estándares Mínimos de SST, fijados en la misma Resolución 312
de 2019.

Contrario a lo señalado por el demandante, la norma en cuestión no consagra un
deber jurídico de contar con dicha certificación, sino que, como incentivo que es,
puede -mas no debe- ser tenida en cuenta “como referente en seguridad y salud en
el trabajo para efectos de la contratación pública o privada”.

En términos generales, la Resolución 312 de 2019 establece la obligación para las
empresas de contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo -SG-SST- dirigido a anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que
puedan afectar la seguridad y la salud en el ejercicio laboral. Sin embargo, en
ninguna de sus disposiciones se consagra que el certificado previsto en su artículo
22 deba ser considerado como un requisito insoslayable para dotar de juridicidad
un procedimiento de selección en la contratación pública o privada.

El pliego de condiciones que es materia de censura, dentro de los requisitos
habilitantes, exigió la presentación de “certificaciones sobre el cumplimiento de las
obligaciones de seguridad social y pago de aportes parafiscales”. Para el caso de
las personas naturales, se pidió acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, a través de los respectivos certificados y, a las
personas jurídicas se les solicitó demostrar “el cumplimiento de sus obligaciones y
pago de aportes de sus empleados o personal vinculado en el país, a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor
fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
Representante legal”.

7

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00060-00 (66750)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Agencia de Desarrollo Rural
Referencia: Medio de control de nulidad

Esta configuración del pliego de condiciones se orienta a garantizar la decisión más
conveniente al interés general que, en materia de contratación estatal supone
escoger la mejor oferta, previo cumplimiento de los parámetros normativos que
rigen la actividad contractual. Sin embargo, en el caso que se analiza no se advierte
la existencia de una norma de obligatoria inclusión que hubiera sido omitida en
dicho pliego, según la argumentación esgrimida por el accionante relacionada con
el supuesto incumplimiento de la Resolución 312 de 2019, emitida por el Ministerio
del Trabajo.

Como se reseñó previamente, el propio demandante adujo que su objetivo con este
proceso no es que se exija a los oferentes que cuenten con un SG-SST, sino que
se cumpla a cabalidad con lo previsto en el citado artículo 22 de la Resolución 312
de 2019. Sin embargo, el hecho de que en el pliego de condiciones no se haya
incluido el certificado en comento, no crea un riesgo jurídico o financiero para la
Agencia de Desarrollo Rural, pues dicha certificación no alude, ni guarda relación
con el régimen de responsabilidad derivado de los accidentes y enfermedades de
origen laboral. Además, ni en la Resolución 312 de 2019, ni en las demás normas
invocadas como violadas, se establece que dicha certificación sea un requisito
necesario en los procesos licitatorios.

En lo que respecta a las demás normas señaladas de haber sido infringidas,
tampoco se advierte una inobservancia o incumplimiento en el acto demandado que
derive en su nulidad. En efecto, el artículo 25 de la Constitución Política consagra
el derecho al trabajo; los artículos 2° y 26 del Decreto 1295 de 1994 hacen alusión
a los objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales y a la clasificación de
empresas según el riesgo, respectivamente; el artículo 1°de la Ley 1562 de 2012
contiene las definiciones de Sistema General de Riesgos Profesionales, Salud
Ocupacional y Programa de Salud Ocupacional, y el artículo 14 de esa misma
normativa dispone la realización de visitas de verificación de cumplimiento de los
estándares mínimos establecidos en el Sistema Obligatorio de Calidad, a las
empresas que integran el Sistema General de Riesgos Laborales. Finalmente, el
Decreto 1072 de 2015, en las normas mencionadas por el accionante, se refiere al
Sistema General de Riesgos Laborales y, en particular, al Sistema de Calidad en
sus componentes y estándares mínimos (art. 2.2.4.7.4. y 2.2.4.7.5.), así como a la
obligación de los empleadores de observar las normas establecidas en materia de
seguridad y salud en el trabajo (art. 2.2.4.6.8. num. 5°).

En consecuencia, se denegará la pretensión de anulación del pliego de condiciones
correspondiente a la Licitación Pública LP042020, en la medida en que no se
demostró infracción alguna a la Resolución 312 de 2019.

8

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00060-00 (66750)
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Agencia de Desarrollo Rural
Referencia: Medio de control de nulidad

7. Condena en costas

Dado que en este asunto se ventila un interés público, consistente en el control
abstracto y objetivo de la legalidad del acto administrativo debatido, no procede la
condena en costas, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. NEGAR la pretensión de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. En firme el presente fallo, ARCHÍVESE el proceso de la referencia.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.