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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2019-00368-01

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2019-00368-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de noviembre de 2024, proferida por la Sala de Decisión Oral de la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la apelante, las cuales serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso; e inclúyase la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho, repartido entre las entidades demandadas por partes iguales. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2019-00368-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

24 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y otros
Referencia: Reparación directa

Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Si se configura, su efecto jurídico no deriva en la denegación
de las pretensiones de la demanda sino que comporta la ausencia de un presupuesto procesal
impeditivo de un pronunciamiento de fondo / REPARACIÓN DIRECTA POR OMISIÓN
ADMINISTRATIVA – El cómputo del término para presentar oportunamente la demanda debe
coincidir con la producción del daño / FOTOGRAFÍAS – Exigencias para su apreciación judicial /
DICTAMEN PERICIAL – Requisitos para su valoración probatoria / DAÑO – Su falta de prueba
conduce a la denegación de las pretensiones de la demanda y dispensa a la segunda instancia de
analizar los demás elementos de la responsabilidad / OMISIÓN EN CONTESTACIÓN DE
DEMANDA – Su efecto no apareja la presunción de certidumbre de los hechos susceptibles de
confesión porque este medio de prueba está vedado para las entidades públicas.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 8 de noviembre de 2024, proferida por la Sala de
Decisión Oral de la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó
las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Los demandantes aducen ser propietarios de una finca ubicada en el sector de
“La Aguadita” en el municipio de Juan de Acosta que, según alegan, resultó
gravemente afectada debido a la erosión y sedimentación del terreno, como
consecuencia de la desviación de un arroyo ocasionada por la sustracción ilegal
de piedra china y por la falta de obras de alcantarillado en el sector. Los actores
le atribuyen responsabilidad patrimonial al municipio de Juan de Acosta, el
Departamento del Atlántico y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico
por omisión de sus deberes, porque, en su criterio, estas no realizaron actuación
alguna para evitar los daños que padecieron, pese a haber sido solicitada su
intervención y que existió una orden judicial que las conminó a realizar las
gestiones necesarias para atender y solucionar la situación que los perjudicó.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 13 de junio de 2019, los señores Gladys Beatriz Molina de Coll y Joaquín
Enrique Coll Fontalvo (en adelante, los actores o los demandantes), por medio

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa1 en contra de
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (en lo que sigue, CAR), el
departamento del Atlántico (en más, el Departamento) y del municipio de Juan
de Acosta (en lo sucedáneo, el Municipio), con el fin de obtener pronunciamiento
judicial favorable a las siguientes pretensiones (transcripción textual):

“1. Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable, a la NACION –
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO- DEPARTAMENTO
DEL ATLÁNTICO- MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, por los perjuicios materiales
y morales causados a los señores Gladys Beatriz Molina De Coll y Joaquín Enrique
Coll Fontalvo, en ocasión al deterioro y destrucción del bien inmueble de su
propiedad, ubicado en el punto denominado “La Aguadita” en jurisdicción del
Municipio de Juan de Acosta, Departamento del Atlántico, cuyas medidas y linderos
son: Por el NORTE en línea quebrada mide 486,4 m; por el SUR mide 342 m en
línea quebrada; por el ESTE mide 24,40m; por el OESTE MIDE 76m, con un área
total de 24.242 m2; dicho predio se encuentra identificado con la Matrícula
Inmobiliaria N° 045-58808 de la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Sabanalarga (Atlántico) y referencia catastral N° 00020000036200.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENE a las entidades
convocadas a pagar a la señora Gladys Beatriz Molina De Coll, en su calidad de
propietaria y directa afectada y al señor Joaquín Enrique Coll Fontalvo (cónyuge) la
suma de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($736.938.400) valor que deberá ser
indexado conforme a lo correspondiente al año de proferir sentencia, de
conformidad a los parámetros establecidos por la norma.

Los cuales se discrimen de la siguiente manera: Perjuicios Materiales: quinientos
ochenta millones seiscientos noventa mil pesos ($580.690.000) y por Perjuicios
Morales: ciento cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos
pesos ($156.248.400) es decir (100 S.M.L.M.V) Por cada uno.

3. El pago de los honorarios y gastos en que incurrió la demandante para realizar la
inspección y peritaje realizado por el Ingeniero Civil y Ambiental, Ing. William
Rodríguez.

4. Que se ejecuten las obras civiles a efectos de realizar obras hidráulicas de
estabilidad de riberas que se requieren en el arroyo de Juan de Acosta en el sector
del Vaivén, ordenadas por el Juzgado 12 Administrativo Oral de Barranquilla, en
acción popular y posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico.

5. Que se condene en costas y gastos del proceso a la parte demandada”.

4. Según se relata en la demanda el bien descrito en la primera pretensión
“actualmente se encuentra totalmente devastado”. Dicha Aseveración se formuló
en los siguientes términos (se transcribe en forma literal incluso los posibles
errores):

“… al igual que mis poderdantes los vecinos del sector denominado el
Vaivén vienen sufriendo una problemática ambiental desde hace más de
10 años, como consecuencia de la desviación del cauce del arroyo de Juan
de Acosta, lo que ha conllevado a que la intromisión de las aguas en

1 Índice SAMAI primera instancia, núm. 4, archivo
“5_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001DEMANDA(.pdf)”

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

creciente genere fenómenos tales como la sedimentación y erosión en los
predios.

[…] Ante la eventualidad, los habitantes del sector, incluidos mis clientes,
acudieron ante las diferentes administraciones que han pasado por el
Municipio de Juan de Acosta solicitando solución pronta y efectiva a la
problemática que existe, prueba de ello son las innumerables peticiones
impetradas, procesos judiciales y demás diligencias administrativas que no
han sido contestadas o en su defecto cumplidas ante las órdenes dadas
por los jueces de instancia”.

5. Agregó que los pobladores de la zona presentaron “demanda de acción popular
el 23 de enero de 2008”, en busca de que fueran amparados los derechos
colectivos de “a) goce de un ambiente sano, b) la seguridad y salubridad pública,
c) la moralidad administrativa y d) el derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente”. Mediante fallo de primera instancia del 24
de julio de 2015, el “Juzgado 12 Administrativo Oral de Barranquilla” ordenó a
las aquí demandadas “adelantar las gestiones administrativas necesarias para
la realización de las obras civiles pertinentes, a efectos de hacer efectiva [sic] la
protección de los derechos colectivos mencionados y dichas obras conllevan a
la ejecución de obras hidráulicas de estabilidad de las riberas, que se requieren
en el arroyo de Juan de Acosta”. Esta decisión fue apelada.

6. El 20 de septiembre de 2017, la señora Molina de Coll solicitó la construcción de
obras de canalización a la Oficina de Prevención y Atención de Desastres del
Departamento, la CAR, el Municipio y la Estación de Policía del Municipio, en
tanto la “extracción ilegal de tierras y piedra chinas por moradores del sector,
produjo […] el desvío del cauce natural del arroyo”. En respuesta, pese a que
“en diálogos dijeron que solucionarían la problemática, esto no se cumplió”.

7. El 11 de diciembre de 2017, la mencionada demandante volvió a presentar
peticiones a las entidades, “en vista de que no se daba solución a la problemática
ambiental relacionada con la omisión de dar cumplimiento a lo acordado
verbalmente y al fallo judicial proferido por el Juzgado 12 Administrativo Oral de
Barranquilla, en acción popular, esto es la ejecución de obras civiles que
contrarrestaran la desviación del cauce del arroyo”, y las requirió para que
adelantaran labores de inspección y vigilancia en la finca ante la posible
presencia de volquetas que extraían piedras chinas y arena. Ninguna de las
demandadas realizó las acciones peticionadas.

8. El 2 de febrero de 2019, los habitantes de la zona —entre ellos los
demandantes— solicitaron formalmente la intervención del Gobernador del
Departamento para atender la problemática existente. En respuesta, la
Secretaría de Prevención y Atención de Desastres informó que realizaría una
inspección en el lugar; sin embargo, dicha diligencia nunca se llevó a cabo.

9. Mediante fallo del 8 de marzo de 2019 el Tribunal del Atlántico, en sede de la
segunda instancia de la acción popular, confirmó la decisión de primer grado
concluyendo, además, que estaba demostrada la “actualidad del daño” y de la

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

vulneración de los derechos colectivos de la comunidad de la cual forman parte
los demandantes.

10. Así las cosas, los actores enfatizaron que las entidades accionadas debían
responder por los daños ocasionados a su finca, debido a la desviación de las
aguas del arroyo grande al predio, que generó la “Erosión y sedimentación de la
tierra”, causada por la “[d]esviación e intromisión de las aguas del arroyo grande
a la finca” y el no “acatamiento a alertas del Estatuto de Ordenamiento Territorial
del Municipio […] en cuanto al mantenimiento de cauces, canalización y
establecimiento de rondas hídricas”; y que trajo como efectos la “inutilidad de la
propiedad para el disfrute y descanso”, la “[d]evaluación y depreciación del valor
agrológico de la propiedad”, la “[a]lteración de la condición de posesión de quieta
[sic] y pacífica” y la “[d]esaparición de especies de la flora y fauna”. Todo ello,
atribuido a la “omisión del deber de las entidades competentes de tomar las
medidas que redujeran la contingencia ambiental, a pesar de que era un hecho
previsible y de conocimiento público”.

Trámite relevante en primera instancia

11. Mediante auto2 del 13 de junio de 2020, el Tribunal admitió la demanda y ordenó
su traslado a las entidades demandadas.

12. El Departamento contestó la demanda3, y se opuso a la totalidad de las
pretensiones. Planteó a título de excepciones: (i) caducidad de la acción, en
atención a que el hecho generador del daño era conocido por los demandantes
desde el 2008, anualidad en la que se formuló la acción popular, e incluso, si se
contara desde la emisión del fallo de primera instancia en ese proceso judicial
(2017), el término legal de presentación de la demanda estaría vencido; (ii) falta
de legitimación en la causa por pasiva, dado que esta entidad no influyó en la
destrucción del inmueble ya que era un asunto exclusivo de sus dueños; (iii)
inexistencia de falla en el servicio; (iv) ejercicio de sus competencias conforme
a la buena fe; (v) culpa exclusiva de la víctima al no tomar medidas de seguridad
para evitar la extracción de recursos naturales en su predio, y (vi) la “GENÉRICA
O INNOMINADA”.

13. En su réplica, la CAR4 indicó que los actores no allegaron pruebas para
demostrar la existencia, certeza y cuantificación del menoscabo material que
afirmaron padecer y, en todo caso, debían descontarse los gastos surgidos del
mantenimiento de su propiedad, más cuando “por decisión propia decidieron [sic]
asentarse en una zona de alto riesgo”. Esto último, a su juicio, implica que no
puede predicarse la antijuridicidad del menoscabo. Agregó que la ejecución de
las obras de alcantarillado en la zona no formaba parte de sus labores, sino que

2 Índice SAMAI primera instancia, núm. 2
3 Índice SAMAI primera instancia núm. 4, archivo:
“17_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_013CONTESTACIONDP(.pdf)”
4 Índice SAMAI primera instancia núm. 4, archivo:
“20_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_016CONTESTACIONCR(.pdf)”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

era responsabilidad del alcalde municipal, por ende, no había falla del servicio ni
nexo causal entre sus actuaciones y las afectaciones de la finca.

14. El Municipio no se manifestó sobre los hechos y pretensiones planteados en su
contra, pese a haber sido notificado de la demanda.

15. En audiencia inicial adelantada el 16 de mayo de 2024 5, se ofició al Municipio
para que allegara copias de “todo el proceso de contratación y ejecución de la
obra de alcantarillado del Municipio, así como la autorización dada por el
demandante para la realización de la misma [sic]”. Además, fijó el litigio en estos
términos:

“De acuerdo con los hechos de la demanda y la contestación, el litigio va
dirigido a determinar si hay lugar o no a declarar administrativa y
extracontractualmente responsables a las entidades accionadas por los
peruicios [sic] materiales e inmateriales causados a los actores como
consecuencia de la omisión administrativa que condujeron al “deterioro y
destrucción del bien inmueble de su propiedad, ubicado en el punto
denominado “La Aguadita” en jurisdicción del Municipio de Juan de Acosta,
Departamento del Atlántico”. Lo anterior, con ocasión de la desviación del
cauce del arroyo de Juan de Acosta, lo que ha conllevado a que la intromisión
de las aguas en creciente genere fenómenos tales como la sedimentación y
erosión de los predios. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a las
entidades accionadas el reconocimiento y pago de los perjuicios que se
llegaren a acreditar”.

Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal, en decisión6 del 8 de noviembre de 2024, negó las pretensiones
formuladas por los actores7 porque los hechos que ocasionaron los perjuicios
reclamados en la demanda “con la desviación del cauce del arroyo de Juan de
Acosta, aledaño al bien inmueble de propiedad de los actores”8 no podían ser
considerados como de “tracto sucesivo” toda vez que, el “cómputo del término
deletéreo” debía iniciar “a partir de la fecha en que se ejecutó en su totalidad la
obra de alcantarillado del Municipio […], o en su defecto, el momento en que la
parte actora conoció los supuestos perjuicios ocasionados con ocasión de la
desviación del cauce del arroyo de Juan de Acosta, que según el material
probatorio allegado, se evidenciaron desde hace más de diez (10) años,
anteriores a la presentación de la presente demanda”.

17. De este modo, al atribuir a las demandadas el desconocimiento de los fallos
proferidos en el marco de una acción popular —los cuales les ordenaban
adelantar las gestiones necesarias para ejecutar las obras de alcantarillado—,

5 Acta de la diligencia, en: Índice SAMAI primera instancia núm. 9.
6 Índice SAMAI primera instancia núm. 38.
7 La decisión fue plasmada, textualmente, en estos términos: “NIÉGUENSE las pretensiones que, a

través del medio de control de Reparación Directa, incoaron los señores Gladys Beatriz Molina De
Coll y Joaquín Enrique Coll Fontalvo, contra la Corporación Autónoma Regional del Atlántico “CRA”,
el Departamento del Atlántico, y el municipio de Juan de Acosta; lo anterior, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia”.
8 Subrayas textuales de la demanda.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

el a quo consideró que el daño se originó bien con la ejecución de dichas obras,
o desde el momento en que se conoció la desviación del arroyo. En
consecuencia, concluyó que los perjuicios derivados de cualquiera de estas
circunstancias no modificaban el cómputo del término de caducidad, así:

“Conforme las consideraciones expuestas, y en respuesta a la delimitación
del problema jurídico planteado, considera la Sala que no hay lugar a declarar
administrativa y patrimonialmente responsable a la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico “CRA”, el Departamento del Atlántico, y el municipio de
Juan de Acosta, por los perjuicios materiales y materiales causados en
ocasión al deterioro y destrucción del bien inmueble de su propiedad
identificado con matrícula inmobiliaria No. 045-58808 y referencia catastral
No. 000200000362000, ubicado en el punto denominado “La Aguadita”, en
jurisdicción del ente territorial accionado, teniendo en cuenta que conforme lo
probado en el plenario, transcurrieron más de diez (10) años entre la presunta
ocurrencia del daño, y la presentación de la demanda, transcurriendo en
demasía el término de caducidad dispuesto en el literal (i) del numeral 2 del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, establecido en dos (2) años contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño.

Recuérdese que en lo que respecta al daño continuado o de tracto sucesivo,
se estima que es aquel que se prolonga en el tiempo, sea de manera continua
o intermitente. Se insiste, la prolongación en el tiempo no se predica de los
efectos de éste o si se quiere de los perjuicios causados, sino del daño como
tal; en efecto, debe advertirse que el término de caducidad empieza a correr
a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos
perjudiciales. Así, en el evento en que los efectos del daño se extiendan
indefinidamente después de su consolidación, como viene denunciando la
parte actora, no puede evitar que el término de caducidad empiece a correr,
pues si ello fuere así, en el caso de que los perjuicios tuvieren un carácter
permanente, el medio de control de reparación directa no podría caducar
jamás.

Así las cosas, esta Sala no tiene otro camino que negar las pretensiones
incoadas en el presente medio de control de reparación directa”.

Recurso de apelación

18. Los demandantes impugnaron la sentencia de primera instancia9 con el fin de
que se revoque esa decisión y, en su lugar, se concedan los pedimentos de la
demanda. Manifestaron sus motivos de inconformidad en los siguientes
términos:

19. Contrario a lo expresado por el Tribunal, las entidades incurrieron en una omisión
de sus funciones: (i) La CAR no desplegó “conducta alguna para proteger el
medio ambiente y tampoco la protección del ecosistema”. (ii) El Municipio, al no
contestar la demanda ni presentar excepciones, desconoció sus deberes de
“cumplir y hacer cumplir” el ordenamiento jurídico, y su conducta constituyó
indicio grave en su contra. Además, frente a los hechos no conjuró “el peligro
constante, el cual ocasiona los daños y perjuicios que se le siguen causando a

9 Índice SAMAI primera instancia, núm. 46.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

los propietarios” del inmueble. (iii) El Departamento no realizó ninguna acción
sobre el área comprometida por la situación ambiental.

20. La providencia valoró erradamente el acervo probatorio, en particular las
fotografías allegadas y el dictamen pericial aportado con la demanda, que no
fueron objetados por las demandadas, y demostraron la afectación ocasionada
por la erosión del terreno que destruyó la propiedad de los actores.
Adicionalmente, aseveró que las pruebas incorporadas por el Municipio no
guardan relación con la reparación directa promovida, y que éste no cumplió con
lo ordenado en el marco de la acción popular.

21. Por último, con fundamento en un criterio doctrinario10, manifestó que en “los
eventos de perjuicios prolongados en el tiempo, el término de caducidad no se
agota mientras los daños se sigan produciendo”.

Trámite en segunda instancia

22. El 17 de junio de 202511, el Despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación.

23. Posteriormente, en decisión del 13 de agosto de 2025 12 se negó incorporar el
documento aportado por el apoderado de la parte impugnante, como prueba en
segunda instancia.

CONSIDERACIONES

24. Al no advertir causal de nulidad que invalide lo actuado, y reunir los requisitos
adjetivos de jurisdicción, competencia, legitimación en la causa por activa y por
pasiva, conciliación extrajudicial, y demanda en forma, esta Subsección deberá
enfocarse inicialmente en determinar si, como lo sostiene la recurrente, la
reclamación fue formulada dentro del término legalmente dispuesto para tal
efecto.

25. En caso de que esta cuestión sea contestada en sentido afirmativo, la Sala
resolverá si fueron demostrados los elementos de la responsabilidad
extracontractual por el daño a bien inmueble.

Presentación oportuna de la demanda

26. Según el artículo 164, numeral 2, literal i), del CPACA, las súplicas por
reparación directa deberán elevarse:

10 En el recurso se alude al “tomo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, parte I, La Dirección

del Proceso Contencioso Administrativo-Guías Procesales de Casos Típicos, edición 2009, artículo
de la Honorable Magistrada Doctora Judith Romero Ibarra, en la página 278…”.
11 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 3.
12 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 10.

7

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

“… dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
(Subrayas añadidas)

27. Como lo ha reiterado la jurisprudencia13, el desconocimiento del plazo
perentorio, irrenunciable, indisponible y de orden público anteriormente descrito
para presentar la demanda da lugar a la caducidad, figura jurídica que extingue
el derecho de acción y, de contera, imposibilita reclamar los derechos
sustanciales suplicados ante los jueces. Así, en contraposición a lo dispuesto
por el fallo de primera instancia, la extemporaneidad en la radicación de la
demanda comporta la insatisfacción de un presupuesto procesal que impide al
juez pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones formuladas en el litigio.

28. En la decisión de primer grado, el Tribunal14 planteó dos premisas diferentes
para computar el término bienal: (i) la conclusión de las obras de alcantarillado
adelantadas por el Municipio, sin determinar en qué fecha exacta finalizaron
esas labores o (ii) el conocimiento de los daños ocasionados al inmueble que,
según indicó, fue demostrado que tuvo lugar hace más de una década. La Sala
no comparte ninguno de estos dos hitos para realizar la respectiva
contabilización del margen temporal, por las razones que a continuación se
enuncian:

29. De una parte, entender que el punto de partida para determinar si la acción fue
ejercida dentro del plazo legal fue la finalización de las obras de alcantarillado
desconoce tanto la causa petendi15 como la fijación del litigio16. En efecto, la
demanda se fundamentó en una supuesta omisión administrativa por parte de
las entidades demandadas, no en hechos derivados de la construcción de dicha
infraestructura. Por tanto, resulta inapropiado identificar un acto positivo —la
realización de trabajos a cargo del Municipio— como el hecho que marca el inicio
del término para presentar la reclamación judicial, cuando lo que se reprocha es
precisamente la inacción de las autoridades que conforman el extremo
demandado “de tomar las medidas que redujeran la contingencia ambiental”.

30. Por otro lado, la afirmación efectuada por los propios demandantes sobre el
tiempo que llevaba la “problemática” por la desviación del arroyo sin ser atendida
por las autoridades no tiene suficiente sustento probatorio. Ahora, el fragmento
de la sentencia de primera instancia17 adoptada en el proceso de acción

13 Entre muchas otras, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección

Tercera – Subsección A. Sentencias del 18 de marzo de 2024. Rad. 25000-23-36-000-2018-01009-
01 (70081). C.P. José Roberto Sáchica Méndez, y del 27 de septiembre de 2024. Rad. 05001-2333-
000-2017-00222-01 (71.254). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
14 Supra. Párr. 16 y 17.
15 Supra. Párr. 10.
16 Supra. Párr. 15.
17 La parte demandante solo aportó las diez primeras páginas de la providencia del 24 de julio de

2013, proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, dentro
del proceso identificado con el número 08-001-33-33-012-2008-00015-00, sin incluir su parte
resolutiva: Índice SAMAI primera instancia, núm. 4, archivo
“6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_002ANEXOSDEMANDAP(.pdf)”, f. 21-30.

8

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

popular18 contiene algunas referencias del proceder de las demandadas, o del
conocimiento de los demandantes sobre la omisión de funciones, en tanto
describe, como pruebas valoradas en ese trámite, varios escritos dirigidos al
alcalde, al Concejo municipal19 y al gerente de la CAR20 que se desconoce si
coinciden con los aportados en este proceso. Empero, incluso si el fallo hubiese
sido aportado íntegramente al plenario, las providencias judiciales como
documentos públicos únicamente dan cuenta de su existencia o de la
declaración allí resuelta21, no así de los hechos que sirvieron de soporte fáctico
a lo decidido.

31. Ahora si, en gracia de discusión, se tuvieran en cuenta los fundamentos de
hecho expuestos por la decisión adoptada en la acción popular, cabría indicar
que, de acuerdo con lo informado en ese fragmento, la situación del bien
inmueble de los actores no era, por aquel entonces, un hecho conocido ni
consolidado de las situaciones denunciadas por la población, sino que mantenía
un estatus de riesgo o de amenaza sobre un conjunto de viviendas que se
mantuvo indeterminado durante el curso del proceso. Según la motivación
conocida de la providencia de segunda instancia22, el proveído de primer grado
que “decidió conceder el amparo” de los derechos colectivos alegados23,
expresó que fue demostrada su vulneración porque las autoridades conocieron
“de los peligros o amenazas que atentaban contra los mismos”, a partir de
conceptos de la autoridad ambiental del “Distrito de Barranquilla” que
recomendaban múltiples acciones que no fueron íntegramente atendidas por las

18 Según refleja lo aportado, ninguno de los actores fungió como demandante en ese trámite judicial.
19 Refiere el segmento de la decisión que, según encontró probado, “… desde el año 2000, se puso

de manifiesto al Alcalde Municipal y al Presidente del Concejo del mismo, por parte de algunos
ciudadanos del Municipio de Juan de Acosta, vecinos de El Vaivén, sobre el riesgo que corría el
puente de la carretera a Tubará debido al desvío del arroyo. De ello da cuenta la misiva suscrita por
los señores […] Gladis M. de Coll […] en la cual expresan: “… queremos llamar la atención de Uds.
sobre el peligro que corre el puente de la carretera a Tubará por el desvío que está tomando dicho
arroyo. Con dicha misiva anexaron un croquis que muestra el desvío que están tomando los arroyos
El Tigre y Juan de Acosta hacia la orilla izquierda y que dicho puente sea destruido y queden
incomunicados Tubará con Barranquilla. // En ese contexto el 4 de octubre de 2002, remiten nuevo
comunicado a dichas autoridades los señores […] Gladis M. de Coll, en la cual nuevamente remiten
el croquis advirtiendo sobre el riesgo del puente” (trascripción textual)
20 Este último, supuestamente suscrito por la señora “Gladis [sic] Molina de Coll” de “fecha 29 de

agosto de 2003”. Más adelante, el fallo indicó que este escrito solicita la intervención de la CAR
“debido a que el arroyo está causando estragos en las riveras (sic) arrastrando casas y la
arborización que allí se encuentra” (reproducción literal).
21Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que: “… las providencias judiciales, al ser otorgadas por

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, ostentan el carácter de documento público en
los términos del artículo 243 del CGP. // No obstante lo anterior, tal característica, per se, no les
imprime carácter probatorio, último que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado
únicamente se les reconoce cuando a través de la sentencia respectiva se pretende probar a) la
existencia misma de la decisión judicial o b) un hecho judicialmente declarado en ella, como lo es la
filiación, la unión marital de hecho, la interdicción, la invalidez de una norma o acto, la existencia de
una condena pecuniaria, la consolidación de un derecho, entre otros.”: Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 3 de
marzo de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2009-01177-00(REV). C.P. William Hernández Gómez.
22 Igualmente aportada de manera fragmentada al expediente. En: Índice SAMAI primera instancia,

núm. 4, archivo “6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_002ANEXOSDEMANDAP(.pdf)”, f.
32-57.
23 “…goce de un ambiente sano, y a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

autoridades demandadas, por lo que el riesgo continuaba latente 24,
circunstancias ratificadas por el ad quem25.

32. De otra parte, los recurrentes aluden a que la depreciación del inmueble es de
carácter continuado, por lo tanto, a su juicio, el término de caducidad aún no ha
fenecido26. La Sala no comparte este criterio porque: (i) no es dable confundir el
menoscabo que ocurre de forma dilatada con la agravación del daño o la
extensión de sus efectos debido al tiempo27 reflejada, en este caso, en el
alegado recrudecimiento de las condiciones del terreno deteriorado por la
desviación de la afluente y; (ii) en materia de omisiones, el plazo no es indefinido
y debe “contarse desde el momento en que se incumpla la obligación legal,
siempre que ese incumplimiento coincida con la producción del daño, pues en
caso contrario, el término de caducidad deberá contarse a partir de dicha
existencia o manifestación fáctica del mismo, ya que éste es la primera condición
para la procedencia de la acción reparatoria”28 (se destaca).

24 Al respecto, la decisión recalcó lo siguiente del fallo del Juzgado (trascripción literal): “Que del

análisis en conjunto de las pruebas existentes en el expediente, se observa que el actor popular
pudo demostrar la existencia del daño y su actualidad, lo cual se traduce en la violación de los
derechos colectivos invocados, en la medida que se afecta el derecho al goce de un ambiente sano,
y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; lo anterior, teniendo en cuenta
que las autoridades locales municipales tuvieron conocimiento de los peligros o amenazas que
atentaban contra los mismos, frente a los cuales se adelantaron tímidas acciones que no lograron
conjurar la vulneración de dichos derechos colectivos. // En efecto, el DAMAB, autoridad ambiental
del Distrito de Barranquilla, así lo conceptuó luego de la visita técnica realizada y cuyas conclusiones
se consignaron en el expediente. En dicho concepto, se hicieron una serie de recomendaciones
consistentes en la ejecución de obras hidráulicas de estabilidad de las riberas que se requieren en
el Arroyo Juan Acosta, en el sector del Vaivén; así como obras civiles para el sostenimiento del
puente ubicado en el mismo tramo, además de alertarse a la ciudadanía sobre la necesidad no
extracción piedra china o canto rodado y arena lecho escorrentía Aguas Lluvias no continuas (Arroyo
Grande – Juan de Acosta), en especial en Sector Vereda El Vaivén; como quiera hechos como este
contribuyen al deterioro de la estabilidad del Arroyo; trabajos de reforestación y/o arborización en la
ronda hídrica de toda la escorrentía de Aguas Lluvias no continuas (Arroyo Grande – Juan de
Acosta); y capacitar a moradores o residentes que colindan a la escorrentía de aguas lluvias no
continuas en materia de inundaciones y deslizamientos. // Lo anterior permite establecer, que pese
al conocimiento que tenían las accionadas sobre el grave riesgo que corrían los habitantes de la
vereda El Vaivén del municipio de Juan de Acosta, relacionado con el riesgo de desvío del arroyo y
el quiebre del puente, lo cual constituye una amenaza actual, es evidente que las acciones
encaminadas a solucionar el problema de riesgo o amenaza, no han sido suficientes y el riesgo
continúa latente. // Que en ese sentido, no se han ejecutado acciones eficaces encaminadas a
conjurar la amenaza o peligro de la comunidad afectada, lo que permite concluir que el riesgo o
peligro, de vulneración del derecho colectivo continúa, es actual. Así las cosas, resulta procedente
la protección de los derechos colectivos mencionados y para ello se atenderán las recomendaciones
de la autoridad ambiental que rindió concepto en el presente trámite.” (Se subraya).
25 Según el Tribunal (reproducción textual de la sentencia): “… es claro que aún antes de la

presentación de la acción popular materia de estudio, los habitantes y vecinos del sector conocido
como el Vaivén en el municipio de Juan de Acosta (A/tico.), se encontraban en grave riesgo al estar
ubicados en la orilla Izquierda del Arroyo de Juan de Acosta, y a pesar de haber elevado voces de
auxilio a las autoridades competentes debido al peligro que corre el puente de la carretera a Tubará
por el desvío que estaba tomando dicho arroyo, sumado además, a los deslizamientos de la ladera
derecha a causa de la erosión, lo que deriva en pérdida de viviendas y de la sedimentación en el
lado izquierdo, que implica pérdida de terrenos, la situación en la actualidad no ha cambiado”.
26 Supra. Párr. 21.
27 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.

Auto del 28 de junio de 2024. Rad. 08001-23-33-000-2023-00272-01 (71290). C.P. Fernando Alexei
Pardo Flórez.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto del 10 de junio

de 2004. Rad. 25000-23-26-000-2003-0919-02(25854). C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada por la
Sala Plena de la Sección Tercera en providencia del 23 de febrero de 2017. Rad. 08001-23-31-000-
1999-02289-01(34121). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

33. En ese orden de ideas, al no haber evidencia de que el supuesto daño causado
por la presunta conducta omisiva de las demandadas haya ocurrido en un
momento diferente, la Subsección adopta como punto de partida para computar
el plazo de formulación oportuna de la demanda el 20 de septiembre de 2017,
fecha en que la señora Gladys Beatriz Molina de Coll elevó peticiones a la Oficina
de Prevención y Atención de Desastres del Departamento29, a la CRA30, al
alcalde y a la estación de policía municipal31 para que solucionaran la “extracción
ilegal de arena y piedras chinas que se viene presentando hace años en las
riberas del arroyo llamado el Grande en el Municipio […] ya que el arroyo […] ha
cambiado su antiguo curso, ya se ha desbordado en mi finca arrasando con gran
parte de mi terreno y arrancando árboles frutales…”.

34. Tomando la data mencionada, que expresaría la concomitancia entre el
conocimiento del supuesto daño y la conducta omisiva alegada, se concluye que
la demanda fue presentada dentro del término legalmente establecido, dado que
fue radicada el 13 de junio de 2019. Por lo tanto, la Sala no comparte los
razonamientos empleados por el Tribunal para aseverar el acaecimiento de la
caducidad, y está habilitada para proferir un fallo de fondo.

Objeto del presente pronunciamiento y problemas jurídicos a resolver

35. Al haberse descartado la motivación del Tribunal para entender caducada la
acción en este proceso, a esta Subsección le corresponderá solucionar la
controversia originariamente planteada, igualmente reproducida en la alzada 32,
que consiste en determinar si las entidades demandadas son patrimonialmente
responsables por los supuestos daños causados al bien inmueble de propiedad
de los actores, ocasionados por la presunta omisión de sus funciones.

36. Concretamente, y en función de lo argumentado por el recurso de apelación,
deberá responderse a lo siguiente: (i) ¿las fotografías adjuntadas por los actores
tienen valor probatorio para dar cuenta de la afectación del inmueble?; (ii) ¿el
dictamen pericial aportado en la demanda da cuenta del daño alegado?; (iii)
¿con los medios de prueba cuya apreciación resulte procedente, se demostró el
daño alegado por los actores?

Valor probatorio de las fotografías allegadas con la demanda

37. En relación con las fotografías arrimadas a este proceso por los demandantes,
la Sala reitera33 que su apreciación depende de que sea posible verificar la
aptitud de estos documentos para representar las circunstancias de tiempo,

29 Índice SAMAI primera instancia, núm. 4, archivo
“6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_002ANEXOSDEMANDAP(.pdf)”, f. 59-61,
30 Ibid. f. 63-64.
31 Ibid. f. 65-68.
32 Vid. supra. párr. 19.
33 Cfr. Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-269 del 29 de marzo de 2012.

M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2007. Rad. 05001-23-26-000-1991-06715-01(16827). C.P.
Mauricio Fajardo Gómez, y Subsección A. Sentencia del 30 de agosto de 2022. Rad. 05001-23-31-
000-2010-02010-01 (58682). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
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Referencia: Reparación directa

modo y lugar de los hechos relevantes para el litigio que les son atribuidos. En
ese sentido, es indispensable acreditar su autenticidad -para efectos de
establecer si son documentos públicos o privados-, así como la fecha y el lugar
en que fueron captadas.

38. No obstante, ninguna de las representaciones visuales traídas con la demanda34
cuenta con respaldo en otros medios de prueba, ni fueron reconocidas en los
testimonios rendidos durante el proceso por los familiares de los demandantes,
quienes únicamente se limitaron a reiterar los señalamientos contenidos en la
demanda. Además, aunque algunas contienen una fecha visible35, al
contrastarlas con los demás elementos probatorios no es posible determinar si
esta corresponde con la época de los daños alegados; tampoco puede
identificarse con certeza la persona que las capturó, cuál fue su origen o dónde
fueron tomadas. Por ende, la Subsección no tendrá en consideración estas
imágenes para dar cuenta de los sucesos afirmados por los actores.

Dictamen adjuntado por los demandantes

39. Según el artículo 226 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012 –
CGP), el propósito de la prueba pericial consiste en “verificar hechos que
interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos
o artísticos”. Congruente con ello, la norma ordena, entre otras disposiciones,
que el dictamen debe estar acompañado de los “documentos que le sirven de
fundamento”36, y exige que su contenido sea “claro, preciso, exhaustivo y
detallado”, particularmente en lo que refiere a la explicación de “los exámenes,
métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones”.

40. Los requisitos en mención son necesarios para valorar esta prueba técnica en
tanto forman parte de los elementos indispensables para realizar la estimación
judicial del dictamen, dentro de los márgenes de la sana crítica, según lo precisa
el artículo 232 del CGP37. En ese orden de ideas, la jurisprudencia de esta
Subsección ha destacado en múltiples oportunidades38 que la eficacia

34 En: Índice SAMAI primera instancia, núm. 4, archivo
“6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_002ANEXOSDEMANDAP(.pdf)”, f. 9-20.
35 A folios 11 a 16 del archivo, constan once fotografías en blanco y negro que tienen la fecha

“2011/07/31 3:31”, “2011/07/31 3:32” y “ “2011/07/31 3:33”. Sin embargo, no ostentan una buena
calidad ni resolución, omiten indicar el sitio en el que fueron tomadas, y no precisan quién las realizó.
36 Mandato reproducido por el numeral 10 de la norma citada que impone, como elemento del

contenido que debe acompañar a la pericia, el de “ Relacionar y adjuntar los documentos e
información utilizados para la elaboración del dictamen”.
37 “ARTÍCULO 232. APRECIACIÓN DEL DICTAMEN. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con

las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad
de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás
pruebas que obren en el proceso”.
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.

Sentencias del 18 de febrero de 2015. Rad. 25000-23-26-000-1998-02725-02(29794). C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera; del 18 de marzo de 2022. Rad. 63001-23-33-000-2018-00097-02
(64137). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; del 31 de julio de 2024. Rad. 25000-23-36-000-2017-
01462-01 (65210). C.P. José Roberto Sáchica Méndez; del 13 de septiembre de 2024. Rad. 25000-
23-36-000-2017-00825-01 (71205); y del 21 de febrero de 2025. Rad. 41001-23-33-000-2017-00626-
01 (71583). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez, entre otras.

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demostrativa de este medio de convicción depende de la nitidez y la solidez de
los fundamentos que dan lugar a sus conclusiones, por lo tanto, una pericia
carente de soportes y de análisis inteligibles basados en la ciencia, técnica o arte
de lo dicho debe considerarse desprovista de mérito suasorio39.

41. Establecido lo anterior, se tiene que el denominado “INFORME TÉCNICO”40,
rendido por el ingeniero civil41 William Rafael Rodríguez García señaló, como
objeto de su examen, al bien inmueble descrito en la “Matrícula Inmobiliaria N°
045-58808 de la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Sabanalarga
(Atlántico) y referencia catastral N° 000200000362000”. No obstante, consignó
que la propietaria suscribió con el:

“… alcalde municipal de Juan de Acosta, Atlántico, mediante Escritura
Pública N° 119 de 02/06/2017, una servidumbre de Alcantarillado bajo
compensación monetaria por $ 20.000.000 y a favor del municipio de Juan
de Acosta, en los términos del artículo 16 de la Ley 56 de 1981 y 33 y 57 de
la Ley 142 de 1994 […]

El objeto de la Servidumbre es la instalación subterránea de tubos que
servirán de línea de conducción de aguas Residuales en el Municipio de
Juan de Acosta, Atlántico, de conformidad con lo señalado en los planos
aprobados para dicho proyecto, los cuales son de conocimiento del
otorgante […]”.

42. A partir de la información plasmada en planos manuscritos retratados en el
informe, expresó que existía una discrepancia entre la ubicación pactada y la
real de la franja de servidumbre de alcantarillado. Por ende, dedujo que la
“administración municipal incumplió con lo establecido en la Escritura de
Servidumbre, en lo que respecta a la ubicación geográfica”, existiendo un
“corrimiento de manera inconsulta” en los costados norte y sur, de “29 m” y “112
m”, respectivamente. Advirtió que se “ignoró por completo” un recurso hídrico
que cruzaba la finca, y servía de abastecimiento. Agregó que no era posible
ubicar “un MANHOLL al interior de una propiedad” porque era un “punto de
potencial fuga de aguas residuales” y ello no estaba contemplado en la
normatividad; y advirtió que con ese desplazamiento, la “finca quedó
automáticamente partida en dos” y quedó expuesta a la “potencial contaminación
del agua subterránea”.

39 “En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la

libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta
total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de
la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar
presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo
dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en
relación con los hechos objeto de la misma.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Rad. 25000-23-25-000-2002-
00025-02(AG). C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
40 Índice SAMAI primera instancia, núm. 4, archivo
“6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_002ANEXOSDEMANDAP(.pdf)”, f. 110-136.
41 Según indicó la tarjeta del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura anexado al

informe.

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43. De otra parte, dedicó un acápite a la “Situación causada por la erosión”, en la
que expone 11 fotografías, sin datos que den cuenta de su procedencia, fecha y
lugar de captura, de las cuales dedujo:

“… de manera evidente, los estragos causados por la erosión de que fue
objeto la propiedad privada, generada por la velocidad de la corriente del
caudal del arroyo que penetró libremente al predio por el lado ESTE; punto
este donde la componente tangencial del vector velocidad alcanzó un grado
superior, ante la ausencia de defensa alguna por parte del municipio en una
zona del cauce del Arroyo que así lo requería. Así mismo se observa la gran
cantidad de residuos sólidos que penetró a la propiedad, procedentes de
localidades ubicadas aguas arriba del predio”.

44. Según refirió el perito, al reunir “toda la información de las evidencias
encontradas, así como la determinada en el sitio”, efectuaron un “análisis técnico
de ingeniería” que determinaría “las causas y efectos de la problemática
presentada en el predio”, subdivididas en: (i) el “Componente ambiental”; (ii) la
“Administración del Recurso Hídrico”, limitándose a exponer generalidades
acerca de en qué consistía esta actividad administrativa, qué autoridades
intervenían en su desarrollo y reglamentación, qué era el “Plan de Ordenamiento
del Recurso Hídrico – PORH”, entre otros aspectos; y (iii) el “Componente civil
y sanitario”, respecto del cual el experto no aportó consideración alguna.

45. Sobre el denominado “componente ambiental”, el informe refirió, a partir de las
“conclusiones generales del EOT 2001 del Municipio de Juan de Acosta”42,
“como hecho notorio que la ausencia de acciones de la autoridad municipal para
acometer las obras necesarias que requiere el Arroyo Juan de Acosta como son
definición de cauces, canalización, limpieza, dragado y definición de rondas
hídricas, aparece como causante de la intrusión del cauce del arroyo Juan de
Acosta al predio de la finca La Aguadita”. Destacó que, por estos motivos,
desaparecieron las especies de flora y especies frutales sembradas “por una
extensión de 2,4 Ha”. Además, invocando fuentes normativas43, añadió que la
“Corporación Autónoma Regional de Desarrollo Sostenible de la jurisdicción, no
dio cumplimiento a efectuar en el área de su jurisdicción y en el marco de sus
competencias, el acotamiento de la faja paralela al cuerpo de agua del Arroyo
de Juan de Acosta”.

46. A partir de las anteriores premisas, en el dictamen se consignaron estas
conclusiones44:

“… queda claro la responsabilidad que le cabe a la alcaldía de Juan de
Acosta, por los daños y perjuicios ocasionados a la finca La AGUADITA por
causas que bien pudieron ser previstas por la actual administración, en
procura de llevar a cabo el paso de la tubería de alcantarillado por la
propiedad privada; ello en razón a que era obligatorio para la administración

42 El informe no indica a qué corresponde la abreviatura “EOT” ni adjunta el documento del que extrae

la cita.
43 Citó el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 2.2.3.2.3., literales A.1 y A.3. del Decreto

2245 de 2017.
44 Transcripción textual, con posibles errores e imprecisiones.

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llevar a cabo algunas acciones previas que permitieran el paso de la tubería,
conforme lo planeado, hecho que no se cumplió por parte de la administración
municipal. Veamos a continuación las conclusiones finales del trabajo
realizado:

• La administración municipal incumplió lo establecido en la Escritura de
Servidumbre N° 119, en su artículo Tercero.
• La administración municipal ignoró las recomendaciones y alertas
establecidas en el EOT de 2001, en relación con el mantenimiento
periódico del Arroyo Juan de Acosta, que implican la ejecución de obras
de canalización, definición de cauces, rondas hidráulicas y limpieza del
arroyo.
• La administración municipal ignoró las recomendaciones y alertas
establecidas en el EOT de 2001, en relación con el mantenimiento
periódico del Arroyo Juan de Acosta, que implican la ejecución de obras
de canalización, definición de cauces, rondas hidráulicas y limpieza del
arroyo.
• Ausencia de supervisión por el contratante del contrato de instalación de
la tubería de alcantarillado para el paso por propiedad privada.
• Ausencia de interventoría del contrato de instalación de la tubería de
alcantarillado, en el paso por la propiedad privada.
• Intrusión del cauce del arroyo al predio la AGUADITA como consecuencia
de la ausencia de obras recomendadas en el EOT 2001.
• Incumplimiento por parte Corporación Autónoma Regional de Desarrollo
Sostenible de la jurisdicción y en el marco de sus competencias, el
acotamiento de la faja paralela al cuerpo del agua del Arroyo de Juan de
Acosta, conforme lo establece el artículo 206 de la ley 1450 de 2011, así
como el incumplimiento a lo establecido en los Artículos 2.2.3.2.3A.1 y
Artículo 2.2.3.2.3A.3. del Decreto 2245 de 29 de Diciembre de 2017 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En consecuencia de lo anterior, se establecen los siguientes perjuicios a la
propiedad privada.

• Partición de la propiedad de manera arbitraria.
• Alteración de la condición de la posesión quieta y pacífica por parte del
alcalde municipal, señor […]
• Devaluación y depreciación del valor agrológico de la propiedad.
• Inutilidad de la propiedad para el disfrute y descanso del propietario.
• Desaparición de especies de la flora y la fauna.
• Potencial contaminación del recurso hídrico como fuente de
abastecimiento de agua subterránea.
• Inutilidad del pozo profundo como fuente de abastecimiento.”

47. En la audiencia de contradicción del dictamen45, el perito manifestó que su
dictamen consistió en un “diagnóstico”46 de la situación que presentaba la finca
para el mes de septiembre de 2018. Expresó47 que le fue entregada “una
escritura, además de otros documentos solicitados, fotos y demás para realizar
antecedentes”, siendo relevante para él aquel que refirió a la “servidumbre”
protocolizada mediante escritura pública.

48. Relató que, tras una primera “inspección ocular” vio “la línea por donde había
sido instalado un colector del sistema de alcantarillado de la población que
cruzaba la finca”, y “más adelante, encontramos toda un Área, una extensión, un

45 Acta y enlace al video de la diligencia, en: Índice SAMAI primera instancia, núm. 19.
46 Min. 19:38 - 19:49.
47 Min. 20:03 – 20:22.

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Referencia: Reparación directa

área en la parte […] centro y sur, pues, totalmente erosionada, y que colindaba
con el arroyo de Juan de Acosta”48. Posteriormente, sostuvo que acudió junto a
un “equipo de topografía” para realizar levantamientos topográficos y
nivelaciones, así como “una localización […] de lo que allí encontramos”.

49. Según contó el experto, su actividad consistió en “verificar en el sitio eso que
decía la servidumbre, la escritura”49, y descubrió que en realidad no fue trazada
por el sitio indicado en el instrumento público. Así, indicó que sus labores le
permitieron “determinar los volúmenes del material erosionado […] porque
comprende el área y las alturas correspondientes de las diferentes curvas de
nivel que se muestran en el plan”50, y concluir que se desconoció lo plasmado
en el documento.

50. Ahora, aseguró51 que lo ocurrido con el sistema de alcantarillado es distinto de
lo acontecido con el arroyo de Juan de Acosta. En primera medida, por su
ubicación, toda vez que la afluente “pasa por la parte sur de la finca […] y en un
ángulo de 90° más o menos”. Seguidamente, afirmó que esta zona “requería de
un tratamiento ya establecido en las políticas públicas que rigen los planes de
[…] desarrollo de los diferentes municipios […] en el sentido de que deberán
establecerse las rondas hídricas y las áreas mínimas a conservar”, para precaver
desbordes de las aguas que “causen algún daño a terceros”.

51. Declaró52 que ese “caño ameritaba, primero que todo, una canalización”;
segundo “establecer […] un perímetro […] reservado precisamente para
proteger a los predios de los lados”. Mencionó que estas acciones “no se
hicieron”, por lo que “en una de esas avenidas [sic] digamos caudales
desenfrenado y salió por la tangente el caudal” y ocasionó “toda esa erosión que
se aporta […] en los gráficos de la consultoría, da toda un área tremenda [sic]
en donde estuvo hasta deforestación en la zona”. Expuso que todas las
autoridades, en especial, el Municipio, “tenían obligaciones” particularmente
establecidas en el “esquema de ordenamiento territorial”, y aún a la fecha seguía
siendo un “peligro inminente” tanto para el inmueble como para “las otras
vecindades de la localidad”.

52. Los contornos de la prueba pericial expuestos hasta este punto permiten concluir
que este elemento, al obviar la aplicación debidamente explicada de técnicas y
metodologías correspondientes a la ingeniería civil para arribar a las
conclusiones expuestas, y la adjunción de soportes que sirvan de sustento a los
resultados, no posee el valor probatorio que la parte demandante arguyó en su
escrito de apelación. Aunado a ello, la experticia no satisface los estándares
mínimos de claridad y precisión exigidos por la legislación procesal para este
tipo de pruebas, por lo que no satisface la carga de demostrar los hechos

48 Min. 20:43 – 21:20.
49 Min. 23:24 – 24:10.
50 Min. 24:14 – 24:37.
51 Min. 34:43 – 37:04.
52 Min. 37:05 – 38:49.

16

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

afirmados por los actores para configurar el deber jurídico indemnizatorio que
estos pretenden, más puntualmente, no demuestran el daño alegado.

53. En efecto, las afirmaciones del experto dejan de lado cualquier sustentación
técnica que refleje su robustez, limitándose a consignar afirmaciones sin
fundamento alguno que, basadas en las imágenes desordenadamente
plasmadas en su informe, cuya autenticidad, fecha y lugar de captura son
desconocidas, evidenciarían “la erosión” y el desbordamiento del arroyo, como
causas eficientes de los menoscabos alegados por los demandantes. Tampoco
refleja la situación anterior y posterior del bien a los sucesos descritos. Así
mismo, el informe no desarrolla un marco conceptual ni de aplicación práctica
que permita comprender adecuadamente dichos fenómenos ni sus efectos sobre
la vegetación, la estabilidad del terreno o su composición física.

54. En ese orden de ideas, aunque en su intervención oral el perito sugirió lo
contrario, no hay motivos que permitan encontrar, en este peritaje, un análisis
con razonamientos científicos sólidos acerca de las razones del deterioro predial.
Por el contrario, desatendiendo su formación profesional, plasmó reflexiones a
partir de fuentes de derecho que colegían la omisión de funciones del Municipio
y de la CRA, cuando ello no era de su resorte, ni resulta admisible conforme a lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 226 del CGP53.

55. El dictamen carece igualmente de la relación y anexión de los documentos que,
según lo manifestado por el perito, fueron considerados como fundamento de
las conclusiones manifestadas. En particular, no se incorporó el denominado
“EOT”, la escritura pública del inmueble que dijo haber conocido íntegramente
para realizar el peritaje, ni se allegaron planos que permitieran identificar con
exactitud —y no de manera aproximada— la configuración física del bien, su
localización conforme a los puntos cardinales, ni los sectores que se vieron
afectados por los fenómenos que, según afirmó, ocurrieron en el predio.

56. Tampoco exhibe con claridad las razones que ocasionaron los supuestos daños
en el inmueble y, lejos de ofrecer una explicación diáfana, confunde dos
situaciones disímiles. Por un lado, la experticia dedica un segmento considerable
a la construcción de obras de alcantarillado en la franja de la servidumbre
supuestamente constituida sobre el predio, circunstancia que no tiene relación
alguna con el objeto de este litigio. De otra parte, menciona la supuesta erosión
ocasionada por el desbordamiento del arroyo “San Juan de Acosta”. Al margen
de haber expuesto que ambas circunstancias eran diferentes, en el reporte no
es posible discernir qué extensión de terreno se vio afectada por cada una de
esas situaciones, si comparativamente ambas son semejantes o difieren en sus
características, y si cada una de las anomalías expuestas provocó alteraciones
paralelas o concurrentes en el inmueble.

53 “No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio

de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin
embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por
el juez como alegaciones de ellas”.

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otros
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57. Por estas razones, la Subsección descarta que el dictamen pericial adjuntado
con el escrito de demanda tenga mérito probatorio para acreditar cualquiera de
los presupuestos fácticos que los demandantes exteriorizaron con el ánimo de
acceder a las pretensiones resarcitorias perseguidas en el presente proceso.

Análisis de los elementos de responsabilidad del Estado

58. Para efectos de determinar si la parte actora demostró los elementos
estructurales de la responsabilidad patrimonial del Estado, especialmente el
daño, previamente se hará un recuento de los hechos demostrados hasta este
punto:

59. Según el certificado de libertad y tradición del inmueble54, los linderos y la cabida
del inmueble de la señora Gladys Beatriz Molina de Coll detallan que el bien de
su propiedad consiste en “UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL PUNTO
DENOMINADO LA AGUADITA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE JUAN
DE ACOSTA, CUYAS MEDIDAS SON: NORTE: 78 MTS, MAS 74 MTS, MAS
113 MTS, SUR: 78 MTS, MAS 44 MTS, MAS 220 MTS, ESTE: 24.40 MTSI,
OESTE: 76 MTS CON UN AREA DE 24.242 MTS”. Así mismo, según las
anotaciones de ese instrumento, consta que se protocolizó el “ENGLOBE” el 7
de julio de 2010, y una “SERVIDUMBRE DE ALCANTARILLADO” radicada el 2
de junio de 2017.

60. Por otra parte, la mencionada demandante elevó múltiples solicitudes a las
demandadas para que atendieran la situación alegada sobre su bien:

Fecha de Destinatario (s) Contenido Respuesta
la petición
20-sep- Oficina de Solicita la atención de la situación La CRA, mediante
2017 Prevención y de “extracción ilegal de arena y oficio59 005429 del 26
Atención de piedras chinas” en las riberas del de septiembre de 2017,
Desastres del arroyo “el Grande”. Añade que las informa la designación
Departamento55; riberas “se encuentran de un ingeniero para
CRA56; alcalde del fuertemente erosionadas, la que “realice visita
Municipio57; situación es bastante crítica y técnica de inspección el
estación de puede ocasionar un desastre día 26 de septiembre
policía del mayor, porque este desvío vence de 2017, en el lugar en
Municipio58. las riberas de su cauce”, pudiendo comento” (negrillas
arrasar con las “viviendas y originales del
parcelas situadas en el Vaivén”, y documento).
el puente de la “carretera Tubará –
Juan de Acosta – Piojo, desviando No hay prueba sobre la
su antiguo cauce derrumbando las respuesta del Municipio
viviendas y parcelas cercanas ni del Departamento.
todo esto debido a la erosión”.

27-sep- Estación de Indicó que anexaba “Plano, La oficina de
2017 policía del certificado de tradición de prevención y atención

54 Índice SAMAI primera instancia, núm. 4, archivo
“6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_002ANEXOSDEMANDAP(.pdf)”, f. 5.
55 Ibid. f. 59-61.
56 Ibid. f. 63-64.
57 Ibid. f. 65-66.
58 Ibid. f. 67-68.
59 Ibid. f. 69.

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otros
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municipio, alcalde matrícula inmobiliaria y paz y salvo de desastres del
municipal; Oficina de impuesto predial del 2017” de Departamento, en
de Prevención y su terreno “situado en el caserío oficio61 núm.
Atención de del VAIVEN junto al puente del 20170620010981 del
Desastres del arroyo grande de Juan de Acosta”. 10 de octubre de 2017,
Departamento60 trasladó la petición a la
Lo anterior, con el propósito de CRA por considerar
que estas autoridades “tomen que esta entidad tenía
medidas pertinentes porque el la competencia de
arroyo me la [sic] dividido la finca “conservar, recuperar y
en dos debido a que allí se extrae proteger los recursos
arena y piedra china de forma naturales y el ambiente,
ilegal dentro de mi predio en el Departamento […]
desviando así el cauce normal que mediante la ejecución
debe seguir el arroyo directo al de políticas, estrategias
puente en un Ángulo de 90°. // Por u acciones de
este motivo, el arroyo está desarrollo sostenible”.
llegando al puente por un costado
y pronto afectando [sic] las bases No obstante, designó
de dicho puente y el caserío del un funcionario para
VAIVEN ocasionando un desastre adelantar una
difícil de prever [sic]”. “inspección en el
predio”, y rendir “un
informe técnico […]
sobre la situación real
para entonces disponer
lo que legalmente
corresponda”.
11-dic-2017 Gobernador del Pide, de forma principal, la En oficio69 S-2017-
Departamento62; “protección” del predio, “evitando 045130/COMAN-
Instituto de la entrada y salidas de camiones, ASJUR-1.10 del 26 de
Tránsito del los cuales hurtan la piedra china o diciembre de 2017, el
Atlántico63; canto rodado y arena”, situación comandante del
CRA64; Policía que -según describió- se ha Departamento de
Nacional – generado “mucho tiempo después Policía del Atlántico
Comando de de instaurarse la acción popular remitió la petición a la
Policía del por la desnivelación del terreno inspección de policía
Atlántico65; por el cauce del arroyo”, y que del Municipio, por
Estación de “hoy genera gran peligro a mis competencia.
Policía de Juan de predios [sic]”.
Acosta66; alcalde El Instituto de Tránsito
municipal67 De manera subsidiaria, solicitó al del Atlántico contestó,
Municipio y a “las empresas de en oficio del 31 de
servicios públicos” no cobrar más enero de 201870, que se
“los impuestos de vigilancia y “estarán realizando las
seguridad”, y ordenar la inspecciones
devolución de lo pagado por ese pertinentes a la
concepto. dirección mencionada
en su carta para la
Dentro de los hechos afirmados en revisión y posterior
su solicitud, se cita la parte solución posible”.
resolutiva de la sentencia de
acción popular de 24 de julio de El Departamento71
2015, proferida por el Juzgado envió la solicitud al

60 Ibid. f. 70-73.
61 Ibid. f. 74.
62 Ibid. f. 75-77.
63 Ibid. f. 78-81.
64 Ibid. f. 82-85.
65 Ibid. f. 86-89.
66 Ibid. f. 90-93.
67 Ibid. f. 94-97.
69 Ibid. f. 98-99.
70 Núm. 2018-998-000326-1: Ibid. f. 100.
71 Oficio núm. 20183000000611 del 6 de febrero de 2018: Ibid. f. 101.

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Doce Administrativo Oral del Instituto de Tránsito,
Circuito de Barranquilla68. por competencia.

La CRA, luego de
trascribir la parte
resolutiva del mismo
fallo referido por la
solicitante, informó72
que “dispuso la
realización de una visita
técnica al sitio de
interés, con el fin de
que se verifiquen los
hechos objeto de la
solicitud, con el
acompañamiento del
personal especializado
de la Subdirección de
Planeación, para
conceptuar sobre las
obligaciones
contenidas en el
mencionado fallo
judicial”. Mientras tanto,
en relación con las
peticiones de “retención
de vehículos en los
patios del tránsito de
Juan de Acosta”, y del
cobro y devolución de
impuestos, expresó no
ser competente para
pronunciarse sobre
esas solicitudes.

61. Por otra parte, luego de ser requerido por el Tribunal73, el Municipio allegó74
documentos referidos al procedimiento de contratación de la “CONSTRUCCIÓN
DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE JUAN DE
ACOSTA, ATLÁNTICO”, entre los cuales se encuentran los estudios previos, el
contrato de obra pública celebrado el 13 de octubre de 2015 entre la entidad y

68 El extracto incluido en la petición fue el siguiente: “PRIMERO: Proteger los derechos colectivos

al GOCE DE UN AMBIENTE SANO, y a la SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
PREVISIBLES TÉCNICAMENTE invocados por el actor popular. // SEGUNDO: Como consecuencia
de lo anterior, se ordena al Departamento del Atlántico, al Municipio de Juan de Acosta y a la
Corporación Autónoma Regional Atlántico, que si aún no lo han hecho, dentro del marco de sus
competencias, procedan dentro del término de dos (2) meses a adelantar las gestiones
administrativas necesarias para la realización de las obras civiles pertinentes, a efectos de hacer
efectiva la protección de los derechos colectivos mencionados. // Las obras en mención conllevan a
la ejecución de obras hidráulicas de estabilidad de las riberas que se requieren en el arroyo de Juan
de Acosta, en el sector El Vaivén; así como de obras civiles para el sostenimiento del puente ubicado
en el mismo tramo. // TERCERO: El municipio de Juan de Acosta y la Corporación Regional
Autónoma del Atlántico, si aún no lo han hecho, dentro del mismo término deberán adelantar
programas preventivos en la comunidad aledaña tendientes a evitar afectaciones negativas
derivadas del recorte chino o socavación lateral que ha hecho que la escorrentía de aguas lluvias no
continúe su cauce natural hacia el estero (Arroyo Grande-Juan de Acosta), así como capacitar a
moradores sobre medidas preventivas ante eventos continuos (Arroyo Grande-Juan de Acosta) en
materia de inundaciones y desbordamientos ”.
72 Oficio núm. 001073 del 27 de febrero de 2018: Ibid. f. 102-103.
73 Índice SAMAI primera instancia, núm. 24.
74 Índice SAMAI primera instancia, núm. 26.

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la Unión Temporal Prosperidad Costera, el acta de inicio del 16 de junio de 2016,
entre otros. Empero, no constan soportes que den cuenta de la ejecución del
objeto contractual, de la entrega de las obras a satisfacción de la entidad, o de
la liquidación del negocio jurídico.

62. Así mismo, el Municipio facilitó la escritura pública núm. 119 del 2 de junio de
2017, que protocolizó la constitución de la servidumbre de alcantarillado. En lo
pertinente, este instrumento estableció75:

“TERCERO: Que en la condición determinada anteriormente, la
señora GLADYS BEATRIZ MOLINA DE COLL, constituye bajo
compensación monetaria a favor del Municipio de Juan de Acosta
Atlántico, SERVIDUMBRE DE ALCANTARILLADO, en los términos de los
artículos 16 de la Ley 56 de 1981, y 33 y 57 de la Ley 142 de 1994. Longitud
de Servidumbre: NOVENTA Y SEIS METROS (96.00mt); Ancho de la
Servidumbre: TRES METROS (3mts); Área de servidumbre:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (288 m²). La
franja anteriormente descrita tiene las siguientes medidas y linderos
especiales: - NORTE: mide tres (3.00) metros y linda con carretera del
algodón; SUR: mide tres (3.00) metros y linda predios de José de Jesús
Arteta; ESTE: mide noventa y seis metros (96.00) y linda con arroyo Juan de
Acosta; OESTE: mide noventa y seis metros (96.00) y linda con lote que se
afecta, localizado dentro del predio antes indicado, para la instalación
subterránea de tubos que servirán de línea de Conducción de Aguas
Residuales, correspondientes al Sistema de Recolección hasta la Estación de
Bombeo de Aguas Residuales en el Municipio de Juan de Acosta
Departamento del Atlántico, de acuerdo a lo señalado en los planos
aprobados para dicho proyecto los cuales son conocimiento del otorgante, y
en específico se adjunta plano que contiene y muestra el trazado de dicha
servidumbre”.

63. Ahora, el plano al cual alude el fragmento citado76 coincide con la representación
manuscrita que allegó la parte demandante junto con su escrito77.

Prueba del daño en el caso concreto

64. De forma pacífica y reiterada, la jurisprudencia de esta Sección ha enfatizado en
que el daño, entendido como la disminución o alteración negativa de un interés
o situación protegida por el ordenamiento jurídico78, es el presupuesto de
prosperidad de toda pretensión resarcitoria, a tal punto que, de considerar no
acreditado este elemento primordial de la responsabilidad, y su carácter
antijurídico, cierto y personal, se torna inane verificar si está o no demostrada la

75 Transcripción textual, con posibles errores e imprecisiones. Negrillas originales de la escritura.
76 F. 11 del documento.
77 Índice SAMAI primera instancia, núm. 4, archivo
“6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_002ANEXOSDEMANDAP(.pdf)”, f. 7.
78 Cfr. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección

A. Sentencias del 21 de mayo de 2021. Rad. 76001-23-31-000-2001-02120-01(52796). C.P. José
Roberto Sáchica Méndez; del 4 de junio de 2021. Rad. 76001-23-31-000-2005-04360-01(44115).
C.P. María Adriana Marín; del 29 de septiembre de 2023. Rad. 25000-23-36-000-2018-00561-01
(64091). C.P. José Roberto Sáchica Méndez; del 12 de julio de 2024. Rad. 54-001-23-33-000-2019-
00001-01 (70400). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; y del 18 de noviembre de 2024. Rad. 76001-
23-33-000-2014-00793-01 (64573). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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imputación del menoscabo a la entidad demandada y, en tal caso, deben
denegarse las súplicas de la demanda79.

65. Adicionalmente, en virtud de la carga probatoria que recae sobre quien alega la
afectación y persigue su reparación80, se ha sostenido que no resulta suficiente
una proclama o inferencia acerca de su ocurrencia, por lo que es indispensable
que su afirmación deba ser congruente con los fundamentos fácticos y
jurídicos que sustentan tanto las pretensiones de la demanda como las
excepciones formuladas; y estar respaldadas por las pruebas81 aportadas,
decretadas y practicadas oportunamente durante el proceso, siempre que su
valoración sea procedente.

66. En ese orden de ideas, la Sala considera pertinente consignar las siguientes
precisiones: (i) no les asiste razón a los apelantes82 en advertir que una de las
entidades demandadas, al no contestar la demanda, provocó un indicio en su
contra sobre los hechos alegados porque, como lo ha sostenido esta
Subsección83, la omisión de respuesta a la reclamación judicial no trae como
efecto la presunción de certidumbre respecto de las circunstancias susceptibles
de confesión ya que este último medio de convicción está proscrito para los
representantes legales de las entidades públicas84. En todo caso, (ii) no es cierto
que el municipio haya inobservado su derecho de contradicción en el sub-lite, ya
que se advierte la presentación de argumentos conclusivos en primera
instancia85.

67. Dicho esto, a partir de las pruebas apreciables en el presente asunto esta Sala
no encuentra demostradas las afectaciones del bien inmueble, alegadas por los
actores.

68. Aunque los testimonios rendidos en sede judicial respaldaron las afirmaciones
de la demanda, estos no son concluyentes de cara a la acreditación del daño.
Dicha conclusión se apoya en el análisis que se pasa a desarrollar y explicar.

69. Durante la audiencia de pruebas, Miguel Orlando Molina Molinares86 afirmó que
el arroyo se “llevó” tierra de la finca de los demandantes, en las que había

79 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias del

4 de diciembre de 2006. Rad. 25000-23-26-000-1995-00641-01 (16077). C.P. Mauricio Fajardo
Gómez, del 3 de febrero de 2010. Rad. 52001-23-31-000-1998-00088-01(18425). C.P. Ruth Stella
Correa Palacio; y Subsección A. Sentencia del 28 de enero de 2015. Rad. 25000-23-26-000-2001-
00465-01 (28937). C.P. Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras.
80 Cfr. Código General del Proceso – Artículo 167.
81 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.

Sentencia del 21 de marzo de 2012. Rad. 25000-23-26-000-1999-00225-01(23478). C.P. Mauricio
Fajardo Gómez; del 25 de marzo de 2015. Rad. 25000-23-26-000-2001-02469-01(32570). C.P.
Hernán Andrade Rincón; y del 12 de agosto de 2019. Rad. 25000-23-26-000-2011-00376-
01(46559)A. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
82 Supra. párr. 19.
83 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.

Sentencia del 4 de junio de 2024. Rad. 08001-23-33-000-2019-00567-01 (70198). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez. Párr. 35.1.
84 Vid. CPACA - Artículo 217 y CGP – Artículo 195.
85 Índice SAMAI primera instancia, núm. 36.
86 Índice SAMAI primera instancia, núm. 17.

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siembras de mango, guayaba y coco, y que “Gladys” buscó “apoyo” durante
“varias administraciones” de la alcaldía y la gobernación, pese a lo cual tales
entidades nunca “han ido”. Señaló, además, que la referida señora canalizó el
arroyo “como tres veces, pero ya los recursos se le acabaron y el arroyo siguió
a su casa”. Cuando al referido señor se le preguntó por la intervención de la
alcaldía o del departamento en los hechos que dieron lugar a la inundación y
destrucción de la finca en cuestión, respondió, sin más detalle, “ninguna
actuación”.

70. Por su parte, Eucaris Molina Molinares87 relató que la afluente se “llevó más de
la mitad del inmueble” incluyendo sus árboles frutales y “los cocos”; que la
señora Molina de Coll había ido a la gobernación y a la alcaldía “pero nada, no
le han puesto atención”. Ante la pregunta de cuál consideraba la causa de los
daños ocurridos en el predio de los demandantes, la declarante contestó
“omisión”, y ante la insistencia del magistrado que dirigió la audiencia para que
ampliara tal respuesta, únicamente agregó que la omisión era de la alcaldía,
porque “no han trabajado sobre el arroyo para que no se llevara la tierra”.

71. El apoderado de la parte demandante se abstuvo de interrogar a ambos
testigos.

72. Es importante señalar que tanto Miguel Orlando Molina Molinares como Eucaris
Molina Molinares afirmaron ser hermanos de Gladys Beatriz Molina de Coll, y
cuñados de Joaquín Enrique Coll Fontalvo. Sus testimonios, al ser parientes de
los demandantes, resultan sospechosos de conformidad con el artículo 211 del
CGP88, por lo que, frente a sus manifestaciones, procede una valoración
rigurosa, en concordancia con las demás pruebas89.

73. Si bien ambos testigos coincidieron en afirmar que la demandante le solicitó
“apoyo” a la alcaldía y a la gobernación sin obtener respuesta, y que el arroyo
se “llevó” “tierra” de su finca en la que había algunos cultivos, lo cierto es que
tales manifestaciones resultan insuficientes para acreditar el daño alegado. La
supuesta falta de apoyo de las entidades demandadas fue planteada de forma
lacónica y constituye una cuestión irrelevante en el asunto objeto de estudio: la
prueba del daño en el sub lite, que solo sería útil en el estudio de la falla del
servicio por omisión administrativa -en el juicio de imputación-. Por su parte, las
afirmaciones sobre la afectación del predio son imprecisas y carecen de datos
concretos acerca del menoscabo material que afirmaron padecer los actores -

87 Índice SAMAI primera instancia, núm. 18.
88 “Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de

las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el
testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.
89 Sobre el tema, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera

– Subsección A. Sentencias del 14 de julio de 2016. Rad. 41001-23-31-000-1999-00987-01
(36932) C.P. Hernán Andrade Rincón; del 24 de abril de 2023. Rad. 85001-23-33-000-2015-00330-
01 (60187). C.P. María Adriana Marín; y del 7 de marzo de 2025. Rad. 05001-23-33-000-2018-
00987-01 (70719). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez

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los declarantes no especificaron, ni siquiera, en qué consistieron las
afectaciones del inmueble, si sufrió humedades, daños en su estructura o en sus
elementos, o la extensión de la superficie de terreno-.

74. Asimismo, las declaraciones de los testigos tampoco cuentan con respaldo
probatorio adicional, porque, se itera, (i) las fotografías aportadas no son idóneas
para acreditar con certeza los hechos alegados por la actora; y (ii) la pericia
acompañada a la demanda carece de valor probatorio, al no contener
fundamentos técnicos ni elementos que fundamenten las conclusiones
contenidas en ella.

75. Aunado a lo anterior, si estuvieran probadas las órdenes judiciales proferidas en
el marco de la acción popular, en el sentido afirmado por la demandante Gladys
Beatriz Molina de Coll en la solicitud radicada el 11 de diciembre de 2017,
admitido por la CRA en el oficio del 27 de febrero de 2018, cabría indicar que no
se demostró que el predio se halle en el sector de “El Vaivén”, o en cercanías al
puente “ubicado en el mismo tramo”, conforme al numeral segundo de lo que
habría sido esa decisión, no aportada en su totalidad al plenario.

76. Así las cosas, en respuesta a los problemas jurídicos planteados
anteriormente90, la Sala concluye que, en vista de que los documentos
fotográficos aportados y la experticia traída al juicio por los demandantes
carecen de mérito suasorio, y que los medios de convicción restantes no reflejan
la existencia de un daño, deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

77. Esto, además, releva a la Subsección de la tarea de verificar si está
demostrada la imputación a título de falla del servicio por omisión administrativa
de las entidades demandadas91, ya que la falta de prueba del ingrediente
fundamental del juicio de responsabilidad patrimonial conlleva, inexorablemente,
al fracaso de las pretensiones indemnizatorias92.

Condena en costas

78. En virtud de lo anteriormente expuesto, se dispondrá la condena en costas en
segunda instancia en contra de la parte recurrente, toda vez que su alzada fue
resuelta desfavorablemente.

79. Además, en razón a la labor de vigilancia del proceso ejercida por los
representantes judiciales de las demandadas, la Sala fijará agencias en derecho
pertenecientes a esta instancia, de acuerdo con las tarifas establecidas por el

90 Supra. Párr. 60.
91 Supra. Párr. 19.
92 En ese sentido, esta Subsección ha adoptado la siguiente regla de decisión: “aunque la apelación

tenga como propósito que se verifiquen otros elementos de la responsabilidad, su análisis no procede
cuando se advierte la carencia de daño, pues dicha falencia conlleva a que se niegue lo pedido”:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 7 de febrero de 2025. Rad. 41001-23-33-000-2016-00190-01 (69364). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez.

24

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00368-01 (72.747)
Demandante: Gladys Beatriz Molina de Coll y otro
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico y
otros
Referencia: Reparación directa

Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de
agosto de 201693, vigente para la fecha de presentación de la demanda, en la
suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente al momento de la
notificación de esta providencia, que será repartido entre las tres entidades
demandadas por partes iguales.

80. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de noviembre de 2024, proferida por la
Sala de Decisión Oral de la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, por
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la apelante, las cuales
serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 366 del Código General del Proceso; e inclúyase la suma de un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho, repartido entre
las entidades demandadas por partes iguales.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.

VF

93 Conforme al artículo 1 del Acuerdo, este “regula las tarifas para efectos de la fijación de agencias

en derecho y se aplica a los procesos […] de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Según
el artículo 3 de dicha normativa, cuando “se trate de la segunda instancia […] las tarifas se establecen
en salarios mínimos legales mensuales vigentes”; y conforme al artículo 5, numeral 1, las tarifas de
agencias en derecho en segunda instancia corresponden al margen comprendido entre 1 y 6
S.M.L.M.V.

25

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