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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01009-01

Fecha
18 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01009-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: Declarar la CADUCIDAD del medio de control. 12 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo. 13 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”. “(…) “ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “(…)” 7 Radicación: 25000-23-36-000-2018-01009-01 (70081) Actor: Pablo Eduardo Victoria Wilches Demandado: La Nación – Rama Judicial Referencia: Reparación directa TERCERO CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la demandada. Para el efecto, las agencias en derecho se FIJAN en la suma de tres (3) SMLM vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-01009-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000-23-36-000-2018-01009-01 (70081)
Actor: Pablo Eduardo Victoria Wilches
Demandado: La Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – DAÑO CAUSADO POR ERROR JUDICIAL –
como la fuente del daño fue una decisión judicial, debió promoverse la acción
indemnizatoria en el término de dos años contados desde su expedición, lo cual no
ocurrió en el caso bajo análisis – CADUCIDAD.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Solicita el actor que se declare responsable a la Rama Judicial - Consejo Superior
de la Judicatura por el error judicial y defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia derivados del auto emitido por el Consejo de Estado el 16
de diciembre de 2015.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 27 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual resolvió la demanda presentada
el 2 de noviembre de 2018, por el señor Pablo Eduardo Victoria Wilches contra la
Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se le declare
responsable por el error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia al declararse la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 7 de mayo
de 2015. Solicitó que se reparen los perjuicios, los cuales estimó en $600´000.000
en la modalidad de perjuicios materiales por concepto de mesada pensional, así
como el pago de intereses moratorios sobre las sumas que se ordenen a su favor
hasta que se haga efectivo el pago.

2. Como soporte fáctico de sus pretensiones, señaló que el señor Pablo Eduardo
Victoria Wilches presentó acción de tutela por la reducción de su mesada pensional
en cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013. Este proceso fue conocido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien falló en primera instancia el 1° de
agosto de 2013 en el sentido de negar el amparo solicitado.

3. Encontrándose el proceso para fallo de segunda instancia, las doctoras María
Elizabeth García González y María Claudia Rojas Lasso, consejeras de la Sección
Primera del Consejo de Estado, manifestaron su impedimento por tener interés

Radicación: 25000-23-36-000-2018-01009-01 (70081)
Actor: Pablo Eduardo Victoria Wilches
Demandado: La Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

directo en las resultas del proceso. Pese a ello, el 7 de mayo de 2015, la Sala
conformada por dos consejeros y un conjuez que salvó voto, declaró infundados
los referidos impedimentos.

4. En sentencia del 2 de julio de 2015, la Sección Primera revocó el fallo de tutela
y accedió al amparo solicitado. No obstante, el 1° de septiembre de 2015, las
mismas consejeras solicitaron dejar sin efecto la providencia que declaró
infundados sus impedimentos por adoptarse sin el quórum para el efecto, así como
la nulidad del fallo de segunda instancia.

5. El 16 de diciembre de 2015, la Sala conformada por dos consejeros y dos
conjueces (uno ausente), declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto del 7 de
mayo de 2015, incluida la sentencia de tutela de segunda instancia que había
accedido al amparo.

6. Contra la anterior decisión, el hoy actor presentó recursos de apelación y queja,
los cuales le fueron rechazados por improcedentes el 10 de marzo y el 10 de mayo
de 2016, respectivamente.

7. En la decisión del 10 de mayo, se declararon fundados los impedimentos de las
referidas consejeras; finalmente, el 19 de septiembre de 2016, la Sala decidió
confirmar la sentencia que negó el amparo relacionado con la reducción de la
mesada pensional del señor Victoria Wilches.

8. El actor alegó que la providencia del 16 de diciembre de 2015 entraña error
judicial porque desconoció que la sentencia del 2 de julio del mismo año gozaba de
validez, firmeza y ejecución. Así, aseguró que la providencia declarativa de la
nulidad de lo actuado desconoció los fundamentos del Estado Social de Derecho,
lo cual produjo un daño antijurídico que le significó afectación a su seguridad social.

9. En la demanda se expuso que a partir de la providencia contentiva de error se
produjeron una serie de actuaciones que derivaron en un nuevo trámite judicial
carente de toda norma, lo cual consideró como defectuoso funcionamiento de
administración de justicia1.

La defensa

10. La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, en tanto que
las decisiones del proceso objeto de análisis fueron motivadas y, específicamente
en lo que respecta al auto declarativo de nulidad dijo que se profirió para sanear el
proceso, porque las providencias emitidas después del 7 de mayo de 2015 no se
ajustaban al ordenamiento jurídico2.

1 Fls. 4-59 CPpal.
2 Folios 76-89 CPpal.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2018-01009-01 (70081)
Actor: Pablo Eduardo Victoria Wilches
Demandado: La Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

11. Sobre el trámite que siguió con posterioridad a la declaratoria de nulidad,
aseguró que se ajustó a derecho y que todas las decisiones fueron motivadas
detalladamente por la importancia nacional que revestía el tópico.

12. Solicitó que se declare la inexistencia del daño antijurídico por cuanto no existió
error judicial dentro de las actuaciones surtidas por el Consejo de Estado que pueda
ser atribuible a la demandada, aseguró que el procedimiento posterior a la referida
decisión de nulidad acató las normas procesales y por tanto no se configuró
defectuoso funcionamiento.

13. Mediante auto del 12 de abril de 20213, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se abstuvo de citar a audiencia inicial y acorde a lo establecido en el
artículo 182A de la Ley 2080 de 2021, dispuso correr traslado a las partes para
alegar de conclusión y dictar sentencia anticipada en el presente asunto 4. En la

3 Providencia disponible en Samai T-18. El a quo decidió dictar sentencia anticipada en el caso concreto dado

que no había pruebas por practicar. Lo anterior comoquiera que las pruebas documentales ya se encontraban
incoporadas al expediente y negó la solicitud probatoria consistente en que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca remitiera documento que confirmara el cumplimiento de la sentencia de tutela resuelta en
segunda instancia por el Consejo de Estado.
4 Con todo, es de mencionar que las partes pidieron que se decretaran como pruebas los siguientes

documentos: a) parte demandante: i) Sentencia proferida por la Sala de Decisión de la Sección Primera del
Consejo de Estado el 2 de julio de 2015, ii) Demanda de tutela instaurada en agosto de 2013, radicado No. 2500023420002013042801 contra el Fondo de Previsión Social del Congrejo de la República, iii) Expediente Nº
2500023420002013 0428 01, iv) Notificación, por conducta concluyente, de la Sentencia pronunciada el 2 de
Julio de 2015, registrada por el accionante el 12 de noviembre de 2015, v) Registro judicial en la Página WEB
de la Rama Judicial que relaciona las actuaciones surtidas en la Sala de Decisión de la Sección Primera del
Consejo de Estado en el presente caso, vi) Auto del 7 de mayo de 2015 suscrito por los Magistrados Guillermo
Vargas Ayala y Marco Antonio Velilla Moreno, con salvamento de voto del doctor Gustavo Zafra Roldán,
declarando "infundados los impedimentos manifestados por las señoras Consejeras de Estado, doctoras MARIA
ELIZABETH GARCIA GONZÁLEZ Y MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO", vii) Derecho de petición presentado
por el demandante el 26 de noviembre de 2015 ante el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
• "Fonprecon", anexando una copia de la Sentencia en firme, viii) Auto del 10 de mayo de 2016 a través del cual
se declaran fundados los impedimentos de las Magistradas María Elizabeth García González y María Claudia
Rojas Lasso, según solicitud entregada el 2 de septiembre de 2015, en la cual solicitan "dejar sin efectos la
decisión a través de la cual se declaró infundado el impedimento manifestado por ellas en el proceso de la
referencia", y por ende declararse "la nulidad de la sentencia de segunda instancia proferida en la sesión de 2
de julio del año en curso", ix) Auto expedido el 15 de diciembre de 2015 por la Sala de Decisión en el cual
dispuso declarar "LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA", x)
Recursos interpuestos por el demandante el 26 de enero siguiente contra el auto dictado el 15 de diciembre, xi)
Auto expedido el 3 de marzo de 2016 por la Subsección "D" de la Sección 2ª del Tribunal Administrativo
absteniéndose de "dar apertura al trámite incidental de desacato', xii) Auto que resolvió el 10 de marzo siguiente,
dictado por la Sala de Decisión, la impugnación planteada "por improcedente", xiii) Recursos contra dicho Auto,
el 21 de abril de 2016, presentado por el demandante, xiv) Respuesta o resolución, el 10 de mayo, a la
impugnación planteada disponiendo su rechazo "por improcedente", xv) Recurso de reposición y apelación del
14 de junio sobrer la resolución del 10 de mayo, en el que se declaran "fundados los impedimentos manifestados
por las doctoras Maria Elizabeth García González y Maria Claudia Rojas Lasso, con la separación de su
conocimiento del proceso tutelar", xvi) Fallo del 19 de septiembre que declara improcedente el recurso de
reposición y apelación del 14 de junio, xvii) Acción de tutela interpuesta el 9 de noviembre de 2016 por el
accionante contra las nuevas decisiones judiciales, al considerarlas como vía de hecho judicial, xviii) Sentencia
de tutela pronunciada el 9 de diciembre, con rechazo por "improcedente" la acción instaurada, xix) Impugnación
de la decisión el 11 de enero de 2017, xx) Sentencia del 27 de abril con el fallo correspondiente, confirmando
la sentencia impugnada", xxi) Remisión, el 9 de mayo de 2017, del expediente a la Corte Constitucional, xxii)
Certificación o Constancia del monto pensional mensual que ha correspondido en cada anualidad, desde el año
2013 (a 30 de junio y a partir del 1º de julio de 2015) al año 2018, xxiii) Constancia de la Conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría 131 Judicial II para Asuntos Administrativos, declarada fallida el 25 de octubre último, al
atenderse solicitud presentada por el convocante el 10 de septiembre de 2018 (Rad. Nº 29318-309). B) parte
demandada: i) Expediente No.

250002342000201304281, allegado en calidad de préstamo por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en 2 cuadernos con 831 folios en total y 3 anexos con 256 folios, ii) Medio
magnético contentivo del proceso 11001031500020180331300, iii) Respuesta por parte del Secretario General
del Consejo de Estado a petición planteada por el aquí demandante el 28 de enero de 2016, iv) Descargos
presentados por el Secretario General del Consejo de Estado dentro de proceso disciplinario que se le adelantó
en virtud de los hechos relacionados con esta demanda, dentro del proceso de radicado No. 11001-03-15-000-
2017- 00944-00.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2018-01009-01 (70081)
Actor: Pablo Eduardo Victoria Wilches
Demandado: La Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

oportunidad para alegar, la parte actora reiteró que la demanda se presentó por el
daño causado por una decisión judicial que fue adoptada sin competencia
constitucional o legal y que significó que una sentencia de tutela en firme se anulara
como resultado de un procedimiento defectuoso5. La parte demandada volvió a
esgrimir los argumentos plasmados en la contestación6 y el Ministerio Público
guardó silencio.

La decisión recurrida

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, en tanto que la decisión cuestionada no resulta per se contraria al
ordenamiento. Dichas medidas son necesarias cuando acaece alguna irregularidad
que invalida las actuaciones surtidas.

15. Concluyó que aunque el auto del 16 de diciembre de 2015 es adverso a los
intereses del actor, no resultó arbitrario, irracional o disonante con las reglas
procedimentales y sustanciales para efectos de su emisión. De igual forma,
consideró que el trámite adelantado con posterioridad al auto en comento no reveló
daño antijurídico por concepto de defectuoso funcionamiento de la administración
dado que el mismo se ajustó a las normas procesales7.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

16. El actor solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y se accediera a
las pretensiones de la demanda. Reprochó que en el mes de diciembre de 2015,
antes de salir a vacaciones colectivas, la Sala haya expedido un auto
desconociendo que la competencia del caso ya no estaba en cabeza suya sino de
la Corte Constitucional por cuanto ya había sentencia de segunda instancia que
debía enviársele para lo de su competencia y jurisdicción. Con lo dicho, considera
que hubo clara violación al debido proceso.

17. De otro lado, tildó de irresponsables a las magistradas de la Sección Primera
que solicitaron la nulidad después de suscribir la sentencia de tutela de segunda
instancia, nulidad que consideró improcedente por cuanto la referida sentencia ya
había sido ejecutoriada, lo cual la hacía inmodificable.

18. Insistió en que como ya había sentencia de segunda instancia, el competente
para conocer de cualquier situación del proceso era la Corte Constitucional y, con
la decisión de nulidad se desconoció el mandato superior y se constituyó un arrebato
de la competencia o desviación palmaria de la jurisdicción con fines contrarios a los
mandatos sustanciales y procesales que constituyen el debido proceso formal y
material.

5 Samai T-22.
6 Samai T-23.
7 Folios 512-527 del cuaderno principal.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2018-01009-01 (70081)
Actor: Pablo Eduardo Victoria Wilches
Demandado: La Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

19. Concluyó que se le desconoció un derecho adquirido en materia pensional y
calificó como desilusionante el sistema de acceso a la administración de justicia al
observar que una acción de tutela, con las condiciones especiales de quien reclama
su derecho legítimo se ve sometido a estos procedimientos irregulares que
desvirtúan las decisiones judiciales ejecutoriadas.

20. La demandada se pronunció sobre el recurso de apelación e insistió en que fue
evidente que, previo a proferirse el fallo del 2 de julio de 2015, se habían decidido
el 07 de mayo de 2015 los impedimentos tramitados por las Consejeras Rojas y
García sin el quórum para el efecto, lo que generaba una nulidad constitucional a
partir de dicha fecha, que debía ser declarada sin considerar la etapa en que se
encontrara el trámite y pese a que ya existía fallo de segunda instancia, -el que
además no se encontraba ejecutoriado-, pues no hacerlo resultaba violatorio al
debido proceso y derecho de defensa de las partes.

21. Por su parte, la demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

22. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

23. La Sala anticipa que revocará la decisión de instancia y, en su lugar declarará
la caducidad del medio de control, en atención a que los fundamentos base de los
supuestos errores de la administración se erigen como cuestionamiento de
pronunciamiento jurisdiccional que por su fecha de expedición, debió ser
demandado antes del vencimiento del plazo establecido por la ley para tal efecto,
condición que resulta insalvable, como a continuación se explica.

24. El ejercicio oportuno del medio de control es un presupuesto procesal sin el cual
no es posible que el juez decida el fondo de una controversia y que conmina al
interesado a promover sus reclamaciones en un plazo específico. Pese a que la ley
contempla esta exigencia como una cuestión respecto de la cual el juez puede
pronunciarse incluso desde el inicio del proceso8, de hallarla probada en cualquier
otro estadio procesal o instancia, incluso, al momento de proferir el fallo, así debe
ser declarada, teniendo en cuenta que es un mandato irrenunciable de orden público
y, como consecuencia, de obligatorio cumplimiento9.

25. En el caso del medio de control de reparación directa, la demanda es oportuna
siempre que se presente dentro de los dos (2) años siguientes al día posterior al
hecho, la acción u omisión señalada de ser la causante del daño (causa petendi),
premisa general que es aplicable, incluso, si el hecho, la operación o la omisión se
reputa ocurrida en ejercicio de funciones jurisdiccionales a cargo de una autoridad
legal constitucionalmente autorizada.

8 Al respecto, ver parágrafo 2º del artículo 175 y artículo 180 del CPACA.
9 Consejo de Estado, sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 51078. MP José Roberto Sáchica Méndez.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2018-01009-01 (70081)
Actor: Pablo Eduardo Victoria Wilches
Demandado: La Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

26. En el presente asunto, la demandante soporta la pretensión de responsabilidad
contra la Rama Judicial en el error que se materializó en la providencia que declaró
la nulidad de todo lo actuado a partir del 10 de mayo de 2015, incluida la sentencia
de tutela de segunda instancia y en la falla del servicio derivada del trámite que
surgió a partir de ese auto anulatorio del 16 de diciembre de 2015, todo lo cual causó
que el demandante se viera afectado en el monto de sus mesadas pensionales, por
lo que los yerros en sus decisiones o las irregularidades en sus actuaciones deben
evaluarse en los términos de error judicial, tal como se establece en la Ley 270 de
1996, atrás citada.

27. Para la parte actora, el error judicial se originó en la decisión de nulidad de lo
actuado en el curso de la impugnación de la sentencia de primera instancia y el
trámite procesal posterior. De manera que todos y cada uno de los reproches
antijurídicos que se imputan en la demanda, señalan como la fuente del daño el
auto del 16 de diciembre de 2015, en la medida que el menoscabo se predica del
acceso a la administración de justicia y no de la sentencia como tal, la cual, a pesar
de ser contraria a los intereses del demandante, no fue demandada en este proceso.

28. En este contexto, siendo esta decisión la fuente del daño, el actor debió haber
promovido la acción de reparación directa a más tardar en el mes de diciembre de
2017.

29. Sin perjuicio de lo anterior, debe memorarse que el actor presentó impugnación
no procedente contra el pluricitado auto del 16 de diciembre de 2015, la cual le fue
rechazada en auto del 10 de marzo de 2016 y, contra esa decisión interpuso queja,
la cual, también le fue rechazada por iguales razones el 10 de mayo de 2016. En
ese sentido, en tanto no procedían recursos contra la providencia de nulidad como
le fue indicado en dos oportunidades, ha debido presentar la demanda de
reparación directa dentro de los 2 años siguientes al momento en que conoció o
debió conocer la providencia del mes de diciembre antes indicada, situación que
aconteció el 21 de enero de 201610. Por tanto, dado que la demanda se presentó el
2 de noviembre de 2018, es claro que su reclamo resulta extemporáneo y, por ende,
no es posible estudiar el fondo de la imputación que trae a juicio.

30. Cabe agregar que, de conformidad con el artículo 2111 de la Ley 640 de 2001,
la conciliación extrajudicial en derecho suspendía el término de caducidad. En este
caso la solicitud de conciliación se presentó el 10 de septiembre de 2018, cuando
ya había operado el término de caducidad.

31. Bajo estas consideraciones, la Sala revocará la decisión de instancia, en
atención a que se halla comprobada la caducidad del medio de control.

10 Fl. 77 C1.
11 “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término

de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta
de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan
las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3)
meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y
será improrrogable”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01009-01 (70081)
Actor: Pablo Eduardo Victoria Wilches
Demandado: La Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Condena en costas

32. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 365 del CGP, la
Sala condenará en costas a la parte actora, recurrente en el presente asunto, toda
vez que en esta providencia se resolvió de forma desfavorable el recurso de
apelación interpuesto por ella.

33. Bajo las reglas del código en cita, la condena en costas no requiere de la
apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le
imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con
fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte
recurrente, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”12.

34. Adicionalmente, dado que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante
el trámite de la controversia , así como por las agencias en derecho, las cuales, se
fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 de 201613, en esta instancia, se fijan las
agencias en tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la
ejecutoria de la sentencia (3 SMLMV), a cargo de la parte demandante, suma que
se reconocerá a favor de la demandada.

35. Se impone la liquidación de las costas de manera concentrada por parte del
Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: Declarar la CADUCIDAD del medio de control.

12 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe,

o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya
propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las
costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena
incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una
indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción
en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
13 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta,

dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor
jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”. “(…) “ARTÍCULO 5º.
Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “(…)”

7

Radicación: 25000-23-36-000-2018-01009-01 (70081)
Actor: Pablo Eduardo Victoria Wilches
Demandado: La Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

TERCERO CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la
demandada. Para el efecto, las agencias en derecho se FIJAN en la suma de tres
(3) SMLM vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Las costas se
liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

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