Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-006-2016-00291-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Violación al régimen de inhabilidades: causal de pérdida de investidura de concejal
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-006-2016-00291-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-006-2016-00291-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
25 de mayo de 2017
PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Pruebas
[C]omo la Ley 144 no establece un régimen probatorio aplicable a este tipo de procesos, se debe acudir a la regla de integración normativa que dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo según la cual, en los aspectos no contemplados en dicho Código, se aplicará el Código General del Proceso, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos. Asimismo, es importante recalcar que la facultad de decretar pruebas en las acciones de pérdida de investidura, se deriva del carácter sancionatorio de este proceso, que obliga al juez a asumir una conducta activa en todo momento, así las partes hayan obrado de manera negligente en el aporte o solicitud de las mismas. El juez, dentro del proceso de pérdida de investidura, debe proveerse de los medios de prueba necesarios para determinar, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, si los hechos alegados en la demanda se adecúan o no a la causal o causales invocadas por el actor.
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP - Fin
[E]l fin del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP- es disponer de las funcionalidad tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicos, servir como punto único de ingreso de información y generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía, contar con la información oficial de la contratación realizada, integrar el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública, entre otros.
VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Causal de pérdida de investidura de concejal / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Inhabilidad: celebración de contratos con entidades públicas / INHABILIDAD POR CELEBRACION DE CONTRATOS - Elementos que configuran la causal / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - No se configura porque a pesar de haber celebrado contrato en el término inhabilitante, este no se ejecutó en el municipio donde fue elegido
Para la Sala, en el caso sub lite, el lugar de ejecución del contrato de prestación 0167-2015-00017 celebrado por el Departamento del Atlántico y el señor Enrique Carlos Serje Peña, está demostrada con la modificación al mismo que realizaron ambas partes, días después de haber suscrito el contrato, en donde se especifica que el objeto del mismo debe desarrollarse con prioridad en los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón. Adicional a lo anterior, los informes presentados por el contratista Enrique Carlos Serje Peña al Gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico durante los meses de marzo hasta septiembre de 2015, también dan cuenta que el objeto del contrato de prestación de servicios, se llevó a cabo en los corregimientos de Campeche (Baranoa), Carreto (Manatí), Palmar de Candelaria (Luruaco), Pital de Mengua (Baranoa), Cien Pesos (Repelón), Santa Cruz y San Juan de Tocagua (Luruaco) y, finalmente, en el Municipio de Malambo. De acuerdo con lo anterior, la ejecución del contrato de prestación de servicios 0167-2015-00017 no tuvo lugar en el Municipio de Sabanalarga, entidad territorial donde resultó elegido concejal el señor Enrique Carlos Serje Peña. Al no estar presente el supuesto que se analiza, no puede entenderse configurada la inhabilidad que se le endilga al demandado.
FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 40 NUMERAL 3 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 55 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 306 / LEY 144 DE 1994 / LEY 1150 DE 2007 – ARTÍCULO 3
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 08001-23-33-006-2016-00291-01(PI)
Actor: NINI JOHANA TORRES CASTELLANOS
Demandado: ENRIQUE CARLOS SERJE PEÑA
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL –SABANALARGA (ATLÁNTICO)
Referencia: No se encontró acreditada la violación del régimen de inhabilidades establecido en el numeral 3 del artículo 43 de Ley 136 de 2 de junio de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, por celebrar contratos con entidad pública, dentro del año anterior a su elección como concejal de Sabanalarga –Atlántico-, y haberlo ejecutado dentro del respectivo municipio
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, el 1º de agosto de 2016, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura, presentada contra el ciudadano Enrique Carlos Serje Peña, concejal del Municipio de Sabanalarga (Atlántico), elegido para el período 2016-2019.
1.1.- La demanda
1.1.1.- La ciudadana Nini Johana Torres Castellanos solicitó la pérdida de la investidura de Enrique Carlos Serje Peña, concejal del Municipio de Sabanalarga (Atlántico), por haber incurrido en la inhabilidad prevista en el artículo 40 de la Ley 617, lo cual constituye causal de pérdida de la investidura para los concejales municipales por virtud del numeral 6° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, esto es, por la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, dentro del año anterior a la elección.
1.1.2.- Como sustento de la solicitud, la demandante relata que, entre el Gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico y el señor Enrique Carlos Serje Peña, se celebró el día 29 de agosto de 2014, el contrato de prestación de servicios número 0167-2014-000101, cuyo objeto era “prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación de actividades que la Gerencia de Capital Social dirija a niños y niñas del Departamento del Atlántico con el propósito de proporcionar la importancia y el conocimiento de los estamentos públicos”. Agrega que el lugar de ejecución del contrato fue en el Departamento del Atlántico, incluidos los veintidós (22) municipios que lo conforman, dentro de los cuales se encuentra el Municipio de Sabanalarga.
1.1.3.- Posteriormente, entre las mismas partes, se celebró, el día 12 de marzo de 2015, el contrato de prestación de servicios número 0167-2015-00017, cuyo objeto era “prestar servicios a la Gerencia para brindar apoyo logístico y técnico en las acciones y estrategias que la Gerencia emprenda para socializar la erradicación de las peores forma (sic) de explotación del trabajo infantil y adolescentes en el Departamento del Atlántico”.
1.1.4.- Afirma que, el Gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico y el concejal demandado suscribieron el 2 de abril de 2015, una modificación al contrato de prestación de servicios número 0167-2015-00017, consistente en “darle prioridad en el programa de erradicación de la explotación infantil en los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón”. Según la demandante, la modificación al contrato de prestación de servicios número 0167-2015-00017 tenía como fin, eliminar al Municipio de Sabanalarga del ámbito de aplicación de dicho contrato, pues el supuesto fáctico de la causal de inhabilidad alegada ya había ocurrido para la fecha de suscripción y ejecución del mismo.
1.1.5. Agrega que, el ciudadano Enrique Carlos Serje Peña fue elegido concejal del Municipio de Sabanalarga, en las elecciones realizadas el día 25 de octubre de 2015, razón por la que, al momento de la ejecución del contrato de prestación de servicios número 0167-2015-00017 y su modificación, esto es, entre el 13 de marzo y el 2 de abril de 2015, el señor Enrique Carlos Serje Peña se encontraba inhabilitado, de conformidad con el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617.
1.2.- Contestación de la demanda por parte del concejal Enrique Carlos Serje Peña
El demandado, a través de apoderado judicial, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, procedió a contestar la demanda de pérdida de investidura solicitando que se negaran sus pretensiones.
1.2.1.- La parte demandada inicia su defensa negando la ocurrencia de uno de los supuestos de la causal de pérdida de investidura alegada, pues afirma que la ejecución o el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios referidos en la demanda, no se realizaron dentro de la jurisdicción donde el demandado obtuvo la condición de concejal, esto es, el Municipio de Sabanalarga.
1.3.- La sentencia de primera instancia
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del 1º de agosto de 2016, resolvió lo siguiente: “Primero.- Denegar las súplicas de la demanda, acordes a las motivaciones precedentes.”
1.3.1.- En ese sentido, la primera instancia consideró que, en el presente caso, no se configuran los presupuestos de la causal de inhabilidad que se le endilga al demandado, pues de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado esta causal se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal, dentro del lapso de tiempo previsto en la norma, independientemente de su ejecución o liquidación. Por lo anterior y, en relación con el contrato de prestación de servicios número 0167-2014-000101, precisó que como este contrato se suscribió el 29 de agosto de 2014, era dable concluir que éste se celebró por fuera del periodo inhabilitante.
1.3.2.- En cuanto al segundo contrato de prestación de servicios, esto es, el contrato número 0167-2015-00017, el Tribunal aclaró que, si bien es cierto que el mismo fue suscrito dentro de los 12 meses anteriores a la elección como concejal, esto es, el 12 de marzo de 2015, lo cierto es que a partir del análisis de las disposiciones contractuales contenidas en el contrato y de la certificación del 2 de abril de 2015, allegada durante el periodo probatorio, es evidente que a pesar de haberse indicado que el desarrollo del objeto contractual debía tener lugar en el Departamento del Atlántico, de ello no puede entenderse que la ejecución del contrato tuvo lugar en cada uno de los municipios que integran dicha célula territorial.
1.4.- El recurso de apelación
Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandante, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque dicha providencia judicial y, en su lugar, le despoje al demandado de su investidura, esgrimiendo las siguientes inconformidades: 1.4.1. La actora sostiene que el a quo en el auto de pruebas incurrió en una violación flagrante al debido proceso, pues ordenó oficiar a la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, a fin de que certificara si los contratos de prestación de servicios números 0167-2014-000101 y 0167-2015-00017 fueron ejecutados o cumplidos en la jurisdicción del Municipio de Sabanalarga, prueba que califica como “sugestiva”. Agrega que esta prueba resulta ilegal y debió ser rechazada por el a quo, en razón a que ésta no se encuentra prevista en el Código General del Proceso. 1.4.2. Estima que el a quo confunde el concepto de “celebración” con el de “ejecución”, pues con fundamento en una prueba “amañada, mentirosa” y que “contiene una falsedad ideológica”, llegó a la conclusión de que el contrato de prestación de servicios número 0167-2014-000101 se encontraba por fuera del lapso previsto por la norma que contiene la inhabilidad alegada, cuando en realidad la ley es clara en señalar que se encuentra incurso en la causal de inhabilidad “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas.”
1.4.3. Alega que, a la luz del artículo 173 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el juez debió abstenerse de practicar dicha prueba, toda vez que la misma pudo obtenerse directamente o por medio de un derecho de petición. 1.4.4. Señala que el contrato de prestación de servicios número 0167-2015-000017 fue modificado sin el cumplimiento del lleno de los requisitos legales, en razón a que el mismo no se realizó conforme lo dispuesto en los artículos 16, 23 y 24 (numeral 7) de la Ley 80 de 1993, normas que establecen que los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa. Agrega que el Jefe de la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico al expedir la sedicente certificación, se abrogó una función que le corresponde al supervisor del contrato. 1.4.5. Para la actora, la sentencia incurre en un defecto fáctico por no haber valorado el acervo probatorio, pues quedó demostrado en el plenario que los contratos de prestación de servicios que suscribió el concejal demandado con la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, encajan dentro de la inhabilidad que se le endilga, esto es, que se celebraron dentro del periodo inhabilitante y debieron ejecutarse en el Municipio de Sabanalarga, lo cual puede ser corroborado a través de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP-. 1.5.- Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del agente del Ministerio Público
Mediante auto de 2 de diciembre de 2016, el magistrado sustanciador del proceso admitió el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia y ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto. Solo el agente del Ministerio Público intervino en esta instancia, mediante escrito de 30 de enero de 2017, y solicitó, luego de un estudio integral del proceso judicial, la confirmación de la sentencia de primera instancia, de acuerdo con los siguientes argumentos:
“4.1.
La acusación relacionada con el contrato de prestación de servicios 0167-2015 (sic) -000017 suscrito entre la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico y Enrique Carlos Serje Peña.
(…)
En el caso objeto de estudio, se encuentra demostrada la existencia del Contrato de Prestación de Servicios 0167-2015 (sic) -000017 suscrito entre la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico y Enrique Carlos Serje Peña, cuyo objeto fue: “Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación de actividades que la Gerencia de Capital Social dirija a los niños y niñas del departamento del Atlántico con el propósito de proporcionar la importancia y el conocimiento de los estamentos públicos”. Así mismo, dentro del mismo contrato en su cláusula décima cuarta denominada “PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN” se estipuló que perfeccionaría con la firma de las partes (folio 187). Por ello, a partir de este momento debe empezarse a computar el periodo de inhabilidad, quedando por fuera los actos de ejecución y liquidación del contrato. Por ello, como quiera que la elección del concejal demandado tuvo lugar el 25 de octubre de 2015 y el contrato de prestación de servicios aludido se suscribió el 29 de agosto de 2014, resulta de recibo afirmar que el mismo se celebró por fuera del periodo inhabilitante establecido por el legislador como configurativo de la causal de pérdida de investidura que se endilga al concejal accionado, en razón a que el mismo se extendía hasta el 35 de octubre de 2014. En este orden de ideas, esta Delegada considera acertados los razonamientos efectuados por el tribunal de Primera Instancia cuando indica que frente al primero de estos contratos era necesaria la celebración efectiva del contrato estatal, dentro del término de inhabilidad que comprende los 12 meses anteriores a la fecha de elección, independientemente del momento de su ejecución o liquidación. 4.2. La acusación relacionada con el contrato de prestación de servicios No. 0167-2015-000017 suscrito entre la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico y Enrique Carlos Serje. En el caso de estudio, esta vista fiscal encuentra probada la existencia de la relación contractual entre la Gerencia Capital Social de la Gobernación del Atlántico y el concejal Enrique Carlos Serje Peña, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 2015-000017 del 12 de marzo de 2015, cuyo objeto fue: “Prestar servicios de Gerencia para brindar apoyo logístico y técnico en las acciones y estrategias que la Gerencia emprenda para socializar la erradicación de las peores forma (sic) de explotación del trabajo infantil y adolescentes en el Departamento del Atlántico”, el cual se celebró dentro del periodo de inhabilidad. En la cláusula segunda del contrato se pactaron las siguientes obligaciones: (…)
De manera posterior, las partes suscribieron la modificación No. 01 al contrato No. 0167-2015-000017, a través de la cual se acordaron modificar “(…) la primera obligación del contrato No. 0167-2015-000017 en el sentido de darle prioridad a los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón –Atlántico (…). CLÁUSULA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución serán los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón –Atlántico-“. Se advierte que, contrario a lo que planeta el apelante, no se trata de modificación unilateral alguna, sino que es bilateral, ya que cuenta con el consentimiento del contratista y que fue realizada con el fin de delimitar las zonas y municipios específicos en los que se ejecutaría el contrato. Identificado el primero de estos presupuestos, esto es, la celebración efectiva de un contrato con una entidad estatal y el elemento de la temporalidad, el problema se centra en establecer, entonces, si el contrato de prestación de servicios No.
0167-2015-000017 suscrito entre la Gerencia de Capital Social de a Gobernación del Atlántico y Enrique Carlos Serje cumple o no el presupuesto territorial que se exige para la configuración de la inhabilidad, esto es, que se haya ejecutado en el municipio para el cual fue elegido. Así las cosas, tras realizarse un estudio de las cláusulas del contrato aludido, no obra dentro del mismo ninguna estipulación contractual referida al lugar de ejecución del contrato ni del mismo, se puede determinar que su lugar de cumplimiento se encuentre circunscrito a la jurisdicción de un determinado municipio del Departamento del Atlántico. No obstante lo anterior, en el expediente obra prueba de los informes de ejecución del referido contrato y que se encuentran visibles a folios 121 a 184 del expediente, correspondientes a los meses de marzo- abril, abril- mayo, mayo- junio, junio- julio, agosto y septiembre que demuestran que las labores que desarrolló el concejal Enrique Carlos Serje Peña encaminadas a erradicar el trabajo infantil en el departamento del Atlántico fueron desarrolladas en los municipios de Baranoa, Manatí, Luruago (sic), Repelón y Malambo. Dicha prueba fue debidamente valorada por el tribunal de Primera Instancia, la cual concuerda con la certificación suscrita por el gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, en la cual se señala que: “(…) los contratos números 0167-2014-0000101 y 0167-2015-000017, fueron ejecutados en los Municipios de Baranoa, Manatí, Malambo, Repelón y los Corregimientos de San Juan de Tocagua (Luruaco), Pital de Megua (Polonuevo), las Tablas y Cienaguita (Repelón) (Folio 655 del Cuaderno Principal), las cuales apreciadas conjuntamente permiten demostrar que no se da el supuesto del elemento territorial para la estructuración de la causal de inhabilidad. Ahora bien, compartiendo las consideraciones efectuadas por el Tribunal, si bien de conformidad con la fotocopia autenticada de la consulta al Sistema Electrónico para la Contratación Pública aparece como lugar de ubicación geográfica del proceso el Departamento del Atlántico, debe tenerse en cuenta que dicho instrumento fue creado por la Ley 1150 de 2007 y reglamentado por el Decreto 3845 de 2011 como una herramienta de apoyo a la gestión contractual de las entidades estatales, pero no para indicar el lugar de ejecución del contrato.
En relación con la inconformidad que plantea el apelante sobre la valoración probatoria que efectuó el Tribunal sobre la certificación expedida por el Gerente Capital Social de la Gobernación, se advierte que en el ordenamiento procesal colombiano el juez cuenta con un alto grado de discrecionalidad para solicitar las pruebas que considere pertinentes, útiles y pertinentes en la búsqueda de la verdad y la justicia. En el caso particular, el juez adecuó una prueba solicitada por la parte demandada, con el fin de llegar a la certeza de si le mencionado contrato se celebró en la circunscripción de Sabanalarga donde resultó electo el concejal accionado.
Aunado a lo anterior, sin perjuicio de las actividades que contractualmente realiza el supervisor o interventor para la ejecución del contrato tal como lo establece el Estatuto Anticorrupción y demás normas concordantes, las partes como titulares de los derechos pactados en el contrato conservan el legítimo ejercicio de verificar el cumplimiento de las obligaciones que son fundamentales para la realización del objeto contractual de la otra parte a la luz del artículo 1494 del Código Civil y la normativa referente a la ejecución y cumplimiento del contrato estatal. (…)”
2.- Consideraciones de la Sala
2.1.- Procedibilidad de la acción pérdida de investidura
En el expediente, se encuentra copia del formato E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el cual se declaró electos a los concejales del Municipio de Sabanalarga –Atlántico-, para el período 2016-2019, de acuerdo con los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el 25 de octubre de 2015, dentro de los que se encuentra el ciudadano Enrique Carlos Serje Peña, lo cual lo hace sujeto pasivo de la acción de pérdida de investidura.
2.2.- Problema jurídico
Corresponde establecer a la Sala si el demandado, Enrique Carlos Serje Peña,
concejal del Municipio de Sabanalarga (Atlántico), incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617, esto es, por haber celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, lo cual constituye causal de pérdida de la investidura para los concejales municipales, por virtud del numeral 6° del artículo 48 de la Ley 617 y el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136, por haber celebrado los contratos de prestación de servicios números 0167-2014-000101 de 29 de agosto de 2014, 0167-2015-00017 de 12 de mayo de 2015 y su modificación de 2 de abril de 2015, con la Gobernación del Atlántico y ejecutados en el Municipio de Sabanalarga –Atlántico-.
2.3.- La causal de pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades
Al demandado se le endilga la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617, que al tenor señala:
“ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.”
Conforme lo ha precisado en múltiples oportunidades esta Sala, los concejales municipales pierden su investidura por violar el régimen de inhabilidades, en la medida en que el numeral 6º del artículo 48 de la Ley 617 permite inferir que las causales de pérdida de investidura no se limitan a las consignadas en sus numerales 1 a 5, sino que deben tenerse en cuenta las demás establecidas en otras leyes.
Es por ello que pueden ser invocadas las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo 55 de la Ley 136, norma que no ha sido derogada expresamente, ni tácita ni orgánicamente y en la que se contempla que “Los concejales perderán su investidura por: (…) 2. Por violación del régimen de inhabilidades,(…)”.
Ubicándonos en el análisis de la inhabilidad que se le endilga al demandado, esto es, “(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido (…) en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito (…)”, esta Sala en repetidas oportunidades ha indicado que para su configuración, se requiere la presencia de los siguientes supuestos:
“a. Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel,
b. Haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal,
c. Tener interés propio o de terceros, y
d. Ejecutarlo o cumplirlo en el municipio respectivo.”
2.4. Análisis del problema jurídico y del caso concreto
2.4.1.- Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel.
Para acreditar este supuesto, la parte demandante aportó copia de los contratos de prestación de servicios 0167-2014-000101 de 29 de agosto de 2014, 0167-2015-00017 de 12 de marzo de 2015 y su modificación de 2 de abril de 2015.
El contrato prestación de servicios 0167-2014-000101, de 29 de agosto de 2014 (folio 59-61, cuaderno principal), se celebró el día 29 de agosto de 2014, entre el Representante Legal de la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico y el señor Enrique Carlos Serje Peña, el cual tuvo por objeto: “CLAÚSULA PRIMERA.- Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación de actividades que la gerencia de Capital Social dirija a niños y niñas del departamento del atlántico con el propósito de proporcionar la importancia y el conocimiento de los estamentos públicos”.
La cláusula décima tercera, correspondiente al plazo del contrato dice: “El presente contrato tiene vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la legalización de la póliza y la firma del acta de inicio.”
El contrato 0167-2015-00017 de 12 de marzo de 2015 (folio 109-111, cuaderno principal) se celebró el día 12 de marzo de 2015 entre el Representante Legal de la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico y el señor Enrique Carlos Serje Peña, el cual tuvo por objeto “prestar servicios a la Gerencia para brindar apoyo logístico y técnico en las acciones y estrategias que la Gerencia emprenda para socializar la erradicación de las peores forma (sic) de explotación del (sic) trabajo infantil y adolescentes en el Departamento del Atlántico”. El plazo de ejecución tuvo vigencia desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2015.
El 2 de abril de 2015 (folio 187, cuaderno principal), las partes modificaron la primera obligación el contrato No. 0167-2015-00017 y el lugar de ejecución. La primera obligación quedó así: “1) Prestar servicios de apoyo técnico a la Gerencia para el programa de erradicación del trabajo y explotación infantil en los municipio de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón. (…) El lugar de ejecución será los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón –Atlántico.”
El acta de inicio del contrato de prestación de servicios 0167-2014-000101 fue suscrita por las partes el 8 de septiembre de 2014 (folio 68, cuaderno principal).
Por su parte, el acta de inicio del contrato de prestación de servicios 0167-2015-00017 fue suscrita por las partes el 13 de marzo de 2015 (folio 118, cuaderno principal).
Se encuentra acreditado, entonces, el cumplimiento de aquel requisito.
2.4.2.- Haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal.
Ha sido posición reiterada de esta Sala indicar que para los efectos de esta inhabilidad, debe separarse, de una parte, la celebración del contrato y, de otra parte, su ejecución, toda vez que para su configuración solo debe tenerse “en cuenta sólo su celebración porque así lo dispuso la ley, además las normas referentes a la pérdida de investidura se interpretan de manera restrictiva”.
La apelante considera que aquella no es la interpretación que debe dársele a la inhabilidad que se le endilga al concejal enjuiciado, pues en su concepto, debe tenerse en cuenta, igualmente, su ejecución y liquidación, puesto que mientras no se liquide el contrato, dicha relación contractual se mantiene y conserva un interés de tipo económico y obligacional con el ente público. Por ello, entonces, es partidario de una modificación de la tesis esbozada por el Consejo de Estado.
Al respecto, esta Sala debe indicar que la pérdida de investidura tiene un evidente carácter sancionatorio toda vez que, por una parte, se le priva al demandado de la calidad que tenía y es separado de las funciones que ejercía y, por otra, acarrea una inhabilidad permanente consistente en que el afectado no puede volver a ejercer el cargo del que se le priva.
Ese carácter sancionatorio de la institución de la pérdida de investidura, sumado a la gravedad de la sanción que pesa sobre el afectado, impone que aquella esté sometida a las garantías del debido proceso, dentro de las que se encuentra el principio de legalidad de la sanción, «que torna necesaria la existencia de disposiciones jurídicas en las cuales se establezcan las conductas que ameritan la imposición de la medida sancionatoria».
Pero, adicionalmente, de la grave afectación, especialmente, del derecho a elegir y a ser elegido a perpetuidad, se deriva la necesidad de que la interpretación de las disposiciones de carácter legal que ameritan la imposición de la sanción no se realice en forma extensiva ni analógica, como lo pretende el apelante. Al respecto ha indicado la Sala que:
«Las inhabilidades cuya violación da lugar a la pérdida de investidura conforme a lo señalado en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, son pues aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él.
Por tratarse de una restricción al derecho a elegir y ser elegido, tanto las inhabilidades como las incompatibilidades y las causales de pérdida de investidura deben ser taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas por plausibles que estas sean»
La Corte Constitucional al respecto, en Sentencia SU 501 de 2015, indicó:
«50. Aún más, la jurisprudencia constitucional ha llegado a afirmar que el carácter especial de la pérdida de investidura implica que las causales establecidas en dicha materia “son de derecho estricto, de orden público y de interpretación restrictiva”, razón por la que no cabe su aplicación por “analogía ni por extensión”, ya que tienen por consecuencia una sanción “que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a perpetuidad”.»
Frente a los argumentos esbozados, no sobra reiterar que una sanción de la gravedad de la pérdida de la investidura impone que las disposiciones legales que contemplan sus causales, así como las inhabilidades e incompatibilidades que dan lugar a dicha sanción, no se interpreten en forma extensiva y analógica.
De acuerdo con la copia del formato E26-CON que fue allegado por la parte demandante, las elecciones para elegir los concejales del concejo municipal de Sabanalarga (Atlántico) se desarrollaron el día 25 de octubre de 2015. Por lo tanto, el periodo inhabilitante estaría comprendido entre el 25 de octubre de 2014 y el 25 de octubre de 2015.
Los contratos que, de acuerdo con la parte demandante, dan lugar a la configuración de la inhabilidad, fueron celebrados el día 29 de agosto de 2014 y el 12 de marzo de 2015 y su modificación el 2 de abril del mismo año.
Como el contrato de prestación de servicios 0167-2014-000101 fue celebrado el 29 de agosto de 2014 no puede entenderse configurada la inhabilidad alegada, pues este contrato fue celebrado por fuera del periodo inhabilitante.
No ocurre lo mismo respecto del contrato 0167-2015-00017 y su modificación, pues estos fueron celebrados por el demandado dentro del periodo inhabilitante, es decir, el 12 de marzo y 2 de abril de 2015, por lo que la Sala debe entrar a analizar la ocurrencia del siguiente presupuesto jurídico contenido en la inhabilidad alegada, esto es, haberlos ejecutado en el mismo municipio de donde resultó elegido concejal. 2.4.3.- Haber ejecutado o cumplido el contrato en el mismo municipio de donde resultó elegido concejal. Está demostrado en el proceso que el señor Enrique Carlos Serje Peña suscribió el contrato 0167-2015-00017 el 12 de marzo de 2015 (folio 109-111, cuaderno principal), cuyo objeto fue “prestar servicios a la Gerencia para brindar apoyo logístico y técnico en las acciones y estrategias que la Gerencia emprenda para socializar la erradicación de las peores forma (sic) de explotación del (sic) trabajo infantil y adolescentes en el Departamento del Atlántico”. (negrilla fuera de texto)
Dentro de las obligaciones contraídas por el contratista, se encuentran las siguientes: “CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Prestar servicios de apoyo técnico a la gerencia para la implementación de las acciones que se adelanten para la erradicación del trabajo infantil del Departamento del Atlántico. 2). Acompañamiento a la Gerencia en todas las acciones en favorecimiento de los niños, niñas y adolescentes del Departamento del Atlántico. 3). Ejercer a cabalidad ante GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO y durante la vigencia del contrato, la respectiva asesoría y asistencia del objeto contractual. 4) Pondrá al servicio de EL CONTRATANTE toda su experiencia y conocimiento para cumplir a cabalidad con el objeto de este contrato, e igualmente prestará apoyo en los procesos internos que el gerente delegue.”
El Acta de Inicio del contrato 0167-2015-00017, suscrita por las partes el 13 de marzo de 2015 (folio 118, cuaderno principal), ratifica que el objeto del contrato era “prestar servicios a la Gerencia para brindar apoyo logístico y técnico en las acciones y estrategias que la Gerencia emprenda para socializar la erradicación de las peores forma (sic) de explotación del (sic) trabajo infantil y adolescentes en el Departamento del Atlántico”. (negrilla fuera de texto)
El 2 de abril de 2015, el contrato 0167-2015-00017 (folio 187, cuaderno principal) fue modificado bajo las siguientes consideraciones:
“1). Que el DEPARTAMENTO suscribió contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión No. 0167-2105-000017 de fecha 12 de marzo de 2015. 2) Que el objeto del contrato es: prestar servicios a la gerencia para brindar apoyo logístico y técnico en las acciones y estrategias que la gerencia emprenda para socializar la erradicación de las peores formas de explotación del trabajo infantil y adolescencia en el Departamento del Atlántico. 3) Que el lugar d ejecución inicial es en el departamento del Atlántico. 4) Que la gerencia ha considerado darle prioridad en el programa de erradicación de la explotación infantil (sic) los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón. (…). 6) Que con fundamento en lo anterior, la Gerencia de Capital Social solicitó la elaboración del (sic) presente modificación al contrato No. 0167-2105-000017, el cual quedará de la siguiente manera: CLAUSULA PRIMERA: Modificar la primera obligación del contrato No. 0167-2105-000017 en el sentido de darle prioridad a los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón –Atlántico. La cual quedará así: 1). Prestar servicios de apoyo técnico a la Gerencia para el programa de erradicación del trabajo y explotación infantil en los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón. CLAUSULA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN:
El lugar de ejecución será los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón –Atlántico. (…).”
Obran en el expediente, siete informes de ejecución del contrato 0167-2015-00017, presentados por el contratista Enrique Carlos Serje Peña al Gerente de Capital Social de la Gobernación del Departamento del Atlántico, durante los meses de marzo hasta septiembre de 2015. Se lee en los referidos informes lo siguiente:
(i) Informe de ejecución mes de marzo – abril del año 2015 (folio 121-129, cuaderno principal):
“(…) De acuerdo con las cláusulas del mencionado contrato y teniendo en cuenta las funciones que en él se me encomiendan, relaciono a continuación las actividades lúdicas recreativas en las cuales he participado activamente en los diferentes eventos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro Departamento del Atlántico. (…) Ruta social en el corregimiento de Campeche, municipio de Baranoa –Atlántico: En esta ocasión le correspondió el turno de disfrutar la ruta social organizada por el Gerencia de Capital Social del Departamento del Atlántico al corregimiento de Campeche, del municipio de Baranoa, Departamento del Atlántico, quienes de manera satisfactoria se hicieron partícipes en ella, sin lugar a dudas la comunidad infantil fue la que más disfrutó de las actividades realizadas, ya que el eje central de la misma les permitió desplegar su imaginación, aprender y divertirse de manera agradable. Esta actividad tuvo lugar el evento (sic) en la Biblioteca Pública Ramiro Moreno. (…) ” (negrilla fuera de texto)
(ii) Informe de ejecución mes abril-mayo del año 2015 (folios 132-141, cuaderno principal):
“(…) De acuerdo con las cláusulas del mencionado contrato y teniendo en cuenta las funciones que en él se me encomiendan, relaciono a continuación las actividades lúdicas recreativas en las cuales he participado activamente en los diferentes eventos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro Departamento del Atlántico. (…) Ruta social en el corregimiento de Carreto, municipio de Manatí –Atlántico: En la institución Educativa de Carreto, corregimiento del municipio de Manatí, Departamento del Atlántico, se llevó a cabo la ruta social. Esta ruta social se inició para los más pequeños del corregimiento de Carreto, municipio de Manatí, Departamento del Atlántico, con divertidos juegos que permitieron que estos liberaran su energía, activando su imaginación y permitiendo en ellos un desarrollo psicomotor ya que se opuso a prueba actividades tales como memoria, su capacidad de aprendizaje así como a correr, tener equilibrio, saltar y coordinación. (…).”(negrilla fuera de texto)
(iii) Informe de ejecución mes de mayo-junio del año 2015 (folios 144-149, cuaderno principal):
“(…) De acuerdo con las cláusulas del mencionado contrato y teniendo en cuenta las funciones que en él se me encomiendan, relaciono a continuación las actividades lúdicas recreativas en las cuales he participado activamente en los diferentes eventos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro Departamento del Atlántico. (…) Ruta social en el corregimiento de Palmar de Candelaria, municipio de Luruaco, Departamento del Atlántico.
Esta actividad sin lugar a dudas fue muy divertida, ya que se creó un espacio para que los pequeños disfrutaran de un rato de sano esparcimiento, olvidándose muchos de ellos de la (sic) situaciones económica difícil por la que sus familias atraviesan y alejándose del contexto de violencia y malos hábitos en los que están inmersos, (…).” (negrilla fuera de texto)
(iv) Informe de ejecución mes de junio del año 2015 (folio 152-158, cuaderno principal):
“(…) De acuerdo con las cláusulas del mencionado contrato y teniendo en cuenta las funciones que en él se me encomiendan, relaciono a continuación las actividades lúdicas recreativas en las cuales he participado activamente en los diferentes eventos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro Departamento del Atlántico. (…) Ruta social en el corregimiento de Pital de Megua del municipio de Baranoa, Departamento del Atlántico. En esta oportunidad le tocó el turno al corregimiento de Pital de Megua, Municipio de Baranoa, Departamento del Atlántico, en donde la gran parte de las actividades se realizaron en la Institución Educativa María Inmaculada de esta población. Desde muy temprano comenzaron las actividades programada (sic) para esta importante ruta social en donde los niños y niñas también tuvieron la oportunidad de exponer sus talentos artísticos con la realización de dibujos que permitieron dar rienda suelta a su imaginación, desarrollan sus competencias artísticas y brindan a los más pequeños la oportunidad de crear un espacio alejado de muchas necesidades tanto materiales como afectivas en el entorno donde estos se encuentra inmerso. (…).” (negrilla fuera de texto)
(v) Informe de ejecución mes de julio del año 2015 (folios 161-166, cuaderno principal):
“(…) De acuerdo con las cláusulas del mencionado contrato y teniendo en cuenta las funciones que en él se me encomiendan, relaciono a continuación las actividades lúdicas recreativas en las cuales he participado activamente en los diferentes eventos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro Departamento del Atlántico. (…) Ruta social en el corregimiento de Cien Pesos jurisdicción del municipio de Repelón, Departamento del Atlántico. Desde muy temprano nos dimos cita en la calle principal y en la Institución Educativa Cien Pesos, del corregimiento de Cien Pesos Jurisdicción del municipio de Repelón, Departamento del Atlántico, en la cual la Dra. Patricia Abudinen, primera gestora social de nuestro departamento hizo entrega de mercados, medicamentos, ropas, como también se realizó charlas y recreación a los niños y niñas de este importante corregimiento, ubicado al suroriente del Departamento del Atlántico. (…).” (negrilla fuera de texto)
(vi) Informe de ejecución mes de agosto del año 2015 (folio 169-174, cuaderno principal):
“(…) De acuerdo con las cláusulas del mencionado contrato y teniendo en cuenta las funciones que en él se me encomiendan, relaciono a continuación las actividades lúdicas recreativas en las cuales he participado activamente en los diferentes eventos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro Departamento del Atlántico. (…) Ruta social en el corregimiento de Santa Cruz y San Juan de Tocagua, jurisdicción del municipio de Luruaco, Departamento del Atlántico.
Esta ruta social se llevó a cabo en los corregimientos de Santa Cruz y San Juan de Tocagua, jurisdicción del municipio de Luruaco, Departamento del Atlántico, en ella se brindaron servicios a la comunidad, siendo la salud de la población la más atendida y en especial la infantil, ya que era uno de los principales objetivos, garantizando la atención a las enfermedades primarias que más afectan a la comunidad infantil. (…).” (negrilla fuera de texto)
(vii) Informe de ejecución mes de septiembre del año 2015 (folio 177-183, cuaderno principal):
“(…) De acuerdo con las cláusulas del mencionado contrato y teniendo en cuenta las funciones que en él se me encomiendan, relaciono a continuación las actividades lúdicas recreativas en las cuales he participado activamente en los diferentes eventos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro Departamento del Atlántico. (…) Ruta social en el municipio de Malambo, Departamento del Atlántico. En esta oportunidad nuestra ruta social llegó a la ciudadela Caribe Real ubicada en el Municipio de Malambo, Departamento del Atlántico, en la cual hicieron presencia en 12 estaciones para llevar a cabo los diferentes servicios brindados a la comunidad, entre los cuales se pueden destacar los servicios de salud, en la cual se hicieron entrega de medicamentos, y en especial a los niños y niñas de esta población fue el sector predominante en esta Ruta Social, ya que se ha venido manifestando en anteriores rutas sociales el objetivo primordial o principal, garantizar la atención a las enfermedades primarias que más afectan a la comunidad infantil. (…).” (negrilla fuera de texto)
Por solicitud de la parte demandante y con fundamento en el artículo 10 de la Ley 144 de 13 de julio de 1994, el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante auto de 16 de junio de 2016 (folio 395, cuaderno principal), ordenó oficiar a la Registraduría Municipal del Estado Civil de Sabanalarga para que allegara fotocopia autenticada del documento contentivo de la inscripción del contrato No. 0167-2015-000017 ante el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP-. Por solicitud de la parte demandada, el a quo, en la misma providencia, ordenó oficiar a la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, con el fin de que esta certificara si los contratos Nos. 0167-2014-000101 y 0167-2015-000017 fueron ejecutados o cumplidos en jurisdicción del municipio de Sabanalarga. En efecto, obra a folio 656 del cuaderno principal, el detalle del “proceso número GCS PRESTACIÓN DE SERVICIO 017 DE 2015” del Sistema Electrónico de Contratación Pública, en donde consta la información del contrato de prestación de servicio 0167-2015-00017 y figura como “Ubicación Geográfica del Proceso”:
“Ubicación Geográfica del Proceso
-Departamento y municipio de ejecución: Atlántico: Santa Lucía, Suan, Luruaco, Manatí, Sabanalarga, Usiacurí, Juan de Acosta, malambo, Plonuevo, Puerto Colombia, Soledad, Candelaria, Galapa, Santo Tomás, Palmar de Varela, Piojó, Ponedera, Repelón, Baranoa, Campo de la Cruz, Sabanagrande, Tubará.” (negrilla fuera de texto)
Asimismo, a folio 655 del cuaderno principal, obra en el expediente el oficio de 24 de junio de 2016, suscrito por el Gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, que a la letra dice:
“EL SUSCRITO GERENTE DE CAPITAL SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CERTIFICA: Que los contratos números (…) 0167-2015-00017, fueron ejecutados en los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo, repelón y los corregimientos de San Juan de Tocagua (Luruaco), Pital de Megua (Polonuevo) Las Tablas y Cienaguita (Repelón).
Que dichos contratos no fueron ejecutados en el municipio de Sabanalarga. (…)” (negrilla fuera de texto)
Revisadas las cláusulas del contrato 0167-2015-00017 de 12 de marzo de 2015, la Sala advierte que en ninguna de ellas se hace referencia al lugar de ejecución del mismo, sino que la cláusula primera alude a que “el objeto del contrato se desarrollará en el Departamento del Atlántico”. Pese a lo anterior, el contrato mencionado fue modificado el 2 de abril de 2015 de manera bilateral, especificando los municipios en donde se debía ejecutar el objeto del contrato. En efecto, los municipios a los que alude la modificación son: Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón. Cabe resaltar que, en los informes presentados por el contratista Enrique Carlos Serje Peña al Gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico durante los meses de marzo hasta septiembre de 2015, se observan las labores o tareas desarrolladas de acuerdo con el objeto del contrato, en los corregimientos de Campeche (Baranoa), Carreto (Manatí), Palmar de Candelaria (Luruaco), Pital de Mengua (Baranoa), Cien Pesos (Repelón), Santa Cruz y San Juan de Tocagua (Luruaco) y, finalmente, en el municipio de Malambo. Lo anterior fue corroborado por el Gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, mediante oficio de 24 de junio de 2016, anteriormente transcrito, en donde certifica que el contrato celebrado por el Departamento del Atlántico y el contratista Enrique Carlos Serje Peña, fue ejecutado en varios municipios de dicho departamento menos en el Municipio de Sabanalarga. La parte demandante alega que esta prueba viola el derecho al debido proceso y lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso, pues a su juicio, se trata de un documento que la parte demandada, debió obtener a través de un derecho de petición, presentado ante a entidad, carga probatoria que fue omitida y, por tal razón, el Tribunal Administrativo debió rechazarla de plano y no decretar su práctica. Para resolver este punto, cabe precisar que, como la Ley 144 no establece un régimen probatorio aplicable a este tipo de procesos, se debe acudir a la regla de integración normativa que dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo según la cual, en los aspectos no contemplados en dicho Código, se aplicará el Código General del Proceso, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos. Asimismo, es importante recalcar que la facultad de decretar pruebas en las acciones de pérdida de investidura, se deriva del carácter sancionatorio de este proceso, que obliga al juez a asumir una conducta activa en todo momento, así las partes hayan obrado de manera negligente en el aporte o solicitud de las mismas.
El juez, dentro del proceso de pérdida de investidura, debe proveerse de los medios de prueba necesarios para determinar, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, si los hechos alegados en la demanda se adecúan o no a la causal o causales invocadas por el actor. En ese orden de ideas, la Sala considera que la prueba documental consistente en la certificación expedida por el Gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, resulta pertinente, útil e idónea, pues existe una relación entre lo que con ella se pretende probar y el asunto objeto de litigio, toda vez que con ella se pueden determinar los municipios donde fue ejecutado el contrato de prestación de servicios celebrado por el concejal demandado. Según la solicitud de pérdida de investidura en el caso sub lite, el supuesto fáctico de la causal que se alega consiste en que el concejal Enrique Carlos Serje Peña celebró un contrato de prestación de servicios, el cual fue ejecutado en el Municipio de Sabanalarga. Tal situación, según la parte demandante, tiene soporte en el contrato de prestación de servicios y en el cuadro que obra en el Sistema Electrónico de Contratación Pública. En ese sentido, la prueba documental mencionada demuestra que el contrato de prestación de servicios 0167-2015-00017 fue ejecutado en los municipios de “Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo, repelón y los corregimientos de San Juan de Tocagua (Luruaco), Pital de Megua (Polonuevo) Las Tablas y Cienaguita (Repelón)” y no en el Municipio de Sabanalarga. Ahora bien, en cuanto al cuadro que obra en el plenario correspondiente al Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP-, en el que consta la existencia del contrato de prestación de servicios 0167-2015-00017 celebrado por el Departamento del Atlántico y el señor Enrique Carlos Serje Peña, la Sala precisa que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1150 de 16 de julio de 2007, este sistema fue creado con el fin de publicar electrónicamente todos los trámites relacionados con la contratación pública. Esta norma señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 3o. DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional. (Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-259-08 de 11 de marzo de 2008, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.)
Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones previstas en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, el cual:
a) Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicos bajo los métodos de selección señalados en el artículo 2o de la presente ley según lo defina el reglamento;
b) Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía;
c) Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos y;
d) Integrará el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública.
Así mismo, se articulará con el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado por la Ley 598 de 2000, sin que este pierda su autonomía para el ejercicio del control fiscal a la contratación pública. PARÁGRAFO 1o. En ningún caso la administración del Secop supondrá la creación de una nueva entidad. El Secop será administrado por el organismo que designe el Gobierno Nacional, sin perjuicio de la autonomía que respecto del SICE confiere la Ley 598 de 2000 a la Contraloría General de la República.” (negrilla fuera de texto)
De manera que, el fin del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP- es disponer de las funcionalidad tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicos, servir como punto único de ingreso de información y generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía, contar con la información oficial de la contratación realizada, integrar el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública, entre otros.
Si bien es cierto que, en el cuadro del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP- aparece una casilla denominada “Ubicación Geográfica del Proceso”, en donde se anota el departamento y municipios de ejecución, dentro de los cuales se encuentra el Municipio de Sabanalarga, esta prueba no es la pertinente e útil para demostrar que, el contrato de prestación de servicios se ejecutó efectivamente en el Municipio de Sabanalarga, pues como lo dispone el artículo 3 de la Ley 1150, el fin de este sistema es tecnificar y publicar los procesos de contratación pública.
Para la Sala, en el caso sub lite, el lugar de ejecución del contrato de prestación 0167-2015-00017 celebrado por el Departamento del Atlántico y el señor Enrique Carlos Serje Peña, está demostrada con la modificación al mismo que realizaron ambas partes, días después de haber suscrito el contrato, en donde se especifica que el objeto del mismo debe desarrollarse con prioridad en los municipios de Baranoa, Manatí, Luruaco, Malambo y Repelón.
Adicional a lo anterior, los informes presentados por el contratista Enrique Carlos Serje Peña al Gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico durante los meses de marzo hasta septiembre de 2015, también dan cuenta que el objeto del contrato de prestación de servicios, se llevó a cabo en los corregimientos de Campeche (Baranoa), Carreto (Manatí), Palmar de Candelaria (Luruaco), Pital de Mengua (Baranoa), Cien Pesos (Repelón), Santa Cruz y San Juan de Tocagua (Luruaco) y, finalmente, en el Municipio de Malambo.
De acuerdo con lo anterior, la ejecución del contrato de prestación de servicios 0167-2015-00017 no tuvo lugar en el Municipio de Sabanalarga, entidad territorial donde resultó elegido concejal el señor Enrique Carlos Serje Peña.
Al no estar presente el supuesto que se analiza, no puede entenderse configurada la inhabilidad que se le endilga al demandado.
Lo precedente pone de manifiesto que la causal de pérdida de investidura invocada no tiene vocación de prosperidad y, por ende, habrá de confirmarse la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
CONFÍRMASE la sentencia apelada de 1º de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 25 de mayo de 2017
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
“ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.”
“ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
(…)
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.”
“ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán su investidura por:
(…)
1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con el artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie renuncia previa, caso en el cual deberá informar al Presidente del Concejo o en su receso al alcalde sobre este hecho. 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.”
Sentencia de 21 de agosto de 2008, Expediente: 5400123310020070038401, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Folios 23-33, cuaderno principal. Ver, entre otras, las siguientes decisiones: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015), Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00141-01(PI), Actor: DIEGO FERNANDO DORADO ESPINOSA, Demandado: ALEJANDRO CONSTAIN MARÍN, Referencia: APELACION SENTENCIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00340-01(PI), Actor: EDWING JABETH ARTEAGA PADILLA, Demandado: LAO HERRERA IRANZO – CONCEJAL DE BARRANQUILLA, Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA DE INVESTIDURA. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00249-02 (PI) Actor: LEONARDO FABIO REALES CHACON Demandado: AISSAR ALBERTO CASTRO REYES. ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: (…)
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00249-02 (PI) Actor: LEONARDO FABIO REALES CHACON Demandado:
AISSAR ALBERTO CASTRO REYES
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, sentencia del catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 76001-23-31-000-2012-00633-01(PI), Actor: SERGIO DAVID BECERRA BENAVIDES, Demandado: JHON JAIRO HOYOS GARCIA, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00340-01(PI), Actor: EDWING JABETH ARTEAGA PADILLA, Demandado: LAO HERRERA IRANZO – CONCEJAL DE BARRANQUILLA, Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA DE INVESTIDURA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00340-01(PI), Actor: EDWING JABETH ARTEAGA PADILLA, Demandado: LAO HERRERA IRANZO – CONCEJAL DE BARRANQUILLA, Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA DE INVESTIDURA
Corte Constitucional, Sentencia T-987 de 2007
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), Radicación número: 05001-23-31-000-2012-00280-01(PI), Actor: HAICER RACERO BAY, Demandado: JOSE ANGEL AGUDELO FRANCO, ALBEIRO DE JESUS RIVERA MONTOYA, MARTHA OLIVA CALDERON, GUSTAVO ESTEBAN AGUILAR HERNANDEZ Y JESUS OSVILIO ZULUAGA RIOS, Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA DE INVESTIDURA
Cfr. Sentencia T-1232 de 2003 (M. P. Jaime Araujo Rentería). Folio 23, cuaderno principal. Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas
Artículo 176 del Código General del Proceso C.G.P.
“por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”
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