RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2016 › Radicado 76001-23-31-000-2012-00633-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2012-00633-01

Prueba documental: valor probatorio de las copias simples. Evolución jurisprudencial

Fecha
14 de abril de 2016
Consejero ponente
Guillermo Vargas Ayala
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2012-00633-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVOCAR la sentencia apelada, del 25 de julio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto decretó la pérdida de la investidura de Concejal del Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, ostentada por el ciudadano JHON JAIRO GARCÍA HOYOS en el período 2012 - 2015. SEGUNDO.- NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO.- En firme esta decisión, regrese el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2012-00633-01

Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala

14 de abril de 2016

PRUEBA DOCUMENTAL – Valor probatorio de las copias simples. Evolución jurisprudencial

La Sala entonces abordará el primer problema jurídico que se planteó, analizando para el efecto la posición vigente que esta Corporación ha adoptado sobre el punto. En sentencia proferida por la Sala Plena de la Corporación se trajo a colación la línea jurisprudencial que en torno a éste tema trazó la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Allí se da cuenta de que sólo hasta el 30 de septiembre de 2014, fecha en la cual se profirió la citada sentencia en el proceso número Radicación número: 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV), se unificó el criterio al darle valor probatorio a las copias simples que se aportaran al proceso con el fin de acreditar un hecho o un derecho. La Sala transcribirá in extenso los argumentos que se trajeron a colación para unificar de modo que se advierta con claridad que para la fecha en que se expidió la sentencia que dejó sin efectos la Corte Constitucional, la tesis vigente en la Sección Primera era la de no otorgar ningún valor a los documentos que se aportaban como prueba en copia simple.
SÍNTESIS DEL CASO: El ciudadano Sergio David Becerra Benavides solicitó la pérdida de investidura de Jhon Jairo Hoyos García, quien fue elegido Concejal del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, para el período 2012-2015, por considerar que se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 43, 48 y 49 de la Ley 617 de 2000 y artículo 55 de la Ley 136 de 1994, al haberse suscrito contratos de prestación de servicios entre la Secretaría de Educación de Cali y la Corporación Miguel Ángel Buonarrotti, de la cual hace parte el concejal demandado en condición de socio. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretó la pérdida de investidura, decisión que fue revocada por la Sala.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL – Inhabilidad: celebración de contratos con entidades públicas / INHABILIDAD POR CELEBRACION DE CONTRATOS – Elementos que configuran la causal / SOCIO FUNDADOR – De una persona jurídica sin ánimo de lucro / INHABILIDAD POR CELEBRACION DE CONTRATOS – No se configura puesto que el criterio de participación accionaria no aplica y el concejal había renunciado a la junta directiva

Es evidente que la posición de la Corporación en esta materia ha sido clara al señalar que la sola calidad de socio de una persona jurídica, cualquiera que sea la forma adoptada, no indica por sí misma que ostente el control decisional, puesto que para ello se requiere que se acredite la ocurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) que el socio tenga una participación económica o monetaria en el capital social de más del cincuenta por ciento (50%), (ii) que el socio tenga influencia dominante o poder decisorio en los órganos de dirección, (iii) que el socio ostente el control contractual, o (iv) que el socio tenga vínculos de consanguinidad o afinidad con los demás miembros de la Corporación o sociedad y que dicho grupo represente un mayor porcentaje en el capital social. Aplicados los citados lineamientos al caso que nos ocupa tenemos: El criterio de participación accionaria no aplica para el caso en estudio pues, según quedó expuesto, la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BUONARROTI es una persona jurídica sin ánimo de lucro en atención a lo dispuesto en los artículos 633 y siguientes del Código Civil. En lo que respecta al segundo derrotero se observa que el señor Jhon Jairo Hoyos García había renunciado a su calidad de miembro de la Junta Directiva de la citada Corporación seis (6) años antes a su elección como Concejal. De ello da cuenta la enunciada Acta número 3 del 30 de abril de 2005. Todo ello indica que tampoco desde este punto de vista puede inferirse que el demandado ostentara control de la Corporación dentro del periodo inhabilitante. No se halla acreditado el poder contractual de modo que se observe la imposición de una compañía o persona natural sobre la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BUONARROTI. Y finalmente, en lo que hace al control conjunto por vínculos de parentesco (consanguinidad, afinidad matrimonio o unión libre) la Sala no encuentra demostrada tal condición, pues aun cuando la señora Carmen García de Hoyos (madre del demandado) y los señores Diego Fernando y Efraín Alberto Hoyos García (hermanos del demandado), entre otros, hacen parte de la Corporación, ello por sí mismo no indica que ostenten el control o por lo menos, no se allegó ninguna prueba que permitiera concluir tal señalamiento. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que al decir del concepto de la Superintendencia de Sociedades que se cita en la providencia transcrita del 28 de julio de 2015, tal aspecto debe ir unido a otra condición de control como el porcentaje de participación en el capital societario o la de ser miembro de los órganos de administración, cuestión ésta que no se presenta en el caso sub examine.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL – Improcedente al no demostrarse que el demandado intervino en la celebración de contratos

Del examen del expediente se desprende que el Representante Legal de la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BUONARROTI, es decir, Diego Jiménez Duque fue quien intervino en la celebración de los contratos SEM-PS-4143.26-821-2009 del 9 de octubre de 2009, SEM-PS-4143.0.26-19-2011 del 20 de enero de 2011, SEM-PS-4143.0.26.76-2011 del 26 de enero de 2011, y el SEM-PS-4143.0.26.34.2012 del 23 de enero de 2012, y no el demandado Jhon Jairo Hoyos García. Adicionalmente, se advierte que el actor no demostró que se cumpliera alguna de las condiciones de control de personas jurídicas que se estudiaron de manera previa, pues sólo se limitó a afirmar que el demandado conservaba su calidad de socio fundador en el periodo inhabilitante, y que en tal término se habían suscrito los contratos enunciados. Por lo demás, tampoco obra prueba en el plenario que el demandado hubiera utilizado su condición de concejal del Municipio para facilitar o favorecer a la Corporación en la adjudicación de los contratos suscritos. En tal sentido, no había lugar a decretar la pérdida de investidura pues no se cumplió con el primer supuesto que da lugar a la inhabilidad que alegó el demandante y que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca encontró probada erróneamente.
NOTA DE RELATORIA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sala Plena, de 30 de septiembre de 2014, Radicación 2007-01081-00(REV); de 18 de noviembre de 2008, Radicación 2008-00316-00(PI), C.P. Mauricio Torres Cuervo; y de 28 de julio de 2015, Radicación 2013-01621-00(PI), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; y de la Sección Primera, de 4 de septiembre de 2014, Radicación 2013-00249-01(PI), C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 29 de enero de 2009, Radicación 2008-00113-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 16 de julio de 2009, Radicación 2008-00079-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; de 31 de marzo de 2011, Radicación 2009-00011-01(PI); y de 6 de octubre de 2005, Radicación 2004-00013, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 – ARTICULO 43 / LEY 617 DE 2000 – ARTICULO 40 / CÓDIGO CIVIL – ARTICULO 633 / CÓDIGO CIVIL – ARTICULO 637 / CÓDIGO CIVIL – ARTICULO 638 / CÓDIGO CIVIL – ARTICULO 639 / CÓDIGO CIVIL – ARTICULO 640 / CÓDIGO CIVIL – ARTICULO 641 / DECRETO 2150 DE 1995

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 76001-23-31-000-2012-00633-01(PI)

Actor: SERGIO DAVID BECERRA BENAVIDES

Demandado: JHON JAIRO HOYOS GARCIA

Referencia: Pérdida de Investidura. Celebración indebida de contratos. Calidad de asociado. Corporación.

En atención a lo resuelto por la H. Corte Constitucional en Sentencia SU-774 del 16 de octubre de 2014, decide la Sala el recurso de apelación que el demandado interpuso contra la sentencia del 25 de julio de 2012 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto decretó la pérdida de investidura del concejal del Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca).

I.- ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

El ciudadano SERGIO DAVID BECERRA BENAVIDES, invocando la acción instituida en los artículos 45, 55 y 70 de la Ley 136 de 1994, presentó solicitud para que se decretara la pérdida de la investidura de concejal del Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, ostentada por el ciudadano JHON JAIRO HOYOS GARCIA en el período 2012 - 2015.

Los hechos que sirvieron de fundamento a la anterior solicitud son los que a continuación se enuncian:

El 10 de abril de 1997 los señores CARMEN EMILIA GARCÍA DE HOYOS, JAIRO JAVIER HOYOS SALCEDO, JHON JAIRO HOYOS GARCÍA Y DIEGO FERNANDO HOYOS GARCÍA, constituyeron la Corporación MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI en la ciudad de Santiago de Cali.

El 30 de abril de 2005 se designó nueva Junta Directiva de la citada sociedad.

El 9 de octubre de 2009 la Corporación MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI, suscribió un contrato de prestación de servicios educativos con la Secretaría de Educación de Cali, contrato SEM-PS.4143.26-821-2009, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($59.304.765).

El 20 de enero de 2011, la CORPORACIÓN MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI, suscribió un contrato de prestación de servicios educativos con la Secretaría de Educación de Cali, contrato SEM-PS-4143.0.26-19-2011, por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 39.690.000).

El 26 de enero de 2011, la CORPORACIÓN MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI suscribió un contrato de prestación de servicios educativos con la Secretaria de Educación de Cali, contrato SEM-PS-4143.0.26.76-2011, por un valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 198.662.625).

El 30 de octubre de 2011 se llevaron a cabo las elecciones territoriales, en las que fue electo como concejal del Municipio de Santiago de Cali por el Partido Conservador el señor Jhon Jairo Hoyos García.

El 23 de enero de 2012, la CORPORACIÓN MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI suscribió un contrato de prestación de servicios educativos con la Secretaría de Educación de Cali, contrato SEM-PS-4143.0.26.34.2012, por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVO PESOS ($ 237.358.599)

Examinado el contenido y alcance de la demanda, el actor advierte que el Concejal García Hoyos se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 43, en el numeral primero del artículo 48 y en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, así como en la prevista en el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, como quiera que la madre del demandado y éste son socios fundadores y actuales miembros de la corporación MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI, y ésta sociedad, actuando a través de su representante legal, suscribió los contratos a que se ha aludido en los numerales anteriores con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, circunscripción a la que pertenecía el señor Jhon Jairo Hoyos en calidad de Concejal.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El apoderado del Concejal se opuso a las pretensiones, y adujo que si bien era cierto que su familia había constituido la CORPORACIÓN MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI, también lo era que la Asamblea General había elegido nueva Junta Directiva quedando como Presidente, Diego Javier Núñez Flórez; Vicepresidente, Sandra Romero; Tesorero, Lía Arana Abelló; y Revisor Fiscal, Mabel Muñoz de Ramírez lo cual indicaba que la señora Carmen Emilia García de Hoyos, madre del encartado, y el demandado habían renunciado tácitamente como afiliados fundadores de la Corporación. Para respaldar tal afirmación trajo a colación lo dispuesto en las Actas del 16 de octubre y 30 de noviembre de 2007, y la del 29 de setiembre de 2008.

Indicó que en Acta del 26 de marzo de 2009 consta que ni el Concejal ni la señora Carmen Emilia García De Hoyos, hacían parte de la enunciada Corporación, toda vez que habían manifestado verbalmente su renuncia como afiliados fundadores.

Llamó la atención sobre los contratos de prestación de servicios que allegaba el demandante, por cuanto obran en copia simple, y por lo tanto no tienen valor probatorio a la luz del artículo 254 del C. de P. C., y ninguno aparece suscrito por la señora Carmen Emilia García De Hoyos.

Procedió a analizar cada una de las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, comenzando con la presunta violación del régimen de inhabilidades contemplado en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, señalando que no se logró demostrar que el demandado haya intervenido en la gestión de negocios ante la Secretaría de Educación del Municipio de Cali.

También se refirió a la presunta vulneración del régimen de incompatibilidades que consagran los artículos 43, 48 y 49 de la Ley 617 de 2000, para manifestar que el actor no indicó cuál de las cuatro causales ha sido violada, desconociendo así el mandato previsto en el literal c) del artículo 4º de la Ley 144 de 1994.

No obstante, entendió que el actor se refería a la causal de gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas, y expresó que al respecto no existía prueba que demostrara la intervención directa e indirecta en gestión de negocios o en celebración de contratos del Concejal ante las autoridades municipales.

En lo atinente a la causal relacionada con el conflicto de intereses, afirmó que el haber pertenecido a la Junta Directiva en el acto de creación de la Corporación junto con la señora Carmen Emilia García de Hoyos, no hace que el Concejal se encuentre de manera automática en causal objetiva de pérdida de investidura, dado que se requiere probar que gestionó o tramitó contratos para su propio beneficio o para su familia, de lo cual no se allegó prueba al plenario.

Aseveró que el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 modificado por el artículo 1º de la Ley 1296 de 2009, que transcribió el demandante en su escrito, no regula ninguna causal de pérdida de investidura, y que en esa medida no se pronunciaría al respecto.

III.- LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a la pretensión de declaratoria de pérdida de investidura del Concejal Jhon Jairo Hoyos García, toda vez que encontró demostradas las condiciones alegadas por el actor.

Llegó a tal conclusión después de referirse al marco normativo que regula a las personas jurídicas, entre ellas, a las Corporaciones (artículos 633 y 641 del Código Civil), y de transcribir los parágrafos uno y dos de la cláusula sexta de los estatutos de la CORPORACIÓN MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI, según los cuales las decisiones que adopte la Asamblea General de Asociados son obligatorias para todos sus miembros pues es la autoridad suprema de la Corporación.

En atención a ello, estimó que los dignatarios de la Junta Directiva son elegidos por un periodo indefinido, y que por lo tanto, cuando en la Asamblea General del 30 de abril de 2005 los señores Carmen Emilia García de Hoyos, Diego Fernando Hoyos García y Jhon Jairo Hoyos García, consideraron cumplido su servicio y su labor como miembros de tal junta, no estaban renunciando tácitamente a su condición de afiliados fundadores de la Corporación.

Trajo a colación los distintos documentos allegados por el demandado en los que constan una serie de actas (números 7, 9, 15, 16, 20 y 21) donde aparecen relacionados los nombres de los miembros de la Asamblea General sin que en tal listado se encuentre el demandado, y con los que el apoderado del Concejal pretendía demostrar que no hacía parte de la Corporación. No obstante, para el Tribunal ello no acredita lo anterior, puesto que en las Actas 9 y 15 se expresa que se encontraban presentes la mitad más uno de los asociados (el 85.71%), lo cual quiere decir que no se encontraban presentes todos los miembros de la Asamblea, y que no porque no se encuentre el nombre del señor Jhon Jairo Hoyos García dentro de los presentes en la Asamblea, quiere ello decir que no hacía parte de la Corporación.

Sobre al Acta No. 20 del 20 de enero de 2011, dijo que se refiere a quienes hacen parte de la Corporación en calidad de asociados activos pero que allí no se evidencia a los asociados fundadores, lo cual quiere decir que los señores CARMEN EMILIA GARCÍA DE HOYOS, JAIRO JAVIER HOYOS SALCEDO, JHON JAIRO HOYOS GARCÍA Y DIEGO FERNANDO HOYOS GARCÍA continuaban haciendo parte de dicha Corporación.

3.2.- Acreditado entonces que el señor Jhon Jairo Hoyos García continúa siendo asociado de la Corporación MIGUEL ANGEL BUONARROTI, el a quo se refirió a los contratos celebrados entre el Concejal y la Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali, afirmando que si bien obraban en copia simple, el hecho de la contratación no fue desvirtuado ni tampoco fue tachado de falso por el demandado.

En tal orden, concluyó que la Corporación de la cual es asociado el señor Jhon Jairo Hoyos García contrató con el Municipio de Santiago de Cali un año antes a su elección (30 de octubre de 2011) ya que los contratos fueron celebrados el 20 y 26 de enero de 2011, incurriendo en la causal de inhabilidad establecida en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, a la que “si bien no fue referida expresamente en la demanda, si se hizo relación al contenido de la misma…”. (Folio 219 Cuaderno del Tribunal). La causal se transcribió de la siguiente manera:

“Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

(…)”.

Seguidamente, expresó que la disposición prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 modificada por la Ley 1147 de 2007, a que alude el actor, no es causal de pérdida de investidura, ya que no va dirigida a los concejales, sino que es una prohibición para sus parientes. Al respecto citó una sentencia proferida por la Sección Primera el 13 de agosto de 2009 (radicación número 2009-00010 Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso).

IV.- EL RECURSO DE APELACION

El apoderado del señor Jhon Jairo Hoyos García controvirtió el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sosteniendo que no existía prueba alguna que demostrara la intervención directa o indirecta del Concejal ante las autoridades municipales en la gestión de negocios o en la celebración de contratos. Al respecto, trajo a colación varias sentencias del Consejo de Estado en las que se advierte la circunstancia de la interpretación restrictiva en este tipo de juicios, y en las que se describe cuáles son los lineamientos que pueden configurar la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 que modificó el 43 de la Ley 136 de 1994.

En lo que hace a la gestión de negocios ante entidades públicas indicó que no reposaba ninguna prueba que demostrara que había intervenido en la gestión de negocios ante la Secretaria de Educación del Municipio de Cali, aspecto que fue ventilado en el salvamento de voto de la sentencia de primera instancia

En relación con la causal de celebración de contratos llamó la atención en la aplicación de la sentencia del 27 de abril de 1993 en la cual la Sección Quinta diferenció tres (3) aspectos, a saber:

Cuando el demandado no es asociado.
Cuando el demandado actúa como representante legal.
Cuando el demandado es accionista de la sociedad que contrata con el Estado.

Se refirió nuevamente al contenido del Acta del 26 de marzo de 2009, en la que se da cuenta de que se encontraban presentes el cien por ciento (100%) de los miembros de la Asamblea General, dentro de los cuales no aparecía el nombre del actor, lo cual quiere decir que para esa fecha ni el Concejal ni la señora Carmen Emilia García de Hoyos hacían parte de la Corporación. Recordó que desde el 30 de abril de 2005, los citados individuos habían renunciado, es decir, dos años antes de su elección como Concejal, lo cual desvirtuaba las consideraciones del Juzgador de Primera Instancia sobre la ocurrencia de una causal que lo hiciera merecedor de la pérdida de su investidura.

Al respecto trajo a colación la sentencia del 16 de julio de 2009 proferida en el expediente número 70001-23-31-000-2008-00079-01 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Después de transcribir disposiciones como la contenida en el artículo 252 del C. de P.C., llamó la atención sobre el valor probatorio que el Juzgador de Primera Instancia le había otorgado a los contratos que el demandante aportaba en copia simple, aseverando que no se trataba de documentos privados sino de documentos emanados de terceros y de naturaleza dispositiva, que por ministerio de la ley, no se presumen auténticos, y que por lo tanto carecen de valor probatorio. Se reafirmó en este argumento citando algunos apartes de la sentencia proferida el 3 de mayo de 2007 dentro del proceso número 1995-00787 (16209) con ponencia del Consejero de Estado Ramiro Saavedra Becerra, y de la sentencia del 8 de marzo de 2007 identificada con número interno 30.330 con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio, los dos de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

4.1.- Traslado al demandante

En el traslado que da lugar a la oposición del recurso, el demandante solicitó que se confirmara la sentencia del Tribunal teniendo presente que en lo relacionado con el tesoro público, no es posible que se den cambios tácitamente sin que estos sean oponibles a terceros; de modo que deben hacerse de manera expresa, y al no existir soporte siquiera sumario del trámite según el cual el Concejal demandado dejó de ser afiliado de la Corporación MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI, es claro que los miembros fundadores son aun asociados de dicho ente.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Primero Delegado ante la Corporación emitió concepto en el que solicitó se revoque del fallo que se apela, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, identificando para ello dos problemas jurídicos: el primero, relacionado con el valor probatorio de las copias simples; y el segundo, la prueba de haber incurrido en la causal de pérdida de investidura vista en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Estimó que el Tribunal había acogido de manera parcial la tesis propuesta por la Sección Tercera en lo que hace al primer problema que se planteó, aduciendo que se tendrían con valor probatorio los documentos que las partes acuerden tener como tal, o sobre los cuales no se discuta la autenticidad (que no se haya desconocido el documento o no se haya tachado de falso), por cuanto olvidó que para poder aplicarla era necesaria una actitud de las partes de la que se deduzca el querer que las copias simples sean valoradas como pruebas, circunstancia esta que no acontece en el caso que se examina, pues el demandado cuestionó de manera explícita la autenticidad de los contratos suscritos entre la Cooperativa MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI y la Secretaria de Educación de Cali.

En consecuencia, no puede tenerse por probada la suscripción de los mencionados contratos estatales, y por ende, tampoco la ocurrencia de la causal de inhabilidad que se endilga al señor Hoyos García, pues tales contratos se aportaron en copia simple, con desconocimiento de lo previsto en el artículo 254 del C. de P.C.

Agregó que de obviarse los anteriores argumentos y entonces tener con valor probatorio los mencionados documentos, tampoco podría afirmarse válidamente que se encuentra acreditada la causal de pérdida de investidura, toda vez que no existe evidencia de la participación personal y activa del concejal demandado en los actos tendientes a la suscripción de los pluricitados contratos.

VI.- DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto planteado, previas las siguientes

VII.- CONSIDERACIONES

7.1. Competencia de la Sala

La Sala es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de una parte, en virtud del artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, que instituye la segunda instancia para tales procesos y, de otra, atendiendo la decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, en donde se establece que las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

7.2. Procedibilidad de la acción

Se encuentra acreditado que el demandado ostenta la calidad de Concejal del Municipio Santiago de Cali, Valle del Cauca, dentro del período 2012-2015, según copia de las actas de escrutinio respectivas, visibles a folios 67 a 102 del cuaderno principal.

Ello significa que el acusado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de la investidura, que en su contra ha sido incoada, atendido el artículo 43 numeral 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

7.3. Cuestión previa

En sentencia SU - 774 del 16 de octubre de 2014 la Corte Constitucional decidió dejar sin efectos la sentencia del 6 de diciembre de 2012 proferida por esta Sección en el asunto de la referencia y en consecuencia, ordenó que, de oficio, se solicitaran las copias auténticas de los contratos con base en los cuales el actor funda la demanda de pérdida de investidura.

En atención a lo allí dispuesto se solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el desarchivo y remisión del expediente al Despacho Ponente, y acto seguido se requirieron a la Secretaria de Educación de Santiago de Cali los contratos mediante autos calendados el 24 de febrero y 25 de junio de 2015

7.4.- Examen de la situación procesal

Encuentra la Sala que el recurso de apelación se dirige a controvertir de una parte, el valor probatorio de las copias de los contratos celebrados entre la Corporación MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI y la Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali; y de otro, el que no se haya demostrado la ocurrencia de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 43 de numeral 3 de la Ley 136 de 1994, que se le endilga al Concejal Jhon Jairo Hoyos García.

En consecuencia, se abordarán los dos problemas planteados a continuación:

7.5. Valor probatorio de las copias simples

La Sala entonces abordará el primer problema jurídico que se planteó, analizando para el efecto la posición vigente que esta Corporación ha adoptado sobre el punto.

En sentencia proferida por la Sala Plena de la Corporación se trajo a colación la línea jurisprudencial que en torno a éste tema trazó la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Allí se da cuenta de que sólo hasta el 30 de septiembre de 2014, fecha en la cual se profirió la citada sentencia en el proceso número Radicación número: 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV), se unificó el criterio al darle valor probatorio a las copias simples que se aportaran al proceso con el fin de acreditar un hecho o un derecho.

La Sala transcribirá in extenso los argumentos que se trajeron a colación para unificar de modo que se advierta con claridad que para la fecha en que se expidió la sentencia que dejó sin efectos la Corte Constitucional, la tesis vigente en la Sección Primera era la de no otorgar ningún valor a los documentos que se aportaban como prueba en copia simple. La siguiente es la evolución jurisprudencial del tema:

“En lo pertinente, sobresalen dos posiciones antagónicas, por un lado están quienes consideran que los requisitos contenidos en el Código de Procedimiento Civil para dar valor probatorio a la copia simple van ligados al principio de independencia de las jurisdicciones y a la seguridad jurídica, por el otro, los que con fundamento en el argumento del excesivo formalismo y en las facultades probatorias oficiosas de los jueces de la república, consideran que el hecho de aportar documentos en copia simple, por si solo, no puede ser el argumento para abstenerse de estudiar el caso sometido a estudio, y denegar la respectiva solicitud.

Esa discusión ha pasado por varios estadios en la jurisprudencia de esta Corporación, a saber:

a) Por dos décadas, hasta el año 2009, la jurisprudencia fue uniforme en señalar que las copias simples “no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del C. de P. Civil (…)”.

Quiere decir lo anterior que las copias sólo son admisibles y pueden ser valoradas siempre que sea posible reputarlas auténticas, de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

b) No obstante, a partir del año 2010, esta tesis empezó a ser morigerada por parte de algunas Secciones de esta Corporación que, de manera aislada, le reconocieron valor probatorio a los documentos aportados en copia simple en aquéllos casos en los cuales la parte contra la cual se aducía, expresa o tácitamente, aceptaba su veracidad y autenticidad.

Así, la Subsección “A” de la Sección Segunda, en sentencia de 4 de marzo de 2010, al resolver un asunto en el que el acto demandado fue aportado en copia simple, consideró que ello no impedía el estudio de fondo del caso, por cuanto la parte demandada en el escrito de oposición a las pretensiones, reconoció la validez y autenticidad de éste. En esa oportunidad, dijo:

“(…) tal exigencia legal y carga procesal a cargo de la parte demandante en este caso no genera la imposibilidad jurídica de resolver de fondo el asunto planteado, pues aun cuando el documento se aportó en copia simple por la demandante como se evidencia en el expediente, la Entidad demandada se pronunció dentro de su escrito de oposición aceptando la veracidad y autenticidad del mismo.

(…)

Aunado a lo anterior se dirá que si bien en principio las copias simples de un documento público o de un acto administrativo carecen de valor probatorio dentro del proceso, una vez conocidas por la contraparte sin que ésta efectúe manifestación negativa o cuestionamiento alguno en su contra respecto de su legitimidad, éstas adquieren plena validez dentro del proceso, por cuanto milita a su favor de conformidad con el artículo 252 del C.P.C. una presunción de autenticidad que bajo tal presupuesto le corresponde desvirtuar total o parcialmente a la demandada.

De lo expuesto se concluye que, en tanto en el sub examine la copia informal del acto acusado fue de pleno conocimiento de la Entidad demandada sin que cuestionara en algún momento, total o parcialmente su autenticidad y contenido, ésta adquirió plena eficacia jurídica para militar dentro del proceso bajo la presunción de autenticidad que le otorga la norma en comento, como quiera que el óbice para su revisión -que se concreta en la salvaguarda del derecho de contradicción de la contraparte- queda manifiestamente superado, más aun cuando existió reconocimiento expreso del acto por parte de la demandada al contestar el hecho 18 de la demanda como en efecto se observa a folio 204 del expediente, razón por la que se revocará la decisión inhibitoria del a quo y se estudiará el asunto de fondo propuesto” (Negrilla fuera de texto).

Es importante precisar que, como se mencionó, esta tesis no fue acogida de manera generalizada por todas las Secciones del Consejo de Estado, pues al tiempo que la Subsección “A” de la Sección Segunda promovía el anterior razonamiento, las demás Secciones, entre estas la Tercera, mantenían la posición que predominaba hasta ese entonces, verbigracia la sentencia de 23 de junio de 2010, en la cual consideró:

“(…) es decir, que a pesar de este sello notarial, en realidad se trata de una copia simple de documento público, toda vez que la constancia notarial no hace referencia a la constatación de la identidad de la copia con un documento original o con una copia auténtica que hubiere tenido a la vista el funcionario autenticador, tal y como lo advierte el artículo 254 del C. de P. C.

El anterior defecto resulta trascendental para la solución del litigio sometido a consideración de la Sala, toda vez que, al no obrar en estado de valoración -por no tratarse de un ejemplar original o de una copia auténtica- el contrato que la Administración declaró incumplido mediante la Resolución No. 00011010-050 del 29 de marzo de 1993, confirmada mediante Resolución No. 00011010-201 del 18 de junio del mismo año, resulta imposible constatar cuáles fueron los términos del negocio jurídico celebrado entre las partes” (Negrilla fuera de texto).

c) Ahora bien, durante el año 2011 a la Subsección “A” de la Sección Segunda, se sumó la Subsección “B”. Es así como en sentencia de 28 de abril de 2011, la Sebsección “B” resolvió:

“En aras de desatar la apelación, esta Sala procedió a verificar la manera como se aportaron los actos administrativos demandados, pudiendo constatar que (…) se anexaron al expediente en copia simple según lo muestran los folios 1 a 8.

Esta presentación en copia simple, no puede ser suplida en esta instancia, más sin embargo, a pesar de que ésta es una obligación que le compete cumplir al demandante, no puede pasarse por alto que el juez de conocimiento en el auto admisorio tiene la facultad de solicitar a la entidad la remisión de los documentos en copia hábil y que esta orden, de no ser cumplida, puede reiterarse hasta antes de que el proceso ingrese al despacho para fallo, con el único objetivo de evitar sentencias inhibitorias.

Adicional a lo anterior, se precisa que la entidad demandada teniendo la posibilidad de controvertir la autenticidad de los actos demandados no lo hizo, sino que por el contrario al contestar la demanda se refiere a ellos analizando su contenido y la decisión negativa del derecho reclamado, por lo cual para esta Sala, dado que se trata de un derecho pensional, debe para el caso, efectuarse el análisis de legalidad en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal” (Negrillas fuera de texto).

d) Finalmente, durante los años 2011 y 2012 la jurisprudencia del Consejo de Estado dejó de ser mayoritariamente uniforme, pues las diferentes secciones empezaron a expedir diversas providencias en las que de manera encontrada se han acogido las dos posiciones expuestas respecto del reconocimiento del valor probatorio de las copias simples en los juiciosos contencioso administrativos.

Es así como la Subsección “C” de la Sección Tercera, en sentencia de 9 de mayo de 2011 dijo que “en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes”. Esta posición fue reiterada en sentencia de 18 de enero de 2012, entre otras, en la cual expresó:

“En principio dicho documento carecería de valor probatorio al obrar en copia simple tal como la Sala lo ha explicado en numerosas providencias, comoquiera que no cumple con las reglas contenidas en el artículo 254 del C. de P.C., según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente.

No obstante lo anterior, en este caso la Nación, al contestar la demanda admitió tenerlo como prueba y aceptó el hecho al que se refería dicho documento (…)

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda” (Negrilla fuera de texto).

Así, las posiciones sobre el particular no fueron unívocas, pues por un lado estaban la Sección Segunda y la Subsección “C” de la Sección Tercera, tratando de modificar la tesis predominante, en el sentido de que se aceptara el valor probatorio de las copias simples, y por otro lado, estaba el resto de las Secciones del Consejo de Estado, las cuales mantenían la posición inicial que no aceptaba su valoración.

e) Ahora bien, en el año 2013 en curso, la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 28 de agosto unificó su posición como Sección y acogió la anterior tesis, en el sentido de dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, a la búsqueda de la certeza procesal y a la buena fe, en aras de garantizar un derecho procesal dinámico.

En ese orden, esta Sección estableció una postura definitiva sobre el valor probatorio de las copias simples, llegando a la conclusión de que éstas pueden ser equiparadas al original en todos aquellos casos en los que no se presente oposición. Como fundamento de lo anterior, la Sección Tercera se refirió, primero, a la aceptación paulatina de la aptitud probatoria de las copias simples por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia; y segundo, se invocaron las novedades legislativas contenidas en el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 2315 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 243, 244, 245 y 246 del nuevo Código General del Proceso. Normas que, independientemente si bien no son aplicables al caso particular, evidencian la evolución del espíritu del legislador hacia un nuevo “ethos” mucho más flexible y alejado de los excesos del rigorismo procesal. Dicho espíritu constituye, según lo expresó la Sección en esta providencia, un nuevo paradigma hermenéutico que ha de permear la aplicación del derecho procesal.

Sin embargo, se advierte que tal providencia unificó la tesis de la Sección Tercera que estaba dividida entre sus Subsecciones, pero no ha sido consolidada la posición de las demás Secciones de la Corporación, por ejemplo, en la Sección Quinta en sentencia de 24 de abril de 2013, se sostuvo, en esencia, que la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, referente a la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, atribuida al entonces demandado con fundamento en la celebración de un contrato interadministrativo de prestación de servicios, no había sido probada por haberse aportado en copia simple el referido documento, de forma que el actor no había demostrado “el supuesto de hecho que sirvió de sustentó a su pretensión”.

Con fundamento en lo anterior, y en consideración al vacío normativo que existía debido a que no estaban vigentes el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso – que derogó el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA –, que decía que “se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil”; resulta necesario establecer la posición de la Sala al respecto.

3.1.2. Unificación de jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado en relación con el valor probatorio de la copia simple

La Sala en esta oportunidad, debido a la necesidad de unificar su jurisprudencia, considerará que debe reconocerse valor probatorio a las copias simples, tesis expuesta por las Secciones Segunda y Tercera de esta Corporación, con fundamento en los siguientes argumentos:

3.1.2.1. Respeto por los principios constitucionales como la buena fe y la primacía de lo sustancial sobre lo formal

La autenticación de las copias tiene por objeto que éstas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que en principio se aduce en su contra.

No obstante, las copias simples, cuando no son tachadas de falsas por la parte contra la cual se aducen, no sería posible infringir ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos.

La desestimación de las copias no autenticadas como pruebas en el proceso contencioso administrativo está inexorablemente unida a la concepción antropológica que no solamente es ajena a la Constitución de 1991, sino diametralmente opuesta a esta última. Dicha medida supone, en efecto, una especie de asunción de que las partes intervinientes en un proceso de esta naturaleza necesariamente actuarán de mala fe, por lo que deben acreditar, que la documentación que presentan no es falsa.

Así, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, esta Sala considera que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho, como lo es la autenticidad del documento aportado en copia simple.

En ese orden de ideas, las copias simples, en tanto no sean tachadas de falsas por la contraparte, sí tienen valor probatorio, lo que deviene en una especie de “autenticidad tácita” que no es otra cosa que la materialización del principio de buena fe constitucional.

3.1.2.2. Facultades probatorias oficiosas del juez

En cualquier caso, como los jueces de la república están instituidos para encontrar la verdad del proceso, en situación de duda, tienen el deber de hacer uso de las facultades probatorias oficiosas.

Puede darse el caso en el cual de parte del juez existan serios indicios de dudas que mengüen el valor probatorio de la copia simple -ya sea por informaciones adicionales de la contraparte o por otros medios de prueba que lo llevan a poner en tela de juicio la prueba-  al punto que considere pertinente hacer uso de la facultad oficiosa que en materia probatoria lo acompaña, para lograr la consecución o por lo menos el cotejo real con el documento original en procura de esclarecer la verdad del caso.

Precisamente, en tratándose de la relevancia constitucional de las pruebas de oficio, la Corte Constitucional en la sentencia T-264 de 2009 presentó dos controversias actuales en el campo de la teoría del proceso, a saber: (i) la posibilidad -teórica o práctica- de alcanzar la verdad en el ámbito del proceso judicial; y, (ii) la relevancia o necesidad de la prueba en el marco de los fines del proceso.

Frente a la primera, se dijo que en el proceso si es posible acceder a una verdad relativa sobre los hechos, mediante la obtención por parte del juez de la mayor cantidad de información jurídicamente relevante para la resolución del caso sometido a su estudio, la cual posteriormente debe evaluar racionalmente y de forma rigurosa en pro de comprobar la veracidad de hechos pasados. De otra parte, respecto de la segunda, ésta tiene su cimiento en la ideología con la que se concibe el proceso civil, es decir, si mantiene su carácter estrictamente dispositivo o, si dando alcance a las facultades oficiosas del juez, el carácter inquisitivo es determinante para obtener la verdad de los hechos.

Para resolver la anterior controversia, la mista Corte Constitucional, en sentencia T-213 de 2012 señaló:

“Puntualmente, en el contexto colombiano se ha asumido una ideología mixta, es decir, en parte dispositivo y en parte inquisitivo, habida cuenta que la iniciativa de acudir a la jurisdicción reposa en cabeza de las partes, quienes deben cuidar sus asuntos y brindar al juez todos los elementos que consideren necesarios para la prosperidad de sus pretensiones o excepciones, pero ello no implica que el juez sea un espectador en el proceso porque dentro de sus funciones se encuentra la de tomar las medidas indicadas para lograr el esclarecimiento de los hechos, lo que de suyo propio lo faculta para decretar las pruebas de oficio que a bien considere necesarias. Y es que, no se puede perder de vista que una sentencia justa solo se alcanza si el juez parte de una base de conocimiento que pueda considerarse, en cierta medida, verdadera, lo que le impone la obligación de hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda del valor de la verdad y la efectividad del derecho material, es decir, una armonía entre el principio de necesidad y la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales (artículo 228 Superior), ya que la verdad es el supuesto de la vigencia de dicho derecho material, o en otras palabras, de la justicia de las decisiones” (Negrilla fuera de texto).

Por consiguiente, se puede afirmar que, desde el plano constitucional, arribar a la verdad es algo necesario; que la jurisdicción tiene como finalidad la solución de conflictos de manera justa; y que esa solución supone la adopción de las decisiones judiciales sobre una consideración de los hechos que pueda estimarse verdadera. Una vez establecida la relación entre verdad y justicia, resulta claro que el decreto oficioso de pruebas constituye una manifestación del deber del juez de indagar la verdad de los hechos antes de tomar una decisión determinada, ya que de esta forma deja de ser un frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley, para tomar el papel de garante de los derechos materiales.

En este orden de ideas, se repite, el fin de la actividad judicial no es otro que lograr la verdad.

3.1.2.3. Cambio de paradigma propuesto por el legislador

La Sala prohija la posición expresada por la Sección Tercera en la sentencia que unificó su posición, esto es la de 28 de agosto de 2013, en la cual hizo referencia al espíritu del legislador en el derecho moderno, que se ve reflejado en las reformas legales de los últimos tiempos.

El nuevo paradigma, está plasmado en las Leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legisladores el de modificar el modelo imperante con los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

Entonces, a la luz de la Constitución Política no es aceptable que el juez niegue las pretensiones dentro de un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes reposan en el expediente, pues ello significaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia.

Ello no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o que aún no estaban vigentes para el caso concreto (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo que traen las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede considerar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, se llame la atención en el hecho de que no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, la cual la Sección Segunda y Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones.

Así, el legislador del año 2011, al reconocer la importancia de los principios constitucionales y la función que ejercen o cumplen en la armonización de los postulados legales del orden procesal, determinó en la nueva disposición del artículo 167 ibídem, que “no será necesario acompañar su copia [la de las normas de alcance no nacional], en el caso de que las normas de carácter local que se señalen como infringidas se encuentren en el sitio web de la respectiva entidad, circunstancia que deberá ser manifestada en la demanda con indicación del sitio de internet correspondiente”.

En efecto, el derecho procesal moderno está cimentado en la confianza que existe en la sociedad y por ello, esta Sala unificará su posición de conformidad con esta evolución.

En el mismo sentido, la Sala aclara que no quiere significar lo anterior que se desnaturalicen aquellos procesos en los cuales se exige el original; al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera, señaló:

“lo anterior, no significa en modo alguno, que se desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios –como los procesos ejecutivos– en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del C.C.A., norma reproducida en el artículo 167 de la ley 1437 de 2011 –nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo–”.

Por consiguiente, se quebrantarían los principios de confianza legítima y buena fe si el juez permite que las partes, aduzcan como fundamento para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, que los hechos se soportan en copia simple. En ese orden, en virtud del artículo 228 de la Constitución Política, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se adapta e interactúa con la realidad y no que se queda atrás de manera rígida.

3.1.3. Conclusión

El moderno derecho procesal parte de bases de confianza e igualdad de armas, en las que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza y, por tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto. Entonces, se debe propender por un derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva rigorismos formales que entorpezcan su aplicación.

Ahora bien, es importante resaltar que la Corte Constitucional en reciente sentencia del 17 de abril de 2013 consideró que la exigencia de copias auténticas deviene razonable en los términos establecidos en el artículo 254 del C.P.C., es decir, en aquél caso la Corte encontró que la actuación del juez ordinario al desestimar el valor probatorio de las copias simples, no desconoció los derechos fundamentales del actor por cuanto estaba dentro de lo razonable jurídicamente; sin embargo, ello no significa que esa sea la única posición aceptable constitucionalmente, pues la postura expuesta en la presente providencia referida al principio de buena fe constitucional o de “autenticidad tácita” de las copias simples es aún más garantista a la luz de los principios constitucionales mencionados y no es otra cosa que su efectivización por parte del juez de lo contencioso administrativo, quien así los materializa en aras de garantizar una tutela judicial efectiva.

Finalmente, la Sala reitera que la tesis expuesta no implica que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias (v.gr. la constancia de ejecutoria de una providencia judicial para su cumplimiento; el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970, para determinar el parentesco; la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble).

Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido.” (Subrayas fuera de texto).

7.6.- Delimitación de la causal invocada por el Juzgador de Primera Instancia para decretar la pérdida de investidura

Después de dilucidado el tratamiento que debe darse a las copias simples de los documentos que se aportan a un proceso, debe la Sala resolver el cargo que propone el recurrente en relación con la aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, pero sólo en lo que respecta a la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas, pues el Tribunal invocó un razonamiento sustentado en el aparte correspondiente, tal y como se evidencia a folio 219 del Cuaderno No. 1 del expediente, en donde resaltó la disposición de la forma que nuevamente se transcribe:

“Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

(…)”.

Tal análisis fue consonante con los argumentos que expuso el demandante en su escrito, pues todos iban dirigidos a señalar que el señor Jhon Jairo Hoyos García se encontraba inhabilitado para desempeñar su cargo como Concejal de Cali debido a que dentro del año anterior a su elección, la Corporación MIGUEL ANGEL BUONARROTI, de la cual es socio, celebró contratos con la Secretaria de Educación de ese mismo municipio.

Del examen de la demanda no se advierte ningún argumento orientado a invocar la causal de gestión de negocios ante entidades públicas, sino, se reitera, siempre se dirigió a alegar la celebración de contratos en la forma indicada.

En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia proferida el 18 de noviembre de 2008, Expediente. 11001-03-15-000-2008-00316-00(PI) con ponencia del Consejero de Estado Mauricio Torres Cuervo, expresó que cada una de las conductas inhabilitantes previstas en la norma enunciada era autónoma, y que por tal razón el estudio debía realizarse a la luz de los criterios desarrollados de manera independiente para cada una ellas:

“Se advierten dos conductas inhabilitantes para la elección de Congresista, por una parte, la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, y por otra, la intervención en la celebración de contratos estatales. Sobre estas dos formas de intervención la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que en materia de inhabilidades electorales cada una de estas formas de intervención es autónoma y “abiertamente distinta”. Así, la gestión debe ser referente a negocios y pretende un lucro o el logro de un fin cualquiera, por ello tiene mayor amplitud; mientras que la celebración de contratos sólo atiende a la participación del candidato en la celebración del respectivo contrato, hecho que por expresa voluntad de la ley resulta ser en este caso el constitutivo de inhabilidad siempre que se trate de contratación estatal. Ambos eventos o causales deben tener ocurrencia dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección. Señala la jurisprudencia que cuando la gestión de negocios ante entidades públicas concluye en la celebración de un contrato, esta causal sólo podrá ser examinada como intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de un contrato no tiene éxito, entonces la causal se analiza sólo como gestión de negocios propiamente dicha. Asimismo, cuando se trata de celebración de contratos estatales, las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no se tornan ni configuran inhabilidad por intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse por la celebración de contratos en interés propio o de terceros.”

Debe advertirse que aun cuando la sentencia anotada hace referencia a la pérdida de investidura de congresistas, el razonamiento allí esbozado debe entenderse aplicable en lo pertinente al juicio de desinvestidura de Concejales y Diputados en aplicación de criterio que sobre el particular ha venido sosteniendo ésta Corporación.

7.5.- Intervención en la celebración de contratos con entidades públicas

La norma en cita es del siguiente tenor:

“Artículo  40.- De las inhabilidades de los concejales. El Artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

"Artículo 43.- Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

(…)”. (Negrillas de la Sala).

Conforme lo ha sostenido la Sala, entre otras, en sentencia de 29 de enero de 2009, para que se configure dicha causal de inhabilidad, deben concurrir los siguientes supuestos:

Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel,
Haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal
Tener interés propio o de terceros, y
Ejecutarlo en el mismo municipio.

Para el caso concreto el Tribunal indicó que, aun cuando el demandado había renunciado a la Junta Directiva de la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BOUNARROTTI, el Concejal continuaba haciendo parte de tal sociedad en calidad de socio fundador, y que por ello cuando la citada Corporación y la Secretaria de Educación de Cali suscribieron los contratos de prestación de servicios educativos a población en condición de vulnerabilidad, el entonces Concejal Hoyos García incurrió en la causal de inhabilidad descrita.

A efectos de resolver si el Concejal Jhon Jairo Hoyos García incurrió en la tal causal de inhabilidad es menester precisar los siguientes aspectos: (i) la naturaleza jurídica de la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BOUNARROTTI, (ii) calidad en la cual actuaba en la citada Corporación, y (iii) los periodos en los que actuó como socio y Concejal del Municipio de Cali.

7.5.1.- Naturaleza jurídica de la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BOUNARROTI

El ordenamiento jurídico regula las denominadas instituciones de utilidad y las clasifica en dos tipos: las Fundaciones, que representan un capital afecto a una actividad de interés social y, las Corporaciones que buscan el fortalecimiento del grupo que las crea.

La CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BOUNARROTTI se enmarca dentro de la segunda clase descrita y en consecuencia se rige por lo dispuesto en el Título XXXVI del Código Civil y en el Decreto 2150 de 1995, según los cuales se trata de una persona jurídica sin ánimo de lucro. Las siguientes normas regulan el funcionamiento de las Corporaciones:

“ARTICULO 633. DEFINICION DE PERSONA JURIDICA Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.”

“ARTICULO 637. PATRIMONIO DE LA CORPORACION. Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación.

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad.

Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente.”

“ARTICULO 638. MAYORIAS. La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una sala o reunión legal de la corporación entera. La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación.

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación prescribieren a este respecto.”

“ARTICULO 639. REPRESENTACION LEGAL. Las corporaciones son representadas por las personas autorizadas por las leyes o las ordenanzas respectivas, y a falta de una y otras, por un acuerdo de la corporación que confiera este carácter.”

“ARTICULO 640. ACTUACION DEL REPRESENTANTE LEGAL. Los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto excedan de estos límites sólo obligan personalmente al representante.”

“ARTICULO 641. FUERZA OBLIGATORIA DE LOS ESTATUTOS. Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las penas que los mismos estatutos impongan.”

7.5.2.- Calidad en la que actuaba el señor Jhon Jairo Hoyos García

De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación de la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BOUNARROTTI y con los estatutos del 10 de abril de 1997, el señor Jhon Jairo Hoyos García fungió como uno de sus fundadores e hizo parte de la Junta Directiva en calidad de tesorero hasta el 30 de abril de 2005, fecha en la cual se reformaron los estatutos y se eligieron nuevos dignatarios.

Sostiene el demandado que desde esa fecha renunció a su calidad de asociado de manera tácita y que prueba de ello lo es que en ninguna de las actas que se expidieron con posterioridad aparece su nombre registrado.

Al respecto se advierte que no obra en el plenario ningún documento que acredite que el señor Jhon Jairo Hoyos García renunció expresamente a su calidad de socio fundador de la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BUONARROTI, y que tal condición lo pone fuera de los supuestos de hecho contemplados en la sentencia del 16 de julio de 2009 que trajo a colación en el recurso de apelación, pues en aquélla oportunidad se demostró la circunstancia de la renuncia con diferentes pruebas documentales. El aparte pertinente acredita lo dicho:

“Si bien el demandado en la contestación de la demanda no alegó su retiro de la Cooperativa antes de que se celebrara el contrato, se observa que sí lo alegó en la audiencia del proceso (folio 103), y ello aparece corroborado en varias piezas probatorias, como son las aducidas por el a quo, a saber i) la copia de la carta de renuncia de vinculación a la Cooperativa que presentó el demandado el 29 de diciembre de 2006 al Consejo De Administración de la misma (folio 12 cuaderno de pruebas); ii) copia del acta No. 03 de la reunión de dicho consejo realizada el 24 de enero de 2007, en la cual se consideraron y aceptaron varias renuncias de socios, entre ellas la del demandado, y iii), oficio calendado 26 de enero de 2007, del Presidente del Consejo dirigido al demandado, comunicándole la aceptación de su renuncia (folio 11).

A esos documentos cabe agregar la fotocopia del registro contable de los aportes del concejal encausado, donde aparece que pago sus cuotas sólo hasta el 9 de septiembre de 2006, y presenta una nota manuscrito de retiro (folio 69 del mismo cuaderno de pruebas).

Con lo anterior resulta concordante el acta de la asamblea ordinaria realizada el 29 de febrero de 2008, aportada por el mismo actor, en la cual dicha asamblea decidió la disolución de la Cooperativa y su consecuente liquidación, pues en esa acta se dice que asistieron todos los socios, y en la relación de los mismos ni entre quienes firmaron el acta en esa condición aparece el concejal demandado, lo cual permite colegir que el retiro del Concejal como socio de esa cooperativa había sido efectivo.

En esas circunstancias, no hay lugar a hacer consideración alguna sobre las implicaciones de la celebración del referido contrato sobre el demandado por su condición de socio de la Cooperativa, pues para esa fecha, 20 de febrero de 2007, ya no tenía esa condición, así apareciera como tal en el certificado de constitución y gerencia de la Cooperativa, pues la inscripción de la correspondiente novedad era de cargo de la misma cooperativa y no del demandado, y vistas las pruebas reseñadas, es claro que ese certificado no corresponde a la realidad de su situación con relación a la misma.” (Subrayado fuera de texto).

Quiere decir lo anterior que a partir del 30 de abril de 2005 el demandado tenía la calidad de socio fundador únicamente, y en consecuencia debe realizarse el análisis de los cargos bajo esa circunstancia.

7.5.3.- Periodos

Según el Acta de Escrutinio de los votos vista a folios 101 y 102 del Cuaderno número 2, el señor Jhon Jairo Hoyos García fue elegido para el periodo 2012-2015 por el partido Conservador Colombiano como concejal del Municipio de Santiago de Cali el 30 de octubre de 2011.

Quiere ello decir que a la luz de la causal de pérdida de investidura que se alega en el presente caso, el demandado se encontraba inhabilitado para contratar desde el 30 de octubre de 2010 hasta el 30 de octubre de 2011.

Del examen del acervo probatorio se evidencia que la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BUONARROTI suscribió dos de los cuatro contratos en el periodo inhabilitante de Jhon Jairo Hoyos García, pues uno data del 20 de enero de 2011 y otro del 26 de enero de ese mismo año. Vale la pena aclarar que los dos restantes fueron del 9 de octubre de 2009, es decir dos años antes a la elección, y del 23 de enero de 2012, cuando ya ocupaba la respectiva curul.

Visto lo anterior la pregunta que surge es si los contratos de prestación de servicios suscritos por la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BUONARROTI y por la Secretaria de Educación de Cali, hacen que se configure la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, habida cuenta de la condición de socio fundador de la citada Corporación del entonces Concejal Jhon Jairo Hoyos García.

7.6.- Calidad de socio

Al respecto es importante traer a colación un pronunciamiento del 31 de marzo de 2011 de la Sección Primera de ésta Corporación en el proceso número 23001-23-31-000-2009-00011-01(PI), en el cual se dejó sentada la posición de que “sólo cuando una persona controla la sociedad de manera que pueda servirse de ella, tiene el poder de interponer a la sociedad para ocultar un contrato verdaderamente celebrado con ella”. El siguiente fue el discernimiento hecho en esa oportunidad

“Dilucidado como queda el punto anterior, considera la Sala que si el 28 de octubre de 2007 tuvo lugar la elección del demandado como Concejal del Municipio de Sahagún, el único contrato de prestación de servicios, que podría llegar a determinar la pérdida de la investidura que ostenta el concejal demandado, sería el contrato de Prestación de servicios educativos número 002 del 8 de febrero de 2007 celebrado por el Municipio de Sahún y la EMPRESA PROFESIONALES ASOCIADOS DE SAHAGÚN, por haber sido celebrado durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección, pues al momento de celebrarse los contratos de prestación de servicios números 014 del 21 de junio de 2007 y 044 del 25 de marzo de 2008, el señor EDGAR DANIEL PÉREZ DÍAZ ya no ostentaba la condición de socio.

En relación con el primero de los contratos, la Sala considera que la sola circunstancia de que dicho contrato hubiese sido celebrado con el Municipio de Sahagún dentro del año anterior a la fecha de la elección del demandado como Concejal de esa misma entidad territorial, no constituye por sí misma una razón suficiente para despojar de su investidura al demandado, en tanto y en cuanto no aparece demostrado en el proceso que el Concejal haya intervenido en la celebración de dicho contrato en interés propio o de terceros.

Sobre el particular es pertinente poner de presente, que la participación del demandado en el capital social de la empresa PROFESIONALES ASOCIADOS DE SAHAGÚN, ascendía tan sólo al veinticinco por ciento (25%), lo cual descarta que el mismo tuviese una posición mayoritaria, de dominio o de control dentro de la misma, de tal suerte que estuviese en la posibilidad de hacer prevalecer su poder para favorecer su interés personal o el de terceros.

A propósito del tema, la Sección Primera del Consejo de Estado, al pronunciarse con respecto a la imposibilidad de decretar la pérdida de investidura en tales circunstancias, ha dicho lo siguiente:

“El criterio de la Sala Plena de la Corporación ha sido que una persona contrata a través de una sociedad o por intermedio de ella cuando tiene el control de la misma, bien porque sea socio mayoritario o por otra circunstancia que le habilite para dominar la sociedad y hacerla aparecer como contratista ocultando la relación real con el socio dominante.

Solo cuando una persona controla la sociedad de manera que pueda servirse de ella, tiene el poder de interponer a la sociedad para ocultar un contrato verdaderamente celebrado con ella. Este ha sido el criterio de la Sala Plena al sostener que el socio mayoritario controla la sociedad y es el verdadero contratista.

En sentencia de 26 de agosto de 1994 la Sala Plena expuso este criterio, así:

«... Tanto la sociedad Mix Up Ltda.. como Diario La Frontera son socie-dades de propiedad de la familia Salcedo Baldión y en las dos la participación de capital del señor Félix Salcedo Baldión era importante (80% en la primera y 48% en la segunda), lo cual le daba la posibilidad de controlarlas administrativamente.»

En sentencia de 13 de noviembre de 1997 la Sala Plena encontró probada la causal de contratación por interpuesta persona, al aplicar este criterio con los siguientes razonamientos:

«Pues bien, cumplido el trámite de rigor, estima la Sala que la petición está llamada a prosperar porque el Dr. Henry Cubides O, mientras se desempeñaba como servidor público, en su carácter de senador de la República (art 123 de la constitución), celebró contratos, por interpuesta persona, con dos entidades públicas, Ecopetrol y el Departamento de Antioquia - Fábrica de Licores de Antioquia (art 127, en armonía con el art 180 nl 2).

Si bien es cierto no lo hizo directamente o a nombre personal, sí se infiere del acervo probatorio que los concertó a través de la sociedad Coltanques Ltda, de la cual, como se dijo, es el socio mayoritario con un 90% de su capital social, y pese a que el representante legal para la época de la celebración de los contratos era el Sr. Guillermo Cubides O, hermano del congresista.

Lo de interpuesta persona se infiere de las pruebas practicadas, porque la contratista “Coltanques” es una sociedad de responsabilidad limitada de familia; lo que quiere decir, en otros términos, que aunque su representante legal hubiera sido en ese entonces el Sr. Guillermo Cubides O, quien no tenía el carácter de socio, no por eso el demandado dejó de tener en ese mismo lapso el carácter de socio mayoritario con poder decisorio en la gestión social; lo que le permitía, de acuerdo con el contrato social, reasumir los poderes que el art 358 del c de co le confiere a todos y cada uno de los socios en cuanto a representación y administración de los negocios sociales.”. (Resaltado y subrayado fuera de texto).

En una sentencia más reciente, se recogieron las anotadas consideraciones y se delimitaron los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar qué tan determinante es la participación de un socio en las decisiones ejecutadas en nombre de una persona jurídica. El siguiente aparte deja ver la posición de la Sala Plena de ésta Corporación proferida en el expediente número 11001-03-15-000-2013-01621-00(PI), el 28 de julio de 2015, con ponencia de la Magistrada Lucy Jeanntte Bermúdez Bermúdez, veamos:

“Pero es que el tema de la subordinación en el derecho mercantil societario ha cobrado fuerza debido a que se requiere levantar el velo que permite aparentar que socios minoritarios carecen de posibilidad de decisión, cuando en realidad se advierte que logran controlar a la entidad directamente o con el concurso de otros. La figura, se regula bajo lo siguiente:

(…)

De la norma transcrita, conceptualmente el asunto radica en el dominio o poder de decisión, en el que el legislador se ha visto en la necesidad de consagrar presunciones de hecho, desvirtuables claro está, mediante prueba en contrario, a fin de predicar que en realidad el control societario es desplegado por socios que individualmente no tendrían el poder para hacerlo.

Esas presunciones flanquean en tres aspectos principales: la parte económica o monetaria materializada en el capital “a más del 50%” que pertenezca a la matriz (numeral 1°) con el presupuesto de que sólo se cuentan las acciones con derecho a voto; la parte de determinaciones o “influencia dominante”, esto es, el poder decisorio propiamente dicho a través de su mayoría en los órganos de administración: asamblea o junta de socios. En este se desliga del monto societario a fin de diferenciarse de la anterior y permite entonces que se mire desde el poder de todos los socios incluso de otras subordinadas (numeral 2°); y, el control contractual que ya no depende ni del capital a más del 50% ni del poder decisorio en sus órganos de decisión sino de la imposición de una compañía sobre otra o de personas naturales sobre la persona jurídica (numeral 3°).

Ha de resaltarse que la subordinación proviene o bien de una o varias personas naturales o bien de una o varias personas jurídicas, como claramente lo prevén los parágrafos 1° y 2° de la norma en cita.

Por eso es viable afirmar que el control o poder de una entidad comercial no necesariamente está dado por el porcentaje que individualmente cada uno de sus integrantes, persona natural o persona jurídica, tengan sino que también deviene de factores o presupuestos de otra índole. Como el poder decisorio en sus órganos directivos o el control contractual, esto para desvirtuar el argumento del demandado de su poca capacidad accionaria.

(…)

Es más la situación de control entre entidades comerciales no se detiene solo para los entes de control en la fría objetividad del capital, la decisión y la subordinación contractual, sino que trasciende a aspectos tan de las personas como los vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus accionistas unido al de sus participaciones en el capital social. En efecto, la Superintendencia de Sociedades, en este aspecto ha dicho: “… el hecho de existir vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus accionistas, unido a que sus participaciones suman más del 50% del capital social, podría llevar a la conclusión de un control conjunto…”. (Subrayado fuera de texto).

En tal contexto, es evidente que la posición de la Corporación en esta materia ha sido clara al señalar que la sola calidad de socio de una persona jurídica, cualquiera que sea la forma adoptada, no indica por sí misma que ostente el control decisional, puesto que para ello se requiere que se acredite la ocurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) que el socio tenga una participación económica o monetaria en el capital social de más del cincuenta por ciento (50%), (ii) que el socio tenga influencia dominante o poder decisorio en los órganos de dirección, (iii) que el socio ostente el control contractual, o (iv) que el socio tenga vínculos de consanguinidad o afinidad con los demás miembros de la Corporación o sociedad y que dicho grupo represente un mayor porcentaje en el capital social.

Aplicados los citados lineamientos al caso que nos ocupa tenemos: El criterio de participación accionaria no aplica para el caso en estudio pues, según quedó expuesto, la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BUONARROTI es una persona jurídica sin ánimo de lucro en atención a lo dispuesto en los artículos 633 y siguientes del Código Civil.

En lo que respecta al segundo derrotero se observa que el señor Jhon Jairo Hoyos García había renunciado a su calidad de miembro de la Junta Directiva de la citada Corporación seis (6) años antes a su elección como Concejal. De ello da cuenta la enunciada Acta número 3 del 30 de abril de 2005. Todo ello indica que tampoco desde este punto de vista puede inferirse que el demandado ostentara control de la Corporación dentro del periodo inhabilitante.

No se halla acreditado el poder contractual de modo que se observe la imposición de una compañía o persona natural sobre la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BUONARROTI.

Y finalmente, en lo que hace al control conjunto por vínculos de parentesco (consanguinidad, afinidad matrimonio o unión libre) la Sala no encuentra demostrada tal condición, pues aun cuando la señora Carmen García de Hoyos (madre del demandado) y los señores Diego Fernando y Efraín Alberto Hoyos García (hermanos del demandado), entre otros, hacen parte de la Corporación, ello por sí mismo no indica que ostenten el control o por lo menos, no se allegó ninguna prueba que permitiera concluir tal señalamiento.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que al decir del concepto de la Superintendencia de Sociedades que se cita en la providencia transcrita del 28 de julio de 2015, tal aspecto debe ir unido a otra condición de control como el porcentaje de participación en el capital societario o la de ser miembro de los órganos de administración, cuestión ésta que no se presenta en el caso sub examine.

Siendo ello así, resulta necesario determinar si se cumple con los presupuestos establecidos por la Ley 136 de 1994 para que el concejal Jhon Jairo Hoyos García pierda la investidura.

7.7.- Caso concreto

La Sala en sentencia de 6 de octubre de 2005 precisó la finalidad de la prohibición del artículo numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, sosteniendo que cuando el Legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se pueden deducir beneficios electorales; y también impedir que quienes estén ya en ejercicio de sus funciones, prevalidos de su condición, se lucraran con la celebración de los referidos contratos, pues obviamente de permitirse dicha práctica tendrían más opción de ser adjudicatarios de los mismos los funcionarios públicos frente a cualquier particular. Dijo la Sala:

“Empero, en este caso, esa circunstancia por sí sola no lleva a la Sala a considerar que el demandado hubiera actuado por interpuesta persona de Proinversiones S.A., pues, de una parte, es la Gerente de la sociedad la que aparece dando informes sobre el trámite de la negociación de pago relacionada con el lote vendido al Municipio de Sincelejo, facultad que de acuerdo con el artículo 30 de los estatutos le ha sido atribuida; y, de la otra, lo que la jurisprudencia de esta Corporación ha dejado establecido como determinante en la actuación por interpuesta persona es no solo la real y activa participación, en este caso, del miembro de Junta Directiva, sino “el poder decisorio en la gestión social y de igual manera, la utilidad que a ese socio le reportaría su intervención, dado el interés económico que por sus acciones tiene en la sociedad.” (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11/11/1997, exp. AC-5061, reiterada en sentencia de 4/09/2003, exp. 2002-00993, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola). En este caso, el interés económico del demandado en la mencionada sociedad es mínimo, si se tiene en cuenta que sus acciones representan un 5% en el total del capital autorizado que, es de mil millones de pesos dividido en acciones de $1000 cada una; y de esas mil millones de acciones posee únicamente 43.159, lo que impide considerar a la Sala que en razón de tal interés se vio movido a actuar por interpuesta persona. De otra parte, vale la pena enfatizar en que cuando el legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se pueden deducir beneficios electorales; y también impedir que quienes estén ya en ejercicio de sus funciones, prevalidos de su condición, se lucraran con la celebración de los referidos contratos, pues obviamente de permitirse dicha práctica tendrían más opción de ser adjudicatarios de los mismos los funcionarios públicos frente a cualquier particular. En este caso, estima la Sala que la aceptación del plazo para que la entidad pública pague una obligación que ha contraído e incumplido y que fue adquirida aún de antes de la fecha de inscripción del candidato a las elecciones de Asamblea Departamental no constituye violación al régimen de incompatibilidades, pues tal acuerdo no tiene la connotación de contrato de transacción.” .

De conformidad con lo expuesto por la sentencia del 29 de enero de 2009, los presupuestos para que se entienda acreditada la causal de inhabilidad que se atribuye al demandado, son los siguientes:

Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel,
Haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal
Tener interés propio o de terceros, y
Ejecutarlo en el mismo municipio.

En efecto, del examen del expediente se desprende que el Representante Legal de la CORPORACIÓN MIGUEL ANGEL BUONARROTI, es decir, Diego Jiménez Duque fue quien intervino en la celebración de los contratos SEM-PS-4143.26-821-2009 del 9 de octubre de 2009, SEM-PS-4143.0.26-19-2011 del 20 de enero de 2011, SEM-PS-4143.0.26.76-2011 del 26 de enero de 2011, y el SEM-PS-4143.0.26.34.2012 del 23 de enero de 2012, y no el demandado Jhon Jairo Hoyos García.

Adicionalmente, se advierte que el actor no demostró que se cumpliera alguna de las condiciones de control de personas jurídicas que se estudiaron de manera previa, pues sólo se limitó a afirmar que el demandado conservaba su calidad de socio fundador en el periodo inhabilitante, y que en tal término se habían suscrito los contratos enunciados.

Por lo demás, tampoco obra prueba en el plenario que el demandado hubiera utilizado su condición de concejal del Municipio para facilitar o favorecer a la Corporación en la adjudicación de los contratos suscritos.

En tal sentido, no había lugar a decretar la pérdida de investidura pues no se cumplió con el primer supuesto que da lugar a la inhabilidad que alegó el demandante y que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca encontró probada erróneamente.

En consecuencia, se revoca la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se niegan las pretensiones del demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia apelada, del 25 de julio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto decretó la pérdida de la investidura de Concejal del Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, ostentada por el ciudadano JHON JAIRO GARCÍA HOYOS en el período 2012 - 2015.

SEGUNDO.- NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO.- En firme esta decisión, regrese el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Plena en su sesión de 14 de abril de 2016.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA

La parte resolutiva es del siguiente tenor:

“PRIMERO. REVOCAR, la sentencia del 15 de agosto de 2013, proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -, Sección Segunda, Subsección B, en única instancia. En consecuencia, TUTELAR, los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia del señor Sergio David Becerra Benavides.

SEGUNDO.  DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado del 6 de diciembre de 2012 dentro de la acción judicial de pérdida de investidura contra el señor Jhon Jairo Hoyos García, en la cual se resolvió el recurso de apelación revocando la decisión de primera instancia dentro del proceso con número de radicación 76001 2331 000 2012 00633 01. En consecuencia, ORDENAR al mencionado órgano judicial para que de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo solicite a la Secretaría de Educación de la ciudad de Cali allegar los supuestos contratos celebrados por dicha entidad y la Corporación Miguel Ángel Bounarroti, los cuales fueron presentados por el entonces demandante en copia simple. Una vez vencido el término establecido para dar respuesta dicha solicitud, se deberá proferir un nuevo fallo en el cual de conformidad con la autonomía judicial y las reglas de la sana crítica se deben evaluar la totalidad del acervo probatorio del expediente, incluyendo los citados documentos públicos en caso de que éstos hayan sido efectivamente allegados.”
Expediente acumulados 0639, 0623, 0624, 0632, 0633, 0636, 0638, 0643, 0645, 0647, 0651, 0652, 0655, 0656, 0659, 0661, 0667. Actor: Claudia Lucía Flórez Montoya y Otros. M.P Amado Gutiérrez Velásquez.
Los siguientes son algunos de los apartes que se tuvieron en cuenta para adoptar la anotada decisión: “No obstante lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera necesario, realizar un cambio en su línea jurisprudencial, con el fin de ofrecer un desarrollo más garantista y proteccionista de los derechos y principios consagrados en la Constitución Política de 1991.

(…)

Sin embargo, el análisis realizado a través de la SU-226 de 2013 se centró únicamente en la posible configuración de un defecto fáctico, dejando de lado la ocurrencia de otros que igualmente podrían vulnerar el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Como se afirmó en la parte considerativa de la presente providencia, la omisión en el decreto oficioso de pruebas puede concurrir tanto en un defecto fáctico como en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que, en el caso concreto la eventual conducta vulneradora de los derechos constitucionales se materializa en la ausencia de valoración probatoria.

Ante la mencionada circunstancia, el problema jurídico analizado en el presente caso, debe estudiarse, desde la perspectiva de la posible configuración de un defecto fáctico, el deber de oficiosidad del juez y la eventual ocurrencia de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

(…)

De esta manera, cuando dentro de un proceso contencioso administrativo el juez no tiene certeza sobre la ocurrencia de algunos hechos a pesar de que dentro del acervo probatorio existen documentos públicos, así sea en copia simple, de los cuales se pueda inferir razonablemente su ocurrencia, el juez debe decretar las pruebas de oficio con el fin de llegar a la certeza de los hechos y la búsqueda de la verdad procesal. Exigir esta actuación en nada afecta la autonomía judicial para la valoración probatoria toda vez que el hecho de que solicite pruebas de oficio, en particular originales de documentos públicos, no implica necesariamente que se le otorgue pleno valor probatorio a estos. Lo que se pretende es que el juez cuente con los mayores elementos posibles para que dentro de las reglas de la sana crítica valore en su conjunto la totalidad de las pruebas y pueda llegar a un fallo de fondo con la máxima sustentación jurídica y fáctica posible”. Folio 83 de éste Cuaderno. Folios 86 y 91 ibídem. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 1999, Rad. 15405, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. En el mismo sentido ver, de esta Corporación: Sentencia de 5 de mayo de 2005, Radicación número: 66001-23-31-000-1997-03756-01(15326); de 17 de abril de 2007, Radicación número: 11001-03-15-000-2006-00192-00 (PI); de 11 de diciembre de 2007. Radicación número: 11001-03-15-000-2006-01308-00(PI); de 2 de mayo de 2007. Radicación No. 25000-23-26-000-1995-01123-01(16211); de 17 de mayo de 2007. Radicación No.: 05001-23-31-000-2000-03341-01(AG); de 30 de julio de 2008, Radicación número: 07001-23-31-000-1996-00511-01(15079)
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”-. Sentencia de 4 de marzo de 2010. C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicado número: 85001-23-31-000-2003-00015-01(1413-08). Esta posición fue reiterada por la Sección Segunda – Subsección “A”- entre otras sentencias, en la del 22 de noviembre de 2011. C.P.: Alfonso Vargas Rincón. Radicado No. 63001-23-31-000-2001-00448-02(1682-08). Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 23 de junio de 2010. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E). Radicado número: 25000-23-26-000-1993-09056-01(17667). En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias: de 3 de febrero de 2010. C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Radicado número: 76001-23-31-000-1994-00495-01(17288); de 26 de mayo de 2010. C.P.: Gladys Agudelo Ordoñez. Radicado Número: 63001-23-31-000-1998-00125-01(19145), entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección “B”-. Sentencia de 28 de abril de 2011. C.P.: Gerardo Arenas Monsalve. Radicado número: 73001-23-31-000-2006-01286-01(1083-09). Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección “C”-. Sentencia de 9 de mayo de 2011. C.P.: Enrique Gil Botero. Radicado número: 05001-23-31-000-2001-01546-02(36912). Consejo de Estado, Sección Tercera –Subsección “A”. Sentencia de 8 de febrero de 2012. C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicado número: 88001-23-31-000-2000-00014-01(22244)
Consejo de Estado. Sección Tercera -Subsección “C”-, sentencia de 18 de enero de 2012. C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado número: 73001-23-31-000-1999-01250-01(19920). Ver: Consejo de Estado. Sección Tercera -Subsección “A”-, sentencia de 9 de mayo de 2012. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicado número: 52001-23-31-000-1998-00486-01(24094). Consejo de Estado. Sección Tercera –Sala Plena- sentencia de 28 de agosto de 2013. C.P.: Enrique Gil Botero. Radicado número: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). Derogado con posterioridad. Que entrará a regir el 1° de enero de 2041. Radicación: 25000232400020110079801, Actor: Marco Leonardo Benjumea Cachique, Demandado: Camilo Suárez Torres - Diputado del Amazonas, C.P. Mauricio Torres Cuervo.

El suscrito ponente aclaró su voto en la anterior providencia, en consideración a que ha defendido la tesis denominada “autenticidad tácita” de las copias simples, en tanto no sean tachadas de falsas por la parte contra la cual se aducen. De conformidad con el numeral 6 del artículo 627 comenzó a regir el 1° de enero de 2014. Consejo de Estado, Sección Tercera –Subsección “A”. Sentencia de 8 de febrero de 2012. C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicado número: 88001-23-31-000-2000-00014-01(22244). Ibídem. Ver Aclaración de Voto de la Consejera Luz Stella Conto Díaz del Castillo en el proceso 05001-23-31-000-1996-00659-01. Consejo de Estado. Sección Tercera –Sala Plena- sentencia de 28 de agosto de 2013. C.P.: Enrique Gil Botero. Radicado número: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). Corte Constitucional. Sentencia T-264 de 2009. MP: Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia T-213 de 2012. MP: Luis Ernesto Vargas Silva. Ibídem. Ibídem. Consejo de Estado. Sección Tercera –Sala Plena- sentencia de 28 de agosto de 2013. C.P.: Enrique Gil Botero. Radicado número: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). Ibídem. Ibídem. Ibídem. Corte Constitucional, sentencia SU 226 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. En la providencia se sostuvo, entre otros apartes, lo siguiente: “Para la Sala, la exigencia de certificaciones en original, tratándose de documentos públicos en asuntos contencioso administrativos, resulta razonable, pues permite que el juez de instancia, al realizar la debida valoración del material probatorio obrante en el expediente, pueda, por medio de un análisis cuidadoso de los elementos de juicio puestos en su conocimiento, otorgarles, de ser posible, el valor probatorio que estos ameritan, para efectos de una decisión razonable, justa y equitativa, acorde con los principios y valores constitucionales.”
Consejo de Estado. Sección Tercera –Sala Plena- sentencia de 28 de agosto de 2013. C.P.: Enrique Gil Botero. Radicado número: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). Folio 219 del Cuaderno del Tribunal. Sección Primera. Sentencia del 4 de septiembre de 2014. Proceso número: 08001-23-33-000-2013-00249-01 (PI). M.. Guillermo Vargas Ayala. Expediente núm. 68001-23-15-000-2008-00113-01, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Ver artículos 40 a 45. Folios 2 a 3 del Cuaderno número 2. Folios 4 a 15 ibídem. Folios 15 a 16 ibídem. Consejo de Estado. Sección Primera. Expediente número 05001-23-31-000-2008-00079-01. M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de diciembre de dos 2004. Radicación número: 47001-23-31-000-2003-0267-01(PI), Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade. C.P. Dolly Pedraza de Arenas. Radicación: AC-1500. Actor: Jorge Rooselvet Leal Botello. Demandado: Félix Salcedo Baldión. C.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Radicación AC-5061. Actor: Mesa Directiva H. Senado de la República. Demandado: Henry Cubides Olarte. En doctrina de la Supersociedades incluso se dice: “…pueden existir otras formas de control de acuerdo al concepto general del artículo 260 del Código de Comercio. Lo fundamental es la ‘realidad’ del control, de tal manera que éste puede presentarse aún cuando se encuentre atomizado el capital social o el controlante no tenga la calidad de socio”. Doctrina de la Supersociedades contenida en Oficio 220-065692. Publicado el 22 de agosto de 2012 “Situación de Control, vínculos de consanguinidad”. Expediente: 2004-00013, Actor: Alberto Lizardo Gómez Revollo, M.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente núm. 68001-23-15-000-2008-00113-01, Consejera Ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.