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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00220-00

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00220-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2016-00220-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 11001032400020160022000
Demandante: Bayer Intellectual Property GMBH
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con Interés: Yesos y Caolines del Caribe S.A.

Tema: Cancelación por no uso de un registro marcario. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Bayer Intellectual
Property GMBH contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se
declare la nulidad de las Resoluciones núms. 6452 de 19 de febrero de 2015 y
81591 de 15 de octubre de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1 Cfr. Folios 237 a 238 La Sala mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento

manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.

2

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

1. Bayer Intellectual Property GMBH en adelante la parte demandante2, presentó
demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 6452 de 19 de
febrero de 2015 “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una
marca”5, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la
Resolución núm. 81591 de 15 de octubre de 2015, “Por la cual se resuelve un
recurso de apelación”6, expedida por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada mantener vigente el registro marcario núm. 202.674 que corresponde
a la marca nominativa ANCLA que identifica productos de la Clase 1 de la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7:

“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución N° 6452 de 19 de febrero
de 2015 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio resolvió CANCELAR TOTALMENTE POR NO USO el
registro N° 202.674 de la marca ANCLA (NOMINATIVA) para productos de la
clase primera (1a) internacional.

2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 81591 de 15 de octubre
de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de
apelación interpuesto por BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH contra
la Resolución N° 6452 de 19 de febrero de 2015 resolviendo confirmarla y
mantener la decisión de CANCELAR POR NO USO el registro Nº 202.674 de la
marca ANCLA (NOMINATIVA) para la clase primera (1°) internacional y declarar
agotada la vía gubernativa. […]”.

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 3
3 Cfr. Folios 29 a 56
4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
5 Esta resolución canceló por no uso el registro de la marca nominativa ANCLA para identificar productos de la

Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. Cfr. Folios 12 a 16
6 Cfr. Folios 17 a 21
7 Cfr. Folios 31 a 32

3

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

“[…] 2.3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio que NIEGUE LA CANCELACIÓN del registro N° 202.674 de la marca
ANCLA (NOMINATIVA), para identificar productos de la clase primera (1)
internacional propiedad de la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH, manteniendo incólume la cobertura del título para los productos para los
que originalmente se solicitó y obtuvo el registro de la marca.

2.4. Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio modificar la inscripción de
cancelado de la marca ANCLA (NOMINATIVA) registro N° 202.674 de
titularidad de BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, restituyendo la
vigencia y cobertura del título para los productos para los que originalmente se
solicitó y obtuvo el registro de la marca en el registro de la propiedad industrial
a su cargo.

2.5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la
sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos

5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

5.1. Yesos y Caolines del Caribe S.A., en adelante, el tercero con interés directo en
el resultado del proceso, solicitó el 18 de julio de 2014 la cancelación por no uso de
la marca nominativa ANCLA que distingue productos de la Clase 1 de la
Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la parte demandante,

5.2. La referida solicitud fue admitida el 1 de agosto de 2014, mediante oficio núm.
9402, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante.

5.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución
núm. 6452 de 19 de febrero de 2015, canceló el registro de la marca nominativa
ANCLA para para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional
de Niza.

5.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 6452 de 19 de
febrero de 2015.

4

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5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la
Resolución núm. 81591 de 15 de octubre de 2015, resolvió el recurso de apelación,
en el sentido de confirmar la Resolución núm. 6452 de 19 de febrero de 2015.

Normas violadas

6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

6.1 Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

7. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de la
violación así:

Único cargo: Violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de
2000

7.1. Existió una violación directa por aplicación indebida de los artículos 165, 166 y
167 de la Decisión 486 de 2000 por errónea valoración probatoria, teniendo en
cuenta que en el procedimiento administrativo se demostró el uso del producto
químico para el tratamiento de semillas, de manera que no procedía la cancelación
del registro de la marca nominativa ANCLA.

7.2. La calidad del producto identificado con la marca nominativa ANCLA, fue
indebidamente valorado por la parte demandada, pues concluyó que el producto
corresponde a un plaguicida, correspondiente a la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza, omitiendo que tiene un doble propósito, pues además de ser
un fungicida e insecticida, se utiliza para el tratamiento de semillas.

7.3. El producto identificado con la marca nominativa ANCLA, es de doble uso, pues
tiene cabida en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza al cumplir
funciones de producto químico para el tratamiento de las semillas de arroz y, a su

8 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial”

5

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

vez, se encuentra registrado en la Clase 5 ibidem por sus dos ingredientes activos,
por ello es razonable entender que pertenezca a estas dos clases.

7.4. Hubo una indebida valoración probatoria por la parte demandada respecto del
certificado expedido por el revisor fiscal, pues su objetivo no era demostrar las
especificaciones técnicas del producto, sino los resultados de los registros
contables de la compañía en relación con este.

7.5. También hubo una violación a los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de
2000 por falta de aplicación, habida cuenta que la parte demandante cumplió con la
carga probatoria que dichos artículos prevén y, sin embargo, el registro de la marca
fue cancelado.

7.6. No puede darse cabida a la afirmación de la parte demandada, según la cual
es improcedente mantener el monopolio en el uso de una expresión sobre productos
que no tienen representación comercial en el mercado, puesto que ello no es cierto,
en la medida que el uso y representación de la marca nominativa ANCLA si fue
demostrado a través de facturas y la certificación del revisor fiscal.

7.7. Durante el trámite y estudio de cancelación de la marca nominativa ANCLA, la
parte demandada no acudió a los criterios auxiliares de la clasificación internacional
de productos y servicios, instrumento que le hubiera permitido determinar que el
producto comercializado ANCLA FS que ampara la marca cancelada, corresponde
a la categoría de productos con usos múltiples que pueden clasificarse en cada una
de las clases que correspondan a sus funciones o destinos.

Contestación de la demanda

8. La parte demandada9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

Respecto al cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión
486 de 2000

9 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 178
10 Cfr. Folios 169 a 177

6

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8.1. Con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en violación alguna
de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, por lo que los actos acusados
se ajustan plenamente a derecho y a lo previsto en las normas vigentes en materia
marcaria.

8.2. Las pruebas aportadas al procedimiento administrativo por la parte
demandante están relacionadas con el uso de la marca ANCLA con el número de
registro 202486 que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza, siendo improcedentes e impertinentes para probar el uso de
la marca ANCLA registrada en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza
con certificado 202674 y que fue objeto de cancelación.

8.3. La parte demandante no logró demostrar el uso efectivo y continuo dentro del
mercado de la marca nominativa ANCLA identificada con el certificado de registro
No 202674 de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se
subsume en los presupuestos fácticos previsto en el artículo 165 de la Decisión 486
de 2000.

8.4. Respecto del argumento que la marca ANCLA que distingue productos de la
Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, otorga un doble propósito, al servir
como plaguicida y para el tratamiento de semillas, circunstancia que permitiría estar
amparadas en las clases 1 y 5 ibidem, al revisar el material probatorio se encuentra
que de los documentos que describen las características técnicas del producto,
como la Resolución núm. 00241 de 3 de febrero de 2012 expedida por el ICA,
muestran una descripción del producto ANCLA FS como un plaguicida.

8.5. Aunado a lo anterior “[...] al revisar los componentes activos del producto
descrito en su etiqueta son “Imidacloprid” siendo un neonicotinoide, que es un tipo
de insecticidas neuroactivo diseñado a partir de la nicotina, utilizada en el control de
plagas en (sic) y “Tebuconazole”, es un fungicida, por lo su finalidad principal es la
de ser plaguicida químico de uso agrícola11[...]”.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

11 Cfr. Folio 176

7

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9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda12
y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

9.1. La parte demandante no demostró un uso efectivo y/o continuo de la marca
nominativa ANCLA para amparar productos de la Clase 1 de la Clasificación
Internacional de Niza.

9.2 La demanda se encuentra desprovista de sustentación pues no demostró
oportuna y debidamente el uso de la marca nominativa ANCLA.

Audiencia Inicial y audiencia de pruebas

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de diciembre de 201913,
convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial.

10.1. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 13 de diciembre de 201914:
i) reprogramó la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial de 20 de enero de
202015, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el
núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna
excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la
posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió
sobre el decreto y práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad; y
la parte demandante interpuso recurso de súplica en contra de la decisión del auto
de pruebas.

10.2. La Sala, mediante auto proferido el de 30 de junio de 202016, resolvió el
recurso de súplica indicado supra, en el sentido de confirmar el auto de pruebas.

10.3. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de octubre de 2020 17, i)
citó a la continuación de la audiencia inicial; y ii) en la audiencia de 19 de octubre

12 Cfr. Folios 232 a 235

13 Cfr. Folios 254 a 255
14 Cfr. Folio 264
15 Cfr. Folios 276 a 289
16 Cfr. Folios 296 y 297.
17 Cfr. Folios 304 y 305.

8

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de 202018; consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; ordenó
la suspensión del proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas comunitarias
andinas aplicables; y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de interpretación prejudicial

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de noviembre de 202019, remitió
la documentación correspondiente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
dentro del trámite de interpretación prejudicial, con fundamento en las normas
comunitarias andinas aplicables; y este profirió la interpretación prejudicial 243-IP-
2020 de 22 de abril de 202020, en la que indicó:

“[…] La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y
167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se
interpretan por ser pertinentes […]”.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de julio de 202121, ordenó
reanudar el proceso y consideró innecesaria la realización de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la
presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio
Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a
bien lo tenía.

12.1. La parte demandante22 reiteró los argumentos señalados en la demanda.

12.2. La parte demandada23 reiteró los argumentos señalados en la
contestación de la demanda.

18 Cfr. Folios 312 a 316.
19 Cfr. Folios 323 y 324.
20 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”.
21 Cfr. Índice 80 del aplicativo web “SAMAI”.
22 Cfr. Índice 86 del aplicativo web “SAMAI”.
23 Cfr. Índice 87 del aplicativo web “SAMAI”.

9

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12.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso24 reiteró los
argumentos señalados en la contestación de la demanda.

Concepto del Ministerio Público

13. El Agente del Ministerio Público25 rindió concepto en los siguientes términos:

13.1 La parte demandante no acreditó el uso real y efectivo de la marca ANCLA
dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de
cancelación de esta.

13.2 Los cargos propuestos por parte demandante no poseen ninguna vocación de
prosperidad lo que obliga a que las suplicas de la demanda deban ser despachadas
desfavorablemente.

13.3 Concluyó, que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda, por lo
que los actos acusados habrán de permanecer incólumes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la
normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco
normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 243-IP-2020 de 22 de abril de 2021; vii) el
marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco
normativo del régimen probatorio y, ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del
Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12

24 Cfr. Índice 89 del aplicativo web “SAMAI”.
25 Cfr. Índice núm. 88 aplicativo web SAMAI

10

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de marzo de 201926, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta
Sección es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a
decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos acusados

17. Los actos acusados son los siguientes:

17.1 La Resolución núm. 6452 de 19 de febrero de 201527, mediante la cual la
Directora de Signos Distintivos canceló por no uso el registro de la marca nominativa
ANCLA para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de
Niza.

17.2 La Resolución núm. 81591 de 15 de octubre de 201528, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de
apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 6452 de 19 de febrero de
2015.

El problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la
misma presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la
Interpretación Prejudicial, determinar:

18.1 Si las resoluciones núms. 6452 de 19 de febrero de 2015 y 81591 de 15 de
octubre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante las cuales se canceló por no uso el certificado de registro marcario núm.
202674, correspondiente a la marca nominativa ANCLA, que identificaba “productos
químicos para uso agrícola y jardinería forestal, para tratamiento de semillas y

26 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
27 Cfr. Folios 12 a 16.
28 Cfr. Folios 17 a 21.

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abonos. productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía,
horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en
estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para
el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los
alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”,
productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión
486 de 2000 de la Comunidad Andina y , en consecuencia, determinar se hay lugar
o no a declarar la nulidad de los actos acusados y el restablecimiento del derecho
solicitado.

182.2 En este sentido, se analizará, si la parte demandante demostró el uso de la
marca referida supra para identificar los productos respecto de los cuales fue
concedida en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo
de tiempo relevante comprendido entre el 18 de julio de 2011 y 19 de julio de 2014.

19. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó
los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000.

20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la
nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada, y al
restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena29, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

29 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

12

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Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200030 de la Comisión de la Comunidad Andina31.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina32

22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina33 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

30 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de

decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su
artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros
y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de
Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio”
que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En
cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la
Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el
mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir
el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre
de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de
1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,
ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente;
y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y
transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
31 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa

su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
jurídico comunitario andino.
32 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por

el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
33 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,

aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.

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de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de
los Estados Miembros.

24. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar
su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

25. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del
Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

26. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere
susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y
solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal
[…]”.

27. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los
efectos de la interpretación solicitada […]”.

28. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 243-IP-2020 de 22 de abril de 2021

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29. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación
Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este
caso34:

“[…] 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación total por falta
de uso del registro de la marca ANCLA (denominativa), es pertinente realizar el
análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.

1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante
la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una
traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en
cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca,
para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de
marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho
principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o
servicios que ampara se encuentran disponible en el mercado bajo esa marca y
en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su
comercialización.

1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el
medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y
servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo,
el producto que identifica la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no
se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o
servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.

[…]

1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la
figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en
consideración lo siguiente:

a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Articulo 165 de la
Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser
promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier
persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el
solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva,
lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no
utilizado

b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165
establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por
no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y
debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite
de concesión de registro de marca.

34 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”.

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Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del
plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para
interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación.

c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca,
es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario
de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países
Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación.

2. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos
en el comercio

2.1. Teniendo en cuenta que la materia controvertida en el presente proceso es
el uso efectivo de la marca ANCLA (denominativa) y la carga de la prueba, este
Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre
a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a
efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

[…]

2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar
con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado – que ofreció a los
consumidores– los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con
su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que
contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera
realizado.

[…]

2.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del
Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la
marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera
ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que
se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta
que el titular acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la
marca en los términos explicados anteriormente.

2.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener
presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad
y modo que corresponde de acuerdo con la naturaleza del producto, debe
considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se
circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala,
en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o
servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a
disposición en el mercado de los productos y servicios vinculada conjuntamente
con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca
como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa
dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos,
Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

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3.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo que la titular de la
marca ANCLA (denominativa) no ha logrado acreditar el uso de la marca, resulta
necesario desarrollar los alcances del Articulo 167 de la Decisión 486

3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso
corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al
solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 167
de la Decisión 486, es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso
real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

3.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no
taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de
una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los
medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la
autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de
conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]”.

Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso

30. Visto el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de
cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo
justificado, la marca no se hubiese utilizado. En consecuencia, le corresponde a la
autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo
que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer
la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que
distingue la marca. Asimismo, prevé que no podrá iniciarse la acción de cancelación
antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la
resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía
administrativa.

31. Visto el inciso 4º. del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 “[…] El registro
no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre
otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina
nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta
de uso. De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el
registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

32. Visto el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, una marca se encuentra en
uso cuando i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad

17

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización en el mercado y ii) distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Países Miembros. Adicionalmente, una marca
usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada
por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter
distintivo.

33. Visto el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, el uso de la marca podrá
demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones
de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercialización de las mercancías identificadas con la marca. Asimismo, la carga
de la prueba del uso corresponde al titular del registro.

Marco normativo sobre régimen probatorio

34. Visto el artículo 211 de la Ley 1437 según el cual en los procesos que se
adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia
probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564 de 12 de
julio de 201235, en lo que no esté expresamente previsto en la Ley 1437; y el artículo
212 ibidem, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben
solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean
apreciadas por el juez.

35. Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba
son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el
dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del
juez.

36. Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen.

35 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

18

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

37. Visto el artículo 176 ibidem, el cual dispone que las pruebas deberán ser
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio
de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que
le asigne a cada prueba.

Acervo probatorio

38. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes:

• Resolución 00241 de 3 de febrero de 2012 expedida por el ICA mediante la
cual se modifica el Registro Nacional No. 342 de 2007 en lo relacionado con
titular, pasando de Bayer Cropscience S.A. a Bayer S.A., concerniente a la
Licencia otorgada por el ICA para el producto ANCLA.

• Certificación del Revisor Fiscal de Bayer S.A. – PricewaterhouseCoopers
Ltda., expedida el 20 de octubre de 2014, mediante el cual se da cuenta del
importe total en ventas durante los años 2012, 2013 y 2014 para el producto
ANCLA, discriminado en sus dos presentaciones, es decir de 60 Litros y 5
Litros.

• Certificación del Revisor Fiscal de Bayer S.A. – PricewaterhouseCoopers
Ltda., expedida el 20 de octubre de 2014, mediante el cual se da cuenta de
la producción del producto ANCLA, discriminado en sus dos presentaciones,
es decir de 60 litros y 5 litros.

• Etiqueta del producto de la marca ANCLA que contiene la recomendación de
uso, recomendación de manejo, beneficios de la protección con el mismo y
las presentaciones ofrecidas.

• Etiqueta que contiene una campaña denominada “ANCLE SU CULTIVO,
ANCLE SU INVERSIÓN” válida de 1 de marzo a 31 de mayo de 2014, del
producto de marca ANCLA.

• Etiqueta que contiene un Bono de Descuento por la compra del producto
identificado con la marca ANCLA, por el periodo abril y mayo de 2012.

• Grafía de la etiqueta utilizada para empacar el producto ANCLA.

• Copia de las facturas de ventas del producto identificado con la marca
ANCLA en Colombia, para el periodo comprendido entre septiembre de 2012
y febrero de 2014

• Copia de la etiqueta del producto ANCLA aprobada por el ICA el 24 de enero
de 2012.

• Copia de artículo del periódico PORTAFOLIO en el que se hace mención de
la entrada del producto ANCLA al mercado en el año 2007

19

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

• Ejemplar parcial de la Resolución 630 de la Comunidad Andina - Manual Técnico
Andino para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola.

• Copia de ocho (8) facturas comerciales expedidas por BAYER S.A. por la venta
de diferentes productos incluyendo aquellos identificados con la denominación
ANCLA.

• Copia parcial de Vademécum que incluye una descripción del producto ANCLA
FS

Análisis del caso concreto

39. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco
normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; y atendiendo a los
argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver
los problemas jurídicos planteados supra.

40. En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación:

MARCA NOMINATIVA ANCLA
ANCLA36

Titular: Bayer Intellectual Property GmbH
Certificado núm. 202674
Clase 1: “productos químicos para uso agrícola y jardinería forestal. para
tratamiento de semillas y abonos. productos químicos destinados a la
industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales
en estado bruto; materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras;
composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de
metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos;
materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.”

41. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la
cancelación de su registro por no uso.

Del cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de
2000

36 Cfr. Folios 22 y 23.

20

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

42. En la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso se señalan los
presupuestos procesales y probatorios de la figura de la acción de cancelación por
no uso de la marca:

“[…] De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la
figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en
consideración lo siguiente:

a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165
de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede
ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier
persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el
solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva,
lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no
utilizado.

b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165
establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por
no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar en firme y
debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite
de concesión de registro de marca.

[…]

c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de la
marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el
licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de
los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicie la acción de cancelación. […]”37.

43. Conforme a lo anterior, la Sala considera que se dan por cumplidos los dos
primeros supuestos, teniendo en cuenta que: i) el trámite se inició a solicitud de
parte, por el tercero con interés directo en el resultado del proceso oportunamente;
y ii) la marca fue concedida el 29 de octubre de 1997 por lo que, a la fecha de
presentación de la solicitud de cancelación38 ya habían pasado más de tres años
contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión
del registro de la marca.

44. En consecuencia, restaría analizar si la marca fue usada por la parte
demandante durante los tres años consecutivos precedentes al 18 de julio de 2014,
fecha en que se solicitó la cancelación, esto es, entre el 18 de julio de 2011 y 19 de
julio de 2014, que para efectos de esta sentencia es el periodo relevante del uso.

37 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación
Prejudicial 243-IP-2020 de 22 de abril de 2021, págs. 4 y 5.
38 Solicitud de cancelación de registro por no uso radicada el 18 de julio de 2014.

21

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

45. En este sentido, la Sala procederá a estudiar y analizar: i) si dentro del periodo
relevante la marca nominativa ANCLA con certificado de registro núm. 202674 fue
usada de manera real y efectiva por la parte demandante o por un tercero autorizado
por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina; y ii)
si la parte demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la
cancelación total del registro.

46. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación
Prejudicial39, señaló los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar
si una marca ha sido usada o no de manera efectiva:

“[…] a) cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde,
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo
anterior.

c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue
registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter
distintivo […]” (Resaltado de la Sala)

47. En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá
demostrar que los productos que identificaba la marca fueron puestos en el
comercio o se encontraban disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que
normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en
cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización en el mercado.

48. De conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley 1437 y 173 de la Ley 1564,
sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y
176 de la Ley 1564 sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de
las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a
valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas durante el
procedimiento administrativo y el presente proceso judicial, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre

39 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación

Prejudicial 243-IP-2020 de 22 de abril de 2021, pág. 6.

22

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, con el objeto de determinar si la parte demandante demostró el uso
real y efectivo de la marca nominativa ANCLA, registrada para identificar “productos
químicos para uso agrícola y jardinería forestal. para tratamiento de semillas y
abonos. productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía,
horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en
estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para
el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los
alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”,
productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo
relevante comprendido entre el 18 de julio de 2011 y 19 de julio de 2014.

49. Las pruebas de uso allegadas por la parte demandante dentro del trámite
administrativo40 consisten en:

• Resolución 00241 de 3 de febrero de 2012 expedida por el ICA mediante la
cual se modifica el Registro Nacional No. 342 de 2007 en lo relacionado con
titular, pasando de Bayer Cropscience S.A. a Bayer S.A., concerniente a la
Licencia otorgada por el ICA para el producto ANCLA.

• Certificación del Revisor Fiscal de Bayer S.A. – PricewaterhouseCoopers
Ltda., expedida el 20 de octubre de 2014, mediante el cual se da cuenta del
importe total en ventas durante los años 2012, 2013 y 2014 para el producto
ANCLA, discriminado en sus dos presentaciones, es decir de 60 Litros y 5
Litros.

• Certificación del Revisor Fiscal de Bayer S.A. – PricewaterhouseCoopers
Ltda., expedida el 20 de octubre de 2014, mediante el cual se da cuenta de
la producción del producto ANCLA, discriminado en sus dos presentaciones,
es decir de 60 litros y 5 litros.

• Etiqueta del producto de la marca ANCLA que contiene la recomendación de
uso, recomendación de manejo, beneficios de la protección con el mismo y
las presentaciones ofrecidas.

• Etiqueta que contiene una campaña denominada “ANCLE SU CULTIVO,
ANCLE SU INVERSIÓN” válida de 1 de marzo a 31 de mayo de 2014, del
producto de marca ANCLA.

• Etiqueta que contiene un Bono de Descuento por la compra del producto
identificado con la marca ANCLA, por el periodo abril y mayo de 2012.

• Grafía de la etiqueta utilizada para empacar el producto ANCLA.

40 Cfr. Folios 134 a 154

23

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

• Copia de las facturas de ventas del producto identificado con la marca
ANCLA en Colombia, para el periodo comprendido entre septiembre de 2012
y febrero de 2014

• Copia de la etiqueta del producto ANCLA aprobada por el ICA el 24 de enero
de 2012.

• Copia de artículo del periódico PORTAFOLIO en el que se hace mención de
la entrada del producto ANCLA al mercado en el año 2007

50. Adicionalmente se evidencian otras pruebas de uso allegadas por la parte
demandante dentro del trámite administrativo41, consistentes en:

• Ejemplar parcial de la Resolución 630 de la Comunidad Andina - Manual Técnico
Andino para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola.

• Copia de ocho (8) facturas comerciales expedidas por BAYER S.A. por la venta
de diferentes productos incluyendo aquellos identificados con la denominación
ANCLA.

• Copia parcial de Vademécum que incluye una descripción del producto ANCLA
FS

51. La Sala, en sentencia proferida el 14 de abril de 201642, consideró que los
documentos que se encuentren en copia simple deben ser valorados como pruebas
que integran el acervo probatorio, siempre que no hayan sido tachados de falsos ni
se haya controvertido su contenido, al respecto indicó:

“[…] La Sala prohíja la posición expresada por la Sección Tercera en la
sentencia que unificó su posición, esto es la de 28 de agosto de 2013, en la cual
hizo referencia al espíritu del legislador en el derecho moderno, que se ve
reflejado en las reformas legales de los últimos tiempos.

El nuevo paradigma, está plasmado en las Leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011,
y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador es el de modificar
el modelo imperante con los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

Entonces, a la luz de la Constitución Política no es aceptable que el juez
niegue las pretensiones dentro de un proceso en el cual los documentos
en copia simple aportados por las partes reposan en el expediente, pues
ello significaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio
de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el
acceso efectivo a la administración de justicia43.

41 Cfr. Folios 163 a 167
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de

2016, número único de radicación 76001-23-31-000-2012-00633-01, MP Guillermo Vargas Ayala.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera -Sala Plena-, sentencia de 28 de agosto de 2013, número único de

radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01, MP Enrique Gil Botero.

24

Núm. único de radicación: 11001032400020160022000

Ello no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad)
o que aún no estaban vigentes para el caso concreto (ultractividad),
simplemente se quiere reconocer que el modelo que traen las normas
procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener
mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo
probatorio, para lo cual puede considerar documentos que se encuentran
en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por
cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la
referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos,
etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer
los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con
el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso
concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad44.

De allí que, se llame la atención en el hecho de que no puede el juez actuar
con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o
adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, la
cual la Sección Segunda y Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones
[…].

Finalmente, la Sala reitera que la tesis expuesta no implica que se releve a
las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador
establece o determina para la prueba de específicos hechos o
circunstancias (v.gr. la constancia de ejecutoria de una providencia judicial
para su cumplimiento; […].

Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la
prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta
ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La
unificación consiste, por tanto, en la valoración de las copias simples que
han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de
contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron
tacharlas de falsas o controvertir su contenido. […]45” (Resalta la Sala).

52. Así las cosas, la Sala valorará los documentos aportados y decretados que se
encuentran en copia simple, entre otros, para efectos de analizar si demuestran o
no el uso efectivo de la marca nominativa ANCLA cuya cancelación realizó la parte
demandada.

53. La Sala considera que varias de las pruebas que fueron aportadas en el trámite
administrativo no logran acreditar el uso real y efectivo de la marca para identificar
productos en la clase 1 de la Clasificación de Niza dentro del periodo relevante de
uso. Particularmente, la Sala advierte que:

53.1. Si bien la marca ANCLA está fijada en las etiquetas visibles en los folios
146 a 150, la información adicional que se evidencia en estos documentos permite

44 Ibídem.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera -Sala Plena-, sentencia de 28 de agosto de 2013, número único de

radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01, MP Enrique Gil Botero.

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concluir que se trata de un producto que combate plagas como la sogata46 y el
cucarro47, razón por la cual es factible concluir que la marca ANCLA identifica un
producto específico que permite eliminar plagas, producto que pertenece a la Clase
5 de la Clasificación Internacional de Niza y no a la Clase 1 ibidem, dentro de la cual
está concedido el registro marcario objeto de estudio.

53.2. Por su parte, en la Resolución núm. 000241 del 3 de febrero de 201248,
por medio de la cual el Subgerente de Protección Vegetal del Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA modificó el Registro Nacional núm. 342 otorgado mediante
Resolución núm. 001212 del 14 de mayo de 2007, se advierte que el producto
identificado con la marca ANCLA es un plaguicida químico de uso agrícola,
concretamente un insecticida y fungicida para el tratamiento de semillas. De hecho,
también se evidencia que la parte demandante está registrada ante esta entidad
como “[…] Formulador, Importador, Exportador, Envasador de Plaguicidas
Químicos de Uso Agrícola […]”.

53.3. De igual forma, se advierte que la etiqueta aprobada por el ICA, indica de
manera clara e inequívoca que el producto identificado con la marca ANCLA es un
“Insecticida y Fungicida – Agrícola”49.

53.4. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los productos que
identifica la marca nominativa ANCLA no pertenecen a la Clase 1 de la Clasificación
de Niza toda vez que ni los insecticidas ni los fungicidas se encuentran dentro de
esta clasificación.

53.5. Respecto al extracto de la revista PORTAFOLIO visible a folio 154 del
expediente, se advierte que expone el lanzamiento de un nuevo producto para el
tratamiento de semillas, el cual permite manejar el síndrome de muerte súbita en
los cultivos de soya, “[…] esta enfermedad es causada por el hongo Fusarium
virguliforme e intensificada por nemátodos [...]”. Adicionalmente, se enuncia una

46 “El saltahojas Tagosodes orizicolus (Muir), anteriormente clasificado como Sogatodes orizicola (Asche y

Wilson,1990), conocido por los agricultores como "sogata", es una de las plagas de mayor importancia
económica en el cultivo del arroz en América Latina y el Caribe. El insecto causa dos tipos de daños: uno
indirecto por ser el único vector conocido del virus de la Hoja Blanca (VHB), y otro directo al alimentarse y
ovipositar sobre la planta (Gálvezy Jennings,1959) (…)”. Tomado de la Página Web
https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/15604. Consultado el 2 de mayo de 2024.
47 “Se describe el insecto Eutheola bidentata, plaga de la raíz de los cultivos de maíz y sorgo.” Tomado del

Sitio Oficial de la Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA:
https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/20610. Consultado el 2 de mayo de 2024.
48 Cfr. Folio 137.
49 Cfr. Folio 139.

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lista de productos de titularidad de la parte demandante dentro de los cuales se
encuentra el producto identificado con la denominación ANCLA.

53.6. Ahora bien, del extracto indicado se advierte que se está haciendo
referencia a productos cuya finalidad es tratar y/o erradicar plagas, lo anterior,
teniendo en cuenta que de la lectura del texto se puede concluir que: i) el producto
cuyo lanzamiento al mercado se está informando busca manejar específicamente
una plaga producida por un hongo y gusanos; y, ii) se hace énfasis en que la parte
demandada “[…] ha sido referente mundial con innovaciones como Gaucho (en el
año 2000), Ancla (2007), Audax (2008), Poncho y Votivo, para la protección de
semillas de arroz, maíz, algodón, soya, sorgo, papa, habichuela, papa y otros […]”,
productos usados para combatir plagas50.

53.7. En ese sentido, es claro que esta prueba documental indica que la marca
ANCLA identifica productos químicos para el tratamiento de plagas, productos que
como hemos mencionado, pertenecen a la clase 5 de la Clasificación Internacional
de Niza.

53.8. Si bien con documentos como la certificación del revisor fiscal visible en
el folio 145 mediante la cual se demostró el importe total de ventas durante los años
2012, 2013 y 2014, y las facturas visibles en folios 151 a 153 y 164 a 167, se
evidencia que en efecto los productos identificados con la marca ANCLA se han
comercializado en el mercado y, por ende, se han obtenido ingresos por la venta de
los mismos, estas pruebas no pueden ser valoradas de manera aislada e
independiente del resto de material probatorio aportado, comoquiera que de
conformidad con la normatividad y jurisprudencia andina, todas las pruebas de uso
deben analizarse en conjunto, teniendo en cuenta la naturaleza y las características
específicas de los productos amparados por el registro marcario en cuestión.

53.9. No obstante, la Sala advierte que las facturas aportadas cumplen con los
requisitos previstos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, al contener la
identificación del vendedor y del adquiriente, el número consecutivo, la fecha de
expedición, la descripción de los bienes objeto de venta y el valor de la operación.

50 Disponible en: https://www.agro.bayer.co/es-co/productos.html Consultado el 2 de mayo de 2024.

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53.10. Finalmente, el documento visible en el folio 141, dentro del cual se advierte
la certificación que autoriza a la sociedad Bayer S.A. para que sea importador y
distribuidor de los productos identificados con la marca nominativa ANCLA y para
que la utilice a título de marca, no evidencia un uso real y efectivo de la marca en el
territorio nacional per se, toda vez que con la sola autorización de comercialización
no se demuestra cómo ni de qué forma se ha usado la marca en el mercado.

54. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la parte demandante
aportó pruebas que pretenden evidenciar el uso real y efectivo de la marca
nominativa ANCLA respecto de productos diferentes a los amparados por la Clase
1 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales está concedido el registro
marcario núm. 202674. Es decir que las pruebas aportadas están relacionadas con
un producto insecticida y fungicida el cual se encuentra en la clase 5 de la
Clasificación Internacional de Niza.

55. Frente a este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, consideró que:

“[…] El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de
los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y
efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una
marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades
pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su
comercialización.

1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el
medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y
servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el
signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el
mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin
que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla
con su función distintiva. […]”51 (Resaltado y negrilla fuera del texto original)

56. Lo anterior resulta relevante para el presente análisis en la medida en que la
función distintiva de la marca se materializa cuando el consumidor puede vincularla
o relacionarla con un producto específico del mercado, por lo tanto, el uso de la
marca debe demostrarse respecto de los productos y/o servicios para los que fue
concedido su registro.

51 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación

Prejudicial 243-IP-2020 de 22 de abril de 2021, pág. 4.

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57. En tal sentido y de conformidad con la normatividad andina aplicable, se
entiende que una marca se encuentra en uso partiendo de la base elemental de que
los productos identificados con la marca respecto de la cual se está demostrando
su uso, sean los mismos consignados en el registro correspondiente.

58. Así, se recuerda que la marca nominativa ANCLA con el registro marcario núm.
202674 fue concedida para identificar “[...] productos químicos para uso agrícola y
jardinería forestal, para tratamiento de semillas y abonos; productos químicos
destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas
artificiales en estado bruto; materias plásticas en estado bruto; abono para las
tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de
metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias
curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria [...]”.

59. Esta Sala advierte que dentro del acervo probatorio no se encuentran pruebas
que demuestren el uso de ninguno de los productos anteriormente mencionados. Si
bien en el escrito de demanda la parte demandante señaló que “[…] el producto
ANCLA FS tiene un doble propósito y finalidad puesto que al mismo tiempo que el
producto enfatiza ser un fungicida e insecticida, es un producto químico para uso
agrícola para el tratamiento de semillas. […]”52, del material probatorio aportado no
se advierte prueba alguna que en efecto le permita a esta Sala confirmar que el
producto identificado con la marca nominativa ANCLA tiene una doble
funcionalidad, sirviendo también para el tratamiento agrícola de semillas.

60. En efecto, algunas de las pruebas documentales aportadas evidencian que los
compuestos químicos que conforman el producto identificado con la marca
nominativa ANCLA son insecticidas y fungicidas, por ejemplo, los neonicotinoides
son “[…] una familia de insecticidas relativamente moderna muy usada para tratar y
prevenir las plagas de insectos en los cultivos […]”53, el imidacloprid también es un
insecticida que se usa para el control de insectos54 y el compuesto químico
tebuconazole es un fungicida55.

52 Cfr. Folio 43.
53 Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-neonicotinoides-y-su-efecto-en-las-abejas-

1648.html. Consultado el 2 de mayo de 2024.
54 Disponible en: http://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/index.php/base-de-datos-menu/331-

imidacloprid. Consultado el 2 de mayo de 2024.
55 Disponible en: http://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/index.php/base-de-datos-menu/513-

tebuconazol. Consultado el 2 de mayo de 2024.

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61. En ese sentido, no es posible comprobar que este producto también sirva para
el tratamiento de las semillas, de manera independiente y separada de su función
de insecticida y fungicida, por el contrario, lo que se evidencia es que el tratamiento
de las semillas se da en virtud de las características propias del producto para tratar
y eliminar plagas.

62. En concordancia con lo anterior, la Sala considera que, como lo conceptuó el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial
proferida para este proceso, “[…] La carga de la prueba en el trámite de cancelación
de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de
cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca
probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca […]”. 56

63. En ese sentido, el caso sub examine la parte demandante tenía la carga
probatoria de demostrar que en efecto el producto identificado con la marca
nominativa ANCLA, objeto de acción de cancelación por no uso, goza de una doble
funcionalidad que le permite mantener el registro marcario en la Clase 1 de la
Clasificación Internacional de Niza al identificar productos químicos para uso
agrícola y jardinería forestal para tratamiento de semillas y abonos; sin embargo,
solamente aportó pruebas en las que pretende evidenciar el uso de la marca
nominativa ANCLA para identificar insecticidas y fungicidas, productos que se
encuentran en la Clase 5 ibidem, sin que haya demostrado de manera clara e
inequívoca que estos productos tienen una finalidad diferente a eliminar plagas, y
por lo tanto cumplen con la naturaleza, propósito y función de los productos de la
clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

Conclusión

64. La Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos
acusados, no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 por
cuanto la parte demandante no probó el uso de la marca nominativa ANCLA de

56 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”.

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manera real y efectiva en el mercado, y en la forma en como fue registrada, para
identificar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

65. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los
cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que
ampara los actos acusados y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones
de la demanda.

Condena en costas

66. Visto el artículo 365 numeral 8 de la Ley 1564, sobre condena en costas, y
atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no
aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte
demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión
500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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