Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00138-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00138-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2025-00138-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 680012333000202500138011
Recurso de apelación contra la sentencia de 25 de abril de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
Solicitantes: ESTEBAN RODRÍGUEZ VALENCIA Y GERMÁN
ESCOBAR HIGUERA
TESIS: VOTAR AUTORIZACIÓN PARA QUE REPRESENTANTE LEGAL GESTIONE
NEGOCIOS Y CELEBRE CONTRATOS CON EL ESTADO, NO CONFIGURA LA
INHABILIDAD DEL ARTÍCULO 43, NUMERAL 3, DE LA LEY 136. CALIDAD DE
SOCIO EN UNA EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO Y CRITERIOS QUE
DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA VALORAR QUÉ TAN DETERMINANTE ES LA
PARTICIPACIÓN DE UN SOCIO EN LAS DECISIONES EJECUTADAS EN NOMBRE
DE UNA PERSONA JURÍDICA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los solicitantes
contra la sentencia de 25 de abril de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual se denegó la
pérdida de investidura del concejal del Distrito Especial Portuario,
Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja, en adelante
distrito de Barrancabermeja, señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, podrán confrontarse de forma virtual.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00138 01
Solicitantes: ESTEBAN RODRÍGUEZ VALENCIA Y GERMÁN
ESCOBAR HIGUERA
CORTÉS, por hechos ocurridos en ejercicio del período constitucional
2024-2027.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- Los ciudadanos ESTEBAN RODRÍGUEZ VALENCIA y
GERMÁN ESCOBAR HIGUERA, actuando en nombre propio,
solicitaron decretar la pérdida de investidura del señor ANDRÉS
MIGUEL SARMIENTO CORTÉS, concejal del distrito de
Barrancabermeja, por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal
prevista en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de
19942, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20003, esto es por violación del régimen de inhabilidades, luego
de haber intervenido en la celebración de contratos que debían
ejecutarse en ese ente territorial, dentro del año anterior a la
elección.
I.2.- En apoyo de su pretensión los solicitantes adujeron, en síntesis,
que el accionado, quien fue convocado mediante acto de llamamiento
a ocupar curul el 6 de febrero de 2025, luego que su predecesor
IVÁN JESÚS SERRANO MIRANDA perdiera la investidura de
conformidad con la sentencia de 11 de abril de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, confirmada por el Consejo de
Estado mediante sentencia de 3 de octubre de 2024 y constancia de
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
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Solicitantes: ESTEBAN RODRÍGUEZ VALENCIA Y GERMÁN
ESCOBAR HIGUERA
ejecutoria de 17 de enero de 2025, fue accionista de la sociedad
TRANSPORTES SAN PABLO S.A., identificada con NIT
800.042.883-9 y matrícula 16565, con un porcentaje de participación
accionaria de 1.36%, y quien, a su vez, ostenta el cargo en la junta
directiva de esa sociedad como segundo renglón suplente, según acta
042 de 19 de marzo de 2022 de la asamblea ordinaria de accionistas,
registrada el 11 de mayo de 2022 en la Cámara de Comercio del
distrito de Barrancabermeja, bajo número 31495 del Libro IX del
registro mercantil.
Mencionaron que durante los años 2023 y 2024, el concejal fue
accionista de la sociedad TRANSPORTES SAN PABLO S.A.; y que,
según certificado de contratación de 13 de diciembre de 2023,
expedido por la Alcaldía del distrito de Barrancabermeja, publicado
en su página web el 18 del mismo mes, esa sociedad suscribió dos
contratos durante el año 2023 con ese ente territorial, a saber:
i) Contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023,
por valor de $1.497.313.899, con una duración de 139 días, cuyo
objeto fue “[…] PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
FLUVIAL ESCOLAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR
EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER […]”.
Y, ii) contrato de prestación de servicios 4205 de 7 de noviembre de
2023, con una duración de 16 días, por valor de $145.256.181, cuyo
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Solicitantes: ESTEBAN RODRÍGUEZ VALENCIA Y GERMÁN
ESCOBAR HIGUERA
objeto fue “[…] PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
FLUVIAL ESCOLAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR
EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER […]”.
I.3.- El concejal, a través de apoderado, contestó la solicitud
oponiéndose a la desinvestidura, para lo cual manifestó, en síntesis,
que no intervino en la gestión del contrato de prestación de servicios
1051 de 14 de marzo de 2023, celebrado entre el distrito de
Barrancabermeja y la Sociedad TRANSPORTES SAN PABLO S.A.,
que la decisión de presentar oferta obedeció a una posición
mayoritaria de la junta directiva de esa sociedad, que la adjudicación
del contrato fue consecuencia de la selección objetiva del oferente, y
que la mera autorización para presentar oferta se hizo en un
escenario precontractual del negocio jurídico, que en nada implica
una gestión indebida.
Admitió los hechos primero al noveno y niega el hecho décimo, por
considerarlo una apreciación subjetiva del solicitante y que la causal
alegada exige la demostración irrestricta de sus elementos, los
cuales no están demostrados en el presente caso, pues la carga
procesal radica, no solo en invocar la causal en la que fundamenta
su pretensión, sino en señalar la conducta dolosa o gravemente
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Solicitantes: ESTEBAN RODRÍGUEZ VALENCIA Y GERMÁN
ESCOBAR HIGUERA
culposa en la que se considera incurrió el accionado, conforme al
artículo 1º de la 1881 de 15 de enero de 20184.
Señaló que, en el presente asunto, los accionantes se limitaron a
afirmar que está incurso en la inhabilidad prevista en el artículo 40,
numeral 3 de la Ley 617, en tanto que, según su interpretación, al
haber sido miembro suplente de la junta directiva de la empresa
TRANSPORTES SAN PABLO S.A., incidió en la suscripción de un
contrato celebrado con el distrito de Barrancabermeja; y que, no
obstante, omitieron realizar un análisis subjetivo de la conducta
desplegada, omitiendo así explicar de qué manera incurrió en los
supuestos fácticos que configuran la causal de inhabilidad alegada,
así como las pruebas que respaldan la supuesta transgresión a la
norma.
Propuso la excepción de ‘Inexistencia de intervención en la gestión
de negocios con el distrito de Barrancabermeja’, porque, según la
Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 27 de octubre
de 2016, “[…] las inhabilidades son de aplicación estricta y restrictiva
al supuesto fáctico que la norma prevé, sin que haya lugar a
extensiones o analogías interpretativas […]”, y, además, “[…] el
esquema constitucional y legal que regula los regímenes de
inhabilidades en tanto constituyen limitantes al desarrollo del
derecho político, se caracteriza por ser cerrado y las causales
taxativas tienen interpretación restrictiva. Por ello, en el análisis
sobre su alcance por tratarse de motivos que ocasionan sanción, el
4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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principio de legalidad adquiere carácter superlativo: nula es la pena
sin clara y precisa ley preexistente al hecho que la ocasione […]”.
Adujo que no se configuró la inhabilidad alegada, toda vez que no
ostentó la representación legal de la sociedad TRANSPORTES SAN
PABLO S.A., sino que integró su junta directiva únicamente como
miembro suplente, lo que implica que solo participaba en dicho
órgano en ausencia temporal o definitiva del principal, por decisión
voluntaria de los socios de la empresa, por lo que sus actuaciones
dentro de la sociedad no respondieron a un capricho, sino al rol
conferido mediante elección, representando a los demás accionistas
que depositaron en él su confianza.
Sostuvo que las decisiones dentro de la junta directiva son de
carácter colegiado, es decir, deben adoptarse con el acuerdo de la
mayoría de sus miembros, por lo que la autorización consignada en
el Acta 422 de 28 de febrero de 2023, expedida en asamblea
extraordinaria, representa la voluntad mayoritaria del órgano
directivo; y que su presencia como miembro suplente, que no
presidente, no incidió en la decisión, pues, con o sin su voto, se
habría autorizado al representante legal para presentar oferta
económica en el proceso de selección abreviada mediante subasta
inversa presencial SA-SI-001-23.
Manifestó que al revisar el proceso de selección abreviada no se
evidenció su intervención en la gestión del contrato, ni de ninguna
otra persona natural en representación de TRANSPORTES SAN
PABLO S.A., sino que, por el contrario, la etapa precontractual se
desarrolló de manera lineal, adjudicándose el contrato al oferente
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con la mejor propuesta, sin que haya existido gestión alguna que
permita inferir su participación.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 25 de abril de 2025, denegó la
pérdida de investidura del accionado, para lo cual sostuvo que, tanto
el contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023,
como el contrato de prestación de servicios 4205 de 7 de noviembre
de 2023, fueron celebrados por el distrito de Barrancabermeja con el
señor JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, en calidad de contratista
y representante legal de la empresa TRANSPORTES SAN PABLO
S.A., razón por la cual, habiendo transcurrido el período inhabilitante
para las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023, entre el 29
de octubre de 2022 y esa fecha, debía descartarse el estudio del
contrato celebrado el 7 de noviembre de 2023 por haber tenido
ocurrencia por fuera de ese lapso.
Mencionó, con relación al contrato celebrado el 14 de marzo de 2023,
que revisado el certificado especial de 20 de abril de 2025 de la
empresa TRANSPORTES SAN PABLO S.A., expedido por la Cámara
de Comercio de Barrancabermeja, se observa que el accionado fungió
como suplente del segundo renglón principal, con voz y sin derecho
a voto, del miembro principal, señora LUZ ENA CORTÉS
ANGARITA, -segundo renglón principal-, dentro de la junta directiva
de esa sociedad, de conformidad con el acta 042 de 19 de marzo de
2022, inscrita en esa cámara de comercio el 11 de mayo de 2022 con
el número 31495 del Libro IX.
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Señaló que, durante la audiencia de pruebas de 9 de abril de 2025,
los testigos JESSICA PAOLA ANGARITA CUEVAS, YADIRA
ÁLVAREZ NIÑO y JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, quienes
integraban la junta directiva de la sociedad TRANSPORTES SAN
PABLO S.A. en el 2022, de la cual también hacía parte el accionado,
coincidieron en señalar que el 28 de febrero de 2023, fecha en la que
se suscribió el acta 422, se designó presidente y secretaria de la
reunión (sesión extraordinaria), respectivamente, a los señores
ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS y YADIRA ÁLVAREZ
NIÑO; y que la comparecencia del accionado fue en calidad de
suplente, se reitera, con voz pero sin derecho a voto; y que,
asimismo, los testigos precisaron que son los miembros principales
de la junta directiva quienes tienen la facultad de autorizar al
representante legal para presentar ofertas y participar en subastas,
así como para suscribir y ejecutar contratos, entre otras funciones.
Adujo que las actuaciones del accionado no abarcaron las etapas
precontractual (intervención) y contractual (celebración -ejecución)
del contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023,
comoquiera que lo definido por los miembros principales de la junta
directiva de TRANSPORTES SAN PABLO S.A., se limitó a facultar
a su gerente y representante legal a presentar la oferta para la
prestación del servicio de transporte fluvial escolar oficial en el
distrito de Barrancabermeja; y que si bien el concejal era accionista
del 1.36% de la sociedad TRANSPORTES SAN PABLO S.A., su
participación era mínima, lo cual no permitía incidir en la postura de
los demás accionistas ni miembros principales de la junta directiva,
atendiendo el vínculo de consanguinidad con algunos de ellos, que le
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permitiera obtener un provecho o participación activa por interpuesta
persona.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Los actores interpusieron recurso de apelación con el que solicitan
revocar la sentencia de 25 de abril de 2025 y, en su lugar, decretar
la pérdida de investidura del accionado, para lo cual señalan que este
fue elegido miembro suplente de la junta directiva de
TRANSPORTES SAN PABLO S.A., en una plancha única según acta
042 de 19 de marzo de 2022, del libro de la asamblea general de
accionistas, y, por sustracción de materia, ello ocurrió con el respaldo
de los accionistas que representan el 100% del capital de la empresa.
Aducen que cuando en las reuniones de junta directiva el miembro
principal no asiste a una reunión, es un deber del suplente
representarlo y lo hace con derecho a voz y voto, por lo que se puede
concluir que la presencia del accionado en la reunión de junta
directiva de TRANSPORTES SAN PABLO S.A., celebrada el 28 de
febrero de 2023, se debió a que la miembro principal no asistió,
señora LUZ ENA CORTES ANGARITA, quedando así incluido en la
columna de ‘Asistentes con voz y voto principales’, tal como consta
en el encabezado del acta 422 de esa fecha.
Sostienen que si bien la señora YADIRA ÁLVAREZ NIÑO, testigo
de la defensa del accionado, manifestó en audiencia que asistió a la
reunión de junta directiva y que había cometido un error de
transcripción por ubicar al accionado en la columna de ‘Asistentes
con voz y voto principales’, cuando realmente debía ir en la columna
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de ‘Asistentes suplentes con voz’ del acta 422 de 28 de febrero de
2023, lo cierto es que su dicho no es verídico porque eso solo se
hubiese justificado si la miembro principal hubiese asistido, -señora
LUZ ENA CORTÉS ANGARITA-, lo cual no ocurrió; y que esto, por
demás, demuestra que todos los testigos que comparecieron a la
audiencia de pruebas, señores YADIRA ÁLVAREZ NIÑO, JESSICA
PAOLA ANGARITA CUEVAS y JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA,
quienes tienen interés personal, familiar e institucional en mentir, lo
hicieron al manifestar que todos los miembros principales de junta
directiva habían asistido el 28 de febrero de 2023, desconociendo así
la ausencia de la referida miembro, madre del concejal.
Indican que el accionado hizo parte de la junta directiva de
TRANSPORTES SAN PABLO S.A., sociedad mercantil que,
conforme a lo estipulado en el artículo 435 del Código de Comercio,
es una sociedad reconocida como de familia, y, por tanto, a través
de esta tiene el control decisorio de la sociedad por ostentar fuerza
dominante en el órgano de dirección, debido a la relación de
parentesco con los demás miembros de la junta directiva y de la
asamblea general de accionistas: MIGUEL ÁNGEL CORTÉS
ANGARITA (tío), LUZ ENA CORTÉS ANGARITA (madre), JESSICA
PAOLA ANGARITA CUEVAS (prima) y LIBARDO ENRIQUE
ANGARITA SÁNCHEZ (tío); y que también tiene control decisorio
en el órgano de dirección (gerencia y representante legal), por la
relación de parentesco con JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA (tío),
todo lo cual prueba que el accionado intervino en las etapas
precontractual y contractual del contrato de prestación de servicios
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Mencionan que el accionado claramente controla la sociedad
TRANSPORTES SAN PABLO S.A. y puede servirse de ella, e
innegablemente ostenta el poder de interponer a la sociedad para
ocultar un contrato realmente celebrado con la persona jurídica; y
que, en este punto, el hecho de que el concejal tuviese el 1,36% del
capital de esa sociedad resulta irrelevante, pues se probó que es una
empresa familiar y que todos sus accionistas, miembros de junta
directiva y gerencia, tienen interés institucional en la empresa, así
como interés en las resultas del proceso de pérdida de investidura
del concejal distrital.
Insisten en que los elementos clave son: (i) relación familiar porque
el concejal tiene a su tío JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, que es
el representante legal de TRANSPORTES SAN PABLO S.A.; (ii)
vínculo institucional, debido a que el concejal es miembro de la junta
directiva de TRANSPORTES SAN PABLO S.A. y 4 de los 5
integrantes son de su misma familia; y (iii) contrato con el Distrito,
toda vez que TRANSPORTES SAN PABLO S.A. lo celebró con el
distrito de Barrancabermeja donde el accionado ejerce como
concejal.
Anotan que el testimonio de la señora YADIRA ÁLVAREZ NIÑO
genera dudas de su imparcialidad u objetividad, debido a su
innegable arraigo laboral con TRANSPORTES SAN PABLO S.A.,
empresa a través de la cual se pensionó y le brindó la oportunidad
de ser miembro de su junta directiva por 14 años consecutivos; y
que, de igual forma, las declaraciones de JESSICA PAOLA
ANGARITA CUEVAS y JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, al tener
lazos consanguíneos con el accionado, ponen en duda su
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imparcialidad, razones estas que también permiten concluir que
aquel, en su condición de suplente del segundo renglón principal
ocupado por su madre, LUZ ENA CORTÉS ANGARITA, asistió a la
reunión de junta directiva de 28 de febrero de 2023, en su
representación, con voz y voto como quedó en el acta 042, sin que
ello haya sido producto de un error.
Comentan que, a través de auto de 31 de marzo de 2025, el Tribunal
decretó pruebas de oficio, algunas de las cuales no se remitieron por
parte del Concejo del distrito de Barrancabermeja5, conculcándose
así el derecho fundamental al debido proceso, lo que configura una
causal de nulidad; y que este material probatorio serviría para hacer
una valoración en conjunto de las pruebas aportadas dentro del
proceso, que se debieron decretar y practicar con las pedidas por las
partes, -artículo 213 del CPACA-, así como someterse a la
contradicción de las partes en los términos del artículo 170 del Código
General del Proceso.
5 “[…] Vencido el término de traslado de la demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11 de la Ley 1881 de 2018, se abre el proceso a pruebas y al efecto se dispone: 1. Parte
Demandante. Documentales solicitados: (…) Se oficia al CONCEJO DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA, para que dentro del término de dos (02) días siguientes al recibo de la
correspondiente comunicación, se sirva remitir con destino a este proceso lo siguiente: I. Los
antecedentes administrativos del acto de llamamiento del señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO
CORTÉS, como concejal del Distrito de Barrancabermeja, perteneciente al grupo significativo de
ciudadanos “ENERGÍA NUEVA”, quien participó en las elecciones autoridades territoriales -periodo
constitucional 2024-2027, al cargo de elección Concejo de Barrancabermeja -Departamento de
Santander. II. El acto de llamamiento del señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS, como
concejal del Distrito de Barrancabermeja perteneciente al grupo significativo de ciudadanos
“ENERGÍA NUEVA”, quien participó en las elecciones autoridades territoriales -periodo constitucional
2024-2027, al cargo de elección Concejo de Barrancabermeja -Departamento de Santander. III. La
notificación en la gaceta de la Corporación Concejo de Barrancabermeja del acto de llamamiento del
señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS, como concejal del Distrito de Barrancabermeja
perteneciente al grupo significativo de ciudadanos “ENERGÍA NUEVA”, quien participó en las
elecciones autoridades territoriales -periodo constitucional 2024-2027, al cargo de elección Concejo
de Barrancabermeja -Departamento de Santander. IV. La aceptación del acto de llamamiento del
señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS, como concejal del Distrito de Barrancabermeja
perteneciente al grupo significativo de ciudadanos “ENERGÍA NUEVA”, quien participó en las
elecciones autoridades territoriales -periodo constitucional 2024-2027, al cargo de elección Concejo
de Barrancabermeja -Departamento de Santander […]”.
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Finalmente, solicitan el decreto de la siguiente prueba en segunda
instancia: verificar en la plataforma del SECOP II, si en el proceso
precontractual y contractual, el documento que fue incorporado al
expediente digital por TRANSPORTES SAN PABLO S.A.,
consistente en el Acta 422 de junta directiva, se corrigió con la
inclusión de la señora LUZ ENA CORTÉS ANGARITA como miembro
principal y del señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS como
miembro suplente.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido por el accionado a través
de escrito de 12 de junio de 2025, con el que reitera los argumentos
de defensa y sostiene que los asistentes que participaron
específicamente de la sesión de 28 de febrero de 2023, contenida en
el Acta 422, fueron contundentes en afirmar en sus testimonios que
todos los miembros de la junta directiva principales concurrieron y
que la asistencia del accionado se debió a una convocatoria común a
todos los miembros de junta, tanto principales como suplentes,
siendo nombrado presidente de la sesión con el fin de moderar y dar
trámite al objeto de la cita.
Manifiesta que claramente hubo un error humano el cual fue
reconocido por la misma secretaria de la diligencia que elaboró el
acta, -YADIRA ÁLVAREZ NIÑO-, situación que fue avalada por los
demás testigos, que además no fueron tachados por los actores.
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Señala que los actores se apegan a su hipótesis de afirmar que tuvo
una real participación, -con voz y voto-, en la reunión de 28 de
febrero de 2023, contenida en el Acta 422, situación que fue
totalmente desvirtuada por los testigos en la audiencia de pruebas,
sumado a que ello nunca fue planteado o desarrollado en la solicitud
inicial, lo que le impide al juez extender de oficio su intervención a
cualquier aspecto no invocado o mencionado en ese escrito ante los
efectos de la justicia rogada.
Aduce que analizado el porcentaje accionario que para la fecha era
de 1,36%, no se puede afirmar que “[…] controla la sociedad
TRANSPORTES SAN PABLO S.A. y puede servirse de ella, e
innegablemente ostenta el poder de interponer a la sociedad para
ocultar un contrato verdaderamente celebrado con ella […]”; y que
tampoco se logra deducir que la ‘familia’ tiene un control empresarial,
pues no está probado el parentesco de todos los 44 socios de esa
empresa, ni que, aun así, representaran el 50% de las acciones como
la ha exigido el Consejo de Estado en anteriores pronunciamientos.
Insiste en que su actuación se hizo en una etapa meramente
precontractual, cuando la sociedad decidió presentarse para
participar de un proceso de selección abreviada-subasta inversa,
identificado SA-SI-001-2023; y que como no intervino en la gestión
del contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023,
pues la decisión de presentar la oferta obedeció a una posición
mayoritaria de la junta directiva de la sociedad y la adjudicación del
contrato correspondió a la selección objetiva del oferente, su
conducta no fue dolosa.
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IV.2.- Por su parte, el procurador Quinto Delegado ante el Consejo
de Estado, en su calidad de agente del Ministerio Público en esta
instancia, mediante concepto 262-25 de 18 de junio de 2025, solicita
confirmar la sentencia de 25 de abril de 2025, para lo cual manifiesta
que toda la discusión suscitada en primera instancia y consignada en
el recurso de apelación se centra en la premisa equivocada según la
cual el hecho de que el accionado hubiese participado en la sesión de
junta directiva de la sociedad anónima que autorizó al representante
legal para presentar oferta en un proceso de selección abreviada por
subasta inversa, de la que luego resultó adjudicataria y contratista,
configuró la inhabilidad por haber “[…] intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en
la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel
en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito […]”,
prevista en el artículo 40, numeral 3 de la Ley 617.
Señala que el esfuerzo argumentativo del apelante se centra en
demostrar que el accionado actuó como suplente de la miembro
principal de la junta, que además es su madre, y que, por ello, al ser
una sociedad de familia, el convocado posee una fuerte injerencia en
las decisiones de la junta, que lo llevaron a beneficiarse de la decisión
de autorizar a su tío como representante legal, para presentar oferta
en el proceso contractual.
Agrega que los medios de prueba allegados y los alegatos del
apelante no conducen a la demostración de su configuración, pues
una cosa es que dados los estatutos internos de la sociedad
mercantil, el representante legal deba obtener autorización de la
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junta directiva para comprometerse contractualmente cuando la
cuantía sea superior a $15.000.000, para el caso concreto, y otra,
que la votación para presentar oferta en el proceso de selección de
contratista implique “[…] gestionar negocios ante entidades públicas
del distrito […]”; y que, al respecto, ni siquiera está probado que el
accionado hubiese votado de manera positiva la autorización, y
aunque así fuera, se insiste, eso no configura la causal inhabilitante,
pues la verdadera gestión recaía en el representante legal de la
sociedad mercantil.
En cuanto a la segunda hipótesis normativa relacionada con haber
intervenido en la celebración de contratos, sostiene que más
argumentos hay para entender su no configuración en este caso,
pues claro está y así lo admiten los actores, que quien celebró el
contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023,
en nombre y representación de la sociedad mercantil, fue el
representante legal de ella, es decir, el señor JUAN PABLO CORTÉS
ANGARITA, persona totalmente distinta al accionado.
Concluye que no se configura la referida causal de inhabilidad en
cabeza de una persona, con una participación accionaria del 1.36%,
en una sociedad anónima que participa en una junta directiva que
autoriza al representante legal de aquella para que presente una
oferta en un proceso de selección abreviada por subasta inversa, del
que resultan ganadores, ante el mismo distrito para el que luego
resulta elegido concejal, pues su actuación no se encuadra en la
hipótesis normativa de ‘gestionar’ negocios ante entidades públicas,
y mucho menos ‘celebración de contratos con entidades públicas’.
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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- De la nulidad formulada por los apelantes
En su recurso, los solicitantes comentan que, a través de auto de 31
de marzo de 2025, el Tribunal decretó pruebas de oficio, algunas de
las cuales no se remitieron por parte del Concejo del distrito de
Barrancabermeja, conculcándose así el derecho fundamental al
debido proceso, lo que configura una causal de nulidad; y que este
material probatorio serviría para hacer una valoración en conjunto
de las pruebas aportadas dentro del proceso, que se debieron
decretar y practicar con las pedidas por las partes, -artículo 213 del
CPACA-, así como someterse a la contradicción de las partes en los
términos del artículo 170 del Código General del Proceso.
Al respecto, no es cierto que las pruebas que echan de menos los
apelantes fuesen indispensables para tomar una decisión de fondo
en este asunto ni demuestran la configuración de la inhabilidad en
ciernes, por cuanto se refieren al trámite surtido en el Concejo del
distrito de Barrancabermeja para decretar la vacancia absoluta de
una curul, así como el llamamiento al accionante para que la ocupara,
y su consecuente posesión, aspectos que se encontraron acreditados
en la sentencia apelada y no fueron materia de censura en el recurso.
Cabe señalar que, de conformidad con los artículos 134 y 135 del
Código General del Proceso6, las nulidades deben alegarse en
6 “[…] Ley 1564. Artículo 134. Oportunidad y trámite. Las nulidades podrán alegarse en
cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si
ocurrieren en ella […]” y “[…] Ley 1564. Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad. La
parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal
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cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia y
expresando la causal invocada7. A su vez, que no podrá alegar la
nulidad quien después de ocurrida la causal haya actuado en el
proceso sin proponerla; y el artículo 207 del CPACA8 también prevé
que agotada cada etapa del proceso no se podrán alegar, en las
siguientes, vicios que acarreen nulidades a menos que se trate de
hechos nuevos.
invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda
hacer valer.
No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla
como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya
actuado en el proceso sin proponerla.
La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser
alegada por la persona afectada.
El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las
determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o
la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
7 “[…] Ley 1564. Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de
suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se
omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer
su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o
la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del
auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la
notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo
que se haya saneado en la forma establecida en este código.
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece […]”.
8 “[…] CAPÍTULO VIII. Nulidades e incidentes. Artículo 207. Control de legalidad. Agotada
cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean
nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas
siguientes […]”.
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En el caso concreto, como la presunta irregularidad puesta de
presente por los solicitantes ocurrió dentro del trámite del recaudo
de una prueba en el curso de la primera instancia, luego de lo cual el
proceso continuó su curso normal sin que se hubiera invocado,
impide ahora tramitar la petición de nulidad solicitada en el recurso
de apelación.
En efecto, los actores tuvieron la oportunidad de exigir su recaudo
luego de proferirse el auto de 31 de marzo de 2025, mediante el cual
se decretaron con destino al Concejo distrital de Barrancabermeja
para que las remitiera, así como del auto de 22 de abril de 2025, a
través del cual el Tribunal, atendiendo un memorial de los mismos
solicitantes de 9 de abril de 2025, resolvió requerir nuevamente a la
Cámara de Comercio del distrito de Barrancabermeja, por otras
pruebas que también estuvieron pendiente de recaudarse, y negó
otras por haber sido abiertamente inoportunas, sin que en dicho
reclamo de parte se incluyeran las omitidas por el cabildo y que hasta
ahora se recuerdan.
Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que en esta solicitud de
nulidad los actores tampoco invocaron alguna de las causales de
nulidad previstas en el artículo 133 de la Ley 1564.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala rechazará de plano la nulidad
propuesta por los solicitantes en el recurso de apelación.
V.2.- Problema jurídico
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De conformidad con los precisos términos en que fue formulado el
recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer si el
concejal del distrito de Barrancabermeja, señor ANDRÉS MIGUEL
SARMIENTO CORTÉS, incurrió en la causal prevista en el artículo
43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley
617, esto es por violación del régimen de inhabilidades, luego de
haber intervenido en la gestión y celebración, presuntamente y por
interpuesta persona, del contrato de prestación de servicios 1051 de
14 de marzo de 2023, suscrito entre la empresa TRANSPORTES
SAN PABLO S.A. y la Alcaldía del distrito de Barrancabermeja, cuyo
objeto fue “[…] PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
FLUVIAL ESCOLAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR
EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER […]”.
V.3.- De las inhabilidades de intervención en la gestión de
negocios y celebración de contratos con entidades públicas
dentro del año anterior a la elección, como causales de
pérdida de investidura de concejales
La causal de pérdida de investidura en ciernes es la comisión de la
inhabilidad prevista en la primera parte del artículo 43, numeral 3,
de la Ley 136, modificado por el artículo 40, numeral 3, de la Ley
617, que ordena lo siguiente:
“[…] CAPÍTULO IV.
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CONCEJALES
(…)
Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya
intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en
interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Esta Sala ha sostenido, en repetidas oportunidades, que en la
configuración de la inhabilidad por intervención en la gestión de
negocios ante entidades públicas, el vocablo gestionar hace
referencia a “[…] hacer diligencias conducentes al logro de un negocio
o de un deseo cualquiera, y comúnmente se entiende como el
adelantamiento de trámites en procura de una finalidad concreta […]9
y la gestión, con independencia de su resultado, “[…] entraña una
conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que debe
estar comprobada y no ser el resultado de inferencias
subjetivas o suposiciones perspicaces. De lo anterior se infiere
que la gestión se configura con una acción, se traduce en la actividad
efectiva: la conducta concreta y real por medio de la cual se demanda
ante un sujeto algo, sin que sea relevante, para configurar el
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de junio de 2006,
número único de radicación 11001031500020050133100, consejero ponente Ramiro Saavedra
Becerra.
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concepto, el obtener la respuesta o la finalidad propuesta […]” 10; y
que, no toda gestión da lugar a la configuración de la causal, pues
“[…] resulta necesario tener en cuenta el móvil o causa de la misma
[…]”11.
A partir de los anteriores precedentes jurisprudenciales, es posible
considerar que la inhabilidad por gestión de negocios: (i) requiere de
un sujeto, -gestor de negocios- ,quien “[…] es aquella persona que
gestiona o participa en la administración de una empresa, de un
negocio o de una organización […]”12»; (ii) se encuentra marcada por
los verbos rectores ‘intervenir’ y ‘gestionar’ que denotan una
conducta dinámica, efectiva, activa, útil, positiva y concreta en la
fase precontractual ante una entidad pública con el ánimo de obtener
un provecho o utilidad; (iii) debe recaer sobre un negocio que, cuenta
con múltiples significados según el diccionario de la real academia, a
saber: ocupación, quehacer o trabajo, dependencia, pretensión,
tratado o agencia, aquello que es objeto o materia de una ocupación
lucrativa o de interés, acción y efecto de negociar, utilidad o interés
que se logra en lo que se trata, comercia o pretende, local en que se
negocia o comercia13; (iv) no resulta relevante obtener la respuesta
o finalidad propuesta; (v) se debe tener en cuenta el móvil de la
actividad desplegada por el gestor, con miras a establecer si se
produce, en efecto, el rompimiento del principio de igualdad en el
acceso a la conformación del poder político entre los candidatos; (vi)
10 Idem. Criterio a su vez reiterado en Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 6 de octubre de 2008, número único de radicación
11001031500020080123400, consejero ponente Rafael E. Ostau Lafont Pianeta.
11 Idem.
12 Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión, sentencia de 19 de febrero de 2019, número
único de radicación 11001031500020180241700, consejera ponente María Adriana Marín.
13 Disponible [en línea]: [https://dle.rae.es/negocio?m=form].
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puede ser en interés propio o de terceros; (vii) debe realizarse en el
respectivo municipio o distrito (elemento espacial) y, (viii) dentro del
año anterior a la elección (elemento temporal)14.
Por su parte, con relación a la inhabilidad por intervención en la
celebración de contratos se exige, en síntesis, la presencia de los
siguientes presupuestos15: a) que el censurado ostente la calidad de
concejal municipal o distrital; b) que haya intervenido en la
celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier
nivel; c) durante el año anterior a la elección como concejal; d) en
interés propio o de terceros; y e) que aquel debiera ejecutarse o
cumplirse dentro del respectivo municipio.
Se pone de presente que, para las resultas del proceso sancionatorio
de pérdida de investidura, lo trascendental es la demostración del
acto de celebración del contrato bajo las prohibiciones previstas en
la causal alegada, siendo inconducente ahondar en los aspectos
propios de su ejecución y liquidación, etapas contractuales que
escapan al radio de acción de la inhabilidad examinada.
En cuanto a la celebración del contrato, ha sido constante la
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
mayo de 2021, número único de radicación 25000231500020200270801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 16 de
mayo de 2019, número único de radicación 81001-23-39-000-2016-00056-01 (PI), consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón; 15 de marzo de 2018, número único de radicación 73001-23-
33-000-2014-00553-01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; 19 de abril de
2018, número único de radicación 54001-23-33-000-2014-00061-01(PI), consejera ponente María
Elizabeth García González; 10 de mayo de 2018, número único de radicación 73001-23-33-004-
2016-00477-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; 27 de octubre de 2017,
número único de radicación 25000-23-42-000-2015-06456-01(PI), consejero ponente Oswaldo
Giraldo López; 14 de abril de 2016, número único de radicación 76001-23-31-000-2012-00633-
01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; 19 de febrero de 2015, número único de
radicación 08001-23-31-000-2013-00340-01(PI), consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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Jurisprudencia de esta Corporación en precisar que el sujeto haya
acordado libre y voluntariamente con una entidad de naturaleza
pública la estipulación de obligaciones mutuas, ya sea que estas
tengan o no carácter pecuniario, de modo que a partir de dicho
acuerdo ambas partes adquieren obligaciones16.
De igual forma, se destaca que el legislador, en el marco de este
régimen de inhabilidades, no previó ningún tipo de excepción
relacionada con la naturaleza, alcance y contenido del objeto pactado
en el contrato, que impidiera la configuración de esta causal de
inhabilidad; o, lo que es igual, al margen de cuáles sean las
obligaciones contraídas por las partes, lo que debe determinar la
activación de la causal es la intervención en la celebración del negocio
jurídico entre el censurado y el Estado, bajo las circunstancias arriba
descritas, sin distingo adicional.
V.4.- Del caso concreto
De conformidad con el acervo probatorio que guarda estrecha
relación con el asunto bajo examen, y a partir de las consideraciones
expuestas, la Sala encuentra que en el Formulario E26 CON de 8 de
noviembre de 2023, expedido por la REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL, consta que al Grupo Significativo de
Ciudadanos Energía Nueva le correspondió una sola curul por cifra
repartidora, para el Concejo distrital de Barrancabermeja, período
constitucional 2024-2027, la cual fue asignada al candidato IVÁN
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
diciembre de 2014, número único de radicado 13001-23-33-000-2014-00235-01(PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala.
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JESÚS SERRANO MIRANDA, por haber obtenido la mayor votación
de su agrupación con 1336 votos, seguido, en segundo lugar, por el
accionado, señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS con
1021 votos.
A su vez, está probado que la mesa directiva del Concejo distrital de
Barrancabermeja, a través de la Resolución 002 de 20 de enero de
202517, declaró la vacancia absoluta de la curul que estaba ocupando
el concejal IVÁN JESÚS SERRANO MIRANDA, luego de que se
decretara su desinvestidura mediante sentencia de 3 de octubre de
2024, proferida por esta corporación, -radicación
68001233300020240022001-, y ordenó oficiar a la
REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVL DE
BARRANCABERMEJA, con el fin de certificar qué ciudadano, según
el orden de inscripción o votación obtenida de la lista del Grupo
Significativo de Ciudadanos Energía Nueva, le seguía en forma
descendente para ser llamado a remplazarlo por el resto del período
constitucional 2024-2027.
Fue así como, si bien el señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO
CORTÉS no resultó elegido concejal del distrito de Barrancabermeja
en las elecciones de 29 de octubre de 2023, lo cierto es que fue
llamado a ocupar la curul del concejal IVÁN JESÚS SERRANO
MIRANDA, para el resto del período constitucional 2024-2027, con
ocasión de esa declaratoria de vacancia absoluta, cargo del cual tomó
17 Disponible [en línea]: [https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/newsite/resolucion-002-
2025-por-medio-del-cual-se-declara-la-vacancia-absoluta-de-la-curul-de-un-concejal-de-
barrancabermeja-por-la-causal-de-perdida-de-investidura-declarada-por-el-tribunal-
administrativo/].
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posesión el 6 de febrero de 2025 con acta 003 de 202518, ante el
presidente del Concejo distrital de Barrancabermeja.
Se observa que, dentro del año anterior a las elecciones de 29 de
octubre de 2023 y con lugar de ejecución en el mismo distrito para
el cual fue elegido el accionado, la sociedad TRANSPORTES SAN
PABLO S.A. celebró con la Alcaldía del distrito de Barrancabermeja,
el contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023,
por valor de $1.497.313.899, con una duración de 139 días, cuyo
objeto fue “[…] PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
FLUVIAL ESCOLAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR
EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER […]”; se adjuntaron también sus
actas de inicio, adicionales, de terminación y liquidación.
En cuanto al contrato de prestación de servicios 4205 de 7 de
noviembre de 2023, con una duración de 16 días, por valor de
$145.256.181, cuyas partes y objeto fueron los mismos del 1051 de
14 de marzo de 2023, se reitera que fue excluido del análisis
efectuado en la sentencia apelada porque, en efecto, fue celebrado
con posterioridad a la realización de las elecciones de 29 de octubre
de 2023, esto es por fuera del lapso inhabilitante, situación que
tampoco fue reprochada por los apelantes y se mantiene intacta.
18 Disponible [en línea]: [https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/newsite/acta-de-posesion-
concejal-andres-sarmiento/].
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ESCOBAR HIGUERA
Aparece el certificado especial de 2 de abril de 2025, expedido por la
Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en el que consta la
siguiente información de la representación legal de la empresa
TRANSPORTES SAN PABLO S.A.:
• Por acta 333 de 6 de enero de 2015 de la junta directiva, se
designó gerente a JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA.
• Con acta 370 de 26 de septiembre de 2018 de la junta directiva,
se designó gerente suplente a MATILDE ANGARITA SÁNCHEZ.
• Y, por acta 451 de 24 de enero de 2025 de la junta directiva, se
designó nueva gerente a SINDY ALEXANDRA LEÓN
VELÁSQUEZ y gerente suplente a LAURA NATALI GÓMEZ
ATENCIO.
Se tiene, entonces, que el accionado, señor ANDRÉS MIGUEL
SARMIENTO CORTÉS, no ejerció la representación legal de la
empresa TRANSPORTES SAN PABLO S.A. ni durante ni después
de la celebración del contrato de prestación de servicios 1051 de 14
de marzo de 2023.
Respecto a la junta directiva, allí mismo se certificó que:
• Por acta 042 de 19 de marzo de 2022 de la asamblea general de
accionistas, se designó al accionado, señor ANDRÉS MIGUEL
SARMIENTO CORTÉS, suplente del segundo renglón principal,
esto es la señora LUZ ENA CORTÉS ANGARITA.
• Posteriormente, el accionado fue excluido de esa designación, tal
como consta en actas 043 de 18 de marzo de 2023 y 001 de 18
de febrero de 2025 de la asamblea general de accionistas, en las
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que ya no aparece en ninguno de los renglones principales o
suplentes de la junta directiva de TRANSPORTES SAN PABLO
S.A.
Es así como, está demostrado que el accionado fungía como suplente
del segundo renglón principal de la empresa TRANSPORTES SAN
PABLO S.A., cuando esta celebró el contrato de prestación de
servicios 1051 de 14 de marzo de 2023, con la Alcaldía del distrito
de Barrancabermeja.
Toda esta información coincide con el certificado de existencia y
representación legal de 8 de abril de 2025, expedido por la Cámara
de Comercio de Barrancabermeja.
En el acta 422 de 28 de febrero de 2023, cuyo objeto fue adelantar
reunión extraordinaria de la junta directiva de TRANSPORTES SAN
PABLO S.A., convocada por el gerente y representante legal, señor
JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, asistieron los miembros
principales señores MIGUEL ÁNGEL CORTÉS ANGARITA, -primer
renglón principal-; YADIRA ÁLVAREZ NIÑO, -tercer renglón
principal-; LIBARDO ENRIQUE ANGARITA SÁNCHEZ, -cuarto
renglón principal-; y JÉSSICA PAOLA ANGARITA CUEVAS, -quinto
renglón principal-; de la señora LUZ ENA CORTÉS ANGARITA, -
segundo renglón principal-, no hay prueba alguna de su asistencia ni
vestigio de su presencia a la sesión.
Por su parte, también asistieron dos miembros suplentes: SINDY
ALEXANDRA LEÓN VELÁSQUEZ, -suplente primer renglón
principal- y el accionado, señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO
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CORTÉS, en su condición de suplente segundo renglón principal,
cargos que, tal como atrás se mencionó, fueron constatados en acta
042 de 19 de marzo de 2022 de la asamblea general de accionistas
de esa empresa, según el certificado especial de 2 de abril de 2025.
En tal sentido cuando la actuación de los miembros suplentes se
cumple en ejercicio de su vocación a reemplazar al principal,
ciertamente adquieren derecho a asistir a las reuniones con las
mismas calidades y atribuciones que corresponden a los miembros
principales, lo que concuerda con la anotación que aparece en el
cuadro situado en el encabezado del acta 422 de 28 de febrero de
2023, en la que se menciona al accionado como ‘asistente con voz y
voto’, debido a la ausencia de la señora LUZ ENA CORTÉS
ANGARITA, miembro principal de quien aquel actúa como suplente.
Reafirma tal circunstancia, el hecho que, contrario a la circunstancia
del accionado, la señora SINDY ALEXANDRA LEÓN VELÁSQUEZ,
-suplente primer renglón principal-, fue advertida de que asistía a la
reunión como ‘asistente con voz suplentes’, es decir con voz y sin
voto, en tanto que el miembro principal a quien suple sí concurrió a
la sesión, señor MIGUEL ANGEL CORTÉS ANGARITA, -primer
renglón principal-.
Hecho el llamado a lista y verificación del quorum, el señor MIGUEL
ANGEL CORTÉS ANGARITA, -primer renglón principal-, postuló al
accionado como presidente de la reunión extraordinaria, y a la señora
YADIRA ÁLVAREZ NIÑO, -tercer renglón principal-, como
secretaria de aquella.
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Posteriormente, se puso en consideración de los asistentes, como
único asunto, la autorización al representante legal, señor JUAN
PABLO CORTÉS ANGARITA, para presentar oferta y firmar
contrato, en caso que fuese adjudicada la SELECCIÓN ABREVIADA-
SUBASTA INVERSA SA-SI-001-2023, cuyo objeto fue “[…]
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL ESCOLAR A
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER EN DESARROLLO
DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO
OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER […]”,
lo cual fue aprobado por mayoría absoluta de los miembros
presentes, así como también se le autorizó gestionar las respectivas
garantías y ejecutar todos los actos necesarios para llevar a buen
término dicho proyecto.
Finalizada la reunión, la secretaria dio lectura al acta, la sometió a
consideraciones de los asistentes y fue aprobada por mayoría
absoluta.
Durante la audiencia de pruebas de 9 de abril de 2025, los testigos
JÉSSICA PAOLA ANGARITA CUEVAS, -quinto renglón principal-,
YADIRA ÁLVAREZ NIÑO, -tercer renglón principal-, y JUAN
PABLO CORTÉS ANGARITA, -gerente y representante legal-,
quienes integraron la junta directiva TRANSPORTES SAN PABLO
S.A., coincidieron en señalar que el 28 de febrero de 2023, fecha en
la que se llevó a cabo la reunión extraordinaria contenida en el acta
422, la comparecencia del accionado fue en calidad de suplente con
voz pero sin derecho a voto. Asimismo, precisaron que, son los
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miembros principales de la junta directiva quienes tienen la facultad
de autorizar al representante legal para presentar ofertas y participar
en subastas, así como para suscribir y ejecutar contratos, entre otras
funciones.
No obstante, y como antes se pudo constatar, para la Sala el acta de
junta directiva 422 de 28 de febrero de 2023, es la prueba idónea de
que (i) la señora LUZ ENA CORTÉS ANGARITA, -segundo renglón
principal-, no asistió a la sesión, y, por lo mismo, (ii) de que el
accionado acudió en su condición de suplente, con voz y voto, esto
es, en ejercicio de su vocación de reemplazarla con las mismas
calidades y atribuciones de aquella, sin que las declaraciones
judiciales de los testigos constituyan el medio para desvirtuar tal
circunstancia.
Esto, sumado a que consta en el acta 422 de 28 de febrero de 2023,
que la votación para autorizar al representante legal fue por mayoría
absoluta lo que, ante la inexistencia de prueba en contrario, permite
concluir que el señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS
también votó a favor esa propuesta.
V.4.1.- Votar autorización para que representante legal
gestione negocios y celebre contratos con el Estado, no
configura la inhabilidad del artículo 43, numeral 3, de la Ley
136
Aun así, y a partir de todo lo considerado, la Sala encuentra que no
está configurada la inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 3,
de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, en cabeza
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del accionado, toda vez que su conducta se limitó a remplazar a una
miembro del segundo renglón principal de la junta directiva y, en
consecuencia, a entregar el voto favorable para autorizar al
representante legal de TRANSPORTES SAN PABLO S.A., señor
JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, para presentar la oferta y, en
caso de adjudicación, como en efecto sucedió, celebrar el contrato
de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023, con la
Alcaldía del distrito de Barrancabermeja, además de gestionar las
garantías exigidas y demás aspectos necesarios para ejecutar el
proyecto.
Fue una labor carente de los elementos volitivo y facultativos
necesarios para materializar dicho negocio, pactar actividades
mutuas y obligar también a TRANSPORTES SAN PABLO S.A. y a la
Alcaldía del distrito de Barrancabermeja, al cumplimiento de un
objeto contractual. Así discurrió la Sala en un asunto similar:
“[…] Ello por cuanto la accionada, de conformidad con los
parámetros jurisprudenciales de verificación de esta inhabilidad con
fines de pérdida de investidura, no desplegó una conducta dinámica,
efectiva, activa, útil, positiva y concreta en la fase precontractual
ante el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca) con el ánimo de
obtener un provecho o utilidad, ni celebró, en interés propio o de
terceros, ninguno de los convenios solidarios con la Alcaldía
Municipal de Puerto Salgar (Cundinamarca), -que reposan en
expediente-, así como tampoco se logró constatar que hubiera
acordado libre y voluntariamente con esa entidad pública la
estipulación de obligaciones mutuas, en este caso de carácter
pecuniario, de modo que a partir de dicho acuerdo ambas partes
hubieran adquido obligaciones.
Pero, además, porque dicha labor estaba reservada,
estatutariamente, para el presidente de ASOJUNTAS, señor URIEL
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, quien sí tenía la función de ejercer la
representación legal de la Asociación y de suscribir los actos,
contratos y poderes necesarios para el cabal cumplimiento de los
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objetivos y la defensa de los intereses de esa Organización, como
en efecto lo hizo, que no para la vicepresidente, señora IBETH
ESTHER EBRAT ARIAS, dignataria privada de tales obligaciones
contractuales.
A su vez, la Sala advierte que, en el caso concreto, la
participación de la accionada en la reunión de la Junta
Directiva de ASOJUNTAS, llevada a cabo el 4 de junio de
2023, en la que votó positivamente para autorizar al
presidente a suscribir convenios solidarios con el municipio
de Puerto Salgar (Cundinamarca), hasta por 300 smmlv
cada uno responde, en primer lugar, a una conducta carente
de los elementos volitivo y facultativo necesarios para
materializar dicho negocio, pactar actividades mutuas y
obligarse así mismo, a la asociación y a la Alcaldía Municipal,
al cumplimiento de un objeto contractual, pues se trató de
una opinión limitada, exigida por los estatutos y sin
implicaciones ulteriores en la gestión y celebración del
acuerdo en sí mismo.
Y, en segundo lugar, se correspondió con el ejercicio de una función
estatutaria como miembro de la organización comunal, que le
otorgaba el derecho a participar y opinar en las deliberaciones de la
Junta Directiva y votar para la toma de la referida decisión, en los
términos de la Ley 2166 y los estatutos de ASOJUNTAS, ejercicio al
que están llamados los organismos de acción comunal en procura
de mejorar las condiciones de vida de sus afiliados, en este caso las
juntas de acción comunal y de vivienda de acción comunal, sin que
ello le implique intervención alguna en gestión de negocios y
celebración de contratos […]”19 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Por tanto, no puede asimilarse esa mera intervención administrativa,
con voz y voto, que el accionado realizó en la reunión extraordinaria
de 28 de febrero de 2023, en su condición de miembro suplente de
la junta directiva de TRANSPORTE SAN PABLO S.A., a una
participación personal y directa en la etapa precontractual del
referido negocio jurídico ante la Alcaldía del distrito de
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
noviembre de 2024, número único de radicación 25000231500020240013501, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
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Barrancabermeja, la cual se ha entendido como la parte inicial de un
proceso de contratación, que incluye la elaboración de estudios y
documentos previos, y las negociaciones entre las partes; inicia con
la identificación de necesidades, análisis y estudios previos y de
sector para su debida y completa definición y finaliza con el
perfeccionamiento del contrato.
Tampoco escapa a la realidad, que la verdadera gestión de negocios
y celebración del contrato recayó sobre el gerente y representante
legal de esa sociedad, tal como fue demostrado en el curso del
proceso, función estatutaria traducida en “[…] c.) Celebrar los actos
o contratos que tiendan a llenar los fines sociales cuya cuantía no
exceda de quince millones de pesos ($15000000) moneda corriente
y si se trata de préstamos, cuando la cuantía por operación no exceda
de los treinta millones de pesos ($30000000) moneda corriente […]”,
en donde se evidenció la participación decisiva y determinante del
señor JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, tanto en la etapa de
oferta, gestión y agotamiento de la fase precontractual, como en la
contractual misma20, sin que, se insiste, aparezca evidencia alguna
de la participación del accionado.
De allí que, salvo demostración en contrario, por lo general las
actividades desplegadas al interior de una empresa privada con la
intención de participar en un proceso de contratación estatal, por
tratarse de actividades exógenas al proceso de contratación, no
20[https://municipiodebarrancabermeja-
my.sharepoint.com/personal/juridica_barrancabermeja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2
Fpersonal%2Fjuridica%5Fbarrancabermeja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FBASE%20DE%20D
ATOS%20GESTI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA%2F2025%2FGESTI%C3%93N%2FABRIL%2FR
ESPUESTA%20A%20OFICIO%200142%20TRIBUNAL%20ADVO%20DE%20SANTANDER%2FCON
TRATOS&ga=1].
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están comprendidas en la denominada etapa precontractual ni dan
cuenta de gestión de negocio alguno ante la Alcaldía del distrito de
Barrancabermeja, debido a lo prematuro y accidental de su
condición. Y si bien el concepto de ‘gestión de negocios’ en el marco
de la pérdida de investidura, al tratarse de una acción sancionatoria,
no está circunscrito, exclusivamente, a la etapa precontractual
entendida como el procedimiento administrativo que procura la
materialización del contrato, lo cierto es que no fueron aportadas
pruebas que dieran cuenta de ello.
Por lo expuesto, no se demostró que el accionado hubiese adelantado
diligencias dinámicas, positivas y conducentes ante la Alcaldía del
distrito de Barrancabermeja, en aras de la obtención de un negocio,
en este caso del contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de
marzo de 2023, lo que comúnmente se entiende como el despliegue
de trámites en procura de una finalidad concreta, menos aún que lo
hubiese celebrado, todo lo cual recayó en cabeza del gerente y
representante legal de TRANSPORTE SAN PABLO S.A.
V.4.2.- Calidad de socio en una empresa contratista del Estado
La anterior conclusión no resulta alterada por la condición de socio
del accionado en la empresa TRANSPORTE SAN PABLO S.A.,
quien, según acta 043 de 18 de marzo de 2023, -llevada a cabo 4
días después de la celebración del contrato de prestación de servicios
1051 de 14 de marzo de 2023, para elegir nueva junta directiva,
entre otros asuntos-, tenía una participación accionaria del 1.36%,
equivalentes a 3864 acciones, en compañía de 42 socios más, cuyas
participaciones accionarias eran similares, -entre el 1.04% y el
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2.72%-, a excepción de dos socios que ostentaban el 16.86% y
19.20% de participación accionaria en esa sociedad.
Ello, por cuanto “[…] sólo cuando una persona controla la
sociedad de manera que pueda servirse de ella, tiene el poder
de interponer a la sociedad para ocultar un contrato
verdaderamente celebrado con ella […]”; en este
pronunciamiento de 31 de marzo de 2011, la Sección discernió así:
“[…] Dilucidado como queda el punto anterior, considera la Sala que
si el 28 de octubre de 2007 tuvo lugar la elección del demandado
como Concejal del Municipio de Sahagún, el único contrato de
prestación de servicios, que podría llegar a determinar la pérdida de
la investidura que ostenta el concejal demandado, sería el contrato
de prestación de servicios educativos número 002 del 8 de febrero
de 2007 celebrado por el Municipio de Sahún y la EMPRESA
PROFESIONALES ASOCIADOS DE SAHAGÚN, por haber sido
celebrado durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la
elección, pues al momento de celebrarse los contratos de prestación
de servicios números 014 del 21 de junio de 2007 y 044 del 25 de
marzo de 2008, el señor EDGAR DANIEL PÉREZ DÍAZ ya no
ostentaba la condición de socio.
En relación con el primero de los contratos, la Sala considera
que la sola circunstancia de que dicho contrato hubiese sido
celebrado con el Municipio de Sahagún dentro del año
anterior a la fecha de la elección del demandado como
Concejal de esa misma entidad territorial, no constituye por
sí misma una razón suficiente para despojar de su
investidura al demandado, en tanto y en cuanto no aparece
demostrado en el proceso que el Concejal haya intervenido
en la celebración de dicho contrato en interés propio o de
terceros.
Sobre el particular es pertinente poner de presente, que la
participación del demandado en el capital social de la
empresa PROFESIONALES ASOCIADOS DE SAHAGÚN,
ascendía tan sólo al veinticinco por ciento (25%), lo cual
descarta que el mismo tuviese una posición mayoritaria, de
dominio o de control dentro de la misma, de tal suerte que
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estuviese en la posibilidad de hacer prevalecer su poder para
favorecer su interés personal o el de terceros.
A propósito del tema, la Sección Primera del Consejo de Estado21,
al pronunciarse con respecto a la imposibilidad de decretar la
pérdida de investidura en tales circunstancias, ha dicho lo siguiente:
“El criterio de la Sala Plena de la Corporación ha sido que una
persona contrata a través de una sociedad o por intermedio
de ella cuando tiene el control de la misma, bien porque
sea socio mayoritario o por otra circunstancia que le
habilite para dominar la sociedad y hacerla aparecer
como contratista ocultando la relación real con el socio
dominante.
Solo cuando una persona controla la sociedad de
manera que pueda servirse de ella, tiene el poder de
interponer a la sociedad para ocultar un contrato
verdaderamente celebrado con ella. Este ha sido el
criterio de la Sala Plena al sostener que el socio
mayoritario controla la sociedad y es el verdadero
contratista.
En sentencia de 26 de agosto de 199422 la Sala Plena expuso
este criterio, así:
«... Tanto la sociedad Mix Up Ltda. como Diario La
Frontera son sociedades de propiedad de la familia
Salcedo Baldión y en las dos la participación de
capital del señor Félix Salcedo Baldión era
importante (80% en la primera y 48% en la
segunda), lo cual le daba la posibilidad de
controlarlas administrativamente.»
En sentencia de 13 de noviembre de 199723 la Sala Plena encontró
probada la causal de contratación por interpuesta persona, al aplicar
este criterio con los siguientes razonamientos:
«Pues bien, cumplido el trámite de rigor, estima la Sala
que la petición está llamada a prosperar porque el Dr.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
diciembre de dos 2004, número único de radicación 4700123310002003026701(PI), consejero
ponente Camilo Arciniegas Andrade.
22 Consejera ponente Dolly Pedraza de Arenas. Radicación: AC-1500. Actor: Jorge Rooselvet Leal
Botello. Demandado: Félix Salcedo Baldión.
23 Consejero ponente Carlos Betancur Jaramillo. Radicación AC-5061. Actor: Mesa Directiva H.
Senado de la República. Demandado: Henry Cubides Olarte.
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Henry Cubides O, mientras se desempeñaba como
servidor público, en su carácter de senador de la
República (art 123 de la constitución), celebró contratos,
por interpuesta persona, con dos entidades públicas,
Ecopetrol y el Departamento de Antioquia - Fábrica de
Licores de Antioquia (art 127, en armonía con el art 180
nl 2).
Si bien es cierto no lo hizo directamente o a
nombre personal, sí se infiere del acervo
probatorio que los concertó a través de la sociedad
Coltanques Ltda, de la cual, como se dijo, es el
socio mayoritario con un 90% de su capital social,
y pese a que el representante legal para la época
de la celebración de los contratos era el Sr.
Guillermo Cubides O, hermano del congresista.
Lo de interpuesta persona se infiere de las pruebas
practicadas, porque la contratista “Coltanques” es
una sociedad de responsabilidad limitada de
familia; lo que quiere decir, en otros términos, que
aunque su representante legal hubiera sido en ese
entonces el Sr. Guillermo Cubides O, quien no tenía el
carácter de socio, no por eso el demandado dejó de tener
en ese mismo lapso el carácter de socio mayoritario con
poder decisorio en la gestión social; lo que le permitía,
de acuerdo con el contrato social, reasumir los poderes
que el art 358 del c de co le confiere a todos y cada uno
de los socios en cuanto a representación y administración
de los negocios sociales” (Negrillas y subrayas fuera de
texto)24.
En providencia de la Sala Plena de esta Corporación, se recogieron
las anotadas consideraciones y se delimitaron los criterios que deben
tenerse en cuenta para valorar qué tan determinante es la
participación de un socio en las decisiones ejecutadas en nombre de
una persona jurídica, así:
“[…] Pero es que el tema de la subordinación en el derecho mercantil
societario ha cobrado fuerza debido a que se requiere levantar el
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
marzo de 2011, número único de radicación 23001233100020090001101, consejero ponente Rafael
E. Ostau De La Font Pianeta.
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velo que permite aparentar que socios minoritarios carecen de
posibilidad de decisión, cuando en realidad se advierte que logran
controlar a la entidad directamente o con el concurso de otros. La
figura, se regula bajo lo siguiente:
(…)
De la norma transcrita, conceptualmente el asunto radica en el
dominio o poder de decisión, en el que el legislador se ha visto en la
necesidad de consagrar presunciones de hecho, desvirtuables claro
está, mediante prueba en contrario, a fin de predicar que en realidad
el control societario es desplegado por socios que individualmente
no tendrían el poder para hacerlo.
Esas presunciones flanquean en tres aspectos principales: la
parte económica o monetaria materializada en el capital “a
más del 50%” que pertenezca a la matriz (numeral 1°) con
el presupuesto de que sólo se cuentan las acciones con
derecho a voto; la parte de determinaciones o “influencia
dominante”, esto es, el poder decisorio propiamente dicho a
través de su mayoría en los órganos de administración:
asamblea o junta de socios. En este se desliga del monto
societario a fin de diferenciarse de la anterior y permite
entonces que se mire desde el poder de todos los socios
incluso de otras subordinadas (numeral 2°); y, el control
contractual que ya no depende ni del capital a más del 50%
ni del poder decisorio en sus órganos de decisión sino de la
imposición de una compañía sobre otra o de personas
naturales sobre la persona jurídica (numeral 3°).
Ha de resaltarse que la subordinación proviene o bien de una o
varias personas naturales o bien de una o varias personas jurídicas,
como claramente lo prevén los parágrafos 1° y 2° de la norma en
cita.
Por eso es viable afirmar que el control o poder de una
entidad comercial no necesariamente está dado por el
porcentaje que individualmente cada uno de sus
integrantes, persona natural o persona jurídica, tengan, sino
que también deviene de factores o presupuestos de otra
índole. Como el poder decisorio en sus órganos directivos o
el control contractual, esto para desvirtuar el argumento del
demandado de su poca capacidad accionaria25.
(…)
25 En doctrina de la Supersociedades incluso se dice: “[…] pueden existir otras formas de control de
acuerdo al concepto general del artículo 260 del Código de Comercio. Lo fundamental es la ‘realidad’
del control, de tal manera que éste puede presentarse aun cuando se encuentre atomizado
el capital social o el controlante no tenga la calidad de socio […]”.
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Es más, la situación de control entre entidades comerciales
no se detiene solo para los entes de control en la fría
objetividad del capital, la decisión y la subordinación
contractual, sino que trasciende a aspectos tan de las
personas como los vínculos de consanguinidad o afinidad
entre sus accionistas unido al de sus participaciones en el
capital social. En efecto, la Superintendencia de Sociedades, en
este aspecto ha dicho: “[…] el hecho de existir vínculos de
consanguinidad o afinidad entre sus accionistas, unido a que
sus participaciones suman más del 50% del capital social,
podría llevar a la conclusión de un control conjunto26 […]”27.
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
En tal contexto, esta Sección ha determinado que “[…] es evidente
que la posición de la Corporación en esta materia ha sido clara al
señalar que la sola calidad de socio de una persona jurídica,
cualquiera que sea la forma adoptada, no indica por sí misma que
ostente el control decisional, puesto que para ello se requiere que se
acredite la ocurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
(i) que el socio tenga una participación económica o
monetaria en el capital social de más del cincuenta por ciento
(50%), (ii) que el socio tenga influencia dominante o poder
decisorio en los órganos de dirección, (iii) que el socio ostente
el control contractual, o (iv) que el socio tenga vínculos de
consanguinidad o afinidad con los demás miembros de la
Corporación o sociedad y que dicho grupo represente un
mayor porcentaje en el capital social […]”28 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
26 Doctrina de la Superintendencia de Sociedades contenida en Oficio 220-065692. Publicado el 22
de agosto de 2012 ‘Situación de Control, vínculos de consanguinidad’.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de julio de 2015,
número único de radicación 11001031500020130162100, consejera ponente Lucy Jeanntte
Bermúdez Bermúdez.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
abril de 2016, número único de radicación 76001233100020120063301, consejero ponente
Guillermo Vargas Ayala.
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Regresando al caso concreto y aplicados los citados lineamientos
tenemos que (i) el porcentaje de participación accionaria no aplica
pues, según quedó expuesto, el accionado, ANDRÉS MIGUEL
SARMIENTO CORTÉS, al momento de la celebración del contrato
de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023, con la
Alcaldía del distrito de Barrancabermeja, solo ostentaba el 1.36% de
la participación accionaria de la empresa contratista TRANSPORTE
SAN PABLO S.A., lo que dista del 50% exigido por la jurisprudencia
analizada.
(ii) En lo que respecta al segundo derrotero se observa que no está
demostrado que el accionado, en su condición de miembro suplente
del segundo renglón principal de la junta directiva de TRANSPORTE
SAN PABLO S.A., ejerciera una influencia dominante o poder
decisorio en sus órganos de dirección, y (iii) mucho menos que
ostentara el control contractual de la empresa, con ocasión del
contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023, ni
se halla acreditado el poder contractual de modo que se observe la
imposición de una compañía o persona natural sobre TRANSPORTE
SAN PABLO S.A.
Tal posible dominio al interior de la organización, revisado en
contraste con una realidad irrefutable, según la cual, el accionado
conforma la participación accionaria de esa sociedad con 42 socios
más, con iguales y superiores porcentajes de participación, descartan
los argumentos de los solicitantes en ese sentido. Un número tan
importante de accionistas como ese resulta contrario, por sí mismo,
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a la idea de la influencia dominante, poder decisorio y control
contractual concentrados en una sola persona.
Y finalmente, (iv) en lo que hace al control conjunto por vínculos de
parentesco (consanguinidad, afinidad matrimonio o unión libre), la
Sala no encuentra demostrada tal condición, pues aun cuando de los
testimonios de JÉSSICA PAOLA ANGARITA CUEVAS, YADIRA
ÁLVAREZ NIÑO y JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, se mencione
que tenían un parentesco o relación laboral de años con el accionado,
lo cierto es que permanece sin demostrarse que dichos socios
representen un mayor e imponente porcentaje en el capital social,
que, como se estableció antes, siendo una sociedad anónima era
bastante homogéneo para la época de los hechos, lo que tampoco
permite inferir que ostentaran el control de TRANSPORTE SAN
PABLO S.A., así como tampoco se allegaron pruebas que
permitieran concluir tal señalamiento.
No se pierde de vista que, solo cuando una persona controla la
sociedad de manera que pueda servirse de ella, tiene el poder de
interponer a la sociedad para ocultar un contrato verdaderamente
celebrado con aquella, por lo que, en el caso concreto, no es posible
sostener que el accionado era quien controlaba la sociedad, ni que
fuera él el verdadero contratista del contrato de prestación de
servicios 1051 de 14 de marzo de 2023.
Con fundamento en lo considerado, y al no configurarse
objetivamente la causal de pérdida de investidura por la supuesta
inhabilidad del concejal del distrito de Barrancabermeja, señor
ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS, lo que impide continuar
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con su análisis subjetivo, la Sala procederá a confirmar la sentencia
de 25 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, pero por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la solicitud de nulidad
presentada por los apelantes en su recurso.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente digital al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 23 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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