RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2018 › Radicado 73001-23-33-000-2014-00553-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2014-00553-01

Pérdida de investidura de concejal: celebración de contrato con una entidad pública

Fecha
15 de marzo de 2018
Consejero ponente
María Elizabeth García González
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2014-00553-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A CONFÍRMASE la sentencia apelada. Tiénese al doctor CESAR AUGUSTO ARANGO GARCÍA como apoderado del actor, de conformidad con el poder obrante a folio 50 del cuaderno del recurso. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 73001-23-33-000-2014-00553-01

Consejero ponente: María Elizabeth García González

15 de marzo de 2018

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Celebración de contrato con una entidad pública / CELEBRACIÓN DE CONTRATO CON ENTIDAD PÚBLICA – Prueba escrita de su existencia / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL – No se configura por la ausencia en el proceso de la prueba por escrito de la existencia del contrato con la entidad pública

[N]o se pudo probar la existencia de celebración de contrato alguno entre el Concejal demandado JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, ni de interpuesta persona, con INFIBAGUE, para usar un puesto en la plaza de mercado de La 14 del Municipio de Ibagué. Solamente se demostró que al demandado se le asignó en provisionalidad el puesto núm. 365 de la plaza de mercado de La 14 del Municipio de Ibagué, aproximadamente hace cinco (5) años, y que tenía la obligación de pagar un valor de $20.000, por concepto de la administración a INFIBAGUE, correspondiente a una tarifa o tasa, fijada unilateralmente por la mencionada entidad del orden municipal, como contraprestación al servicio público prestado por ella. […] El apelante, expresa que INFIBAGUE ha permitido que el demandado utilice y usufructúe, en su favor, la explotación comercial del puesto núm. 365 de la plaza de mercado de La 14 del Municipio de Ibagué, en donde se obligó no sólo a cumplir con el reglamento interno de dicha plaza, sino a pagar una tarifa como retribución al mencionado Municipio, conforme consta en los recibos de pago y facturas de la tarifa asignada, obrantes en el proceso y con los que, a su juicio, se perfecciona el contrato de uso existente entre las partes. Al respecto, estima la Sala que tales documentos no se erigen por sí solos en elementos suficientes que permitan evidenciar la existencia de una relación contractual, en la que participó el demandado, pues no se aportó la prueba documental por escrito tendiente a demostrar la existencia de la celebración del contrato. Lo anterior, en razón a que en virtud de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las entidades públicas son solemnes, e imponen la solemnidad del escrito, para instrumentar la existencia de la relación jurídico contractual. Dicho requisito constituye un presupuesto que determina la existencia, así como el perfeccionamiento del contrato, lo que conlleva a que el mismo sólo se pueda probar con el documento por escrito y no con cualquier medio probatorio previsto en la ley procesal.

TASA POR LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LAS PLAZAS DE MERCADO – Cobro

[É]stas corresponden a la contraprestación, fijada unilateralmente por la Administración Municipal, que deben pagar los vendedores de las plazas de mercados, por la prestación del servicio público que ella les presta.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 127 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 NUMERAL 3 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 45 NUMERAL 2 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 40 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 39 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 41

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 73001-23-33-000-2014-00553-01(PI)

Actor: JESÚS ENRIQUE ARANGO HERNÁNDEZ

Demandado: JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES

Referencia: Recurso de apelación contra la sentencia de 7 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Referencia: LA AUSENCIA EN EL PROCESO DE LA PRUEBA POR ESCRITO DE LA EXISTENCIA DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO CON ENTIDADES PÚBLICAS TORNA IMPOSIBLE ESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL DE INCOMPATIBILIDAD, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 45, NUMERAL 2, DE LA LEY 136 DE 1994, DE LA INHABILIDAD, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 43, NUMERAL 3, IBÍDEM, Y DE LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ENDILGADAS AL DEMANDADO EN SU CONDICIÓN DE CONCEJAL.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el demandante contra la sentencia de 7 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual denegó el decreto de la pérdida de investidura del Concejal del Municipio de Ibagué (Tolima), señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES.

I-. ANTECEDENTES

I.1-. El ciudadano JESÚS ENRIQUE ARANGO HERNÁNDEZ, obrando en nombre propio, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Tolima tendiente a que, mediante sentencia, se decretara la pérdida de investidura del Concejal del Municipio de Ibagué señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, elegido para el período constitucional 2012-2015.

I.2-. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes hechos:

Que el señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES fue elegido Concejal del Municipio de Ibagué (Tolima), para el período constitucional 2012-2015, cargo en el cual se posesionó el 2 de enero de 2012.

Agregó que, el demandado, su esposa y su padre LORENZO VILLANUEVA, según lo certificado por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- INFIBAGUE (en adelante INFIBAGUE), vienen siendo arrendatarios, los dos primeros, desde hace cinco (5) años, de los locales de la plaza de mercado de la 14 de Ibagué, identificados con los núms. 365 y 366, y el tercero, desde hace diez (10) años en el puesto núm. 362.

Que los mencionados señores son contratistas, en calidad de arrendatarios, del Municipio de Ibagué, a través de INFIBAGUE, de dichos puestos en la plaza de mercado, conocida como La 14.

Que antes de ser elegido Concejal del Municipio de Ibagué y posteriormente a su elección, los mencionados señores celebraron contratos de arrendamiento con INFIBAGUE, y pagan una tarifa mensual por los referidos puestos de mercado, los cuales han renovado permanentemente, por ser de tracto sucesivo, hecho que es violatorio del artículo 127 de la Constitución Política, que establece “que los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejan o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales”.

Que de acuerdo con la certificación expedida por INFIBAGUE, firmada por el Profesional Universitario de Plazas, doctor YOR FREDY OLAYA PAVA, los puestos núms. 365 y 366 fueron dados en provisionalidad a los señores JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES y ESPERANZA OLAYA PAVA, que pagan una tarifa mensual de $20.000 y los utilizan hace aproximadamente cinco (5) años, para lo cual allegó recibos de pago de dichas tarifas.

Que, además, según el certificado de 27 de junio de 2014, expedido por INFIBAGUE, aproximadamente hace diez (10) años le fue adjudicado en provisionalidad el puesto núm. 362 de la plaza de mercado de La 14 al señor LORENZO VILLANUEVA, con una tarifa mensual de ($21.500), lo cual se puede probar no sólo con el referido certificado, sino con los recibos de pago adjuntados a la demanda.

Que INFIBAGUE es un instituto descentralizado del orden municipal de Ibagué, creado por el Decreto 0183 de 23 de abril de 2001, expedido por la Alcaldía de Ibagué, por medio del cual se delegó al Alcalde de dicho Municipio la administración y funcionamiento de las plazas de mercado. Por tal razón, los contratos de arrendamiento que suscribieron el Concejal demandado y su padre, fueron celebrados con el mencionado Instituto o Alcaldía.

Consideró que, el demandado al inscribir su candidatura al Concejo del Municipio de Ibagué (Tolima), se encontraba incurso en una causal de inhabilidad, por cuanto él y sus parientes celebraron los contratos con el Municipio y que, no obstante ello, continuaron con dicho contrato hasta la fecha de la demanda, lo que originó que el demandado quedara incurso en las causales de incompatibilidad, previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 45 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, en armonía con el artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, y en la causal de inhabilidad señalada en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136 de 1994 (modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000).

I.3-. El demandado, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, aduciendo al efecto, principalmente, que no ha incurrido en causal alguna de pérdida de investidura, como quiera que no ha infringido el régimen de inhabilidades, incompatibilidades o disposiciones constitucionales de tipo prohibitivo, al hacer uso de un servicio, que es prestado por un establecimiento público del orden Municipal a toda la comunidad.

Expresó que, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigente es el contenido en la Ley 136 de 1994 y la Ley 617 de 2000.

Que tratándose de un establecimiento público del orden territorial, el régimen aplicable es el previsto en las Leyes 80 de 28 de octubre 1993, 1150 de 16 de julio de 2007 y en los Decretos Reglamentarios de las mismas.

Indicó que, el señor JOSÉ JARIO VILLANUEVA PARRALES no ha celebrado contrato alguno con INFIBAGUE, establecimiento del orden municipal, pues si bien se le reconoce la calidad de provisional por dicha Institución, ello no constituye contrato.

Manifestó que, el Acuerdo nro. 002 de 1º de junio de 2004, expedido por el Consejo Directivo de INFIBAGUE, “Por medio del cual se adopta el Reglamento de las Plazas de Mercado o Centros de Mercadeo Social”, señala que no se requiere de la celebración de un contrato escrito para quienes estén en condición de provisionalidad, pero a partir de 2013, en todos los eventos citados se exige la celebración de un contrato para tener la calidad de adjudicatario y/o provisional, el cual no ha sido celebrado por el Concejal JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES. Por tal razón, no se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura que se le reprocha.

Que en el presente caso, es claro que no se puede pensar en la existencia de un contrato, toda vez que la misma entidad descentralizada ha determinado una tarifa, por el pago del servicio ofrecido, la cual comporta un gasto de la Administración.

Sostuvo que, el valor pagado por el Concejal demandado o cualquier ciudadano que acceda a un espacio para efectuar la venta de productos agropecuarios en una plaza de mercado, no obedece a la contraprestación de un contrato, producto de un acuerdo de voluntades, sino al pago de una tasa- tarifa, impuesta por el Ente Administrador, que funge como autoridad administrativa, con la cual se remunera el servicio prestado por INFIBAGUE y que tiene por finalidad recuperar la inversión efectuada por dicha entidad estatal para mantener la disponibilidad del mismo.

Para el efecto, trajo a colación la sentencia nro. 307 de 2009 de la Corte Constitucional, que señaló que las tasas son prestaciones pecuniarias, que constituyen remuneraciones de los particulares por los servicios prestados por el Estado, y que, en principio, no son obligatorias, pues el interesado puede optar por tomar o no el respectivo bien, como también utilizar o no el correspondiente servicio.

Que, bajo esta perspectiva, no existe uno de los elementos esenciales del contrato, como es el precio, pues la tarifa pagada por quienes acceden a los beneficios ofrecidos por INFIBAGUE, no comporta remuneración alguna contractual, sino la recuperación propia por la disponibilidad del área- administración-.

Señaló que, conforme al artículo 4º del Acuerdo 002 de 2004 (Reglamento de plazas de mercado), las plazas de mercado están destinadas para la prestación de un servicio al público, con la misión de garantizar la oferta de productos básicos de consumo domésticos.

Que de acuerdo con el objeto y la misión de INFIBAGUE, las plazas de mercado convergen tanto al desarrollo de una función propiamente administrativa, de tipo regulatorio, así como a la prestación de un servicio a todo ciudadano que desee efectuar la venta y compra de productos agropecuarios, para lo cual dispone de un espacio o local o puesto para tal fin.

Citó la sentencia de 14 de octubre de 2010 (Expediente nro. 50001-23-31-000-2005-00055-01(AP), Actor: Orlando Hernández Mora, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), en la que se precisó que la actividad de las plazas es un servicio público municipal, tanto por determinación de la Ley, como por reconocimiento jurisprudencial.

Aclaró que, tratándose de las plazas de mercado y la autorización del uso de un espacio para la venta y comercialización de productos agropecuarios, INFIBAGUE ofrece un servicio público, al cual accedió el Concejal JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, para desarrollar una actividad mayorista o minorista de venta, compra o comercialización de productos agropecuarios, y que de la misma manera, puede ser tomado por cualquier ciudadano bajo condiciones comunes, sin que exista limitación o condición especial para atender tal fin.

Sostuvo que, en el evento de considerarse que el Concejal demandado celebró el contrato con INFIBAGUE, dicho acto jurídico está inmerso en las excepciones legales establecidas en los artículos 10° de la Ley 80 de 1993 y 46, literal c), de la Ley 617 de 2000, dado que la referida entidad pública descentralizada territorial presta el servicio de administrar las plazas de mercado, al que accede cualquier ciudadano, en condiciones normales y comunes.

Que tal situación, desde la configuración del Legislador, implica que ante situaciones excepcionales, se impuso un límite racional, cuando se trata de aquellas que afectan el ejercicio y desarrollo de derechos constitucionales de tipo electoral.

Propuso como excepciones de fondo las siguientes:

-AUSENCIA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE INFIBAGUE Y EL CONCEJAL JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, toda vez que no existe vínculo contractual o convenio entre la entidad descentralizada y el demandado, en su condición de Concejal del Municipio de Ibagué.

-CONCRECION JURÍDICA Y MATERIAL DE UNA CAUSAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA LEY, dado que en el evento de considerarse que entre INFIBAGUE y el Concejal demandado se celebró un contrato, dicho acto jurídico está inmerso en las excepciones legales, establecidas en los artículos 10 de la Ley 80 de 1993, y 46, literal c), de la Ley 617 de 2000.

Ello en cuanto la plaza de mercado, administrada por INFIBAGUE, es de propiedad de dicha entidad descentralizada; es un servicio prestado y administrado por la mencionada Institución, al público bajo condiciones comunes a quien lo solicite, pues al mismo accede quien tenga interés en comercializar productos agropecuarios, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el reglamento, respecto del cual se cancela una tarifa de administración, de acuerdo con el lugar de asignación que establezca la entidad descentralizada.

-AUSENCIA DE INTERVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS Y/O CELEBRACIÓN DE CONTRATOS ANTE ENTIDADES PÚBLICAS, habida cuenta que es claro que en la asignación y/o autorización de un lugar, local, puesto o área de INFIBAGUE, para el expendio de productos agropecuarios en la plaza de mercado que administra, no intervino en momento alguno el Concejal demandado, de manera directa y previa, con el fin de concretar tal situación en beneficio de terceros, por cuanto el poder de decisión de asignación del área está a cargo del ente administrador de la plaza, previo cumplimiento de unas condiciones objetivas comunes, además de que se trata de un servicio ofrecido al público, al cual se accede en condiciones normales y comunes.

II-. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo denegó las pretensiones de la demanda, al estimar que el Concejal JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES no incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43, de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, ni en la causal de incompatibilidad consagrada en el numeral 2 del artículo 45 ibidem, alegadas por el actor, como tampoco en la violación del artículo 127 de la Constitución Política.

Además, precisó que la causal señalada en el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 (modificada por el artículo 3º de la Ley 177 de 1994) fue derogada por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000.

Indicó que, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 23 de julio de 2002 (Consejero ponente doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO), luego de una interpretación sistemática del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, concluyó que dicho artículo no había derogado la causal de pérdida de investidura relativa a la violación del régimen de inhabilidades, sino que ella conservaba su vigencia por virtud del ordenamiento jurídico y, por tanto, era plenamente aplicable al caso sometido a su consideración.

Destacó que, para que un negocio jurídico sea considerado específicamente contrato, deben concurrir dos (2) elementos: la pluralidad de partes y un interés de contenido económico, que mediante él se regula. De manera que, si no concurre uno de los elementos, tal acto será un negocio jurídico, pero no tendrá la connotación de contrato.

Precisó que, la única previsión que se debe tener con respecto al contrato celebrado por la Administración Pública es que siempre debe cumplir con la solemnidad escrituraria (contrato litteris), esto es, la formalidad del escrito, que es ad substantiam actus.

Señaló que, quien alega la existencia de un contrato estatal, debe acreditar la celebración del contrato con el documento que se pide como solemnidad constitutiva.

Para el efecto, trajo a colación las sentencias de la Sección Tercera de 9 de mayo de 2011 (Expediente núm. 17864) y de 19 de noviembre de 2012.

Advirtió que, ninguno de los documentos revisados, que obran en el expediente, contiene el contrato de arrendamiento que, a juicio del actor, celebró el demandado y su padre con INFIBAGUE.

Manifestó que, en el caso bajo examen, se encuentra acreditado que la plaza de mercado de La 14 es un bien de uso público, y que del estudio de la normativa que consagra los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, se desprende la improcedencia del arrendamiento de un bien de uso público.

Que es evidente que el alegado contrato de arrendamiento reprochado por el actor, que tiene el demandado y su padre con la Administración, tampoco podría llegar a existir, por cuanto la naturaleza jurídica del bien (uso público) no lo permite.

Estimó que, el Concejal demandado utiliza el local o puesto en calidad de provisional, y su padre, en calidad de adjudicatario, para lo cual cuentan con un permiso o autorización otorgado por INFIBAGUE, que les permite comercializar sus productos agropecuarios en la plaza de mercado de La 14, a cambio del pago de una tarifa de administración. Por ello, no se puede establecer que hay un contrato de cualquier naturaleza, toda vez que no aparece documento alguno que lo certifique.

Consideró que, al no estar acreditado en el presente asunto que el Concejal demandado o su padre celebraron un contrato con la Administración Municipal antes o con posterioridad a su elección, no hay lugar a declarar la pérdida de investidura del Concejal JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES.

Concluyó que, en el sub lite no se reúnen los elementos propios de un contrato. No obstante si se llegara a considerar lo contrario, la causal de inhabilidad endilgada al Concejal demandado exige para su configuración que este lo haya celebrado durante el año anterior a su elección, condición que claramente no se presenta en este asunto, pues dicho acuerdo entre la Administración y el demandado se realizó desde hace más de cinco (5) años y se viene ejecutando de manera ininterrumpida, motivo por el cual no se subsume la condición de temporalidad que debe tener lugar en el supuesto fáctico de la causal.

Para el efecto, citó la sentencia de 8 de mayo de 2014 (Expediente nro. 70001-23-33-000-2012-00094-01(PI), Actor: LEONEL DE JESÚS GONZÁLEZ PACHECO, Consejera ponente doctora MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO), en la que se señaló que las conductas que se remonten a fecha anterior a los doce (12) meses anteriores a la inscripción o a la elección no se subsumen en la condición de temporalidad, en que debe tener lugar el supuesto fáctico de la causal de inhabilidad endilgada, “dados los claros términos en que la norma sub- examine delimita la extensión del período inhabilitante”.

Que, en consecuencia, el supuesto que se alega en la demanda como constitutivo de inhabilidad es de imposible cumplimiento, pues la celebración del contrato que endilga el actor, no se produjo dentro del año anterior a la elección.

III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El actor insistió en que existe y existió un contrato entre la Administración Municipal, a través de INFIBAGUE, y el Concejal del Municipio de Ibagué JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, el cual fue celebrado durante el año inmediatamente anterior a la elección del mencionado Concejal.

Señaló que, “ante la presunta inexistencia del documento formal “contrato”, se debió constituir el mismo con los elementos probatorios existentes.

Indicó que, conforme a la certificación de 27 de junio de 2014, expedida por el Profesional Universitario de Plazas de INFIBAGUE, YOR FREDY OLAYA PAVA, se puede establecer, por una parte, que el contrato existe desde mínimo hace cinco (5) años y, que por lo menos desde junio de 2009 se ha venido celebrando contrato en “provisionalidad” cada noventa (90) días hasta la fecha (del recurso), ya que el literal d) del artículo 3º del Acuerdo 002 de 21 de mayo de 2013, señala que la condición de provisionalidad no puede superar dicho término, el cual es improrrogable, es decir que una vez cumplido ese término, no se prorrogará.

Que, en este orden de ideas, el demandado ha contratado cinco (5) veces con INFIBAGUE, durante el año inmediatamente anterior a la elección.

Adujo que, atendiendo los elementos del contrato, evidentemente existe un acuerdo de voluntades entre el Concejal demandado y el ente público INFIBAGUE, pues este último ha permitido que el demandado utilice y usufructúe, en favor de su patrimonio la explotación comercial del puesto núm. 365 de la plaza de mercado de La 14 de Ibagué, en donde se obligó no sólo a cumplir con el reglamento interno de dicha plaza, sino a pagar una tarifa como retribución al Municipio, conforme consta en los recibos de pago de la tarifa asignada, obrantes en el proceso y con los que se perfecciona el contrato de uso existente entre las partes.

Señaló que, el dinero cancelado por el Concejal demandado en favor de INFIBAGUE entra directamente a su cuenta de ingresos, por ser una retribución por el contrato de uso concedido a los particulares respecto a los puestos y locales de las plazas de mercado.

Precisó que, dicha tarifa no es un tributo sino un cobro de contraprestación que recibe el Municipio a cambio del arrendamiento de un espacio en la plaza de mercado, según lo dispuesto en la sentencia C-927 de 2006 de la Corte Constitucional.

Manifestó que, si bien presuntamente no ha existido un contrato con las formalidades de ley, existe un documento esencial que permite establecer la intención contractual de uso, celebrado entre INFIBAGUE y el Concejal demandado, como son las facturas de pago por uso en provisionalidad del puesto de mercado, que tiene en uso el demandado, que fueron aportadas desde enero a mayo de 2014 y que en el registro de la mencionada entidad pública obran las canceladas desde hace cinco (5) años, con lo cual no sólo se ratifica el contrato cada vez que cancela la tarifa asignada, sino cuando firma el mismo en forma de aceptación y cuando acepta y cumple con el reglamento interno de la plaza de mercado, que condiciona el uso cedido, bien sea en provisionalidad o adjudicación.

Estimó que, teniendo en cuenta los anteriores elementos fácticos, se trata de un contrato de uso, celebrado entre INFIBAGUE y el señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, quien es Concejal de Ibagué, tal y como se probó con el acta de posesión núm. 001 de 2 de enero de 2012, situación que conlleva a establecer que el demandado está incurso en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades o disposiciones de tipo prohibitivo, como lo es, el artículo 127 de la Constitución Política.

Expresó que, el Concejal demandado, su padre y su compañera permanente tienen tres (3) puestos en la plaza de La 14, desconociendo aquél que en su calidad de servidor público no puede hacer parte de las actividades propuestas por el Municipio para la recuperación del espacio público en los alrededores de la plaza de La 14 y beneficiarse de la referida función pública.

Anotó que, se pudo establecer que el contrato de uso existente entre INFIBAGUE y el demandado se encuentra clasificado en el contrato de concesión.
Concluyó que, sí existe un contrato entre la Administración Municipal, a través de INFIBAGUE y el Concejal JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, y que “por el hecho de presuntamente no existir un contrato ahora, no quiere decir que nunca hubiese existido y que éste no exista...”, habida cuenta que deben considerarse contratos estatales “todos los contratos que celebren las entidades del Estado”.

De otra parte, señaló que “ni siquiera por parte de esta Honorable Sala se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen entonces las conductas en las que se pudieron o pueden estar incurriendo, tanto INFIBAGUE como el actual Concejal VILLANUEVA PARRALES al estar siendo favorecido con el permiso de uso de un bien público, sin las formalidades de ley que este obliga y regula […]”.

IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El señor Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo, se muestra partidario de que se confirme la sentencia apelada, en resumen, al no encontrar que se hayan configurado las causales de pérdida de investidura previstas en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, y en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994.

Indicó que, la Jurisprudencia del Consejo de Estado (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo) ha reiterado que la violación del régimen de inhabilidades constituye causal de pérdida de investidura para los Concejales Municipales y Distritales.

Manifestó que, conforme a la Jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado y con fundamento en los supuestos del numeral 3 del artículo 43 de la Ley 617 de 2000 y del numeral 4 del artículo 45 ibídem, resulta necesaria la existencia del contrato, como elemento para la configuración de la incompatibilidad e inhabilidad que se le imputa al Concejal JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES.

Que no comparte los razonamientos expuestos en el recurso de apelación, que pretende la configuración de un “contrato de uso o adjudicación”, por el cual se permitió al Concejal demandado utilizar y usufructuar el puesto núm. 365 de la plaza de mercado de La 14, para vender productos agrícolas, a cambio de que aquel, además de cumplir el reglamento interno de la plaza de mercado, cancele una tarifa como retribución al Municipio por el uso, el cual no se encuentra elevado a escrito, pero se pretende probar a través de una serie de recibos y certificaciones expedidas por la entidad pública, toda vez que a, juicio del Ministerio Público, el contrato estatal debe constar por escrito, y no es admisible otro medio probatorio diferente al documento.

Para el efecto, trajo a colación la sentencia de 3 de julio de 2014 (Expediente núm. 17001-23-33-000-2013-00145-01(PI), Actor: JORGE ELIECER MARÍN TRUJILLO, Consejera ponente doctora MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO), en la que se señaló que todos los contratos que se celebren con entidades públicas, independientemente de su cuantía, deben constar por escrito y, por lo tanto, la prueba de su existencia se acredita con el documento mismo.

Expresó que, conforme lo indicó el Tribunal de primera instancia, la relación que existe entre el Concejal demandado e INFIBAGUE no es propiamente contractual.

Señaló que, el demandado utiliza un local o puesto, en calidad de provisional y su padre, en calidad de adjudicatario, para lo cual cuentan con un permiso o autorización, que les permite comercializar sus productos agropecuarios en la plaza de mercado de La 14, a cambio del pago de una tarifa de administración.

Concluyó que, no se encuentra acreditada la existencia del contrato entre el Concejal demandado e INFIBAGUE, elemento esencial para la configuración de las causales de inhabilidad e incompatibilidad imputadas, razón por la cual los argumentos del recurso de apelación no están llamados a prosperar.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La inconformidad del actor con el fallo de primera instancia radica, básicamente, en que, a su juicio, sí se configuraron las causales de pérdida de investidura, por violación del régimen de incompatibilidades, establecido en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136 de 1994, del régimen de inhabilidades, consagrado en el artículo 43, numeral 3, ibidem, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, y del artículo 127 de la Constitución Política, en cuanto el señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES celebró contrato con el establecimiento público del orden municipal INFIBAGUE, el año inmediatamente anterior a su elección como Concejal del Municipio de Ibagué, con el objeto de utilizar el puesto núm. 365 de la plaza de mercado, denominada La 14, en dicho Municipio, para vender productos agrícolas, el cual ha venido celebrando en “provisionalidad” cada noventa (90) días, y se encuentra probado con las facturas de pago.

Para resolver la controversia, se tiene en cuenta lo siguiente:

La Ley 617 de 2000, en su artículo 48, se refirió a las causales de pérdida de investidura, así:

“[…] 1.- Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.

“2.- Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso.

“3.- Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

“4.- Por la indebida destinación de dineros públicos.

“5.- Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

“6.- Por las demás causales expresamente previstas en la ley. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Las causales de incompatibilidad de los Concejales están previstas en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, el cual prevé:

“[…] ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán:

1. <Artículo 3 de la Ley 177 de 1994 derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000>

2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se establecen.

[…]” (Las negrillas fuera de texto.)

En relación con la violación del régimen de inhabilidades, la Sala Plena en sentencia de 23 de julio de 2002 (Expediente núm. 7177, Actor: Julio Vicente Niño Mateus, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), precisó que la misma no desapareció como causal de pérdida de investidura con la Ley 617 de 2000; que dicha ley de origen gubernamental tuvo por finalidad -según lo expresado en sus motivaciones, fuera del saneamiento fiscal de las entidades territoriales-, establecer reglas de transparencia de la gestión departamental y municipal mediante el fortalecimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, a través de “la ampliación de las causales de pérdida de investidura para Concejales y Diputados”.

Es así como el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, establece:

“[…] El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

"Artículo 43. INHABILIDADES: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

… 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito […]”. (Las negrillas fuera de texto.)

Por su parte, el artículo 127 de la Constitución Política, prevé:

“[…] Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales […]”.

De conformidad con las disposiciones antes enunciadas, la celebración de contratos con entidades públicas es la fuente de las causales de incompatibilidad, inhabilidad y de la prohibición, reseñadas y endilgadas al Concejal del Municipio de Ibagué (Tolima) JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES.

Precisado lo anterior y analizadas las pruebas obrantes en el proceso, se observa lo siguiente:

Se encuentra acreditado que el señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES fue elegido como Concejal del Municipio de Ibagué (Tolima) para el período comprendido entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015 (folio 18).

Que el Instituto de Financiamiento, Promoción, Desarrollo de Ibagué- INFIBAGUE (en adelante INFIBAGUE) es un establecimiento público del orden municipal de Ibagué, creado por el Decreto 0183 de 23 de abril de 2001, expedido por el Alcalde de dicho Municipio, y que tiene asignada las funciones de administración y funcionamiento de las plazas de mercado (folios 20 a 39).

Que fueron asignados de manera provisional a los señores JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES y ESPERANZA OLAYA PAVA, los puestos núms. 365 y 366 de la plaza de mercado de La 14 del Municipio de Ibagué, por los que pagaban una tarifa mensual de $20.000 y viene usándolos desde “hace aproximadamente cinco (5) años”. Y el puesto núm. 362 fue asignado al señor LORENZO VILLANUEVA hace más de diez (10) años, con una tarifa mensual de $21.500, conforme consta en el certificado núm. DOPM720-10-02.14.18 de 27 de junio de 2014, que dice:

“[…] me permito manifestarle que los puestos 365 y 366 se encuentran dados en provisionalidad a JAIRO VILLANUEVA Y ESPERANZA ARENAS respectivamente, los cuales tienen una tarifa mensual de $20.000; y lo vienen utilizando aproximadamente hace más de cinco años, en lo que respecta al puesto No. 362 adjudicado al Sr. Lorenzo Villanueva hace más de 10 años, con una tarifa mensual de $21.500

De igual manera, le hago llegar recibos de pago de provisionalidad de los puestos Nos. 365 y 366. Del puesto No. 362 le hago llegar el estado de cuenta debido a que no presenta pagos en los últimos seis meses, generando a la fecha una deuda de $157.318.oo. anexo doce (12) folios […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto) (folio 3).”

Que no obra en el expediente prueba de contrato alguno, en calidad de adjudicatario y/o provisional, celebrado entre el señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES e INFIBAGUE, ni entre el padre del demandado LORENZO VILLANUEVA y el Instituto en mención, ni documento alguno, en el cual se concrete el acuerdo de voluntades entre dichas partes, por el uso de un puesto de mercado en la plaza de mercado de La 14 de la ciudad de Ibagué.

Que los valores pagados por quienes acceden a los usos de los puestos en dicha plaza de mercado corresponden a tarifas y no a cánones de arrendamiento.

Así, se señala en el Oficio núm. 3993 de 30 de septiembre de 2014, suscrito por JUAN CARLOS GUZMÁN CORTÉS, Gerente (E) de INFIBAGUE:
“[…] Revisada nuestra base documental no obra contrato de adjudicación o de uso celebrado entre el señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES e INFIBAGUE, conforme lo certifica la Dirección Operativa- Oficina de Plazas de Mercado del Instituto, por lo cual no es factible certificar si es poseedor de un puesto en la plaza de mercado.

Lo que puede indicarse es que el señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, tiene acceso a una zona para la venta de sus productos agrícolas, por el cual cancela una tarifa de administración de acuerdo al período de uso del mismo, que puede ser diario, semanal o mensual, de acuerdo a la necesidad de uso del área determinada.

Consonante con el oficio DOPM720 -10.02.14.18 de junio 27 de 2014, expedido por el PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PLAZAS, el señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, viene haciendo uso de un espacio que corresponde al puesto No. 365 por el cual paga una tarifa de administración.

[…]

Revisada nuestra base documental no obra contrato alguno en su calidad de ADJUDICATARIO Y/O PROVISIONAL entre el señor JOSE JAIRO VILLANUEVA PARRALES, y LORENZO VILLANUEVA e INFIBAGUE, conforme a la certificación expedida por la Dirección Operativa – Oficina de Plazas de Mercado del Instituto.

[…]

Conforme a la certificación expedida por la Dirección Operativa- Oficina de Plazas de Mercado del Instituto, no obra documento alguno en el cual se concrete el acuerdo de voluntades o se comunique la autorización de uso de locales o puestos en la plaza de mercado de la calle 14 al señor JOSE JAIRO VILLANUEVA PARRALES y LORENZO VILLANUEVA.

[…]

Los valores pagados por quienes acceden a los usos de zonas tales como locales, puestos, bodegas, áreas de comercialización o demás que hacen parte de la plaza de mercado que es ADMINISTRADA por INFIBAGUE, no corresponden a cánones de arrendamiento, solo corresponden a TARIFAS por concepto de ADMINISTRACIÓN, CESIÓN, CAMBIO DE USO, de acuerdo a su causa, que permiten a INFIBAGUE asumir los gastos en que incurre para mantener la disponibilidad de dicho servicio […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto) (folios 127 a 129)”.

En igual sentido, a través de la Certificación de 30 de septiembre de 2014, suscrita por JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ ACOSTA, Director Operativo de INFIBAGUE, se establece que no hay contrato físico alguno, celebrado entre el señor JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES e INFIBAGUE, a saber:

“[…] En calidad de Director del área a la que se encuentra la oficina de Plazas de Mercado, que una vez revisada la base escrita física documental del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- INFIBAGUE, no se encontró contrato físico alguno suscrito con los señores José Jairo Villanueva y Lorenzo Villanueva […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto) (folio 130)”.

Así las cosas, no se pudo probar la existencia de celebración de contrato alguno entre el Concejal demandado JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, ni de interpuesta persona, con INFIBAGUE, para usar un puesto en la plaza de mercado de La 14 del Municipio de Ibagué.

Solamente se demostró que al demandado se le asignó en provisionalidad el puesto núm. 365 de la plaza de mercado de La 14 del Municipio de Ibagué, aproximadamente hace cinco (5) años, y que tenía la obligación de pagar un valor de $20.000, por concepto de la administración a INFIBAGUE, correspondiente a una tarifa o tasa, fijada unilateralmente por la mencionada entidad del orden municipal, como contraprestación al servicio público prestado por ella.

Al respecto, es preciso traer a colación la sentencia de 18 de abril de 2013 de esta Sección (Expediente núm. 2004-02221-00, Actor: FABIO DE JESÚS TORRES YARURO), en la que, al estudiar sobre las tasas para plaza de mercado, señaló que éstas corresponden a la contraprestación, fijada unilateralmente por la Administración Municipal, que deben pagar los vendedores de las plazas de mercados, por la prestación del servicio público que ella les presta.

Así, lo expresó la Sala en la precitada sentencia:

“[…] En tratándose de tasas establecidas para plazas de mercado, es preciso traer a colación la sentencia de 9 de noviembre de 1979 (Expediente núm. 3026, Sección Primera, Consejero ponente doctor Jacobo Pérez Escobar), la cual, no obstante haber sido dictada con anterioridad a la Carta Política de 1991, resulta orientadora para el tema que ocupa la atención de la Sala.

Al efecto, precisó la referida sentencia:

“[…] sobre plazas de mercado existen las siguientes normas:

Conforme al numeral 15 del artículo 169 del C. de R. P. y M., corresponde a los Concejos "señalar el día o días en que deba tener lugar el mercado público".

Según el artículo 1º del Decreto 929 de 1943, los Municipios deben establecer "sitios de expendio dentro del perímetro urbano, de modo que los productores encuentren siempre facilidades para vender directamente sus productos".

También se dispone en el artículo 2º ibídem, que "los municipios no podrán exigir impuesto, contribución o derecho alguno, ni prohibir a los campesinos que expendan directamente sus productos, cuando no se les hubiere señalado sitio adecuado en los mercados de que trata el artículo anterior y vendieren los víveres en cualquier parte del perímetro urbano".

El artículo 3º ibídem establece lo siguiente: "Desde el primero (19 de junio del año en curso las tarifas fijadas en los Municipios para los mercados no podrán regir sin la aprobación del respectivo Gobernador. Los Gobernadores de los Departamentos quedan investidos de la facultad de revisar las tarifas de los mercados municipales, con el objeto de que no se vulneren los intereses de los productores y no se entorpezca el comercio de los artículos de primera necesidad".

De acuerdo con la letra y el espíritu de las normas anteriores, las "Plazas de Mercado", que pueden ser cubiertas, al aire libre o semicubiertas, son un servicio público a cargo de los Municipios, siendo o debiendo ser generalmente sus usuarios los productores y consumidores del respectivo Municipio, o sea que la ley busca con la prestación de este servicio eliminar hasta donde sea posible la intermediación entre el productor y el consumidor. Para obtener esta finalidad los Concejos deben señalar un sitio adecuado y dotarlo de los medios materiales y de los servicios indispensables para que los usuarios, o sea la comunidad, puedan hacer uso de él adecuadamente. De suerte que no les basta a los Municipios señalar un sitio cubierto o cerrado, sino que además deben dotarlo de locales, expendios y puestos, así como, si ello es posible, de los servicios de agua, luz, sanitarios, aseo, vigilancia, etc. Esto quiere decir que el servicio público de mercado o de Plaza de Mercado consiste en la actividad organizada que pone a disposición de productores y consumidores, y aún de los intermediarios, un conjunto de elementos materiales e inmateriales, para satisfacer en forma regular y continua la necesidad colectiva de adquirir los artículos de primera necesidad a precios no especulativos.

De lo anterior se desprende que los vendedores de las "plazas de Mercado" no son arrendatarios de los Municipios o de las entidades municipales que tengan por encargo prestar ese servicio público, sino concesionarios de los medios materiales e inmateriales que se les adjudican, debiendo pagar como contraprestación una tarifa que fija unilateralmente la Administración Municipal, tarifas que, de acuerdo con el artículo 3o del Decreto 929 de 1943, deben ser aprobadas por el respectivo Gobernador, el que tiene facultad de revisarlas, "con el objeto de que no se vulneren los intereses de los productores y no se entorpezca el comercio de los artículos de primera necesidad".

Precisamente por ser un servicio Municipal el de "mercado público" es que está sujeto a las reglamentaciones que sobre el particular dicte el Municipio, debiendo el Concejo, como lo dispone el numeral 15 del artículo 169 del C. de R. P. M., "señalar el día o días en que deba tener lugar[…] (negrilla y subraya fuera de texto).”

Por consiguiente, no cabe duda que el demandado pagaba la indicada tarifa, con ocasión del uso del puesto núm. 365, en la Plaza del Mercado de La 14 del Municipio de Ibagué, como contraprestación al servicio público prestado por INFIBAGUE.

Además, cabe destacar que, en el caso sub examine, las personas naturales que desarrollaban actividades de venta de mercancías o productos, al interior de la referida Plaza de Mercado del Municipio de Ibagué, en un puesto asignado a criterio del Administrador de la Plaza, de manera transitoria o provisional, conforme lo realizaba el demandado, no estaban obligadas a suscribir contrato. Sólo los adjudicatarios estaban obligados a celebrar contratos de uso administrativo con el Ente Administrador (INFIBAGUE).

En efecto, el Acuerdo núm. 002 de 1º de junio de 2004, “Por medio del cual se adopta el Reglamento de las Plazas de Mercado o Centros de Mercado Social,” expedido por el Concejo Directivo INFIBAGUE, prevé:

“[…] ARTÍCULO 2.- Se denominan Plazas de Mercado, para efectos del presente Acuerdo los inmuebles de propiedad del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE- INFIBAGUE- destinados por éste para servir de centros de expendio y abastecimiento de artículos principalmente de origen agropecuario de primera necesidad, consumo popular o uso doméstico.

ARTÍCULO 3.- Como complemento a la definición de Plazas de Mercado, se definirán así los siguientes términos:

ADJUDICATARIO: Es toda persona natural que mediante contrato de uso administrativo suscrito con el ENTE ADMINISTRADOR, administra y explota comercialmente un local, puesto o espacio en la plaza de mercado, para el expendio de productos básicos de consumo doméstico principalmente de origen agropecuario, de acuerdo con la actividad que le haya sido autorizada durante un tiempo determinado, obligándose a pagar la tarifa de administración mensual establecida, los servicios públicos y demás contraprestaciones acordadas con el ENTE ADMINISTRADOR; a restituir el local, puesto o espacio al vencimiento del contrato o por incumplimiento de las obligaciones pactadas con el ENTE ADMINISTRADOR de las Plazas de Mercado.

[…]

PROVISIONAL: Persona natural que desarrolla una actividad de compra, venta o permuta de mercancías o productos, al interior de la Plaza de Mercado, en local puesto o espacios asignados a criterio del Administrador de la Plaza de manera transitoria o provisional y sin que su ocupación conlleve a ocupar zonas comunes o áreas de circulación interna. El Provisional a pesar que no estar obligado a suscribir contrato con el ENTE ADMINISTRADOR, si se obliga a cumplir con el reglamento interno de plazas, mientras desarrolle cualquiera de las actividades comerciales autorizadas al interior de las Plazas de Mercado.

ARTÍCULO 7.- […]

Sólo serán reconocidos como ADJUDICATARIOS de puestos o locales permanentes, aquellas personas que hubieren firmado los correspondientes contratos de uso administrativo.

b.- Tendrán el carácter de PROVISIONALES, los puestos, locales o espacios, que se contraten en forma provisional, en lugares habilitados para el efecto y cuyo canon sea pagado diariamente, por un período máximo de 30 días, sin que en ningún caso se trate de áreas comunes o ubicadas sobre espacio público, y mientras se realiza la solicitud de adjudicación […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)”.

El apelante, expresa que INFIBAGUE ha permitido que el demandado utilice y usufructúe, en su favor, la explotación comercial del puesto núm. 365 de la plaza de mercado de La 14 del Municipio de Ibagué, en donde se obligó no sólo a cumplir con el reglamento interno de dicha plaza, sino a pagar una tarifa como retribución al mencionado Municipio, conforme consta en los recibos de pago y facturas de la tarifa asignada, obrantes en el proceso y con los que, a su juicio, se perfecciona el contrato de uso existente entre las partes. Al respecto, estima la Sala que tales documentos no se erigen por sí solos en elementos suficientes que permitan evidenciar la existencia de una relación contractual, en la que participó el demandado, pues no se aportó la prueba documental por escrito tendiente a demostrar la existencia de la celebración del contrato.

Lo anterior, en razón a que en virtud de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las entidades públicas son solemnes, e imponen la solemnidad del escrito, para instrumentar la existencia de la relación jurídico contractual.

Dicho requisito constituye un presupuesto que determina la existencia, así como el perfeccionamiento del contrato, lo que conlleva a que el mismo sólo se pueda probar con el documento por escrito y no con cualquier medio probatorio previsto en la ley procesal.

Sobre el particular, la sentencia de 20 de septiembre de 2007 de la Sección Tercera del Consejo de Estado (Expediente núm. 23001-23-31-000-1999-08483-01(16852), Actor: Ángel Monterrosa Arrieta, Consejera ponente doctora Ruth Stella Correa Palacio), aleccionó de la siguiente manera:

“[…] Recuérdese, por lo demás, que el contrato celebrado por la administración con los particulares es de carácter solemne, es decir, que para su eficacia, de acuerdo con el régimen jurídico de derecho público al cual está sometido, se requiere que se eleve a escrito la manifestación de voluntad, de manera que la ausencia de este conlleva la inexistencia del negocio jurídico e impide el nacimiento de los efectos jurídicos pretendidos por las partes, toda vez que éstas no tienen libertad de forma, “…pues la solemnidad escrituraría hace parte de la definición del tipo negocial por razones de seguridad y certeza en razón a que se trata de una normativa reguladora de la contratación de las entidades públicas…”.

Igualmente, por sabido se tiene que esta solemnidad, según la cual esta clase de contratos deben constar por escrito, constituye un requisito ad substantiam actus, esto es, sin el cual el negocio no existe y, por tanto, carece de efectos en el mundo jurídico; ello implica que la falta del documento que contiene el acto o contrato no pueda suplirse con otra prueba, pues en aquellos negocios jurídicos en los que la ley requiere de esa solemnidad, la ausencia del documento escrito conlleva a que se miren como no celebrados y su omisión de aportarlos en legal forma dentro de un proceso judicial impide que se puedan hacer valer o reconocer los derechos y obligaciones -efectos jurídicos- que en nombre o a título de él se reclaman […](Las negrillas y subrayas fuera de texto)”

En el mismo sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2013 de la Sección Tercera- Subsección C- del Consejo de Estado (Expediente núm. 66001-23-31-000-2000-00799-01(24.896), Actor: Hospital San José de Marsella, Consejero ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), trató el tema de la solemnidad de los contratos estatales y del escrito, como única prueba para demostrarla:

“[…] Cuando el negocio jurídico es solemne, la solemnidad exigida, amén de perfeccionarlo o hacerlo surgir a la vida jurídica, cumple la función de demostrar su existencia, si esa solemnidad consiste en un escrito o documento, con la característica de ser la única prueba admisible para ello por así disponerlo la ley.

Con otras palabras, en este caso el documento cumple no sólo una función constitutiva sino además una función probatoria y éste será el único medio probatorio pertinente para ello.

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, el contrato del Estado es un negocio jurídico solemne porque para su perfeccionamiento es necesario que se plasme en un escrito.

En consecuencia, cuando se pretenda la declaratoria de existencia de un contrato estatal y la indemnización de perjuicios con fundamento en que él se ha incumplido, la prosperidad de semejantes pretensiones supone, entre otras demostraciones, que se acredite la celebración del contrato con el documento que se pide como solemnidad constitutiva pues acreditando su existencia se podrán determinar los derechos y obligaciones a favor y a cargo de cada una de las partes para luego proceder, ahí sí, a verificar si hubo tal incumplimiento y si este causó daño […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)”.

Por su parte, esta Sección, en la sentencia de 3 de julio de 2014 (Expediente núm. 17001-23-33-000-2013-00145-01, Actor: Jorge Eliecer Marín Trujillo, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), que ahora se prohíja, en la cual el Ministerio Público fundamentó el concepto emitido en la acción bajo examen- al estudiar un asunto sobre la inhabilidad de Concejal para celebrar contratos, precisó:
“[…] todos los contratos que se celebren con entidades públicas, independientemente de su cuantía, deben constar por escrito y, por lo tanto, la prueba de su existencia se acredita con el documento mismo.

De las pruebas allegadas al plenario no se puede inferir ni tener certeza respecto de la existencia de la celebración del contrato con la entidad pública, pues las cuentas cobro, las órdenes de pago y los cheques, constituyen actos que se dan con posteridad a la celebración del mismo y no comprueban como tal, la fecha cierta de su celebración ni la celebración propiamente dicha, pues como ya lo ha dicho la Corporación y esta Sala lo reitera en esta oportunidad, la existencia del contrato con entidad pública se comprueba con el documento escrito y en el caso presente, no obra prueba del mismo.

De conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación, para efectos de esta inhabilidad se tiene en cuenta el momento de la celebración del contrato y no su ejecución. En efecto, en sentencia proferida el 18 de noviembre de 2008, Expediente. 11001-03-15-000-2008-00316-00(PI) con ponencia del H. Consejero de Estado, Dr. MAURICIO TORRES CUERVO, expresó al respecto lo siguiente:

“Se advierten dos conductas inhabilitantes para la elección de Congresista, por una parte, la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, y por otra, la intervención en la celebración de contratos estatales. Sobre estas dos formas de intervención la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que en materia de inhabilidades electorales cada una de estas formas de intervención es autónoma y “abiertamente distinta”. Así, la gestión debe ser referente a negocios y pretende un lucro o el logro de un fin cualquiera, por ello tiene mayor amplitud; mientras que la celebración de contratos sólo atiende a la participación del candidato en la celebración del respectivo contrato, hecho que por expresa voluntad de la ley resulta ser en este caso el constitutivo de inhabilidad siempre que se trate de contratación estatal. Ambos eventos o causales deben tener ocurrencia dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección. Señala la jurisprudencia que cuando la gestión de negocios ante entidades públicas concluye en la celebración de un contrato, esta causal sólo podrá ser examinada como intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de un contrato no tiene éxito, entonces la causal se analiza sólo como gestión de negocios propiamente dicha. Asimismo, cuando se trata de celebración de contratos estatales, las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no se tornan ni configuran inhabilidad por intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse por la celebración de contratos en interés propio o de terceros […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)”

Por lo tanto, ante la ausencia en el proceso de la prueba por escrito de la celebración de contrato con entidades públicas, se torna imposible establecer la configuración de las causales de incompatibilidad, de inhabilidad y de la prohibición, endilgadas al Concejal del Municipio de Ibagué (Tolima) JOSÉ JAIRO VILLANUEVA PARRALES, así como también, por lógica consecuencia, la existencia de la causal de pérdida de investidura de Concejal.

De otra parte, en cuanto a la solicitud del actor relativa a que se ordene compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen las conductas en las que pudieron o pueden estar incurriendo, tanto INFIBAGUE, como el Concejal en mención, por el favorecimiento del permiso del uso del bien, no se accederá por no existir elementos probatorios que permitan establecer que hubo favorecimiento, dado que éste supone un trato discriminatorio frente a otras personas, lo cual ni siquiera se demostró en el proceso.

En virtud de lo anterior, es procedente confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Tiénese al doctor CESAR AUGUSTO ARANGO GARCÍA como apoderado del actor, de conformidad con el poder obrante a folio 50 del cuaderno del recurso.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 15 de marzo de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Subió al Despacho para fallo el 3 de abril de 2017.
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 122 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.”
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González
Este es el Reglamento aplicable, teniendo en cuenta que las elecciones en las cuales resultó electo el demandado, como Concejal del Municipio de Ibagué, para el período constitucional 2012-2015, se llevaron a cabo el 30 de octubre de 2011.

Ver: Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencias de 29 de enero de 1998 Exp. 11099 y 4 de mayo de 1998, C.P. Daniel Suárez Hernández.

Repárese que el artículo 187 del C. de P. C., es del siguiente tenor: “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. “El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.