Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2021-01619-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2021-01619-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2021-01619-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 050012333000202101619011
Recurso de apelación contra la sentencia de 21 de octubre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Solicitante: SERGIO ALEJANDRO MESA CÁRDENAS
TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL: LAS INCOMPATIBILIDADES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 127 SUPERIOR, Y 8º, NUMERAL 1,
LITERAL F), DE LA LEY 80, SON AUTÓNOMAS Y APLICABLES A LOS
CONCEJALES EN CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. SE DECRETA LA
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL DE YARUMAL (ANTIOQUIA)
QUE, EN EJERCICIO DE SU CARGO, SUSCRIBIÓ UN CONTRATO DE
SUMINISTRO DE MATERIALES CON EL MUNICIPIO DE VALDIVIA
(ANTIOQUIA)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Toda vez que el proyecto de fallo presentado a consideración por el
consejero de Estado, doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, no
obtuvo la mayoría de los votos requeridos, la Sala procede a decidir
el recurso de apelación interpuesto por el concejal municipal de
Yarumal (Antioquia), señor CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA
QUICENO contra la sentencia de 21 de octubre de 2021, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo
que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 05001 23 33 000 2021 01619 01
Solicitante: SERGIO ALEJANDRO MESA CÁRDENAS
la cual decretó su pérdida de investidura por hechos ocurridos dentro
del período constitucional 2020-2023.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano SERGIO ALEJANDRO MESA CÁRDENAS,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de
investidura del concejal municipal de Yarumal (Antioquia), señor
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023, al considerar
que transgredió el régimen de incompatibilidades establecido en el
artículo 127 de la Constitución Política, en consonancia con los
artículos 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80 de 28 de octubre de
19932, así como en el artículo 45, numerales 2 y 4 de la Ley 136 de
2 de junio de 19943, 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20004 y 128 Superior, esto es por la celebración de contratos con
entidades públicas durante el ejercicio de dicho cargo de elección
popular.
I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:
2 “[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
[…]”.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.
4 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.
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Solicitante: SERGIO ALEJANDRO MESA CÁRDENAS
Sostuvo que el señor CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA
QUICENO fue elegido concejal del municipio de Yarumal (Antioquia),
para el período 2020-2023, en representación del Partido Centro
Democrático, según consta en la credencial E-27 de 30 de octubre
de 2019, expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Indicó que el municipio de Valdivia (Antioquia) efectuó la Invitación
Pública núm. MC-048-2020, cuyo objeto fue el “[…] suministro de
material granular para la adecuación, mantenimiento y
mejoramiento de la red vial terciaria en el municipio de Valdivia,
Antioquia [..]”, por un valor de $24.000.000. Que el 14 de octubre
de 2020 se cerró dicha convocatoria y que el único oferente fue el
concejal.
Adujo que el 19 de octubre de 2020, el municipio de Valdivia
(Antioquia) le comunicó al concejal la aceptación de la oferta por un
valor de $24.000.000, por lo que el contrato se ejecutó y liquidó,
según acta de 27 de noviembre de 2020 firmada por el secretario de
Planeación e Infraestructura del municipio de Valdivia (Antioquia) y
el accionado.
Señaló que el concejal incurrió en una causal de inhabilidad e
incompatibilidad al desempeñarse de manera simultánea como
concejal y contratista del Estado, teniendo en cuenta lo previsto por
los artículos 127 y 128 de la Carta Política, el literal f) del artículo 8°
de la Ley 80 y los numerales 2 y 4 del artículo 45 de la Ley 136.
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I.3.- El concejal, a través de apoderado, presentó escrito de
contestación en el que solicitó no acceder a la solicitud, toda vez que
solo asumió la curul de concejal de ese ente territorial para el período
2020-2023, por haber quedado en segundo lugar en las elecciones
de alcalde municipal de Yarumal (Antioquia), llevadas a cabo el 27
de octubre de 2019, en virtud de lo establecido en el Acto Legislativo
2 de 1o. de julio de 20155.
Alegó que no tenía conocimiento de la existencia de una inhabilidad
o incompatibilidad para celebrar contratos con el Estado, por ser
concejal, toda vez que su formación académica es de ingeniería civil,
que no en derecho, por lo que desconocía que la celebración de un
contrato con el municipio de Valdivia (Antioquia) para el suministro
de material de playa o cantera para el mantenimiento de vías
terciarias de dicha entidad territorial, constituyera una inhabilidad o
incompatibilidad que diera lugar a una pérdida de investidura, por lo
que nunca actuó con dolo o culpa grave al celebrar el contrato núm.
MC-048-2020 de 19 de octubre de 2020.
Señaló que la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 2 del
artículo 45 de la Ley 136, no es suficiente para que se tipifique la
causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 2 del
artículo 55 de la Ley 136, debido a que, conforme a lo previsto en la
Ley 1881 de 15 de enero de 20186, no basta con la existencia del
elemento objetivo, sino que se debe probar el elemento subjetivo, el
cual no se encuentra acreditado en el presente asunto.
5 “[…] Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones […]”.
6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
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Señaló que al suscribir el contrato con el municipio de Valdivia
(Antioquia), no actuó de manera dolosa, sino que lo hizo amparado
en la convicción de no estar incurso en prohibición constitucional o
legal alguna. Agregó que su conducta es excusable si se tienen en
cuenta sus condiciones personales, las indagaciones realizadas con
el objeto de verificar la regularidad de la situación y, por último, las
situaciones externas mencionadas, en especial, que, para el
momento en que se suscribió el contrato estatal, -incluso en períodos
anteriores, según se acreditó-, no había sido capacitado, conforme lo
establece el artículo 82 de la Ley 617, en los temas de inhabilidades
e incompatibilidades de los concejales para la celebración de
contratos y el ejercicio de funciones públicas, razón por la que su
comportamiento no fue gravemente culposo.
Aludió al principio pro homine para señalar que la interpretación de
las normas por parte de los jueces debe propender por una
hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos
fundamentales, lo cual implica una interpretación restrictiva de las
causales de desinvestidura. Que debe darse aplicación al principio in
dubio pro reo en los trámites sancionatorios, teniendo en cuenta la
severidad, implicaciones y los prolongados efectos de la sanción, por
lo que resulta necesario demostrar que realizó la conducta típica
proscrita por el ordenamiento que se sanciona con la desinvestidura,
y, además, que es culpable pues, cualquier duda razonable en
relación con la realización de la conducta o la culpabilidad se debe
interpretar a su favor.
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Luego de citar, in extenso, la sentencia de 16 de abril de 2020
proferida en un proceso de pérdida de investidura por la Sección
Primera del Consejo de Estado, expuso que no obra prueba en el
plenario que conduzca a inferir que la conducta desplegada se realizó
a sabiendas de la imposibilidad constitucional y legal que recae en
los servidores públicos, máxime cuando no recibió capacitaciones
sobre inhabilidades e incompatibilidades, por lo que estimó que la
falta de acreditación del elemento subjetivo impone que se dicte una
sentencia absolutoria.
Como medio exceptivo propuso el que denominó ‘Inexistencia del
elemento subjetivo de culpa grave o dolo’, en el que reiteró los
argumentos referidos en precedencia. En atención a lo anterior,
solicitó denegar la solicitud de pérdida de investidura por no
encontrarse probada la causal invocada y, en especial, no haberse
acreditado la existencia del elemento subjetivo de que trata el
artículo 1o. de la Ley 1881.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, a través de sentencia de 21 de octubre de 2021, decretó
la pérdida de investidura del concejal, para lo cual sostuvo que dentro
de los argumentos que sustentaron la causal, el solicitante señaló
que el accionado incurrió en la incompatibilidad de que trata el inciso
primero del artículo 127 de la Carta Política. Que se pudo constatar
la calidad de concejal del municipio de Yarumal (Antioquia) del señor
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, elegido para el
período 2020-2023 y que, además, se comprobó que celebró el
contrato MC-048-2020 de 19 de octubre de 2020 con el municipio de
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Valdivia (Antioquia), cuyo objeto fue el suministro de material
granular para la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la
red vial terciaria de ese municipio.
Anotó que la celebración del contrato estatal entre el accionado y el
municipio de Valdivia (Antioquia), ocurrió cuando aquel ya estaba
investido de la calidad de concejal, puesto que se posesionó el 2 de
enero de 2020, y la relación contractual se concretó el 19 de octubre
de ese mismo año. Que desde el punto de vista del elemento
objetivo, el accionando incurrió en la prohibición prevista en el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política, así como en la
incompatibilidad de los artículos 8° de la Ley 80 y 45 de la Ley 136.
Frente al elemento subjetivo, indicó que también se configuraba,
toda vez que las pruebas permitían establecer que el accionado
estaba en capacidad de conocer la configuración de la conducta
violatoria del régimen de incompatibilidad, pues desde la misma
Constitución Política se estableció la prohibición de celebrar contratos
para los servidores públicos, condición que adquirió desde el 2 de
enero de 2020, momento que tomó posesión del cargo de concejal.
Entendió configurada en forma plena, es decir, desde sus elementos
objetivo y subjetivo, la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1 del
artículo 48 de la Ley 617, por violación al régimen de
incompatibilidades, debido a que el concejal celebró un contrato con
el municipio de Valdivia (Antioquia) en el mismo período en que
fungía como concejal de Yarumal (Antioquia), circunstancia que es
constitutiva de violación del inciso primero del artículo 127 de la
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Constitución Política, aplicable a los concejales, dada su condición de
servidores públicos.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El concejal, actuando mediante apoderado, interpuso recurso de
apelación en el que solicita revocar la sentencia impugnada y, en su
lugar, denegar la pretensión de desinvestidura, para lo cual indica
que es claro y se encuentra probado el elemento objetivo que tipifica
la causal de pérdida de investidura, en calidad de concejal municipal
de Yarumal (Antioquia) para el período 2020-2023, prevista en el
artículo 55, numeral 3, de la Ley 136 y el inciso segundo del artículo
127 Constitucional; sin embargo, a pesar de no estar probada en el
medio de control recurrido la condición referida al elemento
subjetivo, se decidió declarar su desinvestidura teniendo en cuenta
para ello las afirmaciones no probadas que hiciera el solicitante en la
audiencia de alegaciones de conclusión previo a la decisión de
primera instancia.
Sostiene que es la primera vez que funge como concejal municipal
Yarumal (Antioquia), y que obtuvo esta representación por haber
ocupado el segundo lugar en los comicios que tenían como propósito
elegir alcalde de dicho ente territorial para el período 2020-2023,
representación a la que accedió en virtud del artículo 25 de la Ley
Estatutaria 1909 de 9 de julio de 20187.
Para demostrar que el elemento subjetivo no está probado en el
plenario, cita la jurisprudencia constitucional que se encuentra
7 “[…] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos
a las organizaciones políticas independientes […]”.
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recogida en las sentencias T-1285 de 2005 y SU-424 de 2016, las
cuales desarrollan profundamente la exigencia, veracidad y
determinación del elemento subjetivo al que debe arribar el fallador,
sin que en el presente caso se tuviera la certeza que actuó con culpa
grave o dolo al celebrar el pluricitado contrato y concomitantemente
fungir como concejal municipal de Yarumal (Antioquia).
Señala que a pesar de tener una formación en Ingeniería Civil, no
tiene el manejo normativo para entender cuando se está frente a una
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses; que
por ello actuó bajo los principios de confianza legítima y buena fe
prevista en el artículo 83 de la Carta Política, en tanto que ni el
municipio de Valdivia (Antioquia) ni su asesor jurídico, al desarrollar
el proceso de contratación en el que fue seleccionado, aun sabiendo
la calidad de concejal que ostentaba en el municipio de Yarumal
(Antioquia), le informaron de la situación de dicha incompatibilidad.
Anota que dentro de las averiguaciones que hizo, según la
información que le fue suministrada, le comentaron que la
incompatibilidad sólo se presentaría si dicho negocio se ejecutaba
dentro de la misma jurisdicción en la que fungía como cabildante,
máxime que el Consejo de Estado ha cambiado de postura en
reiteradas ocasiones, pues han existido períodos en los que sostuvo
que dicha causal sólo era predicable cuando era dentro de la misma
jurisdicción territorial y él no tenía por qué saberlo, debido a que su
formación académica no es en derecho, ni tampoco recibió
capacitaciones desde el Concejo Municipal de Yarumal (Antioquia) en
el corto período que llevaba como miembro de dicha corporación, así
como tampoco obtuvo capacitaciones de la ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en adelante ESAP, institución de
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educación del orden nacional que tiene la responsabilidad de brindar
capacitación a los servidores públicos en todos los órdenes, función
que no atendió y que no está probada en el expediente que se le
haya brindado.
Manifiesta que debido a las particularidades del proceso de pérdida
de investidura y, en especial, a su carácter sancionatorio, se debe
dar plena aplicación a las garantías constitucionales, al debido
proceso, en particular, en cuanto se refiere a la observancia de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad, -que implica
que las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por
analogía-, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.
Aduce, como corolario de lo anterior, que el estudio de cada caso se
debe realizar teniendo en cuenta que la pérdida de investidura es un
juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el juez debe
realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, entre
ellos, los principios pro homine, in dubio pro reo y de favorabilidad;
y, con fundamento en ello, determinar si la conducta se subsume en
el presupuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia
jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento
subjetivo, relativo a la culpabilidad.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
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El traslado del recurso de apelación no fue descorrido por el
solicitante ni por el agente del Ministerio Público.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si el concejal municipal de
Yarumal (Antioquia), señor CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA
QUICENO, en los precisos términos alegados en el recurso de
apelación, transgredió o no el régimen de incompatibilidades
establecido en el artículo 127 de la Constitución Política, en
consonancia con los artículos 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80 y
48, numeral 1, de la Ley 617, esto es por haber celebrado el contrato
núm. MC-048-2020 de 19 de octubre de 2020 con el municipio de
Valdivia (Antioquia), durante el ejercicio de dicho cargo de elección
popular, período constitucional 2020-2023.
V.2.- De las causales de incompatibilidad previstas en los
artículos 127 de la Constitución Política; 8°, numeral 1, literal
f), de la Ley 80; y 45, numeral 4, de la Ley 136
El artículo 123 de la Constitución Política, establece:
“[…] Articulo 123. Son servidores públicos los miembros de
las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios.
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Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la
comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por
la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su
ejercicio […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En este sentido, artículo 127 Constitucional prevé:
“[…] Artículo 127. Los servidores públicos no podrán
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación
de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas
privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las
excepciones legales […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Y el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136, preceptúa:
“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los
concejales perderán su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Al fijar el alcance del concepto de incompatibilidad, la jurisprudencia
ha precisado lo siguiente:
“[…] En cuanto a las incompatibilidades, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que “[…] comportan una prohibición
dirigida al titular de una función pública a quien, por ese
hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o
ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la
función que desempeña y las correspondientes a otros
cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse
afectado por una indebida acumulación de funciones o por la
confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso,
de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las
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actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado […]8
[…]”9.
En el mismo sentido se ha expuesto que:
“[…] Las incompatibilidades han sido definidas por esta Sección
como “[…] la prohibición de ejercer dos actividades o realizar
dos roles de manera simultánea, taxativamente señaladas
en la Constitución o en la ley, de modo que para el caso de
los servidores públicos se traduce en la prohibición de
desempeñar o ejercer otros cargos o realizar otras
actividades distintas a las que corresponde a las funciones
del cargo de que son titulares […]”10.
Asimismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado11 ha considerado
que “[…] [l]as incompatibilidades son todas aquellas actuaciones
que le está prohibido realizar al funcionario durante el desempeño
del cargo o con posterioridad, so pena de quedar sometido al
régimen disciplinario correspondiente […]”12 […]”13 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Por su parte, el artículo 8°, numeral 1°, literal f), de la Ley 80, prevé
lo siguiente:
“[…] Artículo 8o. De las inhabilidades e incompatibilidades
para contratar.
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar
contratos con las entidades estatales:
8 Corte Constitucional, sentencia SU 625 de 2015.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
29 de julio de 2021, número único de radicación 44001234000020200023201, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
17 de julio de 2008, número único de radicación 44001233100020080000501, consejero
ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
3 de septiembre de 1998, expediente núm. 1952, consejera ponente Miren De La Lombana
De Magyaroff.
12 También, en Sección Quinta, sentencia de 14 de septiembre de 2001, expediente núm.
2616, consejero ponente Mario Alario Méndez, se consideró: “incompatibilidad,
impedimento, prohibición o tacha para ejercer una actividad determinada cuando se ocupa
un cargo o por razón de haberlo ocupado.”
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
16 de abril de 2020, número único de radicación 54001233300020190009101 (PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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(…)
f) Los servidores públicos […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
La jurisprudencia de esta Sección14 ha sostenido que la prohibición
de los servidores públicos de contratar con el Estado, a partir de lo
determinado en el artículo 127 Superior, constituye una violación al
régimen de incompatibilidades aplicable a los concejales con fines de
pérdida de investidura, en consonancia con el veto establecido en el
artículo 8°, numeral 1°, literal f), de la Ley 80, que en realidad
corresponde a una incompatibilidad para los servidores públicos, en
ejercicio de sus funciones, -que no a una inhabilidad-, de participar
en licitaciones y celebrar contratos con las entidades estatales, así:
“[…] Conclusiones sobre la prohibición para los concejales de
celebrar contratos con entidades públicas
126. En suma de todo lo anterior se pueden distinguir, en el orden
constitucional y legal, cuatro periodos sobre la prohibición que
constituye incompatibilidad para los concejales y en relación con la
celebración de contratos con entidades públicas.
126.1. En el primer período -4 de julio de 1991 a 1 de junio de 1994-
, se aplicó la prohibición general establecida en el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política15para los
servidores públicos de celebrar, por sí o por interpuesta
persona, contrato alguno con entidades públicas o con
personas privadas que manejen o administren recursos
públicos. La ley no establecía excepciones especiales a la
incompatibilidad general de los servidores públicos en
relación con los concejales16.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 30 de septiembre de 2021, número único de radicación 05001233300020190215801,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón y de 10 de febrero de 2022, número único
de radicación 68001233300020210018101, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
15 Prohibición que posteriormente obtuvo un desarrollo general para los servidores públicos
en el artículo 8 de la Ley 80.
16 Sin embargo, es importante resaltar que a partir del 28 de octubre de 1993, fecha en que
se expidió la Ley 80 y, en especial, su artículo 10, sobre las excepciones a las inhabilidades
e incompatibilidades, estableció que “[n]o quedan cobijadas por las inhabilidades e
incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por
obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere
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127. En el segundo período -2 de junio de 1994 a 27 de diciembre
de 1994-, conforme con los artículos 127 de la Constitución
Política; 8 y 10 de la Ley 80; y 45, numeral 1°, 46 y 47 de la Ley
136: se establece la prohibición que configura
incompatibilidad para los concejales de poder celebrar, por
sí o por interpuesta persona, o en representación de otro,
contrato alguno con entidades públicas o con personas
privadas que manejen o administren recursos públicos. Lo
anterior sin perjuicio de las excepciones generales
establecidas en el artículo 10 de la Ley 80 y las especiales
contenidas en el artículo 46 de la norma ejusdem.
128. En el tercer período -28 de diciembre de 1994 a 5 de octubre
de 2000- conforme con los artículos 127 de la Constitución
Política; 8 y 10 de la Ley 80; y 45, numeral 1.° [modificado por
el artículo 3 de la Ley 177], 46 y 47 de la Ley 136: se establece la
prohibición que configura incompatibilidad para los
concejales de contratar con “el respectivo municipio o
distrito y sus entidades descentralizadas”. Lo anterior sin
perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 46 de
la norma ejusdem.
128. En el cuarto período -6 de octubre de 2000 a la fecha-
conforme con los artículos: i) 127 de la Constitución Política; ii)
8 y 10 de la Ley 80; iii) 45, 46 y 47 de la Ley 136; y iv) 96 de la
Ley 600: se establece la prohibición general que configura
incompatibilidad para los servidores públicos, entre ellos los
concejales, de celebrar, por sí o por interpuesta persona,
contrato alguno con entidades públicas o con personas
privadas que manejen o administren recursos públicos. La
ley no establecía excepciones a la incompatibilidad general
de los servidores públicos en relación con los concejales.
130. La Sala considera, conforme con la normativa indicada
supra, que la prohibición que constituye incompatibilidad
contenida en el inciso primero del artículo 127 de la
Constitución Política sobre contratación es aplicable en
forma directa a los concejales; sin perjuicio de las
excepciones establecidas por el legislador en las leyes 80 y
136, relativas a: i) “[…] las personas que contraten por
obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios
que las entidades a que se refiere el presente estatuto
el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni
las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las
juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni
quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución
Política”.
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ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los
soliciten […]”; ii) “[…] ni las personas jurídicas sin ánimo de
lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas
o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato
legal o estatutario […]”; iii) “[…] quienes celebren contratos
en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la
Constitución Política […]”; iv) “[…] Usar los bienes y
servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de
seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones
comunes a todos los que lo soliciten […]”; y v) “[…] Ser
apoderados o defensores en los procesos que se ventilen
ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo,
los concejales durante su período Constitucional no podrán
ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que
tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos
del respectivo municipio, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del orden municipal y
las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas
entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del
capital […]”.
131. En ese orden de ideas, en caso de encontrarse probado
que un concejal celebró un contrato estatal, indistintamente
de si se trata o no del municipio donde fue elegido,
constituye causal de pérdida de investidura17 por violación
del régimen de incompatibilidades establecido por el inciso
primero del artículo 127 ibidem.
132. Esta Sección ha considerado, en relación con la causal
de desinvestidura por incurrir en la prohibición que
constituye incompatibilidad establecida en el inciso primero
del artículo 127 de la Constitución Política, lo siguiente18:
“[…] Inicialmente debe señalarse que el numeral 1º del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que consagró las
incompatibilidades de los concejales, fue modificada por la
Ley 177 de 1994 y, posteriormente, fue derogada por el
artículo 96 de la Ley 617 de 2000, razón por la que no puede
edificarse, con sustento en ella, la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de incompatibilidades.
Sin embargo, a juicio de la Sala, y contrario a lo
manifestado por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
el artículo 127 de la Carta Política consagra una
17 Conforme con el numeral 1, del artículo 48, de la Ley 617.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
21 de enero de 2016, número único de radicación 13001-23-33-000-2014-00333-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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incompatibilidad para los concejales, en la medida en
que son servidores públicos, consistente en la
prohibición de celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno
con entidades públicas, mientras ostenten tal
condición, salvo las excepciones legales. Así lo ha
confirmado, inicialmente la Corte Constitucional, en la
Sentencia C194 de 1995, y posteriormente, esta Sala, en
sentencia del 10 de marzo de 2005 […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
133. Lo anterior permite a la Sala concluir que la prohibición
que constituye incompatibilidad establecida por el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política es una
causal autónoma que prohíbe a los servidores públicos,
entre ellos a los concejales municipales o distritales, en
forma general, “[…] celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno con
entidades públicas o con personas privadas que manejen o
administren recursos públicos, salvo las excepciones legales
[…]”.
134. Por último, la Sala considera que la tesis anterior encuentra
respaldo en la sentencia C-194 de 4 de mayo de 1995, proferida por
la Corte Constitucional; oportunidad en la cual se realizó el estudio
de constitucionalidad de, entre otros, los artículos 45 y 47 de la Ley
136 […]”19 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Acerca del carácter de servidor público que ostentan los concejales,
la Corte Constitucional expresó:
“[…] Respecto de los concejales municipales, la Constitución
consagra en forma enfática (art. 312 C.P.) que "los concejales no
tendrán la calidad de empleados públicos". No obstante, en el
artículo 123 ibídem sí se establece con claridad que los
miembros de las corporaciones públicas son servidores
públicos. Y es que no es lo mismo pertenecer a este género
(servidor público) -que abarca a todos los que mantienen un
vínculo laboral con el Estado, bien desde el punto de vista
legal y reglamentario o puramente contractual- que ser
catalogado como empleado público, una especie de aquél, que se
caracteriza por una relación legal y reglamentaria, de modo que el
19Cit. sentencia de 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001-23-33-000-
2019-00091-01 (PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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nexo con el Estado tiene lugar por nombramiento y posesión y no
por contrato. Los empleados públicos son servidores públicos. Los
concejales también, pero sin tener el carácter específico de
empleados públicos, dado el origen de su vinculación, por elección
popular, que difiere del de aquéllos.
Esto significa que los concejales municipales, aun no siendo
empleados públicos, sí son servidores del Estado y, en
realidad, puesto que desempeñan funciones al servicio del
mismo, son "funcionarios". Con este término se define en
general a quien cumple una función y, en la materia de la que aquí
se trata -la disciplinaria- comprende a quienes, por su vínculo laboral
con el Estado y en razón de las responsabilidades que contraen (art.
123 C.P.), están sujetos a la vigilancia de la Procuraduría General
de la Nación.
La Constitución de 1991 ha utilizado la expresión genérica
ya mencionada -servidores públicos- para resaltar que
quienes pertenecen a esta categoría están al servicio del
Estado y de la comunidad (art. 123 C.P.) y que no
desempeñan los cargos o empleos -por importantes que
ellos sean- en su propio beneficio e interés, sino en el
colectivo, siendo por tanto depositarios de la confianza
pública, que no pueden defraudar, respondiendo en
consecuencia por sus acciones u omisiones (art. 6 C.P.)
[…]”20 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De lo expuesto, también se deduce que del supuesto previsto en el
artículo 8°, numeral 1, literal f), de la Ley 80, se puede estructurar
válidamente la violación del régimen de incompatibilidades previsto
para los concejales, en la medida en que aquella disposición hace
parte de un conjunto de preceptos de orden constitucional y legal
que prohíben a los concejales celebrar contratos con entidades
públicas, a lo que se agrega que de acuerdo con el artículo 123 de la
Carta Política son servidores públicos los miembros de las
20 Corte Constitucional, sentencia C-222 de 14 de abril de 1999, magistrado ponente José
Gregorio Hernández Galindo.
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corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de
sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios21.
Por su parte, el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136, ordena:
“[…] Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no
podrán:
(…)
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas
naturales o jurídicas de derecho privado que administren,
manejen o inviertan fondos públicos procedentes del
respectivo municipio o sean contratistas del mismo o
reciban donaciones de éste.
PARÁGRAFO 1o. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades
el ejercicio de la cátedra.
PARÁGRAFO 2o. El funcionario público municipal que nombre
a un concejal para un empleo o cargo público o celebre con él un
contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio
o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente
artículo, incurrirá en causal de mala conducta […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
En lo que respecta a esta incompatibilidad, la Sección ha sostenido
lo siguiente:
“[…] Acerca de la celebración de contratos con las entidades
públicas del respectivo municipio por sí o por interpuesta
persona, la Sección ha destacado22: “(…) En lo que tiene que ver
con la causal de incompatibilidad invocada, su configuración
presupone que la celebración del contrato tenga lugar
cuando el concejal ya ha sido legalmente investido de dicha
calidad, esto es, cuando ese acto de naturaleza negocial
tiene ocurrencia con posterioridad a su posesión”.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
24 de junio de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-01747-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
8 de agosto de 2013, número único de radicación 68001-23-33-000-2013-00181-01(PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala
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3.1.2. Respecto de la segunda causal, esto es, la parte invocada,
consistente en “Celebrar contratos o realizar gestiones con personas
naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen
o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio
(…)”, la Sala ha explicado23:
“[…] Conforme lo ha señalado la Sala, para que se configure
la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 4° del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, deben concurrir los
siguientes supuestos: “(…) (i) celebrar contratos o realizar
gestiones con personas naturales o personas jurídicas
de derecho privado, (ii) que dichas personas administren,
manejen o inviertan fondos públicos procedentes del
respectivo Municipio o sean contratistas del mismo
Municipio o reciban donaciones de éste. (…)”24 (destacado
en la providencia) […]»25.
«[…] Realizar gestiones con personas de derecho privado
que sean contratistas del municipio.
El actor imputa al Concejal demandado haber gestionado a favor de
COINTRANSCOL LTDA. la suscripción de varios contratos de
prestación de servicio de transporte con el municipio de El Colegio.
La incompatibilidad endilgada al demandado exige unos
supuestos a saber: (i) celebrar contratos o realizar gestiones
con personas naturales o con personas jurídicas de derecho
privado, (ii) que dichas personas administren, manejen o
inviertan fondos públicos procedentes del respectivo
municipio o sean contratistas del mismo o reciban
donaciones de éste.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, gestionar
significa:
«1. tr. Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un
deseo cualquiera.»
23 Op. Cit. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 47001-23-33-
000-2013-00222-00(PI).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
6 de septiembre de 2012, número único de radicación 76001-23-31-000-2011-01760-
01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de agosto de 2019, número único de radicación 66001-23-33-000-2018-00422-01(PI),
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
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Por lo tanto, el término “gestión” o gestionar involucra o abarca el
conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto
o concretar un proyecto.
(…)
Asimismo, la Sala mediante sentencia de 19 de julio de
200726 puso de presente que «gestionar» significa «hacer
diligencias conducentes al logro de un negocio», pero para
que se configure esta causal es necesario que esas gestiones
se hagan para beneficio del propio concejal o de terceros,
que en este caso será la entidad de la cual es presidente del Consejo
de Administración:
“[…] Ahora bien el diccionario de la lengua española de la
Real Academia Española define la palabra “Gestionar” así
“Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de
un deseo cualquiera”. La Sala debe distinguir entre
gestiones a favor de la comunidad y gestiones para
beneficio propio o de terceros, pues las primeras son
propias del ejercicio del cargo de concejal y por lo
tanto esas conductas no son reprochables […].
La prohibición se consagró para evitar que los concejales
pudieran beneficiarse en alguna forma de los recursos que
administren o manejen los particulares y provengan del ente
territorial y no para que éstos pudieran desentenderse de los
asuntos que afectan a la comunidad que los eligió. Ahora bien,
para la Sala es claro que toda decisión debe estar amparada en
hechos acreditados, lo cual se destaca con mayor énfasis tratándose
de decisiones de naturaleza sancionatoria, como lo es la que decreta
la pérdida de investidura […]”27.
Con fundamento en lo anterior, la Sala28 resalta que para que se
configuren estas causales de incompatibilidad deben concurrir los
siguientes elementos en cualquiera de las hipótesis a saber: en
cuanto a la prohibición constitucional autónoma del artículo
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de julio
de 2007, Expediente núm. 2006-2791, consejera ponente Martha Sofía Sanz Tobón.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
8 de julio de 2010, número único de radicación 25000-23-15-000-2009-01495-01(PI),
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
28 Ver al respecto, reiteración en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, número único de radicación
05001233300020190215801, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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127 Superior, en consonancia con el artículo 8°, numeral 1,
literal f), de la Ley 80, que el concejal, estando en ejercicio de sus
funciones, haya celebrado, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato: (i) con una entidad pública
cualquiera sea su nivel territorial, e indistintamente de si se trata o
no del mismo municipio para el cual resultó elegido, o (ii) con
personas privadas que manejen o administren recursos públicos,
salvo las excepciones enlistadas en el artículo 10º, de la Ley 80:
“[…] Artículo 10. De las excepciones a las inhabilidades e
incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e
incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las
personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los
bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente
estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los
soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos
representantes legales hagan parte de las juntas o consejos
directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario,
ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el
artículo 60 de la Constitución Política […]”.
Ahora bien, con relación a la restricción legal del artículo 45,
numeral 4, de la Ley 136, debe constatarse que el concejal,
estando en ejercicio de sus funciones, haya celebrado contratos o
realizado gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho
privado: (i) que administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del mismo municipio para el cual resultó elegido, o (ii)
que sean contratistas de dicho ente territorial o (iii) reciban
donaciones de este. En los eventos comprendidos en este numeral 4,
como en las restantes incompatibilidades descritas en el artículo 45
de la Ley 136, debe tenerse en cuenta que se exceptúa de su
configuración el ejercicio de la cátedra, -parágrafo 1º-, así como
aquellas situaciones determinadas en el artículo 46, idem, en las que
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los concejales podrían, ya directamente, o por medio de apoderado,
actuar en los siguientes asuntos:
“[…] a) En las diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su
cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés; b) Formular
reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de
multas que graven a las mismas personas; c) <Literal subrogado
por el artículo 42 de la Ley 617. El nuevo texto es el siguiente:>
Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier
clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de
seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a
todos los que lo soliciten. d) Ser apoderados o defensores en los
procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder
Público. Sin embargo, los concejales durante su período
Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos
de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o
económicos del respectivo municipio, los establecimientos públicos,
las empresas industriales y comerciales del orden municipal y las
sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades
tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital […]”.
No sobra advertir, en lo relacionado puntualmente con este literal d),
que al constituirse en una excepción taxativa a la incompatibilidad de
celebrar contratos o realizar gestiones con ciertas personas naturales
o jurídicas de derecho privado, persiste la prohibición para los
concejales de ejercer la abogacía en los términos allí señalados, -ser
apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la
Rama Jurisdiccional del Poder Público-, cuando medie la celebración,
por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, de
contrato alguno con entidades públicas, habida cuenta que se
incurriría en la restricción prevista en la primera parte del artículo
127 de la Carta Política, en consonancia con el artículo 8º, numeral
1, literal f), de la Ley 80.
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V.3.- Caso concreto
V.3.1.- Del análisis objetivo de las causales de
incompatibilidad que se le atribuyen al concejal, previstas en
los artículos 127 de la Constitución Política y 8, numeral 1,
literal f), de la Ley 80
De conformidad con el acervo probatorio obrante en el proceso29, la
Sala pudo constatar que el señor CARLOS GUILLERMO
ATEHORTÚA QUICENO fue elegido concejal del municipio de
Yarumal (Antioquia) para el período constitucional 2020-2023, en
representación del Partido Centro Democrático, según consta en la
credencial E-27 CON de 30 de octubre de 2019. De igual forma, en
el Formulario E-26 CON de 30 de octubre de 201930, se certificó lo
siguiente: “[…] Teniendo en cuenta que al momento de realizar la
declaratoria de ALCALDE, el segundo Candidato con mayor votación
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, manifestó por escrito la
decisión de aceptar la curul al CONCEJO, se asigna dando aplicación
al artículo 25 de la ley 1909 de 2018. Por lo tanto, se restará una
curul del número de curules a proveer […]”.
Así mismo, que el 13 de octubre de 2020 el municipio de Valdivia
(Antioquia) realizó la invitación pública núm. MC048-2020 para que
los interesados presentaran propuestas en el proceso de selección de
mínima cuantía que tenía por objeto el “[…] suministro de material
granular para la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la
29 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el
proceso reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el
índice 2, carpeta: “1_050012333000202101619011EXPEDIENTEDIGI20211129133953”.
30 Disponible [en línea]: [https://elecciones2019.registraduria.gov.co/], archivo:
“E26_CON_2_01_295_XXX_XX_XX_XXX_4121.pdf”.
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red vial terciaria en el municipio de Valdivia, Antioquia […]”, por un
valor de $24.000.000, incluido el IVA si había lugar, a razón de 120
viajes con valor unitario de $200.000, lo cual se financiaría según la
disponibilidad presupuestal núm. 00832 expedida el 10 de
septiembre de 2020, vigencia 2020, bajo las siguientes condiciones
particulares:
“[…]
• El contratista se obliga a proveer todas y cada una de las
condiciones objeto del contrato en perfectas condiciones y en el
plazo y lugar acordado.
• Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor.
• Dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del
objeto a contratar.
• Demás condiciones que surjan dentro del contrato […]”.
El 14 de octubre de 2020, el concejal presentó propuesta para
participar en esa invitación pública núm. MC048-2020; y luego de
surtido el respectivo proceso de verificación y evaluación de los
requisitos habilitantes, el Comité de Contratación del municipio de
Valdivia (Antioquia) informó que el único oferente cumplió con estos,
-CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO-, por lo que le
recomendó a la alcaldesa municipal aceptar la oferta económica
presentada.
Consecuente con ello, el 19 de octubre de 2020, la alcaldesa del
municipio de Valdivia (Antioquia) le comunicó al concejal la
aceptación de su oferta, por lo que, en los términos de los artículos
94, literal d), de la Ley 1474 de 12 de julio de 201131 y 2.2.1.2.1.5.2.
31 “[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública […]”
“[…] Artículo 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al
artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral:
La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
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del Decreto 1082 de 26 de mayo de 201532, ello constituyó el
respectivo contrato celebrado para todos los efectos.
El 26 de octubre de 2020, la alcaldesa del municipio de Valdivia
(Antioquia), el supervisor del contrato y el concejal suscribieron el
acta de inicio del contrato de mínima cuantía MC-048-2020; y el 27
de noviembre de 2020, fue suscrita, por parte del supervisor del
contrato y del accionado, el acta de terminación en la que se dejó
constancia como fechas de inicio el 26 de octubre de 2020 y de
terminación el 31 de diciembre de ese año.
V.3.1.1.- En este punto la Sala advierte que, contrario a lo insinuado
por el apelante, la circunstancia de haber obtenido su escaño en el
Concejo Municipal de Yarumal (Antioquia), -período 2020-2023-,
luego de haber obtenido la segunda mayor votación para las
elecciones de alcalde municipal, esto es, en virtud de lo preceptuado
en los artículos 112 Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 1o.
de julio de 201533, 25 de la Ley Estatutaria 1909, -Estatuto de la
Oposición Política-, y segundo de la Resolución núm. 2276 de 11 de
junio de 201934, expedida por el Consejo Nacional Electoral, no
impide que sean examinados, en sede de pérdida de investidura,
(…)
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los
efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo
registro presupuestal […] (Negrillas y subrayas fuera de texto).
32 “[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo
de Planeación Nacional […]”.
“Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento
(10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:
(…)
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
33 “[…] Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones […]”.
34
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aquellos reparos formulados por la eventual transgresión del régimen
de inhabilidades, conflicto de intereses o, como en el caso concreto,
de incompatibilidades, que se predican del cargo corporativo que
aceptó ocupar y desempeñar a conformidad.
En efecto, la Sección discurrió así en un caso similar:
“[…] Al respecto, la Sala comparte lo analizado por el a quo, pero
en el sentido que, la vocación que tiene quien ocupa el
segundo lugar en las elecciones para alcalde de ser
designado en el concejo, deriva de la confianza que depositó
en esa persona el electorado, y del carácter que adquiere
como persona representativa en la oposición precisamente
para que tenga la posibilidad de expresar con criterio de
autoridad los argumentos que le llevaron al segundo lugar
en las votaciones, en representación de las personas que
depositaron su voto a favor.
No se trata entonces de un derecho personal derivado de su
participación en la elección a alcalde, sino de la posición
adquirida como consecuencia de la confianza que le deposita
el elector y que le lleva a ocupar el cargo, de aceptarlo, para
la defensa de las ideas que ha expuesto a sus electores.
De tal manera que, quien aspira a ocupar un cargo de elección
popular, está sometido en principio al régimen propio de la
investidura para la cual pretende ser elegido; por lo tanto, si se
postula para alcalde, está sometido al régimen de dicho cargo; no
obstante, también considera la Sala importante advertir que,
una vez el candidato que obtuvo la segunda votación para
alcalde acepta la designación como concejal, le son
aplicables las reglas que rigen a los concejales, pues la
posición que ahora ocupa es exactamente la misma de
quienes aspiraron a estas curules, y su origen es igualmente
idéntico, lo que lleva a uno y otro a ocupar la curul es el voto
del electorado, que lo deposita para la defensa de las ideas
que expone el candidato; y que, tratándose de la elección de
alcalde, de antemano sabe que la aspiración de su candidato
lo puede ser para la alcaldía, si ocupa el primer lugar, o para
el concejo, si es el segundo.
Por consiguiente, quien acepta la designación como concejal
porque ha quedado en segundo lugar en la votación para la
alcaldía, a partir de la aceptación del cargo queda sujeto a
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todas las causales de pérdida de investidura que
taxativamente estén previstas para los concejales,
precisamente porque, con la aceptación, tiene vocación de
desempeñarse en ese cargo, y no en otro, en condiciones de
igualdad con los demás concejales.
(…)
Por lo tanto, el propósito de lo establecido en el Estatuto de la
Oposición es que quien acceda a una curul en el concejo por virtud
de dicho mecanismo, no es que represente a sus electores para
el cargo al cual aspiró, sino reconocer en él la fuerza
electoral que encarna como candidato de la oposición, para
que ejerza los derechos políticos que derivan de tal calidad,
para bien de la democracia.
Precisamente sobre este aspecto, la Sala ha explicado35:
“[…] El artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015 “por medio
del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y
reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” incorporó
una modificación novedosa al artículo 112 de la Constitución
Política al reconocer el “derecho personal” a ocupar una curul
en la corporación pública respectiva al candidato que le siga
en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el
cargo de presidente y vicepresidente de la República,
gobernador de Departamento, alcalde Distrital y alcalde
Municipal.
(…)
80. Dicha norma fue incorporada en los artículos 24 y 25 de la
Ley 1909 de 2018 -Estatuto de la Oposición- el cual elevó a la
categoría de derecho fundamental la oposición. A la luz de
dicho compendio normativo esta goza de una especial
protección del Estado y de las autoridades el cual permite
proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y
ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno,
mediante los instrumentos señalados en esa norma, sin
perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes.
(…)
84. Resulta claro, entonces, que el legislador estatutario, en
desarrollo directo del artículo 112 de la Constitución Política, le
brinda la oportunidad al candidato con segunda mayor
votación en las elecciones uninominales (en este caso la
Alcaldía) de poder ocupar una curul en la respectiva
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
11 de marzo de 2021, número único de radicación 15001233300020200168001 (PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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corporación pública (en este caso el concejo), lo cual permite
que dichos candidatos tengan representación visible en el
cuerpo colegiado con el fin de que se puedan convertir en una
fuerza alternativa de oposición, puedan presentar iniciativas
de interés regional y ejercer control político; así se garantiza
la representación popular de la fuerza política vencida […]”.
En suma, la designación legal y la aceptación de la respectiva curul
es el resultado de su esfuerzo en la contienda electoral en la cual
quedó en segundo lugar, y el reconocimiento al valor que tiene para
la democracia que un candidato de tales características esté en el
concejo defendiendo las tesis del partido de oposición; luego, no le
es exigible que cumpla al momento de la designación con el
régimen de inhabilidades de los concejales, que por demás
rigen para la inscripción y elección, pero una vez acepta ser
concejal lo cobijan las disposiciones aplicables a los
concejales.
En consecuencia, se reitera, la designación como concejal deriva del
reconocimiento que se hace a su pretensión legítima de llegar a la
alcaldía por haber alcanzado el segundo lugar en la votación, y serán
los requisitos constitucionales y legales establecidos para ser alcalde
los que deberá cumplir; sin embargo, una aceptada la curul lo rige
el régimen aplicable a los miembros del concejo municipal […]”36
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con fundamento en lo considerado, no resulta procedente el
tratamiento diferenciado que en materia de incompatibilidades deja
entrever el concejal en su defensa, alegando para ello la consecución
de su curul por vía de Estatuto de la Oposición Política, por lo que la
Sala continuará con el examen de la causal de incompatibilidad que
se le endilga y que permanece prevista en el artículo 127 de la
Constitución Política, en consonancia con el artículo 8°, numeral 1,
literal f), de la Ley 80.
V.3.1.2.- Para la Sala, a partir de las pruebas analizadas, y tal como
el propio recurrente lo admite, resulta palmaria la configuración
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
28 de julio de 2022, número único de radicación 13001233300020200006701 (PI),
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
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objetiva de la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 127
Constitucional, en consonancia en el artículo 8º, numeral 1, literal f),
de la Ley 80, en cabeza del concejal CARLOS GUILLERMO
ATEHORTÚA QUICENO, los cuales le prohibían de forma rotunda y
mientras ostentara dicha dignidad, celebrar contrato alguno con
entidades públicas de cualquier orden, indistintamente de si se
trataba o no del mismo municipio para el cual fue elegido o
pertenecieran a éste, como en el asunto bajo análisis lo es el
municipio de Valdivia (Antioquia), -entidad territorial diferente al
municipio de Yarumal (Antioquia), en el que fungió de cabildante-,
con quien suscribió el citado contrato núm. MC-048-2020 de 19 de
octubre de 2020, dentro del lapso de su período constitucional 2020-
2023.
No dejará de mencionarse, con relación a lo previsto en el artículo
45, numeral 4, de la Ley 136, que siendo una norma distinta y
autónoma del artículo 127 Superior, impide la celebración de
contratos o la realización de gestiones con personas naturales o
jurídicas, pero de derecho privado, -que no con entidades públicas-,
que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes
del respectivo municipio o sean contratistas de este o reciban
donaciones de él, y, por lo tanto, es esa última una ‘condición de
lugar’ que delimita la aplicación de la incompatibilidad legal pero no
la constitucional. Por la misma razón, es que en el caso concreto no
se configuró la prohibición del artículo 45, numeral 4, de la Ley 136,
en tanto el municipio de Valdivia (Antioquia) no es una persona
jurídica de derecho privado.
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A partir de lo expuesto, la Sala encontró probado el elemento
objetivo de la incompatibilidad ordenada en el artículo 127
Constitucional, en consonancia con el artículo 8º, numeral 1, literal
f), de la Ley 80, por cuanto el concejal municipal de Yarumal
(Antioquia), período 2020-2023, celebró el contrato núm. MC-048-
2020 de 19 de octubre de 2020 con el municipio de Valdivia
(Antioquia), con el objeto del “[…] suministro de material granular
para la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la red vial
terciaria en el municipio de Valdivia, Antioquia […]”.
Lo anterior habilita entonces el análisis del elemento subjetivo de la
comisión de la causal en ciernes, en cuanto que los artículos 55,
numeral 2, y 48, numeral 1, ordenan que los concejales perderán la
investidura por la violación, como en el caso concreto, del régimen
de incompatibilidades.
V.3.2.- Del análisis subjetivo de la conducta del concejal
En cuanto al análisis de la culpabilidad del concejal CARLOS
GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, se prohíjan los criterios
elaborados por la Sala en sentencia de 25 de mayo de 201737, que
al tenor indicó:
“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
25 de mayo de 2017, número único de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI),
consejera ponente María Elizabeth García González.
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recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:
“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:
• La pérdida de investidura es una acción pública38, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.
• Son causales de pérdida de investidura39: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades40; la indebida destinación de
dineros públicos41; el conflicto de intereses42 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado43.
• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.
34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
38 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
39 Artículo 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en
el artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
40 Artículos 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de
2003); 180, 181 y 183 de la Constitución Política.
41 Artículo 183 de la Constitución Política.
42 Artículo 182 y 183 de la Constitución Política.
43 Artículo 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003, magistrado
ponente Rodrigo Escobar Gil.
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tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:
La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
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de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.
La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).
La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
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de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”44 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.45
Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
44 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de
9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
45 Ídem.
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culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.
En efecto, al respecto sostuvo:
“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201246 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.
52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.47 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.
53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”48, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
46
Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
47 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-
00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo
dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta.
En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar
un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de
inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el
reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por
el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-
00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
48 Sentencias SU-400 de 2012 (magistrada ponente Adriana M. Guillén Arango) y SU-399
de 2012 (magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto).
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los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.
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Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
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requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.
Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no
se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
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igualdad constitucional y generador del caos jurídico”49
[…]50” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar51.
Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del
artículo 9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que
regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.
49 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
50 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201952, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201853, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales -dolo o culpa grave-.
V.3.2.1.- Descendiendo al caso concreto, el acervo probatorio es
contundente al evidenciar que, en contravía de lo sostenido en su
defensa, el concejal debía saber y tener pleno conocimiento de la
naturaleza negocial del contrato que celebró con el municipio de
Valdivia (Antioquia) y de su prohibición bajo las circunstancias de los
artículos 127 Constitucional y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80.
No es de recibo su excusa en torno a que su actuar lo llevó a cabo
porque era la primera vez que fungía como concejal municipal de
Yarumal (Antioquia) y obtuvo esta representación por haber ocupado
el segundo lugar en los comicios que tenían como propósito elegir
alcalde de dicho ente territorial para el período 2020-2023,
representación a la que accedió en virtud del artículo 25 de la Ley
Estatutaria 1909. Ambas circunstancias carecen de la entidad
necesaria para exculpar la conducta desplegada por el accionado,
52 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones
[…]”.
53 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
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primero porque su deber de conocer y abstenerse de transgredir el
régimen de incompatibilidades que le era aplicable, así como su
alcance y contenido, no resultan contrarrestados por el hecho de
haber ocupado ese empleo público ya sea en forma inédita o
reiterada, lo cual deviene en indiferente para las resultas de este
proceso judicial; y, segundo, toda vez que, como ya fue advertido
líneas atrás, no resulta procedente acudir a un trato diferenciado en
el examen de la referida prohibición constitucional cuando se haya
accedido a la curul por vía de Estatuto de la Oposición Política, -luego
de haber aspirado inicialmente a un cargo de elección singular-,
frente a aquellos casos en que el concejal haya aspirado
directamente a la corporación pública.
El concejal no logra exonerarse de responsabilidad cuando manifiesta
que tiene una formación en Ingeniería Civil y no en Derecho, por lo
que carece del manejo normativo para entender cuándo se está
frente a una causal de incompatibilidad y, menos aún, que por esa
razón fue que celebró el contrato núm. MC-048-2020 de 19 de
octubre de 2020 con el municipio de Valdivia (Antioquia), amparado
en los principios de confianza legítima y buena fe que establece el
artículo 83 de la Carta Política, en tanto que ni el municipio de
Valdivia (Antioquia) ni su asesor jurídico, al desarrollar el proceso de
contratación en el que fue seleccionado, le informaron de la situación
de dicha incompatibilidad.
Para la Sala no es posible justificar la violación de la incompatibilidad
bajo examen por el hecho de ser ingeniero y no abogado, cuando
para ocupar la curul en los concejos territoriales no se exige ningún
tipo de profesión en derecho ni experiencia relacionada con dicha
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materia54, pero además porque, a pesar de reconocer que no tenía
formación jurídica, -lo cual, se insiste, no es imperativo-, no hay
prueba en el expediente que permita corroborar cuáles fueron las
averiguaciones adelantadas por el accionado con el fin de entender
el marco normativo que regula el ejercicio de su empleo de elección
popular, como lo es, por ejemplo, la solicitud de conceptos o
asesorías en cuanto a la configuración de la referida incompatibilidad,
ni se evidencian elementos representativos de un interés
determinado de ahondar en sus particularidades, lo cual le hubiese
permitido rectificar su decisión de hacer negocios con el Estado
siendo cabildante.
Ello, además, porque lejos de ser una persona sin formación
profesional y con desconocimiento de lo público, lo cierto es que está
demostrado que el concejal es ingeniero civil y especialista en
Gerencia Ambiental, con diez años de experiencia en el sector
público, adquirida en cargos como los de secretario de Planeación en
el municipio de Nariño (Antioquia), jefe de Planeación y Obras
Públicas en el municipio de Yarumal (Antioquia), gerente general de
la EMPRESA PÚBLICA DE YARUMAL (Antioquia), director general de
INVIAS ANTIOQUIA en el municipio de Medellín (Antioquia), alcalde
municipal de Yarumal (Antioquia), -elegido para el período 2008-
2011-, y asesor de la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de
Rionegro (Antioquia)-Municipios Asociados del Oriente, entre otros,
todo lo cual permite corroborar que desde el inicio aquel sí tuvo la
capacidad y habilidad de saber cuáles eran las incompatibilidades que
54 Ley 136 de 1994: “[…] Artículo 42. Calidades. Para ser elegido concejal se requiere ser
ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la
inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época
[…]”.
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lo gobernaban y sus vicisitudes, entre ellas la de celebrar contratos
con entidades públicas, y, aun así, decidió seguir adelante para
gestionar y suscribir el referido negocio, de forma gravemente
culposa, -por negligente e imprudente-, a pesar de ostentar
facultades cognitivas para reconocer que esa actuación le estaba
vedada.
Con fundamento en lo explicado, al concejal tampoco le es posible
escudarse en la aparente falta de capacitación desde el Concejo
Municipal de Yarumal (Antioquia), así como que no obtuvo
capacitaciones por parte de la ESAP, habida cuenta que el reproche
neurálgico que se efectúa de su conducta, como se vio, gira en torno
a la transgresión de una prohibición constitucional que tenía la
obligación de acatar porque debía conocerla, como individuo que
accede a la función pública por la vía de la elección popular, así como
cumplir con aquellas normas que regulan su desempeño como
cabildante municipal, independientemente de donde hubiese
adquirido dicho conocimiento, parámetros comportamentales que le
resultan comunes a todos los corporados territoriales por el solo
hecho de serlos.
La incorrecta decisión del concejal de celebrar el contrato núm. MC-
048-2020 de 19 de octubre de 2020 con el municipio de Valdivia
(Antioquia), no puede atribuírsela a terceros que supuestamente no
le advirtieron, dijeron o enseñaron acerca de las eventuales
consecuencias de la realización de su contrato con el Estado, máxime
si fue él, como individuo, quien no acudió a instancias asesoras ni
acompañamientos jurídicos que le permitieran asumir la opción
correcta.
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V.3.2.2.- La jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo
de Estado respecto de la incompatibilidad prevista en el
artículo 127 de la Constitución Política con fines de pérdida
de investidura
Sin aportar prueba alguna, el accionado anotó que dentro de las
averiguaciones que hizo, según la información que le fue
suministrada, le comentaron que la incompatibilidad sólo se
presentaría si dicho negocio se ‘ejecutaba’ dentro de la misma
jurisdicción en la que fungía como cabildante, máxime que el Consejo
de Estado ha cambiado de postura en reiteradas ocasiones, pues ha
existido períodos en los que sostuvo que dicha causal sólo era
predicable cuando se daba dentro de la misma jurisdicción territorial
y otras etapas en las que señaló que aquello no era requisito para su
configuración.
Al respecto, debe mencionarse que la Sala en sentencia de 19 de
abril de 201855, -al juzgar la celebración de contratos por parte de
un concejal de Neiva (Huila) en el año 2015 con otros dos municipios-
, admitió que hasta antes de proferirse la sentencia de 21 de enero
de 201656, no podía predicarse la existencia de una línea clara y
consistente de esta Sección que permitiera afirmar, sin lugar a
equívocos que, acorde con el ordenamiento constitucional y legal, a
los concejales les estaba prohibido celebrar contratos estatales con
municipios diferentes a donde resultó elegido, o que la jurisprudencia
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
19 de abril de 2018, número único de radicación número 41001233300020170035901,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
21 de enero de 2016, número único de radicación 13001233300020140033301, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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más cercana a los hechos se inclinaba por permitir este
cuestionamiento.
En efecto, en esa sentencia de 19 de abril de 2018, la Sección, a
pesar de concluir que se configuró el elemento objetivo por incurrir
en la incompatibilidad constitucional establecida en el artículo 127,
Superior, denegó la pérdida de investidura del concejal de Neiva
(Huila), al desestimar el elemento subjetivo porque, para la fecha en
que se desarrolló la conducta prohibida, la jurisprudencia no era
uniforme respecto a que dicha causal se erigiera en pérdida de
investidura.
Sin embargo, dejó claro que, desde el momento de proferirse la
referida sentencia de 21 de enero de 2016, la posición de la Sala
debía ser la de considerar prohibido para los concejales municipales
y distritales la celebración de contratos con entidades públicas,
cualquiera fuese su orden, y sin importar si se trataba o no del mismo
ente territorial para el cual fungían como cabildantes, en desmedro
de lo cual procede la respectiva desinvestidura del corporado, así:
“[...] La Sala estima en ese orden de análisis, que la
prohibición contenida en las disposiciones legales debe
interpretarse de manera sistemática con el artículo 127 de
la Carta Política de 1991, por ende de demostrarse que un
concejal celebró un contrato estatal, indistintamente de si se
trata o no del municipio donde fue elegido, constituye causal
de pérdida de investidura en los términos de lo previsto por
el artículo 48-1 de la Ley 617 de 2000, por violación del
régimen de incompatibilidades; pues no en vano el artículo
209 de la Constitución establece “la función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
(…)”.
Esta Sección ha dicho acerca de la causal en estudio y su
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relación armónica con el artículo 127 de la Constitución lo
siguiente:57
“[…] Inicialmente debe señalarse que el numeral 1º del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que consagró las
incompatibilidades de los concejales, fue modificada por la Ley
177 de 1994 y, posteriormente, fue derogada por el artículo
96 de la Ley 617 de 2000, razón por la que no puede
edificarse, con sustento en ella, la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de incompatibilidades.
Sin embargo, a juicio de la Sala, y contrario a lo
manifestado por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
el artículo 127 de la Carta Política consagra una
incompatibilidad para los concejales, en la medida en
que son servidores públicos, consistente en la
prohibición de celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno
con entidades públicas, mientras ostenten tal
condición, salvo las excepciones legales. Así lo ha
confirmado, inicialmente la Corte Constitucional, en la
Sentencia C194 de 1995, y posteriormente, esta Sala, en
sentencia del 10 de marzo de 2005 […]”.
Así las cosas, las normas legales deben integrarse con la
norma constitucional para deducir lo que quiso decir el
legislador cuando implantó la prohibición de que los
concejales contraten con el Estado, pues de su lectura
sistemática se colige, como bien lo señaló el señor Agente
del Ministerio Público, que con ella se pretende proteger el
interés general, la probidad de los servidores públicos y
evitar la indebida injerencia en la gestión de los asuntos
públicos de quienes hacen parte de las Corporaciones de
elección popular, entre ellos los concejales municipales, por
lo que frente a este primer aspecto no se repondrá la
decisión recurrida.
(...)
Corolario de lo señalado, la Sala observa que para la fecha de
la ejecución de la conducta por el demandado, esto es, el año
2015, no puede predicarse la existencia de una línea clara ni
consistente de esta Sección que permitiera afirmar sin lugar
a equívocos, que acorde con el contenido constitucional y
normativo, pudiera deducirse que a los concejales les estaba
prohibido celebrar contratos estatales con municipios
diferentes a donde resultó elegido, o que la jurisprudencia
57 Cit. sentencia de 21 de enero de 2016, número único de radicación
13001233300020140033301, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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más cercana a los hechos se inclinaba por la negativa a este
cuestionamiento.
Ahora bien, es claro que, tal como lo afirmó el demandante, en la
sentencia proferida el 21 de enero del año 2016 esta Sección
precisó que se trataba de una prohibición que era causal de
pérdida de investidura.
(...)
Sin embargo, no es posible concluir que para el año 2015 el
concejal demandado conocía o debía conocer que la
celebración de contratos con entidades territoriales
diferentes a donde fue elegido era constitutiva de
incompatibilidad y se erigía en causal de pérdida de
investidura.
(...)
Partiendo entonces del supuesto de que para el demandado no era
claro que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento
jurídico, según lo manifestó, es posible colegir que pese a que
incurrió en la causal de incompatibilidad prevista en el
artículo 48 numeral 1 de la Ley 617 de 2000, en consonancia
con lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución
Política, comoquiera que para la fecha en que se produjo la
conducta la jurisprudencia no era uniforme en el sentido de
que dicha causal se erigiera en pérdida de investidura, y por
el contrario, esta Sección se inclinaba por una interpretación
diferente, no había lugar a sacar avante las pretensiones de
la demanda por no estar reunido el elemento subjetivo
[...]”58 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Por lo tanto, permanece incólume e inalterado el criterio establecido
por la Sección Primera desde la sentencia de 21 de enero de 2016,
para precisar el alcance y contenido de la incompatibilidad
constitucional, con fines de desinvestidura, vertida en el artículo 127,
Superior, en consonancia con el artículo 8º, numeral 1, literal f), de
la Ley 80, respecto de la cual, contrario a lo sostenido por el
accionado, es autónoma y aplicable a los concejales en calidad de
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
19 de abril de 2018, número único de radicación número 41001233300020170035901,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
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servidores públicos, sin que le sea posible al Juez desactivarlas con
el pretexto injustificable de tenerlas como normas abstractas
carentes de aplicación material y de asumir como únicas las
prohibiciones enlistadas en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994.
En este sentido, se ha establecido que el artículo 127 Constitucional,
tampoco discrimina o condiciona la operatividad de esa
incompatibilidad a la circunstancia territorial que propuso el concejal,
según la cual se pueden superar los efectos jurídicos de la prohibición
de contratar con entidades públicas si el negocio se celebra con un
municipio distinto al que representa popularmente. Alejado de ello,
y mientras estén desempeñando sus funciones corporativas, la
realidad jurídica les impide a los concejales contratar con entidades
públicas, cualquiera sea su orden territorial y similitud con el
municipio dentro del cual fueron elegidos.
Con relación a lo previsto en el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136,
conforme fue advertido con anterioridad en esta providencia, siendo
una norma distinta y autónoma del artículo 127 Superior, esta impide
la celebración de contratos o la realización de gestiones con personas
naturales o jurídicas, pero de derecho privado, -que no con entidades
públicas-, que administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del respectivo municipio o sean contratistas de este o
reciban donaciones de él, y, por lo tanto, es esta última una
‘condición de lugar’ que solo delimita la incompatibilidad legal y no la
constitucional. Por la misma razón, en el caso concreto no se
configuró la prohibición del artículo 45, numeral 4, de la Ley 136, en
tanto el municipio de Valdivia (Antioquia) no es una persona jurídica
de derecho privado, pero, se reitera, son dos escenarios distintos.
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Número único de radicación: 05001 23 33 000 2021 01619 01
Solicitante: SERGIO ALEJANDRO MESA CÁRDENAS
Fue entonces con la sentencia de 21 de enero de 2016 que la Sección
arribó, de forma pacífica, a la vigente interpretación judicial de la
incompatibilidad constitucional en ciernes, que, de haber sido
consultada y atendida por el concejal para la época de los hechos, -
celebración del contrato núm. MC-048-2020 de 19 de octubre de
2020 con el municipio de Valdivia (Antioquia)-, le hubieran impedido
continuar con la idea de celebrar negocios en interés propio con el
Estado, ostentando aun plena representación popular de sus
funciones como cabildante municipal de Yarumal (Antioquia).
Luego de analizar las consideraciones de la Corte Constitucional en
el fallo C-194 de 4 de mayo de 199559, la citada sentencia de 21 de
enero de 2016, punto de inicio de la postura jurisprudencial definitiva
del artículo 127 Superior, determinó:
“[...] Inicialmente debe señalarse que el numeral 1º del artículo 45
de la Ley 136 de 1994, que consagró las incompatibilidades de los
concejales, fue modificada por la Ley 177 de 1994 y,
posteriormente, fue derogada por el artículo 96 de la Ley 617 de
2000, razón por la que no puede edificarse, con sustento en ella, la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades.
Sin embargo, a juicio de la Sala, y contrario a lo manifestado por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, el artículo 127 de la Carta
Política consagra una incompatibilidad para los concejales,
en la medida en que son servidores públicos60, consistente
en la prohibición de celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno con
entidades públicas, mientras ostenten tal condición, salvo las
excepciones legales.
59 Corte Constitucional, sentencia C-194 de 4 de mayo de 1995, magistrado ponente José
Gregorio Hernández Galindo.
60 “(…) Los miembros de los Concejos Municipales, conforme al artículo 123 de la Carta
Política, son servidores públicos al servicio del Estado y están sometidos a la Constitución,
a la ley y a los reglamentos. (…)” Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2009, número único de radicación
25000231500020060200201(IJ), consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Así lo ha confirmado, inicialmente la Corte Constitucional, en la
Sentencia C-194 de 1995, y posteriormente, esta Sala, en sentencia
del 10 de marzo de 200561.
La Corte Constitucional, en la citada sentencia, señaló:
“(…) Las normas acusadas
a) Concejales
• Ha sido acusada la primera de las causas de
incompatibilidad de los concejales, prevista en el artículo 45,
numeral 1º, de la Ley 136 de 1994. En virtud de ella se
impide a los miembros de los concejos municipales aceptar o
desempeñar cualquier cargo en la administración pública y
vincularse a ella como trabajadores oficiales o contratistas,
so pena de perder la investidura.
En lo que respecta al desempeño de cargos, la
constitucionalidad de la disposición resulta plenamente
avalada por el artículo 312 de la Carta, que en su inciso final,
refiriéndose precisamente a los concejales, expresa: "La
aceptación de cualquier empleo público constituye falta
absoluta".
Si bien es cierto la disposición constitucional mencionada no
consagra la consecuencia de pérdida de la investidura para
la señalada incompatibilidad, ello no implica discrepancia
entre las dos normas, puesto que, al fin y al cabo, al perder
la investidura se incurre en falta absoluta. Pero -lo más
importante- es la propia Constitución, en su artículo 291, la
que manifiesta sin que pueda darse lugar a dudas, que "los
miembros de las corporaciones públicas de las entidades
territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la
administración pública, y si lo hicieren perderán su
investidura".
En cuanto a la celebración de contratos, la regla
constitucional aplicable es la del artículo 127, inciso
1º, de la Carta, que cobija a los concejales como
servidores públicos y que dice:
"ART. 127. Los servidores públicos no podrán
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno, con
entidades públicas o con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos, salvo las
excepciones legales".
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
10 de marzo de 2005, número único de radicación número 44001233100020040005601,
consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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Por otra parte, es evidente que de ninguna manera se rompe
el principio de igualdad respecto de los demás colombianos
-como lo sostienen los impugnadores-, pues las
incompatibilidades se tienen en razón del cargo que se
desempeña, esto es, con motivo y por causa de una
condición diferente a las de cualquier persona y a partir de
las especiales responsabilidades que se asumen. La igualdad,
en su genuino sentido -debe la Corte reiterarlo- no consiste
en la ausencia de toda distinción respecto de situaciones
disímiles, sino precisamente en el adecuado trato a los
fenómenos que surgen en el seno de la sociedad,
diferenciando las hipótesis que son iguales entre sí -las que
exigen una misma respuesta de la ley y de la autoridad- de
aquéllas que son diversas, pues respecto de éstas últimas la
norma razonable no debe responder al igualitarismo ciego -
lo que quebrantaría la igualdad- sino primordialmente al
equilibrio que impone un trato divergente para circunstancias
no coincidentes. (…)”
A su turno, esta Sala afirmó lo siguiente:
“(…) El artículo 127 del Estatuto Supremo establece
ciertamente una incompatibilidad genérica para los
servidores públicos, en el sentido de que por regla general no
pueden celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona,
o en representación de otro, con entidades públicas o con
personas privadas que manejen o administren recursos
públicos. Las excepciones a esa regla deben ser señaladas
por ley, lo que quiere decir que deben ser expresas, taxativas
y precisas, como toda excepción, y por lo mismo requiere ser
demostrada.
Quiere decir que quien pretenda encontrarse en una
situación de excepción, no sólo debe alegarla, sino también
demostrarla.
No hay lugar a discusión que los concejales tienen la calidad
de servidores públicos, en tanto son miembros de una
corporación administrativa territorial, y el artículo 123 de la
Constitución Política los cataloga o define como tales al decir
que “Son servidores públicos los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente
y por servicios”.
Así las cosas, en principio, o por regla general, los
concejales, en tanto servidores públicos se
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encuentran cobijados por la incompatibilidad o
prohibición establecida en el artículo 127 de la
Constitución Política, salvo que exista norma especial
para ellos que regule el punto y en ese orden los
exceptúe de dicha regla, respecto de lo cual la
demandada se remite a la Ley 136 de 1994, y de ella
invoca el artículo 45, del cual deduce que la
incompatibilidad se circunscribe al mismo municipio o
distrito, o a sus entidades descentralizadas.
Para claridad del punto conviene traer la disposición
pertinente de dicho artículo, así:
“ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no
podrán: (...)
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos
procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por
interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones
que más adelante se establecen. (...)
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas
naturales o jurídicas de derecho privado que administren,
manejen o inviertan fondos públicos procedentes del
respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban
donaciones de éste.
Significa lo anterior que se está ante una regulación
especial, pero de ella no se deduce el señalamiento de
excepción alguna frente a la regla general, y menos en
el sentido de que sustrae de ésta a los concejales,
pues ello no se dice de forma expresa, como debe ser,
ni tampoco puede considerarse implícito, toda vez que
no existe razón para que pese a su condición de
servidores públicos se les exceptúe de dicha
incompatibilidad general. De suerte que la norma
transcrita no hace más que reiterarla respecto de los
concejales en relación con el municipio en el que se
desempeñan como tales, sin que se deba interpretar
que excluye los demás ámbitos u órdenes territoriales
de la Administración Pública. Por ello resulta armónica
y complementaria con el artículo 127 de la
Constitución Política (...)”
Existe, entonces, una relación armónica y complementaria
entre el artículo 127 de la Carta Política y el artículo 45 de la
Ley 136 de 1994, por lo que las disposiciones de la norma de
carácter legal no pueden ser tenidas, de ninguna forma,
como excepciones al artículo 127 de la Carta Política,
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tratándose, por ello, de una norma especial que no impide la
aplicación, en sus demás ámbitos, de la disposición citada de
la Carta Política.
En esa medida, conforme se acreditó en el proceso, el
demandante celebró, en representación de otro (la sociedad
INVERSIONES BISVAR I.P.S. S.A.S.), un contrato con una
entidad pública (el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar), mientras ostentaba la condición de concejal del
municipio de San Jacinto (Bolívar), esto es, de servidor
público, por lo que incurrió en la incompatibilidad prevista
en el artículo 127 de la Carta Política y, en consecuencia, en la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1º del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por violación del régimen de
incompatibilidades [...]”62 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Esta sólida postura de la Sección, asumida con suficiente antelación
a la comisión de los hechos por los cuales es solicitada la
desinvestidura del concejal CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA
QUICENO, -celebración del contrato núm. MC-048-2020 de 19 de
octubre de 2020, con el municipio de Valdivia (Antioquia)-, viene
siendo reiterada uniformemente como pudo haberlo observado el
accionado en las sentencias de 30 de junio de 201763, 2 de agosto
de 201764, 31 de agosto de 201765, 15 de marzo de 201866, 19 de
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
21 de enero de 2016, número único de radicación 13001233300020140033301, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
30 de junio de 2017, número único de radicación 08001233300020160027801, consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
2 de agosto de 2017, número único de radicación 73001233300520160062001, consejera
ponente María Elizabeth García González
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
31 de agosto de 2017, número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01,
consejera ponente María Elizabeth García González.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de marzo de 2018, número único de radicación 73001233300020140055301, consejera
ponente María Elizabeth García González.
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abril de 201867, 8 de junio de 201868 y 16 de abril de 202069, así
como también son prueba de su continuidad en la línea
jurisprudencial, las posteriores sentencias de 24 de junio de 202170,
29 de julio de 202171, 30 de septiembre de 202172, 10 de febrero de
202273 y 1o. de diciembre de 202274, entre otras.
A diferencia de lo sostenido por el recurrente, sí existe una postura
unificada en la Sección Primera de esta Corporación, desde la
sentencia de 21 de enero de 2016, -anterior a la comisión de los
hechos en el caso concreto-, que le censura a los concejales la
celebración de contratos con entidades públicas, sin importar si es o
no el mismo ente territorial, cuya inobservancia conlleva la pérdida
de investidura por violación del régimen de incompatibilidades,
criterio que es aplicado en el asunto bajo examen, precisamente, en
respeto de garantías procesales como las de seguridad jurídica y
confianza legítima, sin que resulte vulnerado el principio de buena fe
invocado por el apelante ni se evidencien vacíos jurisprudenciales
67 Cit. sentencia de 19 de abril de 2018, número único de radicación número
41001233300020170035901, consejero ponente Oswaldo Giraldo López
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
8 de junio de 2018, número único de radicación 25000234200020170429301, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
16 de abril de 2020, número único de radicación 54001-23-33-000-2019-00091-01,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
24 de junio de 2021, número único de radicación 05001233300020190174701, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
29 de julio de 2021, número único de radicación 44001234000020200023201, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón,
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
30 de septiembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-02158-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
10 de febrero de 2022, número único de radicación 68001233300020210018101, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
1o. de diciembre de 2022, número único de radicación 52001233300020210018801,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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que puedan predicarse a favor de su defensa o que justifiquen lo
irregular de su conducta.
Por lo mismo, no es cierto que el artículo 127 de la Constitución
Política exija como requisito para su configuración que la contratación
haya ocurrido, únicamente, dentro del mismo ente territorial para el
cual fue elegido concejal, -como sí lo prevé el artículo 45, numeral 4,
de la Ley 136-; y (ii) porque la interpretación jurisprudencial de la
referida incompatibilidad permite advertir claridad en su aplicación,
sin la presencia de modificaciones, ambigüedades o dudas que
evidencien la coexistencia de divergentes puntos de vista, tal como
tuvo la oportunidad de explicarse, impera la autonomía de ambas
causales y la divergencia de materias: la constitucional prohíbe la
contratación con entidades públicas y la legal lo hace con personas
naturales o jurídicas de derecho privado.
V.3.2.3.- En cuanto a la aplicación de las garantías constitucionales
al debido proceso, en particular en cuanto se refiere a la observancia
de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad, -que
implica que las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas
por analogía-, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad, la Sala, a partir de lo establecido hasta este punto, no
encuentra que con la sentencia apelada ni con las consideraciones
expuestas en esta providencia se le transgreda el debido proceso al
concejal, ni que exista una divergencia de criterios para la imposición
de la incompatibilidad del artículo 127 Superior, en consonancia con
el artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, que permita concluir
cosa distinta a que su inobservancia trae como consecuencia directa
su desinvestidura, menos aún si no se avizoran dudas o vacíos
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jurídicos que deban ser interpretados a favor del accionado para
exculparlo de su proceder frente a las restricciones analizadas en el
asunto bajo examen.
El comportamiento del concejal, por lo anterior, corresponde a la falta
de cuidado que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel
cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios, en la medida en que, se reitera, los
artículos 127 Constitucional y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80,
le imponían una prohibición que decidió obviar. Prueba de ello
también lo es que no se aportaron conceptos jurídicos ni escritos
provenientes de profesionales del derecho, ni actas de reuniones
mediante las cuales se lograra demostrar algún tipo de apoyo jurídico
que, en dado caso, se le hubiese suministrado a aquel al momento
de decidir la celebración del contrato núm. MC-048-2020 de 19 de
octubre de 2020 con el municipio de Valdivia (Antioquia).
V.3.2.4.- En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta
censurada, - celebración de un contrato con entidad pública-, fue
desplegada por el concejal CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA
QUICENO, debiendo saber que era incompatible para hacerlo y, aun
así, optó por gestionar y celebrar el contrato núm. MC-048-2020 de
19 de octubre de 2020 con el municipio de Valdivia (Antioquia), de
forma gravemente culposa, por negligente e imprudente, muy a
pesar de que tuvo la capacidad cognitiva de haber reconocido que
esa actuación le era prohibida en medio de sus funciones como
concejal municipal de Yarumal (Antioquia).
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Por las razones expuestas, y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal de incompatibilidad
prevista en el artículo 127 Constitucional, en consonancia con el
artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, la Sala procederá a
confirmar la sentencia de 21 de octubre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se decretó la
pérdida de investidura del concejal municipal de Yarumal (Antioquia),
señor CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, por los
hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de diciembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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