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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2025-00773-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2025-00773-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de agosto de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2025-00773-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: JUAN ESTEBAN ESPITIA REYES
Accionado: OBDULIO HURTADO MORENO
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses y de la prohibición
prevista en el artículo 127 de la Constitución Política como causales de
pérdida de investidura de los concejales - reiteración de jurisprudencia.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante, en contra
de la sentencia de 11 de agosto de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud1

1. Elciudadano Juan Esteban Espitia Reyes en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:

“[…] PRETENSIONES.

PRIMERA: Que, se Declare (sic) que OBDULIO HURTADO MORENO, concejal del
municipio de Apartadó, Antioquia para el período constitucional 2024-2027, está
incurso en las causales de pérdida de investidura contemplada (sic) en el artículo 55,
numeral 2 de la Ley 136 de 1994, concordante con lo previsto en el artículo 45,
numerales 2, 3 (sic) y el artículo 127 de la CP.

SEGUNDA: Que, se Decrete la Perdida (sic) de Investidura del Concejal OBDULIO
HURTADO MORENO (sic). […]”3 (negrilla del texto).

I.1.1.- Los hechos

2. Afirmó que el accionado fue inscrito como presidente de la Junta de Acción
Comunal del Barrio Obrero, municipio de Apartadó (Antioquia), para el período

1
Cfr. Índices 4 y 8, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
3
Cfr. Índice 8, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.

2

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

comprendido entre el 1.° de febrero de 2022 hasta el 30 de junio de 2026 y,
asimismo, que fue elegido concejal del municipio de Apartadó en las elecciones
realizadas el 29 de octubre de 2023.

3. Anotó que el accionado, en consecuencia, ostentaba la condición de concejal del
municipio de Apartadó y de presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio
Obrero de ese mismo municipio.

4. Aseveró que el municipio de Apartadó, mediante la Resolución núm. 15 de 17 de
abril de 2024, entregó a la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero, el quiosco
ubicado en las calles 100 y 102 y entre las carreras 87 y 89, plaza de Banderas, en
el barrio Obrero del municipio de Apartadó, y le otorgó, en ese acto administrativo,
la autoridad para regular el uso del espacio y organizar el canon de arrendamiento
de ese bien para fines comerciales y creativos.

5. Indicó que el accionado, como representante legal de la Junta de Acción Comunal
del Barrio Obrero, celebró contrato de arrendamiento del citado quiosco con el señor
Davinson Moreno Murillo, acordando el pago de $500.000 mensuales como canon
de arrendamiento, los cuales habrían sido pagados por el señor Moreno Murillo a
esa junta de acción comunal.

I.1.2. La causal de pérdida de investidura

6. Mencionó, como fundamentos de su solicitud, el numeral 2. del artículo 55 de la
Ley 136 de 2 de junio de 19944, en concordancia con los numerales 2. y 3. del
artículo 45 de esa misma norma5, y el artículo 127 de la Carta Política.

7. Manifestó, conforme a los hechos expuestos, que se configuraban las
incompatibilidades previstas en el artículo 45, numerales 2. y 3., de la Ley 136, toda
vez que, en su concepto, la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero,
representada legalmente por el concejal accionado, administraba tributos del
municipio de Apartadó derivados del aprovechamiento del espacio público i) por
haberse expedido la Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024, a través de la cual
se entregó a esa junta, un quiosco ubicado en la plaza de Banderas de ese
municipio, y ii) haber celebrado esa misma junta, representada legalmente por el
accionado, contrato de arrendamiento de ese quiosco con el señor Davinson
Moreno Murillo.

8. Resaltó que la Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024 era un símil de contrato
pues allí se establecieron obligaciones entre las partes y de las cuales se derivó la
facultad del concejal accionado para suscribir contratos de arrendamiento que le
habrían permitido aprovechar el espacio público y cobrar un tributo que solamente

4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
5
El accionante, en la solicitud de pérdida de investidura, enunció, como incompatibilidades en que habría incurrido el
accionado, los numerales 2., 3. y 4. del artículo 45 de la Ley 136. Con la subsanación de la solicitud, aludió, únicamente, a
las incompatibilidades previstas en los numerales 2. y 3. del artículo 45 de la Ley 136.

3

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Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

estaba en cabeza de la Secretaría de Gobierno Municipal, configurándose la
prohibición señalada en el artículo 127 Constitucional.

9. Puso de presente que el concejal accionado habría incurrido en la prohibición
constitucional, igualmente, por haber celebrado un contrato en representación de la
Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero, persona jurídica de naturaleza privada
que administra recursos públicos.

10. Subrayó que con la expedición del mencionado acto administrativo, asimismo, se
configuraba un conflicto de intereses entre el municipio de Apartadó y el concejal
accionado, en razón a que este último tenía la función de realizar control político, no
obstante, la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero, de la cual era
representante legal, fue beneficiada con la entrega de la facultad de administrar el
espacio público y bienes del municipio de Apartadó, en ejercicio de la cual celebró
el contrato de arrendamiento del quiosco ubicado en la plaza de Banderas del
municipio.

I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura6

11. El concejal accionado, a través de apoderado, dio contestación a la solicitud
formulada en su contra y se opuso a sus pretensiones.

12. Se refirió a la violación del régimen de incompatibilidades que le atribuyó el
accionante por incurrir en las incompatibilidades previstas en los numerales 2. y 3.
del artículo 45 de la Ley 136.

13. Aseveró, en lo relativo a la incompatibilidad prevista en el numeral 2. del artículo
45 de la Ley 136, que no hay prueba en el expediente que acredite que fue
apoderado de alguna entidad pública y, adicionalmente, que la Junta de Acción
Comunal del Barrio Obrero no administraba tributos del municipio, para lo cual citó
la sentencia de 6 de mayo de 2010, proferida dentro del expediente núm. 08001-23-
31-000-2001-02369-01.

14. Mencionó que la “[…] supuesta delegación sobre el espacio público […]” no
puede catalogarse como un tributo y aclaró que no es posible entregar el espacio
público en arrendamiento conforme lo indicó esta corporación en la sentencia de 14
de agosto de 2018, proferida dentro del expediente núm. 05001-33-31-003-2009-
00157-01.

15. Resaltó, frente a la incompatibilidad prevista en el numeral 3. del artículo 45 de
la Ley 136, que no era miembro de junta o consejo directivo de alguna de entidades
del sector central o descentralizado del municipio de Apartadó o de instituciones
que administraran recursos procedentes del mismo y precisó que “[…] una eventual

6
Cfr. Índice 14, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.

4

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Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

delegación frente al espacio público no es “ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS”.
[…]”.

16. Indicó, frente a la violación del régimen de conflicto de intereses, que solo puede
materializarse cuando el concejal participa en una decisión que deba adoptar el
concejo municipal, por lo que no puede existir tal trasgresión por un hecho ajeno a
la corporación.

17. Aseguró, en lo que al desconocimiento de la prohibición de celebrar contratos
con entidades públicas se refiere, que la Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024
no es semejante a un contrato y, adicionalmente, que el concejal accionado no ha
celebrado contrato alguno con el municipio de Apartadó ni con ninguna de sus
entidades del nivel central o descentralizadas.

18. Añadió que no incurrió en la prohibición de celebrar contratos con personas
privadas que manejen o administren recursos públicos puesto que, insiste, la Junta
de Acción Comunal del Barrio Obrero del municipio de Apartadó no es una entidad
que recaude, custodie, liquide o disponga del uso de rentas parafiscales,
mencionando que:

“[…] el municipio de Apartadó no es el propietario del quiosco objeto del contrato de
arrendamiento entre la Junta de Acción Comunal del barrio Obrero y el señor
DAVINSON MORENO MURILLO. […]”

I.3. La sentencia de primera instancia7

19. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de
11 de agosto de 2025, negó la solicitud de pérdida de investidura del concejal
accionado.

20. Consideró que el problema jurídico que se debía resolver en el presente asunto
era el consistente en determinar si el accionado incurrió en las causales de pérdida
de investidura que se le atribuyeron:

“[…] las cuales se consagran en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994,
concordante con lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 45 ibidem; conflicto de
intereses y la prohibición contenida en el artículo 127 de la Constitución Política. […]”

21. Afirmó que negaría la solicitud de pérdida de investidura en razón a que:

“[…] las pruebas debidamente allegadas, incorporadas y practicadas en el proceso,
no dan cuenta de la configuración de las causales invocadas. […]”.

22. Analizó la incompatibilidad contenida en el numeral 2. del artículo 45 de la Ley
136 y expuso que no obraba prueba de una actuación del accionado como
apoderado ante una entidad pública o persona que administrara tributos, ni que

7
Cfr. Índice 36, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.

5

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Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

haya cursado la carrera de derecho y que tuviera tarjeta profesional que lo habilitara
para el ejercicio de esa profesión, lo cual es corroborado por el mismo accionante
en la solicitud de pérdida de investidura, al afirmar que el concejal no es apoderado
de la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero.

23. Anotó que tampoco se configuraba la incompatibilidad por la calidad de
representante legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero puesto que,
como lo indicó el Consejo de Estado en la sentencia de 13 de julio de 20068, lo que
prohíbe la ley es que el concejal - representante legal de una persona jurídica
privada, actúe como apoderado de esta última o de terceras personas en general,
ante el municipio del cual es concejal.

24. Indicó que la calidad de apoderado y de representante legal de una persona
jurídica no guardan similitud y que no se probó que el accionado tuviera la calidad
de gestor toda vez que, si bien representaba legalmente a la Junta de Acción
Comunal del Barrio Obrero, no se acreditó alguna gestión en su nombre ante
entidades públicas del municipio o personas que administraran tributos.

25. Subrayó que si bien, mediante la Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024 se
resolvió entregar un quiosco y encomendar a la Junta de Acción Comunal del Barrio
Obrero el mantenimiento del espacio y la siembra y cuidado de la plaza de
Banderas, no se probó que para la expedición de ese acto administrativo haya
mediado petición o gestión previa por parte del concejal en nombre de esa junta.

26. Explicó, en lo que se refiere a la celebración de contratos con entidades del
municipio de Apartadó o personas que administren tributos, que las juntas de acción
comunal no son entidades públicas y no hay fundamento jurídico para considerar
que administran tributos, por lo que no se configuró la causal de pérdida de
investidura por “[…] la inscripción del demandado en ese organismo comunal […]”.

27. Agregó que i) ninguna de las partes del contrato de arrendamiento celebrado
entre la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero y el señor Davinson Moreno
Murillo era una entidad pública del municipio de Apartadó y ii) los dineros
recaudados por concepto de los cánones de arrendamiento no correspondían a un
impuesto, tasa o contribución o a recursos de esa naturaleza si se tenía en cuenta
que no estaba acreditado que el arrendatario fuera administrador de alguno de ellos.

28. Apuntó que la Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024 entregó un quiosco
como espacio de encuentro y convivencia de la comunidad y precisó que lo otorgado
a la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero no fue la administración de tributos
sino responsabilidades i) en el mantenimiento del espacio, la siembra y cuidado de
los árboles en la plaza de Banderas; ii) la prohibición del uso de dispositivos que

8
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Martha Sofía Sanz
Tobón. Sentencia de 13 de julio de 2006. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2005-01132-01(PI). Sentencia citada en:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 12 de junio de 2025. Radicación núm.: 76001-23-33-000-2024-00710-01.

6

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

perturbaran la tranquilidad del área; y iii) velar por el “[…] buen comportamiento del
espacio y organizar el canon de arrendamiento para su uso≫. […]”.

29. Se refirió a la incompatibilidad prevista en el numeral 3. del artículo 45 de la Ley
136 y mencionó que las juntas de acción comunal no pertenecen a algún sector de
la administración pública en atención a su naturaleza privada e integración por los
residentes del lugar ni administran tributos del municipio, calidad que no se adquiere
por el hecho de suscribir un contrato de arrendamiento, cuyo canon es pagado por
un particular que tampoco administra tributos o recursos públicos.

30. Puso de presente, frente a la violación del régimen de conflicto de intereses, que
no se observaba un interés directo, particular y actual del concejal, de su círculo
cercano o de la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero, derivado de la
autorización contenida en la Resolución núm. 015 de 17 de abril de 2024 o del
contrato de arrendamiento del quiosco.

31. Estimó que la responsabilidad delegada a la Junta de Acción Comunal del Barrio
Obrero lo fue por parte de la Secretaría de Gobierno del municipio de Apartadó y no
por el concejo municipal, sumado a que no existía prueba de que el accionado haya
intervenido como concejal en ese asunto ni en la suscripción del contrato de
arrendamiento:

“[…] del cual no puede desconocerse que al haber actuado como presidente de la
JAC designado mediante Auto 3928 de 2022, lo hace en las mismas condiciones de
un ciudadano residente e integrante de un organismo comunal […]”

32. Abordó la prohibición prevista en el artículo 127 de la Carta Política, resaltando
que la Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024 no reúne los requisitos esenciales
de los contratos estatales si se tiene en cuenta que es un acto administrativo y,
adicionalmente, que mediante esta resolución se entregó un quiosco y se delegaron
responsabilidades a la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero, sin que mediara
acuerdo o contraprestación para el municipio de Apartadó.

33. Aseveró que la afiliación a una junta de acción comunal no constituye un contrato
celebrado con esta entidad pues corresponde a una “[…] formalidad para hacer
parte de ésta y adquirir el compromiso de aunar sus esfuerzos con los otros
residentes inscritos, para cumplir los objetivos. […]”.

34. Expuso que la celebración del contrato del quiosco no configuraba la causal de
pérdida de investidura puesto que fue celebrado con un particular, el señor Davinson
Moreno Murillo, respecto de quien no se acreditó que administrara recursos públicos
ni podía llegarse a tal conclusión en razón a que el bien arrendado sería destinado
a la venta de bebidas.

35. Indicó que no se probó que el accionado desconociera la prohibición del artículo
127 Constitucional y agregó que de los medios probatorios allegados al expediente
no era posible establecer que el “[…] certificado presentado por el ente territorial

7

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

[…]” correspondiera al inmueble al que se refiere la Resolución núm. 015 de 17 de
abril de 2024.

I.4. El recurso de apelación9

36. La parte accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó
recurso de apelación para que fuera revocada y en su lugar se “[…] se declarara la
existencia de las causales de pérdida de investidura del artículo 127 de la C.N. y del
artículo 48 de la Ley 136 de 1994 (sic) […]”.

37. Hizo referencia a los argumentos de la sentencia de primera instancia por los
cuales se encontró no acreditadas la incompatibilidad prevista en el numeral 3. del
artículo 45 de la Ley 136, la violación del régimen de conflicto de intereses y la
prohibición prevista en el artículo 127 de la Carta Política.

38. Expuso los argumentos de su recurso y anotó que dentro del régimen contractual
de las entidades públicas existe el régimen de contratación de la Ley 80 de 28 de
octubre de 199310; uno especial de las entidades dedicadas a las actividades
industriales, comerciales o científicas; y unos contratos que, de acuerdo con la Ley
80, permiten la aplicación del régimen jurídico privado.

39. Argumentó que, conforme a la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 11, el régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones se aplica a todas las entidades
públicas, con independencia de su régimen contractual.

40. Citó la sentencia de 6 de julio de 200612 para señalar que en dicha decisión se
habría mencionado que la normativa vigente para esa época habilitaba a las
autoridades municipales y distritales a autorizar el uso del espacio público a los
particulares en actividades compatibles con su naturaleza, previo el cumplimiento
de unos requisitos, dentro de los que se encontraba:

“[…] 3. Que se formalice la relación jurídica a través de un vínculo
contractual. […]” (negrilla del texto)

41. De lo mencionado en la sentencia judicial dedujo que la Resolución núm. 015 de
17 de abril de 2024 es:

“[…] justamente UN VÍNCULO CONTRACTUAL QUE CREA DERECHOS Y
OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES, y para el presente caso, NO ESTAMOS EN
PRESENCIA EXEGÉTICA DE LA LEY 80 DE 1993, puesto que existen CONTRATOS
CON RÉGIMEN ESPECIAL, INCLUSO CONTRATOS DE DERECHO PRIVADO,
conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y para el caso de las incompatibilidades,
tenemos que existe el respectivo documento creador de derechos y obligaciones, y

9
Cfr. Índice 38, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
10
“[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. […]”.
11
“[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. […]”.
12
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Camilo Arciniegas
Andrade. Sentencia de 6 de julio de 2006. Radicación núm.: 54001-23-31-000-2004-00395-01(AP).

8

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

que en los dos (2) extremos del mismo se encuentra el Municipio de Apartadó y la
Junta de Acción Comunal representada por el CONCEJAL DEMANDADO. […]”

42. En lo que se refiere a la violación del régimen de conflicto de intereses, apuntó
que no era cierta la afirmación de la primera instancia consistente en que no se
había probado la calidad de gestor del concejal accionado, toda vez que si bien era
representante legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero no obraba
acreditación de que haya realizado alguna gestión en su nombre ante las entidades
públicas del municipio o personas que administraran tributos.

43. Puso de presente que el artículo 11 de la Ley 1437 estableció un amplio régimen
de conflicto de intereses y que en ninguna parte de la sentencia de primera instancia
se definía que era gestor, ni qué funciones desempeñaba, por lo que se arribó a
conclusiones equivocadas.

44. Citó un aparte de la Resolución 015 de 17 de abril de 2024 que se refirió al
término gestionar y abordó los conceptos de gestión y gestor, así:

“[…] En Colombia, un gestor de personas jurídicas se refiere a la persona o entidad
encargada de la gestión y administración de los asuntos legales de una persona
jurídica, como una empresa o una organización.

Esto incluye desde la constitución y registro hasta el cumplimiento de obligaciones
legales y la representación en actos jurídicos. En esencia, es quien vela por el
cumplimiento normativo y la correcta gestión legal de la persona jurídica.

(…)

En resumen, un gestor de personas jurídicas es un aliado estratégico para asegurar
el buen funcionamiento y cumplimiento normativo de una entidad legal en Colombia.

Esto quiere NO SE LIMITA UNICAMENTE A COMPARECER A LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL a solicitar dádivas o prebendas, SINO TAMBIÉN A
RECIBIR LAS PREBENDAS, DÁDIVAS, OBLIGACIONES Y DEBERES que se
consignaron en la Resolución 015 de 2024.

(…)

No puede desconocer el A Quo que el concejal demandado efectivamente ES
GESTOR de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO OBRERO, y que como
tal, ejerció sus funciones para recibir los derechos y obligaciones consagrados en la
Resolución 015 de 2024, y que SUSCRIBIÓ el contrato con DAVINSON MORENO
JARAMILLO, y percibió el monto de los cánones de arrendamiento por el uso y
disfrute del espacio público. […]”

I.5. Trámite del recurso de apelación

45. Mediante auto de 1.° de septiembre de 202513, se concedió el recurso de
apelación interpuesto por la parte accionante en contra de la sentencia de 11 de
agosto de 2025.

13
Cfr. Índice 40, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.

9

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

46. En auto de 3 de diciembre de 202514, se resolvió admitir el recurso de apelación
y correr traslado del auto admisorio a la parte accionada y al agente del Ministerio
Público.

47. El agente del Ministerio Público, en concepto núm. 595 – 25 de 15 de diciembre
de 202515 solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia por cuanto
compartía lo expuesto en la providencia judicial. La parte accionante solicitó,
igualmente, la confirmación de la sentencia impugnada16.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

48. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del
accionado; iii) el problema jurídico; y, iv) los cargos formulados por el apelante
contra la sentencia de primera instancia.

II.1. La competencia

49. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15018 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejal

50. La condición del accionado, señor Obdulio Hurtado Moreno, como concejal del
municipio de Apartadó, período 2024-2027, se encuentra acreditada por la copia del
formulario E-26 CON, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil19 y a
través de la cual se declaró la elección de los concejales de ese municipio.

51. Seprecisa que la condición del accionado como concejal del municipio de
Apartadó, período 2024-2027, no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de
apelación.

II.3. El problema jurídico

52. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de

14
Cfr. Índice 4, SAMAI.
15
Cfr. Índice 10, SAMAI.
16
Cfr. Índice 13, SAMAI.
17
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
18
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se reforma el código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia
de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”.
19
Cfr. Índices 4 y 8, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.

10

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201220, aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 y el
artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que debe resolver, siguiendo
el recurso de apelación formulado por la parte accionante, se contrae a determinar
si debe revocarse la sentencia de 11 de agosto de 2025, proferida por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo de Antioquia que denegó la pérdida de investidura para,
en su lugar, imponer esta sanción.

53. El apelante advirtió que se encontrarían reunidos los elementos objetivo y
subjetivo de las causales de pérdida de investidura por i) violación del régimen de
conflicto de intereses –numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136–; y ii)
desconocimiento de la prohibición prevista en el artículo 127 de la Carta Política.

II.4. Los cargos formulados por el apelante en contra de la sentencia de
primera instancia

II.4.1. El desconocimiento de la prohibición prevista en el artículo 127 de la
Carta Política.

54. La parte accionante citó la sentencia de 6 de julio de 200621, providencia en la
cual se habría señalado que la normativa vigente para esa época habilitaba a las
autoridades municipales y distritales a autorizar el uso del espacio público a los
particulares en actividades compatibles con su naturaleza, previo el cumplimiento
de unos requisitos, dentro de los que se encontraba:

“[…] 3. Que se formalice la relación jurídica a través de un vínculo contractual.
[…]” (negrilla del texto)

55. Dedujo, de lo expuesto en la decisión judicial, que la Resolución núm. 015 de 17
de abril de 2024 era el vínculo contractual creador de derechos y obligaciones entre
las partes y que dichas partes eran el municipio de Apartadó y la Junta de Acción
Comunal del Barrio Obrero, representada legalmente por el concejal accionado.

56. El artículo 12722 de la Constitución Política señala que:

“[…] Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas
o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo
las excepciones legales. […]”

57. La Sección23 precisó que esta disposición:

20
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”
21
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Camilo Arciniegas
Andrade. Sentencia de 6 de julio de 2006. Radicación núm.: 54001-23-31-000-2004-00395-01(AP).
22
Modificado por el Acto Legislativo núm. 2 de 27 de diciembre de 2004, “[…] Por el cual se reforman algunos artículos de la
Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones […]”.
23
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 13 de marzo de 2025. Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01. En el mismo sentido:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de diciembre de 2022. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2021 01619 01.

11

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

“[…] en consonancia con el artículo 8º, numeral 1.°, literal f), de la Ley 80 de 1993,
constituye una causal autónoma de pérdida de investidura y cobija a los concejales,
por ser servidores públicos de conformidad con el artículo 123 de la Constitución
Política.

(…)

En estas condiciones y, a partir de la integración normativa, debe considerarse que la
remisión que hace el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que señala que los concejales
perderán su investidura por violación al régimen de incompatibilidades, en
concordancia con el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, comprende la prohibición
prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política que cobija a todos
los servidores públicos y, por claras razones, a los concejales. […]”

58. La Sala24, asimismo, indicó que, para la configuración de esta causal autónoma
de pérdida de investidura de los concejales, es necesario que se reúnan los
siguientes requisitos:

“[…] que el concejal, estando en ejercicio de sus funciones, haya celebrado, por sí o
por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato: (i) con una entidad
pública cualquiera sea su nivel territorial, e indistintamente de si se trata o no del
mismo municipio para el cual resultó elegido, o (ii) con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones enlistadas en el
artículo 10º, de la Ley 80 […]”

59. El cuestionamiento del apelante frente a la sentencia de primera instancia se
centra en que esta no encontró acreditada la existencia de un contrato entre el
Municipio de Apartadó y la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero y argumentó
que tal requisito se entendía cumplido con la existencia de la Resolución núm. 015
de 17 de abril de 2024.

60. En el expediente se encuentra la copia de la Resolución núm. 15 de 17 de abril
de 202425, “[…] “POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE ENTREGA DE QUIOSCO
(sic) Y DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES A LA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DEL BARRIO OBRERO” […]”(negrilla del texto), expedida por el
secretario de gobierno del municipio de Apartadó en cumplimiento del plan de
desarrollo municipal y de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo núm. 31 de 20

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 1 de diciembre de 2022. Radicación núm.: 52001 23 33 000 2021 00188 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 10 de febrero de 2022. Radicación núm.: 68001 23 33 000 2021 00181 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 30 de septiembre de 2021. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2019 02158 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 16 de abril de 2020. Radicación núm.: 54001 23 33 000 2019 00091 01.
24
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de diciembre de 2022. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2021 01619 01. En el mismo sentido:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 1 de diciembre de 2022. Radicación núm.: 52001 23 33 000 2021 00188 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 10 de febrero de 2022. Radicación núm.: 68001 23 33 000 2021 00181 01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 30 de septiembre de 2021. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2019 02158 01.
25
Cfr. Índices 4, 8 y 22, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.

12

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

de diciembre de 201226, por medio del cual se expidió el estatuto de espacio público
para el municipio de Apartadó.

61. En las consideraciones de este acto administrativo, en lo pertinente, se puso de
presente:

61.1. Que la administración municipal, para promover el desarrollo comunitario y la
participación ciudadana, había identificado la importancia de fortalecer la
infraestructura local destinada a actividades recreativas y culturales.

61.2. La relevancia del quiosco ubicado en las calles 100 y 102 entre carreras 87 y
89, plaza de Banderas del barrio Obrero, como espacio de encuentro y convivencia
de la comunidad.

61.3. La pertinencia de entregar el quiosco a la Junta de Acción Comunal del Barrio
Obrero como instancia que representaba los intereses de la comunidad y la
consideración de que esa junta estaba facultada para gestionar y administrar
recursos en beneficio del bienestar colectivo, por lo que encontró apropiado
delegarle a esa organización social, la responsabilidad de mantener y gestionar el
uso adecuado del citado quiosco.

61.4. Que, en aras de promover una convivencia pacífica y armoniosa entre los
habitantes del Barrio Obrero, se estimaba oportuno otorgar a la junta de acción
comunal de dicho barrio, la autoridad necesaria para regular el uso del espacio y
organizar el canon de arrendamiento para aquellos que desearan hacer uso del
quiosco con fines comerciales y recreativos.

62. La Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024, conforme con lo expuesto
anteriormente, resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: La secretaria de Gobierno de Apartadó en parte integral
de sus funciones (sic), es la única encargada de otorgar permisos para el uso del
espacio público en el Municipio de Apartadó, Antioquia.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENTREGAR el Quiosco mencionado a la Junta de Acción
Comunal del Barrio Obrero, con las medidas y ubicación mencionadas.

(…)

ARTÍCULO CUARTO: ENCOMENDAR a la Junta de Acción Comunal del Barrio
Obrero el mantenimiento del espacio, la siembra y cuidado de los árboles en Plaza
de Banderas.

(…)

ARTÍCULO SEXTO: DESIGNAR a la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero
como responsable de velar por el buen comportamiento del espacio y organizar el
canon de arrendamiento para su uso. […]” (negrilla del texto)

26
Cfr. Índices 28, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.

13

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

63. La Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024 fue revocada por la Resolución
núm. 014 de 21 de mayo de 2025, expedida por el secretario de Gobierno del
municipio de Apartadó, en la cual, igualmente, se ordenó a la Junta de Acción
Comunal del Barrio Obrero, la entrega del quiosco ubicado en la plaza de Banderas
del barrio Obrero de ese municipio, conforme a la copia del mencionado acto
administrativo27 y de la certificación de 23 de julio de 202528 allegados al expediente.

64. La Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024 es un acto administrativo, el cual
se ha definido por esta corporación29 como:

“[…] 42. La Sección Primera de esta Corporación30, sobre la naturaleza del acto
administrativo, consideró:

“[…] Dentro de las diferentes formas en que se manifiestan las autoridades
administrativas, se encuentran los Actos Administrativos, entendiendo por tales
aquellas manifestaciones unilaterales de voluntad de la Administración tendientes a
producir efectos jurídicos, esto es, encaminados a crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas, ya sean de carácter subjetivo, particular, como en el caso de los
permisos, un nombramiento y otorgamiento de una licencia, etc., o de carácter general
u objetivo, como resulta, por ejemplo, del ejercicio de la potestad reglamentaria. […]”

43. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-1436 de 25 de octubre de 2001,
respecto a la noción de acto administrativo, estableció:

“[…] El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la
Administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o
extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como
presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y
derechos de los administrados […]”31

44. La Sala reitera las definiciones y alcances que la jurisprudencia ha establecido
entorno a la naturaleza del acto administrativo, como la (sic) manifestaciones de la
voluntad de la autoridad en ejercicio de la función administrativa, encaminada a
producir efectos jurídicos, en tanto que su naturaleza general o particular y concreta
depende de su contenido y de los efectos que producen. […]”

65. Los contratos estatales, conforme el artículo 32 de la Ley 80, son actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebran las entidades a que se refiere la misma
ley, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del
ejercicio de la autonomía de la voluntad.

66. El artículo 41 de la misma ley indica que los contratos del Estado se perfeccionan
cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a

27
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
28
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
29
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 20 de febrero de 2020. Radicación núm. 44001 23 31 000 2000 00674 01.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia proferida el 18 de junio de 2015;
proceso de nulidad identificado con el número único de radicación 201100275-00; C.P. doctora María Elizabeth García
González.
31
Corte Constitucional. Sentencia C-1436 de 25 de octubre de 2001. M.P. Alfredo Beltran Sierra

14

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

escrito, de tal forma que se trata de negocios jurídicos solemnes cuya única prueba
de existencia es, precisamente, el escrito al que se refiere la norma32.

67. Esta corporación33 ha resaltado que:

“[…] 86. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se refiere a los contratos estatales como
“actos jurídicos”, que no por lo mismo comprende los actos administrativos. El
contrato estatal es un acto jurídico, pero no cualquiera; es un acuerdo de voluntades
de dos o más partes —una de las cuales debe ser una entidad estatal— dirigido a
producir efectos jurídicos, como la creación de obligaciones34. […]”

68. Para la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo
127 de la Carta Política se requiere de la celebración de un contrato, lo cual no está
acreditado dentro del expediente, en la medida que no fue allegado el documento
en el cual conste el acuerdo de voluntades entre el accionado y entidades públicas
o personas privadas que manejen o administren recursos públicos.

69. Acceder a la petición del apelante consistente en tener como cumplido este
requisito con la existencia de la Resolución núm. 015 de 17 de abril de 2024 implica
realizar una interpretación extensiva fuera de lo regulado en la norma constitucional,
con violación del debido proceso y de los principios de legalidad, tipicidad,
taxatividad y aplicación restrictiva.

70. Frente a la prohibición de realizar interpretaciones extensivas o analógicas de las
causales de pérdida de investidura, esta Sala35 ha destacado que:

“[…] En lo que respecta a los principios de taxatividad e interpretación restrictiva
de las causales de pérdida de investidura, la jurisprudencia36 de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y de la Sección Primera han
considerado que al ser la pérdida de investidura una sanción que limita la libertad y
los derechos constitucionales de las personas, es de origen constitucional y legal; y,
en consecuencia, la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida
y taxativa y su aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y la
interpretación extensiva.

En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional37, al considerar que dado
el carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del castigo,

32
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero ponente: Jaime
Enrique Rodríguez Navas. Sentencia de 2 de julio de 2021. Radicación núm.: 41001-23-31-000-2001-01484-01 (51910).
33
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección Tercera. Subsección A.
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez. Sentencia de 6 de diciembre de 2024. Radicación núm.: 25000-23-26-
000-2010-00213-01 (69.285).
34
Esta caracterización es pacífica en la jurisprudencia de la Corporación: “Es bien sabido que los contratos estatales son un
medio del que se valen las entidades públicas para la obtención de bienes, obras y servicios, que se requieren para el
cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos –art. 3, Ley 80 de 1993-, y,
como todo contrato, son acuerdos de voluntades generadores de obligaciones, de los que surgen prestaciones a cargo de
cada una de las partes contratantes, tendientes a satisfacer las aspiraciones que las llevaron a celebrar el respectivo negocio
jurídico: el objeto contractual, para la entidad, y el precio, para el contratista”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala
Plena. Sentencia del 28 de noviembre de 2019. Exp. 36.600.
35
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de mayo de 2025.
Consejera ponente (E2): Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2024 00938 01.
36
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 21 de julio de 2015. MP. María Claudia
Rojas Lasso, número único de radicación: 110010315000201200059-00(PI). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de noviembre de 2016. MP. Guillermo Vargas Ayala número único de
radicación: 230012333004201500489-01(PI).
37
SU-515 de 2013

15

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a él le son
aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de las
cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva legal, taxatividad y
favorabilidad. […]” (negrilla del texto)

71. El cargo formulado por el apelante, en consecuencia, no tiene vocación de
prosperidad.

II.4.2. La violación del régimen de conflicto de intereses –numeral 2. del
artículo 55 de la Ley 136–

72. El apelante manifestó, en relación con la violación del régimen de conflicto de
intereses, que no era cierta la afirmación de la primera instancia consistente en que
no se había probado la calidad de gestor del concejal accionado, toda vez que si
bien era representante legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero no
obraba acreditación de que haya realizado alguna gestión en su nombre ante las
entidades públicas del municipio o personas que administraran tributos.

73. Puso de presente que el artículo 11 de la Ley 1437 estableció un amplio régimen
de conflicto de intereses y que en ninguna parte de la sentencia de primera instancia
se definía que era gestor, ni que funciones desempeñaba, por lo que se arribó a
conclusiones equivocadas.

74. Citó un aparte de la Resolución 15 de 17 de abril de 2024 que se refirió al término
gestionar y abordó los conceptos de gestión y gestor, para destacar que el concejal
accionado era gestor de la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero y, como tal,
ejerció sus funciones para recibir los derechos y obligaciones a los que se refiere el
citado acto administrativo y que suscribió un contrato de arrendamiento con el señor
Davinson Moreno Jaramillo, recaudando el canon por el uso y disfrute del espacio
público.

75. La violación del régimen de conflicto de intereses, como causal de pérdida de
investidura está prevista en el artículo 55, numeral 2., de la Ley 136, el cual indica
que los concejales perderán su investidura:

“[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto
de intereses. […]”.

76. En el mismo sentido, el artículo 48, numeral 1., de la Ley 617, estableció que,
entre otros, los concejales municipales y distritales, perderían su investidura:

“[…] 1. Por la violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en
general. […]”.

77. El artículo 70 de la Ley 136, estableció, respecto del conflicto de intereses, lo
siguiente:

16

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

“[…] ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para los concejales exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios
de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho
registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento
de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella. […]” (negrilla del texto)

78. Esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos constitucionales
previstos en los artículos 1°. y 133 de la Carta Política, modificado por el artículo 5°.
del Acto Legislativo 1 de 14 de julio de 200938, preceptos que establecen que
Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés
general, y señalan que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.

79. De esa forma, con esta causal de pérdida de investidura se castiga la posibilidad
de que quienes resulten elegidos popularmente para integrar corporaciones
públicas pretendan, con determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios,
ventajas o privilegios personales, en detrimento de la comunidad, desconociendo
precisamente el interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones.

80. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el
asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma
personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus
socios.

81. Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento
entre su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben
guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a manifestar su impedimento
para efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida
de investidura.

82. Esta Sección39 ha precisado que, para la configuración de esta causal de pérdida
de investidura, deben estar acreditados los siguientes supuestos:

“[…] i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre la existencia de
un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o

38
“[…] Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia. […]”.
39
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 31 de marzo de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 01141-01. En el mismo sentido:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00062-01.

17

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, en
un asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones constitucionales y
legales; y iii) que el concejal participe en el debate o votación del asunto, sin
manifestar impedimento frente al asunto que configura el interés. […]”

83. Se aclara que la primera instancia se refirió a la prueba de la calidad de gestor
del concejal demandado al resolver respecto de la configuración de la
incompatibilidad contenida en el numeral 2. del artículo 45 de la Ley 136 y no frente
a la violación del régimen de conflicto de intereses como lo expone el apelante. La
sentencia impugnada señaló:

“[…] 2.6.1.- De la causal contenida en el numeral 2 del artículo 45 de la Ley 136
de 1994.

(…)

De las pruebas relacionadas, la Sala observa que:

(…)

Tampoco se prueba la calidad de gestor del concejal demandado, pues si bien es
cierto que representa legalmente a la JAC, no se acreditó que haya realizado alguna
gestión en su nombre ante entidades públicas del Municipio o personas que
administren tributos.

Lo anterior, no puede deducirse con la expedición de la Resolución 015 de 2024, pues
en dicho acto administrativo la Secretaría de Gobierno Municipal de Apartadó
resuelve entregar el Quiosco y encomendar a la JAC del Barrio Obrero el
mantenimiento del espacio, siembra y cuidado de árboles de la Paza de Banderas,
en cumplimiento del «deber de velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común.», y no hay prueba que para ello haya
mediado una petición o gestión previa por parte del Concejal en nombre de la JAC.
[…]”

84. La primera instancia, para resolver lo atinente a la configuración de la violación
del régimen de conflicto de intereses –causal que el apelante entiende configurada–
manifestó que:

“[…] De las pruebas incorporadas en el proceso de la referencia, no observa la Sala
una actuación del demandado que, en su calidad de concejal muestre un interés
directo, particular y actual para sí mismo o su círculo cercano, ni siquiera para la Junta
de Acción Comunal derivado de la autorización contenida en la Resolución No. 015
de 2024 y del contrato de arrendamiento del Quiosco.

Lo anterior, debido a que la responsabilidad delegada a la JAC del Barrio Obrero
mediante el acto administrativo antes enunciado, le fue dada por la Secretaría de
Gobierno del Municipio de Apartadó y no por el Concejo Municipal. Además, no hay
prueba que el demandado haya intervenido como concejal en ese asunto y tampoco
para la suscripción del contrato de arrendamiento, del cual no puede desconocerse
que al haber actuado como presidente de la JAC designado mediante Auto 3928 de
2022, lo hace en las mismas condiciones de un ciudadano residente e integrante de
un organismo comunal. […]”

18

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

85. Como pruebas relevantes para resolver el cargo formulado se tiene que fue
aportado al expediente copia del Auto núm. 3928 de 28 de abril de 202240, a través
del cual la secretaria de participación y cultura ciudadana de la Gobernación de
Antioquia inscribió los dignatarios de la Junta de Acción Comunal Barrio Obrero para
el período comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2026, entre
los que se encuentra el accionado, señor Obdulio Hurtado Moreno como presidente.

86. Se allegó copia de la Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024, por la cual la
secretaría de Gobierno de Apartadó entregó el quiosco ubicado en la plaza de
Banderas del barrio Obrero a la junta de acción comunal de ese barrio y asignó a
esa entidad una serie de obligaciones relacionadas con i) el mantenimiento del
espacio, la siembra y cuidado de los árboles en la plaza de Banderas del barrio
Obrero, ii) la prohibición de dispositivos que perturbaran la tranquilidad del área, iii)
velar por el buen comportamiento en el espacio y iv) organizar el canon de
arrendamiento para su uso.

87. La Resolución núm. 15 de 17 de abril de 2024, como se advirtió supra, fue
revocada por la Resolución núm. 14 de 21 de mayo de 2025.

88. Se encuentra copia del contrato de arrendamiento de bien inmueble41 celebrado
entre la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero, representada legalmente por
el concejal accionado, y el señor Davinson Moreno Murillo.

89. El objeto de este contrato fue conceder, al señor Moreno Murillo, el uso de las
instalaciones del quiosco ubicado en la calle 100 con carreras 87 y 89 del barrio
Obrero, bloque 3, del municipio de Apartadó, en calidad de arrendatario, para que
este lo destinara al desarrollo de la actividad de venta de bebidas, por un canon de
$500.000 mensuales. El contrato tendría una vigencia de 18 meses a partir del día
30 de abril de 2024.

90. En relación con el quiosco entregado en arrendamiento, el municipio de Apartadó
allegó documento que, en su concepto, acreditaría la propiedad del municipio sobre
ese bien42 y la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero manifestó, en
comunicación radicada el 22 de julio de 202543, luego de informar respecto de los
antecedentes de la construcción del mencionado quiosco, que esa junta había
tomado posesión de este desde el año 2020.

91. Se allegaron recibos de caja menor expedidos el 5 de mayo, 3 y 5 de junio y 10
de julio de 202444, por concepto del pago del arrendamiento del quiosco
mencionado.

92. Se aportaron igualmente al expediente:

40
Cfr. Índices 4 y 8, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
41
Cfr. Índices 4 y 8, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
42
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
43
Cfr. Índice 18, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
44
Cfr. Índices 4 y 8, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.

19

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

i) Comunicación de 13 de septiembre de 202445 del señor Davinson Moreno
Murillo al accionado como presidente de la Junta de Acción Comunal del
Barrio Obrero para que le fuera aclarada la manera en que se realizaría
el pago de canon de arrendamiento.

ii) Comunicación de 20 de septiembre de 202446 de la citada junta de acción
comunal al señor Moreno Murillo relacionada con la interpretación de
cláusulas del contrato de arrendamiento.

iii) Comunicación 7 de enero de 202547 de la Junta de Acción Comunal del
Barrio Obrero al señor Davinson Moreno Murillo relativa al incumplimiento
del contrato de arrendamiento.

iv) Comunicación con fecha de radicado 30 de abril de 2025 48 en la cual el
señor Davinson Moreno Murillo solicita, al secretario de Gobierno de
Apartadó, permiso para trabajar en el local ubicado en el espacio público
de la plaza de Banderas y ejercer la actividad de venta de bebidas
refrescantes, así como respuesta de fecha 11 de julio de 2025 del
secretario de Gobierno de ese municipio49 al señor Moreno Murillo, en la
cual se autoriza “[…] el espacio para el cual pide el permiso hasta que se
realicen los trámites para la celebración del contrato de arrendamiento.
[…]”.

93. Respecto de los argumentos del recurso de apelación, se advierte que hacen
referencia a la condición del accionado como representante legal de la Junta de
Acción Comunal del Barrio Obrero, al hecho de que suscribió un contrato de
arrendamiento de un quiosco ubicado en el barrio Obrero y que recibió del señor
Davinson Moreno Jaramillo el pago del canon de arrendamiento producto de la
ejecución de dicho contrato.

94. No obstante, ninguna de estas actuaciones se encuentra relacionada con el
desarrollo de las funciones constitucionales y legales que le correspondía ejercer
como concejal del municipio de Apartadó y del cual pueda deducirse la existencia
de un interés directo, particular y actual en cabeza suya, de sus familiares en los
grados indicados en la norma o de su socio o socios de derecho o de hecho.

95. Como lo resaltó la primera instancia, las responsabilidades relativas al
mantenimiento y gestión del uso del citado quiosco surgieron por la Resolución núm.
015 de 17 de abril de 2024, la cual fue expedida por el secretario de Gobierno del
Municipio de Apartadó y no por el concejo de ese municipio.

45
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
46
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
47
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
48
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.
49
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 05001233300020250077300.

20

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

96. El cargo formulado por el apelante, en consecuencia, no tiene vocación de
prosperidad.

II.5. Conclusión

97. La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, no encontró acreditados
los requisitos para la configuración objetiva de las causales de pérdida de
investidura por i) violación del régimen de conflicto de intereses –numeral 2. del
artículo 55 de la Ley 136–; y ii) desconocimiento de la prohibición prevista en el
artículo 127 de la Carta Política, lo cual impide continuar con el análisis del elemento
subjetivo de culpabilidad.

98. En razón a lo expuesto, confirmará la sentencia de primera instancia de 11 de
agosto de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de investidura del accionado,
concejal del municipio de Apartadó para el período 2024-2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de agosto de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

21

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00773-01
Accionante: Juan Esteban Espitia Reyes

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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