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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-33-000-2021-00188-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-33-000-2021-00188-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 52001-23-33-000-2021-00188-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 520012333000202100188011
Recurso de apelación contra la sentencia de 4 de agosto de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño
Solicitante: OLGA LUCÍA DUQUE ARCILA

TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL: LAS INCOMPATIBILIDADES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 127 SUPERIOR, Y 8º, NUMERAL 1, LITERAL
F), DE LA LEY 80, SON AUTÓNOMAS Y APLICABLES A LOS CONCEJALES EN
CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. SE DECRETA LA PÉRDIDA DE
INVESTIDURA DE CONCEJAL DE POTOSÍ (NARIÑO) QUE, EN EJERCICIO DE SU
CARGO, SUSCRIBIÓ UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CON EL ICA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Toda vez que el proyecto de fallo presentado a consideración por el
consejero de Estado, doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, no
obtuvo la mayoría de los votos requeridos, la Sala procede a decidir
el recurso de apelación interpuesto por el concejal municipal de
Potosí (Nariño), señor LENIN DARÍO TOBAR RECALDE contra la
sentencia de 4 de agosto de 2021 proferida por la Sala Plena del
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual decretó su

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 52001 23 33 000 2021 00188 01
Solicitante: OLGA LUCÍA DUQUE ARCILA

pérdida de investidura por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La ciudadana OLGA LUCÍA DUQUE ARCILA, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del concejal
municipal de Potosí (Nariño), señor LENIN DARÍO TOBAR
RECALDE, por hechos ocurridos dentro del período constitucional
2020-2023, al considerar que transgredió el régimen de
incompatibilidades establecido en el artículo 127 de la Constitución
Política, en consonancia con los artículos 8º, numeral 1, literal f), de
la Ley 80 de 28 de octubre de 19932, y 48, numeral 1, de la Ley 617
de 6 de octubre de 20003, esto es por la celebración de contratos con
entidades públicas durante el ejercicio de dicho cargo de elección
popular.

I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:

Sostuvo que el señor LENIN DARÍO TOBAR RECALDE fue elegido
concejal del municipio de Potosí (Nariño), en aplicación de la Ley
Estatutaria 1909 de 9 de julio de 20184, -es decir por haber obtenido

2 “[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

[…]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.
4 “[…] Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos

a las organizaciones políticas independientes […]”.

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la segunda votación en las elecciones para alcalde del mismo ente
territorial-, quien manifestó por escrito la aceptación de dicha curul
en el cabildo municipal y tomó posesión del cargo el 2 de enero de
2020.

Adujo que el concejal celebró el contrato de prestación de servicios
profesionales y apoyo a la gestión núm. 1761-2020 de 3 de marzo
de 2020 con el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, en
adelante ICA, establecimiento público del orden nacional, el cual
inició el 6 de marzo y finalizó el 30 de septiembre de 2020, cuyo
objeto contractual fue la prestación de servicios para apoyar el
desarrollo de actividades administrativas y financieras en la Seccional
Nariño.

Indicó que el concejal acusado incurrió en una causal de inhabilidad
e incompatibilidad al desempeñarse de manera simultánea como
concejal y contratista del Estado, teniendo en cuenta lo previsto por
el artículo 123 de la Carta Política que define que son servidores
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados
y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado
y de la comunidad, quienes ejercerán sus funciones en la forma
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

Señaló que los concejales municipales, al ser considerados miembros
de corporación pública, tienen la calidad de servidores públicos para
los cuales está prohibido celebrar contratos estatales al tenor de lo
dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política, que establece
que no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en

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representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con
personas privadas que manejen o administren recursos públicos,
salvo las excepciones legales; y que, por su parte, la Ley 80 también
ordena que los servidores públicos están impedidos para participar
en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las
entidades estatales.

I.3.- El concejal, a través de apoderado, presentó escrito de
contestación en el que solicitó no acceder a la pretensión de la
solicitud, para lo cual manifestó que no está incurso en violación del
régimen de incompatibilidades e inhabilidades al que se refiere el
solicitante, porque al suscribir el contrato de prestación de servicios
profesionales y apoyo a la gestión núm. 1761-2020 de 3 de marzo
de 2020 se acogió a la excepción establecida por el artículo 127
Superior que desarrolló el artículo 45 de la Ley 136 de 2 de junio de
19945, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617, que prevé que la
incompatibilidad para los concejales consiste en celebrar contratos o
ser contratistas del mismo municipio donde funge como concejal, no
para entidades de nivel nacional.

Anotó que las causales de inhabilidad e incompatibilidad son
taxativas; y que la celebración de contratos por parte de concejales
con entidades de todo orden no está prevista como causal de
incompatibilidad, por lo que la solicitud pretende introducir una
nueva causal a las previstas en el artículo 45 de la Ley 136,
adicionado por el artículo 41 de la Ley 617.

5 “[...] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios [...]”.

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Propuso como excepciones de fondo las de ‘existencia de causal de
pérdida de investidura de concejal’, frente a la cual alegó que actuó
bajo la excepción que el propio artículo 127 Superior previó, cuando
indica ‘salvo las excepciones legales’; y que para este caso
corresponde a la señalada en el artículo 45 de la Ley 136, adicionado
por el artículo 41 de la Ley 617.

En cuanto a la de ‘inexistencia de la causal de incompatibilidad
prevista en el numeral 4 del artículo 45 de la Ley 136, adicionado por
el artículo 41 de la Ley 617’, mencionó no estar incurso en causal de
incompatibilidad para contratar con el ICA, institución pública del
nivel nacional, en razón a que los concejales de municipios de sexta
categoría, como ocurre con el municipio de Potosí (Nariño), se rigen
en materia de inhabilidades e incompatibilidades y pérdida de
investidura por los artículos 45 de la Ley 136, adicionado por el
artículo 41 de lo Ley 617, y 55 de la Ley 134, modificado por el
artículo 48 de la Ley 617.

Agregó que, precisamente, atendiendo a la excepción legal, no ha
contratado con el municipio de Potosí (Nariño) en el que fue miembro
del concejo municipal, sino que contrató con el ICA, cuyo objeto, por
ser de carácter administrativo, nunca tuvo injerencia para su
ejecución en dicho ente territorial.

Respecto de la ‘excepción legal para contratar los concejales con
entidades del Estado diferentes al municipio del cual es concejal’,
después de reiterar los argumentos anteriores, adicionó que el ICA
regional Nariño, está organizado por oficinas zonales tales como
lpiales, Túquerres, Tumaco, La Unión y Pasto, las cuales tienen su

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propia jurisdicción. Que, para el caso, el municipio de Potosí (Nariño)
le corresponde la oficina zonal del sur Ipiales y el concejal contrató
con el ICA oficina Pasto que nada tiene que ver con la jurisdicción de
la oficina del ICA de Ipiales a la cual pertenece el municipio de Potosí
(Nariño).

Con relación al ‘derecho al trabajo y mínimo vital’, adujo que el
concejal no alcanza a percibir un salario mínimo legal mensual
vigente por concepto de honorarios devengados por las
correspondientes sesiones, lo cual es contradictorio a los principios
de todo trabajo digno y además porque él se ha capacitado
académicamente como Contador Público y Especialista en Gerencia
de Proyectos.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 4 de agosto de 2021, decretó la
pérdida de investidura del concejal, para lo cual sostuvo que se logró
acreditar en el proceso que mientras el señor LENIN DARÍO TOBAR
RECALDE fungía como concejal del municipio de Potosí (Nariño)
suscribió y ejecutó un contrato de prestación de servicios con el ICA,
lo cual permite inferir que el accionado violó el régimen de
incompatibilidades como causal de pérdida de investidura, de
conformidad con lo previsto en el artículo 127 de la Constitución
Política, y en el numeral 1 literal f) del artículo 8° de la Ley 80, los
cuales prohíben celebrar, por parte de los servidores públicos,
contrato alguno con entidades públicas, normas que no encuentran
excepción en el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 136, que permita
inferir que la incompatibilidad se circunscribe al mismo municipio
donde funge la investidura de concejales y no para entidades del

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nivel nacional. Que también se transgredió el artículo 128
Constitucional, que consagra la prohibición como servidor público de
percibir otra asignación del Tesoro Público.

Argumentó que los concejales tienen la calidad de servidores
públicos, en tanto son miembros de una corporación política
administrativa, y el artículo 123 de la Constitución Política los
cataloga como tal, por lo que no era de recibo lo manifestado por el
accionado en el sentido que suscribió el contrato de prestación de
servicios en virtud de una excepción legal; y que, contrario a ello, en
la medida en que los concejales son servidores públicos están sujetos
a la prohibición contenida en el artículo 127 Superior, que refiere
como incompatible el ejercicio de su función con la celebración por sí
o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato
alguno con entidades públicas mientras ostenten tal condición.

En cuanto al elemento subjetivo, señaló que el concejal es un
profesional de la Contaduría Pública, con un posgrado a nivel de
especialización en su área de formación; que para ejercer sus
funciones tenía el deber de examinar las prohibiciones y el marco
normativo que regía el desempeño del cargo que iba a ocupar; y que,
sin embargo, quedó demostrado que teniendo el deber de diligencia
ordinaria que atender en el marco de sus funciones, las mismas no
fueron satisfechas, incurriendo en un descuido que tornó en
negligente su conducta, es decir que actuó con culpa objeto de
verificación en el análisis subjetivo de esta causal de pérdida de
investidura.

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Por último, refirió que como se acreditó que el accionado violó la
disposición legal que le prohibía como servidor público percibir otra
asignación del tesoro público, de conformidad con lo previsto en el
artículo 128 de la Carta Política, pues en el contrato de prestación de
servicios profesionales y apoyo a la gestión núm. 1761-2020 de 3 de
marzo de 2020 se estipularon mensualidades por valor de
$3.300.000 a favor del concejal, decidió compulsar copias a la
Procuraduría General de la Nación para que en el ámbito de sus
competencias investigue las actuaciones surtidas tanto por el
concejal como por la gerente general del ICA.

Precisó que el accionado a la fecha ya no ocupa el cargo de concejal,
toda vez que mediante la Resolución núm. 004 de 2 de marzo de
2021 se le aceptó la renuncia al mismo por parte del señor presidente
del Concejo Municipal de Potosí (Nariño); e indicó que la pérdida de
investidura decretada conlleva la imposibilidad de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza (concejal), o como gobernador,
diputado o alcalde, de acuerdo con los artículos 30, 33, 37 y 40 de la
Ley 617.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El concejal, actuando mediante apoderado, interpuso recurso de
apelación en el que solicita revocar la sentencia impugnada y, en su
lugar, se deniegue la pretensión de desinvestidura, para lo cual indica
que el Tribunal no se pronunció respecto al hecho de que él aceptó
el escaño en el cabildo municipal, en ejercicio del derecho personal
que le otorgó el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909, por haber sido
el candidato a la Alcaldía Municipal de Potosí (Nariño) que le siguió
en votos al candidato elegido alcalde de ese municipio, lo cual implica

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un tratamiento distinto al no haber representado la voluntad general
de los votantes o electores, sino que con ocasión del derecho
personal establecido en el artículo 112 de la Constitución Política le
asistió la facultad de ocupar tal dignidad, en cumplimiento del
estatuto de la oposición y para hacer efectivas las garantías de la
oposición, más concretamente para representar una fuerza política
con la que se identificó en el respectivo proceso electoral.

Reitera, en su integridad, los argumentos de defensa según los
cuales no está incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad
para contratar con el ICA, en razón a que los concejales de
municipios de sexta categoría, como lo es el municipio de Potosí
(Nariño), se rigen en materia de inhabilidades e incompatibilidades y
de pérdida de investidura por los artículos 45 de la Ley 136,
adicionado por el artículo 41 de la Ley 617, y 55 de la Ley 134,
modificado por el artículo 48 de la Ley 617, lo que se ratificó con la
Ley 2075 de 8 de enero de 20216.

Indica que si bien es cierto que los concejales se catalogan como
servidores públicos por ser miembros de una corporación pública, no
es menos cierto que ellos tienen una normatividad y régimen especial
dentro del cual no está prevista como causal de incompatibilidad la
contratación con entidades públicas de todo orden, sino que aquella
prevé una excepción legal a la regla general prevista en el artículo
127 de la Constitución Política, lo cual se infiere claramente del
artículo 45 de la Ley 136, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617,

6 “[…] Por medio de la cual se modifica el régimen vigente para la liquidación de honorarios

de los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría; se adoptan medidas
en seguridad social y se promueve el derecho al trabajo digno […]”.

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cuando señala que la incompatibilidad se circunscribe únicamente al
mismo municipio o distrito, o a sus entidades descentralizadas.

Insiste en que no contrató con el municipio de Potosí (Nariño), sino
que lo hizo con el ICA, establecimiento público del orden nacional,
cuyo objeto, por ser de carácter administrativo, nunca tuvo injerencia
para su ejecución en dicho municipio, hecho que fue aclarado
fehacientemente por el testigo JORGE ARMANDO ZAMBRANO
AGREDA, quien se desempeña como director del ICA Seccional
Nariño, regional que está organizada por oficinas zonales como
Ipiales, Túquerres, Tumaco, La Unión y Pasto, las cuales tienen su
propia jurisdicción; y que para el caso del municipio de Potosí
(Nariño) le corresponde la oficina zonal del sur Ipiales, por lo que si
el concejal contrató con el ICA oficina Pasto, ésta nada tiene que ver
con la jurisdicción de la oficina del ICA de Ipiales.

Alega que el Tribunal no se refirió al derecho al trabajo establecido
en las convenciones internacionales del derecho al trabajo, y se
pregunta: ¿cómo es posible que un concejal no pueda tener la
posibilidad de trabajar o prestar sus servicios profesionales, ya que,
como es conocido, con los honorarios que se percibe por sesión en el
concejo municipal, difícilmente puede sostenerse una familia y suplir
las propias necesidades del concejal?

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación no fue descorrido por la
solicitante ni por el agente del Ministerio Público.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el concejal municipal de Potosí
(Nariño), señor LENIN DARÍO TOBAR RECALDE, en los precisos
términos alegados en el recurso de apelación, transgredió el régimen
de incompatibilidades establecido en el artículo 127 de la
Constitución Política, en consonancia con los artículos 8º, numeral 1,
literal f), de la Ley 80 y 48, numeral 1, de la Ley 617, esto es por
haber celebrado el contrato de prestación de servicios profesionales
y apoyo a la gestión núm. 1761-2020 de 3 de marzo de 2020 con el
ICA, durante el ejercicio de dicho cargo de elección popular, período
constitucional 2020-2023.

V.2.- De las causales de incompatibilidad previstas en los
artículos 127 de la Constitución Política; 8, numeral 1, literal
f), de la Ley 80; y 45, numeral 4, de la Ley 136

El artículo 123 de la Constitución Política, establece:

“[…] Articulo 123. Son servidores públicos los miembros de
las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la
comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por
la Constitución, la ley y el reglamento.

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La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su
ejercicio […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En este sentido, artículo 127 Constitucional prevé:

“[…] Artículo 127. Los servidores públicos no podrán
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación
de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas
privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las
excepciones legales […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Y el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136, preceptúa:

“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los
concejales perderán su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Al fijar el alcance del concepto de incompatibilidad, la jurisprudencia
ha precisado lo siguiente:

“[…] En cuanto a las incompatibilidades, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que “[…] comportan una prohibición
dirigida al titular de una función pública a quien, por ese
hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o
ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la
función que desempeña y las correspondientes a otros
cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse
afectado por una indebida acumulación de funciones o por la
confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso,
de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las

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actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado […]7
[…]”8.

En el mismo sentido se ha expuesto que:

“[…] Las incompatibilidades han sido definidas por esta Sección
como “[…] la prohibición de ejercer dos actividades o realizar
dos roles de manera simultánea, taxativamente señaladas
en la Constitución o en la ley, de modo que para el caso de
los servidores públicos se traduce en la prohibición de
desempeñar o ejercer otros cargos o realizar otras
actividades distintas a las que corresponde a las funciones
del cargo de que son titulares […]”9.

Asimismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado10 ha considerado
que “[…] [l]as incompatibilidades son todas aquellas actuaciones
que le está prohibido realizar al funcionario durante el desempeño
del cargo o con posterioridad, so pena de quedar sometido al
régimen disciplinario correspondiente […]”11 […]”12 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Por su parte, el artículo 8°, numeral 1°, literal f), de la Ley 80, prevé
lo siguiente:

“[…] Artículo 8o. De las inhabilidades e incompatibilidades
para contratar.

1o. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar
contratos con las entidades estatales:

7 Corte Constitucional, sentencia SU 625 de 2015.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

29 de julio de 2021, número único de radicación 44001234000020200023201, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

17 de julio de 2008, número único de radicación 44001233100020080000501, consejero
ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

3 de septiembre de 1998, expediente núm. 1952, consejera ponente Miren De La Lombana
De Magyaroff.
11 También, en Sección Quinta, sentencia de 14 de septiembre de 2001, expediente núm.

2616, consejero ponente Mario Alario Méndez, se consideró: “incompatibilidad,
impedimento, prohibición o tacha para ejercer una actividad determinada cuando se ocupa
un cargo o por razón de haberlo ocupado.”
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de abril de 2020, número único de radicación 54001233300020190009101 (PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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(…)
f) Los servidores públicos […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

La jurisprudencia de esta Sección13 ha sostenido que la prohibición
de los servidores públicos de contratar con el Estado, a partir de lo
determinado en el artículo 127 Superior, constituye una violación al
régimen de incompatibilidades aplicable a los concejales con fines de
pérdida de investidura, en consonancia con el veto establecido en el
artículo 8°, numeral 1°, literal f), de la Ley 80, que en realidad
corresponde a una incompatibilidad para los servidores públicos, en
ejercicio de sus funciones, -que no a una inhabilidad-, de participar
en licitaciones y celebrar contratos con las entidades estatales, así:

“[…] Conclusiones sobre la prohibición para los concejales de
celebrar contratos con entidades públicas

126. En suma de todo lo anterior se pueden distinguir, en el orden
constitucional y legal, cuatro periodos sobre la prohibición que
constituye incompatibilidad para los concejales y en relación con la
celebración de contratos con entidades públicas.

126.1. En el primer período -4 de julio de 1991 a 1 de junio de 1994-
, se aplicó la prohibición general establecida en el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política14para los
servidores públicos de celebrar, por sí o por interpuesta
persona, contrato alguno con entidades públicas o con
personas privadas que manejen o administren recursos
públicos. La ley no establecía excepciones especiales a la
incompatibilidad general de los servidores públicos en
relación con los concejales15.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 30 de septiembre de 2021, número único de radicación 05001233300020190215801,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón y de 10 de febrero de 2022, número único
de radicación 68001233300020210018101, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
14 Prohibición que posteriormente obtuvo un desarrollo general para los servidores públicos

en el artículo 8 de la Ley 80.
15 Sin embargo, es importante resaltar que a partir del 28 de octubre de 1993, fecha en que

se expidió la Ley 80 y, en especial, su artículo 10, sobre las excepciones a las inhabilidades
e incompatibilidades, estableció que “[n]o quedan cobijadas por las inhabilidades e
incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por
obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere

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127. En el segundo período -2 de junio de 1994 a 27 de diciembre
de 1994-, conforme con los artículos 127 de la Constitución
Política; 8 y 10 de la Ley 80; y 45, numeral 1°, 46 y 47 de la Ley
136: se establece la prohibición que configura
incompatibilidad para los concejales de poder celebrar, por
sí o por interpuesta persona, o en representación de otro,
contrato alguno con entidades públicas o con personas
privadas que manejen o administren recursos públicos. Lo
anterior sin perjuicio de las excepciones generales
establecidas en el artículo 10 de la Ley 80 y las especiales
contenidas en el artículo 46 de la norma ejusdem.

128. En el tercer período -28 de diciembre de 1994 a 5 de octubre
de 2000- conforme con los artículos 127 de la Constitución
Política; 8 y 10 de la Ley 80; y 45, numeral 1.° [modificado por
el artículo 3 de la Ley 177], 46 y 47 de la Ley 136: se establece la
prohibición que configura incompatibilidad para los
concejales de contratar con “el respectivo municipio o
distrito y sus entidades descentralizadas”. Lo anterior sin
perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 46 de
la norma ejusdem.

128. En el cuarto período -6 de octubre de 2000 a la fecha-
conforme con los artículos: i) 127 de la Constitución Política; ii)
8 y 10 de la Ley 80; iii) 45, 46 y 47 de la Ley 136; y iv) 96 de la
Ley 600: se establece la prohibición general que configura
incompatibilidad para los servidores públicos, entre ellos los
concejales, de celebrar, por sí o por interpuesta persona,
contrato alguno con entidades públicas o con personas
privadas que manejen o administren recursos públicos. La
ley no establecía excepciones a la incompatibilidad general
de los servidores públicos en relación con los concejales.

130. La Sala considera, conforme con la normativa indicada
supra, que la prohibición que constituye incompatibilidad
contenida en el inciso primero del artículo 127 de la
Constitución Política sobre contratación es aplicable en
forma directa a los concejales; sin perjuicio de las
excepciones establecidas por el legislador en las leyes 80 y
136, relativas a: i) “[…] las personas que contraten por
obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios
que las entidades a que se refiere el presente estatuto

el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni
las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las
juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni
quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución
Política”.

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ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los
soliciten […]”; ii) “[…] ni las personas jurídicas sin ánimo de
lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas
o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato
legal o estatutario […]”; iii) “[…] quienes celebren contratos
en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la
Constitución Política […]”; iv) “[…] Usar los bienes y
servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de
seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones
comunes a todos los que lo soliciten […]”; y v) “[…] Ser
apoderados o defensores en los procesos que se ventilen
ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo,
los concejales durante su período Constitucional no podrán
ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que
tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos
del respectivo municipio, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del orden municipal y
las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas
entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del
capital […]”.

131. En ese orden de ideas, en caso de encontrarse probado
que un concejal celebró un contrato estatal, indistintamente
de si se trata o no del municipio donde fue elegido,
constituye causal de pérdida de investidura16 por violación
del régimen de incompatibilidades establecido por el inciso
primero del artículo 127 ibidem.

132. Esta Sección ha considerado, en relación con la causal
de desinvestidura por incurrir en la prohibición que
constituye incompatibilidad establecida en el inciso primero
del artículo 127 de la Constitución Política, lo siguiente17:

“[…] Inicialmente debe señalarse que el numeral 1º del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que consagró las
incompatibilidades de los concejales, fue modificada por la
Ley 177 de 1994 y, posteriormente, fue derogada por el
artículo 96 de la Ley 617 de 2000, razón por la que no puede
edificarse, con sustento en ella, la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de incompatibilidades.
Sin embargo, a juicio de la Sala, y contrario a lo
manifestado por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
el artículo 127 de la Carta Política consagra una

16 Conforme con el numeral 1, del artículo 48, de la Ley 617.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

21 de enero de 2016, número único de radicación 13001-23-33-000-2014-00333-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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incompatibilidad para los concejales, en la medida en
que son servidores públicos, consistente en la
prohibición de celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno
con entidades públicas, mientras ostenten tal
condición, salvo las excepciones legales. Así lo ha
confirmado, inicialmente la Corte Constitucional, en la
Sentencia C194 de 1995, y posteriormente, esta Sala, en
sentencia del 10 de marzo de 2005 […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

133. Lo anterior permite a la Sala concluir que la prohibición
que constituye incompatibilidad establecida por el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política es una
causal autónoma que prohíbe a los servidores públicos,
entre ellos a los concejales municipales o distritales, en
forma general, “[…] celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno con
entidades públicas o con personas privadas que manejen o
administren recursos públicos, salvo las excepciones legales
[…]”.

134. Por último, la Sala considera que la tesis anterior encuentra
respaldo en la sentencia C-194 de 4 de mayo de 1995, proferida por
la Corte Constitucional; oportunidad en la cual se realizó el estudio
de constitucionalidad de, entre otros, los artículos 45 y 47 de la Ley
136 […]”18 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Acerca del carácter de servidor público que ostentan los concejales,
la Corte Constitucional expresó:

“[…] Respecto de los concejales municipales, la Constitución
consagra en forma enfática (art. 312 C.P.) que "los concejales no
tendrán la calidad de empleados públicos". No obstante, en el
artículo 123 ibídem sí se establece con claridad que los
miembros de las corporaciones públicas son servidores
públicos. Y es que no es lo mismo pertenecer a este género
(servidor público) -que abarca a todos los que mantienen un
vínculo laboral con el Estado, bien desde el punto de vista
legal y reglamentario o puramente contractual- que ser
catalogado como empleado público, una especie de aquél, que se
caracteriza por una relación legal y reglamentaria, de modo que el

18Cit. sentencia de 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001-23-33-000-
2019-00091-01 (PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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nexo con el Estado tiene lugar por nombramiento y posesión y no
por contrato. Los empleados públicos son servidores públicos. Los
concejales también, pero sin tener el carácter específico de
empleados públicos, dado el origen de su vinculación, por elección
popular, que difiere del de aquéllos.

Esto significa que los concejales municipales, aun no siendo
empleados públicos, sí son servidores del Estado y, en
realidad, puesto que desempeñan funciones al servicio del
mismo, son "funcionarios". Con este término se define en
general a quien cumple una función y, en la materia de la que aquí
se trata -la disciplinaria- comprende a quienes, por su vínculo laboral
con el Estado y en razón de las responsabilidades que contraen (art.
123 C.P.), están sujetos a la vigilancia de la Procuraduría General
de la Nación.

La Constitución de 1991 ha utilizado la expresión genérica
ya mencionada -servidores públicos- para resaltar que
quienes pertenecen a esta categoría están al servicio del
Estado y de la comunidad (art. 123 C.P.) y que no
desempeñan los cargos o empleos -por importantes que
ellos sean- en su propio beneficio e interés, sino en el
colectivo, siendo por tanto depositarios de la confianza
pública, que no pueden defraudar, respondiendo en
consecuencia por sus acciones u omisiones (art. 6 C.P.)
[…]”19 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De lo expuesto, también se deduce que del supuesto previsto en el
artículo 8°, numeral 1, literal f), de la Ley 80, se puede estructurar
válidamente la violación del régimen de incompatibilidades previsto
para los concejales, en la medida en que aquella disposición hace
parte de un conjunto de preceptos de orden constitucional y legal
que prohíben a los concejales celebrar contratos con entidades
públicas, a lo que se agrega que de acuerdo con el artículo 123 de la
Carta Política son servidores públicos los miembros de las

19 Corte Constitucional, sentencia C-222 de 14 de abril de 1999, magistrado ponente José

Gregorio Hernández Galindo.

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corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de
sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios20.

Por su parte, el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136, ordena:

“[…] Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no
podrán:
(…)
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas
naturales o jurídicas de derecho privado que administren,
manejen o inviertan fondos públicos procedentes del
respectivo municipio o sean contratistas del mismo o
reciban donaciones de éste.

PARÁGRAFO 1o. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades
el ejercicio de la cátedra.

PARÁGRAFO 2o. El funcionario público municipal que nombre
a un concejal para un empleo o cargo público o celebre con él un
contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio
o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente
artículo, incurrirá en causal de mala conducta […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

En lo que respecta a esta incompatibilidad, la Sección ha sostenido
lo siguiente:

“[…] Acerca de la celebración de contratos con las entidades
públicas del respectivo municipio por sí o por interpuesta
persona, la Sección ha destacado21: “(…) En lo que tiene que ver
con la causal de incompatibilidad invocada, su configuración
presupone que la celebración del contrato tenga lugar
cuando el concejal ya ha sido legalmente investido de dicha
calidad, esto es, cuando ese acto de naturaleza negocial
tiene ocurrencia con posterioridad a su posesión”.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

24 de junio de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-01747-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

8 de agosto de 2013, número único de radicación 68001-23-33-000-2013-00181-01(PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala

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3.1.2. Respecto de la segunda causal, esto es, la parte invocada,
consistente en “Celebrar contratos o realizar gestiones con personas
naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen
o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio
(…)”, la Sala ha explicado22:

“[…]
Conforme lo ha señalado la Sala, para que se configure la
causal de incompatibilidad prevista en el numeral 4° del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, deben concurrir los
siguientes supuestos: “(…) (i) celebrar contratos o realizar
gestiones con personas naturales o personas jurídicas
de derecho privado, (ii) que dichas personas administren,
manejen o inviertan fondos públicos procedentes del
respectivo Municipio o sean contratistas del mismo
Municipio o reciban donaciones de éste. (…)”23 (destacado
en la providencia) […]»24.

«[…] Realizar gestiones con personas de derecho privado
que sean contratistas del municipio.

El actor imputa al Concejal demandado haber gestionado a favor de
COINTRANSCOL LTDA. la suscripción de varios contratos de
prestación de servicio de transporte con el municipio de El Colegio.

La incompatibilidad endilgada al demandado exige unos
supuestos a saber: (i) celebrar contratos o realizar gestiones
con personas naturales o con personas jurídicas de derecho
privado, (ii) que dichas personas administren, manejen o
inviertan fondos públicos procedentes del respectivo
municipio o sean contratistas del mismo o reciban
donaciones de éste.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, gestionar
significa:

«1. tr. Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un
deseo cualquiera.»

22 Op. Cit. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 47001-23-33-

000-2013-00222-00(PI).
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

6 de septiembre de 2012, número único de radicación 76001-23-31-000-2011-01760-
01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

15 de agosto de 2019, número único de radicación 66001-23-33-000-2018-00422-01(PI),
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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Por lo tanto, el término “gestión” o gestionar involucra o abarca el
conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto
o concretar un proyecto.
(…)

Asimismo, la Sala mediante sentencia de 19 de julio de
200725 puso de presente que «gestionar» significa «hacer
diligencias conducentes al logro de un negocio», pero para
que se configure esta causal es necesario que esas gestiones
se hagan para beneficio del propio concejal o de terceros,
que en este caso será la entidad de la cual es presidente del Consejo
de Administración:

“[…] Ahora bien el diccionario de la lengua española de la
Real Academia Española define la palabra “Gestionar” así
“Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de
un deseo cualquiera”. La Sala debe distinguir entre
gestiones a favor de la comunidad y gestiones para
beneficio propio o de terceros, pues las primeras son
propias del ejercicio del cargo de concejal y por lo
tanto esas conductas no son reprochables […].

La prohibición se consagró para evitar que los concejales
pudieran beneficiarse en alguna forma de los recursos que
administren o manejen los particulares y provengan del ente
territorial y no para que éstos pudieran desentenderse de los
asuntos que afectan a la comunidad que los eligió. Ahora bien,
para la Sala es claro que toda decisión debe estar amparada en
hechos acreditados, lo cual se destaca con mayor énfasis tratándose
de decisiones de naturaleza sancionatoria, como lo es la que decreta
la pérdida de investidura […]”26.

Con fundamento en lo anterior, la Sala27 resalta que para que se
configuren las causales de incompatibilidad invocadas en la solicitud
en comento, deben concurrir los siguientes elementos en cualquiera
de las hipótesis a saber: en cuanto a la prohibición

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de julio

de 2007, Expediente núm. 2006-2791, consejera ponente Martha Sofía Sanz Tobón.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

8 de julio de 2010, número único de radicación 25000-23-15-000-2009-01495-01(PI),
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
27 Ver al respecto, reiteración en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, número único de radicación
05001233300020190215801, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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constitucional autónoma del artículo 127 Superior, en
consonancia con el artículo 8°, numeral 1, literal f), de la Ley
80, que el concejal, estando en ejercicio de sus funciones, haya
celebrado, por sí o por interpuesta persona, o en representación de
otro, contrato: (i) con una entidad pública cualquiera sea su nivel
territorial, e indistintamente de si se trata o no del mismo municipio
para el cual resultó elegido, o (ii) con personas privadas que manejen
o administren recursos públicos, salvo las excepciones enlistadas en
el artículo 10º, de la Ley 80:

“[…] Artículo 10. De las excepciones a las inhabilidades e
incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e
incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las
personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los
bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente
estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los
soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos
representantes legales hagan parte de las juntas o consejos
directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario,
ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el
artículo 60 de la Constitución Política […]”.

Ahora bien, con relación a la restricción legal del artículo 45,
numeral 4, de la Ley 136, debe constatarse que el concejal,
estando en ejercicio de sus funciones, haya celebrado contratos o
realizado gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho
privado: (i) que administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del mismo municipio para el cual resultó elegido, o (ii)
que sean contratistas de dicho ente territorial o (iii) reciban
donaciones de este. En los eventos comprendidos en este numeral 4,
como en las restantes incompatibilidades descritas en el artículo 45
de la Ley 136, debe tenerse en cuenta que se exceptúa de su
configuración el ejercicio de la cátedra, -parágrafo 1º-, así como
aquellas situaciones determinadas en el artículo 46, idem, en las que

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los concejales podrían, ya directamente, o por medio de apoderado,
actuar en los siguientes asuntos:

“[…] a) En las diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su
cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés; b) Formular
reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de
multas que graven a las mismas personas; c) <Literal subrogado
por el artículo 42 de la Ley 617. El nuevo texto es el siguiente:>
Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier
clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de
seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a
todos los que lo soliciten. d) Ser apoderados o defensores en los
procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder
Público. Sin embargo, los concejales durante su período
Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos
de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o
económicos del respectivo municipio, los establecimientos públicos,
las empresas industriales y comerciales del orden municipal y las
sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades
tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital […]”.

No sobra advertir, en lo relacionado puntualmente con este literal d),
que al constituirse en una excepción taxativa a la incompatibilidad de
celebrar contratos o realizar gestiones con ciertas personas naturales
o jurídicas de derecho privado, persiste la prohibición para los
concejales de ejercer la abogacía en los términos allí señalados, -ser
apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la
Rama Jurisdiccional del Poder Público-, cuando medie la celebración,
por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, de
contrato alguno con entidades públicas, habida cuenta que se
incurriría en la restricción prevista en la primera parte del artículo
127 de la Carta Política, en consonancia con el artículo 8º, numeral
1, literal f), de la Ley 80.

V.3.- Caso concreto

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V.3.1.- Del análisis objetivo de las causales de
incompatibilidad que se le atribuyen al concejal, previstas en
los artículos 127 de la Constitución Política y 8, numeral 1,
literal f), de la Ley 80

De conformidad con el acervo probatorio obrante en el proceso28, la
Sala pudo constatar que el señor LENIN DARÍO TOBAR RECALDE
fue elegido concejal del municipio de Potosí (Santander) para el
período constitucional 2020-2023, en representación de la coalición
Partido Conservador Colombiano-Partido Liberal Colombiano, según
consta en el Formulario E-26 CON de 29 de octubre de 2019, en el
que se certificó lo siguiente: “[…] Teniendo en cuenta que al
momento de realizar la declaratoria de ALCALDE, el segundo
Candidato con mayor votación LENIN DARÍO TOBAR RECALDE,
manifestó por escrito la decisión de aceptar la curul al CONCEJO, se
asigna dando aplicación al artículo 25 de la ley 1909 de 2018. Por lo
tanto, se restará una curul del número de curules a proveer […]”.
Igualmente, se allegó copia del acta núm. 001 de 2 de enero de 2020
en la que consta que el accionado tomó posesión del cargo.

Asimismo, que el concejal celebró con el ICA el contrato de
prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión núm. 1761-
2020 de 3 de marzo de 2020, el cual inició el 6 de marzo y finalizó el
30 de diciembre de 2020, cuyo objeto contractual fue la “[…]
prestación de servicios para apoyar el desarrollo de actividades
administrativas y financieras en la seccional Nariño […]”, con las
siguientes obligaciones específicas:

28 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el

proceso reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el
índice 2, carpeta: “2_520012333000202100188012expedientedigi20210908155119”.

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“[…] 1) Apoyar los procesos necesarios en el aplicativo SIIF, para la
digitación de documentos de acuerdo con la cadena presupuestal de
gastos establecida para el caso (compromisos, cuentas por pagar,
obligaciones, legalización de viáticos), efectuando las liquidaciones
respectivas conforme a la normatividad tributaria vigente. 2) Apoyar
la realización y verificación imputación contable y deducciones en el
Sistema Integrado de Información Financiera II SIIF
correspondientes a las cuentas por pagar de proveedores, servicios
públicos, viáticos internacionales y contratistas a través del
aplicativo SIIF de la seccional Nariño que se requiere para el
cumplimiento de la presentación de informes financieros del
Instituto. 3) Apoyar la recepción y verificación de las cuentas de
proveedores y contratistas correspondientes a los contratos
suscritos por el ICA, cumplimiento de los requisitos administrativos
y legales de los documentos recibidos como soporte para la
elaboración de las órdenes de pago. 4) Apoyar el ingreso de todas
las cuentas a la base de datos para mantener el control de las
mismas durante su proceso de trámite que facilite el seguimiento y
control de las mismas. 5) Las demás inherentes al objeto del
contrato y que le sean requeridas por el Supervisor designado para
la ejecución del mismo. PARÁGRAFO. ALCANCE DE LAS
OBLIGACIONES: Las obligaciones pactadas en la presente cláusula
deberán ser cumplidas dentro del plazo contractual fijado para el
efecto. Por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlas de
acuerdo con la asignación que de ellas efectúe el Supervisor del
contrato, conforme a las necesidades del servicio y su periodicidad,
acatando los lineamientos impartidos para su cumplimiento […]”.

A través de escrito radicado el 28 de febrero de 2021 ante el Concejo
Municipal de Potosí (Nariño), el accionado presentó renuncia a su
curul de concejal municipal de Potosí (Nariño), para lo cual adujo que
debía atender asuntos de índole personal que le impedían continuar
ejerciendo sus funciones en la corporación. En el acta núm. 019 de
28 de febrero de 2021 de dicho cabildo, consta que en la sesión
ordinaria que tuvo lugar en esa fecha, se dio lectura a la precitada
renuncia, fue sometida a consideración y finalmente aceptada.

El 29 de julio de 2021 se recibió la declaración del señor JORGE
ANTONIO ZAMBRANO AGREDA, quien manifestó, a manera de

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síntesis, que es gerente de la seccional Nariño del ICA, que a la vez
existe una subdivisión por oficinas locales y en el departamento de
Nariño funcionan las oficinas locales de Tumaco, La Cruz, Pasto,
Túquerres y Guachucal y la oficina local de Ipiales, en la cual se
atiende el municipio de Potosí; con relación al contrato celebrado con
el concejal, afirmó que tuvo como acta de inicio casi un mes después
de que él se posesionó como gerente seccional y que hizo la
supervisión del contrato durante toda su vigencia en el año 2020; en
cuanto a las funciones y obligaciones del contratista, informó que
están en el contrato y agregó: “[…] los contratos de ICA tienen una
particularidad que dice sede. En la sede administrativa o de
cumplimiento de las funciones claramente dice que la sede es en la
ciudad de Pasto, es decir, que se atienden los municipios del centro
del departamento, por lo tanto, pues no habría una injerencia como
tal en otros municipios del sur […]”, por lo que sostuvo que el
contratista no tuvo ninguna función en el municipio de Potosí
(Nariño).

A la pregunta del magistrado de conocimiento “[…] ¿usted qué sabe
al respecto de esa incompatibilidad entre ser contratista con el
Estado, en este caso con el ICA y la función que él tuvo como concejal
del municipio de Potosí y cuando llegó por el establecimiento de la
ley de oposición al haber obtenido la segunda votación para la
alcaldía de ese municipio? […]”, contestó: “[…] a mi llegada como
gerente seccional, pues llego nuevo al instituto no conocía a ninguno
de los contratistas (…) es decir, en la oportunidad del inicio de mi
gestión no conocía al señor Lenin Darío Tobar Recalde ni a ninguno
de los contratistas, ya al ejecutar el contrato adquiero una relación
como supervisor del contrato (…) finalizando la vigencia me

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Solicitante: OLGA LUCÍA DUQUE ARCILA

encuentro que me llegan algunas comunicaciones de la procuraduría
provincial de Pasto creo que era en donde me solicitaron certifique la
existencia del contrato y (…) se expide la certificación por parte del
grupo de gestión contractual de la ciudad de Bogotá (…) Me causó
curiosidad el tema y por eso abordé al señor Lenin Darío Tobar
Recalde a la finalización de la pasada vigencia y él me manifiesta que
tenía el tema de alguna inhabilidad, presunta inhabilidad o
incompatibilidad por haber aceptado el cargo de concejal al haber
quedado segundo en una votación en un municipio en el sur del
departamento […]”.

En cuanto a la pregunta: “[…] el demandado ostenta la formación
académica de contador público y tiene un posgrado en gerencia de
proyectos, ¿él a quien tenía que presentarle informe y con qué
periodicidad sobre el desarrollo de su objeto contractual? […]”,
contestó el testigo: “[…] directamente a mi como supervisor del
contrato […]”, y agregó que el contrato entre las partes fue
debidamente terminado y liquidado. Preguntado por la apoderada de
la parte solicitante “[…] ¿la gerencia seccional Nariño del ICA incluye
dentro de dicha gerencia todos los municipios que conforman dicho
departamento? […]” el testigo contestó: “[…] haber hacer una
aclaración todos los contratos del ICA que aproximadamente son
cuatro mil al año y que se hacen desde oficina nacional tienen una
particularidad, se determinan en su objeto como actividades
administrativas y financieras la seccional Nariño, pero como se dijo
anteriormente tenemos en el cuadro del contrato, se determina
claramente que la sede a cumplir en el contrato es Pasto […]”.
Preguntado: “¿la gerencia seccional Nariño cumple sus funciones en
todo el departamento?” contestó: “[…] si […]” […]”.

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V.3.1.1.- En este punto la Sala advierte que, contrario a lo sostenido
por el apelante, la circunstancia de haber obtenido su escaño en el
Concejo municipal de Potosí (Nariño), -período 2020-2023-, luego de
haber obtenido la segunda mayor votación para las elecciones de
alcalde municipal, esto es, en virtud de lo preceptuado en los
artículos 112 Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 1o. de julio
de 201529, 25 de la Ley Estatutaria 1909, -Estatuto de la Oposición
Política-, y segundo de la Resolución núm. 2276 de 11 de junio de
201930, expedida por el Consejo Nacional Electoral, no impide que
sean examinados, en sede de pérdida de investidura, aquellos
reparos formulados por la eventual transgresión del régimen de
inhabilidades, conflicto de intereses o, como en el caso concreto, de
incompatibilidades, que se predican del cargo corporativo que aceptó
ocupar y desempeñar a conformidad.

En efecto, la Sección discurrió así en un caso similar:

“[…] Al respecto, la Sala comparte lo analizado por el a quo, pero
en el sentido que, la vocación que tiene quien ocupa el
segundo lugar en las elecciones para alcalde de ser
designado en el concejo, deriva de la confianza que depositó
en esa persona el electorado, y del carácter que adquiere
como persona representativa en la oposición precisamente
para que tenga la posibilidad de expresar con criterio de
autoridad los argumentos que le llevaron al segundo lugar
en las votaciones, en representación de las personas que
depositaron su voto a favor.

No se trata entonces de un derecho personal derivado de su
participación en la elección a alcalde, sino de la posición
adquirida como consecuencia de la confianza que le deposita
el elector y que le lleva a ocupar el cargo, de aceptarlo, para
la defensa de las ideas que ha expuesto a sus electores.

29 “[…] Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones […]”.
30

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Solicitante: OLGA LUCÍA DUQUE ARCILA

De tal manera que, quien aspira a ocupar un cargo de elección
popular, está sometido en principio al régimen propio de la
investidura para la cual pretende ser elegido; por lo tanto, si se
postula para alcalde, está sometido al régimen de dicho cargo; no
obstante, también considera la Sala importante advertir que,
una vez el candidato que obtuvo la segunda votación para
alcalde acepta la designación como concejal, le son
aplicables las reglas que rigen a los concejales, pues la
posición que ahora ocupa es exactamente la misma de
quienes aspiraron a estas curules, y su origen es igualmente
idéntico, lo que lleva a uno y otro a ocupar la curul es el voto
del electorado, que lo deposita para la defensa de las ideas
que expone el candidato; y que, tratándose de la elección de
alcalde, de antemano sabe que la aspiración de su candidato
lo puede ser para la alcaldía, si ocupa el primer lugar, o para
el concejo, si es el segundo.

Por consiguiente, quien acepta la designación como concejal
porque ha quedado en segundo lugar en la votación para la
alcaldía, a partir de la aceptación del cargo queda sujeto a
todas las causales de pérdida de investidura que
taxativamente estén previstas para los concejales,
precisamente porque, con la aceptación, tiene vocación de
desempeñarse en ese cargo, y no en otro, en condiciones de
igualdad con los demás concejales.
(…)

Por lo tanto, el propósito de lo establecido en el Estatuto de la
Oposición es que quien acceda a una curul en el concejo por virtud
de dicho mecanismo, no es que represente a sus electores para
el cargo al cual aspiró, sino reconocer en él la fuerza
electoral que encarna como candidato de la oposición, para
que ejerza los derechos políticos que derivan de tal calidad,
para bien de la democracia.

Precisamente sobre este aspecto, la Sala ha explicado31:

“[…] El artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015 “por medio
del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y
reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” incorporó
una modificación novedosa al artículo 112 de la Constitución
Política al reconocer el “derecho personal” a ocupar una curul
en la corporación pública respectiva al candidato que le siga
en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el
cargo de presidente y vicepresidente de la República,

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

11 de marzo de 2021, número único de radicación 15001233300020200168001 (PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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gobernador de Departamento, alcalde Distrital y alcalde
Municipal.
(…)

80. Dicha norma fue incorporada en los artículos 24 y 25 de la
Ley 1909 de 2018 -Estatuto de la Oposición- el cual elevó a la
categoría de derecho fundamental la oposición. A la luz de
dicho compendio normativo esta goza de una especial
protección del Estado y de las autoridades el cual permite
proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y
ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno,
mediante los instrumentos señalados en esa norma, sin
perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes.
(…)

84. Resulta claro, entonces, que el legislador estatutario, en
desarrollo directo del artículo 112 de la Constitución Política, le
brinda la oportunidad al candidato con segunda mayor
votación en las elecciones uninominales (en este caso la
Alcaldía) de poder ocupar una curul en la respectiva
corporación pública (en este caso el concejo), lo cual permite
que dichos candidatos tengan representación visible en el
cuerpo colegiado con el fin de que se puedan convertir en una
fuerza alternativa de oposición, puedan presentar iniciativas
de interés regional y ejercer control político; así se garantiza
la representación popular de la fuerza política vencida […]”.

En suma, la designación legal y la aceptación de la respectiva curul
es el resultado de su esfuerzo en la contienda electoral en la cual
quedó en segundo lugar, y el reconocimiento al valor que tiene para
la democracia que un candidato de tales características esté en el
concejo defendiendo las tesis del partido de oposición; luego, no le
es exigible que cumpla al momento de la designación con el
régimen de inhabilidades de los concejales, que por demás
rigen para la inscripción y elección, pero una vez acepta ser
concejal lo cobijan las disposiciones aplicables a los
concejales.

En consecuencia, se reitera, la designación como concejal deriva del
reconocimiento que se hace a su pretensión legítima de llegar a la
alcaldía por haber alcanzado el segundo lugar en la votación, y serán
los requisitos constitucionales y legales establecidos para ser alcalde
los que deberá cumplir; sin embargo, una aceptada la curul lo rige
el régimen aplicable a los miembros del concejo municipal […]”32
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

28 de julio de 2022, número único de radicación 13001233300020200006701 (PI),
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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Con fundamento en lo considerado, no resulta procedente el
tratamiento diferenciado que en materia de incompatibilidades
propone el concejal, alegando la consecución de su curul por vía de
Estatuto de la Oposición Política, por lo que la Sala continuará con el
examen de la causal de incompatibilidad que se le endilga y que
permanece prevista en los artículos 127 de la Constitución Política y
8, numeral 1, literal f), de la Ley 80.

V.3.1.2.- Para la Sala, a partir de las pruebas analizadas, resulta
palmaria la configuración objetiva de la causal de incompatibilidad
prevista en el artículo 127 Constitucional, en consonancia en el
artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, en cabeza del concejal
LENIN DARÍO TOBAR RECALDE, los cuales le prohibían, de forma
rotunda, y mientras ostentara dicha dignidad, celebrar contrato
alguno con entidades públicas de cualquier orden, indistintamente de
si se trataba o no del mismo municipio para el cual fue elegido o
pertenecieran a este, como en el asunto bajo análisis lo es el ICA33,
-entidad diferente al municipio de Potosí (Nariño), en el que fungió
de cabildante-, con quien suscribió el citado contrato de prestación
de servicios profesionales y apoyo a la gestión núm. 1761-2020 de 3
de marzo de 2020, dentro del lapso de su período constitucional
2020-2023.

Lo alegado de forma equívoca por el accionado, consistió en que el
régimen de incompatibilidades de los concejales se encuentra
previsto, de forma exclusiva, en el artículo 45 de la Ley 136; y que

33 Disponible [en línea]: [https://www.ica.gov.co/el-ica?lang=en-
us#:~:text=El%20ICA%20es%20responsable%20de,el%20crecimiento%20de%20las%2
0exportaciones […]”: “[…] El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad Pública
del Orden Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural […]”.

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solo es esta norma la que define cuáles son las conductas
consideradas reprochables por ser incompatibles con la dignidad del
cargo público de elección popular, mientras que los artículos 127
Constitucional y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, solo atienden
a preceptos jurídicos que reglamentan en general o indistintamente
las prohibiciones de los servidores públicos, por lo cual admiten
excepciones de ley y no resultan procedentes en el asunto bajo
examen.

Esta postura resulta abiertamente contraria a los referidos preceptos
constitucionales y legales, así como al entendimiento de que de los
mismos ha efectuado la Sala, de forma pacífica, en la jurisprudencia
atrás relacionada34, la que deja claro que las incompatibilidades
establecidas en los artículos 127 de la Constitución Política y 8º,
numeral 1, literal f), de la Ley 80, son autónomas y aplicables a los
concejales en calidad de servidores públicos, sin que le sea posible
al juez desactivarlas con el pretexto injustificable de percibirlas como
normas abstractas carentes de aplicación material y de asumir como
únicas las prohibiciones enlistadas en el artículo 45 de la Ley 136.

En este sentido, el artículo 127 Constitucional tampoco discrimina o
condiciona la operatividad de esa incompatibilidad a la circunstancia
territorial que propone el accionado, según la cual se pueden

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 10 de febrero de 2022, número único de radicación 68001233300020210018101,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; 30 de septiembre de 2021, número único
de radicación 05001-23-33-000-2019-02158-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón; 29 de julio de 2021, número único de radicación 44001-23-40-000-2020-00232-
01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; 16 de abril de 2020, número único de
radicación 54001-23-33-000-2019-00091-01 (PI), consejero ponente Hernando Sánchez
Sánchez; 24 de junio de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-01747-
01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; 8 de julio de 2010, número único
de radicación 25000-23-15-000-2009-01495-01(PI), consejera ponente María Claudia Rojas
Lasso.

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33

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esquivar los efectos jurídicos de la prohibición de contratar con
entidades públicas si el negocio se celebra con una distinta a la que
representa popularmente. Lejos de ello, y mientras estén
desempeñando sus funciones corporativas, la realidad jurídica les
impide a los concejales contratar con entidades públicas, cualquiera
sea su orden territorial y similitud con el municipio dentro del cual
fueron elegidos.

Con relación a lo previsto en el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136,
siendo una norma distinta y autónoma del artículo 127 Superior, esta
impide la celebración de contratos o la realización de gestiones con
personas naturales o jurídicas, pero de derecho privado, -que no con
entidades públicas-, que administren, manejen o inviertan fondos
públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas de
este o reciban donaciones de él, y, por lo tanto, es esa última una
‘condición de lugar’ que afecta a la incompatibilidad legal pero no a
la constitucional. Por la misma razón, en el caso concreto no se
configuró la prohibición del artículo 45, numeral 4, de la Ley 136, en
tanto el municipio de Potosí (Nariño) no es una persona jurídica de
derecho privado.

A partir de lo expuesto, la Sala encuentra probado el elemento
objetivo de la incompatibilidad ordenada en el artículo 127
Constitucional, en consonancia con el artículo 8º, numeral 1, literal
f), de la Ley 80, por cuanto el señor LENIN DARÍO TOBAR
RECALDE mientras ejerció sus funciones de concejal municipal de
Potosí (Nariño), período 2020-2023, -se posesionó el 2 de enero de
2020 y renunció el 28 de febrero de 2021, sin que ello altere el
trámite de este proceso de pérdida de investidura-, celebró el

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contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
núm. 1761-2020 de 3 de marzo de 2020 con el ICA, con el objeto
de prestar “[…] servicios para apoyar el desarrollo de actividades
administrativas y financieras en la seccional Nariño […]”, sin que se
requiera indagar, para concluirlo, cuáles son los municipios del
departamento de Nariño que quedaron comprendidos o excluidos en
la celebración de dicho negocio jurídico.

Lo anterior habilita entonces el análisis del elemento subjetivo de la
comisión de la causal en ciernes, en cuanto que los artículos 55,
numeral 2, y 48, numeral 1, ordenan que los concejales perderán la
investidura por la violación, como en el caso concreto, del régimen
de incompatibilidades.

V.3.2.- Del análisis subjetivo de la conducta del concejal

En cuanto al análisis de la culpabilidad del concejal LENIN DARÍO
TOBAR RECALDE, se prohíjan los criterios elaborados por la Sala en
sentencia de 25 de mayo de 201735, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

25 de mayo de 2017, número único de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI),
consejera ponente María Elizabeth García González.

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35

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• La pérdida de investidura es una acción pública36, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura37: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades38; la indebida destinación de
dineros públicos39; el conflicto de intereses40 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado41.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las

36 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
37 Artículo 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en

el artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
38 Artículos 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de

2003); 180, 181 y 183 de la Constitución Política.
39 Artículo 183 de la Constitución Política.
40 Artículo 182 y 183 de la Constitución Política.
41 Artículo 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003, magistrado

ponente Rodrigo Escobar Gil.

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circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que

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las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo

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de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”42 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.43

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado

42 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de
9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
43 Ídem.

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varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201244 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.45 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”46, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.

44
Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
45 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-
00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo
dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta.
En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar
un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de
inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el
reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por
el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-
00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
46 Sentencias SU-400 de 2012 (magistrada ponente Adriana M. Guillén Arango) y SU-399

de 2012 (magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto).

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Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.

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Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

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A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”47
[…]48” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

47 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
48 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
incompatibilidad, para con base en ello determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar49.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del
artículo 9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que
regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201950, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201851, estableció

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
50 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones

[…]”.
51 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los

Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales -dolo o culpa grave-.

Descendiendo al caso concreto, el acervo probatorio es contundente
al evidenciar que, en contravía de lo sostenido en su defensa, el
concejal debía saber y tener pleno conocimiento de la naturaleza
negocial de los contratos que celebró con el ICA y de su prohibición
bajo las circunstancias de los artículos 127 Constitucional y 8º,
numeral 1, literal f), de la Ley 80.

No es de recibo su excusa en torno a que su actuar lo llevó a cabo
con la convicción de que en ningún momento estaba vulnerando la
referida prohibición constitucional por estar incurso en una excepción
según la cual podía contratar con entidad pública distinta al municipio
del cual es concejal, (i) como quiera que no es cierto que el artículo
127 de la Constitución Política exija como requisito para su
configuración que la contratación haya ocurrido, únicamente, dentro
del mismo ente territorial para el cual fue elegido cabildante, -como
lo prevé el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136-; y (ii) porque la
interpretación jurisprudencial de la referida incompatibilidad permite
advertir claridad en su aplicación, sin la presencia de modificaciones,
ambigüedades o dudas que evidencien la coexistencia de divergentes
puntos de vista, tal como tuvo la oportunidad de explicarse, impera

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la autonomía de ambas causales y la divergencia de materias: la
constitucional prohíbe la contratación con entidades públicas y la
legal lo hace con personas naturales o jurídicas de derecho privado.

Ello, además, porque lejos de ser una persona sin formación
profesional, lo cierto es que en su propia defensa el accionado
demostró que es contador público y especialista en Gerencia de
Proyectos, lo cual permite corroborar que al inicio del ejercicio del
cargo de concejal, este tenía la capacidad para conocer cuáles eran
las incompatibilidades que lo gobernaban y sus vicisitudes, entre
ellas la de celebrar contratos con entidades públicas, y, aun así,
decidió seguir adelante para gestionar y suscribir el referido negocio,
de forma gravemente culposa, -por negligente e imprudente-, muy
a pesar de que tuvo la capacidad cognitiva de haber reconocido que
esa actuación le estaba vedada.

El comportamiento del concejal, por lo anterior, corresponde a la falta
de cuidado que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel
cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios, en la medida en que, se reitera, los
artículos 127 Constitucional y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80,
le imponían una prohibición que decidió obviar. Prueba de ello
también lo es que no se aportaron conceptos jurídicos ni escritos
provenientes de profesionales del derecho, ni actas de reuniones
mediante las cuales se lograra demostrar algún tipo de apoyo jurídico
que, en dado caso, se le hubiese suministrado a aquel al momento
de decidir la celebración del contrato de prestación de servicios
profesionales y apoyo a la gestión núm. 1761-2020 de 3 de marzo
de 2020 con el ICA.

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Los artículos 127 Superior y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80,
por su parte, son disposiciones que no resultan desproporcionadas ni
irracionales ni transgreden los derechos fundamentales al trabajo,
mínimo vital, escoger profesión u oficio y derecho a la igualdad, como
se propone en la defensa del concejal, sino que, por el contrario,
impiden que el cabildante gestione y materialice negocios con la
administración pública desde lo alto de la curul que le ha sido
asignada, exclusivamente, para el ejercicio de sus funciones públicas
en cumplimiento de un mandato popular.

En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada, -
celebración de un contrato con entidad pública-, fue desplegada por
el concejal LENIN DARÍO TOBAR RECALDE, debiendo saber que
era incompatible para hacerlo y, aun así, optó por gestionar y
celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo
a la gestión núm. 1761-2020 de 3 de marzo de 2020 con el ICA, de
forma gravemente culposa, por negligente e imprudente, muy a
pesar de que tuvo la capacidad cognitiva de haber reconocido que
esa actuación le era prohibida en medio de sus funciones como
concejal municipal de Potosí (Nariño).

Por las razones expuestas, y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal de incompatibilidad
prevista en el artículo 127 Constitucional, en consonancia con el
artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, la Sala procederá a
confirmar la sentencia de 4 de agosto de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se decretó la
pérdida de investidura del concejal municipal de Potosí (Nariño),

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señor LENIN DARÍO TOBAR RECALDE, por los hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2020-2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de diciembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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