Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2024-00308-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2024-00308-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 47001-23-33-000-2024-00308-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
13 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
Accionado: Rafael Alfonso Palacio Blanco
Tema: Incompatibilidad prevista en el artículo 127 de la
Constitución Política como causal de pérdida de investidura.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el solicitante contra la
sentencia de 25 de octubre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual denegó la pérdida de investidura
del concejal del municipio de Puebloviejo (departamento del Magdalena), Rafael
Alfonso Palacio Blanco, elegido para el período constitucional 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. El señor Pedro Luis Gutiérrez Carbonó, por conducto de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20112, solicitó que se decrete la pérdida de investidura del señor Rafael
Alfonso Palacio Blanco, concejal del municipio de Puebloviejo, por haber incurrido
en la incompatibilidad prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución
Política, prevista como causal de pérdida de investidura y en el numeral 1.° del
artículo 45 de la Ley 136 de 2 de junio de 19943.
I.1.1. Los hechos
2.El solicitante adujo los siguientes hechos relevantes: (i) el señor Rafael Alfonso
Palacio Blanco resultó elegido concejal del municipio de Puebloviejo para el período
constitucional 2024-2027 y (ii) el 2 de febrero de 2024, el accionado celebró el
contrato núm. 0808 de 21 de febrero de 2024 con la E.S.E. Hospital San Cristóbal
de Ciénaga, cuyo objeto consistió en la prestación de servicios profesionales como
médico general para el área de urgencia y hospitalización en el departamento del
Magdalena.
1
0038. Incorpora expediente demanda.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
2
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Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura
3. El solicitante señaló que el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política
establece una incompatibilidad genérica para los servidores públicos, en el sentido
de que, por regla general, no pueden celebrar contratos, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, con entidades públicas o con personas
privadas que manejen o administren recursos públicos. Además de ello, según el
artículo 123 Constitucional, los servidores públicos son los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
4.Consideró que el accionado incurrió en la incompatibilidad citada supra, puesto
que celebró en su nombre propio y representación, un contrato de prestación de
servicios profesionales con la E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga del
departamento del Magdalena y, para la misma época tenía la condición de concejal
del municipio de Puebloviejo.
5. Hizo referencia a los desarrollos jurisprudenciales sobre la naturaleza de la
acción de pérdida de investidura. Destacó que es un juicio sancionatorio que
pretende castigar las conductas previstas en la Constitución Política y en la ley
contrarias al buen servicio y al interés general.
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia
6.La magistrada sustanciadora del proceso mediante auto de 23 de septiembre de
20244, admitió la demanda y ordenó la notificación personal al accionado y al
agente del Ministerio Público.
I.3. La oposición del concejal
7.El accionado, a pesar de haber sido notificado5, contestó la solicitud de manera
extemporánea.
I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia
8. A través de auto de 8 de octubre de 20246, se dio apertura al período probatorio
y se fijó fecha para la realización de la audiencia pública prevista en el artículo 12
de la Ley 1881 de 15 de enero de 20187.
4
002. Auto que admite demanda.
5
La notificación se surtió el 25 de septiembre de 2024. El escrito de contestación de la solicitud fue allegado solo hasta el día
15 de octubre de 2024, esto es, cuando se encontraba fenecida la oportunidad para ello.
6
008. Auto que decreta pruebas.
7
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
3
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
1.5. La audiencia pública
9. El 23 de octubre de 2024, se celebró la audiencia pública con la participación
del solicitante y su apoderado, el agente del Ministerio Público, el accionado y su
apoderado. Un resumen quedó consignado en el acta respectiva8.
I.5.1. El solicitante9
10. El solicitante insistió en los argumentos del escrito inicial. Señaló que el
concejal Rafael Alfonso Palacio Blanco incurrió en la incompatibilidad prevista en
el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política, prevista como causal de
pérdida de investidura, al haber celebrado el contrato núm. 0808 de 21 de febrero
de 2024, con la E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga, cuyo objeto consistió en
la prestación de servicios profesionales como médico general para el área de
urgencia y hospitalización.
I.5.2. El Ministerio Público10
11. El Ministerio Público solicitó que sean desestimadas las pretensiones de la
solicitud.
12. Estimó que se configuró la excepción prevista en el artículo 8° de la Ley 1368
de 29 de diciembre de 200911, que señala que los concejales podrán ejercer su
profesión u oficio, siempre y cuando con ello no se interfiera en las funciones que
ejerzan en su condición de servidores públicos, ni se trate de asuntos en los cuales
el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte.
13. Consideró que no se configuró el elemento subjetivo, debido a que el accionado
no recibió capacitación respecto del régimen de incompatibilidades, tal y como lo
certificó la Escuela Superior de Administración Pública.
I.5.3. El accionado12
14. El concejal resaltó que celebró el contrato de prestación de servicios
profesionales como médico general con la E.S.E. Hospital San Cristóbal de
Ciénaga, esto es, una jurisdicción distinta al municipio donde resultó elegido.
15. Adujo que se configuró la excepción prevista en el artículo 8° de la Ley 1368 de
2009 que señala que los concejales podrán ejercer su profesión u oficio, siempre y
cuando con ello no se interfieran las funciones que ejercen como tales, ni se trate
de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte.
8
029. Acta de audiencia.
9
029. Acta de audiencia. Audio a partir del minuto: 00:13:45.
10
029. Acta de audiencia. Audio a partir del minuto: 00:23:00
11
“[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones. […]”.
12
029. Acta de audiencia. Audio a partir del minuto: 00:39:18.
4
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
Igualmente, actuó bajo el amparo del literal e) del artículo 19 de la Ley 4ª de 18 de
mayo de 199213, que indica que nadie puede desempeñar simultáneamente más
de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público, con excepción de “[…] e) Los honorarios percibidos por concepto de
servicios profesionales de salud. […]”.
16.Invocó el concepto 220011 de 8 de junio de 2020 del Departamento
Administrativo de la Función Pública, identificado con el radicado núm.
20206000220011.
17. Adujo, en cuanto al elemento subjetivo, que el accionado actuó de buena fe y
con el convencimiento pleno de que su comportamiento estaba autorizado y
amparado en el artículo 8° de la Ley 1368 de 2009 y en el artículo 19 de la Ley 4°
de 1992.
18. Precisó que celebró el contrato de prestación de servicios con la creencia de
que su labor cumplía a cabalidad con la ley y no se inmiscuía con una actividad
prohibida por el ordenamiento jurídico.
I.6. La sentencia de primera instancia14
19. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia
de 25 de octubre de 2024, negó las pretensiones de la solicitud.
20. El problema jurídico analizado consistió en establecer si el accionado incurrió
en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 127 de la Constitución
Política, al haber suscrito el contrato de prestación de servicios profesionales como
médico general para el área de urgencias y hospitalización con una Empresa Social
del Estado del orden departamental con domicilio en el municipio de Ciénaga.
21. Indicó que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el inciso 1.°
del artículo 127 de la Constitución Política reconoce una incompatibilidad general
para los servidores públicos y, al mismo tiempo, una causal autónoma de pérdida
de investidura que prohíbe a los servidores públicos -entre ellos los concejales-
celebrar, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno con entidades públicas
o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las
excepciones establecidas en la ley.
22. Reconoció que las únicas excepciones reconocidas por el legislador para tal
prohibición se encuentran previstas en el artículo 46 de la Ley 136 de 1994 y en el
artículo 10 de la Ley 80 de 28 de octubre de 199315.
13
“[…] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. […]”.
14
030. Sentencia de primera instancia.
15
“[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. […]”.
5
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Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
23. Añadió que no podía descartarse las excepciones previstas en otras
regulaciones, tal y como ocurre con el artículo 8° de la Ley 1368 de 2009, que prevé
que los concejales podrán ejercer su profesión y oficio, siempre y cuando con ello
no se interfieran las funciones que ejercen como tales, ni se trate de asuntos en los
cuales el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte.
24. Mencionó que se demostró que el 21 de febrero de 2024, el accionado suscribió
con la E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga, el contrato de prestación de
servicios profesionales como médico general para el área de urgencias y
hospitalización de esa institución por un plazo de 9 días (del 21 al 29 de febrero de
2024), por un valor de un millón cuatrocientos veinticinco mil pesos ($1.425.000).
25. Observó que el accionado, en su calidad de médico, suscribió tal negocio
jurídico con el fin de ejercer su profesión, “[…] [i]ncluso, se podría afirmar – sin lugar
a dudas – que el desempeño de su carrera no interfirió en sus funciones porque el
plazo del contrato tan solo fue de 9 días (sin que se haya probado en el expediente
que durante esos días - en efecto - hubo sesiones ordinarias o extraordinarias por
parte del Concejo Municipal de Puebloviejo) y adicionalmente se demostró que el
contrato de prestación de servicios profesionales no estaba relacionado con
asuntos en los cuales el municipio de Puebloviejo o sus entidades descentralizadas
hicieran parte. […]”.
26. Precisó que, en el evento de llegar a admitirse que el artículo 8° de la Ley 1368
de 2009 no prevé una excepción, no se demostró el elemento subjetivo.
27. Resaltó que, en aplicación de los principios de buena fe y pro homine, el
accionado actuó bajo la creencia de que su conducta no era contraria al
ordenamiento jurídico porque el legislador “[…] le permitía ejercer su profesión u
oficio en los términos de ese articulado. […]”.
I.7. El recurso de apelación16
28. El accionante interpuso recurso de apelación.
29. Alegó que la sentencia controvertida incurrió en defecto “[…] fáctico, material o
sustantivo […]” pues “[…] no se realizó una aplicación adecuada de la norma y la
jurisprudencia, se incurrió en un vicio en la interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas, así mismo no realizo (sic) el análisis probatorio conforme a
las reglas de la sana crítica. […]”.
30. Explicó que, contrario a lo afirmado por el Tribunal de primera instancia, no se
configuraron las excepciones previstas en los artículos 46 de la Ley 136 de 1994 y
10 de la Ley 80 de 1993.
16
031 y 033 apelación.
6
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
31. Citó la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha señalado que las
disposiciones de las normas de carácter legal no pueden ser tenidas, de ninguna
forma, como excepciones al artículo 127 de la Constitución Política.
32. Subrayó que se configuró el elemento subjetivo porque el accionado celebró el
contrato estatal, a sabiendas de que su comportamiento era constitutivo de pérdida
de investidura.
33. Explicó que se debían considerar las condiciones personales y profesionales
del concejal, en particular, que tuvo la condición de servidor público de elección
popular en el período constitucional 1998-2002 y recibió la capacitación de la
Escuela de Administración Superior, ESAP.
34. Agregó que el accionado no aportó ningún concepto de un profesional para
demostrar que adoptó las medidas necesarias para evitar incurrir en la
incompatibilidad.
35. Anotó que la jurisprudencia ha señalado que el artículo 127 de la Constitución
Política contiene un mandato general que prohíbe a los servidores públicos celebrar
contratos con entidades públicas y es causal de pérdida de investidura de los
concejales. Además, se ha considerado que esta prohibición cobija los contratos
que celebren los cabildantes, indistintamente de si se suscribe o no con el municipio
para el cual resultó elegido el servidor.
36. Adujo que la tesis del Tribunal transgrede el principio de interpretación
restrictiva de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y afecta la prohibición
de su creación por vía analógica.
I.8. Trámite del recurso de apelación
37. La magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia, a través de
proveído de 27 de noviembre de 202417, concedió la alzada y remitió el proceso al
Consejo de Estado y mediante auto de 18 de diciembre de 2024 18 se admitió el
recurso de apelación.
38.Dentro del término del traslado, el accionado radicó escrito en el cual solicitó
que la sentencia de primera instancia sea confirmada.
39.Indicó que actuó de buena fe, puesto que consideró que su actuación
encuadraba en la excepción prevista en el artículo 8° de la Ley 1368 de 2009.
40. Destacó que, siendo permitido dicho comportamiento en el ejercicio de su
actividad profesional, era claro que la suscripción del contrato de prestación de
17
036. Auto concede apelación.
18
Índice 8. SAMAI.
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Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
servicios no era configurativa de la prohibición constitucional. Por esto, la
interpretación favorable de la norma le permitía desempeñarse como médico de
manera simultánea.
41. Adujo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el proceso
de pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, en el cual se debe
dar aplicación al debido proceso, en particular, los principios pro homine, in dubio
pro reo y de legalidad.
42.El solicitante y el agente del Ministerio Público, en esta etapa procesal,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
43. La Sala, para desatar la presente controversia, se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) el problema jurídico; (iii) la condición del
accionado como sujeto pasivo; (iv) la incompatibilidad prevista en el inciso 1.° del
artículo 127 de la Constitución Política como causal autónoma de pérdida de
investidura; (v) análisis del caso concreto y (vi) conclusiones.
II.1. La competencia
44. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de
200019; en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019 20; y en
el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.
II.2. El problema jurídico
45. La Sala, siguiendo para tal efecto las prescripciones de los artículos 32021 y 32822
de la Ley 1564 de 12 de julio de 201223 y atendiendo los argumentos planteados en
el recurso de apelación, debe definir si el concejal Rafael Alfonso Palacio Blanco,
del municipio de Puebloviejo, elegido para el período constitucional 2024-2027,
incurrió en la incompatibilidad prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de la
Constitución Política porque, según indica el solicitante, el accionado suscribió un
contrato de prestación de servicios profesionales con la E.S.E. Hospital San
19
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
20
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
21
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
22
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
23
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. Aplicable por
remisión del artículo 21 de la Ley 1881 de 2018.
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Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
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Cristóbal de Ciénaga, mientras tenía la condición de servidor público elegido por
voto popular.
46. En este sentido, si hay lugar a decretar o no la pérdida de investidura del
concejal, para lo cual se debe analizar si se configuraron los elementos objetivos y
el subjetivo de la causal.
II.3. La prueba de la calidad del accionado
47. El señor Rafael Alfonso Palacio Blanco resultó elegido concejal del municipio
de Puebloviejo, para el período constitucional 2024-2027, según lo confirman el
formulario E-27 de 4 de noviembre de 2023 de la organización electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, credencial que se expidió el 4 de noviembre
de 202324 y el Acta 001 de 2 de enero de 202425, en la cual se efectuó el acto
solemne de toma de posesión de los miembros del cuerpo colegiado, entre ellos, el
accionado. Por lo tanto, el inculpado es sujeto pasivo del presente mecanismo de
control de pérdida de investidura y se cumple el requisito previsto en el literal b) del
artículo 5° de la Ley 1881 de 201826.
II.4. La causal de pérdida de investidura prevista en el inciso 1.° del artículo
127 de la Constitución Política
48. El inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política señala:
“[…] Artículo 127. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 2 de 2004. Los
servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona,
o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con
personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo
las excepciones legales. […]”.
49. En consonancia con lo anterior, el artículo 8º, numeral 1.°, literal f), de la Ley 80
de 1993, señala:
“[…] Artículo 8o. De las inhabilidades e incompatibilidades para
contratar.
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos
con las entidades estatales:
(…)
f) Los servidores públicos
[…]” (Negrilla del texto y subrayado fuera de texto).
50. El inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política introduce una
incompatibilidad general para los servidores públicos consistente en la prohibición
24
0038. Incorpora demanda. Folio 7.
25
0038. Incorpora demanda. Folios 8 a 11.
26
“[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse
por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral
Nacional […]”. Aplicable por remisión del artículo 22 ibidem
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Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
de celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato
alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren
recursos públicos, salvo las excepciones legales.
51. Esta Sección ha señalado que la prohibición contenida en el inciso 1.° del
artículo 127 de la Constitución Política, en consonancia con el artículo 8º, numeral
1.°, literal f), de la Ley 80 de 1993, constituye una causal autónoma de pérdida de
investidura y cobija a los concejales, por ser servidores públicos de conformidad
con el artículo 123 de la Constitución Política.
52. En sentencia de 10 de marzo de 200527, la Sección Primera conoció de una
demanda de pérdida de investidura en contra de un concejal, la cual se sustentó en
el artículo 127 de la Constitución Política. En este fallo se indicó que, los
cabildantes, en su condición de servidores públicos, se encuentran cobijados por la
incompatibilidad o prohibición establecida en el artículo 127 de la Constitución
Política y es causal autónoma de pérdida de investidura, al señalar:
“[…] Significa lo anterior que se está ante una regulación especial, pero
de ella no se deduce el señalamiento de excepción alguna frente a la regla
general, y menos en el sentido de que sustrae de ésta a los concejales,
pues ello no se dice de forma expresa, como debe ser, ni tampoco puede
considerarse implícito, toda vez que no existe razón para que pese a su
condición de servidores públicos se les exceptúe de dicha
incompatibilidad general. De suerte que la norma transcrita no hace más
que reiterarla respecto de los concejales en relación con el municipio en
el que se desempeñan como tales, sin que se deba interpretar que
excluye los demás ámbitos u órdenes territoriales de la Administración
Pública. Por ello resulta armónica y complementaria con el artículo 127 de
la Constitución Política.
[…]
Por lo tanto es claro que la situación examinada se encuadra en la
incompatibilidad descrita en el artículo 127 de la Constitución Política y
literal f) del numeral 1 del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, de donde se
configura la causal de pérdida de la investidura prevista en el artículo 55,
numeral 2, de la Ley 136 de 1994, en cuanto hace a la violación del
régimen de incompatibilidades, que en virtud de los referidos contratos se
le endilga en la demanda a la actora.
53. Esta regla jurídica ha sido reiterada, entre otras, en sentencias de 21 de enero
de 201628, de 2 de agosto de 201729, de 16 de abril de 202030, de 30 de septiembre
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta,
sentencia de 10 de marzo de 2005, radicado: 44001-23-31-000-2004-00056-01 (PI);
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés,
sentencia de 21 de enero de 2016, radicado núm.: 13001-23-33-000-2014-00333-01.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Elizabeth García González,
sentencia de 2 de agosto de 2017, radicado: 73001-23-33-0005-2016-00620-01.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 16 de abril de 2020, radicado núm.: 54001 2333 000 2019 00091 01
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Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
de 202131, de 10 de febrero de 202232, de 1.° de diciembre de 202233 y de 14 de
diciembre de 202234.
54. Así, esta Sección, en sentencia de 16 de abril de 202035, señaló lo siguiente:
“[…] Conclusiones sobre la prohibición para los concejales de
celebrar contratos con entidades públicas
126. En suma de todo lo anterior se pueden distinguir, en el orden
constitucional y legal, cuatro periodos sobre la prohibición que constituye
incompatibilidad para los concejales y en relación con la celebración de
contratos con entidades públicas.
126.1. En el primer periodo -4 de julio de 1991 a 1 de junio de 1994-, se
aplicó la prohibición general establecida en el inciso primero del artículo
127 de la Constitución Política para los servidores públicos de celebrar,
por sí o por interpuesta persona, contrato alguno con entidades públicas
o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos.
La ley no establecía excepciones especiales a la incompatibilidad general
de los servidores públicos en relación con los concejales.
127. En el segundo periodo -2 de junio de 1994 a 27 de diciembre de
1994-, conforme con los artículos 127 de la Constitución Política; 8 y 10
de la Ley 80; y 45, numeral 1.°, 46 y 47 de la Ley 136: se establece la
prohibición que configura incompatibilidad para los concejales de poder
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro,
contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos. Lo anterior sin perjuicio de las
excepciones generales establecidas en el artículo 10 de la Ley 80 y las
especiales contenidas en el artículo 46 de la norma ejusdem.
128. En el tercer periodo -28 de diciembre de 1994 a 5 de octubre de
2000- conforme con los artículos 127 de la Constitución Política; 8 y 10 de
la Ley 80; y 45, numeral 1.° [modificado por el artículo 3 de la Ley 177],
46 y 47 de la Ley 136: se establece la prohibición que configura
incompatibilidad para los concejales de contratar con “el respectivo
municipio o distrito y sus entidades descentralizadas”. Lo anterior sin
perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 46 de la norma
ejusdem.
129. En el cuarto periodo -6 de octubre de 2000 a la fecha- conforme
con los artículos: i) 127 de la Constitución Política; ii) 8 y 10 de la Ley 80;
iii) 45, 46 y 47 de la Ley 136; y iv) 96 de la Ley 600: se establece la
prohibición general que configura incompatibilidad para los servidores
públicos, entre ellos los concejales, de celebrar, por sí o por interpuesta
persona, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, radicado núm.: 05001-23-33-000-2019-02158-01.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 10 de
febrero de 2022, radicado núm.: 68001 2333 000 2021 00181 01.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 1 de
diciembre de 2022, radicado núm.: 52001 2333 000 2021 00188 01.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 14 de
diciembre de 2022, radicado núm.: 5001 2333 000 2021 01619 01.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 16 de abril de 2020, radicado núm.: 54001 2333 000 2019 00091 01.
11
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
que manejen o administren recursos públicos. La ley no establecía
excepciones a la incompatibilidad general de los servidores públicos en
relación con los concejales.
130. La Sala considera, conforme con la normativa indicada supra, que
la prohibición que constituye incompatibilidad contenida en el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política sobre contratación es
aplicable en forma directa a los concejales; sin perjuicio de las
excepciones establecidas por el legislador en las leyes 80 y 136, relativas
a: i) “[…] las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para
usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente
estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los
soliciten […]”; ii) “[…] ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos
representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en
virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario […]”; iii) “[…] quienes
celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la
Constitución Política […]”; iv) “[…] Usar los bienes y servicios que las
entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios
públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo
condiciones comunes a todos los que lo soliciten […]”; y v) “[…] Ser
apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama
Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los concejales durante su
período Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los
procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales
o económicos del respectivo municipio, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del orden municipal y las sociedades
de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del
cincuenta por ciento (50%) del capital […]”.
131. En ese orden de ideas, en caso de encontrarse probado que un
concejal celebró un contrato estatal, indistintamente de si se trata o no
del municipio donde fue elegido, constituye causal de pérdida de
investidura36 por violación del régimen de incompatibilidades establecido
por el inciso primero del artículo 127 ibidem. […]”. (Negrilla y cursivas del
texto)
55. Así las cosas y según lo anterior, existe una relación armónica entre los
preceptos de la Carta Política y las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000, por lo que,
las disposiciones legales no pueden ser tenidas, de ninguna manera, como
excepciones al artículo 127 Constitucional.
56. En estas condiciones y, a partir de la integración normativa, debe considerarse
que la remisión que hace el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que señala que los
concejales perderán su investidura por violación al régimen de incompatibilidades,
en concordancia con el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, comprende la prohibición
prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política que cobija a
todos los servidores públicos y, por claras razones, a los concejales.
57. Además, según la jurisprudencia de esta Corporación, las excepciones al
régimen de incompatibilidades se encuentran previstas en los artículos 10 de la Ley
36
Conforme con el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617.
12
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
80 de 1993 y en el artículo 46 de la Ley 136 de 1994, además del ejercicio de la
cátedra37- parágrafo 1° del artículo 45 ibidem-, normas que son del siguiente tenor:
LEY 80 DE 1993
“[…] Artículo 10. De las excepciones a las inhabilidades e
incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e
incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que
contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios
que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público
en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas
sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas
o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o
estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en
el artículo 60 de la Constitución Política […]”.
[…]” (Negrilla del texto).
ARTÍCULO 46 DE LA LEY 136 DE 1994:
“[…] ARTÍCULO 46.- Excepciones. Lo dispuesto en los Artículos
anteriores no obsta para que los concejales puedan ya directamente o por
medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos:
a. En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en
las cuales conforme a la Ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus
hijos, tengan interés;
b. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y
de multas que graven a las mismas personas;
c. Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier
clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad
social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo
soliciten38.
d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la
Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los concejales
durante su período Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en
los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses
fiscales o económicos del respectivo municipio, los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del orden municipal y
las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades
tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital. […]” (Negrilla del
texto).
37
La Corte Constitucional, en sentencia C- 231 de 1996 declaró la constitucionalidad de la excepción contendida en el
parágrafo 1° del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, con excepción de la expresión “universitaria”, por considerar que “[…]
resulta contraria a los textos superiores no sólo desde la cobertura que la Carta señala para que los servidores públicos
puedan participar en actividades políticas, sino además, en cuanto configura un privilegio injustificado frente a otros servidores
oficiales que se desempeñan en la docencia en niveles diferentes de la educación, lo cual además, constituye una clara
violación al principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución. […]” (Negrilla del texto).
38
(Adicionado por el Art. 42, Ley 617 de 2000)
13
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
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58. Siguiendo el derrotero jurisprudencial, para la configuración de la causal
autónoma de pérdida de investidura de los concejales prevista en el inciso 1.° del
artículo 127 de la Constitución Política, en consonancia con el artículo 8º, numeral
1.°, literal f), de la Ley 80 de 1993, es necesario demostrar los siguientes requisitos:
(i) Sujeto activo: que el concejal se encuentre en ejercicio de sus funciones.
(ii) Verbo rector: celebrar un contrato por sí o por interpuesta persona o en
representación de otro.
(iii) Condiciones de la celebración: que el contrato se haya celebrado con una
entidad pública, indistintamente de si pertenece al nivel territorial donde
resultó elegido el servidor público39.
II.5. El artículo 8° de la Ley 1368 de 2009 no puede servir de excepción al
régimen de incompatibilidades
59. El accionado y el Tribunal de primera instancia son de la tesis que el artículo 8°
de la Ley 1368 de 2009 prevé una excepción al régimen de incompatibilidades de
los concejales, disposición normativa que señala que estos podrán ejercer su
profesión y oficio, siempre y cuando con ello no se interfieran las funciones que
ejercen como tales, ni se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades
descentralizadas sean parte.
60. En efecto, el a quo adujo que el plazo del contrato fue de 9 días; en el expediente
no se demostró que en ese período se hayan celebrado sesiones ordinarias o
extraordinarias y este negocio jurídico no estuvo relacionado con asuntos en los
cuales el municipio de Puebloviejo o sus entidades descentralizadas hicieran parte.
61. Para dilucidar lo anterior, se debe traer a colación el artículo 8° de la Ley 1368
de 2009, norma que es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 8°. Ejercicio de la profesión u oficio. Los Concejales podrán
ejercer su profesión u oficio, siempre y cuando con ello no se interfieran
las funciones que ejercen como tales, ni se trate de asuntos en los cuales
el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte. […]”. (Negrilla
del texto)
62. Según lo anterior, el legislador estableció que los concejales pueden ejercer su
profesión u oficio, supeditando esta prerrogativa a dos circunstancias taxativas: (i)
que no se interfieran las funciones que ejercen como tales y (ii) que no se trate de
asuntos en los cuales el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte.
63. Ahora bien, con el fin de establecer si el artículo 8° de la Ley 1368 de 2009,
constituye una excepción al régimen de incompatibilidades, se hace necesario
efectuar el siguiente cotejo normativo, así:
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 16 de abril de 2020, radicado núm.: 54001 2333 000 2019 00091 01.
14
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
Ley 136 de 1994 Ley 1368 de 2009
ARTÍCULO 46. EXCEPCIONES. Lo “ARTÍCULO 8°. EJERCICIO DE LA
dispuesto en los artículos anteriores no obsta PROFESIÓN U OFICIO.
para que los concejales puedan ya
directamente o por medio de apoderado, Los Concejales podrán ejercer su
actuar en los siguientes asuntos. profesión u oficio, siempre y cuando con
ello no se interfieran las funciones que
a. En las diligencias o actuaciones ejercen como tales, ni se trate de
administrativas y jurisdiccionales en las asuntos en los cuales el municipio o sus
cuales conforme a la Ley, ellos mismos, su entidades descentralizadas sean parte.
cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan
interés;
b. Formular reclamos por el cobro de
impuestos, contribuciones, tasas y de multas
que graven a las mismas personas;
c. Usar los bienes y servicios que las
entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y de seguridad social ofrezcan
al público, bajo condiciones comunes a todos
los que lo soliciten.
d) Ser apoderados o defensores en los
procesos que se ventilen ante la Rama
Jurisdiccional del Poder Público. Sin
embargo, los concejales durante su período
Constitucional no podrán ser apoderados ni
peritos en los procesos de toda clase que
tengan por objeto gestionar intereses
fiscales o económicos del respectivo
municipio, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del
orden municipal y las sociedades de
economía mixta en las cuales las mismas
entidades tengan más del cincuenta por
ciento (50%) del capital. […]”.
“[…] Artículo 10. De las excepciones a las
inhabilidades e incompatibilidades. No
quedan cobijadas por las inhabilidades e
incompatibilidades de que tratan los
artículos anteriores, las personas que
contraten por obligación legal o lo hagan
para usar los bienes o servicios que las
entidades a que se refiere el presente
estatuto ofrezcan al público en condiciones
comunes a quienes los soliciten, ni las
personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos
representantes legales hagan parte de las
juntas o consejos directivos en virtud de su
cargo o por mandato legal o estatutario, ni
quienes celebren contratos en desarrollo de
lo previsto en el artículo 60 de la
Constitución Política […]”.
15
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
64. La Ley 1268 de 2009, reformó los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994,
referente a la liquidación de los honorarios y el reconocimiento del valor del
transporte. Además introdujo algunas modificaciones a la Ley 1551 de 6 de julio de
201240, frente a la capacitación y formación académica e introdujo el artículo 8
citado supra.
65.No se evidencia que la intención o propósito del legislador haya sido el de
modificar las excepciones al régimen de incompatibilidades, toda vez que, estas se
encuentran previstas de manera taxativa en las Leyes 136 de 1994 y 80 de 1993.
66. Esta Sección, en sentencia de 11 de diciembre de 201541, llegó a este mismo
entendimiento al analizar si el artículo 8° de la Ley 1368 de 2009 constituía o no
una excepción al régimen de incompatibilidades, consideraciones que se
transcriben in extenso:
“[…] Finalmente, en lo que tiene que ver con la supuesta pretermisión de
la modificación del numeral 5º del artículo 45 de la ley 136 de 1994,
argumento expuesto por el demandado en su recurso, encuentra la Sala
que tampoco tiene vocación de prosperidad por dos razones: De una
parte, nada en la literalidad del texto de la ley 1368 de 2009 en general,
ni en el enunciado de su artículo 8º en particular, evidencian la
modificación alegada por el demandado. En efecto, de una lectura atenta
de dicho estatuto y de dicho enunciado legal nada resulta expresivo de tal
modificación: de una interpretación literal de estas disposiciones nada
refleja la voluntad legal de haber querido llevar a cabo tal reforma. De otra
parte, la Sala también echa de menos elementos materiales que permitan
concluir razonablemente que el propósito del legislador con la expedición
del artículo 8º de la ley 1368 de 2009 fue modificar el numeral 5º del
artículo 45 de la ley 136 de 1994. La lectura de su enunciado permite
fundamentar lo anterior:
Artículo 8°. Ejercicio de la profesión u oficio. Los Concejales podrán
ejercer su profesión u oficio, siempre y cuando con ello no se
interfieran las funciones que ejercen como tales, ni se trate de
asuntos en los cuales el municipio o sus entidades descentralizadas
sean parte.
Para esta Corporación la interpretación del demandado únicamente
resultaría admisible si se asume que el numeral 5º del artículo 45 de la ley
136 de 1994 supone una limitación de la libertad de ejercer la profesión u
oficio de los concejales, premisa que debe desecharse por resultar
contraria a lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-179
de 2005; pronunciamiento en el cual el Alto Tribunal discurre ampliamente
sobre las razones por las cuales la incompatibilidad fijada por la norma
legal en comento no resulta contraria a los derechos al trabajo ni de
acceso a cargos públicos. De acuerdo con lo señalado por la Corte
Constitucional en dicha providencia, se trata de una limitación razonable,
adecuada, necesaria y proporcionada de los derechos de los concejales,
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
40
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre de 2015, CP:
Guillermo Vargas Ayala, radicado: 23001-23-33-000-2015-00023-01(PI).
16
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
que en absoluto niega o vulnera sus derechos. De conformidad con el
análisis realizado en aquella oportunidad:
“(…) lo primero que corresponde examinar es si esa restricción de
derechos persigue alguna finalidad constitucionalmente relevante
que la justifique; en el presente caso, como se acaba de decir, esa
finalidad radica en la necesidad de garantizar la moralidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de la función pública,
objetivos que no solo son legítimos, sino también importantes en el
Estado Social de Derecho.
Ahora bien, en cuanto al medio escogido por el legislador para
alcanzar el anterior propósito constitucional, en el presente caso
consiste en diseñar una causal de incompatibilidad para el ejercicio
del cargo de concejal, que impide que quienes sean empleados o
contratistas de empresas de seguridad social o de servicios públicos
que operen en el municipio, simultáneamente se desempeñen como
concejales. Al parecer de la Corte, esta incompatibilidad, escogida
como medio para lograr la moralidad, transparencia e imparcialidad
en el ejercicio del cargo de concejal, resulta apropiada, pues impide
la confluencia de intereses personales y públicos en cabeza de un
mismo sujeto, en garantía de la recta administración de entidades
que, como arriba se estudió, se someten a un régimen jurídico
especial por su vinculación con sistemas de solidaridad, de subsidio
y de redistribución de ingresos. En tal virtud, se cumple con la
adecuación de medio a fin que debe estar presente en las normas
legales que restringen derechos fundamentales para el logro de
objetivos constitucionales relevantes.
Por último, debe la Corte evaluar si la restricción al derecho al trabajo
y al acceso al ejercicio de cargos públicos es proporcionada, es decir
no excesiva frente los efectos que se pretende alcanzar. En otras
palabras, si el sacrificio de derechos fundamentales no resulta
exagerado frente a los beneficios constitucionales obtenidos con la
aplicación de la disposición.
A ese respecto, la Corte encuentra que por diversas razones no
puede afirmarse que la restricción sea desproporcionada. En efecto,
de conformidad con lo reglado por el artículo 20 de la Ley 617 de
2000, que modificó el artículo 66 de la Ley 136 de 1994, los
concejales perciben honorarios, que se causan por cada sesión del
concejo a que asistan, cuya cuantía será “como máximo el
equivalente al ciento por ciento (100%) del salario diario que
corresponde al respectivo alcalde”. Esta circunstancia aminora la
restricción al derecho al trabajo que se deriva de que el concejal no
pueda ser empleado o contratista de las empresas de servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social que operan en el
municipio, pues significa que la labor de los concejales, aparte de su
aspecto propiamente político, es también una forma remunerada de
ejercicio del derecho al trabajo.
De otro lado, la Corte aprecia que los concejales conservan la
posibilidad de trabajar en cualquier otra empresa privada que no sea
de la categoría de las cobijadas por la incompatibilidad, o de contratar
con ellas, o de ejercer cualquier profesión u oficio independiente.
17
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
Siendo estas consideraciones extensibles a la libertad de escoger
profesión y oficio, no encuentra la Sala razón alguna para dar por válida
o plausible la modificación normativa alegada por el demandado.
Además, si en gracia de discusión no se aceptaran los argumentos
anteriores, recuerda la Sala lo expresado en sentencia de 4 de agosto de
2011, en la cual se manifestó que “si bien es cierto que el artículo 8° de la
Ley 1368 de 2009, “Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67
de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, dispone que los
Concejales podrán ejercer su profesión u oficio, también lo es que la
misma disposición limita su ejercicio cuando señala, “siempre y cuando
con ello no se interfieran las funciones que ejercen como tales, ni se trate
de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades descentralizadas
sean parte”42. De modo que aun en esta hipótesis la aplicación del artículo
8º de la ley 1368 de 2009 no resultaría incompatible, sino todo lo contrario,
con la toma en cuenta y efectividad del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas por la ley. […]” (Negrilla y cursivas del
texto y subrayado fuera del texto)
67. La defensa del concejal, en la audiencia pública prevista en el artículo 12 de la
Ley 1881 de 2018 adujo que el accionado se encontraba cobijado por la excepción
prevista en el literal e) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, motivo por el cual la Sala
considera pertinente emitir un pronunciamiento en relación con la aplicación de esta
norma.
68. La Ley 4ª de 199243 fue expedida con el objeto de definir “[…] las normas,
objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política. […]”.
69. El literal e) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, dispone:
“[…] ARTÍCULO 19.- Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de
un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del
Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
[…]
e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de
salud.
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de agosto de 2011, Rad. No.
25000-23-31-000-2010-02331-01(PI). C.P.: María Elizabeth García González.
43
“[…] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. […]”.
18
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
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70. La primera parte del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 reproduce el artículo 128
de la Constitución Política que señala lo siguiente:
“[…] Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un
empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público, o de empresa o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados en la
ley.
Entiéndese por tesoro público el de la nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas. […]”
71. La Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del artículo 19 de la Ley
4ª de 1992, en sentencia C- 133 de 199344, indicó:
“[…] Este mandato constitucional consagra una incompatibilidad que
consiste en la prohibición de desempeñar simultáneamente dos o
más cargos públicos y de recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que
tenga parte principal el Estado, además de autorizar a la ley para fijar
los casos en que no opera dicha prohibición. […]” (Negrilla fuera del texto)
72. Igualmente, la Corte Constitucional, en sentencia T- 066 de 201045, sostuvo:
“[…] El artículo 128 consagra una clara incompatibilidad,
estrechamente relacionada con la remuneración de los servidores
estatales: en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más cargos
públicos en una misma persona, así como la recepción de más de una
asignación que provenga del erario público.
[…]
Igualmente, la Corte Constitucional, en sentencia C-133 de 199346,
sostiene: El término "asignación" comprende toda clase de remuneración
que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc.
Se deduce, entonces, que el bien jurídico constitucional tutelado por los
artículos 128 de la C.P. y 19 de la ley 4ª de 1992, que lo desarrolla, es la
moralidad administrativa47, considerada en el ámbito propio de la función
pública y, por tanto, la asignación -comprendida como toda remuneración,
sueldo, honorarios, mesada pensional- recibida de forma periódica, debe
entenderse respecto de quienes desempeñan empleos públicos48.[…]”.
(Negrilla y subrayado fuera del texto)
44
Corte Constitucional, sentencia C- 133 de 1993, MP: Vladimiro Naranjo Mesa
45
Corte Constitucional, sentencia T- 066 de 2010, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
46
Sentencia del 1 de abril de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
47
Sentencia Sección Primera de la Sala de Casación Laboral C. S .de J., enero 27 de 1995, radicado 7109: La filosofía del
precepto constitucional que no permite la percepción de dos asignaciones del Tesoro Público o que provengan de empresas
o de instituciones en que la participación estatal sea principal o mayoritaria, no es otra que la de impedir, por razones de
moralidad y decoro administrativos, que los empleados oficiales puedan valerse de su influencia para obtener del Estado una
remuneración diferente o adicional a la que perciben como sueldo, sea que tal asignación adicional revista el carácter de
honorario, dieta o como quiera denominarse. Pero debe observarse que esa prohibición constitucional no puede extenderse
a aquellos casos en los cuales no se vulnera esa norma, que tiende -se repite- a preservar la moral en el servicio público.
48
Sentencia C-133 del 1 de abril de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: …si bien es cierto que en el artículo 128 C.P., se
consagra una incompatibilidad, no lo es menos que esta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración
de los servidores estatales….
19
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Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
73. Como se observa, el inciso 1°. del artículo 127 de la Constitución Política,
establece la prohibición para celebrar contratos con entidades públicas. Por su
parte, los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4ª de 1992 prevén
la prohibición de recibir más de una asignación por el ejercicio de un cargo o empleo
público que provenga del erario. Esto significa que regulan materias distintas.
74. Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de 5 de
noviembre de 199449, indicó lo siguiente:
“[…] 4) Del examen de las anteriores normas se concluye:
a) que las disposiciones consagradas en los artículos 127 de la
Constitución Nacional, 8º y 10º de la ley 80 de 1993, establecen la
prohibición para que los servidores públicos celebren contratos con
las entidades públicas, en atención a su vinculación con este sector, con
el objeto de evitar el tráfico de influencias y garantizar la igualdad de todas
las personas ante la administración.
b) Que existen, sin embargo, normas excepcionales que permiten a los
servidores públicos contratar con el Estado.
c) Que, las disposiciones contenidas en los artículos 128 de la
Constitución Nacional y 19 de la ley 4ª de 1992 prescriben:
1) La prohibición de ejercer más de un empleo o cargo público en forma
simultánea y
2) La prohibición de recibir más de una asignación por el ejercicio de un
cargo o empleo público, que provenga del tesoro público, salvo las
excepciones previstas en el artículo 19 y demás disposiciones
pertinentes.
5) En este orden de ideas, la Sala estima que los artículos 127 de la
Constitución Nacional, 8º y 10º de la ley 80 de 1993, regulan materia
distinta a la contemplada por los artículos 128 de la Carta Política y 19
de la ley 4ª de 1992, porque aquellas prohíben a los servidores públicos
celebrar contratos con las entidades públicas y éstas se refieren al
ejercicio y desempeño simultáneo de cargos o empleos públicos.
De manera que las excepciones señaladas en el artículo 10º de la ley 80
de 1993 se establecen sólo en relación con las inhabilidades e
incompatibilidades para celebrar contratos, previstas en dicha ley. De otra
parte, las excepciones consagradas en el artículo 19 de la ley 4a. de 1992
se refieren a las asignaciones provenientes del tesoro público que son
compatibles con otras de la misma naturaleza por razón del ejercicio de
cargos o empleos públicos.
Entonces se puede concluir que las excepciones señaladas en los
artículos 10º de la ley 80 de 1993 y 19 de la ley 4ª de 1992 no son
49
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 5 de mayo de 1995, CP: Jaime Betancur Cuartas,
radicación: CE-SC-RAD1998-N598 (5983).
20
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
complementarias porque las materias que regulan son de naturaleza
jurídica distinta.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala absuelve el
interrogante formulado por el señor Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República:
Las excepciones establecidas en los literales a), d) y e), del artículo 19 de
la ley 4ª de 1992 no pueden considerarse como complementarias de las
contenidas en el artículo 10º de la ley 80 de 1993 o Estatuto General de
Contratación Pública.
[…]”. (Negrilla del texto)
75. Por lo tanto, el literal e) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 tampoco constituye
una excepción a la causal de incompatibilidad prevista en el inciso 1.° del artículo
127 de la Constitución Política, en consonancia con el artículo 8º, numeral 1.°, literal
f), de la Ley 80 de 1993, toda vez que las materias que regulan son de naturaleza
jurídica distinta y persiguen propósitos diferentes.
II.6. Lo probado en el proceso y análisis del caso concreto
II.6.1. Análisis del aspecto objetivo
76. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
77. El señor Rafael Alfonso Palacio Blanco resultó elegido concejal del municipio
de Puebloviejo, para el período constitucional 2024-2027. El 4 de noviembre de
2023 se le expidió su credencial por parte de la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el 2 de enero de 2024 tomó posesión de su investidura.
78. El 21 de febrero de 2024, ostentando la condición de concejal suscribió el
contrato de prestación de servicios profesionales núm. 0808 con la E.S.E. Hospital
San Cristóbal de Ciénaga del departamento del Magdalena, cuyo objeto contractual
consistió en “[…] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
MÉDICO GENERAL PARA EL ÁREA DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DE
LA E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTÓBAL DE CIÉNAGA […]50”, por un plazo de 9
días (del 21 al 29 de febrero de 2024) y un valor de un millón cuatrocientos
veinticinco mil pesos ($1.425.000). Dentro de las obligaciones específicas que
asumió el contratista, se encuentran las siguientes:
“[…] CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Constituyen Ias principales obligaciones para el CONTRATISTA.
Además de las obligaciones de orden legal, el CONTRATISTA cumplirá
con aquellas actividades que se deriven del objeto contratado y en
especial las siguientes: garantizará la ejecución de los procesos
requeridos en los Servicio (sic) de salud para la ejecución del Plan
Obligatorio de Salud de primer y segundo nivel de atención, incluyendo la
50
038. Incorpora demanda. Folios 13 a 19.
21
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
presentación y el cumplimiento de un Plan de acción para las acciones de
Promoción de la Salud Prevención de la Enfermedad, Tratamiento y
Rehabilitación de conformidad al Plan obligatorio de Salud y de lo
contemplado en los ejes programáticos del Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas; para lo cual deberá realizar las siguientes
actividades. 1. Realizar las actividades asistenciales en el área de
urgencias y hospitalización. 2. Responder por la atención dispensada a
los pacientes asignados durante su permanencia en el servicio de
hospitalización. 3. Orientar e ilustrar al personal en formación, acerca del
manejo y/o aspectos administrativos de los pacientes. 4. Conocer, aplicar
y divulgar los protocolos o guías de manejo en el servicio de
Hospitalización. 5. Solicitar la interconsulta indispensable y remitir
pacientes a la especialidad respectiva de acuerdo a la condición clínica
del mismo y comunicarse acerca del mismo. 6. Prestar atención inmediata
a través de las rutinas y procedimientos de diagnósticos, tratamiento
clínico y quirúrgico para asegurar la calidad de la asistencia médica de los
pacientes. 7. Orientar a los pacientes y a la familia sobre los cuidados y
procedimientos realizados en las rutinas hospitalarias, así como en los
cuidados después de ser dados de alta. 8. Diligenciar la historia clínica de
todo paciente que ingrese al servicio. 9. Dar a enfermería las órdenes
relacionadas con el tratamiento del paciente. 10. Supervisar las
actividades de los estudiantes de pregrado de acuerdo con los convenios
docentes asistenciales. […]”. (Negrilla y subrayado del texto)
79. La E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga constituye una entidad pública
descentralizada del orden departamental51, dotada de personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Dirección Seccional de
Salud del departamento del Magdalena integrante del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios. Por esta razón, participa del carácter de
entidad pública.
80. La Sala encuentra demostrado, entonces, los elementos que integran el aspecto
objetivo de la causal de incompatibilidad prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de
la Constitución Política, en consonancia con el artículo 8º, numeral 1.°, literal f), de
la Ley 80 de 1993, pues el señor Rafael Alfonso Palacio Blanco (sujeto activo),
ostentando la investidura de concejal, por sí mismo, celebró el contrato de
prestación de servicios profesionales (verbo) con la E.S.E. Hospital San Cristóbal
de Ciénaga (entidad pública).
81. Esta Sección, según se indicó ha señalado, puntualmente, que el inciso 1.° del
artículo 127 de la Constitución Política no condiciona la prohibición de contratar al
hecho de que el contrato se suscriba con el mismo municipio para el cual el servidor
público resultó elegido y se configura cualquiera que sea el orden territorial, pues
“[…] Lejos de ello, y mientras estén desempeñando sus funciones corporativas, la
realidad jurídica les impide a los concejales contratar con entidades públicas,
51
https://www.esehospitalsancristobalcienaga.gov.co/el-hospital-2/
22
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
cualquiera sea su orden territorial y similitud con el municipio dentro del cual fueron
elegidos. […]52”.
II.6.2. Estudio del elemento subjetivo
82. El artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 201953 establece que el proceso sancionatorio de
pérdida de investidura “[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”. Por ende, para establecer el grado de
responsabilidad es necesario demostrar el dolo o la culpa grave.
83. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 201654 indicó que en los
procesos de pérdida de investidura queda proscrita la responsabilidad objetiva, toda
vez que se trata de un juicio de naturaleza sancionatoria que debe estar gobernado
por los principios que forman parte integrante del debido proceso:
“[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado
de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla
general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y
las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de
legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal,
el juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se
configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la
dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se
presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si
se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa […]”. (Negrilla
fuera del texto).
84. La jurisprudencia del Consejo de Estado, desde la sentencia de 25 de mayo de
201755 se ha ocupado de definir los parámetros que deben tenerse en cuenta en el
estudio de la culpabilidad en procesos de pérdida de investidura, pues se requiere
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 10 de
febrero de 2022, radicado núm.: 68001 2333 000 2021 00181 01.
53
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
54
Corte Constitucional, sentencia SU 424 de 16, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Elizabeth García González,
sentencia de 25 de mayo de 2017, radicado núm.: 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
23
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
evaluar si el servidor público de elección popular, en este caso, un concejal actuó
en forma dolosa o gravemente culposa, en la siguiente forma:
“[…]Sentencia de 25 de mayo de 2017
65. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 201756, indicó que
para definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían analizar
los elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
correspondían al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico.
66. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y el
marco normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación
general para el candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el
grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como
a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado
requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se estaba
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impidiera el reproche
subjetivo de su obrar.
[…]
Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017
70. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre de
201757, consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben
valorar en los procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión, aspecto que implica verificar si
se está ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista
alguna circunstancia que permita descartar la culpa […]”.
Sentencia de 10 de mayo de 2018
71. Esta Corporación, en sentencia de 10 de mayo de 201858, consideró que la
omisión del deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar
un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades
que le impiden serlo derivaba en “[…] una conducta negligente de su parte
[…]”59.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de 2017, C.P. María
Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
57
Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; Magistrado Ponente, doctor José Fernando Reyes
Cuartas.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 170012333000201600473-01.
59
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
Número único de radicación: 810012339000201600056-01; providencia en la cual se consideró que “[…] El proceder del
demandado deriva en negligente, habida cuenta que no verificó el régimen de inhabilidades que rodeaba el cargo al cual
aspiró, pues ello le hubiera permitido percatarse que en su persona se erigía una prohibición para aspirar y ser elegido
Concejal Municipal […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de
agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01;
providencia en la cual se consideró que “[…] está claramente establecido en este proceso que no obstante su deber de
conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la correspondiente responsabilidad […]”;
24
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
72. En ese sentido, concluyó que “[…] el demandado, por elemental cautela y
cuidado, ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables al
cargo al cual pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que actuó
de forma diligente […]”.
[…]
Sentencia de 11 de marzo de 2021
77. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 202160, consideró que
“[…] no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de
quien es acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida
de investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado
una inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener
por superada la censura de su conducta. Precisamente […] el análisis de la
culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación
de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por el demandado […]”.
78. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías
jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la
formulación correcta y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de
ser necesario, de la documentación y elementos que permitan su debida
comprensión, inquietud que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos
que son verdaderos motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de
pérdida de investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado,
las apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y
asesorías deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo
tal que de estos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y
razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de
investidura.
[…]” (Negrilla y subrayado del texto)
85. De acuerdo con lo anterior, si el servidor público conocía que una determinada
conducta era constitutiva de una causal de pérdida de investidura y, a pesar de ello,
incurrió en ese comportamiento, se estaría ante un grado de culpabilidad doloso,
pero si el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta pero, en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba
contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante
un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran
impedido.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número
único de radicación: 760012333000201800572-01; providencias en las cuales se consideró que “[…] No hay prueba en el
expediente que permita determinar que el Concejal demandado obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es
culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su
obrar. Al respecto, cabe precisar que el artículo 9.º del Código Civil, según el cual, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de
excusa […]”.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de 2021, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
25
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
86. En el sub examine se encuentra probado que el señor Rafael Alfonso Palacio
Blanco fungió como concejal para el período constitucional 1998-200261. Además,
aspiró a ser cabildante y resultó elegido para el período constitucional 2024-2027.
87. De conformidad con el certificado expedido por la Escuela Superior de
Administración Pública, el señor Alfonso Palacio Blanco participó en el curso sobre
“[…] INDUCCIÓN CONCEJALES ELECTOS MUNICIPALES Y DISTRITALES
[…]62” (negrilla del texto).
88. Ahora, es un hecho cierto que la ESAP indicó que no tenía certeza de que el
accionado participó en el curso sobre “[…] ACCESO PLATAFORMA DE ESTUDIO
• CURSO CONCEJALES ELECTOS 2024 – 2027 […]” el cual se celebró el 11 de
enero de 2024, sin embargo, existe constancia de su participación en el curso sobre
inducción para concejales electos. En todo caso, la falta de capacitación no
exoneraría al inculpado de conocer e indagar el régimen de prohibiciones que
regían para el cargo para el cual resultó elegido63.
89. El conocimiento de las prohibiciones e incompatibilidades del cargo al cual
aspiró era una obligación general y dentro de este marco normativo debía conocer
que el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política, en consonancia con el
artículo 8º, numeral 1.°, literal f), de la Ley 80 de 1993, introduce una
incompatibilidad general para los servidores públicos consistente en la prohibición
de celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato
alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren
recursos públicos, salvo las excepciones legales.
90. Ahora, no resulta suficiente argumentar la buena fe simple, pues quien aspira
a ser elegido a un cargo de elección popular está en la obligación de conocer y
asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le impone64.
91. Tampoco se logró demostrar que la conducta del accionado estuviera
justificada en la buena fe calificada ni en un error invencible, el cual se configura,
por ejemplo (i) ante la existencia de interpretaciones disímiles respecto de la causal
de pérdida de investidura o (ii) cuando se demuestre que el servidor público de
elección popular haya acudido a la asesoría profesional para salir de la ignorancia65.
92. En efecto, según se indicó supra, desde el año 2016, existe un criterio
jurisprudencial uniforme al interior de esta Sección consistente en señalar que el
inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política, en consonancia con el artículo
61
021. Expediente digital.
62
014. Expediente digital.
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de 2024, CP: Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, radicado: 50001 23 33 000 2024 00029 01.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de agosto de 2021, MP:
Oswaldo Giraldo López, radicado: 76001-23-33-000-2020-00838-01.
65
Se pueden consultar: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
noviembre de 2021, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado: 05001-23-33-000-2021-00618-01; (ii) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de septiembre de 2021, CP: Oswaldo Giraldo López,
radicado: 47001-23-33-000-2020-00544-01.
26
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
8º, numeral 1.°, literal f), de la Ley 80 de 1993, prevé una incompatibilidad que
resulta aplicable a los concejales, cuya transgresión da lugar a la sanción de
pérdida de investidura66. Además de ello, la jurisprudencia de esta Corporación, ha
señalado que, en el evento de comprobarse que el servidor público de elección
popular celebró un contrato estatal, indistintamente de si se trata del municipio
donde resultó elegido el servidor público y del nivel territorial al que pertenece la
entidad, se configura el elemento objetivo de esta causal de incompatibilidad.
93. Por otro lado, el accionado, en la audiencia pública prevista en el artículo 12 de
la Ley 1881 de 2018, invocó el concepto de 8 de junio de 2020, radicado núm.
20206000220011 emitido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.
94. Consultada la página web del Departamento Administrativo de la Función
Pública67, esta entidad, en concepto de 8 de junio de 2020, al resolver la pregunta
sobre “[…] el eventual impedimento para que un concejal suscriba un contrato con
una empresa privada que presta servicios de salud en una E.S.E. de otro municipio
[…]”, indicó lo siguiente:
“[…] En atención a su interrogante contenido en su oficio de la referencia,
relacionados con el eventual impedimento para que un concejal suscriba
un contrato con una empresa privada que presta servicios de salud en una
E.S.E. de otro municipio, me permito manifestarle lo siguiente:
Sea lo primero señalar que la Constitución Política de Colombia,
establece:
“ARTICULO 312. (...)
La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de
los Concejales y la época de sesiones ordinarias de los Concejos. Los
Concejales no tendrán la calidad de empleados públicos.
66
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Rafael E. Ostau De
Lafont Pianeta, sentencia de 10 de marzo de 2005, radicado: 44001-23-31-000-2004-00056-01 (PI).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia
de 21 de enero de 2016, radicado núm.: 13001-23-33-000-2014-00333-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Elizabeth García González, sentencia
de 2 de agosto de 2017, radicado: 73001-23-33-0005-2016-00620-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de
16 de abril de 2020, radicado núm.: 54001 2333 000 2019 00091 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, radicado núm.: 05001-23-33-000-2019-02158-01(PI).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 1 de
diciembre de 2022, radicado núm.: 52001 2333 000 2021 00188 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 14 de
diciembre de 2022, radicado núm.: 5001 2333 000 2021 01619 01.
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 16 de abril de 2020, radicado núm.: 54001 2333 000 2019 00091 01.
67
Este concepto será valorado de conformidad con el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 que señala:
“[…] Artículo 177. Prueba de las normas jurídicas El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las
leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte.
La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, por el
cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país.
[…]
Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será
necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente.
PARÁGRAFO. Cuando sea necesario se solicitará constancia de su vigencia. […]” (Negrilla fuera del texto).
Lugar de consulta: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137874
27
Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
Su aceptación de cualquier empleo público, constituye falta absoluta.”
(Subrayado fuera de texto)
Sobre la naturaleza jurídica del concejal (sic) municipal el H. Consejo de
Estado en sentencia de 20 de mayo de 2001, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Exp, AC12-157 señaló lo siguiente:
"...El artículo 123 de la Carta Política adopta la denominación genérica de
servidores públicos para referirse a las personas que prestan sus servicios
al estado. Según esa norma, los servidores públicos comprenden las
siguientes categorías: la de los miembros de las corporaciones públicas,
la de los empleados públicos y la de los trabajadores oficiales.
Quiere decir lo anterior que el concepto de servidores públicos es genérico
y está integrado por las especies ya señaladas.
De manera que el concejal, según el articulo (sic) 123 de la carta, es un
servidor público de la especie miembro de corporación pública, pues,
además, expresamente el artículo 312 ibidem, señala que no tiene la
calidad de empleado público, lo cual está en armonía con lo ya dicho,
dado que los empleados públicos son otra especie del género servidores
públicos.
"...incluso, como se verá a continuación, un estudio sistemático de la
constitución permite concluir que el constituyente utilizó los términos
empleado y funcionario como formas de referirse a los servidores públicos
destinatarios de los preceptos normativos superiores y no como un
concepto que agota y define la naturaleza jurídica del cargo..."
En este orden de ideas, para la sala es claro que la voluntad constituyente
no fue clara en señalar la existencia de dos categorías diferentes: la de
empleado y la de funcionario público. Por consiguiente, la determinación
superior de excluir de la calidad de empleado público al concejal, debe
interpretarse en un sentido amplio y excluir también el carácter de
funcionario.
"...en consecuencia, los concejales son servidores de elección popular
directa que no tienen la calidad de empleados y, por consiguiente,
tampoco de funcionarios".
[…]
De conformidad con lo anterior, los concejales se constituyen como
servidores públicos miembros de corporaciones públicas de elección
popular.
Ahora bien, en relación con los servidores públicos, la Constitución
Política de Colombia, establece:
“ARTICULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por
interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con
entidades públicas o con personas privadas que manejen o
administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. (…)”
(Negrilla y subrayado fuera del texto original).
Por su parte, la Ley 136 de 19941, señala:
“ARTICULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán:
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Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
“(...)”
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o
ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o
celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con
las excepciones que más adelante se establecen.
“(…)”
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o
jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos
públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del
mismo o reciban donaciones de éste. “(…)”
Con respecto a las inhabilidades para contratar, la Ley 80 de
19932 contempla:
“ARTICULO 8. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PARA CONTRATAR.
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para
celebrar contratos con las entidades estatales:
(...)
f) Los servidores públicos.
(...)”
El Consejo de Estado mediante Sentencia Radicación núm.: 44001 2331
000 2004 00056 01 de 10 de marzo de 2005, Consejero ponente Doctor
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, respecto a la celebración de contratos
con entidades del Estado por parte de los Concejales, señaló:
“4. El artículo 127 del Estatuto Supremo establece ciertamente una
incompatibilidad genérica para los servidores públicos, en el sentido de
que por regla general no pueden celebrar contratos, por sí o por
interpuesta persona, o en representación de otro, con entidades públicas
o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos.
Las excepciones a esa regla deben ser señaladas por ley, lo que quiere
decir que deben ser expresas, taxativas y precisas, como toda excepción,
y por lo mismo requiere ser demostrada.
Quiere decir que quien pretenda encontrarse en una situación de
excepción, no sólo debe alegarla, sino también demostrarla.
No hay lugar a discusión que los concejales tienen la calidad de servidores
públicos, en tanto son miembros de una corporación administrativa
territorial, y el artículo 123 de la Constitución Política los cataloga o define
como tales al decir que "Son servidores públicos los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios". (Resaltado
nuestro)
Así las cosas, en principio, o por regla general, los concejales, en tanto
servidores públicos se encuentran cobijados por la incompatibilidad o
prohibición establecida en el artículo 127 de la Constitución Política, salvo
que exista norma especial para ellos que regule el punto y en ese orden
los exceptúe de dicha regla, respecto de lo cual la demandada se remite
a la Ley 136 de 1994, y de ella invoca él artículo 45, del cual deduce que
la incompatibilidad se circunscribe al mismo municipio o distrito, o a sus
entidades descentralizadas.
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Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
Para claridad del punto conviene traer la disposición pertinente de dicho
artículo, así:
"ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán:
(...)
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o
ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o
celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con
las excepciones que más adelante se establecen.
(...)
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o
jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos
públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del
mismo o reciban donaciones de éste.
Significa lo anterior que se está ante una regulación especial, pero de ella
no se deduce el señalamiento de excepción alguna frente a la regla
general, y menos en el sentido de que sustrae de ésta a los concejales,
pues ello no se dice de forma expresa, como debe ser, ni tampoco puede
considerarse implícito, toda vez que no existe razón para que pese a su
condición de servidores públicos se les exceptúe de dicha
incompatibilidad general. De suerte que la norma transcrita no hace más
que reiterarla respecto de los concejales en relación con el municipio en
el que se desempeñan como tales, sin que se deba interpretar que
excluye los demás ámbitos u órdenes territoriales de la Administración
Pública. Por ello resulta armónica y complementaria con el artículo 127 de
la Constitución Política. (Resaltado nuestro)
De conformidad con las normas y jurisprudencia citadas, se infiere que la
calidad de concejal y por tanto de servidor público se adquiere desde el
momento de la elección; por lo tanto, el Concejal electo de un municipio,
al tener la calidad de servidor público, está impedido para celebrar
contratos con entidades del Estado, toda vez que infringiría lo establecido
en el articulo (sic) 127 de la Constitución Política y en el numeral 1º, literal
f) del articulo (sic) 8º de la Ley 80 de 1993.
En cuanto a la celebración de contrato con una entidad privada, tenemos
que el impedimento se encontraría si la misma, maneja o administra
recursos públicos, de conformidad con lo señalado en el artículo 127 de
la Constitución Política.
No obstante lo anterior, y dado que según los datos de la consulta se
entiende que el Concejal es médico, tenemos las siguientes
consideraciones:
La Ley 1368 de 2009, por medio de la cual se reforman los artículos 66 y
67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones, señala:
“ARTÍCULO 8°. EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO. Los
Concejales podrán ejercer su profesión u oficio, siempre y cuando con ello
no se interfieran las funciones que ejercen como tales, ni se trate de
asuntos en los cuales el municipio o sus entidades descentralizadas sean
parte.
ARTÍCULO 9°. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.”
(Subraya fuera del texto)
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Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
De la lectura del artículo anteriormente citado, se puede entender que el
legislador estableció el ejercicio de una profesión u oficio a los Concejales,
condicionándolo a dos circunstancias taxativas:
a) Cuando con ello no se interfieran las funciones que ejercen como tales.
b) Cuando se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades
descentralizadas sean parte.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, en sentencia con
Radicación número: 25000-23-41-000-2012-00468-01(PI) del 25 de julio
de 2013, se pronunció en torno Régimen de incompatibilidades de los
concejales como apoderados judiciales, en los siguientes términos:
“Atendiendo las razones de la alzada, le corresponde a la Sala dirimir si
se dieron los presupuestos para que se configure la causal de
incompatibilidad prevista en el literal d del artículo 46 de la Ley 136 de
1994.
3.1 La causal de incompatibilidad y el caso concreto.
La Sala deberá precisar el alcance y contenido de la causal de
incompatibilidad que se predica en este asunto, máxime si se tiene en
cuenta que el debate procesal se circunscribe a la interpretación de esta
y la subsunción de los hechos en el contenido de la prohibición que se
encuentra establecida en el literal d) del artículo 46 de la Ley 136 de 1994.
Así las cosas, la discusión no está sujeta a establecer si el demandado
actuó o no como apoderado en procesos judiciales al mismo tiempo que
se desempeñaba como concejal, ya que esa circunstancia se encuentra
plenamente acreditada y ha sido aceptada por las partes, la problemática
se encuentra dirigida a determinar si esas actuaciones constituyen causal
de pérdida de investidura.
(…)
De las normas citadas se desprende que, en principio, a los concejales
les está prohibido ejercer su profesión salvo en aquellos asuntos donde
ese ejercicio riña con los intereses del ente territorial y en los cuales el
concejal pueda, prevalido de su calidad y su posición, influir de alguna
manera en su gestión o resultado. Se trata entonces de evitar que los
intereses privados del concejal, derivados del ejercicio de su profesión,
entren en conflicto con los del municipio.
En efecto, el prenotado artículo 45 advierte que los concejales no podrán
desempeñar cargos en la administración pública, ni celebrar contratos, ni
actuar como apoderados ante dependencias del mismo municipio o
personas que administren tributos de este. Tampoco podrán pertenecer a
juntas directivas de organismos o entidades del mismo municipio entre
otros.
A la par de que el legislador fijó un catálogo de prohibiciones que
conforman el denominado régimen de incompatibilidades, dispuso de
eventos exceptivos que tienden por permitir el desarrollo de ciertas
actividades relacionadas con el devenir propio de la vida en sociedad, es
así como se permite que los concejales ejerzan la cátedra universitaria,
actúen en las diligencias administrativas y judiciales en las que ellos
mismos, su cónyuge o hijos tengan interés, eleven reclamos por el cobro
de tributos de cualquier naturaleza y se desempeñen como apoderados o
defensores en procesos que se diriman en la rama jurisdiccional.
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Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
(…)
De acuerdo con lo señalado, el artículo 8 de la Ley 1368 de 2009, no
deroga el numeral (2) del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, toda vez que
la norma posterior, permite el ejercicio de una profesión u oficio de manera
general, cuando con ello no se interfieran las funciones que ejercen como
Concejal y cuando se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus
entidades descentralizadas sean parte. A manera de ejemplo, un Concejal
médico, podría en virtud del artículo 8 de la Ley 1368 de 2009, ejercer su
profesión siempre y cuando con ello, no se interfieran las funciones que
ejercen como Concejal.
En este orden de ideas y respondiendo puntualmente su pregunta, resulta
viable que un concejal celebre un contrato de prestación de servicios
como médico, para prestar asesoría en Seguridad Social con una
empresa privada que presta servicios de salud en una E.S.E., en un
municipio diferente a donde es concejal, siempre que dicha empresa no
maneje o administre recursos públicos, de conformidad con lo señalado
en el artículo 127 de la Constitución Política y no se interfieran las
funciones que ejerce como Concejal. […]”. (Cursivas, negrilla y subrayado
del texto)
95. De los apartes antes transcritos, se tiene que el concepto emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública (i) absolvió la pregunta acerca
de si existía alguna prohibición para que un concejal suscribiera un contrato con
una empresa privada que presta servicios de salud en una E.S.E. de otro municipio;
(ii) invocó la sentencia de 10 de marzo de 2005, citada supra, fallo judicial que
inauguró la tesis jurisprudencial conforme a la cual el inciso 1.° del artículo 127 de
la Constitución Política es causal de pérdida de investidura de los concejales; (iii)
reiteró que el legislador previó eventos exceptivos de las incompatibilidades
previstas en la Ley 136 de 1994 las cuales son expresas y taxativas; es así como
se permite que los concejales ejerzan la cátedra, actúen en las diligencias
administrativas y judiciales en las que ellos mismos, su cónyuge o hijos tengan
interés, eleven reclamos por el cobro de tributos de cualquier naturaleza y se
desempeñen como apoderados o defensores en procesos que se diriman en la
rama jurisdiccional; (iv) indicó que el artículo 8 de la Ley 1368 de 2009, no deroga
el numeral (2) del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y, (v) la citada entidad respondió
que era viable que un cabildante celebrara un contrato de prestación de servicios
como médico, para prestar asesoría en seguridad social con una empresa privada
que presta servicios de salud en una E.S.E. Esto significa que el referido concepto
se refiere a una situación jurídica diferente y distinta a la que se encontraba el
accionado.
96. De lo anterior, se deduce que el concepto emitido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública no tiene el alcance que le atribuye el
accionado, esto es, que el artículo 8° de la Ley 1368 de 2009 introduce una
excepción al régimen de incompatibilidades.
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Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
97. Se insiste, no resulta posible conferirle al artículo 8° de la Ley 1368 de 2009, el
alcance y la interpretación que pretende darle el accionado, en el sentido de
considerar que incorpora una excepción al régimen de incompatibilidades. Como
ya se analizó, en primer término, a partir de una interpretación literal de la norma,
se deduce que este no es el querer del legislador y, en segundo lugar, resulta claro
que esta disposición normativa no exceptúa el régimen de incompatibilidades ni la
causal de pérdida de investidura prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de la
Constitución Política, en consonancia con el artículo 8º, numeral 1.°, literal f), de la
Ley 80 de 1993; por el contrario, ambas disposiciones resultan compatibles.
98. Tampoco resulta aplicable la excepción prevista en el literal e) del artículo 19 de
la Ley 4ª de 18 de mayo de 1992. Según se indicó supra, esta norma no resulta
complementaria con las excepciones previstas en el artículo 46 de la Ley 136 de
1994 y en el artículo 10 de la Ley 80 de 28 de octubre de 1993, porque regulan
materias de naturaleza jurídica distinta.
99. Ahora, el hecho de que el contrato estatal se haya celebrado por nueve (9) días
– desde el 21 al 29 de febrero de 2024- no hace desaparecer la configuración de la
prohibición constitucional, puesto que esta situación no se encuentra prevista como
excepción en la Constitución Política ni en la ley.
100. Del estudio de las pruebas aportadas en el expediente, la Sala concluye que el
concejal no desplegó ninguna conducta para indagar la situación en la que se
encontraba y así averiguar si la celebración del contrato de prestación de servicios
profesionales con la E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga daba lugar a la
violación de la incompatibilidad prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de la
Constitución Política, en consonancia con el artículo 8º, numeral 1.°, literal f), de la
Ley 80 de 1993, y si su inobservancia acarreaba la pérdida de investidura.
101. Por las anteriores razones, se logró demostrar el grado de culpabilidad previsto
en el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley
2003 de 2019, esto es, la culpa grave que, según el Código Civil consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios68.
II.7. Conclusiones
102. La Sala considera que los argumentos del recurso de apelación interpuesto por
la parte accionante tienen vocación de prosperidad. En consecuencia, se revocará
la sentencia de 25 de octubre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Magdalena para, en su lugar, acceder a la solicitud de pérdida
de investidura del concejal del municipio de Puebloviejo, Rafael Alfonso Palacio
Blanco, elegido para el período constitucional 2024-2027.
68
Artículo 63 del Código Civil.
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Radicación núm.: 47001 2333 000 2024 00308 01
Solicitante: Pedro Luis Gutiérrez Carbonó
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 25 de octubre de 2024, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de investidura del concejal del municipio de
Puebloviejo, señor Rafael Alfonso Palacio Blanco, elegido para el período
constitucional 2024-2027.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Salva voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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