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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2025-00068-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2025-00068-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 15001-23-33-000-2025-00068-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 150012333000202500068011
Recursos de apelación contra la sentencia de 20 de noviembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

TESIS: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXIGE, EN SEGUNDA INSTANCIA,
RESOLVER LOS CARGOS QUE SE HUBIEREN OMITIDO RESOLVER EN PRIMERA
INSTANCIA. CONFIGURACIÓN DE ELEMENTO SUBJETIVO EN LA
TRANSGRESIÓN DE INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 45,
NUMERAL 2, DE LA LEY 136 DE 1994. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:
CONCEJALES NO PUEDEN EJERCER COMO APODERADOS ANTE ENTIDADES
PÚBLICAS DEL RESPECTIVO MUNICIPIO, LA AUTOINCRIMINACIÓN NO ESTÁ
PERMITIDA, EN PRINCIPIO, EN EL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA.
NO SE CONFIGURÓ INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS POR EL
COBRO DEL RECONOCIMIENTO DE TRANSPORTE DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY
136.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procederá a decidir los recursos de apelación interpuestos
por el solicitante y accionado contra la sentencia de 20 de noviembre
de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Boyacá, mediante la cual decretó la pérdida de investidura del
concejal de Cuítiva (Boyacá), señor JOSÉ ANTONIO CEPEDA
TENZA, por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-
2027.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, deben confrontarse de forma virtual.

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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El personero de Cuítiva (Boyacá), señor FABIO GUILLERMO
ARAQUE ÁLVAREZ, actuando en dicha condición, (designado
mediante la Resolución 008 de 19 de enero de 2024, expedida por el
Concejo de Cuítiva (Boyacá), posesionado el 2 de febrero de 2024),
solicitó decretar la pérdida de investidura del concejal de Cuítiva
(Boyacá), señor JOSÉ ANTONIO CEPEDA TENZA, por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027, al considerar
que transgredió el régimen de incompatibilidades e incurrió en
indebida destinación de dineros públicos, como está previsto en los
artículos 55, numerales 2 y 3, de la Ley 136 de 2 de junio de 19942,
y 48, numerales 1 y 4, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003, en
consonancia con los artículos 45, numeral 2, y 46 de la Ley 136; 29,
numeral 1 y parágrafo, de la Ley 1123 de 22 de enero de 20074; y
8º de la Ley 1368 de 29 de diciembre de 20095.

I.2.- En apoyo de su pretensión, el solicitante censuró, en síntesis,
dos conductas del accionado, a saber: el ejercicio de la abogacía en
condición simultánea de servidor público (violación del régimen de
incompatibilidades) y la percepción indebida del auxilio de transporte
(indebida destinación de dineros públicos).

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
4 “[…] Por la cual se establece el código disciplinario del abogado […]”.
5 “[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras

disposiciones […]”.

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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

Sostuvo, en cuanto a la primera conducta, que, siendo abogado, el
accionado se inscribió como candidato a la Alcaldía de Cuítiva
(Boyacá), obtuvo la segunda votación, y accedió a una curul en el
Concejo por ministerio del artículo 25 de la Ley 1909 de 9 de julio de
20186, por el partido Alianza Verde. Y que, en su condición de
concejal-servidor público, el accionado ejerció la abogacía como
apoderado dentro de los siguientes procesos que se adelantan ante
la Secretaría de Gobierno con Funciones de Inspección de Policía de
Cuítiva (Boyacá): proceso de policía 2023-014, respecto del cual
allegó poder amplio y suficiente el 29 de noviembre de 2024; y
querellas policivas 2024-002 y 2024-003, actuación que consta en el
oficio SGMC-2025-008 de 14 de enero de 2025, expedido por la
misma Secretaría.

Indicó que, el 21 de agosto de 2024, mediante oficio SGMC-2024-
139 la Secretaría de Gobierno dio respuesta a una solicitud de
impedimento y/o recusación formulada por la apoderada de la señora
AURA LUCÍA PARDO RODRIGUEZ en las querellas 2024-002 y
2024-003, en la que expuso por qué el concejal no podía ejercer la
abogacía, simultáneamente con su cargo público, y que se
configuraba una incompatibilidad en los términos del artículo 29,
numeral 1 y parágrafo de la Ley 1123.

Mencionó que tal providencia se comunicó al accionado, pero el 1o.
de noviembre de 2024 este radicó, ante la Secretaría de Gobierno,
un memorial en el que insistió en continuar actuando como
apoderado en los procesos policivos referidos, con pleno
conocimiento de la incompatibilidad advertida. Y que esa actuación

6 “[…] Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las

organizaciones políticas independientes […]”.

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Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

fue dolosa, toda vez que es abogado titulado e inscrito y conocedor
de las incompatibilidades que le resultaban aplicables como concejal.

Agregó, a partir de dos conceptos del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DAFP, que los
servidores públicos —incluidos los concejales— están inhabilitados
para ejercer la abogacía incluso en el sector privado, de conformidad
con la Ley 1123 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, salvo
cuando litiguen en procesos judiciales ante la rama judicial, y
siempre que no afecten las funciones del cargo y el municipio o sus
entidades descentralizadas no sean parte, con fundamento en los
artículos 46 de la Ley 136, 29 de la Ley 1123 y la Ley 1368.

Señaló, en cuanto a la segunda conducta, que el accionado se
benefició ilegalmente del auxilio de transporte durante el año 2024
en su condición de concejal, según certificaciones de egreso
expedidas por la Secretaría de Hacienda de Cuítiva (Boyacá), toda
vez que el artículo 67 de la Ley 136, modificado por el artículo 2º de
la Ley 1368, reconoce dicho valor, exclusivamente, a los concejales
que residan en zonas rurales, mientras que el accionado reside en el
área urbana del municipio de Sogamoso (Boyacá), según: (i) su hoja
de vida en la que incluyó una dirección de correspondencia en zona
urbana de Sogamoso (Boyacá); (ii) el formulario de declaración
juramentada de bienes, rentas y actividad económica privada
persona natural SIGEP 2, en el que indicó, como domicilio principal,
el mismo de la zona urbana de Sogamoso (Boyacá); (iii) los
certificados de egreso expedidos por la Secretaría de Hacienda de
Cuítiva (Boyacá), que reportaron esa misma dirección para el
beneficiario según oficio SHMC-002-2025 de 7 de enero de 2025
expedida por la Secretaría de Hacienda; y (iv) el certificado de

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Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

ingresos y retenciones por rentas de trabajo de la DIAN, que registra
dicha dirección.

Refirió que si bien en la hoja de vida del accionado obra un
documento de 22 de marzo de 2024, suscrito por YIMER LUPERCIO
CORREA PIRAGAUTA, en calidad de presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda Macías de Cuítiva (Boyacá), que lo
acredita como vecino de esa vereda, y con base en ese certificado —
aparentemente espurio— el alcalde autorizó los pagos del auxilio de
transporte, lo cierto es que mediante oficio PMC-2025-014 de 14 de
enero de 2025 solicitó certificación de residencia del concejal, a lo
que el presidente de esa JAC respondió el 17 de enero de 2025 que
no le era posible expedirla porque no contaba con información de
residencia del concejal en la vereda ni tenía conocimiento de que ese
fuera su lugar de residencia permanente.

I.3.- El accionado, actuando en nombre propio, se opuso a la
solicitud de pérdida de investidura, para lo cual arguyó, respecto a la
incompatibilidad que se le enrostra, que actuó conforme al artículo
8º de la Ley 1368, porque no interfirió con su función de concejal y
no se trató de asuntos en los cuales el municipio de Cuítiva (Boyacá),
o sus entidades descentralizadas, fuesen parte.

Adujo que el 1o. de noviembre de 2024 allegó información ante la
Secretaría de Gobierno con Funciones de Inspección de Policía de
Cuítiva (Boyacá); y que el 6 de diciembre de 2024 presentó un
alcance a esa misma comunicación, dejando claro que las leyes 136,
1123 y 1368 no prohíben a los concejales ejercer su profesión de
abogado, salvo que lo hagan en contra de la Nación, el
departamento, el distrito o el municipio según la esfera

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Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual
presten sus servicios. Y que desde el momento de su posesión como
concejal de Cuítiva (Boyacá), jamás ha litigado ni litigará en contra
del municipio.

Mencionó que los procesos policivos dentro los que se le otorgó poder
para actuar —que correspondían a asuntos entre particulares—
quedaron simplemente con los poderes radicados ante la Secretaría
de Gobierno con Funciones de Inspección de Policía, pues, la titular
de ese Despacho, ANGÉLICA DANIELA SUÁREZ LUNA, decidió no
adelantarlos a la espera de los resultados de la presente acción. Y
que en ningún momento llegó a litigar; la litis versaba sobre un
asunto entre particulares; y jamás recibió poder para litigar en contra
del municipio de Cuítiva (Boyacá) ni de la Nación, razones por las
cuales dejó constancia ante la plenaria del Concejo de Cuítiva
(Boyacá), de que se abstendría de realizarle control político a la
Secretaría de Gobierno con Funciones de Inspección de Policía del
municipio, que, como en efecto, nunca lo ha hecho en contra de
ninguna dependencia del ente territorial.

Indicó, con relación a la indebida destinación de dineros públicos, que
nunca se benefició ilegalmente del auxilio de transporte, toda vez
que:

(i) Durante su campaña como candidato a la Alcaldía de Cuítiva
(Boyacá), celebró un contrato de arrendamiento de local —el 1o.
de octubre de 2022, con la señora FLOR ESTER CORREA
CUPASACHOA, sobre el inmueble ubicado en la Calle 5 #3-28
del perímetro urbano de Cuítiva (Boyacá), con canon mensual de

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Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

$120.000—, lo que demuestra que su domicilio en Cuítiva
(Boyacá) es real y anterior a su posesión como concejal.

(ii) Desde el momento de su posesión, celebró un contrato verbal
con su prima LUZ MERY CEPEDA RODRÍGUEZ, quien lo acogió
en su casa de habitación en la vereda Macías de Cuítiva (Boyacá),
arrendándole una habitación y suministrándole el desayuno o
almuerzo según el caso para pernoctar en los días de sesión —
ordinaria o extraordinaria—, vigente desde el 1o. de enero de
2024 hasta el 29 de abril de 2025, fecha en la cual la señora le
informó que no podía continuar con dicho acuerdo por razones de
salud de su señora madre GABRIELINA RODRÍGUEZ.

(iii) A partir del 30 de abril de 2025, suscribió un nuevo contrato
verbal en idénticos términos con el señor DILSON CEPEDA,
quien lo acogió en su casa en la vereda Cordoncillos de Cuítiva
(Boyacá), vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que
viaja de Sogamoso (Boyacá) a Cuítiva (Boyacá) para atender las
sesiones; que por economía de tiempo y costo, le resulta más
factible pernoctar en Cuítiva (Boyacá); y que de lo anterior da fe,
entre otros, la concejal LINA MARCELA TOBÓN CEPEDA, quien,
en ocasiones, durante el año 2024, se desplazó en su compañía
hasta el casco urbano de Cuítiva (Boyacá).

Aclaró que el señor YIMER LUPERCIO CORREA PIRAGAUTA,
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Macías de
Cuítiva (Boyacá), tiene conocimiento de que gran parte de la familia
Cepeda reside en ese sector; y que verbalmente le manifestó que él
estaba en la vereda, razón por la que en la certificación de marzo de
2024 anotó ‘vecino’ más no ‘residente’, quien además le expresó que

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lo observaba con bastante frecuencia en la vereda y le hizo varias
peticiones comunitarias, tales como la inclusión de una viuda en el
programa de la tercera edad, el arreglo de vías terciarias y su
participación en las festividades de San Pedro.

Insistió en que el presidente de la JAC de la vereda Macías en Cuítiva
(Boyacá), no sabía con certeza su dirección de residencia en
Sogamoso (Boyacá) ni si residía de forma permanente en Cuítiva
(Boyacá), toda vez que la Personería Municipal nunca le preguntó
sobre su vecindad en esa vereda. Y que el alcalde de Cuítiva
(Boyacá), señor JORGE ANDRÉS ALARCÓN AVELLA, quien
también es vecino de la vereda Macías, puede dar fe de su condición
de vecino cuando pernoctaba en la casa de habitación de su prima
LUZ MERY CEPEDA RODRÍGUEZ en esa vereda, y ahora en la de
DILSON CEPEDA en la vereda Cordoncillos de Cuítiva (Boyacá),
para asistir oportunamente a las sesiones sin necesidad de doblar el
desplazamiento desde y hacia Sogamoso (Boyacá).

Finalmente, propuso tres excepciones de mérito: La primera
excepción la denominó ‘Desgaste del sistema judicial de nuestro
país’, porque el actor promovió el libelo introductorio a sabiendas de
que el accionado no infringió ninguna de las leyes que cita en la
solicitud, con lo cual ocasionó un desgaste innecesario del aparato
judicial; la segunda excepción la denominó ‘Falta a la lealtad
procesal’, por cuanto la solicitud no se ajustó a la realidad de los
hechos, evidenciando un afán por perjudicarlo, aunque todo quedó
suficientemente explicado en la contestación.

Y la tercera excepción la denominó ‘Persecución sin fundamento’, en
la que sostuvo que el personero municipal de Cuítiva (Boyacá), —

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Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

actor en el caso concreto— inició contra él una persecución
sistemática, cuyo origen atribuye a que durante la convocatoria para
elegir ese cargo el señor FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ
habría abordado a su hermano, el señor NÉSTOR EMIRO CEPEDA
TENZA, para manifestarle que lo utilizaría de intermediario para salir
elegido entre todos los candidatos a personero municipal —tráfico de
influencias—. Y que al percatarse de que la postulación de ese
candidato estaba viciada por esa circunstancia, decidió votar en
contra de su elección.

Arguyó que una vez el señor FABIO GUILLERMO ARAQUE
ÁLVAREZ resultó elegido personero de Cuítiva (Boyacá), inició una
serie de actuaciones en su contra, a saber: (i) les manifestó a todos
los presidentes de Junta de Acción Comunal que, como concejal,
había expresado no quererlos ver en el Concejo Municipal, afirmación
que no es cierta; (ii) hizo circular entre empleados de la
administración local la amenaza de que le retiraría su tarjeta
profesional de abogado; (ii) hizo entender a la inspectora municipal
de Policía, doctora ANGÉLICA DANIELA SUÁREZ LUNA, que
saldría perjudicada solamente por recibir los poderes que le fueron
otorgados, razón por la cual se decidió no adelantar ninguna
actuación en esos procesos; (iv) intervino ante parte del Concejo
Municipal para que fuese el concejal SEBASTIÁN ALFONSO
URBANO quien ejerciera la presidencia de la corporación para el
período 2025, propuesta que no fue aceptada; (v) y en un
establecimiento abierto al público habría agredido físicamente a un
ciudadano en horas laborables, con la intervención de la Policía
Nacional y la imposición de dos comparendos, suceso ante el cual,
en una sesión del Concejo en que estaba presente el personero, se
le pidió explicar su comportamiento, pero no supo justificarlo y luego

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lo señaló falsamente como quien lo había denunciado ante el Concejo
en pleno.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo, mediante sentencia de 20 de noviembre de 2025, decretó
la pérdida de investidura del accionado, para lo cual, de forma previa,
negó la incorporación del Oficio DAMC-2025-0475 de 14 de octubre
de 20257, aportado por el actor, suscrito por el alcalde de Cuítiva
(Boyacá) y dirigido al presidente del Concejo Municipal, en el que
informaba que, de acuerdo con declaración extrajuicio, rendida por
el accionado, este no tenía derecho al pago del auxilio de transporte,
pues había declarado que su residencia se hallaba en el municipio de
Sogamoso (Boyacá), a lo que el concejal, con escrito de 16 de
octubre de 2025, había aclarado que sí residía allí únicamente en los
períodos en que no debía asistir a las sesiones del concejo de Cuítiva
(Boyacá); y que durante las jornadas de sesiones lo hacía en la zona
rural de dicho municipio.

Adujo que el accionado es abogado titulado desde el año 2017, con
aproximadamente 8 años de experiencia como litigante y más de 20
años como servidor público, circunstancias que obran en el Formato
Único de Hoja de Vida suscrito el 3 de enero de 2024, en certificación
expedida por el director de la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL
DE ABOGADOS, y en declaración juramentada rendida ante el

7 Para el efecto, con apoyo en el inciso final del artículo 281 del Código General del Proceso, el

Tribunal precisó que la categoría de hecho sobreviniente recae únicamente sobre aquellos que
modifican o extinguen el derecho sustancial objeto del litigio y que hayan acaecido con posterioridad
a la radicación del libelo introductorio. Y que, en el caso concreto, el Oficio DAMC-2025-0475 tenía
carácter meramente informativo y no demostraba circunstancia fáctica alguna ocurrida luego de
presentada la solicitud de pérdida de investidura, ni introducía ningún elemento relevante para la
quaestio facti, habida cuenta que la causa petendi giraba en torno a conductas anteriores a dicha
radicación, sin que el lugar de residencia actual del accionado resultara pertinente para la resolución
del fondo del asunto.

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Concejo Municipal en la que manifestó ejercer como 'abogado
litigante y docente de Derecho.

Señaló que, en mayo de 2024, el ciudadano OVELIO MORALES
GIRAL otorgó poder al accionado para presentar una denuncia penal
ante la fiscalía general de la Nación —Seccional de Sogamoso—,
diligencias identificadas con radicado 20570-01-010743, remitidas el
31 de julio de 2024, por competencia, a la Secretaría de Gobierno de
Cuítiva (Boyacá), dependencia que se abstuvo de convocar a
diligencia inicial.

Mencionó que, en noviembre de 2024, el ciudadano SILVANO
ALARCÓN PÉREZ otorgó poder al accionado para que lo
representara dentro de la querella policiva 2023-014, ante la
Secretaría de Gobierno de Cuítiva (Boyacá), en la que la diligencia
programada para el 26 de diciembre de 2024 fue suspendida,
precisamente, en razón al poder presentado por el concejal, en vista
de su condición de servidor público en ejercicio. Y que respecto del
trámite remisorio de la Fiscalía y de la querella 2023-014, no se
acreditó la ejecución material de actos propios del mandato durante
los años 2024 o 2025, pues la referida incompatibilidad no se
configura con el mero otorgamiento o reconocimiento de un poder,
sino que exige la ejecución efectiva de actividades en cumplimiento
del mandato —presupuesto cuya demostración correspondía al actor
como carga probatoria—, la cual no fue satisfecha con relación a
sendos trámites.

Sostuvo, a diferencia de lo anterior, que el accionado sí actuó como
apoderado en las querellas policivas 2024-002 y 2024-003 durante
la diligencia celebrada el 8 de agosto de 2024 ante la Secretaría de

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Gobierno de Cuítiva (Boyacá), fecha para la cual ya ejercía
simultáneamente su investidura de concejal. Y que, conforme al acta
de dicha diligencia, las actuaciones procesales efectivamente
desplegadas por el accionado fueron: (i) presentación de querella
escrita; (ii) reconocimiento de personería para actuar en
representación de dos querellantes; (iii) solicitud de acumulación del
trámite con la querella 2024-003; y (iv) petición de suspensión de la
diligencia, todo lo cual constituyó ejercicio material de actos
procesales propios del mandato, orientados a la defensa y a la
salvaguarda de los intereses de sus representados, con pleno
encuadramiento en el artículo 29 de la Ley 1123.

Desestimó los argumentos de la defensa porque, de un lado, la
incompatibilidad se configuró antes de que las diligencias fueran
suspendidas, pues los actos procesales ya habían sido ejecutados; y,
de otro, porque el texto del artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, no
exige que el municipio sea parte procesal, sino únicamente que el
concejal actúe como apoderado ante entidades públicas del
respectivo municipio, de suerte que no es de recibo la excusa, según
la cual, el ente territorial de Cuítiva (Boyacá) no revestía la calidad
de sujeto procesal en las querellas.

Con relación al elemento subjetivo, anotó que el accionado es
abogado titulado con larga trayectoria litigante y docente
universitario en derecho, condición que hacía exigible el
conocimiento del régimen de incompatibilidades; que el artículo 8º
de la Ley 1368 no derogó el régimen previsto en los artículos 45 y
46 de la Ley 136, ni habilitó a los concejales para actuar como
apoderados de terceros ante dependencias o entidades del mismo
municipio. Y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, al tenor

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de los artículos 4º de la Constitución Política y 9º del Código Civil,
exigencia que se acentúa tratándose de un abogado en ejercicio.

Arguyó que los oficios suscritos por el accionado el 1o. de noviembre
y 6 de diciembre de 2024 —en los que invocó expresamente el
artículo 8º de la Ley 1368 y disposiciones de las leyes 136 y 1123
para justificar su continuidad como apoderado ante la Secretaría de
Gobierno— evidenciaron un dominio normativo concreto sobre el
régimen aplicable y descartaron que su conducta fuera producto de
error, desconocimiento o negligencia.

Destacó la persistencia en la conducta reprochada, porque mediante
oficio de 21 de agosto de 2024 la Secretaría de Gobierno informó al
accionado que, por su condición de concejal del mismo municipio, no
podía continuar fungiendo como abogado en los trámites en curso,
pero que, aun así, el 28 de noviembre de 2024 el accionado aceptó
un nuevo poder dentro de la querella 2023-014, lo que evidenció una
voluntad sostenida e ininterrumpida de mantener el ejercicio
profesional litigioso en detrimento de las restricciones legales.

Resaltó la conducta evasiva del accionado en el oficio de 6 de
diciembre de 2024, en el que declaró, expresamente, que para evitar
cualquier inconveniente se abstendría de ejercer control político a la
Inspección de Policía —titular de los procesos en que actuaba como
apoderado— mientras estos se encontraran pendientes de
resolución, lo que revelaba una conciencia clara del conflicto de roles
al subordinar el deber funcional de control político, al interés privado
de sus clientes. Y que ello se corroboró con la declaración de parte
rendida en la audiencia de pruebas de 3 de julio de 2025, en la que
el accionado aceptó que la secretaria de Gobierno fue convocada en

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dos oportunidades a sesión de control político y que en ambas se
abstuvo de formularle preguntas, precisamente por los procesos
policivos en que actuaba como litigante ante dicha dependencia,
conducta dolosa a título de dolo sancionatorio-disciplinario, en cuanto
implicó una deliberada subordinación del deber funcional al interés
privado.

Manifestó que ante la prosperidad de la causal de violación al régimen
de incompatibilidades en el presente asunto, por sustracción de
materia, no abordó la causal relativa a la indebida destinación de
dineros públicos.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

III.1.- El concejal, esta vez a través de apoderado, interpone
recurso de apelación contra la sentencia de 20 de noviembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el que
solicita revocar y, en consecuencia, denegar la solicitud de pérdida
de investidura, para lo cual circunscribe los motivos del recurso,
exclusivamente, al elemento subjetivo de la conducta, luego de
reconocer que el componente objetivo de la incompatibilidad está
demostrado. Y que, por tales razones, toda la argumentación del
recurso se orienta a desvirtuar la calificación de dolo que sustentó la
condena de primera instancia, con miras a obtener la revocatoria del
fallo, ante la existencia de buena fe o, en su defecto, de un error de
prohibición.

Plantea, como primer argumento, que el accionado actuó bajo una
interpretación normativa razonable del artículo 8º de la Ley 1368,
conforme al cual los concejales pueden ejercer su profesión u oficio

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siempre que no interfieran en sus funciones ni litiguen contra el
municipio; y que si bien el Tribunal desvirtuó dicha exégesis, aquella
conclusión era cuando menos plausible, lo que excluye la conciencia
de ilicitud propia del dolo.

Arguye, como segundo argumento, que la decisión de abstenerse de
ejercer control político a la Secretaría de Gobierno —valorada por el
a quo como conducta evasiva y dolosa— debe interpretarse, por el
contrario, como una manifestación de prudencia y buena fe orientada
a evitar un conflicto de intereses; y que dicha abstención nunca se
concretó materialmente, toda vez que sí asistió a las sesiones de
control político programadas y participó activamente en ellas.

Indica que la complejidad del ordenamiento jurídico colombiano —
que en este asunto involucra al menos tres fuentes legales y
constitucionales— le generó una confusión razonable y de buena fe,
pues fue precisamente su formación jurídica lo que le permitió
construir una interpretación diferente a la finalmente acogida por el
fallador, interpretación que, en todo caso, fue formulada bajo el
pleno convencimiento de licitud y que jamás podría calificarse como
doloso.

Aduce que lo ocurrido el 8 de agosto de 2024 fue una breve discusión
informal en la que no se instaló formalmente la audiencia, lo que
reforzó la convicción de no haber litigado; que su única actuación
posterior fue radicar misivas exponiendo su posición jurídica sin
imponer su criterio ni insistir en la continuación de las diligencias; y
que, por el contrario, acogió las recomendaciones de aplazamiento
formuladas por la contraparte y la Secretaría de Gobierno, conducta

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que, en su sentir, no equivale a litigar y resulta incompatible con el
actuar deliberado que exige la modalidad dolosa de culpabilidad.

Invoca el principio de proporcionalidad y concluye que la sanción
impuesta resulta totalmente desproporcionada: de un lado, el
ejercicio como abogado fue minúsculo; y de otro, no afectó
materialmente el desempeño de sus funciones como concejal, siendo
irrazonable aceptar que la pérdida de investidura —la sanción más
drástica porque genera su muerte política— sea la consecuencia de
haber coadyuvado una solicitud de aplazamiento.

Sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de un defecto
sustantivo, consistente en aplicar un régimen de responsabilidad
objetiva proscrito por el marco legal y jurisprudencial vigente, pues
la tesis del fallo, aunque nominalmente reconoce la subjetividad, en
la práctica infiere el dolo de la mera condición de abogado y del
resultado objetivo de su conducta, con apoyo en la expresión
‘estando en el deber de conocer’, lo que constituye, en esencia, una
presunción de dolo encubierta; y que mientras el análisis del
componente objetivo es detallado y concluyente, el del componente
subjetivo se apoya en inferencias y presunciones (‘presupone una
conducta esperada’, ‘de manera consciente y voluntaria, a sabiendas
que ello implicaba una transgresión’), sin demostración real de la
intención consciente y deliberada de infringir la ley.

Menciona que el Tribunal incurrió en un error jurídico adicional al
valorar el elemento subjetivo de su conducta, concretamente en
relación con el principio de congruencia entre la acusación y el fallo.
Y que el juez —tanto el de primera instancia como el ad quem— está
atado a esa calificación jurídica de la culpabilidad y no puede variarla

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oficiosamente, por lo que, si se acredita el dolo, el fallo es
condenatorio; pero si el dolo no se configura, el fallo debe ser
absolutorio, sin que sea procedente analizar la existencia de culpa
grave pues hacerlo vulneraría sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción, estrategia defensiva que
giró, únicamente, en torno a desvirtuar el dolo endilgado.

Invoca el principio non reformatio in pejus para delimitar el ámbito
de apelación del Consejo de Estado, y sostiene que la Sección está
impedida para pronunciarse sobre la causal de indebida destinación
de dineros públicos, prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley
617, pues habiendo encontrado probada la causal de violación al
régimen de incompatibilidades el Tribunal decidió no abordar el
estudio de la causal de indebida destinación de dineros públicos ‘por
sustracción de materia’, decisión que constituye, en su criterio, una
determinación explícita de no resolver el fondo del asunto respecto
de esa segunda causal, lo que implica la ausencia de condena previa
por dicho cargo.

III.2.- Por su parte, el personero de Cuítiva (Boyacá), en su calidad
de solicitante, también interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, con el que manifiesta que si bien está
conforme con la decisión de despojar de su investidura al concejal
por la transgresión del régimen de incompatibilidades, solicita (i) un
pronunciamiento acerca de la causal de indebida destinación de
dineros públicos, prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 136,
a la que no se refirió la providencia apelada, ‘por sustracción de
materia’, luego de encontrar configurado el primero de los eventos;
y (ii) que se reforme dicha providencia, por ser apelantes las dos

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partes, en el sentido de adicionarle la configuración de la causal de
indebida destinación de dineros públicos, tal como se esgrimió desde
la solicitud inicial.

Señala que el Tribunal desconoció frontalmente el artículo 55 de la
Ley 270 de 7 de marzo de 19968 —modificado por el artículo 22 de
la Ley 2430 de 9 de octubre de 20249—, que impone a los operadores
judiciales el deber de pronunciarse en la sentencia sobre todos los
hechos y asuntos planteados por los sujetos procesales. Y que al
abstenerse de examinar la causal de indebida destinación de dineros
públicos —prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617 y en
el artículo 55, numeral 3, de la Ley 136—, el fallador habría
desatendido igualmente el principio de congruencia establecido en el
artículo 281 del Código General del Proceso, que exige que la
sentencia esté en consonancia con todos los hechos y pretensiones
aducidos en el libelo introductorio.

Arguye que Cuítiva (Boyacá) es un municipio de sexta categoría,
cuyo casco urbano es tan reducido que cualquier residente dentro de
su perímetro urbano podría llegar a pie a la sede del concejo en
aproximadamente 5 minutos; que en el municipio ni siquiera existe
servicio de transporte público; y que, además, la Ley 2461 de 18 de
junio de 202510 fijó en $296.000 el valor de cada sesión para
municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, y amplió el número
de sesiones a 120, lo que acentúa el carácter exorbitante de
reconocer auxilio de transporte a quienes residen en el casco urbano.

8 “[…] Estatutaria de la Administración de Justicia […]”.
9 “[…] Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la administración de justicia- y se

dictan otras disposiciones […]”.
10 “[…] Por medio de la cual se fortalecen las corporaciones públicas municipales de elección popular,

se reconoce la actividad de los concejales y se dictan otras disposiciones […]”.

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Reitera los argumentos de la solicitud, en especial que el accionado
sí residía en el municipio de Sogamoso (Boyacá) y no en la zona rural
de Cuítiva (Boyacá), según: (i) el formato hoja de vida del DAFP, la
declaración de bienes y rentas y los comprobantes de egresos, en los
cuales el propio concejal consignó, de su puño y letra, como domicilio
la carrera 23 No. 2D-07, barrio Villa del Sol, Sogamoso (Boyacá); y
(ii) prueba testimonial, representada en la declaración de YIMER
LUPERCIO CORREA PIRAGAUTA, presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Macías de Cuítiva (Boyacá), quien expresó
categóricamente que el accionado no residía en esa vereda, que la
certificación que expidió no era en calidad de residente sino de vecino
—en el sentido de haberlo visto haciendo política en campaña—; y
que dicha certificación fue obtenida mediante presión o chantaje
político, pues el concejal le habría condicionado la colaboración con
el arreglo de las vías de la vereda a la expedición del documento,
compromiso que nunca fue cumplido.

Critica la omisión del a quo de ordenar la compulsa de copias de las
diligencias a la Procuraduría Provincial de Sogamoso (Boyacá), a la
fiscalía general de la Nación y a la Contraloría General de Boyacá,
para que dichas entidades investiguen al cabildante por haber
consignado en documentos públicos y privados información que no
correspondía a la realidad.

Por último, controvierte el salvamento de voto suscrito por el
magistrado LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA, fundamento de
la apelación interpuesta por el accionado; y sostiene que tanto el
salvamento de voto como el recurso de alzada son contrarios al
ordenamiento jurídico y contienen afirmaciones alejadas de lo
probado en el expediente, por cuanto los elementos objetivo y

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subjetivo de ambas causales de pérdida de investidura están
debidamente acreditados.

IV.- TRASLADO DE LOS RECURSOS

El traslado del auto admisorio de los recursos de apelación, previsto
en el artículo 14, numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de
201811, fue descorrido así:

IV.1.- Si bien el concejal no radicó su oposición al recurso de
apelación interpuesto por el solicitante, durante el traslado del auto
admisorio en esta instancia, la Sala observa que sí lo hizo al final del
trámite de la primera instancia, a través de escrito de 30 de enero
de 2026, justo después de que aquel fuese radicado en el expediente.
Por tal motivo, y en aras de garantizarle al accionado su derecho
fundamental al debido proceso y defensa, la Sala valorará ese escrito
a pesar de haberse presentado de forma anticipada.

Allí, el concejal se opone a que el Consejo de Estado se pronuncie de
fondo sobre la causal de pérdida de investidura de indebida
destinación de dineros públicos, y reafirma los motivos por los cuales
se debe revocar el fallo condenatorio y, en su lugar, absolverlo
íntegramente de los cargos que se le imputan, concretamente porque
no actuó a título de dolo.

Insiste, al igual que lo hizo en su recurso de apelación, en que lo
pretendido por el solicitante en su escrito de alzada vulnera el
principio de non reformatio in pejus; que aquel busca adicionar la

11 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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condena por una causal que no fue objeto de pronunciamiento de
fondo en el fallo de primera instancia, y reitera los argumentos
propuestos en su defensa para solicitar la revocatoria total de la
sentencia y refuerza la postura de que solo se debe analizar la
primera causal.

Manifiesta que si el personero está convencido y tiene la certeza,
como lo afirma en su escrito, de que existen pruebas suficientes que
acreditan la comisión de delitos o faltas disciplinarias, no necesita de
una orden judicial para presentar las denuncias y quejas
disciplinarias, penales y fiscales, a motu proprio, directamente ante
las autoridades competentes, por lo que su solicitud de compulsa de
copias ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y Consejo de
Estado, no es más que una delegación impropia de su función
misional y una maniobra ‘populista y de relleno’.

IV.2.- Ni el solicitante ni el agente del Ministerio Público descorrieron
el referido traslado en esta instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Cuestión previa: del cargo no resuelto de indebida
destinación de dineros públicos

La Sala encuentra, en los términos señalados por el solicitante en su
recurso, que, en efecto, el Tribunal, luego de sustentar la
configuración de los elementos objetivo y subjetivo de la transgresión
al régimen de incompatibilidades previsto en los artículos 55,
numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en
consonancia con los artículos 45, numeral 2, y 46 de la Ley 136; 29,

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numeral 1 y parágrafo, de la Ley 1123; y 8º de la Ley 1368, se
abstuvo de emitir pronunciamiento alguno, ‘por sustracción de
materia’, respecto del cargo de la presunta configuración de indebida
destinación de dineros públicos, formulado desde la solicitud inicial,
y establecido en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136, y 48,
numeral 4, de la Ley 617.

Al respecto, y con relación al principio de congruencia que gobierna
las providencias en el proceso contencioso administrativo, esta
Sección reitera sus planteamientos12, así como los de la Sala Plena
de la Corporación, en cuanto consideraron que en los procesos de
desinvestidura se le impone al juez, en el marco de este postulado:
i) garantizar la identidad de la providencia que resuelve la solicitud
de pérdida de investidura con la acusación planteada; ii) resolver
todos los cargos planteados en la solicitud de desinvestidura;
iii) evitar el estudio de fondo de cargos indebidamente fundados; y,
iv) modificar los hechos, cargos y pretensiones elevadas por el
solicitante.

Así lo consideró la Sala Plena:

“[…] 2.3.2. LAS MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA EN LOS PROCESOS DE PÉRDIDA DE
INVESTIDURA

Resulta evidente admitir que el principio de la congruencia dispone
de una plena aplicabilidad en los trámites de desinvestidura
adelantados contra los Congresistas13, como se sostuvo en el aparte
que precede. Menos evidente parecen ser las implicaciones que se
desprenden de sus postulados, las cuales cobijan no solo al operador

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de

marzo de 2022, número único de radicación 50001233300020200002401, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2011-

00708-00(PI). M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de 17 de enero de 2012

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jurídico, sino igualmente a los sujetos procesales que se ubican en
los extremos del trámite sancionatorio.

Para el Juez de la pérdida de investidura, la congruencia se traduce
en deberes y prohibiciones, cuya transgresión conlleva, por regla
general, la procedencia del recurso extraordinario de revisión
especial en contra de la decisión que profiere14, consagrado, en
nuestros días, en el artículo 1915 de la Ley 1881 de 2018.

Pues bien, dentro de las exigencias e interdicciones que se imponen
al Juez de la desinvestidura, la Sala de lo Contencioso Administrativo
resalta las que siguen:

La congruencia supone la identidad de la providencia que
resuelve la solicitud de pérdida de investidura con la
acusación planteada

La sentencia no podrá, en principio, apartarse de las súplicas
de la demanda, ni de los hechos y fundamentos jurídicos que
la sustentan, otorgando, por ejemplo, más de lo pretendido
en el libelo introductorio, o accediendo a las pretensiones del
accionante sobre la base de una causa petendi16 distinta, a
menos que así lo permita el ordenamiento jurídico.

En materia sancionatoria, y en especial en la pérdida de
investidura, la congruencia supone la correspondencia entre
las imputaciones fácticas y jurídicas que se expresan en la
acusación, contenida en la demanda o en el escrito que la
subsana17, con las consideraciones y decisión plasmadas en
la sentencia del operador judicial. Lo anterior significa que
el despojo de la investidura no podrá producirse por hechos
distintos a los alegados en el escrito genitor del proceso ni

14 En ese orden, ver: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-

03-15-000-2003-00237-01(REVPI). M.P. Alberto Arango Mantilla. Sentencia de 10 de octubre de
2006.
15 “Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro de los dos (2)

años siguientes a su ejecutoria, las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura
de un parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
16 La Corporación ha tenido la oportunidad de tratar de manera profusa las implicaciones de este

principio en los procesos ordinarios que se tramitan. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”. Rad. 250002342000201401139 01. M.P. César
Palomino Cortés. Sentencia de 26 de octubre de 2017.
17 Art. 8º Ley 1881 de 2018. Recibida la solicitud en la Secretaría General, será repartida el día hábil

siguiente al de su recibo, y se designará el Magistrado ponente, quien procederá a admitirla o no,
según el caso, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su reparto. En el mismo término
notificará al Congresista la decisión respectiva. El Magistrado ponente devolverá la solicitud cuando
no cumpla con los requisitos o no se alleguen los anexos exigidos en la ley y ordenará a quien
corresponda y dentro del plazo que considere oportuno, completar o aclarar los requisitos o
documentos exigidos.

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por causales distintas a las mencionadas y motivadas por el
demandante.

La consonancia obliga al operador judicial a proferir una decisión que
se avenga “…a lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, so
pena de sorprender a las partes y dejarlas en situación de
indefensión”18, como presupuesto indispensable de la imparcialidad
del juzgamiento y de la efectividad del derecho de defensa y
contradicción del convocado, quien deberá conocer de antemano los
cargos sustanciales por los cuales puede verse desprovisto de su
investidura como Congresista a fin de contrariarlos en las
oportunidades procesales que ofrece el orden normativo.

La congruencia impone resolver todos los cargos planteados
en la solicitud de desinvestidura

Nada sería de la administración de justicia si quienes la procuran
pudieran arbitrariamente determinar las cuestiones que merecen
ser decididas, y desechar las demás propuestas por las partes en la
demanda y su contestación. La legitimidad de las providencias
judiciales pende, a decir verdad, de la resolución de todos y cada
uno de los asuntos fácticos y jurídicos que subyacen a los procesos,
verdad que se impone incluso en los de pérdida de investidura de
Congresistas. Más allá de la identidad entre acusación y decisión, la
consonancia implica una respuesta pormenorizada y de
fondo a la totalidad de las inculpaciones que se erigen en
contra del demandado, como forma de purga de las
imputaciones que pesan sobre el ciudadano que ostenta la
calidad de Parlamentario, y permiten, en principio, afirmar
que dispone de la dignidad requerida para el desempeño de
dicho cargo.

Así, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 30
de agosto de 2005, señaló:

“Sabido es que la congruencia es un principio que implica que la
sentencia guarde consonancia con los hechos y las pretensiones de
la demanda, así como con los hechos y las excepciones de la
contestación de la demanda; y que debe resolver todas las
cuestiones que le han sido planteadas por los sujetos
procesales.”19(Negrilla y subrayas fuera de texto)

18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2012-

02013-00(PI). M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia de 1º de noviembre de 2016.
19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2002-

00250-01(REVPI). M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Sentencia de 30 de agosto de 2005.

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La congruencia impide al Juez de la pérdida de investidura
emprender estudios de fondo respecto de cargos
indebidamente fundados

Tal vez aparejado aquí con el derecho a la defensa del Congresista
acusado, el principio de la congruencia previene al Juez de lo
Contencioso Administrativo de efectuar el análisis de los cargos y
situaciones indebidamente motivados en el escrito de demanda. La
claridad de las disquisiciones que cimientan la acusación, no solo
son presupuesto de la contradicción, sino guía del fallo que deberá
ser adoptado por el operador judicial.

De allí que se rechacen las explicaciones anfibológicas, oscuras y
confusas esgrimidas por el accionante en su escrito introductorio,
premisa aceptada por esta Sala en providencia de 17 de enero de
2012:

“Todo juzgador, incluido el de la pérdida de investidura, debe
respetar el principio de consonancia o congruencia que debe
informar al fallo, en tanto la imparcialidad del juzgamiento exige
identidad entre lo decidido y el petitum (las pretensiones) y la causa
petendi (los hechos que le sirven de fundamento). De ahí que al
juzgador no le está permitido abordar el estudio de causales
de pérdida de investidura que no hayan sido debidamente
invocadas y explicadas en el escrito de demanda, tal y como
lo ordena la letra c) del artículo 4º de la Ley 144 de 1994.”20

El juez no podrá modificar los hechos, cargos y pretensiones
elevadas por el demandante

Como corolario de todo lo anterior, el principio de la consonancia
impone al fallador de la pérdida de investidura el veto de modificar
los hechos, cargos y planteamientos elevados en el libelo
introductorio que determina la acusación a la que se ve enfrentado
el Parlamentario o ex Parlamentario en este marco.

En ese orden, la Sala ha referido:

“Para garantizar la efectividad de este último principio resulta
fundamental la delimitación clara y precisa de la causa petendi, esto
es, del fundamento fáctico, que consiste en los hechos que se señala
en la demanda; el componente jurídico, que se traduce en las
normas que se considera que subsumen esos hechos, y las razones
en las cuales se sustenta esa subsunción, porque solo de esa
manera podrá el demandado ejercer adecuadamente su defensa.
Esto implica que la Sala no podrá modificar los hechos,

20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2011-

00708-00(PI). M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de 17 de enero de 2012

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normas y fundamentos en los que se basa la acusación, ni
dicha causa podrá ser variada en el curso del proceso y
mucho menos en la audiencia final.”21 (Negrilla fuera de texto)

Sin embargo, esta premisa no ha impedido al Juez de la pérdida de
investidura de los Congresistas adecuar en sus fallos las
imputaciones elevadas por el solicitante, luego de que existen
errores ostensibles entre la motivación del pedimento de despojo y
la norma jurídica que se emplea para deprecar su decreto. Así, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en decisión de 4 de
agosto de 2015, sostuvo:

“Debe señalar la Sala en este punto del análisis que, si bien es cierto
en la demanda se pide la desinvestidura de la Representante Tatiana
Cabello Flórez por violación de lo consagrado en el artículo 179,
numerales 2° y 3° de la Constitución, no lo es menos que, en rigor
técnico jurídico, la causal que soporta las pretensiones formuladas,
de conformidad con los hechos expuestos, corresponde a la primera
del artículo 183 de la Carta Política , ya que esta es la disposición
que consagra la sanción de pérdida de investidura bajo el siguiente
tenor…”22

Pero, por la trascendencia de las consideraciones para este fallo,
importan más las implicaciones del principio de congruencia sobre
la actividad procesal que debe observar el demandante en el marco
de los procesos de pérdida de investidura, que además de exigirle
la presentación de una demanda clara y precisa respecto de las
razones que llevan, en su sentir, a la materialización de la causal de
pérdida de investidura23, impone a éste la obligación de orientar su
actuar procesal a los planteamientos plasmados en la acusación, sin
que pueda adicionar hechos y cargos nuevos en el transcurso del
trámite.

En ese sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
establecido:

“…no le es dado al actor cambiar sustancialmente, como se intenta
en el sub lite, en las alegaciones y en la etapa probatoria, la
conducta trasgresora invocada en la demanda y traer ahora asuntos

21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2012-

02013-00(PI). M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia de 1º de noviembre de 2016.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2015-

00872-00(PI). M.P. Hernán Andrade Rincón. Sentencia de 4 de agosto de 2015.
23 Asunto que fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte bajo la vigencia de la

Ley 144 de 1994. En ese orden, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-237 de 2012. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.

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nuevos, sobre los cuales el accionado no tuvo oportunidad de
pronunciarse dentro del proceso.”24

Y, por consiguiente, ha reprochado la aducción por parte del
accionante de cuestionamientos y situaciones fácticas novísimas
que no fueron planteadas en el libelo genitor del proceso, como
ocurre luego de que, en el transcurso de la etapa probatoria o la
audiencia inicial se añaden nuevas imputaciones, como pudo
manifestarlo la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en
providencia de 17 de enero de 201225, en la que el demandante
alegó un nuevo cargo para sustentar la solicitud de desinvestidura,
cuestionamiento consistente en la transgresión de los topes de
campaña que, de conformidad con el artículo 10926 de la
Constitución Política.

Al respecto, la Sala estimó:

“A este respecto, la Sala comparte la observación hecha por el
Ministerio Público en el sentido de que lo relativo a la supuesta
superación de topes de financiación, constituye un hecho nuevo que
no fue objeto de la demanda, y por tanto, de contradicción por el
demandado.

Y por lo mismo, le está vedado al juzgador entrar a estudiar este
punto, pues al hacerlo estaría violando de manera flagrante el
derecho constitucional fundamental al debido proceso (29
superior).”

La modificación sustancial de las acusaciones ocurre, en lo que
respecta a los hechos, no solo cuando existen nuevas alegaciones
fácticas –que toman por sorpresa al demandante– sino cuando la
causa petendi se altera de forma esencial, lo que resulta de un
parangón con los postulados propuestos en primera medida.

La congruencia impone igualmente a las partes desarrollar su
actividad probatoria a la luz de los postulados que dirigen el proceso,
por lo que se rechazaran todas aquellas solicitudes de decreto de
pruebas que excedan el núcleo esencial del debate jurídico. Al
respecto, se ha sostenido:

“Sobre este particular debe precisarse que el petitum de una
demanda no sólo se circunscribe al capítulo de pretensiones, sino

24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2011-

00708-00(PI). M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de 17 de enero de 2012
25 Ibídem.
26 “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación

de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada
con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de
este precepto.”

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que involucra la petición, los hechos en que se afinca, los
fundamentos jurídicos de los que se sirven y las pruebas que se
postulan con el propósito de cumplir con la carga que impone el
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por manera que, de
una parte, la actividad probatoria sólo puede versar sobre los
hechos que enuncia el demandante en el libelo inicial o en su
adicción, so pena que los medios de prueba que se postulen sin
considerar ese principio deban ser denegados por inconducentes y,
de otra, sólo sobre esos hechos puede pronunciarse el juez, so pena
de violar el principio de congruencia al que debe atender la
sentencia.”27

Precisado lo anterior, la Sala eleva las primeras conclusiones de esta
providencia, como sigue […]”28 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Asimismo, la Sala Plena, en sentencia de 1o. de noviembre de
201629, consideró que “[…] para garantizar la efectividad de este
último principio [el de congruencia] resulta fundamental la
delimitación clara y precisa de la causa petendi, esto es, del
fundamento fáctico, que consiste en los hechos que se señala
en la demanda; el componente jurídico, que se traduce en las
normas que se considera que subsumen esos hechos, y las
razones en las cuales se sustenta esa subsunción, porque solo
de esa manera podrá el demandado ejercer adecuadamente su
defensa. Esto implica que la Sala no podrá modificar los hechos,
normas y fundamentos en los que se basa la acusación, ni dicha
causa podrá ser variada en el curso del proceso y mucho menos en
la audiencia final […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

27 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2009-

00598-00(PI). M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Sentencia de 1º de junio de 2010
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de septiembre

de 2019, número único de radicación 11001031500020190159801, consejero ponente Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de noviembre de

2016, proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02013-00(PI)
C.P. doctor Ramiro Pazos Guerrero.

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En tal sentido, el artículo 55 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199630
—modificado por el artículo 22 de la Ley 2430 de 9 de octubre de
202431—, exige a los operadores judiciales el deber de pronunciarse
en la sentencia sobre todos los hechos y asuntos planteados por los
sujetos procesales, así:

“[…] Artículo 55. Elaboración de las providencias judiciales.
<Modificado por el artículo 22 de la ley 2430 de 2024> Las
sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y
asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales.

La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las
siguientes palabras: «Administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley».

En las decisiones judiciales, se deberá utilizar una pulcritud y
sencillez del lenguaje que facilite la comprensión de los
destinatarios; la claridad, pertinencia, concreción y suficiencia de la
argumentación que fundamenta la decisión, el análisis de los hechos
y las pruebas que respaldan las providencias judiciales y el respeto
por las garantías del debido proceso, se tendrán en cuenta como
factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la
calificación de servicios de jueces y magistrados.

Para efecto de la sistematización de la información y la gestión de
informática jurídica, el Consejo Superior de la judicatura podrá fijar
parámetros formales y esquemáticos para la elaboración de las
providencias judiciales, relacionados con tipo de letra, espaciado,
reglas para incorporación de citas, uso de elementos identificatorios
del respectivo despacho judicial. Estos parámetros no podrán
incorporar restricciones o reglas relativas al contenido sustancial de
las decisiones judiciales que afecten la autonomía e independencia
judicial […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, el fallador debe atender el principio de congruencia
establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso, que

30 “[…] Estatutaria de la Administración de Justicia […]”.
31 “[…] Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la administración de justicia- y se

dictan otras disposiciones […]”.

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determina que la sentencia debe guardar consonancia con todos los
hechos y pretensiones aducidas en el libelo introductorio, así:

“[…] Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar
en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente
a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le
reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más
tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Con fundamento en lo anterior, la Sala observa que nada le impide
cumplir con su deber de congruencia en esta instancia, y resolver así
el cargo de indebida destinación de dineros públicos, habida cuenta
que:

(i) Fue una causal invocada y sustentada por el actor desde la
solicitud inicial de desinvestidura, pero carente de pronunciamiento
en la sentencia de 20 de noviembre de 2025; (ii) el concejal, al
descorrer el traslado de la solicitud, la contestó, se defendió y se
opuso, en oportunidad legal, a la prosperidad de esta causal,
contando con la ocasión para controvertir las pruebas aportadas por
el accionante, esto es, ejerciendo sus derechos fundamentales al
debido proceso y defensa; y (iii) los argumentos expuestos en el

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recurso de apelación del actor, respecto de la indebida destinación
de dineros públicos, coinciden, en su integridad, con los del libelo
introductorio.

(iv) Además, ambos, tanto solicitante como accionado, apelaron la
sentencia de 20 de noviembre de 2025, razón por la que el ad quem
tiene la facultad legal de examinar la controversia de forma integral
y completa, pues todos los extremos de la litis quedaron sometidos
a discusión entre las partes y a revisión del juez superior; y, por
último, (v) bajo circunstancia alguna, con ello resultaría vulnerado
el principio de la non reformatio in pejus que protege al apelante
único, no solo porque no lo hubo en el caso concreto, sino también
porque la providencia recurrida ya ordenó decretar su pérdida de
investidura, y, de confirmarse, —por la primera o la segunda causal—
no se agravaría la sanción sino que conservaría su dimensión actual.

Por consiguiente, la Sala, ante la procedencia de la solicitud
formulada por el actor en su escrito de apelación, y después de que
se analicen los cargos del recurso de apelación interpuesto por el
concejal —respecto del elemento subjetivo de la causal de violación
al régimen de incompatibilidades—, adelantará el estudio de la causal
de indebida destinación de dineros públicos.

V.2.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos de los
recursos de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial y su contestación, si el concejal de Cuítiva (Boyacá), señor
JOSÉ ANTONIO CEPEDA TENZA, transgredió el régimen de
incompatibilidades e incurrió en indebida destinación de dineros

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públicos, conforme está previsto en los artículos 55, numerales 2 y
3, de la Ley 136, y 48, numerales 1 y 4, de la Ley 617, en
consonancia con los artículos 45, numeral 2, y 46 de la Ley 136; 29,
numeral 1 y parágrafo, de la Ley 1123; y 8º de la Ley 1368, esto es
por ejercer la abogacía de forma simultánea con su condición de
cabildante y percibir el auxilio de transporte para asistir a las
sesiones de ese cabildo municipal, respectivamente.

V.3.- De la incompatibilidad prevista para los concejales en el
artículo 45, numeral 2, de la Ley 13632

El artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, prescribe la siguiente
prohibición para los concejales con una excepción genérica:

“[…] Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no
podrán:
(…)
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos
procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta
persona, contrato alguno, con las excepciones que más
adelante se establecen.
(…)
Parágrafo 1o. Se exceptúa del régimen de
incompatibilidades el ejercicio de la cátedra […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Las demás excepciones a esta restricción de general observancia
para los concejales están descritas en el artículo 46 idem, así:

“[…] Artículo 46. Excepciones. Lo dispuesto en los artículos
anteriores no obsta para que los concejales puedan ya directamente
o por medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de

julio de 2022, número único de radicación 05001233300020220026201, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón.

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a) En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales
en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus
padres o sus hijos, tengan interés;

b) Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones,
tasas y de multas que graven a las mismas personas;

c) <Literal subrogado por el artículo 42 de la Ley 617 de 2000. El
nuevo texto es el siguiente:> Usar los bienes y servicios que las
entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios
públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo
condiciones comunes a todos los que lo soliciten.

d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante
la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los
concejales durante su período constitucional no podrán ser
apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por
objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo
municipio, los establecimientos públicos, las empresas industriales
y comerciales del orden municipal y las sociedades de economía
mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta
por ciento (50%) del capital […]”.

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 1368 de 29 de diciembre de
200933, ordena:

“[…] Artículo 8o. Ejercicio de la profesión u oficio. Los
concejales podrán ejercer su profesión u oficio, siempre y cuando
con ello no se interfieran las funciones que ejercen como
tales, ni se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus
entidades descentralizadas sean parte […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

La causal de incompatibilidad prevista en el artículo 45, numeral 2,
de la Ley 136, se configura, entonces, por actuar, ejercer o fungir
como apoderado o gestor ante las entidades o autoridades públicas
del respectivo municipio, para el cual fue elegido el concejal.

33 “[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras

disposiciones […]”.

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Así, en la sentencia de 13 de julio de 2006, la Sección Primera, al
referirse a la citada causal, por violación al régimen de
incompatibilidades, indicó que lo que la ley no permite es que el
concejal actúe como apoderado de terceras personas en general,
ante el municipio del cual es concejal, de la siguiente manera:

“[…] Armonizando las normas aplicables y la jurisprudencia
precitada, encuentra la Sala que la conducta del demandado
está enmarcada dentro de las causales de pérdida de la
investidura, por violación del régimen de incompatibilidades
por incurrir en la causal consagrada en el numeral 2° del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que dice:

“Artículo 45. Los concejales no podrán:
1..
2. Ser apoderados ante las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos
procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por
interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones
que más adelante se establecen...”
(…)

La Sala aclara que la ley no tiene como causal de incompatibilidad
de los concejales, el ser representante legal de una persona jurídica
de derecho privado; sin embargo, lo que no permite la ley es que
el concejal – representante legal de una persona jurídica
privada, actúe como apoderada de esta última ni de terceras
personas en general, ante el municipio del cual es concejal.

Ahora bien, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente está demostrado que el concejal demandado acudió a la
Secretaría de Hacienda del municipio de Girardot para representar
intereses particulares con el fin de obtener la prescripción de
impuestos y el decreto del silencio positivo a favor de sus
poderdantes y el consentimiento de la Secretaría de Hacienda para
inscribir una escritura pública, actuación de interés de la persona
jurídica que representa.

[…]

A folio 74 se encuentra el poder conferido por los ciudadanos dueños
del lote y si bien el concejal Álvaro Guzmán Orjuela manifiesta que
no es abogado, ello no obsta para que su conducta se adecue
a la prohibición en mención, independientemente de que el

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poder así conferido se ajuste o no a los preceptos legales,
pues lo que lleva a que se tipifique la causal es que haya
actuado en interés de terceras personas.

Igual ocurre en relación con su actuación ante la Secretaría de
Hacienda, a la cual acude como representante del Condominio
Campestre El Peñón de Girardot, es decir en interés de la persona
jurídica.

Por lo anterior no es dable aplicar la excepción del artículo 46 que
permite que los concejales puedan ya directamente o por medio de
apoderado, actuar en las diligencias o actuaciones administrativas
y jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley, ellos mismos, su
cónyuge, sus padres o sus hijos tengan interés y formular reclamos
por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas que
graven a las mismas personas, comoquiera que ninguno de esos
supuestos se dan en el caso objeto de examen […]”34 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Posteriormente, en sentencia de 24 de julio de 2008, la Sala precisó
que la incompatibilidad prevista en el artículo 45, numeral 2, de la
Ley 136, se configura por actuar como apoderado o gestor ante
cualquiera de las entidades o autoridades que se relacionan en la
norma, esto es, disciplinarias, fiscales, administrativas o
jurisdiccionales, así:

“[…] Además, se ha de entender que el régimen de
incompatibilidades a que se refiere el artículo 48, numeral 1, de la
Ley 617 de 2000, no solamente es el comprendido en el artículo
45 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el 41 de dicha ley 617,
sino en cualquier otra norma, sea de rango constitucional o legal;
de allí, que como lo señaló la Sala respecto de otra disposición de la
Ley 734 de 2002 - artículo 4835 -, el numeral 1 del artículo 48 de la
Ley 617 en mención debe armonizarse con el 39, numeral 1, literal
b), en comento.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de

julio de 2006, núm. único de radicación 25000-23-15-000-2005-01132-01(PI), consejera ponente
Martha Sofía Sanz Tobón.
35 Sentencia de 3 de diciembre de 2004, radicación núm. 2004 0483 01, consejero ponente doctor

Camilo Arciniegas Andrade.

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En ese orden, se tiene que la incompatibilidad se configura por
actuar como apoderado o gestor ante cualquiera de las
entidades o autoridades que se relacionan en la norma, esto
es, disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.

Ello significa que ella se estructura sobre el criterio orgánico, en el
sentido de que lo que cuenta respecto de ese actuar es que se
dé ante una de esas autoridades, de modo que si bien es de
esperarse que dicha actuación tenga relación con la función que de
ordinario le corresponde, atendiendo su denominación, nada obsta
para que también pueda realizarse respecto de funciones que no
sean de aquellas, puesto que como es sabido las autoridades de una
clase pueden conocer de asuntos propios de otras, dentro de la
clasificación prevista en la norma, especialmente en lo que
corresponde a las administrativas y jurisdiccionales.

Ahora bien, ese criterio orgánico a su vez está circunscrito al
nivel territorial donde los referidos funcionarios o servidores
públicos hayan ejercido jurisdicción, es decir, dentro del cual
ejercen sus funciones o atribuciones.

Por consiguiente, en la estructura de la incompatibilidad no cuenta
la función estatal que active la persona al actuar como apoderado o
gestor, sino que su intervención como tal se dé en el nivel
territorial de su cargo, en este caso, del municipio donde se
es concejal, ante una de esas entidades.

Tampoco cuenta que el ente territorial respectivo tenga o no interés
en el asunto de que se trate, puesto que el literal b) no lo indica y
ese elemento está previsto en la causal establecida en el literal a)
del numeral 1 del citado artículo 39, excepto la salvedad que hizo la
Corte Constitucional en su sentencia 426 de 1996, al modular la
exequibilidad del literal b) del artículo 44 de la Ley 200 de 1995
respecto de los diputados, que la Sala considera razonablemente
aplicable a los concejales y con relación al literal b) del numeral 1
del artículo 39 aquí aplicado, en el sentido de que era exequible
“siempre que se entienda que la incompatibilidad allí establecida
para los Diputados, se refiere a las controversias y asuntos en los
que se discutan intereses del Departamento, o aquellas que deban
ser decididas por una entidad administrativa del orden
departamental.”

Modulación que obedeció a la consideración de que “Desde luego
que la incompatibilidad establecida en la norma sub-examine que
prohíbe a los diputados ser apoderados o gestores ante entidades o
autoridades administrativas o jurisdiccionales, se encuentra
ajustada a la Carta Política, en el entendido de que dicha restricción
no impide el ejercicio de la profesión de abogado ni el derecho al

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trabajo, en aquellos asuntos relacionados con intereses o gestiones
distintas a los del departamento. En tal virtud, no prospera el cargo.”

Por consiguiente, si dentro de las entidades ante las cuales
actuó como apoderado el demandado se encuentran
autoridades administrativas de orden municipal, hay lugar a
la violación de la incompatibilidad bajo examen.

Al efecto observa la Sala que en el plenario militan como pruebas
legalmente aportadas al proceso, además de la certificación del
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Circacia que relaciona 9
procesos donde intervino el concejal como apoderado de una de las
partes, una certificación del Inspector Municipal de Policía de
Circasia (folio 19) y del Inspector Primero Municipal de Policía y
Tránsito del mismo municipio (folio 20).

En la primera se da cuenta de dos diligenciamientos en los que
intervino como apoderado de una de las partes el aquí inculpado,
así:

• Querella: Perturbación a la servidumbre, presentada el 10
de noviembre de 2005, apoderado MARIO GERMAN HOYOS
MOLINA. Fecha del fallo, que declaró el statu quo, 31 de
enero de 2006.

• Querella: Lanzamiento por ocupación de hecho. Fecha, 10
de octubre de 2006. Apoderado MARIO GERMAN HOYOS
MOLINA. Fecha del fallo, que ordena la entrega del bien, 15
de octubre de 2006.

En la segunda certificación se informa de querella por
perturbación a la posesión, presentada el 7 de octubre de
2005 por el abogado Mario Germán Hoyos Molina como
apoderado de la parte actora. La decisión del asunto se
produjo el 29 de diciembre de 2005.

En esas circunstancias, es claro que se está por lo menos
ante dos entidades administrativas del Municipio, ante las
cuales el demandado actuó como apoderado, y como quiera
que esa intervención suya se surtió en el tiempo que tuvo la
condición de concejal de Circasia (2004-2007), resulta
evidente que incurrió en la referida incompatibilidad.

3.2.3. Finalmente, en cuanto a la pretendida autorización o
legitimación que reclama el apelante para dicha intervención ante
las aludidas inspecciones de policía, se tiene que como lo advierte el
Ministerio Público, los casos en los que la llevó a cabo no aparecen
encuadrados en ninguna de las situaciones que prevé el artículo 46

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de la Ley 136 de 1994 como excepciones a esa incompatibilidad o
prohibición, pues ni siquiera hay mención de que él, su cónyuge,
padres o hijos hubieren tenido interés en los mismos (literal a), o
que se hubiere tratado de reclamos por el cobro de impuestos o
similares que gravaran a las mencionadas personas (literal c), ni se
trató de procesos ventilados ante la Rama Jurisdiccional del Poder
Público (literal d), pues no obstante el carácter que se predica de las
decisiones que profieren las inspecciones de policía en juicios civiles
de policía que tienen regulación especial, estos organismos
municipales son de carácter enteramente administrativos […]”36
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

En sentencia de 30 de octubre de 2008, la Sala también indicó que
para que se configure la referida causal de incompatibilidad el
concejal debe haber actuado como apoderado ante entidad pública
del respectivo municipio, en los siguientes términos:

“[…] El artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que ya fue trascrito,
señala como incompatibilidad específica para los concejales, que da
lugar a la pérdida de investidura: “Ser apoderados ante las
entidades públicas del respectivo municipio” o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo, o
celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno,
con las excepciones que más adelante se establecen.
[…]

La conducta que dio lugar a que el fallo apelado decretara la pérdida
de investidura, fue que actuó como apoderado de un tercero, ante
la Inspección de Policía de la Vereda La Siria que hace parte del
sector central del municipio de Circasia, hecho que ocurrió durante
el periodo en el cual el demandado se desempeñaba como concejal,
como lo demuestra el acervo probatorio.

Entonces el problema jurídico consiste en establecer, de
conformidad con las normas aplicables al caso, si al haber actuado
el concejal como apoderado de la señora Colombia Gómez
Ceballos e interponer los recursos de reposición y apelación para
revocar o reformar la Resolución N° 001 del 28 de abril de 2007,
expedida por el Inspector Municipal de Policía de la Vereda La Siria,
incurrió en violación al régimen de incompatibilidades y en
consecuencia en causal de pérdida de investidura.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de

julio de 2008, núm. único de radicación 63001-23-31-000-2007-00149-01, consejero ponente
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

[…]

Armonizando las normas aplicables y la jurisprudencia
precitada, encuentra la Sala que la conducta del demandado
está enmarcada dentro de las causales de pérdida de la
investidura, por violación del régimen de incompatibilidades
por incurrir en la causal consagrada en el numeral 2° del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, porque cuando se
desempeñaba como concejal del municipio de Circasia,
actuó como apoderado de tercero ante autoridad
administrativa del mismo municipio […]”37 (Destacado fuera de
texto).

Igualmente, en sentencia de 25 de julio de 2013, la Sección Primera
sostuvo que el citado artículo 45, numeral 2, de la Ley 136 establece
que los concejales no podrán actuar como apoderados ante
dependencias del mismo municipio o ante personas que administren
tributos de este, así:

“[…] De las normas citadas se desprende que, en principio, a
los concejales les está prohibido ejercer su profesión salvo
en aquellos asuntos donde ese ejercicio riña con los
intereses del ente territorial y en los cuales el concejal
pueda, prevalido de su calidad y su posición, influir de
alguna manera en su gestión o resultado. Se trata entonces de
evitar que los intereses privados del concejal, derivados del ejercicio
de su profesión, entren en conflicto con los del municipio.

En efecto, el prenotado artículo 45 advierte que los concejales
no podrán desempeñar cargos en la administración pública, ni
celebrar contratos, ni actuar como apoderados ante
dependencias del mismo municipio o personas que
administren tributos de este. Tampoco podrán pertenecer a
juntas directivas de organismos o entidades del mismo municipio
entre otros.

A la par de que el legislador fijó un catálogo de prohibiciones
que conforman el denominado régimen de
incompatibilidades, dispuso de eventos exceptivos que
tienden por permitir el desarrollo de ciertas actividades

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de

octubre de 2008, núm. único de radicación 63001-23-31-000-2007-00148-01(PI), consejera
ponente Martha Sofía Sanz Tobón,

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relacionadas con el devenir propio de la vida en sociedad, es
así como se permite que los concejales ejerzan la cátedra
universitaria, actúen en las diligencias administrativas y judiciales
en las que ellos mismos, su cónyuge o hijos tengan interés, eleven
reclamos por el cobro de tributos de cualquier naturaleza y se
desempeñen como apoderados o defensores en procesos que se
diriman en la rama jurisdiccional.

Es precisamente en relación con esta última excepción que se
suscita el debate que congrega la atención de la Sala, ya que, en
una evidente falta de técnica legislativa, se incluyó en ella una
prohibición, en otras palabras, en la misma norma se permitió el
ejercicio de la profesión de abogado y el desempeño como peritos
de los concejales, bajo la condición de que en los procesos en que
estos ejerzan no se gestionen intereses fiscales o económicos del
municipio y las demás entidades señaladas en la norma.

Pues bien, según lo apreció el Tribunal en la sentencia recurrida, el
demandado hizo uso de la habilitación legal sin que incurriera en la
referida prohibición, dado que la gestión a la que se refiere la norma
implica el ejercicio del derecho de acción y este sólo puede ser
ejercitado por el demandante.

La Sala no comparte la interpretación del Tribunal habida cuenta de
que el contenido de la disposición no permite llegar a esa conclusión
como quiera que la gestión se predica del objeto del proceso
jurisdiccional en que el concejal es apoderado o perito, y no
de la actividad o papel que este desempeña en él.

Para un mayor entendimiento de la figura vale la pena reparar en
ella de manera detallada:

“d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen
ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los
concejales durante su período Constitucional no podrán ser
apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por
objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo
municipio, los establecimientos públicos, las empresas industriales
y comerciales del orden municipal y las sociedades de economía
mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta
por ciento (50%) del capital.”

Según se puede apreciar, la prohibición se configura de la
siguiente manera: (i)- Cuando el concejal se desempeñe
como apoderado o perito en un proceso judicial de cualquier
naturaleza en el que (ii) se busque gestionar intereses
fiscales o económicos (iii) del municipio, establecimientos
públicos, empresas industriales y comerciales municipales y

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sociedades de economía mixta en las que estas entidades
tengan más del cincuenta por ciento del capital.

Corolario de lo anterior, para que se incurra en la
incompatibilidad se debe verificar: a.- La calidad de concejal
del demandado, b:- que este se haya ejercido como perito o
apoderado en procesos judiciales de cualquier tipo al mismo
tiempo que se desempeñaba como concejal, c.- que en el
respectivo proceso se gestionen intereses fiscales o
económicos y d.- que dichos intereses sean del respectivo
municipio o de establecimientos públicos, empresas
industriales y comerciales del orden municipal o de
empresas de economía mixta donde estas entidades tengan
más del cincuenta por ciento del capital. […]”38 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

En otro asunto similar, la Sala ahondó así:

“[…] Lo primero que debe evidenciarse es que el artículo 45
de la Ley 136 estableció una incompatibilidad para que los
concejales, abogados o no, fueran apoderados ante
entidades públicas del respectivo municipio o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo.

La condición de abogado, entonces, no resulta ser un
elemento previsto en la norma para su configuración, como
puede colegirse de la situación de hecho estudiada en la sentencia
del 13 de julio de 2006, consejera ponente: Martha Sofía Sanz
Tobón, que fue la siguiente:

“[…] Armonizando las normas aplicables y la jurisprudencia
precitada, encuentra la Sala que la conducta del demandado
está enmarcada dentro de las causales de pérdida de la
investidura, por violación del régimen de
incompatibilidades por incurrir en la causal
consagrada en el numeral 2° del artículo 45 de la Ley
136 de 1994, que dice:

“(…) Artículo 45. Los concejales no podrán:
1..
2. Ser apoderados ante las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos
procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por

38Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de

julio de 2013, número único de radicación 25000-23-41-000-2012-00468-01(PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala.

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interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones
que más adelante se establecen (…)”
(…)

La Sala aclara que la ley no tiene como causal de
incompatibilidad de los concejales, el ser representante legal
de una persona jurídica de derecho privado; sin embargo, lo
que no permite la ley es que el concejal-representante
legal de una persona jurídica privada, actúe como
apoderada de esta última ni de terceras personas en
general, ante el municipio del cual es concejal.

Ahora bien, de conformidad con las pruebas obrantes
en el expediente está demostrado que el concejal
demandado acudió a la Secretaría de Hacienda del
municipio de Girardot para representar intereses
particulares con el fin de obtener la prescripción de
impuestos y el decreto del silencio positivo a favor de
sus poderdantes y el consentimiento de la Secretaría
de Hacienda para inscribir una escritura pública,
actuación de interés de la persona jurídica que
representa.

A folio 69 y 78 obran documentos suscritos por el
demandado, dirigidos a la Secretaría de Hacienda, que
a la letra dicen respectivamente:

“Alvaro Guzmán Orjuela, ...obrando en representación de los
señores …, propietarios del predio en referencia; mediante
poder debidamente conferido, acudo a esta administración
…” y

““Alvaro Guzmán Orjuela, ... obrando en representación de
los señores …, propietarios del predio en referencia, solicito
se decrete el silencio positivo …” .

A folio 74 se encuentra el poder conferido por los
ciudadanos dueños del lote y si bien el concejal Álvaro
Guzmán Orjuela manifiesta que no es abogado, ello no
obsta para que su conducta se adecue a la prohibición
en mención, independientemente de que el poder así
conferido se ajuste o no a los preceptos legales, pues
lo que lleva a que se tipifique la causal es que haya
actuado en interés de terceras personas.

Igual ocurre en relación con su actuación ante la
Secretaría de Hacienda, a la cual acude como

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representante del Condominio Campestre El Peñón de
Girardot, es decir en interés de la persona jurídica.

Por lo anterior no es dable aplicar la excepción del artículo 46
que permite que los concejales puedan ya directamente o por
medio de apoderado, actuar en las diligencias o actuaciones
administrativas y jurisdiccionales en las cuales conforme a
la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos
tengan interés y formular reclamos por el cobro de
impuestos, contribuciones, tasas y de multas que graven a
las mismas personas, comoquiera que ninguno de esos
supuestos se dan en el caso objeto de examen […]”39.

Ahora bien, el artículo 46 de la Ley 136 dispuso una serie de
asuntos, a manera de excepciones, en los que se les permite a los
concejales actuar directamente o por medio de apoderado.

Dentro de los asuntos en los que dichos servidores públicos pueden
actuar se encuentra el previsto en el literal d), aplicable
únicamente para aquellos que ejercen la profesión de
abogados, consistente en que los concejales, que tengan la
condición de abogados, pueden ser apoderados o
defensores en procesos judiciales.

Luego la norma prevé una restricción para los concejales,
que no está dirigida exclusivamente a los abogados, en la
que, pese a que pueden ser apoderados o defensores en
procesos judiciales, se les prohíbe ser apoderados y peritos
(que lo pueden ser profesionales distintos de los que ejercen
el derecho), en los procesos que tengan por objeto gestionar
intereses fiscales o económicos del respectivo municipio, los
establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del orden municipal y las sociedades de
economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan
más del 50% del capital.

En síntesis y siguiendo las normas anteriores, a los
concejales que tengan la condición de abogados se les
impide ser apoderados ante entidades públicas del
respectivo municipio o ante las personas que administren
tributos procedentes del mismo.

Sin embargo, pueden ser apoderados e incluso peritos en procesos
judiciales, con la condición de que, en dichos procesos, no se
gestionen intereses fiscales o económicos del respectivo municipio

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de

julio de 2006, número único de radicación 25000-23-15-000-2005-01132-01(PI), consejera ponente
Martha Sofia Sanz Tobón.

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o de los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del orden municipal y las sociedades de economía mixta
en las cuales las mismas entidades tengan más del 50% del capital
[…]”40 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En esta misma providencia, la Sección determinó que los artículos 45
y 46 de la Ley 136, y el artículo 8º de la Ley 1368, no se contradicen
entre sí, sino que, por el contrario, su interpretación resulta armónica
y complementaria para la aplicación del alcance y contenido de la
referida incompatibilidad y sus excepciones, así:

“[…] El artículo 8 de la Ley 1368, agregó, para todas las profesiones
u oficios, incluyendo el ejercicio de la abogacía, dos
incompatibilidades que no estaban previstas en el ordenamiento
jurídico, esto es, que en el ejercicio de la profesión u oficio «[…] no
se interfieran las funciones que ejercen tales […]» y,
adicionalmente, que «[…] no se trate de asuntos en los cuales
el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte
[…]».

Nótese como el literal d) del artículo 46 de la Ley 136 y el
artículo 8 de la Ley 1368 no están en contradicción en la
medida en que se está refiriendo a asuntos de diversa índole.
Como lo indicó esta Sala, la disposición de la Ley 136 se está
refiriendo al «[…] objeto del proceso jurisdiccional en que el
concejal es apoderado o perito, y no de la actividad o papel
que este desempeña en él. […]», mientras que la Ley 1368 se
relaciona, de manera general, con el rol en el que se encuentra
la entidad pública, esto es, su condición de parte, por lo que
no puede existir la pretendida contradicción a la que alude el
Tribunal Administrativo de Antioquia y, por ello, no se configura
la derogatoria tácita a la que aludió la Corporación, por
cuanto la nueva ley contiene disposiciones que pueden
conciliarse con las de la ley anterior […]”41 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de

julio de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-02017-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, núm. único de radicación
08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
41 Idem.

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De conformidad con lo antes expuesto, la postura jurisprudencial de
la Sección Primera ha venido sosteniendo, de forma pacífica, que la
causal prevista en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, por
violación al régimen de incompatibilidades, por ‘ser apoderado ante
las entidades públicas del respectivo municipio’ se configura por
actuar o ejercer o fungir como apoderado o gestor ante cualquiera
de las entidades o autoridades del respectivo municipio para el cual
fue elegido.

El artículo 45 de la Ley 136, prohíbe que los concejales puedan actuar
como apoderados ante las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos procedentes
de este, en el marco de los trámites, procedimientos y procesos
administrativos y policivos, cualquiera sea su naturaleza y
regulación, que sean surtidos en el mismo ente territorial para el cual
resultó elegido. En el parágrafo 1º de la misma disposición, se
exceptuó, de forma genérica, el ejercicio de la cátedra.

De otra parte, el artículo 46 de la Ley 136, al establecer las demás
excepciones a las incompatibilidades previstas en el artículo 45, entre
ellas la enlistada en el referido numeral 2, sí permite que los
concejales puedan, ya sea directamente, o a través de apoderado,
actuar en los siguientes asuntos:

a) En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales
en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus
padres o sus hijos, tengan interés;

b) Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones,
tasas y de multas que graven a las mismas personas;

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c) <Literal subrogado por el artículo 42 de la Ley 617. El nuevo texto
es el siguiente:> Usar los bienes y servicios que las entidades
oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo
condiciones comunes a todos los que lo soliciten.

d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante
la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los concejales
durante su período Constitucional no podrán ser apoderados ni
peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar
intereses fiscales o económicos del respectivo municipio, los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales
del orden municipal y las sociedades de economía mixta en las cuales
las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del
capital.

No obstante, y pese a tratarse de la norma que regula las actividades
exceptuadas de castigo y permitidas a los concejales de forma
paralela al ejercicio de su mandato popular, debe advertirse que al
final de su literal d) el legislador incorporó una advertencia a modo
de prohibición que, sin lugar a duda, constituye incompatibilidad para
actuar como apoderados o peritos —precepto que no solo resulta
aplicable a los abogados— en procesos de toda clase o índole —esto
es administrativos o jurisdiccionales— que tengan por objeto
gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio
para el cual fue elegido.

Por consiguiente, el artículo 8º de la Ley 1368, comprendido de forma
armónica y complementaria con los artículos 45 y 46 de la Ley 136,

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como se vio, habilita a los concejales a ejercer su profesión u oficio
—entre estos la abogacía, en los procesos que se ventilen ante la
rama jurisdiccional del poder público o en los procedimientos
tramitados ante la administración pública— siempre y cuando: (i) no
sean apoderados antes las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos procedentes
del mismo; (ii) no interfieran con las funciones que ejercen como
cabildantes; (iii) no se trate de asuntos en los cuales el municipio o
sus entidades descentralizadas sean parte; (iv) ni sean apoderados
ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto
gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio,
los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del orden municipal y las sociedades de economía mixta
en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por
ciento (50%) del capital.

En igual sentido, el artículo 29 de la Ley 1123 —por la cual se
establece el código disciplinario del abogado— prevé, como
incompatibilidad, que los servidores públicos, como lo son los
concejales, no pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos,
salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el
respectivo contrato se los permita. Allí, en virtud del parágrafo de
dicha disposición, el ejercicio de la abogacía, específicamente, para
el caso de los miembros de corporaciones de elección popular, está
sujeto a las condiciones especiales previstas en la Constitución
Política y la ley, esto es, a lo previsto en los artículos 45 y 46 de la
Ley 136 y 8º de la Ley 1368, respectivamente.

A partir de lo determinado por las disposiciones y la jurisprudencia
examinados, esta causal de incompatibilidad se estructura siempre

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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

que concurran uno o algunos de los siguientes requisitos en el
concejal42:

(i) Que haya actuado, ejercido o fungido como apoderado ante
cualquiera de las entidades públicas del respectivo municipio para el
cual fue elegido.

(ii) Que haya actuado, ejercido o fungido como apoderado, defensor
o perito en procesos de toda clase, en los que se gestionen intereses
fiscales o económicos del respectivo municipio, los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del orden municipal
y las empresas de economía mixta en las cuales las mismas
entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.

(iii) Que, habiendo ejercido su profesión u oficio, haya interferido en
sus funciones como concejal y servidor público, o que, en el
desarrollo de esa profesión u oficio haya intervenido en asuntos en
los cuales el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte.

(iv) Y, finalmente, que los hechos censurados hayan tenido
ocurrencia durante el período constitucional para el cual fue elegido
concejal o, de haber renunciado, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la aceptación de la misma si el lapso que faltare para el
vencimiento del período hubiese sido superior.

V.4.- Análisis subjetivo de la violación al régimen de
incompatibilidades por parte del concejal

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de

junio de 2025, número único de radicación 76001233300020240071001, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón.

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49

Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

V.4.1.- En cuanto al análisis de culpabilidad del concejal JOSÉ
ANTONIO CEPEDA TENZA, se reiteran, de forma previa, los
criterios elaborados por la Sala en sentencia de 25 de mayo de
201743, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública44, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura45: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades46; la indebida destinación de
dineros públicos47; el conflicto de intereses48 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado49.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicación
81001233900020150008101(PI).
44 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
45 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110

constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
46 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180,

181 y 183 de la Constitución Política.
47 Art. 183 de la Constitución Política.
48 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
49 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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50

Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque

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omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia

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de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”50 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.51

50 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella

Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017,
radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio (E).
51 Ídem.

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Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201252 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.53 En

52 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
53 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo

Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que
señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario
la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló:
“[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios,
en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una
conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción.
Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-
15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”54, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de

54 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto).

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inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin

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embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al

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desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”55
[…]56” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho contexto normativo, por ejemplo,
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la
referida inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con
el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por
el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa
que impida el reproche subjetivo de su obrar57.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de la ley no sirve para excusar su transgresión, al tenor del artículo

55 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
56 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de

mayo de 2019, número único de radicación 81001233900020160005601, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón.

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9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan
el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201958, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201859, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que con su conducta dolosa o gravemente culposa
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales —dolo o culpa grave—.

V.4.2.- Aplicados tales planteamientos, conforme lo encontró el
Tribunal, el accionado incurrió objetivamente en la causal de pérdida
de investidura por la violación del régimen de incompatibilidades
prevista para los concejales, al transgredir la prohibición establecida
en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, es decir, por ejercer como
apoderado ante la Secretaría de Gobierno con Funciones de
Inspección de Policía de Cuítiva (Boyacá), durante el actual período
constitucional 2024-2027, así:

58 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
59 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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El señor JOSÉ ANTONIO CEPEDA TENZA, fue elegido concejal de
Cuítiva (Boyacá), tal como consta en formularios E-26 CON de 29 de
octubre de 202360 y E-27 de 29 de octubre de 2023, expedidos por
la Registraduría Nacional del Estado Civil y en acta especial 001 de
1o. de enero de 2024 de posesión ante el Concejo de Cuítiva
(Boyacá).

El accionado es abogado de profesión, se graduó en el año 2017 y
tiene experiencia como servidor público por lapso de 21 años y 4
meses, como se verificó en el Formato Único de Hoja de Vida suscrito
el 3 de enero de 2024 y en la certificación expedida por el director
de la Unidad de Registro Nacional de Abogados, en la que hizo
constar que aparece como abogado inscrito desde el 4 de octubre de
2018. A través de escrito de 3 de enero de 2024, el accionado
informó al Concejo, bajo juramento, que su actividad económica
privada era la de ‘abogado litigante y docente de derecho’.

El 7 de mayo de 2024, el señor OVELIO MORALES GIRAL otorgó
poder al concejal para que, con las facultades previstas en el artículo
77 del CGP, presentara denuncia penal por daño en bien ajeno en
contra del señor LUIS RICARDO OCHOA, ante la fiscalía general de
la Nación, Seccional de Sogamoso (Boyacá), la cual formuló,
suscribió y radicó con consecutivo ORFEO 20240250069965 y noticia
criminal 157596099164202411836. Estas diligencias fueron
remitidas el 31 de julio siguiente por la Fiscalía Veintisiete Local de
Sogamoso (Boyacá), por competencia, a la Inspección de Policía de
Cuítiva (Boyacá).

60 Disponible [en línea]: [https://escrutinios-2023.registraduria.gov.co/published].

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Por su parte, el 8 de agosto de 2024, en el Despacho de la secretaria
de Gobierno con Funciones de Inspección de Policía de Cuítiva
(Boyacá), se llevó a cabo audiencia pública de que trata el artículo
223, numeral 3, de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 61, en el
proceso verbal abreviado en primera instancia, correspondiente a la
querella policiva por perturbación a la posesión y a la servidumbre
con radicado 2024-002, promovido por los señores GUSTAVO
ALARCÓN CORREA y MARÍA EVA MACIAS DE ALARCÓN,
apoderados por el concejal, contra la señora AURA LUCÍA PARDO
RODRÍGUEZ.

En esta diligencia, el concejal, en su calidad de apoderado de los
querellantes, intervino así:

“[…] Ahora bien, se corre traslado y se concede el uso de la
palabra al apoderado de la parte querellante el doctor JOSÉ
ANTONIO CEPEDA TENZA, “Hago un paréntesis. Doctora, en ese
en ese orden de ideas nos tenemos que hablar a los juegos, sí para
que el Despacho antes de sea para que no pierda esta diligencia y
no se pierda y como usted lo acaba de manifestar de pronto las dos
querellas se encuentran, en el sentido primero que son las mismas
personas, segundo que es el mismo inmueble o las mismas
pretensiones sobre unos inmuebles y tercero y lo más importante
es que de pronto las pretensiones versan sobre lo mismo.

Lo que pasa es que se encuentran, se chocan. Pues cada uno con
su razón. Entonces, ¿Qué solicita esta defensa? que doctora dentro
de esta dirigencia don Gustavo y la señora Eva pues me han
otorgado el poder para trabajar en este en este, en esta litis, pues
que el Despacho antes de continuar promueva esta diligencia
porque después de que promueva, esté en el Despacho, después
de que promueva esta diligencia, pues nos tocaría irnos por vías
totalmente adversas cada uno con su querella. Al tener el resuelve
que el Despacho que la norma nos indique, que una de las dos
partes tiene razón, toca evacuar una y ahí discúlpenme, pero ahí es
donde entraría ya a irnos a la jurisdicción ordinaria de pronto por un
mal procedimiento, entonces considero doctora y con la venía de
aquí de la colega de que el Despacho antes de actuar como se

61 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.

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encuentran las dos querellas en la jurisdicción analice el artículo si
realmente las dos querellas se van a hacer en unión procesal.

Y si se ha realizado en unión procesal pues citar igual nuevamente
las dos partes y se nos notifica de que se haya dado por un solo
acuerdo. Sí, es que exacto era para poner en conocimiento,
notificarles de igual manera que ambas partes supieran, entonces
bajo ese precepto doctora Leidy Catalina, yo voy a usar la palabra
sumarse respecto de lo que yo le acabo de comentar para evitar
pues ese vicio dentro del proceso.

Pues doctora, yo me voy a indicar de lo que me comentas y eso
necesaria aclaración en cuanto al término, es decir, hoy nos citaron
para decimos esto y el auto saldría hoy, como lo manifesté la
querella interpuesta por el señor Alarcón y la señora María Eva
Macía, por perturbación a la posesión y a la servidumbre, en el caso
de la señora Aura Lucía Pardo, con su representación, por
perturbación y al derecho de carretaje, que es lo que manifiestan
dentro de la querella. Es cierto. Carretaje.

Las mismas personas pues, en cuanto a pretensiones, doctora,
como se pudo, no sé, usted dar cuenta dentro del traslado de la
querella, no son las· mismas cantidades de pretensiones, pero pues
que sí llegan básicamente a un mismo punto, en cuanto al objeto
de la querella. Entonces, doctora, saldría el auto, haciendo la unión
procesal. Si, señora, por acumulación.

Sí hay un ánimo conciliatorio. Sí, ya se habían tratado, estuvimos
mirando que digamos estos hechos ya se han presentado en años
anteriores. Sí.

Entonces, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha podido cumplir con
los acuerdos? De pronto hay un incumplimiento de digamos de
ambas partes, entonces eso es lo que también de pronto para darle
agilidad y salir rápidamente del proceso, entonces pues. Pues,
doctora, yo en atención a lo que nosotros, le plantearía el espacio
que, de ser posible, pudiéramos abocar o dar por terminado en
primeras etapas, si le parece, conciliación, bueno, el tema de
alegatos para cada uno, para que nos expliquemos ellos por qué
están con nosotros, porque para seguir conciliación y luego decreto
de digamos que abordamos, no avanzamos en algo y en ese sentido
pues sentiría que estamos adelantando igual el artículo dos
veintitrés es muy claro en enunciar pues que no, o sea, si bien uno
presenta una querella formal, lo cierto es que el ejercicio es verbal,
es verbal sumario, es decir, si bien las querellas dicen algo, lo que
se va a venir a debatir es lo que nosotros nos sentamos a explicar
durante veinte minutos cada parte. Luego pensaría yo que de
acuerdo con obviamente la inspectora en cuanto a acumular pues

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podríamos abordar eso y no perder pues la etapa de conciliación
nosotros tenemos obviamente un ánimo conciliatorio como somos
convocados y también convocantes pues traemos unas propuestas
obviamente para plantearlas en el escenario de la conciliación y
abordar, es decir, para que subimos espacios también para
escucharlos y poder evidenciar en dónde podemos llegar a
compromisos para lograr la convivencia porque pues finalmente ese
inmueble en el que se presenta el indígena pues es un inmueble que
ambos todos somos aquí poseedores, aquí no es propietario,
especialmente en público al tema de la legalización de tierras, es
muy técnico, y ellos quieran o no, les toca convivir porque son
vecinos. Si. Y es un ejercicio de compromisos para la convivencia.
Entonces, nosotros estamos dispuestos a escuchar y también a
proponer.

Doctora, para no darle más vueltas al tema de hoy, pues, solicito,
en nombre de don Gustavo Alarcón, María Eva, en un despacho,
sostiene en este momento la diligencia que tenía programada para
que el Despacho analice la redundancia, las etapas que hay, pero
las etapas que tienen que sostener para para ir lógicamente luego
al dos mil veintitrés, como lo dice la doctora, a lo concreto, y mirar
que acuerdos se habían hecho anteriormente, y que fue el
incumplimiento, porque, pues, lógicamente el Despacho tendrá que
en su momento fallar, y al momento que falle el Despacho, pues,
pues, como la instrucción de policía es netamente preventiva,
entonces, pues, iríamos a la jurisdicción en su momento, cualquiera
de los dos, las dos partes, lo que dice la doctora, es cierto, en
nuestro territorio de Cuítiva, más que abrir este municipio, lo
conozco perfectamente, estamos en el veinticinco noventa por
ciento.

Entonces, una posesión, y ojalá que la oficina de registro de
instrumentos públicos nos vaya y nos diga que ningunas es titular
en el certificado especial, que normalmente está ahí, entonces, tiene
que hacer la inspección de policía, pues, mantener exactos
comentarios, bueno, nos vamos a juzgar, entonces, todo ya, yo me
retiro, doctora, porque, pues, aquí les comento, usted suspende, la
diligencia, y nos vuelve a convocar en auto para notificarlo en la
unión procesal. Sí, señor. Y es lo más correcto, sanear, todo lo que
por error en algún momento se hizo, o el inspector lo hizo en su
momento, entonces, eso es evitar seguir con ese tema y, pues, que
las partes sepan cómo está la situación, porque a veces, pues,
decían, siga el proceso, pero entonces, es ahí cuando se cae todo.
Entonces, es evitamos eso. Entonces, yo daría por suspendida la
diligencia y tendríamos que fijar fecha nuevamente en días, para
iniciar, entonces, ya con la etapa probatoria, de alegatos, si hay el
ánimo conciliatorio, y ya, pues, el tema de perjuicio”. […]”.

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A renglón seguido, la apoderada de la señora AURA LUCÍA PARDO
RODRÍGUEZ anunció que haría llegar, a ese Despacho, una solicitud
respecto de la defensa adelantada por el concejal como apoderado
de la otra parte:

“[…] Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte
querellada la doctora LEIDY CATALINA DÍAZ, “atentamente solicito
a este Despacho se dé celeridad al proceso, así mismo, como
apoderada de la señora AURA LUCÍA PARDO, dentro de la querella
policiva 2024-003 por perturbación a la posesión y servidumbre del
carretaje en contra de los señores aquí presentes MARÍA EVA
MACÍAS Y GUSTAVO ALARCÓN dentro de la propiedad de mi
representada, en cuanto a la debida representación se hará
llegar a este Despacho la debida solicitud respecto de la
defensa de la otra parte”.

El Despacho procede a suspender diligencia programada siendo las
03:40 de la tarde del día 08 de agosto de 2024, se notificará nueva
fecha para adelantar diligencia en debida forma a las partes que
aquí intervienen […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Luego, con oficio SGMC-2024-139 de 21 de agosto 2024, la
secretaria de Gobierno con Funciones de Inspección de Policía de
Cuítiva (Boyacá), dentro de la querella policiva por perturbación a la
posesión identificada con radicado 2024-002, acumulada con la
querella 2024-003, y con relación a la ‘recusación’ formulada por la
apoderada de la señora AURA LUCÍA PARDO RODRÍGUEZ en
contra del concejal —en su calidad de apoderado de los
querellantes— advirtió que les recomendaría a estos actuar mediante
otro apoderado judicial, así:

“[…] El despacho de la Secretaría de Gobierno con función de
Inspección de Policía, trae a colación los artículos 45 y 46 de la
Ley 136 de 1996, en donde de manera taxativa se prohíbe a
los concejales, ser apoderados ante las entidades públicas
en jurisdicción del respectivo territorio, misma restricción
contemplada en la Ley 1123 de 2007, por medio de la cual
se establece el Código Disciplinario del Abogado,

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determinando en su artículo 29 el régimen de
incompatibilidades.
(…)

Siendo así las cosas, se considera que la actuación del Doctor JOSÉ
ANTONIO CEPEDA TENZA, concejal del municipio de Cuítiva, dentro
del presente proceso, correspondiente a perturbación a la posesión,
puede causar vicios dentro del proceso policivo es por esto
que se notificara del presente oficio al apoderado de la parte
querellada y querellante; aclarando que, en caso de
incompatibilidad y/o inhabilidad alguna, ésta ha de
corresponder al desarrollo de las funciones propias su
condición como miembro de corporaciones de elección
popular, siendo reglada según el régimen disciplinario
aplicable a los mismos, situación fuera de la órbita de la
actuación desarrollada por ésta Inspección, dentro del
proceso en cuestión.

Por tal motivo se le indicara y/o recomendara a la parte
querellada ser representados por otro apoderado judicial,
para poder dar trámite correspondiente tal y como se
contempla en el artículo 223 de la ley 1801 de 2016 […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con mensaje de 28 de septiembre de 2024, la querellante —en la
querella 2024-003— y querellada, a su vez, —en la querella 2024-
002— señora AURA LUCÍA PARDO RODRÍGUEZ, solicitó a su
abogada que tramitara la nulidad de pleno derecho del proceso
acumulado, por las mismas razones relacionadas con la calidad de
concejal que ostentaba el apoderado de los señores GUSTAVO
ALARCÓN CORREA y MARÍA EVA MACIAS DE ALARCÓN:

“[…] septiembre 18 miércoles de 2024

Abogada
LEIDI CATALINA DÍAZ CASTRO

RF. Nulidad de Pleno Derecho

Cordial saludo

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Recopilando información, con respecto al tema relacionado
con la actuación del actual concejal municipal de Cuítiva
abogado José Antonio Cepeda Tenza como apoderado de los
querellantes Alarcón Correa Gustavo y Macías María Eva, con
todo respeto Dra. Catalina, le envió este mensaje para que
usted a nombre suyo y como mi apoderada (sin hacer
mención, que yo le informo) solicite a la secretaria de
Gobierno del municipio de Cuítiva, Boyacá, abogada
Angélica Daniela Suarez Luna, nulidad de pleno derecho de
todo lo actuado en la diligencia realizada en ese despacho,
el día 08 Jueves, de agosto de 2024, y, que en principio fuimos
citadas para audiencia de conciliación x querella, y teniendo en
cuenta que la Secretaría de Gobierno tiene conocimiento, fue
verificado y confirmado, que el abogado José Antonio Cepeda
Tenza, es actual concejal municipal de Cuítiva, y por ser
funcionario público no puede y por tanto está impedido para
litigar en causa propia ni en representación como apoderado
de terceros particulares porque está impedido x ley por ser
funcionario público, según las leyes, Ley 136 de 1994 /
modificado x ley 617/2000) y demás leyes que usted
conozca y pueda citar…

El hecho de que el concejal actual municipal de Cuítiva haya actuado
en diligencia ante Secretaría de Gobierno, que inicialmente la
citación fue y fuimos citado(s) para audiencia de conciliación, x
querella policiva, da como resultado nulidad de pleno derecho de la
diligencia que llevo a cabo la secretaria de Gobierno con función de
Inspección de Policía.

Hasta aquí.

Quedo atenta.

Aura Lucia Pardo
solson144@hotmail.com […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A través de oficio de 1o. de noviembre de 2024, el concejal manifestó
ante la Secretaría de Gobierno con Funciones de Inspección de Policía
de Cuítiva (Boyacá), de conformidad con el artículo 8º de la Ley
1368, y contrario a lo sostenido por la contraparte y la funcionaria
sustanciadora de los procesos acumulados, que sí podía fungir como
abogado en las causas en que registraba como apoderado, —
querellas acumuladas 2024-002 y 2024-003—, así:

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“[…] JOSÉ ANTONIO CEPEDA TENZA, identificado civil y
profesionalmente como está debajo de mi nombre, a usted allego
la siguiente información, así:

1.- Como es sabido por la comunidad de nuestro Municipio
de Cuítiva, en este momento me desempeño como concejal
del mismo, y para el periodo constitucional 2024-2027.

2.- Igual es sabido que mi profesión es la de abogado, con
tarjeta profesional nro. 314816 expedida por el Honorable Consejo
Superior de la Judicatura.

3.- Que la Ley 1368 de diciembre 29 de 2009, en su artículo 8, dice,
“Ejercicio de la profesión u oficio. Los concejales podrán ejercer su
profesión u oficio, siempre y cuando con ello no se interfieran las
funciones que ejercen como tales, ni se trate de asuntos en los
cuales el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte”.

Lo anterior haciendo caso que en ese despacho cursan y
pueden seguir cursando procesos de carácter policivo entre
particulares, en los cuales hago y puedo llegar a hacer parte
como apoderado judicial, en cualquier extremo de la litis […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

El 28 de noviembre de 2024, el ciudadano SILVANO ALARCÓN
PÉREZ otorgó poder al concejal para que, con las facultades
previstas en el artículo 77 del CGP, lo representara en la querella
policiva por perturbación a la posesión identificada con radicado
2023-014 conocida por la Secretaría de Gobierno con Funciones de
Inspección de Policía de Cuítiva (Boyacá).

A través de oficio de 6 de diciembre de 2024, el concejal dio alcance
a su escrito de 1o. de noviembre de 2024, para lo cual insistió y
agregó, ante la Secretaría de Gobierno con Funciones de Inspección
de Policía de Cuítiva (Boyacá), que:

“[…] La Ley 136 de junio 2 de 1994, Ley 1123 de enero 22 de
2007 y la Ley 1368 de diciembre 29 de 2009, en ninguno de
sus apartes contempla que los abogados que hayan salido
elegidos concejales de cualquier municipio, les esté

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prohibido ejercer su profesión, salvo que lo hagan en contra
de la Nación, el departamento, el distrito o el municipio
según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o
establecimiento al cual preste sus servicios. "SIC".

Dejando entonces claro que mi persona, desde el mismo momento
que me posesioné como concejal de Cuítiva para el periodo
constitucional 2024- 2027, en ninguno de los casos he litigado ni
litigaré en contra de nuestro mismo municipio de Cuítiva.

Mas, sin embargo, y para evitar cualquier inconveniente, le
manifiesto abiertamente a ese despacho que desde mi curul
de concejal me abstendré de realizarle control político a la
Inspección de Policía del Municipio de Cuítiva […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Aparece constancia de 26 de diciembre de 2024, dentro de la querella
2023-014, en la que la secretaria de Gobierno con Funciones de
Inspección de Policía de Cuítiva (Boyacá) certifica que se suspendió
diligencia de testimonios programada, toda vez que siendo el
apoderado del señor SILVANO ALARCÓN PÉREZ, simultáneamente
concejal de Cuítiva (Boyacá), debía esperar ‘concepto’ de la
Procuraduría General de la Nación para continuar.

Con oficio SGMC-2025-110 de 20 de junio de 2025, la secretaria de
Gobierno con Funciones de Inspección de Policía de Cuítiva (Boyacá)
le certificó al personero municipal, accionante en este proceso, que
el concejal accionado, señor JOSÉ ANTONIO CEPEDA TENZA,
actuó como apoderado dentro de los siguientes procesos:

CLASE DE PROCESO FECHA ACTUACIÓN

PROCESO POLICIVO 08 DE Se presenta como apoderado de la
PERTURBACIÓN A LA AGOSTO DE parte querellante dentro de la
POSESIÓN Y A LA 2024 diligencia de audiencia inicial artículo
SERVIDUMBRE LEY 223. Se aplaza diligencia por
1801 DE 2016 solicitud y argumento de la
QUERELLA 2024-002 apoderada de la parte querellada.

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CLASE DE PROCESO FECHA ACTUACIÓN

PROCESO POLICIVO 08 DE Se presenta como apoderado de la
PERTURBACIÓN A LA AGOSTO DE parte querellada dentro de la
POSESIÓN y 2024 diligencia de audiencia inicial artículo
SERVIDUMBRE DE 223. (se realiza ambas diligencias
CARRETEABLE LEY 1801 por acumulación de pretensiones,
DE 2016 los hechos dentro de las querellas
QUERELLA 2024-003 002 y 003 de 2024 están
enlazados). Se aplaza diligencia por
desconocer si el apoderado puede.

PROCESO POLICIVO 11 DE Mediante memorial el señor
POR PERTURBACIÓN A NOVIEMBRE SILVANO ALARCÓN radica poder al
LA POSESIÓN LEY 1801 DE 2024 despacho de la secretaría de
DE 2016 gobierno con funciones de
QUERELLA 2023-014 Inspección de Policía, otorgando
poder para diligencias faltantes
dentro del proceso (realizar la toma
de testimonios, interrogatorio de
parte, alegatos de conclusión y
fallo). El día 26 de noviembre de
2024, la suscrita secretaria de
Gobierno con funciones de
Inspección de policía, suspende
diligencia programada (se anexa
constancia secretarial).

PROCESO REMISORIO AGOSTO DE Mediante oficio se remite al
20570-01-010743 2024 despacho de la secretaría de
FISCALÍA 26 LOCAL Gobierno con funciones de
Inspección de Policía, expediente
202411836, daño en bien ajeno,
siendo denunciante el doctor JOSÉ
ANTONIO CEPEDA, actuando como
apoderado del señor OVELIO
MORALES GIRAL. La suscrita
secretaria de gobierno se abstiene
de realizar diligencia hasta tanto no
se defina si el apoderado puede
actuar dentro de la misma,
comentándole de manera verbal a la
víctima dicha situación. (se deja
constancia secretarial)

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Por petición del actor, fue practicado interrogatorio de parte al
accionado durante la audiencia de pruebas de 3 de julio de 2025.

V.4.3.- La Sala, examinado lo anterior, pudo verificar que: (I) El
concejal sí actuó como apoderado del señor OVELIO MORALES
GIRAL, toda vez que elaboró, suscribió y radicó denuncia penal por
daño en bien ajeno, ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional
de Sogamoso (Boyacá), en contra del señor LUIS RICARDO
OCHOA, en ejercicio del poder especial que le fue otorgado de 7 de
mayo de 2024, correspondiéndole el consecutivo ORFEO
20240250069965 y noticia criminal 157596099164202411836,
expediente remitido el 31 de julio de 2024 por la Fiscalía Veintisiete
Local de Sogamoso (Boyacá), por competencia, a la Inspección de
Policía de Cuítiva (Boyacá).

No obstante, esta actuación no configuró la causal de
incompatibilidad del artículo 45, numeral 2, de la Ley 136 porque,
mientras se tramitó como proceso judicial de carácter penal, no se
surtió ante las entidades públicas de Cuítiva (Boyacá) sino ante el
ente investigador, lo que además encaja en la excepción prevista en
el artículo 46, literal d, de la Ley 136, esto es por “[…] ser apoderados
o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama
Jurisdiccional del Poder Público […]”; y, a su vez, si bien después fue
adecuada por la Fiscalía como querella policiva, lo cierto es que no
hay pruebas en el expediente que permitan corroborar la ejecución
material de las actividades necesarias para el desarrollo del referido
mandato, por parte del concejal, ante la Secretaría de Gobierno con
Funciones de Inspección de Policía de Cuítiva (Boyacá).

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(II) Con relación a la querella policiva con radicado 2023-014, si
bien está probado el otorgamiento de poder especial por parte del
señor SILVANO ALARCÓN PÉREZ al concejal, para que lo
representara en dicho proceso por perturbación a la posesión, ante
la Secretaría de Gobierno con Funciones de Inspección de Policía de
Cuítiva (Boyacá), lo cierto es que no hay evidencias que corroboren
la ejecución del citado mandato por parte del accionado, a través de
actuaciones procesales decididas a defender los intereses del
poderdante.

Ello, sumado a que, tal como fue certificado con constancia de 26 de
diciembre de 2024, por la secretaria de Gobierno con Funciones de
Inspección de Policía de Cuítiva (Boyacá), este trámite se suspendió
hasta tanto se recibiera ‘concepto’ de la Procuraduría General de la
Nación para definir si era posible continuar con el concejal como
apoderado del señor SILVANO ALARCÓN PÉREZ, sin que se haya
probado su reanudación.

Por ello, este hecho tampoco configura la incompatibilidad
establecida en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136.

(III) Sin embargo, no sucede lo mismo con la actuación desplegada
por el concejal en el curso de las querellas policivas acumuladas con
radicados 2024-002 y 2024-003, surtidas ante la Secretaría de
Gobierno con Funciones de Inspección de Policía de Cuítiva (Boyacá)
en las que, como se verificó, el accionado, durante la audiencia
pública de 8 de agosto de 2024 prevista en el artículo 223, numeral
3, de la Ley 1801, actuó de forma decidida: (a) manifestando interés
para conciliar la referida perturbación por parte de sus poderdantes,
señores GUSTAVO ALARCÓN CORREA y MARÍA EVA MACIAS DE

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ALARCÓN, e invitando a la contraparte a asumir, de igual forma,
una posición conciliatoria; (b) solicitando, cuando aún no habían sido
unificados, la acumulación de ambos trámites —2024-002 y 2024-
003— ante la semejanza de los hechos que ya se habían presentado
en años pasados; y (c) requiriendo a la secretaria de Gobierno que
suspendiera dicha audiencia y resolviera la solicitud de acumulación.

V.4.3.1.- Al examinar estas actuaciones, resultan contraevidentes
los señalamientos del concejal en su apelación, respecto de los
cuales, lo ocurrido el 8 de agosto de 2024 ‘fue una breve discusión
informal en la que no se instaló formalmente la audiencia’, por lo que
no litigó; que su única actuación posterior fue ‘radicar misivas
exponiendo su posición jurídica sin imponer su criterio ni insistir en
la continuación de las diligencias’; y que, por el contrario, acogió las
recomendaciones de aplazamiento formuladas por la contraparte y la
Secretaría de Gobierno, conducta que, en su sentir, ‘no equivale a
ejercer y resulta incompatible con el actuar deliberado que exige la
modalidad dolosa de culpabilidad’.

Los documentos, alejados de tales aseveraciones, le permiten
constatar a la Sala que en estas querellas policivas acumuladas con
radicados 2024-002 y 2024-003, el concejal sí ejecutó actuaciones
efectivas en cumplimiento del mandato que le fue conferido, pues
sus intervenciones y peticiones durante la audiencia pública de 8 de
agosto de 2024 estuvieron dirigidas a salvaguardar los intereses de
sus clientes, así como a defender sus posturas en torno a la posible

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conciliación de una acción de perturbación62 a la posesión63 y
servidumbre64, dirimida a través del proceso verbal abreviado en
primera instancia.

La configuración de la incompatibilidad establecida en el artículo 45,
numeral 2, de la Ley 136, en consecuencia, sí recayó en cabeza del
accionado, bajo las circunstancias revisadas en este punto, luego de
trabajar, al tiempo que ostentaba funciones de concejal, como

62 Ley 1801 de 2016 “[…] Artículo 79. Ejercicio de las acciones de protección de los bienes

inmuebles. Para el ejercicio de la acción de Policía en el caso de la perturbación de los derechos de
que trata este título, las siguientes personas, podrán instaurar querella ante el inspector de Policía,
mediante el procedimiento único estipulado en este Código:
1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmuebles particulares o de las servidumbres.
2. Las entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los antes mencionados.
Parágrafo 1. En el procedimiento de perturbación por ocupación de hecho, se ordenará el desalojo
del ocupante de hecho si fuere necesario o que las cosas vuelvan al estado que antes tenía. El
desalojo se deberá efectuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la orden.
Parágrafo 2. En estos procedimientos se deberá comunicar al propietario inscrito la iniciación de
ellos sin perjuicio de que se lleve a cabo la diligencia prevista.
Parágrafo 3. La Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Agustín Codazzi y las
administraciones municipales, deberán suministrar la información solicitada, de manera inmediata y
gratuita a las autoridades de Policía.
El recurso de apelación se concederá en efecto devolutivo.
Parágrafo 4. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor demostrados, excepcionalmente deba
suspenderse la audiencia pública, la autoridad competente decretará el statu quo sobre los bienes
objeto de la misma, dejando constancia y registro documental, fijando fecha y hora para su
reanudación […]”.
63 Ley 1801 de 2016: “[…] Artículo 77. Comportamientos contrarios a la posesión y mera

tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los
bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o
social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Estos son los siguientes:
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo
ilegalmente.
2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o
hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en
peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.
3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente.
4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones.
5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmueble al titular de este derecho.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas: […]”.
64 Ley 1801 de 2016: “[…] Artículo 78. Comportamientos contrarios al derecho de

servidumbres. Los siguientes comportamientos son contrarios al derecho de servidumbre y por lo
tanto no deben efectuarse:
1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres por las vías de hecho.
2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para realizar el
mantenimiento o la reparación.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas: […]”.

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abogado de personas con la condición de querellantes y querellados,
a la vez, en el marco de un proceso verbal abreviado acumulado 65,
de competencia en primera instancia de la Secretaría de Gobierno
con Funciones de Inspección de Policía de Cuítiva (Boyacá), una
entidad pública de dicho municipio.

La jurisprudencia de la Sección Primera, en la forma como quedó
vista, ha sido pacífica al desarrollar los criterios configurantes de la
causal de incompatibilidad del artículo 45, numeral 2, de la Ley 136
y el artículo 8º de la Ley 1368, los que no se contradicen entre sí, ni
deben comprenderse de forma aislada, sino que su interpretación
resulta armónica y complementaria para la aplicación del alcance y
contenido de la referida prohibición legal, así como de sus
excepciones.

En efecto, el artículo 8º de la Ley 1368, permite, genéricamente, que
los concejales ejerzan su profesión u oficio —sin discriminar en
estas— siempre que con dicha actividad no interfieran en las
funciones que ejercen como cabildantes, ni correspondan a asuntos
en los cuales el respectivo municipio, o sus entidades
descentralizadas, sean parte. Y en tratándose de una actividad de
apoderamiento, como la que desarrolló, en el caso concreto, el
concejal JOSÉ ANTONIO CEPEDA TENZA, el artículo 45, numeral
2, de la Ley 136, excluye tal ejercicio cuando pretenda desplegarse
en el municipio para el cual resultaron elegidos.

65 Ley 1801 de 2016 “[…] Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. Se tramitarán

por el proceso verbal abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de
los inspectores de policía, los alcaldes y las autoridades especiales de policía […]”.

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Nótese, además, como los artículos 46, literal d), de la Ley 136 y 8º
de la Ley 1368 tampoco están en contradicción en la medida en que
abordan asuntos de diversa índole. Como lo ha determinado esta
Sección a través de los citados pronunciamientos, la disposición de
la Ley 136 faculta a los concejales para ser apoderados o defensores
en los procesos que se ventilen ante la rama jurisdiccional del poder
público, pero no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de
toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o
económicos del respectivo municipio.

Se está refiriendo este artículo 46, literal d), entonces, al «[…] objeto
del proceso jurisdiccional en que el concejal es apoderado o perito, y
no de la actividad o papel que este desempeña en él […]», mientras
que la Ley 1368 se relaciona, de manera general, con el rol en el que
se encuentra la entidad pública, esto es, su condición de parte, sin
que, en ningún caso, se hubiere producido su derogatoria tácita por
cuanto la nueva ley contiene disposiciones que pueden conciliarse
con las de la ley anterior.

Por consiguiente, el artículo 8º de la Ley 1368, comprendido de forma
armónica y complementaria con los artículos 45 y 46 de la Ley 136,
como se vio, habilita a los concejales a ejercer su profesión u oficio
—entre estos la abogacía, en los procesos que se ventilen ante la
rama jurisdiccional del poder público o en los procedimientos
tramitados ante la administración pública— siempre y cuando: (i) no
sean apoderados antes las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos procedentes
del mismo; (ii) no interfieran con las funciones que ejercen como
cabildantes; (iii) no se trate de asuntos en los cuales el municipio o
sus entidades descentralizadas sean parte; (iv) ni sean apoderados

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ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto
gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio,
los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del orden municipal y las sociedades de economía mixta
en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por
ciento (50%) del capital.

De suerte que no resulte de recibo el argumento del accionado, según
el cual, actuó bajo una interpretación normativa razonable del
artículo 8º de la Ley 1368, conforme al cual los concejales podían
ejercer su profesión u oficio siempre que no interfirieran en sus
funciones ni litigaran contra el municipio, conclusión, que, en su
opinión, es plausible y excluye la conciencia de ilicitud propia del
dolo. Y no es razonable esa interpretación del concejal porque es
incompleta, parcializada y deslindada de la integración armónica de
la normatividad que regula el ejercicio de la profesión u oficio por
parte de los concejales, en los términos expuestos, reiteradamente,
por la Sección.

Como si ello no hubiese bastado para orientar el comportamiento del
concejal, tanto la apoderada de la contraparte en las querellas
acumuladas como la propia funcionaria municipal le advirtieron al
cabildante la presencia de la incompatibilidad —conducta
transgresora del artículo 45, numeral 2, de la Ley 136— brindándole
la oportunidad de interrumpir la representación de los respectivos
sujetos procesales o que estos decidieran continuar con otro
apoderado, sin que el acusado accediera.

De hecho, con mensaje de 28 de septiembre de 2024, la querellante
—en la querella 2024-003— y querellada, a su vez, —en la querella

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2024-002— señora AURA LUCÍA PARDO RODRÍGUEZ, solicitó a
su abogada que tramitara la nulidad de pleno derecho del proceso
acumulado, por las mismas razones relacionadas con la calidad de
concejal que ostentaba el apoderado de los señores GUSTAVO
ALARCÓN CORREA y MARÍA EVA MACIAS DE ALARCÓN.

V.4.3.2.- Tampoco resulta cierto que la complejidad del
ordenamiento jurídico colombiano le generó al concejal una
‘confusión razonable y de buena fe’ y que su formación jurídica lo
llevó a construir una interpretación diferente a la finalmente acogida
por el Tribunal, formulada bajo el pleno convencimiento de licitud y
que jamás podría calificarse como doloso.

Esto, por cuanto el accionado no acreditó, conforme lo han previsto
las decisiones de esta Sección, que actuó según la jurisprudencia
vigente para la época que sucedieron los hechos o que procuró tener
una asesoría adecuada frente a la situación en la que se encontraba
o que se hubiere presentado otra circunstancia que lo hubiere hecho
incurrir en error. Tampoco se aprecian actos del concejal para
conocer del respectivo marco normativo integral, tales como la
consulta de la jurisprudencia aplicable a la materia, conceptos e
indagaciones jurídicas, con el propósito de establecer si por virtud de
ellos podía haber actuado con buena fe calificada, por lo que su
conducta no puede exculparse en el caso concreto66.

Cabe resaltar, por demás, que en el estudio de la causal de
incompatibilidad prevista en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136,

66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 5 de

septiembre de 2024, número único de radicación 81001233900020240001401, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez y de 13 de marzo de 2025, número único de radicación 47001-23-33-
000-2024-00308-01, consejero ponente Germán Eduardo Osorio.

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las decisiones de la Sección Primera han sido serenas, consolidadas
en torno a un mismo criterio, y no hay rastro de posiciones
contradictorias o que generen incertidumbre o inseguridad jurídica,
sino que, como antes quedó relatado, los concejales mantienen a su
disposición unas reglas de conducta muy claras, y con límites bien
establecidos, de la forma, oportunidad y espacio dentro de los cuales
pueden ejercer sus profesiones —como la abogacía en este caso—
que no había manera de desconocer, al menos con la negligencia con
la que lo hizo el accionado.

En oposición a lo que hubiera constituido una conducta diligente del
concejal, y distante del correcto entendimiento que debió hacer de la
pluricitada prohibición, este se justificó mediante oficio de 1o. de
noviembre de 2024, con el que insistió en que sí podía fungir como
abogado en las causas en que registraba como apoderado, recibió un
nuevo poder dentro de la querella del señor SILVANO ALARCÓN
PÉREZ, y con oficio de 6 de diciembre de 2024, reiteró su postura y
agregó que para evitar cualquier inconveniente se abstendría de
realizarle control político a la ‘Inspección de Policía del Municipio de
Cuítiva’, ofrecimiento este último que, lejos de exculparlo, evidencia
su decisión de seguir litigando esas causas a cualquier costo, aun
desconociendo el tenor de la incompatibilidad prevista en el artículo
45, numeral 2, de la Ley 136.

V.4.3.3.- La Sala, sin embargo, no percibe el comportamiento
evasivo del concejal como constitutivo de dolo —a diferencia de lo
concluido por el Tribunal— sino de culpa grave, toda vez que aquel
estuvo precedido de la falta de cuidado que se exhibe al no manejar
los negocios ajenos con ese cuidado que aún las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, sin que

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exista en el expediente una prueba fehaciente que dé cuenta de su
voluntad consciente y deliberada de violentar la prohibición legal.

El accionado mostró una falta de precaución inexcusable porque sí
estaba en condiciones cognitivas y profesionales de comprender,
como abogado y concejal, el hecho o la circunstancia configurativa
de la referida causal de pérdida de investidura, no solo por la
obligación general de abstenerse de realizar actividades prohibidas
mientras ejercía el cargo de elección popular, sino también porque
se le advirtió en varias oportunidades y en distintas formas.

Al respecto, el artículo 1° de la Ley 1881 determina que el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva; y que la acción se ejercerá en contra de
los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, todo lo cual, en el caso concreto, le
impone al juez de segunda instancia, a partir de los elementos
probatorios allegados al expediente, valorar la conducta adelantada
por el accionado y, si es del caso, variar su calificación de dolosa a
gravemente culposa, o viceversa, durante el examen del elemento
subjetivo de la comisión de la causal de desinvestidura.

La consecuencia, por lo tanto, de desvirtuar el dolo en el asunto bajo
examen, pero constatar la presencia de un proceder gravemente
culposo, no es exonerar de responsabilidad al concejal, tal como este
lo solicita en su recurso de apelación, sino declarar probado el
elemento subjetivo con la referida modificación; hacerlo, como en
efecto se hace, no vulnera sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción, en tanto su estrategia

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defensiva debió abarcar todos los componentes que le permitieran
desvirtuar la transgresión de la incompatibilidad, tanto a título doloso
como a título gravemente culposo.

V.4.3.4.- En lo que tiene que ver con la falta de proporcionalidad de
la sanción de desinvestidura, alegada por el accionado en su recurso,
porque, aparentemente, el ejercicio como abogado ‘fue minúsculo y
no afectó materialmente el desempeño de sus funciones como
concejal’, la Sala pone de presente que esa es la consecuencia
constitucional y legal prevista en el ordenamiento jurídico ante la
inobservancia —objetiva y subjetiva— de la prohibición establecida
en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, sin que, para su
imposición, se hubiere establecido un mecanismo de gradualidad de
la pena a partir de lo corta o prolongada de la actuación como
apoderado en los respectivos procesos de las querellas policivas.

La sentencia de primera instancia, por lo tanto, y contrario a lo
sostenido por el concejal, no aplicó un régimen de responsabilidad
objetiva, sino que encontró configurado el elemento objetivo de la
causal de incompatibilidad y, luego, tal como quedó verificado en
esta providencia, adelantó el examen de la conducta, con el
consabido resultado del despojo de la investidura del accionado.

V.4.3.5.- Por último, el Tribunal arguyó que la conducta negligente
del concejal también se pudo corroborar con el análisis de su
interrogatorio de parte rendido en la audiencia de pruebas de 3 de
julio de 2025, en la que manifestó:

“[…] Litigo en mi municipio desde antes de ser concejal, y cuando
entré a ser concejal, leí la norma y dice que no litigue contra la
Nación, ni contra el departamento ni contra el municipio. Yo jamás

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lo he hecho. En Sogamoso sí tengo una contra el municipio, pero en
mi municipio yo jamás ni he litigado ni voy a litigar contra el
municipio ni contra el departamento ni contra el Estado. Y cuando
me di cuenta de la persecución del personero, que redunda en que
yo no voté por él, (…) yo, hubo solo una conciliación y la conciliación
no es litigar (…) yo le dije a la secretaria de Gobierno que no le voy
a hacer control político a Usted mientras se resuelve ese proceso,
pero que yo haya litigado contra la Nación, contra el municipio o
contra el departamento, no. Y suspendimos esos procesos.
(…)

Esa es mi exposición, yo tengo residencia en la ciudad de Sogamoso
y en Cuítiva […]”.

Allí concluyó que:

“[…] El demandado declaró que i) tenía una oficina de abogado en
Sogamoso en la que presta sus servicios profesionales, ii) litigó en
la querella 2023-014 porque las No. 2024-002 y 2024-003 fueron
suspendidas, iii) en documentos de 1º de noviembre y 6 de
diciembre de 2024 manifestó su intención de continuar con su
ejercicio profesional ante la Secretaría de Gobierno, iv) en
documento de 6 de diciembre de 2024 manifestó su intención de no
ejercer control político en contra de la titular de la Secretaría de
Gobierno con el fin de no perjudicar a sus clientes, a quienes informó
de la decisión de suspender los respectivos procesos, y v) en dos
oportunidades, la Secretaria de Gobierno fue convocada a sesión de
control político, pero en virtud de la existencia de los procesos
policivos, se abstuvo de formularle preguntas.
(…)

La declaración rendida en audiencia de pruebas de 7 (SIC)
de julio de 2025, en la que afirmó que “suspendimos esos
procesos” y que “jamás he litigado contra el municipio”, al
igual que lo ilustraron las pruebas documentales, corrobora
que conocía de los límites legales y que su actuación fue
orientada a evitar una confrontación directa con el ente
territorial, sin renunciar al ejercicio litigioso ante sus
dependencias. En consecuencia, se configura el elemento
subjetivo de la causal de incompatibilidad a título de dolo
sancionatorio – disciplinario, en los términos exigidos por la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa
atrás citada […]”.

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Frente a estas inferencias hechas por el Tribunal a partir de la
práctica de dicha prueba, la Sala reitera, en aras de garantizar el
debido proceso y defensa del concejal, que la autoincriminación no
es un mecanismo válido ni permitido en el proceso sancionatorio de
pérdida de investidura para constatar hechos en contra del propio
accionado, toda vez que con el interrogatorio de parte lo que se
procura es obtener su confesión de los hechos, así:

“[…] La Sala no observa motivo sobreviniente que le impida reiterar
ahora, en vigencia de la Ley 188167, esta posición que fue vertida
mientras permaneció en vigor la Ley 144 de 13 de julio de 199468,
en el sentido de señalar que, para efectos de evaluar el medio de
prueba de la confesión, se debe acudir a la integración
normativa con el Código de Procedimiento Penal, que no con
el Código General del Proceso, menos aún con el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, -codificación esta última que ni siquiera
regula dicho medio de prueba69-, conforme se afirmó en la
aludida providencia judicial, respondiendo así a la
naturaleza sancionatoria de la acción de pérdida de
investidura que no es más que una manifestación del ius
puniendi del Estado, así como lo es la acción penal.

Atendiendo, entonces, la singular esencia sancionatoria de la
pérdida de investidura y al acudirse a la integración normativa con
el Código de Procedimiento Penal, mas no con el Código General del
Proceso por incompatible, en los términos explicados por la Sala, se
advierte que el artículo 8º, de la Ley 906 de 31 de agosto de 200470,
prevé la prohibición de autoincriminación, así:

“[…] Artículo 8o. Defensa. En desarrollo de la actuación,
una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá
derecho, en plena igualdad respecto del órgano de
persecución penal, en lo que aplica a:

67 “[…] Artículo 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en

esta ley se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
de forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”.
68 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas

[…]”.
69 “[…] Artículo 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción

de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se
aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
70 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.

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a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni
en contra de su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o civil, o segundo de afinidad;

b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad;

c) No se utilice el silencio en su contra;

d) No se utilice en su contra el contenido de las
conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la
declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas
o de un método alternativo de solución de conflictos, si no
llegaren a perfeccionarse;

e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de
confianza o nombrado por el Estado;

f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente
acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder
entender o expresarse en el idioma oficial; o de un intérprete
en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos
de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no
obsta para que pueda estar acompañado por uno designado
por él;

g) Tener comunicación privada con su defensor antes de
comparecer frente a las autoridades;

h) Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en
términos que sean comprensibles, con indicación expresa de
las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los
fundamentan;

i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para
la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá
solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias
para la celebración de las audiencias a las que deba
comparecer;

j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas;

k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado,
imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones
injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo

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o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los
testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser
necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos
que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate;

l) Renunciar a los derechos contemplados en los
literales b) y k) siempre y cuando se trate de una
manifestación libre, consciente, voluntaria y
debidamente informada. En estos eventos requerirá
siempre el asesoramiento de su abogado defensor
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Esta norma que regula el principio de no autoincriminación
en materia penal, y por lo mismo en el proceso sancionatorio
de pérdida de investidura, dispone el derecho del imputado
a que (i) no sea obligado a declarar en contra de sí mismo ni
en contra de su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil,
o segundo de afinidad; (ii) así como a no autoincriminarse ni
incriminar a su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil,
o segundo de afinidad; (iii) y a que su silencio no sea usado
en su contra […]”71 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, estas razones impiden, en el caso concreto, que el
concejal sea obligado a declarar en contra de sí mismo o a
autoincriminarse; y menos aún podría el juez acudir a tal exposición
de los hechos o a esas respuestas a los cuestionamientos formulados,
como sustento probatorio para declarar configurados los elementos
objetivo y subjetivo en la comisión de la incompatibilidad del artículo
45, numeral 2, de la Ley 136, todo lo cual, ciertamente, se
mantendrá al margen de la decisión de fondo en esta instancia.

V.4.3.6.- A partir de lo considerado, la Sala procederá a confirmar
la decisión del Tribunal, por cuanto declaró la pérdida de investidura
del concejal JOSÉ ANTONIO CEPEDA TENZA, luego de verificarse

71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de

diciembre de 2021, número único de radicación 81001233900020200012701, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.

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que la materialización objetiva de la prohibición establecida en el
artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, en consonancia con los
artículos 46 de la Ley 136; 29, numeral 1 y parágrafo, de la Ley
1123; y 8º de la Ley 1368, estuvo antecedida de una conducta
gravemente culposa, pero por los motivos expuestos en esta
sentencia.

V.5.- Análisis objetivo de la causal de indebida destinación de
dineros públicos de concejal72

Una vez resuelto el cargo de la apelación esgrimido por el concejal,
la Sala, en desarrollo de las potestades judiciales que le proporciona
el entendimiento jurisprudencial del principio de congruencia, en la
forma como antes fue explicado, procederá a resolver el cargo del
recurso de apelación sustentado por el actor, relativo a la indebida
destinación de dineros públicos en la que, presuntamente, incurrió el
accionado, luego de percibir recursos por concepto de auxilio de
transporte durante su desempeño en el Concejo de Cuítiva (Boyacá),
período constitucional 2024-2027.

Con relación a esta controversia, la Sala advierte que la causal de
pérdida de investidura que se invoca en la presente solicitud es la
prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral
4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] Ley 136

Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)

72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 10 de

diciembre de 2021, número único de radicación 50001233300020200008001; 23 de julio de 2021,
número único de radicación 50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único
de radicación 66001233300020180024601; consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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3. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).

“[…] Ley 617

Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales municipales
y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán
su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).

Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las
ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que
esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3
de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes
miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los
concejales, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la
ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o
injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.

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g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceros […]”73 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida
de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado
los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su
denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos
estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en
la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos
a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que
estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los
dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos
por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
está definida en la Constitución ni en las normas legales que
rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es,
entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que
esta Corporación le ha definido. La causal de indebida
destinación de dineros públicos se configura cuando el
concejal destina los dineros públicos a unas
finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos […]”74 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la
Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 200375 también señaló:
“[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de
pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que

73 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de

2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de

junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera ponente María
Claudia Rojas Lasso.
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 6 de

marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera ponente Olga
Inés Navarrete Barrero.

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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

el congresista, en su condición de servidor público, que lo es
(art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al
ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como
los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación
del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta
a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o
el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados
sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados,
o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad
de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o
hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con
que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez
que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su
menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la
causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La
Sentencia del 1 de noviembre de 200576 señaló: “[…] Para la
configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren
dos elementos como son la conducta y el fin […]”

76 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de noviembre de

2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero ponente Tarsicio Cáceres
Toro.

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Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

En el primero –como se exige para las demás causales por las que
se puede demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el
sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y
precisamente que en esa condición ejerza competencias para las
que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es
decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no
necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento
patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda
derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o en el de terceras personas, etc. […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha
expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que
regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en
distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877,
Consejero ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se
pronunció sobre los alcances del concepto de indebida destinación
de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta
causal de pérdida de investidura “[…] está en el hecho de que el
Congresista, en su condición de servidor público, con su
conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se

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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas […]”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo77 y también por la
Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias
de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-00194, Consejero
ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre
de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor
Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm.
2008-00700, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón)
14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-00012
(Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente
núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth García
González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”78
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo
jurisprudencial citados anteriormente, se tiene que los dineros
públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad
económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el
propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las
necesidades que demanda el interés general […]” 79, por lo que, en
el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida

77 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001
(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 4 de

septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de radicación
70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; de 28 de julio
de 2016, número único de radicación 15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés.
79 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de

2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente Rafael Francisco
Suárez Vargas.

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Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

destinación80 son aquellos en los que un miembro de la corporación
pública territorial de elección popular los asigna para:

i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.

ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados.

iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.

vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad
de derivar un beneficio, no necesariamente económico, en su favor
o en el de terceros.

Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la
corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del
gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos81.

80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de

marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI), consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
81 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril de 2018,

número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente Carmelo
Perdomo Cuéter.

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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

V.5.1.- Del reconocimiento o auxilio de transporte para
concejales

El reconocimiento de transporte, epicentro de la presente
controversia sancionatoria, es un concepto determinado
directamente por el legislador, conforme se indicó, así:

“[…] Ley 1368. Artículo 2º. El artículo 67 de la Ley 136 de 1994,
quedará así:

Artículo 67. Reconocimiento de transporte. Reconócese el
valor de transporte, durante las sesiones plenarias y de
comisión, a los concejales que residan en zonas rurales y
deban desplazarse desde y hasta la cabecera municipal,
sede principal del funcionamiento de las corporaciones
municipales. Estos gastos de transporte serán asumidos, en el
caso de los municipios pertenecientes a categorías cuarta, quinta y
sexta con cargo a la sección presupuestal del sector central del
municipio, y no se tendrán en cuenta como gasto de funcionamiento
de la administración, para el cálculo de los indicadores de límite de
gastos de funcionamiento fijados por la Ley 617de 2000.

Para estos efectos, los concejos municipales a iniciativa de
los alcaldes deberán expedir el reglamento en donde se fije
el reconocimiento de transporte, atendiendo criterios
razonables, con anterioridad al periodo de sesiones
siguientes a la promulgación de la presente ley. Los pagos
efectuados a los concejales por gastos de transporte a que se refiere
el presente artículo no estarán sujetos a retención en la fuente […]”.

En este sentido, el reconocimiento de transporte no es más que el
(i) pago o desembolso de los valores que por este criterio se realiza
a favor de los concejales, con cargo al respectivo municipio, (ii)
durante las sesiones plenarias y de comisión, (iii) cuando estos
residan en zonas rurales y (iv) deban desplazarse desde y hasta la
cabecera municipal, sede principal del funcionamiento de las
corporaciones municipales.

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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

Adicionalmente, y como lo ha establecido esta Sala, consciente de la
diversidad territorial de los municipios y distritos, y previendo que
sus concejos estén en la capacidad de determinar aspectos
específicos para el manejo y aplicación de este reconocimiento de
transporte, en medio de las particulares circunstancias de movilidad,
distancia, condiciones geográficas, medios de transporte y demás
que puedan presentarse, el legislador les otorgó la facultad de
expedir un reglamento en el que se fije lo concerniente a dicho
concepto, atendiendo a criterios razonables en cualquier caso82.

Fue así como en uso de tales criterios, la Sección, en un caso en el
que el accionado no residía en zona rural, pero sí en área urbana de
un municipio mucho más alejado aún de la cabecera municipal del
concejo, consideró lo siguiente:

“[…] Para la Sala, por lo tanto, resulta evidente que, al no haberse
desembolsado los recursos que le fueron reconocidos por los
accionados al concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, por
concepto de auxilio de transporte durante la vigencia 2024, no se
materializó aquel requisito presupuestal, no hubo erogación y, por
lo mismo, se trata de una circunstancia atípica que impide el análisis
propuesto por la apelante, respecto de si es admisible, o no,
reconocer y pagar auxilio de transporte a un concejal que si
bien no vive en la zona rural de Canalete (Córdoba), sí lo
hace en un municipio como Montería (Córdoba), ubicado a
una mayor distancia que aquella zona rural […]”83 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

V.5.2.- El Acuerdo 003 de 31 de mayo de 2023 “[…] Por medio del
cual se expide el reglamento interno del Concejo Municipal de Cuítiva,

82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de

marzo de 2019, número único de radicación 66001233300020180024601, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón.
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de

noviembre de 2025, número único de radicación 23001233300020250009401, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.

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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

y se abroga el Acuerdo Municipal No. 016 del 31 de agosto de 2016
[…]”, con relación al reconocimiento de transporte a los concejales
de Cuítiva (Boyacá), determinó:

“[…] Artículo 40.- - Reconocimiento de Transporte.
Reconózcase el valor de transporte, durante las sesiones
plenarias y de comisión, a los concejales que residan en
zonas rurales y deban desplazarse desde la zona rural y
hasta la cabecera municipal, sede principal del
funcionamiento de la corporación municipal.

Para estos efectos, se atenderá lo dispuesto en el Acuerdo Municipal
que reglamente la fijación, reconocimiento y pago del transporte.
Los pagos efectuados a los concejales por gastos de transporte a
que se refiere el presente artículo no estarán sujetos a retención en
la fuente […]”.

Luego fue expedido el Acuerdo 004 de 20 de mayo de 2024 “[…] Por
medio del cual se modifica el reglamento interno del Concejo
Municipal de Cuítiva, y se abroga el Acuerdo Municipal No. 003 de 31
de mayo de 2023 […]”, que, respecto del reconocimiento de
transporte a los concejales de Cuítiva (Boyacá), reiteró lo previsto:

“[…] Artículo 40.- - Reconocimiento de Transporte.
Reconózcase el valor de transporte, durante las sesiones
plenarias y de comisión, a los concejales que residan en
zonas rurales y deban desplazarse desde la zona rural y
hasta la cabecera municipal, sede principal del
funcionamiento de la corporación municipal.

Para estos efectos, se atenderá lo dispuesto en el Acuerdo Municipal
que reglamente la fijación, reconocimiento y pago del transporte.
Los pagos efectuados a los concejales por gastos de transporte a
que se refiere el presente artículo no estarán sujetos a retención en
la fuente […]”.

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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso84, pudo verificar que, mediante oficio CMC- 2025 de 2 de
julio de 2025, el Concejo de Cuítiva (Boyacá) certificó que los pagos
por concepto de auxilio de transporte no los hace esa corporación
sino la administración municipal previa solicitud elevada por el
Concejo, por lo que las copias de los actos administrativos y/o
documentos que acrediten las condiciones de tiempo, modo y lugar
en que se ha reconocido auxilio de transporte al accionado, reposan
en la Alcaldía Municipal de Cuítiva (Boyacá).

Y que los documentos que se encuentran en potestad de ese Concejo,
que guardan relación con el pago de auxilio de transporte, son las
solicitudes que fueron presentadas y radicadas ante la Alcaldía
Municipal de Cuítiva (Boyacá) para las vigencias 2024 y 2025, así:

2024
Auxilio de
Oficio Mes de transporte por
Fecha del oficio Tipo de sesión
radicado sesiones cobrados por
sesiones
11 de marzo de
CMC-2024-038 Febrero 2024 Ordinarias 17
2024
Marzo 2024
CMC-2024-055 5 de abril de 2024 Extraordinarias 5
(21 al 30)
3 de mayo de Abril 2024
CMC-2024-069 Extraordinarias 4
2024 (19 al 28)
04 de junio de
CMC-2024-082 Mayo 2024 Ordinarias 17
2024
03 de julio de
CMC-2024-093 Junio 2024 Extraordinarias 6
2024
20 de septiembre Septiembre
CMC-2024-132 Extraordinarias 5
de 2024 2024
04 de diciembre Noviembre Ordinarias +
CMC-2024-157 18 + 1 prórroga
de 2024 2024 prórroga

84 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2025 00068 01
Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

2025
Auxilio de
Oficio Mes de transporte por
Fecha del oficio Tipo de sesión
radicado sesiones cobrados por
sesiones
Extraordinarias +
27 de enero de enero de
DANC-2025-025 estudio en 4+1
2025 2025
comisión
3 de febrero de Febrero
DANC-2025-063 Ordinarias 17
2025 2025

De igual forma, aparecen las resoluciones que reconocen y autorizan
el pago del auxilio de transporte al concejal, así como los
comprobantes de egresos:

VEREDA / ORDEN DE
RESOLUCIÓN COMPROBANTE
SESIONES VALOR CDP. RP. PAGO /
No. / Fecha BANCARIO
CERT. EGRESO

COM-
Bco. Bogotá · Auth.
2024000337
Res. No. 034 12230145
Vda. Macías 17-may-2024
de 2024 RES-2024000296 17-may-2024
4 ses. $ 177.477,44 DIS- —
14-may-2024 17-may-2024 $ 177.477,44
extraord. ($44.369,63 × 4) 2024000247 EGR-
Ses. Ext. Abril $ 177.477,44 Davivienda – Cta.
(abr. 2024) 2024000362
2024 Ahorros
17-may-2024
0570186070228892
$ 177.477,44
COM-
Bco. Bogotá · Auth.
2024000410
Res. No. 041 16453420
Vda. Macías 04-jun-2024
de 2024 $ 754.283,71 RES-2024000343 04-jun-2024
17 ses. DIS- —
04-jun-2024 ($44.369,63 × 04-jun-2024 $ 754.283,71
ordinarias 2024000286 EGR-
Ses. Ord. 17) $ 754.283,71 Davivienda – Cta.
(may. 2024) 2024000436
Mayo 2024 Ahorros
04-jun-2024
0570186070228892
$ 754.283,71
COM-
Bco. Bogotá · Auth.
2024000513
12560661
Res. No. 047 Vda. Macías 04-jul-2024
RES-2024000397 04-jul-2024
de 2024 6 sesiones * $ 266.217,78 DIS- —
04-jul-2024 $ 266.217,78
04-jul-2024 (may./jun. ($44.369,63 × 6) 2024000325 EGR-
$ 266.217,78 Davivienda – Cta.
6 sesiones * 2024) 2024000547
Ahorros
04-jul-2024
0570186070228892
$ 266.217,78
Vda. Macías COM- Bco. Bogotá · Auth.
Res. No. 083 $ 709.914,08 DIS- RES-2024000565
16 ses. 2024000742 08590067
de 2024 ($44.369,63 × 2024000455 10-sep-2024
ordinarias 10-sep-2024 10-sep-2024
09-sep-2024 16) 09-sep-2024 $ 709.914,08
(ago. 2024) — $ 709.914,08

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Solicitante: FABIO GUILLERMO ARAQUE ÁLVAREZ

VEREDA / ORDEN DE
RESOLUCIÓN COMPROBANTE
SESIONES VALOR CDP. RP. PAGO /
No. / Fecha BANCARIO
CERT. EGRESO

Ses. Ord. EGR- Davivienda – Cta.
Agosto 2024 2024000787 Ahorros
10-sep-2024 0570186070228892
$ 709.914,08
COM-
Bco. Bogotá · Auth.
2024000770
Res. No. 092 15085706
Vda. Macías 23-sep-2024
de 2024 RES-2024000579 23-sep-2024
5 ses. $ 221.848,15 DIS- —
23-sep-2024 23-sep-2024 $ 221.848,15
ordinarias ($44.369,63 × 5) 2024000464 EGR-
Ses. Ord. Sep. $ 221.848,15 Davivienda – Cta.
(sep. 2024) 2024000815
2024 ** Ahorros
23-sep-2024
0570186070228892
$ 221.848,15
Bco. Bogotá · Auth.
13205983
06-dic-2024 · $
COM-
229.742,87 (Fondos
Res. No. 135 2024001012
Vda. Macías *6814)
de 2024 DIS- 06-dic-2024
19 ses. (18 $ 843.022,97 RES-2024000711 Bco. Bogotá · Auth.
04-dic-2024 2024000564 —
ord.+1 ($44.369,63 × 04-dic-2024 13202075
Ses. Nov. CDP ref. Art. 3 EGR-
prorr.) 19) $ 843.022,97 06-dic-2024 · $
2024 (18 + 1 Res. 135 2024001080
(nov. 2024) 613.280,10 (SGP
prorr.) 06-dic-2024
*0127)
$ 843.022,97
Davivienda – Cta.
Ahorros
0570186070228892
COM-
Bco. Bogotá · Auth.
2025000047
Res. No. 026 DIS- 15461985
Vda. Macías 11-feb-2025
de 2025 2025000086 RES-2025000092 11-feb-2025
5 ses. $ 233.384,25 —
07-feb-2025 07-feb-2025 07-feb-2025 $ 233.384,25
ordinarias ($46.676,85 × 5) EGR-
Ses. Ord. Total CDP: $ 233.384,25 Davivienda – Cta.
(ene. 2025) 2025000054
Enero 2025 $1.493.659,23 Ahorros
11-feb-2025
0570186070228892
$ 233.384,25
COM-
Bco. Bogotá · Auth.
2025000107
Res. No. 054 17480826
Vda. Macías DIS- 06-mar-2025
de 2025 $ 793.506,46 RES-2025000142 06-mar-2025
17 ses. 2025000128 —
06-mar-2025 ($46.676,85 × 06-mar-2025 $ 793.506,46
ordinarias 06-mar-2025 EGR-
Ses. Ord. 17) $ 793.506,46 Davivienda – Cta.
(feb. 2025) $ 793.506,46 2025000121
Febrero 2025 Ahorros
06-mar-2025
0570186070228892
$ 793.506,46

[Notas:
• Resolución 047/2024: el considerando y el artículo primero refieren «sesiones ordinarias del mes
de mayo de 2024»; el Egreso EGR-2024000547 indica «durante el mes de junio». Se transcriben
ambas referencias tal como constan en los documentos.
• Resolución 092/2024: el artículo primero menciona «sesiones ordinarias del mes de mayo de
2024», en contradicción con el considerando que refiere sesiones de septiembre. Se deja constancia
de la discrepancia.
• Resolución 135/2024 (nov. 2024): el artículo tercero de la Resolución 135 cita el CDP 2024000564,
el cual corresponde a los documentos financieros que soportan este pago (RES-2024000711, COM-
2024001012, EGR-2024001080, dos transferencias del 06-dic-2024).

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• Resolución 135/2024 (nov. 2024): el pago se ejecutó mediante dos transferencias bancarias: Auth.
13205983 por $229.742,87 (cuenta Fondos Com *****6814) y Auth. 13202075 por $613.280,10
(cuenta SGP *****0127).
• Oficio CMC-2024-093 (03-jul-2024), suscrito por la presidente del Concejo de Cuítiva (Boyacá),
señora Yined Milady Preciado Cruz: certifica 6 sesiones extraordinarias de junio de 2024 y obra como
soporte de la Resolución 047/2024
*Dirección registrada del beneficiario de la orden de pago: Kr. 23 Nro. 2D–07, Villa del Sol, Sogamoso
(Boyacá)].

Está la certificación de 22 de marzo de 2024, suscrita por el
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Macías en
Cuítiva (Boyacá), en la que le hace constar a la presidente del
Concejo de Cuítiva (Boyacá), que el concejal es vecino de esa vereda.
Igualmente, obra constancia suscrita por el accionado, en la que
declara que no reside dentro del casco urbano de Cuítiva (Boyacá),
sino en la vereda Macías de ese municipio.

A su vez, en el Formato de Hoja de Vida del DAFP, diligenciado el 3
de enero de 2024 en Cuítiva (Boyacá), el concejal consignó, como
dirección de correspondencia, la carrera 23 # 2D-07 en Sogamoso
(Boyacá); e igual dirección de domicilio principal anotó en el
Formulario Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y
Actividad Económica Privada (Persona Natural) del DAFP.

El actor insiste en que el señor YIMER LUPERCIO CORREA
PIRAGAUTA, en su condición de presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Macías de Cuítiva (Boyacá), quien suscribió
certificación de vecindad en dicha vereda del concejal (22 de marzo
de 2024) —para efectos de soportar el derecho de este a cobrar y
percibir el reconocimiento de transporte— manifestó ante el
Despacho, durante audiencia de pruebas de 3 de julio de 2025, que
esa certificación se dio mediante engaños y/o presión de tipo político,
porque si no se expedía dicho documento no le ayudaban en el
arreglo de las vías de la vereda.

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Y que el testigo aclaró la situación diciendo de manera categórica que
el concejal no reside en la vereda y que la certificación que expidió
no fue por la condición de residente de aquel, sino de vecino, pues
entiende por vecino al accionado porque lo había visto haciendo
política en campaña, mas no porque viviera en la vereda; pero,
además de esto, alega que el declarante fue tajante en que medió
un posible chantaje político, “[…] ya que si no le colaboraba con la
certificación al concejal, este último no le ayudaba en la vereda con
obras […]”.

Ahora, también está probado que la dirección aportada por el
concejal, a efectos de acreditar su residencia por fuera del casco
urbano de Cuítiva (Boyacá), corresponde a la vereda de Macías,
ubicada en zona rural de ese municipio; y que, a su vez, en sus
documentos de hoja de vida y declaración de bienes, consignó una
dirección que corresponde a zona urbana de Sogamoso (Boyacá), un
municipio distinto al que ejerce como concejal.

El accionado, para justificar la imprecisión en sus datos, refiere que
durante su campaña como candidato a la Alcaldía de Cuítiva (Boyacá)
celebró un contrato de arrendamiento de local el 1o. de octubre de
2022, con la señora FLOR ESTER CORREA CUPASACHOA, sobre el
inmueble ubicado en la Calle 5 #3-28 del perímetro urbano de Cuítiva
(Boyacá), con canon mensual de $120.000, el cual aportó al
expediente, lo que, desde su punto de vista, demuestra que su
domicilio en Cuítiva (Boyacá) es real y anterior a su posesión como
concejal.

Aduce que celebró un contrato verbal con su prima LUZ MERY
CEPEDA RODRÍGUEZ, quien lo acogió en su casa de habitación en

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la vereda Macías de Cuítiva (Boyacá), arrendándole una habitación y
suministrándole el desayuno o almuerzo según el caso para
pernoctar en los días de sesión —ordinaria o extraordinaria—, vigente
desde el 1o. de enero de 2024 hasta el 29 de abril de 2025, fecha en
la cual la señora le informó que no podía continuar con dicho acuerdo
por razones de salud de su señora madre GABRIELINA
RODRÍGUEZ. Al respecto, aparece certificación de 29 de abril de
2025, con destino a este proceso, así:

“[…] Cuítiva, abril 29 de 2025

CERTIFICACIÓN

Luz Mery Cepeda Rodríguez, identificada con la cedula de ciudadanía
Nro. 39.786.493 expedida en Bogotá, teléfono celular
Nro.3203306394, sin dirección electrónica, me permito dirigirme
ante Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, y CERTIFICAR,
que desde la fecha enero 1 de 2024 y hasta abril 29 de 2025,
de forma verbal le arrende una habitación al igual que le
suministre el desayuno o almuerzo según fuera el caso, si
tenía que sesionar en la mañana o en la tarde, al señor José
Antonio Cepeda Tenza, el cual se desempeña como Concejal
de nuestro Municipio de Cuítiva y además es primo.

Lo anterior en la vereda de Macias de Cuítiva.

A mediados del mes de abril me vi en la necesidad de
informarle al señor José Antonio Cepeda Tenza, que no podía
seguir con dicho contrato verbal, toda vez que requiero de
tiempo completo para atender a mi señora madre en cuanto
a salud se refiere, ya que es persona de tercera edad y con
múltiples enfermedades.

Atentamente,

LUZ MERY CEPEDA RODRÍGUEZ
Cedula de ciudadanía Nro. 39.786.493 expedida en Bogotá […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Comentó que, a partir del 30 de abril de 2025, suscribió un nuevo
contrato verbal en idénticos términos con el señor DILSON CEPEDA,

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quien lo acogió en su casa en la vereda Cordoncillos de Cuítiva
(Boyacá), vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que viaja
de Sogamoso (Boyacá) a Cuítiva (Boyacá) para atender las sesiones;
y que por economía de tiempo y costo, le resulta más factible
pernoctar en Cuítiva (Boyacá). Adjuntó certificación de 30 de abril de
2025, con destino a este proceso, así:

“[…] Cuitiva, abril 30 de 2025

CERTIFICACIÓN

Dilson Cepeda, identificado con la cedula de ciudadanía Nro.
9.395.946 expedida en Sogamoso, teléfono celular
Nro.3118952037 y dirección electrónica
dilsoncepeda847@gmail.com - me permito dirigirme ante
Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, y
CERTIFICAR, que desde la fecha abril 30 de 2025 y hasta
enero 31 de 2027, de forma verbal le arrende una habitación
al igual que le suministrare el desayuno o almuerzo según
fuera el caso, si tiene que sesionar en la mañana o en la
tarde, al señor José Antonio Cepeda Tenza, el cual se
desempeña como Concejal de nuestro Municipio de Cuitiva y
además es familiar.

Lo anterior en la vereda de Cordoncillos de Cuitiva.

Atentamente,

DILSON CEPEDA
Cedula de ciudadanía Nro. 9.395.946 expedida en Bogotá […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Aclaró que el señor YIMER LUPERCIO CORREA PIRAGAUTA,
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Macías de
Cuítiva (Boyacá), tiene conocimiento de que gran parte de la familia
Cepeda reside en ese sector; y que verbalmente le manifestó que él
estaba en la vereda, razón por la que en la certificación de marzo de
2024 anotó ‘vecino’ más no ‘residente’, quien además le expresó que
lo observaba con bastante frecuencia en la vereda y le hizo varias

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peticiones comunitarias, tales como la inclusión de una viuda en el
programa de la tercera edad, el arreglo de vías terciarias y su
participación en las festividades de San Pedro.

Insistió en que el presidente de la JAC de la vereda Macías en Cuítiva
(Boyacá), no sabía con certeza su dirección de residencia en
Sogamoso (Boyacá) ni si residía de forma permanente en Cuítiva
(Boyacá), toda vez que la Personería Municipal nunca le preguntó
sobre su vecindad en esa vereda; y que el alcalde de Cuítiva
(Boyacá), señor JORGE ANDRÉS ALARCÓN AVELLA, quien
también es vecino de la vereda Macías, puede dar fe de su condición
de vecino cuando pernoctaba en la casa de habitación de su prima
LUZ MERY CEPEDA RODRÍGUEZ en esa vereda, y ahora en la de
DILSON CEPEDA en la vereda Cordoncillos de Cuítiva (Boyacá),
para asistir oportunamente a las sesiones sin necesidad de doblar el
desplazamiento desde y hacia Sogamoso (Boyacá).

Con fundamento en las pruebas incorporadas a este proceso, la Sala
encuentra probado que el concejal, en efecto, percibió dineros
públicos por concepto del reconocimiento de transporte, previsto en
los artículos 67 de la Ley 136 y 40 del reglamento interno del Concejo
de Cuítiva (Boyacá), durante las vigencias 2024 y 2025, como dan
cuenta los actos administrativos, valores, órdenes de pago,
comprobantes de egreso y demás elementos de la tabla insertada a
esta providencia, sin que, bajo circunstancia alguna, se hubiese
configurado alguna de las hipótesis de indebida destinación de
dineros públicos.

El accionado, por lo que se observa, no ocultó ni distorsionó
información ante la administración municipal, pues desde el 22 de

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marzo de 2024 allegó al Concejo la certificación suscrita por el
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Macías, señor
YIMER LUPERCIO CORREA PIRAGAUTA, para acreditar su
vecindad con esa zona rural, y de manera coetánea suscribió
constancia personal en la que declaró no residir en el casco urbano
de Cuítiva. Ambos documentos fueron recibidos y aceptados sin
reparo por las autoridades municipales que autorizaron los pagos —
el alcalde como ordenador del gasto y el secretario de Hacienda como
ejecutor—, proceder incompatible con la ilicitud que exige la
configuración de la indebida destinación de dineros públicos para
efectos sancionatorios.

La existencia no refutada ni desvirtuada de contratos verbales de
arrendamiento de habitación con LUZ MERY CEPEDA RODRÍGUEZ
—vigente del 1o. de enero de 2024 al 29 de abril de 2025— y con
DILSON CEPEDA —a partir del 30 de abril de 2025— en las veredas
Macías y Cordoncillos, respectivamente, de Cuítiva (Boyacá),
acredita una conducta diligente y precavida de quien, conociendo la
exigencia legal, adoptó medidas concretas para satisfacerla.

Los artículos 67 de la Ley 136, modificado por el artículo 2º de la Ley
1368, y 40 de los acuerdos 003 de 2023 y 004 de 2024 del Concejo
de Cuítiva (Boyacá), exigen que el concejal beneficiario del
reconocimiento de transporte ‘resida en zona rural y deba
desplazarse a la cabecera municipal’. Aun así, el ordenamiento no
define el concepto de ‘residencia’ de manera restrictiva ni exige que
esta sea exclusiva, permanente o que excluya la existencia de otro
domicilio en municipio distinto.

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La declaración del señor YIMER LUPERCIO CORREA PIRAGAUTA,
presidente de la JAC de la vereda Macías, ha sido invocada por el
accionante como prueba de que la certificación de vecindad fue
obtenida mediante fraude y presión política. Sin embargo, un análisis
sereno de ese testimonio revela que su contenido es, en realidad,
ambivalente, y no resuelve de manera concluyente ni rebate el
asunto de la residencia del accionado, pues, en primer lugar, el
propio testigo reconoció que si bien empleó el término ‘vecino’ y no
‘residente’ lo hizo porque observaba con frecuencia al accionado en
la vereda, presencia habitual y reiterada que resulta compatible con
la residencia temporal durante los días de sesión que el accionado
alega.

En segundo lugar, el testimonio sobre la supuesta presión política —
condicionamiento del arreglo de vías— no fue corroborado por ningún
otro medio de convicción, y su credibilidad se ve comprometida por
el hecho de que el testigo fue presentado por el accionante, lo que
impone una valoración cautelosa conforme las reglas de la sana
crítica probatoria.

Sumado a ello, no dejará de advertirse que el texto del artículo 67
de la Ley 136, en la redacción modificada por la Ley 1368, establece
que el reconocimiento procede para los concejales que ‘residan en
zonas rurales y deban desplazarse desde y hasta la cabecera
municipal’. La conjunción ‘y’ vincula dos condiciones que deben
verificarse simultáneamente: residencia en zona rural y necesidad de
desplazamiento, por lo que el legislador no exigió que esa residencia
fuera la única, ni que se tratara del domicilio principal, ni que excluía
cualquier otro asiento del concejal fuera de la jurisdicción municipal.

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Una interpretación contraria, según la cual el concejal que mantiene
domicilio en otro municipio queda automáticamente excluido del
beneficio, aunque efectivamente resida en zona rural de Cuítiva
durante las sesiones, conduciría a resultados discriminatorios:
privaría del reconocimiento a aquellos concejales que por razones
laborales, familiares o económicas mantienen un domicilio adicional
fuera del municipio, pese a desplazarse efectivamente desde la zona
rural hasta su cabecera para asistir a las sesiones.

Esa lectura rigurosa no encuentra respaldo en el tenor literal de la
norma ni en la jurisprudencia de esta Corporación, que ha destacado
el propósito de la disposición: garantizar condiciones mínimas de
movilidad a quienes deben recorrer distancias para ejercer su función
de cabildante. Esto es, que aun en el evento en que se hubiese
desvirtuado el domicilio del accionado en zona rural de Cuítiva
(Boyacá), lo cierto es que de estar domiciliado en zona urbana de
Sogamoso (Boyacá) —en la dirección indicada en algunos
documentos del accionado— persistía, en el caso en concreto, el
requerimiento de su traslado hasta la cabecera municipal de Cuítiva
(Boyacá), circunstancia especial que, a juicio de la Sala, habilita el
reconocimiento del subsidio de transporte.

Por lo expuesto, la Sala no encuentra probada la causal de indebida
destinación de dineros públicos, en cabeza del concejal, luego de
percibir el auxilio de transporte.

V.6.- A partir de estas mismas consideraciones, la Sala se abstendrá
de compulsar copias a los distintos órganos de control requeridos por
el actor, por cuanto no evidencia la posible comisión de delitos, faltas

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disciplinarias o detrimento patrimonial, luego de analizar la
controversia del asunto bajo examen.

V.7.- Por consiguiente, la Sala procederá a confirmar la sentencia de
20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, que decretó la pérdida de investidura del concejal JOSÉ
ANTONIO CEPEDA TENZA, al verificarse que la materialización
objetiva de la prohibición establecida en el artículo 45, numeral 2, de
la Ley 136, en consonancia con los artículos 46 de la Ley 136; 29,
numeral 1 y parágrafo, de la Ley 1123; y 8º de la Ley 1368, estuvo
antecedida de una conducta gravemente culposa, pero por las
razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 28 de mayo de 2026.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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