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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2012-02013-00

Indebida destinación de dineros públicos: elementos configurativos

Fecha
1 de noviembre de 2016
Consejero ponente
Ramiro Pazos Guerrero
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2012-02013-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A : Primero: NIÉGASE la pérdida de la investidura de congresista de la representante a la Cámara VICTORIA EUGENIA VARGAS VIVES, por la indebida destinación de dineros públicos. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2012-02013-00

Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero

1 de noviembre de 2016

PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Principio de congruencia

Por el principio de congruencia, resulta imperativo que la decisión guarde total coherencia entre lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, so pena de sorprender a las partes y dejarlas en situación de indefensión. (…) Para garantizar la efectividad de este último principio resulta fundamental la delimitación clara y precisa de la causa petendi, esto es, del fundamento fáctico, que consiste en los hechos que se señala en la demanda; el componente jurídico, que se traduce en las normas que se considera que subsumen esos hechos, y las razones en las cuales se sustenta esa subsunción, porque solo de esa manera podrá el demandado ejercer adecuadamente su defensa. Esto implica que la Sala no podrá modificar los hechos, normas y fundamentos en los que se basa la acusación, ni dicha causa podrá ser variada en el curso del proceso y mucho menos en la audiencia final.

FUENTE FORMAL: LEY 144 DE 1994 – ARTICULO 4

INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS – Elementos configurativos

La causal de pérdida de investidura por la “indebida destinación de dineros públicos” está prevista en el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución Política y el numeral 4º del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992. En relación con los elementos que integran esta causal, referidos al caso concreto, no existe controversia jurisprudencial en cuanto a: (i) su carácter autónomo en relación con los ilícitos penales que puedan configurar los mismos hechos; (ii) la connotación de “dineros públicos” atribuida a los tiquetes aéreos y, (iii) el alcance del concepto “destinación”. (…) Según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, esta causal se configura cuando los dineros públicos se destinan a fines no previstos en el respectivo presupuesto, al margen de que la conducta del congresista sea o no delictiva, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación, siempre que su finalidad sea diferente a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos. (…) En resumen: la causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales diferentes a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTICULO 183 NUMERAL 4 / LEY 5 DE 1992 – ARTICULO 296

DINEROS PÚBLICOS – Concepto. Evolución jurisprudencial / TIQUETES AÉREOS ENTREGADOS A CONGRESISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES – Constituyen dineros públicos

En cuanto a la expresión “dineros públicos”, cabe señalar que inicialmente se consideró que en razón del principio de taxatividad de las causales de pérdida de investidura, se imponía una lectura restrictiva de la misma, por lo cual debía entenderse que estaba referida únicamente al medio de cambio, de pago, medida de valor, moneda, sin que fuera posible confundirla “con bienes susceptibles de ser valorados en dinero” y, en consecuencia, que no era asimilable a “bienes fiscales”. No obstante, con posterioridad la Sala retomó el concepto para definirlo desde su finalidad y considerar que la expresión “dineros públicos” era comprensiva a todos los bienes del Estado, es decir, todo su caudal, “conformado por los impuestos, las tasas, las contribuciones y los recursos del capital [dado que] el énfasis interpretativo de la causal no ha de colocarse sobre la expresión ‘dineros públicos’ sino sobre la forma en que se puede llevar a cabo su correcta destinación”. Cabe advertir que en esta oportunidad no se tratará el tema del alcance que pueda o no tener el concepto de dineros públicos en relación con todos los bienes del Estado, porque el objeto que ahora interesa es el de los tiquetes aéreos, y estos, ha entendido la Sala al decidir las solicitudes de pérdida de investidura, están incluidos en dicho concepto. (…) Con referencia a los tiquetes aéreos, cabe señalar que el Decreto 870 de 1989, “Por el cual se reglamenta la Ordenación del Gasto del Honorable Congreso de la República”, vigente al momento de los hechos de que trata esta acción, reguló en el artículo 4º el derecho de los congresistas a recibirlos periódicamente. (…) No es objeto de discusión que la cesión de tiquetes aéreos entregados a los congresistas para el cumplimiento de sus funciones o la utilización de los mismos en rutas y con fines distintos al desplazamiento del congresista a los sitios señalados previamente para el cumplimiento de sus funciones constituye causal de pérdida de investidura. En relación con los tiquetes aéreos, la Sala ha precisado que: (i) constituyen “dineros públicos”; (ii) el congresista a quien se le confiaron para el cumplimiento de sus funciones puede incurrir en indebida destinación, y (iii) la causal se configura por cualquier conducta que implique variar la destinación del gasto realizado en su adquisición. En efecto: (i) Los billetes de pasaje aéreo entregados a los congresistas por la respectiva cámara legislativa son un medio de prueba de la celebración de un contrato de transporte aéreo. Su precio es pagado con dineros públicos, dado que estos bienes tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de las funciones de los senadores y representantes. (ii) En la indebida destinación de los dineros invertidos en esos tiquetes incurre el congresista a quien se le entregaron para el ejercicio de sus funciones cuando no los utiliza con ese fin, sino que les da un uso diferente. Los tiquetes aéreos que no son usados por el congresista beneficiario deben ser devueltos a la secretaría de cada Corporación para que esta pueda determinar cuál debe ser la suma a pagar a la agencia o pueda elaborar la nota crédito, en caso de que su pago se hubiera hecho de manera anticipada. (iii) La indebida destinación de dineros públicos se puede configurar, entre otros eventos, cuando el congresista cambia de ruta para atender en un lugar diferente asuntos distintos al cumplimiento de sus funciones; o se hace un cambio de beneficiario, a cualquier título, aunque el propósito no sea el de obtener un beneficio económico.

Esa es la razón por la cual el congresista no puede ceder los tiquetes que se le han entregado, ni aún a sus propios colaboradores. (…) Lo que no se acreditó en el expediente fue que alguno o algunos de los tiquetes que le fueron entregados a la representante para el cumplimiento de sus funciones hubieran sido utilizados por persona diferente, por la cesión que esta hubiera hecho a su favor, ni que la misma hubiera incurrido en conductas diferentes orientadas a obtener un beneficio personal o a favor de terceros, como las de variar su ruta, con propósitos diferentes al cumplimiento de sus funciones u obtenido el reembolso de las sumas pagadas por dichos tiquetes.

FUENTE FORMAL: DECRETO 870 DE 1989 – ARTICULO 4

PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Carga de la prueba corresponde a la parte actora / PRUEBA DE OFICIO – Deber en procesos de pérdida de investidura

Según lo afirmado por el actor, la representante demandada y su padre, “el exsenador de la República Jaime Rodrigo Vargas Suárez, a quien esta Corporación le decretó la pérdida de investidura, se dieron presuntamente a la tarea de no devolver los tiquetes aéreos que se le entregaban a Victoria Vargas Vives y cambiarlos de beneficiarios para darles una apropiación y un uso diferente a la función pública en personas que ellos seleccionaban entre su círculo más cercano e íntimo”. Sin embargo, esos hechos no fueron demostrados en el curso del proceso, por lo que es forzoso concluir que no está llamada a prosperar la solicitud de pérdida de investidura, por la causal de indebida destinación de dineros públicos, por haber cedido o cambiado de ruta los tiquetes aéreos que le fueron confiados para el cumplimiento de sus deberes. La Sala considera pertinente señalar que la carga de la prueba en los procesos de pérdida de investidura, por tratarse de una acción sancionatoria, es del demandante. No obstante, también se destaca que uno de los deberes de la Corporación en este tipo de procesos es el de impulsarlos oficiosamente y, como corolario, contribuir en forma eficaz en el debate probatorio, mediante el decreto de las pruebas de oficio que le lleven a la razonada y completa formación de su juicio. No obstante, para el ejercicio de esa atribución debe establecerse la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, por cuanto las particularidades de la controversia pueden hacer necesario o no el decreto de las mismas. Fue por estas consideraciones que se decretó como prueba de oficio la práctica de una inspección judicial a la oficina principal de AVIANCA, durante la cual se pudo verificar que, en efecto, “la información solicitada es superior al rango de conservación de información del sistema”, como lo había manifestado la compañía, y que solo una revisión de los tiquetes aéreos físicos que reposan en 490 cajas, ubicadas en sus bodegas, podría arrojar algún resultado relacionado con el uso que se dio a los 133 tiquetes entregados a la congresista demandada durante el lapso comprendido entre julio de 1998 y junio de 2002; sin embargo, de acuerdo con la respuesta que dio la misma empresa, no se aprecia que dicha búsqueda satisfaga el requisito de la utilidad de la prueba, toda vez que “no es posible asegurar que los tiquetes (…) se encuentren allí”, y que aún en el evento de encontrarse, tampoco hay certeza de que conste en ellos la información relacionada con su posible endoso o reembolso. En esos términos, con las pruebas que obran en el expediente no se demuestran los hechos afirmados en la demanda, constitutivos de indebida destinación de dineros públicos por cesión a terceros de tiquetes aéreos entregados a la representante Victoria Eugenia Vargas Vives para el cumplimiento de sus funciones en el Congreso de la República, ni haber variado la ruta asignada, en interés propio, ni haber obtenido el reembolso de las sumas que la Cámara hubiera pagado por ellos. Advierte la Sala que fue la exposición genérica de los hechos por los cuales el actor formuló la solicitud de pérdida de investidura en contra de la representante, esto es, sin identificar a la persona o personas a quienes presuntamente aquélla le cedió los tiquetes aéreos ni los lugares a donde la misma viajó con propósitos distintos al ejercicio de su función, la razón por la cual la empresa aérea no pudo hacer las confrontaciones correspondientes en relación con la utilización de los tiquetes expedidos a nombre de la demandada, y también fue ese el motivo por el cual el despacho sustanciador no tuvo posibilidad de indagar de mejor manera esos hechos, para establecer si eran o no ciertos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., primero (1º) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-15-000-2012-02013-00(PI)

Actor: RENZO EFRAÍN MONTALVO JIMÉNEZ

Demandado: VICTORIA EUGENIA VARGAS VIVES

Decide la Sala la solicitud de pérdida de investidura presentada por el señor Renzo Efraín Montalvo Jiménez en contra de la señora Victoria Eugenia Vargas Vives.

I. ANTECEDENTES PROCESALES

1. La solicitud

Mediante escrito presentado en la Secretaría General de esta Corporación el 22 de octubre de 2012 (f. 1-15), el ciudadano Renzo Efraín Montalvo Jiménez solicitó la pérdida de investidura de la señora Victoria Eugenia Vargas Vives, quien fue elegida como representante a la Cámara, por el departamento del Atlántico para el período constitucional 1998-2002, con fundamento en las siguientes razones:

1. La ciudadana Victoria Eugenia Vargas Vives fue elegida representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, y su padre resultó electo senador de la República, en el período constitucional 1998-2002.

2. Durante el período 1998-2002 esta servidora pública se ausentó en múltiples ocasiones de sus funciones parlamentarias, entre otras razones por uno (1) o dos (2) de sus embarazos y reiteradas excusas e incapacidades médicas de todo orden, que presuntamente le impidieron hacer uso de los pasajes aéreos que en ejercicio de sus funciones se le entregaron por parte del Congreso (Secretaría de la Cámara de Representantes), para desplazarse desde su ciudad de origen (Barranquilla), hasta la capital de la República, sin que estos tiquetes aéreos fueran devueltos al Estado.

3. La representante a la Cámara, Victoria Vargas Vives y su padre, el exsenador de la República, Jaime Rodrigo Vargas Suárez, a quien esta Corporación le decretó la pérdida de investidura, se dieron presuntamente a la tarea de no devolver los tiquetes aéreos que se le entregaban a Victoria Vargas Vives y cambiarlos de beneficiarios para darles una apropiación y un uso diferentes a la función pública en personas que ellos seleccionaban entre su círculo más cercano e íntimo.

4. En este caso, el comportamiento reprochado a la representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, VICTORIA EUGENIA VARGAS VIVES, es el relativo a la indebida destinación y apropiación de pasajes aéreos que le fueron suministrados en su condición de Congresista (…) para el ejercicio de sus funciones públicas y que nunca fueron devueltos al Estado, lo cual se adecua a la causal de ‘Indebida destinación de Recursos o Dineros Públicos’, como fundamento para predicar indefectiblemente la acción de pérdida de investidura.

5. El actor radicó ante la Empresa Avianca, el 3 de septiembre de 2010, derecho de petición sobre información del suministro de pasajes por parte de la Cámara de Representantes, a la Representante Victoria Vargas Vives, durante los años 1998 a 2002, el cual fue contestado mediante oficio A003000000-1232 del 22 de septiembre de 2010, por medio del cual se informa que no es posible suministrar la información solicitada, ya que esta se considera como información confidencial a la que solo pueden acceder los usuarios de la misma, su apoderado o la entidad competente, que la requiera para efectos probatorios o de cualquier otra índole (anexo petición y contestación de Avianca).

6. El accionante impetró acción de tutela contra AEROVÍAS DE COLOMBIA S.A. (AVIANCA), la cual por reparto del 5 de octubre de 2010 le correspondió al Juzgado Séptimo Penal de Barranquilla, quien notificó el auto admisorio de la tutela No. 2010-151, mediante telegrama 680 del 7 de octubre de 2010 (anexo acta individual de reparto y telegrama que notifica auto admisorio).

7. En el mismo sentido, el accionante, el 13 de septiembre de 2011 radicó de manera simétrica ante la Presidencia y la Secretaría General de la Cámara derecho de petición sobre información de tiquetes entregados a la Representante Victoria Vargas Vives, así como los devueltos por la misma Representante en los años que comprendieron el período constitucional de 1998 a 2002, sin que dicha petición fuera contestada de fondo, como se puede confutar de los actos administrativos notificados por la secretaria general de la Cámara de Representantes de fecha 13 y 22 de septiembre de 2011, los cuales anexo.

A continuación, bajo el título “precedentes verticales”, el solicitante trascribe los siguientes apartes de la la providencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, el 4 de febrero de 2009, expediente 18.903, mediante la cual se dictó resolución de acusación en contra del exrepresentante a la Cámara Lorenzo Rivera Hernández, por el delito de peculado por apropiación:

Siendo lo anterior así, la conducta reprochada al sindicado resulta inescindiblemente vinculada con el desempeño de sus funciones como congresista, en tanto supone la apropiación de bienes estatales que se hallaban bajo su custodia, razón por la cual es del caso reiterar la competencia que asiste a la Corte para adelantar la presente investigación y calificar el mérito del sumario.

En efecto, no se trata de que la indebida apropiación de bienes del Estado pueda atribuirse exclusivamente a los ordenadores del gasto público o, en términos globales, a los administradores del patrimonio de determinada entidad estatal, como parece interpretarlo el defensor.

Por el contrario, el ámbito de aplicación de la norma cobija a todos los servidores públicos que con ocasión de sus funciones deben disponer y custodiar determinados bienes patrimoniales, ya del Estado, ora de los particulares cuando estos últimos deban entregarlos para su administración, como sucede en los casos de depósito necesario o en el comiso.

En el caso de los pasajes aéreos entregados a los congresistas en cantidad de uno semanal en períodos de sesiones ordinarias o extraordinarias y uno mensual en recesos, tuvo ocasión la Sala de precisar en la decisión por la cual se resolvió la situación jurídica del procesado, cómo al ser expedidos con el evidente propósito de permitir a aquéllos mantener contacto con la problemática de su región y facilitarles su retorno a tiempo a los debates, se entiende expedidos para el desempeño de sus funciones y no a título privado.

Por lo anterior, también se concluyó en la misma decisión, que esos pasajes son objeto de una entrega condicionada, la cual no otorga plena propiedad o disponibilidad del bien.

De forma que, mediando el vínculo funcional entre el Congresista y los tiquetes expedidos para el cumplimiento de sus funciones, no surge duda respecto de su calidad de custodio de tales bienes, posibilitado para su uso en los precisos términos para los cuales se expidieron, surgiendo así la disponibilidad material respecto de ellos.

Ya se mencionó cómo tales tiquetes aéreos ostentan la calidad de bienes estatales, por cuanto su entrega a cada congresista viene signada por un eminente fin funcional: permitirles el desplazamiento a sus regiones, tanto en época de sesiones ordinarias, como extraordinarias, para que puedan estar atentos a la problemática de las poblaciones por ellos representadas, como para asegurar su puntual retorno a los debates.

Por esa razón, los pasajes no son expedidos con destino indeterminado, sino en rutas preestablecidas, siempre coincidentes con la capital del departamento representado por los representantes a la Cámara como lugar de arribo y la ciudad capital de la Nación como destino de retorno.

Esa misma interpretación fue la prohijada por el Consejo de Estado en fallo de su Sala Plena, cuyo aparte pertinente es del siguiente tenor:

“… Los billetes de pasajes aéreo (sic) no son bienes fiscales; sino la prueba de contratos celebrados para la realización de las actividades de los congresistas. Permiten que los representantes puedan mantener contacto con su electorado y llegar a la sede del Congreso con conocimiento de la realidad de su región, de las necesidades más urgentes a solucionar a través de su labor legislativa. Por ello, estos billetes de pasaje vienen nominados por cada congresista y no pueden ser cedidos a terceras personas, ni siquiera a sus propios colaboradores”.

En similar sentido, se pronunció en este proceso el entonces secretario general de la Cámara de Representantes, doctor Angelino Lizcano, quien sobre la materia informó:

“… El tiquete se le da la congresista para su uso en función de su oficio de congresista, si él no lo usa debe devolverlo a la secretaría porque de todas formas este es un bien del Estado; cuando esto sucede, se devuelve a la agencia que lo expidió para que esta reembolse su respectivo precio al Tesoro Nacional…”.

Por manera que resulta predicable el carácter de “bien público” respecto de ese tipo de tiquetes, como también que el congresista a cuyo favor se expiden, es el encargado de administrarlos y custodiarlos, como único funcionario habilitado para su utilización, la cual sólo es posible en cumplimiento de los fines que respaldan su emisión, sentido en el cual se ha pronunciado esta Corporación, manifestando:

‘… los bienes entregados por la administración a sus servidores para el cumplimiento de los fines oficiales, son de aquélla naturaleza (pública) y no pueden ser objeto de apropiación (…) Tal sucede con los elementos de consumo como los útiles de escritorio, la papelería, la gasolina para los vehículos oficiales, los alimentos y vestuario suministrados para el desempeño de la labor oficial, bienes que deben ser administrados para ser gastados exclusivamente en el ejercicio del cometido oficial.

Cuando la administración precise impartir comisión para el desplazamiento del servidor público por territorio nacional o extranjero…, la administración debe proveerle los medios para el cumplimiento de la función legalmente asignada, entre los cuales se hallan los viáticos y los pasajes de traslado.

Por ello se afirma que tales recursos, antes que ser transferidos incondicionalmente en su propiedad, son entregados a los agentes estatales para que éstos los administren, desde el punto de vista amplio que se deja expuesto, esto es, para sufragar los gastos que la misión oficial demanda.

En este sentido ha de entenderse que los emolumentos y demás bienes entregados al funcionario por concepto de comisión, no son -ipso jure- bienes de propiedad del comisionado, si se entiende que ello queda determinado por el cumplimiento de la condición que originó su entrega, esto es la comisión oficial impartida. Por ello, su legalización no deriva de la demostración de haber sido entregados al funcionario, sino de la posterior justificación que de su utilización haga, por haber cumplido la misión encomendada. De no cumplirse la gestión o no satisfacerse los requisitos que justificaron el gasto, se impone su devolución, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal”.

Siendo lo anterior así, se advierte sin dificultad que el congresista titular de los tiquetes está obligado a devolverlos cuando quiera que no los use para los fines funcionales que justificaron su expedición, a fin de que el Estado procure el reembolso de los emolumentos oficiales sufragados en su compra.

En otros términos, el uso de los tiquetes está sujeto a las específicas finalidades que justifican que el Estado asuma tales costos de traslado hasta la capital de la circunscripción electoral representada en el Congreso de la República por cada representante a la Cámara.

A este respecto, la defensa considera que ante la inexistencia para los años 1994 a 1998 de una reglamentación específica que obligara a los congresistas a la devolución de los tiquetes aéreos suministrados con fundamento en el artículo 4° del Decreto 870 de 1.989, tampoco era deber de ellos proceder en dicho sentido, por lo cual podían utilizar los pasajes a su libre albedrío.

La Corte no encuentra correcta esta interpretación bastando para descartarla con acudir al propio texto de la norma reguladora de la expedición de los tiquetes, la cual prescribe:

“… La ordenación de los pasajes aéreos o terrestres dentro del territorio nacional para los honorables congresistas en ejercicio, se autorizarán por el Ordenador del Gasto, previa solicitud del Secretario General de cada Corporación.

Para el efecto la Secretaría General, presentará a las Mesas Directivas del honorable Senado de la República y la honorable Cámara de Representantes, una solicitud mensual de los pasajes a que tienen derecho los honorables Congresistas, indicando nombre del beneficiario y ruta respectiva, uno por cada semana, durante el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y un pasaje mensual en el período de receso, salvo que se trate de comisiones especiales en el interior del país, solicitadas y aprobadas por las Mesas Directivas, las Comisiones Constitucionales Permanentes, Legales Reglamentarias o Accidentales, caso en el cual, se podrá autorizar un número mayor de pasajes. Igualmente, enviará una relación de los tiquetes que hayan sido utilizados o devueltos para efecto de  elaborar la correspondiente resolución que ordene el reconocimiento y pago”.

Como viene de verse, esta norma estipula que los pagos deben efectuarse tomando como base la relación de los pasajes utilizados y “devueltos”, lo cual razonablemente conduce a considerar que sin requerirse de alguna otra reglamentación, los congresistas que no han hecho uso de algunos de los tiquetes expedidos a su favor, deben retornarlos a la administración, a fin de que esa entidad no cancele su importe, circunstancia que adicionalmente permite concluir que el cambio de los tiquetes, bien para modificar el destino o para autorizar su uso a favor de terceras personas, sin lugar a equívocos constituye acto de apropiación de bienes del Estado y, por ende, delito de peculado por apropiación, al menos desde la óptica objetiva del tipo (las subrayas y resaltos son de la transcripción que se hizo en la solicitud de pérdida de investidura).

2. La causal alegada

El actor invoca como causal de pérdida de investidura la prevista en el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución, con la modificación que le introdujo el Acto Legislativo número 1 de 2009, y el numeral 4 del artículo 296 de la Ley 5ª de 1996, según los cuales los congresistas perderán su investidura “por indebida destinación de dineros públicos”.

3. La oposición

La señora Victoria Eugenia Vargas Vives manifestó que si bien la solicitud de pérdida de investidura no es una demanda, sí debe contener, al menos, la causal por la cual se hace dicha solicitud y su debida explicación, tal como lo dispone el artículo 4º de la Ley 144 de 1994, a fin de que la persona demandada pueda ejercer adecuadamente su defensa. Que en el caso concreto, no estaba en condiciones de dar respuesta a las afirmaciones del solicitante porque estas eran etéreas e imprecisas, en tanto no se señaló cuáles eran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales “se violó el régimen de incompatibilidades contemplado en el artículo 183 de la Constitución Política o el artículo 296 de la Ley 5ta de 1992” ni trajo la respuesta al derecho de petición que formuló ante la aerolínea Avianca, la cual era necesaria para dar cumplimiento al requisito de la debida explicación.

En cuanto al fondo del asunto, manifestó que era cierto que en algunas ocasiones, y no en múltiples, como lo afirma el demandante, todas ellas por razones de fuerza mayor, fundamentalmente de orden médico, debió excusarse de asistir a varias sesiones de la Cámara de Representantes, debidamente justificadas, así: 7 en el año 2000; 3 en el año 2001 y 3 en el año 2002, en total fueron 13 excusas durante los 4 años de su período.

Agregó que el hecho de que hubiera estado incapacitada para asistir a las sesiones del Congreso no le impedía utilizar los tiquetes, porque el objeto de los mismos incluía el cumplimiento de los compromisos propios de sus funciones en su actividad como congresista.

Manifestó que era falso que hubiera hecho una indebida destinación y mucho menos apropiación de dineros públicos a través de esos tiquetes, porque jamás los dio a terceras personas ni solicitó su reembolso por no haberlos utilizado. Explicó que los tiquetes que se asigna a los congresistas se devuelven a la Secretaría General del Congreso, para que esta a su vez pida a la agencia de viajes el reintegro del valor pagado por los mismos, aunque el parlamentario puede cambiar directamente la fecha del viaje o el destino, cuando el valor del tiquete sea equivalente, y siempre a su nombre.

Además, dijo que en el caso de los parlamentarios, a diferencia de lo que ocurre con los empleados públicos, existe cierta liberalidad en el uso de los tiquetes, dado que se les entregan con el fin de que se desplacen a cualquier lugar del país, en especial, tratándose de senadores, en consideración a que en la Constitución de 1991 se estableció la circunscripción nacional; de ahí que el cambio de destino de los tiquetes aéreos sea una práctica común en el Congreso, sin que esto implique violación de la ley.

Precisó que durante los meses de mayo a diciembre de 1999, quien asistió a las sesiones en el Congreso fue el representante a la Cámara William Escaf Escaf, en su condición de segundo renglón, por encontrarse la demandada en licencia de maternidad o por habérsele concedido incapacidades debidamente justificadas, y que durante ese tiempo todos los tiquetes aéreos fueron expedidos a nombre de aquél.

5. Audiencia pública

A la audiencia pública prevista en el artículo 11 de la Ley 144 de 1994 asistieron el actor, la congresista demandada, su apoderado y el procurador delegado ante el Consejo de Estado. Oportunamente, los sujetos procesales presentaron por escrito la ampliación de sus intervenciones.

5.1. El actor insistió en la solicitud de pérdida de investidura, por haber incurrido la demandante en indebida destinación de dineros públicos, causal prevista en el numeral 4º del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, en razón a que las pruebas que obran en el expediente así lo demuestran.

Destacó las finalidades perseguidas por la Asamblea Nacional Constituyente al establecer un estricto régimen de control sobre los miembros de las corporaciones públicas y prever la pérdida de investidura como una sanción más severa que la disciplinaria, que pudiera imponer la Procuraduría General de la Nación, o la política de los electores al retirarles su apoyo, mediante la cual se busca “dignificar y enaltecer la calidad de los representantes del pueblo”, como lo ha señalado la Corte Constitucional. Dicha sanción “constituye uno de los mecanismos de la democracia participativa, en virtud del cual los ciudadanos pueden ejercer directamente un control sobre los legisladores de acuerdo con precisas causales de raigambre constitucional, encaminadas todas a preservar la integridad de la función de representación política encomendada al parlamento”.

Hizo énfasis en que los tiquetes aéreos son bienes estatales que se entregan a los congresistas únicamente con el fin de que cumplan sus funciones y no a título privado, es decir, que su entrega es condicionada y, por lo tanto, en el evento de que no los utilice debe devolverlos a la entidad a fin de recuperar su importe. En ese orden de ideas, el cambio de destino para uso particular o su cesión a terceras personas constituye un acto de apropiación de bienes del Estado y, por ende, del delito de peculado por apropiación, al menos desde su óptica objetiva.

Señaló que si en gracia de discusión se aceptara que a la representante le hurtaron 30 o 40 de los tiquetes aéreos que le suministró el Congreso para el ejercicio de su función, igualmente, debe considerarse que esta incurrió en indebida destinación de esos recursos estatales, dado que tales bienes no acabaron cumpliendo el cometido estatal para el cual le fueron entregados. Advirtió que la representante solo comunicó el presunto hurto a la aerolínea, pero se abstuvo de formular la denuncia ante la autoridad competente, de lo cual se infiere que su propósito fue el de encubrir el ilícito que había cometido en relación con esos bienes.

Se refirió a la falta de garantías procesales, atribuibles, según el actor, a la omisión del anterior Consejero Ponente de este asunto, por su negativa a decretar, de oficio, la prueba que solicitó consistente en oficiar a Avianca para que certificara quién utilizó los tiquetes que le fueron entregados a la congresista, en la ruta Barranquilla-Bogotá-Barranquilla, en relación con los cuales se le suministró una relación detallada.

5.2. El señor Agente del Ministerio Público solicitó a la Sala negar la solicitud formulada por el ciudadano, porque, en su criterio, las pruebas que obran en el expediente no demuestran que durante el período 1998-2002, la congresista hubiera cedido los tiquetes oficiales que le fueron entregados, ni mucho menos que los hubiera cambiado en provecho propio para usarlos en actividades diferentes, en especial, si se tiene en cuenta que denunció el hurto de 30 o 40 pasajes aéreos, del cual fue víctima en diciembre del 2001. Añadió que tratándose de un proceso de naturaleza sancionatoria, las dudas que puedan tenerse en relación con la conducta de la congresista deben ser resueltas a su favor.

5.3. La señora Victoria Eugenia Vargas Vives y su apoderado, solicitaron desestimar las pretensiones de la demanda.

5.3.1. La demandada manifestó que se sentía víctima de un acoso legal y de demandas temerarias; hizo una presentación de su trayectoria personal y profesional, así como de las vicisitudes médicas que ha sufrido. Solicitó que se negaran las pretensiones porque no existen en el expediente pruebas que demuestren que hizo mal uso de dineros públicos.

5.3.2. El apoderado de la demandada hizo un análisis de las pruebas recaudas en el expediente, en particular, la respuesta dada por la aerolínea Avianca, según la cual no era posible suministrar información relacionada con el uso, endoso, cesión o presunto reembolso de los tiquetes entregados a la congresista, porque la información solicitada era superior al rango de conservación de la empresa, y la constancia expedida por la Cámara de Representantes, en relación con el hurto de alrededor de 40 de los tiquetes que se habían confiado a la demandada, en hechos ocurridos en diciembre de 2001, en Barranquilla, y concluyó que con fundamento en esas pruebas no era posible afirmar que la congresista hubiera hecho uso indebido de los dineros públicos, al utilizar los tiquetes aéreos que le fueron entregados en su condición de representante a la Cámara.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

El asunto sometido a la consideración de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es de su competencia, según lo dispuesto en los artículos 184 y 237, numeral 5, de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en los artículos 1º de la Ley 144 de 1994 y 37 numeral 7 de la Ley 270 de 1996.

2. La calidad de congresista

La calidad de congresista de la demandada durante el período 1998-2002 fue acreditada con la certificación expedida por el director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la cual consta que “la señora VICTORIA EUGENIA VARGAS VIVES, participó en las elecciones realizadas el 8 de marzo de 1998 y fue elegida representante a la Cámara por el departamento del ATLÁNTICO, por el MOVIMIENTO ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA, período constitucional 1998-2002” (f. 40).

3. Sobre las excepciones propuestas

Afirmó en su defensa la congresista demandada que la solicitud de pérdida de investidura adolecía de precisión, lo cual vulneraba su derecho de defensa, porque en el escrito no se señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales “se violó el régimen de incompatibilidades contemplado en el artículo 183 de la Constitución Política o en el artículo 296 de la Ley 5ta de 1992” ni se trajo la respuesta que pidió a la aerolínea Avianca, la cual era necesaria para dar cumplimiento al requisito de la debida explicación.

Advierte la Sala que en la solicitud de pérdida de investidura ni siquiera se insinuó violación alguna al régimen de incompatibilidades, de tal manera que en este aspecto la defensa no guarda coherencia con la demanda, la cual no adolece de ineptitud. En cuanto a la casual invocada por el accionante y los hechos que en su criterio la fundamentan, la demanda es clara, concreta y explícita. Y en relación con la carencia de respuesta de la aerolínea Avianca a la petición de información que le formuló el accionante, se considera que este es un asunto probatorio que deberá ser analizado al resolver de fondo la solicitud, pero no constituye un requisito para la demanda en forma.

En consecuencia, al no existir hechos impeditivos o extintivos que enerven las pretensiones de la demanda, se emitirá pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de pérdida de investidura formulada por el accionante en contra de la señora Victoria Eugenia Vargas Vives.

4. Garantías en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura

Antes de entrar en el estudio de la demanda, considera la Sala relevante reiterar las particularidades del proceso de pérdida de investidura, el cual comporta un juicio de responsabilidad jurídica que se traduce en la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, que lo es la pérdida definitiva del derecho político a ser elegido para un cargo público de elección popular, proceso que tiene como finalidad “el rescate de lo público contra la apropiación privada del Estado por quienes están llamados a servir los intereses de aquél y de la comunidad”.

Por esa razón, de una parte, se han previsto como causales de pérdida de investidura aquellas conductas que a juicio del constituyente primario generan un grave daño a los intereses del Estado y, por otra, se hace énfasis en el pleno respeto de las garantías y requisitos constitucionales del debido proceso, porque esta es la sanción más drástica que pueda imponerse a un servidor estatal, dado que el sancionado no solo perderá su calidad de congresista, sino que, además, quedará inhabilitado de manera permanente para ejercer cualquier cargo de elección popular.

De esas garantías se destacan para los efectos de esta decisión, el principio de legalidad, que a su vez está integrado por los de reserva legal y de tipicidad, y el principio de congruencia.

Conforme al primero, las conductas por las cuales debe imponerse la pérdida de investidura están tipificadas únicamente en la Constitución, y su alcance lo determinan la Corte Constitucional, al decidir las demandas de inexequibilidad de las leyes que desarrollan las disposiciones constitucionales, y esta Corporación, al resolver las demandas interpuestas por los ciudadanos contra los congresistas. En razón de este principio, las causales de pérdida de investidura “no se pueden extender a otras conductas, aun cuando con ellas se incumplan los deberes como congresista, se incurra en prohibiciones o en la comisión de delitos, salvo que dichas conductas puedan ser tipificadas dentro de las causales consagradas en la Constitución”.

Por el principio de congruencia, resulta imperativo que la decisión guarde total coherencia entre lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, so pena de sorprender a las partes y dejarlas en situación de indefensión. Así lo ha señalado la Sala en oportunidades anteriores:

[T]todo juzgador, incluido el de la pérdida de investidura, debe respetar el principio de consonancia o congruencia que debe informar al fallo, en tanto la imparcialidad del juzgamiento exige identidad entre lo decidido y el petitum (las pretensiones) y la causa petendi (los hechos que le sirven de fundamento). De ahí que al juzgador no le está permitido abordar el estudio de causales de pérdida de investidura que no hayan sido debidamente invocadas y explicadas en el escrito de demanda, tal y como lo ordena la letra c) del artículo 4º de la Ley 144 de 1994.

En otros términos, no le es dado al actor cambiar sustancialmente, como se intenta en el sub lite, en las alegaciones y en la etapa probatoria, la conducta trasgresora invocada en la demanda y traer ahora asuntos nuevos, sobre los cuales el accionado no tuvo oportunidad de pronunciarse dentro del proceso.

Esta limitante se erige en una garantía de la vigencia plena del derecho fundamental al debido proceso contenida en el artículo 29 Constitucional y que reitera el artículo 9º de la ley Estatutaria de Administración de Justicia.

Para garantizar la efectividad de este último principio resulta fundamental la delimitación clara y precisa de la causa petendi, esto es, del fundamento fáctico, que consiste en los hechos que se señala en la demanda; el componente jurídico, que se traduce en las normas que se considera que subsumen esos hechos, y las razones en las cuales se sustenta esa subsunción, porque solo de esa manera podrá el demandado ejercer adecuadamente su defensa. Esto implica que la Sala no podrá modificar los hechos, normas y fundamentos en los que se basa la acusación, ni dicha causa podrá ser variada en el curso del proceso y mucho menos en la audiencia final.

A propósito de esta última exigencia, la Corte Constitucional al decidir la demanda formulada en contra de la expresión “y; su debida explicación”, contenida en el literal c) del artículo 4º de la Ley 144 de 1994, que establece los requisitos mínimos que debe contener la solicitud de pérdida de investidura, la declaró exequible, por considerar que dicha exigencia garantiza el derecho de defensa del demandado:

Por otro lado, no se aprecia que la exigencia de debida explicación entrañe limitante de derecho fundamental alguno del ciudadano y, por el contrario, es uno de los requisitos mínimos que exige la lógica argumentativa de una solicitud de esta naturaleza. Resalta la Sala que el artículo no establece exigencia que desnaturalice la esencia pública de la acción, en cuanto no prevé como preceptiva una argumentación de nivel o características profesionales –en el área jurídica-; simplemente se exige que a más de unos hechos señalados, se indique por qué los mismos se constituyen en causal para solicitar el levantamiento de la investidura de un congresista.

En este sentido se aprecia un requerimiento similar a aquel que se hace por parte de la Corte Constitucional al accionante en un proceso de constitucionalidad, en el que, no obstante tratarse de una acción pública, se precisa de ciertos elementos que permitan plantear el debate sobre la constitucionalidad de una norma objeto de control.

Dicha exigencia se aprecia con mayor necesidad en el caso de la solicitud de pérdida de investidura porque la misma, además, ayuda a garantizar el derecho de defensa del sujeto pasivo en el proceso, quien tendrá claro los fundamentos en que yace la acusación contra él o ella planteada.

Es oportuno recordar que, como quedó plasmado en las consideraciones, el juicio de pérdida de investidura tiene como fines generales la democratización y la legitimación de la función que realizan los congresistas. Sin embargo, este fin no puede obviar la necesidad de velar por la protección de los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la solicitud de pérdida de investidura.

Así, es el derecho de defensa uno de los que mayor riesgo de vulneración tiene en este tipo de procesos, pues, a más del corto tiempo que se tiene para responder la demanda –tres días, de acuerdo con el art. 9º de la ley 144 de 1994-, sería una carga desproporcionada el no tener claridad sobre el concepto de la acusación, en orden a establecer con precisión cuál es el camino para controvertir, matizar o, simplemente, aceptar los expresado en la solicitud.

De esta forma, la exigencia de debida explicación de la forma en que para el caso concreto opera la causal invocada, no sólo i) no resulta una exigencia desproporcionada para quien solicita el levantamiento de la investidura de un miembro del Congreso; sino que, además, ii) supone una garantía al derecho de defensa del sujeto pasivo de dicha solicitud, pues sabrá de forma específica cómo, en concepto del demandante, una situación fáctica dada encuadra dentro de una causal de pérdida de investidura.

Contrario sensu, la indeterminación de cómo unos hechos expuestos en el escrito de demanda implican la concreción de una causal de pérdida de investidura, obligaría al demandado a suponer, a presumir e, incluso, adivinar las razones, los matices y el camino argumentativo de la posible acusación y, además, a defenderse de la misma. Esto a todas luces ubica al derecho a la defensa ante un riesgo desproporcionado, no sólo por el doble trabajo de hacer cábalas sobre la acusación y responderlas en la contestación de la demanda, sino, además, porque es posible que el juez natural de la causa entienda de forma diferente el sentido de la acusación y, por consiguiente, convierta en fútil la defensa del sujeto pasivo en el proceso de pérdida de investidura.

5. Delimitación de la acusación

Una interpretación integral de la demanda permite concluir que el actor formuló dos cargos autónomos en contra de la exrepresentante Vargas Vives, configurativos de la causal de indebida destinación de dineros públicos: el primero, se concreta con la omisión de la congresista de devolver los tiquetes que le fueron confiados para el ejercicio de sus funciones y, el segundo, relacionado con el cambio de beneficiario de los mismos. A esta conclusión se arriba, porque: (i) esos hechos fueron señalados en numerales diferentes de la demanda (2. y 3.); (ii) el derecho de petición que formuló el actor a Avianca y a la Cámara de Representantes se orientó a obtener información sobre la identificación de los tiquetes que se le habían confiado a la congresista y los que esta había devuelto, con el fin de establecer cuántos de esos tiquetes no había usado la parlamentaria; (iii) en la trascripción de la sentencia de la Corte Suprema que cita en la demanda, el actor destacó el aparte en el que esa Corporación afirmó que “el congresista titular de los tiquetes está obligado a devolverlos cuando quiera que no los use para los fines funcionales que justificaron su expedición, a fin de que el Estado procure el reembolso de los emolumentos oficiales sufragados en su compra”; y (iv) la demandada dio respuesta a ambos hechos, por lo cual no se vulnera con esta interpretación su derecho de defensa. En efecto, a pesar de que en la respuesta a la demanda, la congresista adujo como excepción la imprecisión de los hechos, lo cierto es que se pronunció sobre ambas acusaciones al señalar, de una parte, que, a pesar de ser cierto que estuvo incapacitada para asistir a 13 sesiones durante el período 1998-2002, no había hecho uso indebido de los tiquetes, dado que los mismos no solo estaban destinados a posibilitar su asistencia al Congreso, sino también a sus desplazamientos a distintos lugares, donde debía ejercer las funciones propias de su investidura y, de otra parte, manifestó que jamás había cedido a terceras personas esos tiquetes, ni había pedido su reembolso, porque esas actuaciones solo podían ser desarrolladas por la Cámara de Representantes:

Segundo y tercer hecho (sic): es parcialmente cierto en cuanto a que en varias ocasiones por razones de fuerza mayor debió la Representante Vargas Vives excusarse de la asistencia a algunas sesiones de la Cámara por motivos de enfermedad en la mayoría de los casos o por razones de fuerza mayor distintas entre otros casos, los que sumados no tienen la connotación que el actor manifiesta en la demanda en cuanto a que la califica de múltiples ocasiones. En el año 2000 solicitó siete (7) excusas, debidamente justificadas, por motivos de incapacidad médica tal como consta y reconoce el demandante en las gacetas de la Cámara de Representantes; en el año 2001 y también por razones médicas se excusó de asistir a sesiones en tres (3) oportunidades y en el año 2002 se excusó también por incapacidad médica en tres oportunidades, es decir, durante los cuatro años de su período legislativo y por las razones anotadas se excusó en trece (13) oportunidades, lo cual no tiene la connotación de múltiples que el demandante le otorga.

Debe aquí también resaltarse que el demandante manifiesta que debido a las excusas e incapacidades médicas presentadas por la Representante Vargas Vives, presuntamente no usó los pasajes aéreos que en ejercicio de sus funciones se le entregaron en esas fechas por parte del Congreso y que tampoco los devolvió como se afirma en el hecho tercero dándoles una apropiación y uso diferente al establecido en el Decreto 870 del año 1989.

Se confunde el autor (sic) al afirmar que por el hecho de que la Representante Vargas Vives hubiera estado incapacitada para asistir a las sesiones del Congreso, no pudiera mi apoderada utilizar los tiquetes, como si el único objeto de dichos tiquetes fuera la asistencia a sesiones y no la posibilidad de desplazarse para cumplir compromisos dentro del ejercicio de sus funciones en su actividad congresional.

(…)

2. La Representante Vargas Vives no ha violado el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, ni el numeral 4to del artículo 296 de la Ley 5 de 1996, debido a que jamás se dio a terceras personas los tiquetes aéreos ni tampoco solicitó reembolso alguno por la no utilización de dichos tiquetes, como lo manifestamos anteriormente no podemos precisar en qué momento se usaron los tiquetes entregados, pero sí podemos afirmar de manera categórica que se les dio uso personal y para los propósitos legales.

Cuando los tiquetes no son usados, el procedimiento está establecido en el Decreto 870 de 1989 y en esa circunstancia, el parlamentario lo devuelve a la secretaria general para que la correspondiente agencia de viaje o aerolínea le reintegre “directamente” a la pagaduría del Congreso de la República.

También puede presentarse otra situación: cuando el parlamentario devuelve los tiquetes directamente a la agencia de viajes o a la aerolínea, evento en el cual “no existe devolución” de dinero a favor del parlamentario, lo que sí existe es la posibilidad de cambiarlos por otro destino diferente y únicamente a favor de su titular. De tal manera que no hay posibilidad de que los eventos contemplados por el solicitante se hubieran dado, esto es, el cambio de tiquetes a favor de un tercero o la devolución directa del dinero a favor de mi representada.

Por otro lado, debe aclararse también que solo se puede cambiar el boleto por otro u otros diferentes cuando tengan un valor equivalente, de tal manera que el tiquete devuelto sirva como medio de pago para un nuevo tiquete.

Debe además precisarse que en el caso de los parlamentarios existe cierta liberalidad en el uso de los tiquetes aéreos a diferencia del empleado público cuyo uso del tiquete está circunscrito al sitio al que de acuerdo con la comisión de trabajo fue destinado. En el caso de los parlamentarios la situación es diferente, debido a que los tiquetes se entregan con la finalidad de que al parlamentario se le garantice su desplazamiento a cualquier lugar del país, esta liberalidad es mucho mayor en el caso de los senadores y sobre todo a partir de la Constitución de 1991 cuando se estableció la circunscripción nacional. Pero aún en el caso de los representantes a la Cámara nada les prohíbe que puedan dirigirse a otras regiones distintas a la circunscripción electoral por la cual fueron elegidos. De ahí que el cambio de destino del tiquete sea una práctica común en el Congreso sin que ello conlleve a la violación de las normas anteriormente citadas.

También debe aclararse que durante mayo a diciembre de 1999 asistió el Representante a la Cámara William Escaf Escaf en su condición de segundo renglón de mi representada, en razón a la licencia de maternidad e incapacidades debidamente justificadas. En todo ese período los tiquetes fueron expedidos a favor del Representante Escaf.

En consecuencia, se precisa que la causa petendi en la solicitud de pérdida de investidura presentada por el señor Renzo Efraín Montalvo en contra de la señora Victoria Eugenia Vargas Vives es la siguiente:

Primer cargo:

Fundamento fáctico: no haber devuelto a la Cámara de Representantes los tiquetes que se expidieron a su nombre y que no utilizó; fundamento jurídico: artículo 183-4 de la Constitución, conforme al cual es causal de pérdida de investidura la indebida destinación de dineros públicos; y su debida explicación, según la interpretación de la demanda que hace la Sala, es la siguiente: los tiquetes que se entregan a los congresistas para el cumplimiento de sus funciones son “dineros públicos”. La omisión de la devolución oportuna de los mismos impidió a la Cámara de Representantes realizar el trámite de la devolución del importe pagado por ellos; en consecuencia, los recursos invertidos en el pago del transporte aéreo, cubierto por el Estado, para que la representante a la Cámara Eugenia Vargas Vives pudiera desplazarse desde su ciudad de origen hasta Bogotá, conforme al contrato celebrado por la Cámara de Representantes con la aerolínea Avianca, tuvieron una destinación indebida.

En el escrito de alegaciones, el actor señaló que de ser cierto que a la exrepresentante le fueron hurtados los tiquetes que no utilizó, según la copia del oficio que remitió a Avianca y de la denuncia que formuló su cónyuge ante la Inspección Municipal de Policía de Cartagena, esta situación constituía una indebida destinación de dineros públicos, porque ella estaba a cargo de su custodia y estos, finalmente, no fueron utilizaron en los fines para los cuales habían sido expedidos:

Es de anotar, que si en gracia de discusión aceptáramos que a la representante le hurtaron los 30 o 40 tiquetes aéreos que le dio el Congreso para el ejercicio de la función pública, no se exime de responsabilidad a la señora Victoria Vargas Vives, de la custodia que tenía que tener sobre los mismos, y el hecho de tenerlos en su apartamento no es causal de justificación del hecho o de ausencia de responsabilidad, sino que por el contrario, justifica la indebida destinación de esos dineros públicos o recursos estatales, ya que los tiquetes que supuestamente le robaron o le hurtaron no acabaron cumpliendo el cometido estatal para el cual son entregados por el Congreso de la República.

Segundo cargo:

Fundamento fáctico: haber cedido a terceras personas los tiquetes aéreos que recibió de la Cámara de Representantes para su desplazamiento en la ruta Barranquilla-Bogotá-Barranquilla; fundamento jurídico: artículo 183-4 de la Constitución, conforme al cual es causal de pérdida de investidura la indebida destinación de dineros públicos; y las razones que sustentan esa acusación: los tiquetes le fueron expedidos a la exrepresentante con el fin de que pudiera asistir a las sesiones del congreso y, a su vez, estar en permanente contacto con su electorado. La beneficiaria no tenía disponibilidad de esos bienes, por lo tanto, “el cambio de los tiquetes, bien para modificar el destino o para autorizar su uso a favor de terceras personas, sin lugar a equívocos constituye acto de apropiación de bienes del Estado y, por ende, delito de peculado por apropiación, al menos desde la óptica objetiva del tipo”, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que se cita en la demanda.

Se procederá a estudiar la causal de pérdida de investidura formulada por el accionante en contra de la exrepresentante Victoria Vargas Vives, conforme a lo señalado en la demanda.

6. Elementos configurativos de la causal invocada en la demanda

6.1. La causal de pérdida de investidura por la “indebida destinación de dineros públicos” está prevista en el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución Política y el numeral 4º del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992.

En relación con los elementos que integran esta causal, referidos al caso concreto, no existe controversia jurisprudencial en cuanto a: (i) su carácter autónomo en relación con los ilícitos penales que puedan configurar los mismos hechos; (ii) la connotación de “dineros públicos” atribuida a los tiquetes aéreos y, (iii) el alcance del concepto “destinación”. En efecto:

(i) El parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992 establecía como condición previa para decretar la pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos que se hubiera proferido sentencia penal ejecutoriada, pero la Corte Constitucional declaró inexequible esa condición porque la misma no estaba prevista en el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución Política. Por lo tanto, el juicio que haga el Consejo de Estado sobre los hechos para determinar si se configura o no la causal de pérdida de investidura es independiente del que pueda hacer el juez penal, para determinar si esos mismos hechos son o no constitutivos de un ilícito penal.

(ii) En cuanto a la expresión “dineros públicos”, cabe señalar que inicialmente se consideró que en razón del principio de taxatividad de las causales de pérdida de investidura, se imponía una lectura restrictiva de la misma, por lo cual debía entenderse que estaba referida únicamente al medio de cambio, de pago, medida de valor, moneda, sin que fuera posible confundirla “con bienes susceptibles de ser valorados en dinero” y, en consecuencia, que no era asimilable a “bienes fiscales”. No obstante, con posterioridad la Sala retomó el concepto para definirlo desde su finalidad y considerar que la expresión “dineros públicos” era comprensiva a todos los bienes del Estado, es decir, todo su caudal, “conformado por los impuestos, las tasas, las contribuciones y los recursos del capital…[dado que] el énfasis interpretativo de la causal no ha de colocarse sobre la expresión ‘dineros públicos’ sino sobre la forma en que se puede llevar a cabo su correcta destinación” . Cabe advertir que en esta oportunidad no se tratará el tema del alcance que pueda o no tener el concepto de dineros públicos en relación con todos los bienes del Estado, porque el objeto que ahora interesa es el de los tiquetes aéreos, y estos, ha entendido la Sala al decidir las solicitudes de pérdida de investidura, están incluidos en dicho concepto, como más adelante se precisará.

(iii) Según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, esta causal se configura cuando los dineros públicos se destinan a fines no previstos en el respectivo presupuesto, al margen de que la conducta del congresista sea o no delictiva, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación, siempre que su finalidad sea diferente a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos. Por lo tanto, habrá indebida destinación de dineros públicos no solo cuando el congresista, en ejercicio de su cargo, "traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento’, “utilizando, aplicando o destinando directa e indebidamente los valores monetarios, sino también cuando utiliza intangibles o contratos como instrumentos para desviar los dineros públicos a fines distintos de los previstos en las disposiciones legales y reglamentarias”.
De conformidad con las normas vigentes al momento de ocurrencia de los hechos de que trata esta demanda, la Sala ha concluido que incurre en indebida destinación de dineros públicos, de manera directa, el congresista ordenador del gasto, al aplicar los recursos a propósitos prohibidos, no autorizados, injustificados o innecesarios, a través de la celebración de contratos estatales, sin establecer su necesidad, oportunidad o conveniencia o a través del pago de anticipos o de autorizaciones. Y se presenta la destinación indirecta, cuando a pesar de haber sido ordenado el gasto para el objeto previsto en el respectivo presupuesto, el congresista propicia con su conducta una destinación distinta.

En resumen: la causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales diferentes a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.

b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a [aquellos para] los cuales esos dineros se encuentran asignados.

c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.

e. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.

f. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros.

6.2. Con referencia a los tiquetes aéreos, cabe señalar que el Decreto 870 de 1989, “Por el cual se reglamenta la Ordenación del Gasto del Honorable Congreso de la República”, vigente al momento de los hechos de que trata esta acción, reguló en el artículo 4º el derecho de los congresistas a recibirlos periódicamente, en estas condiciones:

La ordenación de los pasajes aéreos o terrestres dentro del territorio nacional para los honorables Congresistas en ejercicio, se autorizarán por el Ordenador del Gasto, previa solicitud del Secretario General de cada Corporación.

Para el efecto la Secretaría General, presentará a las Mesas Directivas del honorable Senado de la República y la honorable Cámara de Representantes, una solicitud mensual de los pasajes a que tienen derecho los honorables Congresistas, indicando nombre del beneficiario y ruta respectiva, uno por cada semana, durante el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y un pasaje mensual en período de receso, salvo que se trate de comisiones especiales en el interior del país, solicitadas y aprobadas por las Mesas Directivas, las Comisiones Constitucionales Permanentes, Legales Reglamentarias o Accidentales, caso en el cual, se podrá autorizar un número mayor de pasajes. Igualmente, enviará una relación de los tiquetes que hayan sido utilizados o devueltos para efecto de elaborar la correspondiente resolución que ordene el reconocimiento y pago.

No es objeto de discusión que la cesión de tiquetes aéreos entregados a los congresistas para el cumplimiento de sus funciones o la utilización de los mismos en rutas y con fines distintos al desplazamiento del congresista a los sitios señalados previamente para el cumplimiento de sus funciones constituye causal de pérdida de investidura. En relación con los tiquetes aéreos, la Sala ha precisado que: (i) constituyen “dineros públicos”; (ii) el congresista a quien se le confiaron para el cumplimiento de sus funciones puede incurrir en indebida destinación, y (iii) la causal se configura por cualquier conducta que implique variar la destinación del gasto realizado en su adquisición. En efecto:
(i) Los billetes de pasaje aéreo entregados a los congresistas por la respectiva cámara legislativa son un medio de prueba de la celebración de un contrato de transporte aéreo. Su precio es pagado con dineros públicos, dado que estos bienes tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de las funciones de los senadores y representantes.

(ii) En la indebida destinación de los dineros invertidos en esos tiquetes incurre el congresista a quien se le entregaron para el ejercicio de sus funciones cuando no los utiliza con ese fin, sino que les da un uso diferente. Los tiquetes aéreos que no son usados por el congresista beneficiario deben ser devueltos a la secretaría de cada Corporación para que esta pueda determinar cuál debe ser la suma a pagar a la agencia o pueda elaborar la nota crédito, en caso de que su pago se hubiera hecho de manera anticipada.
(iii) La indebida destinación de dineros públicos se puede configurar, entre otros eventos, cuando el congresista cambia de ruta para atender en un lugar diferente asuntos distintos al cumplimiento de sus funciones; o se hace un cambio de beneficiario, a cualquier título, aunque el propósito no sea el de obtener un beneficio económico. Esa es la razón por la cual el congresista no puede ceder los tiquetes que se le han entregado, ni aún a sus propios colaboradores.

7. Análisis de los cargos

Procederá la Sala a analizar si en el presente caso la representante Victoria Vargas Vives incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos por haber cedido los tiquetes que le fueron confiados para el cumplimiento de sus funciones, durante el período constitucional 1998-2002, o por no haberlos devuelto oportunamente a la Secretaría de la Cámara de Representantes.

6.1. Sobre la presunta cesión de los tiquetes aéreos

7.1.1. Está demostrado en el expediente que la Cámara de Representantes entregó a la señora Victoria Eugenia Vargas Vives 133 tiquetes en la ruta Barranquilla-Bogotá-Barranquilla, durante el lapso comprendido entre julio de 1998 y junio de 2002. Esto puede concluirse de las siguientes pruebas: (i) copias de las tarjetas de los pasajes aéreos entregados a la congresista, las cuales fueron aportadas con el oficio remitido al accionante por el secretario general de la Cámara de Representantes, mediante el cual dio respuesta a su derecho de petición (f. 49-54, 60-66), y de las que fueron remitidas por la subsecretaria general de la Cámara de Representante, en respuesta al oficio remitido por el secretario general de esta Corporación (f. 193-199); (ii) relación de los tiquetes aéreos entregados a la representante Victoria Eugenia Vargas Vives durante el período constitucional 1998-2002, en la ruta Bogotá-Barranquilla-Bogotá, con identificación del número del tiquete, el mes y el año de su entrega, elaborada por el secretario general de la Cámara de Representantes, quien aseguró haber obtenido esa información de las tarjetas kárdex y de la certificación de 24 de junio de 2002 expedida por el secretario general de esa época (f. 176-181 y 188-192).

7.1.2. Entre agosto de 1998 y junio de 2002 hubo 138 sesiones ordinarias plenarias y 2 extraordinarias de la Cámara de Representantes, de las cuales la demandada asistió a 48 ordinarias y a 1 extraordinaria, y faltó a 57 sesiones, con excusa; a 8 sesiones, sin excusa y a 26, por licencia. Estos hechos se demostraron con: (i) la certificación de inasistencia de la demandada a las sesiones plenarias, en las cuales se discutieron y votaron proyectos de ley, de actos legislativos y mociones de censura, con distinción de los eventos en los cuales presentó excusa y aquellos en los que se abstuvo de hacerlo, y de las licencias por incapacidad médica y de maternidad, expedida por la Subsecretaría General de la Cámara de Representantes, en respuesta al derecho de petición formulado por el actor (f. 55-59); (ii) respuesta dada por la presidenta de la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes al oficio remitido por el Ponente del presente proceso, con la cual allegó copia del oficio de agosto de 1999, en el que informa, como novedad, que la mesa directiva de la Cámara expidió la Resolución 0751 de 2 de agosto de 1999, en la cual se prorrogó la incapacidad médica a la demandada a partir del 2 de agosto y hasta el 3 de septiembre de 1999; copia del acta de estudio y decisión de las excusas por inasistencia presentadas a la Comisión de Acusación por la parlamentaria Vargas Vives, el 19 de junio de 2002, en la cual aparecen aceptadas las correspondientes a los días 16 y 23 de abril, 14, 15, 16, 21 y 28 de mayo de ese mismo año (f. 143-154); y (iii) certificación expedida por la Subsecretaría General del Congreso, en la cual se relacionan las excusas e incapacidades médicas presentadas por la demandada durante el período constitucional señalado (f. 182-186).

Se demostró que el representante William Miguel Escaf Escaf asistió a 34 sesiones plenarias de la Cámara de Representantes, en reemplazo de la demandada, entre el 20 octubre y el 16 diciembre 1998 y entre el 4 de mayo y el 25 de agosto de 1999, según la certificación expedida por la Secretaria General de la Cámara de Representantes (f. 185A-186).

Advierte la Sala que no puede hacerse una equivalencia entre el número de tiquetes utilizados por la entonces representante Victoria Eugenia Vargas Vives y el número de sesiones a las que asistió en la plenaria de la Cámara, dado que: (i) no hay registro de las sesiones del Congreso en pleno, por ejemplo, de la sesión del 20 de julio de 1998, fecha en la cual se hizo la instalación de esa Corporación y, por lo tanto, se desconoce si la entonces representante a la Cámara asistió o no a las mismas; (ii) se desconoce la asistencia o inasistencia de la congresista a la comisiones permanentes a las que hubiera pertenecido, lo que impide tener certeza sobre su traslado a esta ciudad a cumplir funciones distintas a las reuniones plenarias de la Cámara; y (iii) algunas de esas sesiones se realizaron en días continuos, por ejemplo, 1 y 2 de septiembre, 4 y 5 de noviembre de 1998, lo que implica que en esas oportunidades solo debió realizar un viaje.

7.1.3. Se demostró que de los tiquetes que le fueron entregados, la congresista devolvió tres (3), en mayo de 1999, según oficio que remitió a la Cámara de Representantes, en el cual indicó que se encontraba en licencia de maternidad y que se acababa de posesionar como representante a la Cámara el señor William Escaf Escaf, segundo renglón en su lista (f. 103). Esos tiquetes fueron relacionados en el oficio que remitió el secretario general de esa Corporación a Avianca, a fin de que se hiciera el cambio del nombre del pasajero, conforme a la nota remitida por la congresista (f. 202); dos (2) tiquetes que estaban a nombre de la señora Victoria Vargas Vives, pero de rutas diferentes: Bogotá-Cali-Bogotá y Bogotá-Medellín-Bogotá, según la nota crédito que la Cámara pidió elaborar a Avianca, el 26 de octubre de 1998 (f. 204-207 y 217), y (iii) aparece una nota crédito emitida por la empresa Avianca, a favor de la Cámara de Representantes, de 1998 a diciembre de 1999, en la que se relaciona un tiquete distinto a los señalados antes, en la ruta Bogotá-Medellín-Bogotá, a nombre de la exrepresentante demandada.

Con las pruebas que se tiene en el expediente no es posible establecer si los tres (3) tiquetes de las rutas Bogotá-Cali-Bogotá y Bogotá-Medellín-Bogotá, que devolvió la excongresista fueron adicionales a los 133 certificados por la Cámara de Representantes o corresponden a cambios de los que le fueron confiados antes. Llama la atención el hecho de que la certificación expedida por la Cámara de Representantes se refiere a la totalidad de los tiquetes que le fueron entregados durante el período 1998-2002, y no se hace alusión a tiquetes con rutas diferentes. De otra parte, en relación con los tres (3) tiquetes aéreos de la ruta Barranquilla-Bogotá-Barranquilla, correspondientes a mayo de 1999, mes en el cual asistió a las plenarias de la Cámara el representante William Miguel Escaf Escaf, en reemplazo de la demandada, consta que el secretario general de la época solicitó con posterioridad a Avianca el cambio de destinatario de los tiquetes entregados por el señor Escaf Escaf, a nombre de la señora Victoria Vargas, quien se reintegró desde el 3 de septiembre de 1999. Sin embargo, no es posible asegurar que esos tres tiquetes fueran adicionales a los 133 o si correspondieron a los expedidos por la aerolínea para los meses siguientes. Al resolver a favor de la congresista las dudas que surgen en este aspecto, hay lugar a concluir que de los 133 tiquetes que le fueron confiados, ella devolvió 6.

7.1.4. No se pudo establecer cuáles tiquetes de los que le fueron confiados utilizó la congresista para su desplazamiento desde su ciudad de residencia a la capital de la República, a cumplir sus funciones. La aerolínea Avianca solo identificó los tiquetes que figuraban en su tarjeta de viajero frecuente, en la ruta Bogotá-Barranquilla-Bogotá, para la época que interesa en este proceso.

En respuesta al oficio del despacho sustanciador, en el cual se solicitó certificar si la señora Victoria Vargas utilizó los servicios de la aerolínea e identifica el número de tiquete, ruta, fecha y tipo de tiquete, el representante legal de la aerolínea Avianca manifestó que no le era posible suministrar esa información solo con el nombre del viajero; que para tal efecto requería contar con otros datos, tales como el número de vuelo, la fecha exacta de su realización, la ruta, etc., porque no poseía la base de datos correspondiente a los años 1998 a 2002. No obstante, señaló que en la “tarjeta de viajero frecuente” del programa AviancaPlus hoy día LifeMiles de la señora Victoria Vives figuraban 66 tiquetes, en la ruta Bogotá-Barranquilla-Bogotá, entre el 26 de julio de 1999 y el 2 de diciembre de 2002, aunque advirtió lo siguiente:

En cuanto a si estos tiquetes fueron volados se puede concluir que por aparecer en el estado de cuenta del programa de viajero frecuente en el sector de ‘actividad’, corresponde a trayectos volados, pues estos se diferencian de los ‘tiquetes premio’, los cuales pudieron haberse emitido, pero no se tiene certeza de haberse volado. Sin embargo, no es posible aseverar lo anterior por cuanto para suministrar la información respecto a si fueron volados o no los tiquetes, modificados, cedidos o reembolsados según su requerimiento, solo es posible certificarlo si el sistema contiene esta información, pero desafortunadamente la información solicitada es superior al rango de conservación de la información del sistema (se subraya).

Si bien para el día de la audiencia pública ya se habían vencido las oportunidades probatorias para acreditar los hechos que fundamentan la causal de pérdida de investidura alegada, la Sala consideró que era necesario decretar, de oficio, la práctica de una inspección judicial a la oficina principal de la aerolínea AVIANCA, con el fin de cotejar con los archivos que reposan en esa oficina, la información suministrada por la Secretaría de la Cámara de Representantes, en relación con los tiquetes aéreos entregados a la señora Victoria Eugenia Vargas Vives, durante los años 1998-2002, para establecer la identidad de la persona que utilizó cada uno de esos tiquetes, la fecha del vuelo y el trayecto, y que en caso de que los mismos hubieran sido cedidos o endosados a favor de terceras personas, determinar quién hizo tales cesiones y a favor de quién se hicieron; si tales tiquetes o algunos de ellos fueron reembolsados, determinar a favor de quién se hizo tal reembolso; aclarar por qué no existe coincidencia entre los números de los tiquetes que le fueron entregados a la congresista en la Cámara de Representantes y los que figuran en su cuenta del programa AviancaPlus; indagar sobre el resultado de la investigación que se debió adelantar en la aerolínea con ocasión de la comunicación que le dirigió la demandada, el 17 de diciembre de 2001, sobre la presunta sustracción de entre 30 y 40 tiquetes aéreos, de su residencia, y todos los demás hechos relevantes en este proceso.

En la diligencia de inspección judicial llevada a cabo el 25 de agosto de 2015 en las oficinas administrativas de la empresa Aerovías del Continente Americano S.A. -Avianca- (f. 480-484), el gerente legal de asuntos administrativos-división jurídica que atendió la diligencia, manifestó que el término de retención documental en la compañía era de diez (10) años, por lo cual resultaba imposible dar información exacta sobre la suerte de los tiquetes expedidos a favor de los congresistas, en el período 1998-2002, los cuales fueron relacionados en la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes, que se le puso de presente. Para tal efecto, la única alternativa que ofreció fue la de hacer una búsqueda en los rollos de microfilmación y pidió que se le concediera un plazo de treinta (30) días, en razón a lo extremadamente dispendioso que resultaba esa actuación. Reiteró el contenido de los oficios 908 y 914 de febrero de 2013, en cuanto a que en el sistema, la información con el que contaba la empresa en relación con los “tiquetes expedidos y volados”, no era posible consultar únicamente con el nombre del pasajero o su identificación, sino que se requería, además, el número del tiquete y la fecha, hora y trayecto del vuelo, salvo cuando se trataba de personas inscritas en el programa de viajero frecuente, caso en el cual sí era posible realizar la consulta por el nombre del socio o miembro del programa, pero aclaró que, regularmente, esos tiquetes eran adquiridos con la redención de las millas acumuladas por el socio. Aclaró que el sistema de viajero frecuente “normalmente registra los tiquetes que son adquiridos por los miembros de este programa redimiendo las millas acumuladas por el socio. Esta puede ser la explicación de la no coincidencia de los tiquetes relacionados en ambos listados”.

Agregó que para cambiar el beneficiario del tiquete se requería que el mismo fuera modificable, es decir, endosable, revisable, reembolsable, etc., lo cual dependía de la tarifa o clase del tiquete, dado que entre más alta fuera la tarifa el tiquete era más flexible; el tiquete únicamente podía ser endosado por su titular. “En los casos de cambio de titular necesariamente se cambiaba el número del tiquete y se dejaba constancia de este cambio en el tiquete original”.

El 2 de octubre de 2015, el gerente de procesamiento de la empresa dio respuesta a los interrogantes que se le formularon en la diligencia de inspección judicial (f. 505-508), en estos términos:

Es importante resaltar que para el período 1998-2002, período de fechas correspondientes a los tiquetes por los que nos pregunta, la compañía todavía usaba tiquetes físicos, los cuales a la fecha ya no se usan y reiteramos que por el período de conservación documental no se cuenta con ellos.

De acuerdo a la información suministrada por el área de administración de documentos, en la compañía se encuentra microfilmada información de los tiquetes volados nacional (usados), desde el año 1970 a 1995. Esta información se encuentra almacenada en rollos, organizados por número de Batch (consecutivo manejado por el sistema asignado a cada vuelo), fecha y número de rollo. Aproximadamente en cada rollo se encuentran 20.000 imágenes de cada cupón de vuelo y para consultar en promedio son 30 rollos.

Así mismo, nos indican que existe información sin microfilmar del período de fecha que se hace referencia entre 1998-2002, que corresponde a Batch de tiquetes vendidos y volados, esa información está contenida en aproximadamente 490 cajas, cada caja contiene alrededor de 200 Batch, es decir, que para buscar esa información se tendría que consultar 98.000 Batch. Esa información se encuentra en bodegas de la compañía que presta la custodia del archivo muerto y la revisión de esta información demandaría un recurso dedicado exclusivamente a esta tarea por varios meses, sin poder estimar un tiempo cierto que pueda tardar la búsqueda, pero que creemos que puede ser de más de tres meses.

Ahora, se debe aclarar que no es posible asegurar que los tiquetes relacionados en los oficios de esa Corporación se encuentren allí y solo revisando esta información es posible conocer si se cuenta con ellos. De igual forma, es muy importante dejar claro que aún en el caso de encontrarse los tiquetes solicitados en el archivo muerto, no es posible para la compañía proveer la información que se pretende obtener con la inspección judicial, de acuerdo al contenido de su oficio No. JEVH-5435, en el cual se indica que se pretende conocer si esos tiquetes fueron reembolsados o endosados.

Hechas las anteriores advertencias, ponemos a su disposición la información con la que contamos y que en caso de realizarse la revisión de esta información esta debe hacerse por personal designado por esa Corporación (se subraya).

Aunque el mismo funcionario de Avianca advirtió que no podía asegurarse que los tiquetes registrados bajo el rubro “actividad” en la tarjeta de viajero frecuente correspondieran a viajes efectivamente realizados por la demandada, la Sala considera que debe tenerse por acreditado ese hecho, porque, en efecto, la demandada debió desplazarse en la ruta Barranquilla-Bogotá-Barranquilla durante los años 1999-2002 a cumplir sus funciones parlamentarias, lo que en realidad hizo para asistir a las plenarias de la Cámara, conforme a la certificación expedida por el secretario de esa Corporación. En consecuencia, aunque no se conoce la razón por la cual no coinciden los números de los tiquetes que le fueron entregados en la Cámara de Representantes, con los que aparecen relacionados en la tarjeta de viajero frecuente, puede aceptarse que la demandada viajó en las rutas Barranquilla-Bogotá o viceversa al menos en las oportunidades señaladas en esa tarjeta y que en esas oportunidades hizo uso de los tiquetes aéreos que le entregó la Cámara de Representantes.

En resumen: de la información suministrada por la aerolínea Avianca, se puede concluir que entre el 26 julio de 1999 y el 21 de julio de 2002, la demandante viajó en 59 oportunidades en la ruta Barranquilla-Bogotá-Barranquilla, así: 32 de Barranquilla a Bogotá y 27 de regreso. Pero, se advierte: (i) el número de los tiquetes entregados por la Cámara a la Congresista no coinciden con el número de los tiquetes registrados en la tarjeta de viajero frecuente; (iii) aceptando que esos vuelos se hicieron para cumplir sus funciones como congresista, se tendría que la demandada utilizó, entre julio de 1999 y julio de 2002, 59 tiquetes en una ruta, de los 133 tiquetes dobles que le entregó la Cámara de Representantes; (vi) 5 vuelos de regreso a su ciudad de origen no fueron registrados en dicha tarjeta, lo cual puede significar simplemente que no pidió hacer el registro o bien que la demandada viajó por otra aerolínea, dado que los tiquetes no solo eran de Avianca, tal como consta en la solicitud de tiquetes hecha a la agencia de viajes Subatur, en la cual se solicitaron tiquetes de distintas aerolíneas (Aces, Intercontinental, Aerorepública y Satena), a favor de los congresistas, para el mes de marzo de 2002, entre ellos, un tiquete a favor de la demandada por la aerolíneas Aces en la ruta Bogotá-Barranquilla-Bogotá (f.241-243), y (vi) no están registrados en la tarjeta de viajero frecuente los vuelos que hubiera realizado la demandada entre julio de 1998 y julio de 1999. Se desconoce, entonces, cuántos vuelos realizó ese año; y (v) los tiquetes registrados en la tarjeta de viajero frecuente entre agosto y diciembre de 2002 no se tienen en cuenta para hacer este análisis, porque para esos meses ya no era congresista.

Los hechos a los que se acaba de hacer referencia se sintetizan en el siguiente cuadro, en el cual se relacionan el número de tiquetes entregados por la Cámara de Representantes a la demandada; su inasistencia a sesiones durante el período constitucional 1998-2002; sus desplazamientos en la ruta Barranquilla-Bogotá-Barranquilla, según los datos de la “tarjeta de viajero frecuente” de Avianca, y los tiquetes devueltos a la Secretaría General de la Cámara de Representantes, así:

Mes de entrega de los tiquetes a la demandada
Cantidad de tiquetes entregados a la demandada cada mes
Fecha de Inasistencia a las sesiones de la Cámara de Representantes
Viajes realizados según la “tarjeta de viajero frecuente”
Tiquetes que devolvió sin utilizar a la Secretaría de la Cámara de Representantes
Julio/1998
2

Agosto/1998
5

Septiembre/1998
4
2 (sin excusa)
22 y 23

Octubre/1998
4
19 (sin excusa)
6, 7, 13, 14, 15, 20 al 31

(2 tiquetes otras rutas)
Noviembre/1998
0
1º al 30

Diciembre/1998
0
1º al 31

Enero/1999
0

Febrero/1999
4

Marzo/1999
5
23 al 25

Abril/1999
4
13 al 15

Mayo/1999
1
1º al 31

3
Junio/1999
0
1º al 30

Julio/1999
0
1º al 31
1

Agosto/1999
0
1º al 31

Septiembre/1999
3
1 al 3, 28, 29 y 30
4

Octubre/1999
4
12 y 13 (sin excusa)
3

Noviembre/1999
5
17 y 22 (sin excusa)
9 al 11 y 30
1

Diciembre/1999
2
1 y 2
6 (sin excusa)
3
1 (otra ruta)
Enero/2000
1

Febrero/2000
1

Marzo/2000
3

3

Abril/2000
4
4 y 5
1

Mayo/2000
5

1

Junio/2000
3

2

Julio/2000
2

1

Agosto/2000
5
15 al 17, 22 y 23

Septiembre/2000
4
6 al 13 y 19 y 20
2

Octubre/2000
5
3 y 4
2

Noviembre/2000
5
7 y 8
2

Diciembre/2000
2
6 y 7, 14 al 16

Enero/2001
0

1

Febrero/2001
0

1

Marzo/2001
3
20 y 21
5

Abril/2001
4
2 al 5, 17 y 18
1

Mayo/2001
5
21 al 23, 28 y 29
2

Junio/2001
3
12 al 15, 19 y 20

Julio/2001
3

2

Agosto/2001
4

3

Septiembre/2001
4
4 y 5, 17 al 23
2

Octubre/2001
5
16 y 17, 24 y 25
1

Noviembre/2001
4
13 al 15, 20 y 21
4

Diciembre/2001
3

5

Enero/2001
0

Febrero/2001
1

1

Marzo/2001
2

1

Abril/2002
3
2 y 3, 16 y 17, 23 y 24
1

Mayo/2002
3
7 y 8, 14 al 28

Junio/2002
3
5 y 6, 11 y 12, y 18 al 20
21 (sin excusa)
1

De lo anterior, se concluye lo siguiente: (i) La congresista recibió 133 tiquetes en la ruta Barranquilla-Bogotá-Barranquilla, de los cuales se desconoce cuántos utilizó para su desplazamiento. (ii) Según la tarjeta de viajero frecuente, la congresista viajó en 32 oportunidades en esa ruta, entre julio de 1999 y julio de 2002; no se registraron en esa tarjeta los viajes que eventualmente hubiera realizado entre julio y octubre de 1998, y no se tienen en cuenta los que hubiera realizado entre agosto y diciembre de 2002. (iii) La congresista asistió a 49 sesiones plenarias de la Cámara, pero debe tenerse en cuenta que varias de ellas se tramitaron en días continuos y, por lo tanto, esa asistencia no tendría correspondencia con el número de viajes desde su ciudad de origen; no se tiene información sobre su asistencia a las sesiones en pleno del Congreso ni a las comisiones. (iv) La congresista devolvió 6 tiquetes. Lo anterior significa que la congresista dejó de utilizar varios tiquetes aéreos, cuyo número, por las razones anteriores no es posible precisar, pero se sabe que superan los 40, porque así lo aceptó la misma demandada, como pasa a indicarse.

7.1.5. Con la respuesta dada por el secretario general de la Cámara de Representantes, se allegó al proceso copia de la solicitud que la demandada dirigió a Avianca, el 17 de diciembre de 2001, en la cual puso en conocimiento el hurto de entre 30 y 40 tiquetes correspondientes a años anteriores, y solicitó que se identificaran los que ella había utilizado, al confrontar la lista de los que se le habían entregado durante el período legislativo y aquellos que tenía en su poder (f. 222). El contenido de la comunicación es el siguiente:

De la manera más atenta me dirijo a ustedes con el fin de comunicarles que entre sábado 15 y domingo 16 de diciembre del año en curso se perpetró un robo en mi apartamento, en la ciudad de Barranquilla, aprovechando que mi esposo y yo nos encontrábamos en la ciudad de Bogotá, entre los objetos sustraídos están alrededor de unos 30 o 40 tiquetes aéreos sin utilizar, entre todos estos tiquetes deben encontrarse algunos quizá del año 1998-1999-2000 y 2001.

Hago esta solicitud para que se realice un estudio minucioso y se me relacione con sus respectivos números de tiquetes cuáles han sido utilizados por mi, en el lapso comprendido entre el año 1998 y 2001, a excepción de los que aparecen en mi poder.

Requiero de esta información lo más pronto posible para la respectiva denuncia con certeza ante las autoridades competentes.

También se trajo al proceso copia de la denuncia que por los mismos hechos formuló el señor Luis Carlos Luque Narváez, cónyuge de la demandada, ante la Primera Estación de Policía del Atlántico, el 17 de diciembre de 2001 (f. 233-234). Afirmó el denunciante que entre los días 15 y 16 de 2001, ingresaron a su apartamento ubicado en el barrio El Prado, de Barranquilla, personas desconocidas, quienes sustrajeron dinero, joyas, bienes muebles, entre ellos, “un número aproximado entre treinta (30) y cuarenta (40) tiquetes aéreos de la aerolínea Avianca, de la ruta Barranquilla-Bogotá y viceversa, con diversa numeración, todos a nombre de la señora VICTORIA VARGAS VIVES, mi esposa, ella es Representante a la Cámara (…) Cabe resaltar que los tiquetes aéreos son los que da el Congreso Nacional para los desplazamientos de sus miembros, para cumplir sus labores en Bogotá”.

Al requerir a la empresa Avianca para que informara qué respuesta había dado a la solicitud de la congresista relacionada con la identificación de los tiquetes que había utilizado, el funcionario de la aerolínea que atendió la diligencia de inspección judicial, en el oficio que posteriormente remitió a esta Corporación, manifestó:

2. Comunicado dirigido a la empresa Avianca de fecha 17 de diciembre de 2001 por la Representante a la Cámara Victoria Eugenia Vargas Vives (pág. 4)

“El procedimiento para ubicar la contestación al requerimiento de la señora Victoria Eugenia Vargas Vives sería indagar con los responsables de la oficina ubicada en ese entonces en el Congreso de la República, con el fin de determinar si el archivo correspondiente a dicha oficina existe al día de hoy” (pág. 5).

Se evidencia sello de recibido de la oficina de pasajes Av Capitolio Nacional, confirmando con los responsables de esta oficina, no se cuenta con información de envío de esta respuesta dada a esta solicitud, en Control de Ingresos no se evidencia el radicado de esta solicitud por lo que no se cuenta con respuesta a la misma.

Se advierte que en la contestación de la demanda, la señora Victoria Eugenia Vargas Vives no se refirió al hurto de los tiquetes a los que se viene haciendo alusión, lo cual resulta extraño. No obstante, las dudas que esa omisión pueda generar no son suficiente para desvirtuar lo consignado en los documentos remitidos por la Cámara de Representantes, en los cuales consta que la demandada sí informó de ese ilícito a la empresa Avianca, con copia a la Cámara, y que su cónyuge denunció el hecho ante una inspección de policía.

Si bien en la respuesta dada por el el gerente legal de asuntos administrativos-división jurídica de Avianca se afirmó que en la oficina de esa empresa, ubicada en el Capitolio, no se “evidencia el radicado de esta solicitud, lo cierto es que el mismo funcionario en la diligencia de inspección judicial aclaró que para dar respuesta a la información que se le solicitaba requería “indagar con los responsables de la oficina de la aerolínea ubicada en ese entonces en el Congreso de la República, con el fin de determinar si el archivo correspondiente a dicha oficina existe hoy. Sin embargo, como anteriormente lo manifesté, por el período de conservación documental es bastante improbable contar con dicho documento” (f. 482). Por lo tanto, el hecho de que no se hubiera traído al expediente la copia de la solicitud ni su eventual respuesta, solo significa que la empresa no cuenta ya con esa información y no que el sello de recibido sea una falsificación; además, existe certeza de que copia de esa solicitud sí se radicó en la Cámara de Representantes, si se tiene en cuenta que fue esta entidad la que suministró copia de dichos documentos a este proceso, con la siguiente constancia (f. 307):

Igualmente se encuentra oficio de fecha 17 de diciembre de 2001, suscrito por la Representante Victoria E. Vargas Vives, dirigida a la empresa Avianca, con copia a esta Secretaría, en donde comunica que entre el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre de 2001 le fueron hurtados de su apartamento, en la ciudad de Barranquilla de 2001, alrededor de 30 a 40 tiquetes aéreos sin utilizar. En el mismo oficio solicita a Avianca una relación de los tiquetes utilizados por ella, en el lapso comprendido entre 1998 y 2001 y anexa una relación de los tiquetes que le han sido entregados en la Secretaría General, relación de los tiquetes que tiene sin utilizar y copia de la denuncia del hecho en la ciudad de Barranquilla.

7.1.6. Lo que no se acreditó en el expediente fue que alguno o algunos de los tiquetes que le fueron entregados a la representante para el cumplimiento de sus funciones hubieran sido utilizados por persona diferente, por la cesión que esta hubiera hecho a su favor, ni que la misma hubiera incurrido en conductas diferentes orientadas a obtener un beneficio personal o a favor de terceros, como las de variar su ruta, con propósitos diferentes al cumplimiento de sus funciones u obtenido el reembolso de las sumas pagadas por dichos tiquetes.

Según lo afirmado por el actor, la representante demandada y su padre, “el exsenador de la República Jaime Rodrigo Vargas Suárez, a quien esta Corporación le decretó la pérdida de investidura, se dieron presuntamente a la tarea de no devolver los tiquetes aéreos que se le entregaban a Victoria Vargas Vives y cambiarlos de beneficiarios para darles una apropiación y un uso diferente a la función pública en personas que ellos seleccionaban entre su círculo más cercano e íntimo”. Sin embargo, esos hechos no fueron demostrados en el curso del proceso, por lo que es forzoso concluir que no está llamada a prosperar la solicitud de pérdida de investidura, por la causal de indebida destinación de dineros públicos, por haber cedido o cambiado de ruta los tiquetes aéreos que le fueron confiados para el cumplimiento de sus deberes.

La Sala considera pertinente señalar que la carga de la prueba en los procesos de pérdida de investidura, por tratarse de una acción sancionatoria, es del demandante. No obstante, también se destaca que uno de los deberes de la Corporación en este tipo de procesos es el de impulsarlos oficiosamente y, como corolario, contribuir en forma eficaz en el debate probatorio, mediante el decreto de las pruebas de oficio que le lleven a la razonada y completa formación de su juicio. No obstante, para el ejercicio de esa atribución debe establecerse la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, por cuanto las particularidades de la controversia pueden hacer necesario o no el decreto de las mismas. Fue por estas consideraciones que se decretó como prueba de oficio la práctica de una inspección judicial a la oficina principal de AVIANCA, durante la cual se pudo verificar que, en efecto, “la información solicitada es superior al rango de conservación de información del sistema”, como lo había manifestado la compañía (f. 333-335), y que solo una revisión de los tiquetes aéreos físicos que reposan en 490 cajas, ubicadas en sus bodegas, podría arrojar algún resultado relacionado con el uso que se dio a los 133 tiquetes entregados a la congresista demandada durante el lapso comprendido entre julio de 1998 y junio de 2002; sin embargo, de acuerdo con la respuesta que dio la misma empresa, no se aprecia que dicha búsqueda satisfaga el requisito de la utilidad de la prueba, toda vez que “no es posible asegurar que los tiquetes (…) se encuentren allí” (f. 506), y que aún en el evento de encontrarse, tampoco hay certeza de que conste en ellos la información relacionada con su posible endoso o reembolso.

En esos términos, con las pruebas que obran en el expediente no se demuestran los hechos afirmados en la demanda, constitutivos de indebida destinación de dineros públicos por cesión a terceros de tiquetes aéreos entregados a la representante Victoria Eugenia Vargas Vives para el cumplimiento de sus funciones en el Congreso de la República, ni haber variado la ruta asignada, en interés propio, ni haber obtenido el reembolso de las sumas que la Cámara hubiera pagado por ellos.

Advierte la Sala que fue la exposición genérica de los hechos por los cuales el actor formuló la solicitud de pérdida de investidura en contra de la representante, esto es, sin identificar a la persona o personas a quienes presuntamente aquélla le cedió los tiquetes aéreos ni los lugares a donde la misma viajó con propósitos distintos al ejercicio de su función, la razón por la cual la empresa aérea no pudo hacer las confrontaciones correspondientes en relación con la utilización de los tiquetes expedidos a nombre de la demandada, y también fue ese el motivo por el cual el despacho sustanciador no tuvo posibilidad de indagar de mejor manera esos hechos, para establecer si eran o no ciertos.

Destaca la Sala que si bien la acción de pérdida de investidura puede adelantarse en cualquier tiempo, las dificultades probatorias serán mayores cuanto más tiempo transcurra entre la fecha de ocurrencia de los hechos y aquella en la cual se pretenden demostrarlos, como ocurre en el caso presente, en el cual se refieren hechos ocurridos presuntamente hace más de 14 años.

7.2. Sobre la no devolución de los tiquetes aéreos

En razón a que existe certeza que el 17 de diciembre de 2001, la demandada tenía en su haber más de 40 de los tiquetes aéreos que se le habían confiado semanalmente para su traslado desde Barranquilla hasta Bogotá y viceversa, lo que debe resolverse a continuación es si la omisión de devolverlos a la Cámara de Representantes, por no haberlos usado, puede encuadrarse en la conducta de indebida destinación de dineros públicos y cuál sería el grado de responsabilidad que cabría a la demandada. Para definir esa controversia se debe, en primer término, establecer si en efecto, se produjo un detrimento patrimonial para el Estado por los tiquetes que le fueron hurtados a la demandada, para lo cual debe precisarse si al momento del hurto aún podían estos ser usados u obtenido su reembolso, en caso de que hubieran sido pagados, y cuáles fueron las gestiones que se adelantaron ante Avianca, con el fin de recuperar su importe.

7.2.1. Para la época de los hechos a los cuales se contrae esta demanda, el procedimiento que se seguía para la adquisición, devolución y reintegro de los tiquetes aéreos que debían ser entregados a los congresistas, según la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes (f. 180), era el siguiente:

[E]l secretario general enviaba una solicitud mensual de tiquetes a la empresa contratista, en clase ejecutiva, indicando la ruta y el nombre del honorable representante. En cuanto a la devolución y reintegro de los dineros se observa, según RD/071-98, de fecha 26 de octubre del mismo año, que el funcionario encargado de la oficina de pasajes de la época, Reinaldo Duque González, mediante oficio, realizaba la devolución de tiquetes al contratista y le solicitaba generar la respectiva nota crédito a favor de la honorable Cámara de Representantes.

El representante legal de la agencia de viajes Subatours, en respuesta al oficio que se le remitió, informó el trámite que se seguía para la expedición y devolución de los tiquetes suministrados a la Cámara de Representantes (f. 411), en estos términos:

EXPEDICIÓN DE TIQUETES: se hacía mediante oficio de requerimiento emitido y firmado por el secretario general de la honorable Cámara de Representantes.

DEVOLUCIÓN DE TIQUETES: los representantes debían devolver los tiquetes no utilizados a la secretaría general, y esta a su vez, mediante oficio firmado por el secretario, los devolvía a la agencia solicitando la generación de notas crédito por el no uso de los mismos.

Obran en el expediente copias de los oficios remitidos por el secretario de la Cámara de Representantes a la oficina de Avianca en el Capitolio Nacional y a las agencias de viajes Calitours y Subatours, mediante los cuales solicitó la expedición de tiquetes aéreos, en clase ejecutiva, para los representantes a la Cámara, entre los que figuraba la señora Victoria Vargas Vives, durante el lapso de que trata la demanda (236-303).

Resulta relevante para el análisis que aquí se hace conocer las cláusulas de los contratos celebrados por la Cámara de Representantes con las aerolíneas, con el fin de establecer las condiciones en las que fue pactado el pago de los tiquetes utilizados y, en su caso, el reembolso de los que no fueron utilizados.

Sin embargo, no obra copia de las minutas de los contratos celebrados por la Cámara de Representantes con las agencias, los cuales sí fueron suministrados por la entidad al actor, según consta en la copia el oficio que este anexó con la solicitud de pérdida de investidura, en respuesta a la petición que había formulado a la entidad, en tal sentido (f. 49-54), pero que no fueron allegados con la demanda. Se dijo así en el oficio señalado:

En atención a su derecho de petición de la referencia, y en cumplimiento a lo dispuesto en el oficio S.G.2-2674.11 de fecha septiembre 22 de 2011, comedidamente me permito suministrar la información y documentación a cada uno de los puntos de su petición (…).

Al punto 1º. Se remite copia de las minutas de los contratos de suministro de tiquetes aéreos celebrado por la corporación, con el propósito de garantizar el desplazamiento de los Representantes, de conformidad con el Decreto 870 de 1989.

-Contrato No. 015 de 1999- SUBATOURS
-Contrato No. 122 de 2000-SUBATOURS
-Contrato No. 124 de 2000-AVIANCA
-Contrato No. 126 de 2000-AEROTACA
-Contrato No. 127 de 2000- SUBATOURS
-Contrato No. 136 de 2000-COLTUR
-Contrato No. 140 de 2000- SUBATOURS
-Contrato No. 148 de 2000-INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN
-Contrato No. 149 de 2000-SATENA
-Contrato No. 163 de 2000-SUBATOURS
-Contrato No. 112 de 2002- SUBATOURS

Igualmente, se anexa escrito de la fecha, suscrito por SISCORP DE COLOMBIA SAS, en el cual informa que no ha sido posible hallar los contratos correspondientes a los años 1998 y 1999.

El representante legal de Avianca, por su parte, certificó que había celebrado con la Cámara de Representante el contrato de suministro de tiquetes aéreos 124/00, con vigencia entre el 15 de junio de 1999 y el 18 de mayo de 2000, pero que carecía de copia del mismo; que la única documentación relacionada con ese contrato con la que contaban era la solicitud de conciliación prejudicial que se presentó ante la Procuraduría General de la Nación, que fue radicada en junio de 2000 y a la cual se anexó el estado de cuenta, con corte al 24 de mayo de ese año; así como el acta de la diligencia que se llevó a cabo el 18 de octubre de 2000, en la cual se acordó el pago de $967.736.223 a su favor; el acta de liquidación de ese contrato y su adicional, y las notas crédito a favor de la entidad estatal, por reembolso de rutas nacionales correspondiente al año 1999 y al período comprendido entre enero y mayo de 2000 (f. 333-369). Del acta de liquidación se destacan los siguientes antecedentes:

1) Que el contrato número 124/00, suscrito el 6 de junio de 2000 presentaba como objeto el compromiso de EL CONTRATISTA para con LA CORPORACIÓN de suministrar tiquetes aéreos para vuelos nacionales que le fueran solicitados para el desplazamiento de los H. congresistas de la Corporación por la Secretaría General de la Cámara de Representantes. Avianca efectuaría un descuento del cincuenta por ciento (50%) en las clases Y y J a nivel nacional sobre la tarifa vigente en el momento de expedir el tiquete. 2) Que el valor fue estipulado en la suma de quinientos ochenta millones de pesos ($580.000.000), suma que LA CORPORACIÓN pagaría al CONTRATISTA, así: A) un pago anticipado equivalente al valor del cincuenta por ciento (50%) del contrato, el cual sería cancelado una vez se cumplieran los requisitos de legalización y ejecución del contrato, especialmente, la aprobación de la garantía única, B) el saldo dentro del mes siguiente a la entrega de los pasajes solicitados, descontando del valor de cada pasaje el porcentaje de pago anticipado cancelado hasta su amortización. 3) Que la duración del contrato fue fijada en siete (7) meses o hasta el consumo de los recursos comprometidos, contados a partir de la aprobación de la garantía única. 4) Que la garantía única fue expedida por Aseguradora Colseguros S.A…y la aprobación de la misma se efectuó el 8 de junio de 2000, en consecuencia, el contrato estaría vigente hasta el 8 de enero de 2001…6) Que el día 23 de noviembre de 2001 las partes suscribieron un contrato adicional al contrato principal No. 124/00, así: el plazo de la adición será el tiempo transcurrido entre la fecha del correspondiente registro presupuestal y el 16 de diciembre de 2000; igualmente, se adicionó el valor del contrato en la suma de doscientos once millones de pesos ($211.000.000)…14) Que el 20 de diciembre de 2000, el CONTRATISTA envió al Secretario General de la CORPORACIÓN la relación de los tiquetes nacionales expedidos con ocasión de la ejecución del contrato 124/00 y solicitó se procediera a liquidar el contrato…16) Que el día 14 de septiembre de 2001, el CONTRATISTA informó al supervisor del contrato que en los textos de las liquidaciones correspondientes a los contratos 123 y 124 de 2000 se habían omitido las relaciones de las notas crédito por concepto de reembolsos pendientes a favor de la CORPORACIÓN y solicitó se hicieran las modificaciones del caso a las actas, indicando que el valor del reembolso en el contrato No 124/00 correspondía a la suma de trece millones quinientos once mil trescientos pesos ($13.511.300).

Conforme a lo probado con los documentos antes relacionados, la Cámara de Representantes celebró varios contratos de suministro de tiquetes aéreos entre 1999 y 2000. No obstante, de lo consignado en el acta de liquidación del contrato 124/00 puede inferirse que el procedimiento que se seguía en esa época para la adquisición de los tiquetes aéreos que se entregaban a los parlamentarios para el cumplimiento de sus funciones era el siguiente: la Cámara celebraba un contrato de suministro por un lapso y valor determinado, pagaba un anticipo y cada semana enviaba a la aerolínea o a la agencia intermediaria una relación de los congresistas a quienes se debía entregar los tiquetes, en la cual indicaba la ruta aérea que debía seguir cada uno. Al final, en la liquidación del contrato se descontaba el valor de los tiquetes que habían sido devueltos, en relación con los cuales se hacía una nota crédito.

Pero, con esas pruebas no es posible establecer si en los contratos de suministro se pactaron condiciones especiales relacionadas con la manera de hacer la devolución de los tiquetes que no fueran utilizados, en particular, el plazo y las condiciones para hacer esa devolución.
El secretario general de la Cámara de Representantes, en respuesta a la pregunta sobre cuál debía ser el término para utilizar esos tiquetes, manifestó (f. 176-181):

Respecto al período en el cual deben utilizarse los tiquetes aéreos expedidos a los Representantes, debo manifestar que el Decreto 870 de 1989 y sus posteriores modificaciones, no establece la oportunidad de su utilización. A partir de su fecha de expedición tienen una vigencia de un año, y los tiquetes no utilizados, deben ser devueltos a los congresistas para efectos de tramitar los respectivos reembolsos a favor de la Honorable Cámara de Representantes.
(…)
Respecto al procedimiento que se seguía en la época (1998-2002), para la solicitud y expedición de tiquetes para los Representantes a la Cámara, según los archivos encontrados era el siguiente: el Secretario General enviaba una solicitud mensual de tiquetes a la empresa contratista, en clase ejecutiva, indicando la ruta y el nombre del Honorable Representante. En cuanto a la devolución y reintegro de los dineros, se observa, según RD/071-98, de fecha 26 de octubre del mismo año, que el funcionario encargado de la oficina de pasajes de la época, REINALDO DUQUE GONZÁLEZ, mediante oficio realizaba la devolución de tiquetes al contratista y le solicitaba generar la respectiva nota crédito a favor de la Honorable Cámara de Representantes.

Cabe señalar, en primer término, que las normas sobre transporte aéreo de personas prevén la vigencia de los tiquetes aéreos y las opciones del adquirente, una vez expire dicho término. A esos aspectos se refieren los artículos 1000, 1001, 1002 y 1878 del Código de Comercio, que tratan, respectivamente, de las obligaciones del pasajero, las condiciones conforme a las cuales puede transferirse el boleto o billete, o aquellas que permiten al pasajero desistir del viaje con derecho a la devolución total o parcial del pasaje, así como al derecho de la empresa de hacer una reducción en esa devolución, normas que remiten a los reglamentos aeronáuticos que dicte la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, los reglamentos internos de la empresa que presta el servicio, los cuales deben ser autorizados por la Aeronáutica Civil y a las cláusulas del contrato celebrado entre la empresa y el usuario, todos los cuales deben guardar armonía con lo dispuesto en los tratados, convenios, acuerdos y prácticas internacionales debidamente adoptados o aplicados por Colombia.

En la diligencia de inspección judicial llevada a cabo el 25 de agosto de 2015 en las oficinas administrativas de la empresa Aerovías del Continente Americano S.A. -Avianca- (f. 480-484), se formuló el siguiente interrogatorio al gerente legal de asuntos administrativos-división jurídica, quien dio respuesta posterior al mismo, así:

3. Sírvase precisar en esa época cuál era la vigencia del tiquete aéreo expedido en físico y que sucedía si dicho tiquete no se utilizaba en el período de vigencia” (pág. 6).

Todo tiquete expedido en Colombia tiene vigencia de 3 años y tiquetes emitidos en el exterior un año, durante este período el cliente podía ir con su canal de venta a solicitar el reembolso o reexpedición después de este tiempo ya no era válido ningún trámite.
4. Sírvase precisar al despacho qué sucedía si un tiquete físico no era utilizado, cómo podía por parte en este caso el Congreso de la República recuperar su valor y qué pasaba si ese mismo tiquete físico desaparecía por cualquier razón, como el caso de hurto” (pág. 7).

-Si un tiquete físico no era utilizado

El cliente debía ir con su canal de venta (agencia de viajes o punto de venta) a solicitar el trámite que correspondiera (reembolso o reexpedición) y la agencia de viaje o punto de venta debía realizar la solicitud ante la aerolínea al departamento de reembolsos con los tiquetes físicos, ajustado a la reglamentación de las tarifas.

-Cómo podía el Congreso de la República recuperar el valor de los tiquetes que no fueron utilizados

Debía realizar su solicitud de reembolso o reexpedición a su canal de venta (agencia de viajes o punto de venta), este presentarla ante la aerolínea al departamento de reembolsos, enviando toda la documentación correspondiente y por cada uno de los tiquetes.

Qué pasaba si ese mismo tiquete físico desaparecía por cualquier razón o hurto

El cliente (en este caso, el Congreso), debía solicitar mediante oficio, el bloqueo del tiquete por pérdida o robo, adjuntando la respectiva denuncia instaurada ante la autoridad de policía, posteriormente, debía dirigirse con su canal de venta a solicitar el bloqueo los tiquetes. Posteriormente, el canal de venta debía enviar a la aerolínea toda la documentación correspondiente para incluirlos en el Blacklist (lista de tiquetes a bloquear).

7.2.2. De acuerdo con las pruebas señaladas, los tiquetes aéreos que se entregan a los representantes para el cumplimiento de sus funciones tenían vigencia de tres años, contados a partir de la fecha de su expedición. Dentro de ese término, la Secretaría de la Cámara podía hacer uso de las opciones que la ley le otorgaba, es decir, pedir su reexpedición o el reembolso de lo pagado, sin perjuicio de las deducciones a que hubiere lugar.

No obra en el expediente prueba relacionada con el trámite que debió adelantar la Cámara de Representantes ante las aerolíneas, con el objeto de obtener el reembolso o reexpedición de los tiquetes que la congresista informó que le habían sido hurtados en diciembre de 1991 y que aún se hallaran vigentes, es decir, los que se le hubieran entregado desde diciembre de 1988, en los términos de los contratos celebrados por la entidad y las normas legales que regían el uso de los tiquetes aéreos. Pero sí es claro que en relación con ese grupo de boletos aéreos no es posible afirmar que se produjo un detrimento patrimonial del Estado, porque, se reitera, las sumas que se invirtieron en los mismos eran susceptibles de ser recuperadas.

Ahora, no cabe predicar igual razonamiento en relación con los tiquetes que se le entregaron a la congresista entre julio y octubre de 1998 (en noviembre y diciembre no se le entregaron tiquetes a la demandada porque estaba en licencia). Si la demandada conservaba en diciembre de 2001 tiquetes de esa época, los dineros invertidos en los mismos no habrían cumplido el propósito con el cual se adquirieron, porque su vigencia habría ya caducado.

Sin embargo, no es posible asegurar, a partir de las pruebas que obran en el expediente que la demandada conservara en diciembre de 2001 tales tiquetes. Es cierto que ella afirmó en el oficio que entregó a Avianca, con copia a la Cámara de Representantes, que, probablemente, entre los tiquetes hurtados había unos de 1998; sin embargo, no tenía certeza de ese hecho. De nuevo, la duda es insalvable en este punto y, por mandato constitucional, hay que resolverla a su favor. En consecuencia, debe concluirse que no hay pruebas que permitan afirmar que para diciembre de 2001 ya había perdido vigencia al menos uno de los tiquetes que le fueron entregados en 1998.

En resumen de lo señalado en esta última parte: (i) para el momento en el que la congresista reportó el hurto de los tiquetes aéreos, no había aún expirado la vigencia de los mismos, lo cual significa que la Cámara de Representantes podía recuperar su importe, en caso de que se hubieran pagado de manera anticipada; (ii) para el 17 de diciembre de 1991, la congresista estaba en ejercicio de sus funciones, puesto que le quedaban siete (7) meses de su período, por lo tanto, podía usar los tiquetes aéreos que le habían sido entregados hasta esa fecha, para el cumplimiento de sus funciones; y (iii) la congresista puso en conocimiento de la aerolínea y de la Cámara de Representantes el hurto de los tiquetes, con lo cual posibilitó el inicio del trámite del bloqueo y de su reembolso o reexpedición, como lo indicaban las normas que regían el contrato de transporte aéreo y lo aclaró la aerolínea con ocasión de la diligencia de inspección judicial practicada.

7.2.3. Queda por resolver lo relacionado con la no devolución de los tiquetes que la demandada conservaba en diciembre de 2001 y los que le fueron entregados con posterioridad, de los cuales no hay prueba de que los hubiera utilizado para el ejercicio de sus funciones ni que los hubiera devuelto a la Cámara de Representantes una vez concluido el período constitucional para el cual fue elegida.

Como antes se señaló, es criterio jurisprudencial adoptado por la Sala Plena, que los tiquetes aéreos, que son documentos representativos de contratos celebrados por el Estado con las aerolíneas y que se entregan a los congresistas para su traslado desde su ciudad de origen a Bogotá, representan dineros públicos y, por lo tanto, si esos tiquetes se utilizan para fines distintos para el cual fueron adquiridos, habrá indebida destinación de dineros públicos.

Ahora, ante la carencia de los contratos de suministro de tiquetes aéreos y de las actas de liquidación no resulta posible afirmar cuáles fueron las sumas invertidas por el Estado en los tiquetes a los que se viene haciendo referencia. Pero, como antes se señaló con fundamento en las normas que regulan el contrato de transporte aéreo y en la solicitud de conciliación prejudicial del contrato 124/00 puede inferirse que el Estado pagó por los tiquetes que se le entregaron a la congresista, al menos los recibidos durante la vigencia de dicho contrato, porque dichos tiquetes fueron suministrados, no fueron devueltos y su vigencia caducó a los tres años. Cabe advertir que en la solicitud de conciliación aludida no se individualizaron los tiquetes suministrados a cada congresista durante la vigencia de ese contrato.

Al respecto, es oportuno formular el siguiente interrogante: ¿La omisión de devolver a la Cámara de Representantes los tiquetes aéreos no utilizados por los congresistas, para que la entidad no pagara por ellos o para que se tramitara su reembolso en caso de que ya se hubiera hecho el pago, configura la causal de pérdida de investidura, por indebida destinación de dineros públicos?

Considera la Sala que para que se configure la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos, es preciso que el congresista demandado haya ejecutado la acción dirigida a modificar el propósito para el cual fueron provistos los dineros públicos, bien sea que actúe con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros o de obtener un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros, o bien, sin buscar beneficio alguno, permita que otros ejecuten conductas que modifiquen la finalidad para la cual fueron arbitrados los dineros públicos que le han sido confiados para su administración o custodia.

Los dineros públicos invertidos en la adquisición de tiquetes para el viaje de los congresistas estarán destinados indebidamente en los casos en los que cuales aquellos son utilizados por terceros o por el mismo parlamentario para viajes que no tengan como propósito el cumplimiento de sus funciones o cuando se reembolsa al congresista las sumas pagadas por el Estado a las aerolíneas o agencias de viajes, pero no se configura esa causal por si sola cuando el beneficiario no hace uso de los tiquetes aéreos para el fin oficial para el cual fueron expedidos.
Advierte la Sala que por tratarse de la sanción más drástica que pueda imponerse a un servidor estatal, dado que, como ya se señaló, el sancionado no solo perderá su calidad de congresista, sino que, además, quedará inhabilitado de manera permanente para ejercer cualquier cargo de elección popular, no es posible interpretar de manera extensiva el contenido de las causales previstas en la Constitución, para que se declare la pérdida de investidura de los congresistas.

Por lo tanto, si la conducta que se reprocha en la norma es el haber desviado unos dineros públicos a finalidades prohibidas por el ordenamiento, o permitidas, pero ajenas a aquellas para las cuales habían sido destinados, es decir, una clara conducta de acción, no es posible integrar a la causal el supuesto de hecho de la simple conducta omisiva, porque la tipicidad de la causal no la contempla. Tal como se encuentra estructurada dicha causal, sin lugar a dudas, el verbo destinar, con el calificativo de indebido, implica un comportamiento activo de quien lo realiza, esto es, un actuar positivo, lo que descarta la mera conducta omisiva.

En el caso concreto, con las pruebas que obran en el expediente, no se demostró que la entonces representante a la Cámara Victoria Eugenia Vargas Vives hubiera desviado los recursos públicos invertidos en los tiquetes aéreos que le fueron confiados. No se demostró en este proceso que hubiera cedido a terceros esos tiquetes, ni que los hubiera utilizado con fines personales en rutas diferentes, ni que hubiera pedido a la aerolínea su reembolso en beneficio propio o de terceros.

Adicionalmente, se advierte que no existe un arqueo contable o un pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre un presunto detrimento patrimonial al haberse pagado por un servicio no prestado. Es decir, se carece en este proceso de pruebas que acrediten los hechos en los que se fundamenta la acción de pérdida de investidura presentada en contra de la exrepresentante a la Cámara Victoria Eugenia Vives Vargas.

8. Expedición de copias

Las actuaciones y omisiones atribuidas a la demandada, aunque no se encuadren dentro de las taxativas causales de pérdida de investidura, pueden configurar conductas susceptibles de responsabilidad disciplinaria o fiscal, y no solo de su parte, sino también de quienes desempeñaron, durante la época de que trata este proceso, las funciones de Secretario General de la Cámara de Representantes, porque a ellos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 870 de 1989, “Por el cual se reglamenta la Ordenación del Gasto del Honorable Congreso de la República”, les correspondía presentar a la Mesa Directiva de esa Corporación una solicitud mensual de los pasajes a que tenían derecho los representantes, solicitar a la aerolínea la expedición de los tiquetes aéreos y recibir aquellos que no hubieran sido utilizados por estos, para tramitar su devolución a la agencia o las notas crédito respectivas. Por lo tanto, se ordenará la expedición de copias de esta sentencia, con destino a Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, con el fin de que determinan si hay lugar o no a iniciar las investigaciones correspondientes.

9. El actor no incurrió en temeridad o mala fe

El artículo 13 de la Ley 144 de 1994 establece que en los casos en los que se advierta temeridad o mala fe en la acusación, en la sentencia se ordenará que se compulsen copias de toda la actuación a las autoridades competentes para las investigaciones y sanciones correspondientes. Por su parte, el artículo 79 del Código General del Proceso prevé los casos en los que se considera que ha existido temeridad o mala fe.

No se observa en este caso que el accionante hubiera incurrido en temeridad, en los términos de las normas señaladas. El hecho de que no hubiera prosperado la demanda no es razón suficiente para considerar que su conducta sea reprochable y, por lo tanto, no hay lugar a compulsar copias de este proceso para que se investigue su conducta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

Primero: NIÉGASE la pérdida de la investidura de congresista de la representante a la Cámara VICTORIA EUGENIA VARGAS VIVES, por la indebida destinación de dineros públicos.

Segundo: COMUNÍQUESE esta decisión a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior.

Tercero: EXPÍDANSE copias de esta decisión con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DANILO ROJAS BETANCOURTH
Presidente

HERNÁN ANDRADE RINCÓN ROCÍO ARAUJO OÑATE

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

CÉSAR PALOMINO CORTÉS RAMIRO PAZOS GUERRERO

CARMELO PERDOMO CUÉTER JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS RAFAEL FRANCISCO SUÀREZ VARGAS

GABRIEL R. VALBUENA HERNÁNDEZ GUILLERMO VARGAS AYALA

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO ALBERTO YEPES BARREIRO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Radicación número: 11001-03-15-000-2012-02013-00(PI)

Actor: RENZO EFRAÍN MONTALVO JIMÉNEZ

Demandado: VICTORIA EUGENIA VARGAS VIVES

Referencia: SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO – ROCIO ARAÚJO OÑATE

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, me permito exponer las razones por las cuales suscribo la providencia del vocativo de la referencia con salvamento parcial de voto.

Lo anterior, por cuanto a mi juicio ha debido prosperar el primer cargo de pérdida de investidura formulado por la parte actora, consagrado en el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución Política, referido a la indebida utilización de dineros públicos, que tiene como supuesto fáctico el que la congresista demandada no devolvió a la Cámara de Representantes los tiquetes aéreos que se expidieron a su nombre y que no utilizó en sus desplazamientos semanales durante las sesiones ordinarias del Congreso, impidiendo con ello que se pudiese recuperar el valor correspondiente a los mismos que pertenecen al erario público.
Por otra parte, debo manifestar que comparto plenamente la decisión de negar la solicitud de pérdida de investidura en relación con el segundo cargo, referido a la cesión de los tiquetes aéreos, por cuanto no fue posible establecer en grado de plenitud probatoria, como se exige para un proceso de carácter sancionatorio como el que nos ocupa, la incursión de la demandada en la conducta descrita por el constituyente como causal de pérdida de investidura.

Para exponer los motivos por los cuales considero que el primer cargo se encontraba demostrado y que la conducta de la congresista demandada constituyó un detrimento patrimonial inaceptable y se encuentra alejada del principio de moralidad exigida, abordaré los siguientes ejes temáticos: (i) Consagración de la causal de indebida destinación de dineros públicos y los elementos que la configuran; (ii) Noción de dineros públicos; (iii) Indebida destinación de dineros públicos por utilización inadecuada de tiquetes aéreos; (iv) Configuración de la causal en el sub lite - valoración de la prueba recaudada.

I. Consagración de la casual de indebida destinación de dineros públicos

La causal objeto de estudio en esta oportunidad se encuentra regulada, por una parte, en el artículo 183 numeral 4º de la Constitución Política, en virtud de la cual “Los Congresistas perderán su investidura: (…) 4. Por indebida destinación de dineros públicos” y, con idéntica redacción, en el numeral 4º del artículo 296 de la Ley 5º de 1992.

La Sala Plena de esta Corporación, al interpretar de contenido la causal constitucional objeto de análisis, ha considerado que ésta comporta dos elementos, a saber:
i) La conducta, en relación con la cual se exige que el sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y, precisamente, que en esa condición ejerza las competencias para las que fue investido;
(ii) El fin de la conducta, es decir que al ejercer las competencias propias de su investidura, incurra en una cualquiera de las siguientes actuaciones:
2.1. Cambie o distorsione los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al destinar los dineros públicos a materias, actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados;
2.2. Aplique tales dineros a objetos prohibidos, no necesarios o injustificados;
2.3. Obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o
2.4. Pretenda derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceras personas.

II) Noción de “dineros públicos”

La Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el alcance de la noción de dineros públicos, ha señalado que: “(…) el énfasis interpretativo de la causal no ha de colocarse sobre la expresión ‘dineros públicos’ sino sobre la forma en que se puede llevar a cabo su correcta destinación”. En efecto, para esta corporación, la indebida utilización de dineros públicos, puede llevarse a cabo de dos formas diferentes:

3.1. DIRECTA cuando el congresista -con capacidad de ordenación del gasto- dispone ilícitamente de recursos del erario, bien sea para obtener finalidades particulares o para ordenar una destinación diferente a la establecida en el presupuesto para esos dineros públicos;
3.2. INDIRECTA cuando a pesar de haber sido ordenado el gasto para el objeto previsto en el respectivo presupuesto, el congresista propicia con su conducta una destinación distinta al objeto para el cual fueron consagrados. Quedan comprendidos en esta definición los casos en que el Congresista, sin ser ordenador del gasto, utiliza instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los dineros públicos como ha ocurrido frente a la contratación pública, los anticipos y las autorizaciones para pagos de salarios. En palabras de la Corporación, ocurre cuando el Congresista "traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento”. (Negrillas fuera de texto)

De lo expuesto, se advierte que la causal no está cimentada en el concepto de “dineros públicos”, entendidos como moneda, sino en el de “indebida destinación” y ella se refiere a bienes o intangibles. En consecuencia, la conexidad entre los hechos que se le atribuyan a un congresista y la tipificación señalada, determina a juicio del Consejo de Estado, la ocurrencia o no de la causal de indebida destinación de dineros públicos.

iii) Indebida destinación de dineros público por utilización de tiquetes aéreos

La Sala ha tenido por indebida destinación de dineros públicos en la modalidad de indirecta, la inadecuada utilización de tiquetes aéreos. Efectivamente, desde el proferimiento de la sentencia del 13 de noviembre de 2001, esta Corporación ha considerado:
“… que los dineros públicos, es decir, el caudal del Estado conformado por los impuestos, las tasas, las contribuciones y los recursos del capital deben cumplir la destinación prevista en el respectivo Presupuesto, de suerte que se haga efectivo el mandato del artículo 345 de la Constitución Política. El énfasis interpretativo de la causal no ha de colocarse sobre la expresión “dineros públicos” sino sobre la forma en que se puede llevar a cabo su correcta destinación”.

En esta oportunidad, respecto de la propiedad de los billetes de pasaje aéreos entregados a los congresistas para el desempeño de sus funciones, expresó la Sala:

“Siendo entregados estos tiquetes de pasaje aéreos a nombre de cada congresista para el desempeño de sus funciones, no les está permitido actuar como plenos propietarios de los mismos, toda vez que su utilización está condicionada al ejercicio de su misión. La apropiación solamente se produce cuando son utilizados por sus titulares y en caso de no uso, la propiedad sobre los mismos no se consolida porque deben ser devueltos a la Secretaría General. Los congresistas no tienen entonces, plena libertad de disposición de los mismos y no pueden cederlos a terceros, so pena de incurrir en la causal de desviación de dineros públicos...”. (Subrayas fuera de texto)

Efectivamente, en el caso de los tiquetes aéreos se decretó la pérdida de investidura de un Congresista que propició la destinación indebida de dineros públicos, al ceder a terceras personas ajenas al Congreso los billetes de pasaje adquiridos por la Cámara de Representantes con dineros públicos.
Siguiendo la misma línea argumentativa, en fallo del 30 de julio de 2002, la Sala Plena precisó que el uso de tiquetes está limitado por el propio objeto del contrato de transporte, que no es otro que el de facilitar el cumplimiento de las funciones del congresista. En este caso se consideró que el parlamentario había tenido un comportamiento descuidado y negligente que permitió la indebida utilización de los pasajes aéreos, por cuanto los mismos le fueron sustraídos de su oficina y negociados sin que diera oportuno aviso a la mesa directiva del Congreso. La anterior precisión se hizo en los siguientes términos:

“Considera la Sala necesario precisar, en esta oportunidad, que si bien la expedición de billetes de pasaje a favor de los congresistas, en los casos antes indicados, supone que éstos son parte en un contrato de transporte y, en consecuencia, que están autorizados para utilizarlos, su uso está limitado por la razón que justificó la celebración del contrato de transporte respectivo, cuyo precio es pagado por la correspondiente cámara legislativa, con dineros públicos, para efectos de garantizar el cumplimiento de las funciones de los Senadores y Representantes. Así, cuando se celebra un contrato de transporte aéreo con una empresa determinada y se ordena el gasto respectivo, se autoriza la aplicación de unas sumas específicas, que forman parte del presupuesto general de la Nación, para el cumplimiento de un fin estatal. Pero allí no se agota, necesariamente, el proceso de destinación de los dineros públicos, dado que, no obstante haberse aplicado estos en forma debida por parte del ordenador del gasto y del representante legal que suscribe el respectivo contrato, en la ejecución de éste último puede variarse el fin que dio lugar a su celebración”.

Sobre la negligencia y conducta omisiva precisó que los congresistas deben utilizar los billetes de pasaje aéreos únicamente para dar cumplimiento al fin que justificó la celebración del contrato de transporte respectivo, “de manera que si aquéllos se utilizan para cumplir otro cometido, o, inclusive, si, por negligencia, por no disponer, por ejemplo, la devolución oportuna de los billetes no utilizados, se abre campo a la posibilidad de que la correspondiente aerolínea o la agencia de viajes no estén obligadas a devolver -total o parcialmente- el precio del servicio de transporte, a pesar de no haberse cumplido la prestación (por estar así establecido en el reglamento de la empresa, el contrato o, en su defecto, por la costumbre, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1002 y 1878 del Código de Comercio), el dinero público cuyo gasto fue ordenado resultará, finalmente, indebidamente destinado”.

Con posterioridad, en sentencia del 1º de noviembre de 2005, se consideró, en relación con los pasajes aéreos, que cuando éstos son entregados a nombre de cada Congresista “para el desempeño de sus funciones”, no les está permitido actuar como plenos propietarios de los mismos, como quiera que su utilización está condicionada al ejercicio de su misión.
Se precisó que la apropiación de los pasajes aéreos solamente se produce cuando son utilizados por sus titulares y en caso de no uso, la propiedad sobre los mismos no se consolida porque deben ser devueltos a la Secretaría General de la respectiva Cámara. Los congresistas no tienen entonces, plena libertad de disposición y no pueden cederlos a terceros ni abstenerse de devolverlos cuando no los hayan utilizado, so pena de incurrir en la causal de desviación de recursos públicos.

Las exigencias anteriores se recogieron y reiteraron en la sentencia del 14 de julio de 2015, con ponencia del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero, en la que sostuvo que:

“(…) la Sala ha entendido como indebida destinación los casos en que el Congresista, sin ser ordenador del gasto, utiliza instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los dineros públicos como ha ocurrido frente a la contratación pública, los anticipos y las autorizaciones. Incluso, lo ha entendido así, en los eventos de cesión de tiquetes aéreos, la asignación de funciones distintas a los funcionarios públicos de las Unidades de Trabajo Legislativo, el desarrollo de funciones a esos mismos funcionarios en lugares diferentes al sitio de trabajo y por motivaciones que no consultan el servicio público, entre otros”.

En el último fallo citado se destacó que, en las diferentes sentencias dictadas por la corporación sobre el tema, se ha hecho énfasis en la ausencia motivaciones que consulten el servicio público y se ha reiterado el concepto de indebida destinación directa e indirecta, de lo que se concluye que esta Corporación ha considerado que se incurre en esta causal por utilizar los tiquetes para fines diferentes a los previstos en la ley o en el reglamento o por personas diferentes. En palabras de esta Corporación “cuando usa los tiquetes para actividades no vinculadas a la función pública, esto es, los usan con fines ajenos a la función de congresista”.

(iv) Configuración de la causal en el sub lite - valoración de la prueba recaudada

De la valoración en su conjunto de las pruebas allegadas a la actuación, incluidas la confesión de la demanda, contenida en el escrito de contestación de la demanda, y de las certificaciones expedidas por el Secretario de la Cámara de Representantes, se encuentra demostrado que a la congresista se le entregaron 113 pasajes aéreos a su nombre que fueron recibidos por ésta y que asistió a 49 sesiones, de tal manera que dejó de devolver 84 tiquetes, que la propia demandada aceptó que no utilizó, bien por incapacidad médica o por ausencias justificadas a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara de Representantes.

Cabe destacar que, con las pruebas recaudadas en el trámite del proceso apareció una denuncia penal formulada por el esposo de la congresista –el 17 de diciembre de 2001– en la que se afirma que fueron hurtados del apartamento de la misma con sede en Barranquilla “… un número aproximado de entre 30 y 40 tiquetes aéreos de la aerolínea Avianca, de la ruta Barranquilla-Bogotá y viceversa, con diversa numeración, todos a nombre de la señora VICTORIA VARGAS VIVES, mi esposa ella es representante a la Cámara (…) cabe destacar que los tiquetes aéreos son de los que da el Congreso Nacional para los desplazamientos de sus miembros, para cumplir sus labores en Bogotá”.

Los referidos tiquetes correspondían a los que el Congreso le había entregado a la demandada para los años 1998, 1999, 2000 y 2001 y que ésta, no obstante tratarse de vigencias expiradas, no había devuelto a la Cámara de Representantes, no obstante la obligación clara y expresa que existe al respecto en el Reglamento Interno del Congreso.

La corroboración de que los tiquetes correspondían a tales anualidades, aparece en el documento visible a folio 222 del expediente y que corresponde a una solicitud de la congresista dirigida a Avianca, en la que puso en conocimiento el hurto de los 30 o 40 tiquetes referidos y expresó: “… entre todos estos tiquetes deben encontrarse algunos quizá del año 1998-1999-2000-2001”.

Nótese que tal era la negligencia de la congresista demandada que no tenía conocimiento alguno del número de tiquetes aéreos que tenía en su poder desde la vigencia fiscal de 1998 y que no había utilizado y, no obstante su pérdida, –cuatro años después– no cumplió con el deber de devolverlos a la Secretaría General ni de presentar al Congreso copia de la denuncia penal formulada por el hurto para que este tuviera la oportunidad de obtener la devolución de los dineros, advirtiéndose una ausencia total de diligencia en pro de salvaguardar el patrimonio público.

Sobre la imposibilidad de obtener la devolución en el año 2001 de tiquetes aéreos que se le entregaron a la congresista demandada en 1998, considero que era menester tener en cuenta el medio de convicción visible a folios 333 a 369, referido a los contratos de suministro de tiquetes celebrados con Avianca y que dan cuenta de la liquidación a la finalización del plazo pactado, descontando de las sumas acordadas el valor correspondiente a los tiquetes efectivamente devueltos.

No obstante que la valoración de las pruebas en su conjunto, de conformidad con la tesis reiterada de la corporación sobre indebida destinación de dineros públicos, llevó a la Sala mayoritaria a concluir que: i) los tiquetes aéreos son equiparables a dinero; ii) el Estado pagó por los tiquetes y iii) la Congresista demandada no usó los tiquetes para lo que fueron destinados y tampoco los devolvió; y iv) feneció la oportunidad de que el Estado obtuviera el reembolso del dinero, concluyendo que la causal de pérdida de investidura no se encontraba configuraba en el caso concreto, sin que se tuviera en cuenta la finalidad del proceso de pérdida de investidura. Ello no corresponde al excelso comportamiento que se exige de los congresistas a la luz de las normas constitucionales que consagran la figura jurídica en cuestión.

Finalmente, no estoy de acuerdo con la aseveración consignada en los siguientes términos: “si la conducta que se reprocha en la norma es el haber desviado unos dineros públicos a finalidades prohibidas por el ordenamiento, o permitidas, pero ajenas a aquellas para las cuales habían sido destinados, es decir, una clara conducta de acción, no es posible integrar a la causal el supuesto de hecho de la simple conducta omisiva, porque la tipicidad de la causal no la contempla. Tal como se encuentra estructurada dicha causal, sin lugar a dudas, el verbo destinar, con el calificativo de indebido, implica un comportamiento activo de quien lo realiza, esto es, un actuar positivo, lo que descarta la mera conducta omisiva”.

Esta conclusión varia la línea jurisprudencial que la Sala ha venido manejando en torno a la posibilidad de que la indebida destinación de dineros públicos pueda darse por omisión o negligencia del congresista en la indebida destinación que se da a los dineros públicos y que resultó ampliamente desarrollada en la sentencia del 23 de mayo de 2000 que fuera revisada por la Corte Constitucional en sede de eventual revisión de la tutela interpuesta, según sentencia T-086 de 2007.

“… la indebida celebración puede ser el medio para que se destinen indebidamente fondos públicos como acontece en el sub-lite, donde por negligencia u omisión en la verificación de la conveniencia o necesidad del objeto a contratar se afectaron fondos públicos contratando con objetos inconvenientes, innecesarios o prohibidos por la ley.

Lo anterior es así puesto que, en el proceso de pérdida de investidura la conducta que se examina es sustancialmente distinta de los tipos penales, mientras en aquéllos para que se configure la “indebida destinación de dineros públicos”, se requiere que éstos hayan sido confiados en administración o custodia por razón de sus funciones, en la pérdida de investidura por tratarse de un proceso de naturaleza político-disciplinaria, cuyas normas ostentan un sentido eminentemente ético, basta para que se configure la causal con la omisión de las responsabilidades administrativas en el ejercicio de las funciones del congresista que ocasionen o permitan la incorrecta, ilícita e injusta destinación del patrimonio público.

Si se pretendiera circunscribirla a las irregularidades cometidas por el congresista en la administración y custodia de bienes del Estado, se haría nugatoria tal causal, prevista por el constituyente en el numeral 4º del artículo 183 de la C.P. y en el mismo numeral del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, puesto que son excepcionales los momentos en que éstos están ante dichas circunstancias”. (Negrillas fuera de texto)

Por su parte, la Corte Constitucional avaló por su razonabilidad, la interpretación dada por el Consejo de Estado a la causal de indebida destinación de dineros públicos, en el entendido de que la conducta podía ser omisiva, de cara al incumplimiento de precisos y claros deberes funcionales, de los cuales no es posible soslayar el que tenía la congresista demanda de devolver los tiquetes aéreos o realizar aquellas conductas activas encaminadas a que el Congreso pudiera lograr la devolución de los recursos.

En igual sentido, se decretó la pérdida de investidura por la negligencia demostrada por un congresista, según sentencia del 30 de julio de 2002 en los siguientes términos:

“En efecto, los congresistas deben utilizar los billetes de pasaje aéreos únicamente para dar cumplimiento al fin que justificó la celebración del contrato de transporte respectivo, de manera que si aquéllos se utilizan para cumplir otro cometido, o, inclusive, si, por negligencia, por no disponer, por ejemplo, la devolución oportuna de los billetes no utilizados, se abre campo a la posibilidad de que la correspondiente aerolínea o la agencia de viajes no estén obligadas a devolver -total o parcialmente- el precio del servicio de transporte, a pesar de no haberse cumplido la prestación (por estar así establecido en el reglamento de la empresa, el contrato o, en su defecto, por la costumbre, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1002 y 1878 del Código de Comercio), el dinero público cuyo gasto fue ordenado resultará, finalmente, indebidamente destinado”. (Subrayas fuera de texto)

Con esta interpretación, contraria a la expuesta en las citadas providencias se estaría vaciando el contenido de la causal cuando el funcionario por imprudencia o negligencia omite cumplir con sus precisos deberes y da lugar a la pérdida de dineros públicos.
En los términos expuestos, queda presentado mi salvamento parcial de voto.

Fecha ut supra,

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Radicación número: 11001-03-15-000-2012-02013-00(PI)

Actor: RENZO EFRAÍN MONTALVO JIMÉNEZ

Demandado: VICTORIA EUGENIA VARGAS VIVES

Referencia: SALVAMENTO DE VOTO – STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO, DANILO ROJAS BETANCOURTH

Con el respeto que nos generan los fallos adoptados por la Sala, debemos manifestar nuestro desacuerdo con la decisión adoptada en el sub lite. Para sustentar nuestra inconformidad, nos pronunciaremos brevemente sobre los siguientes aspectos: i) la finalidad del juicio de pérdida de investidura y el carácter constitucional y público de la acción que lo promueve; ii) en el caso concreto la decisión mayoritaria resolvió absolver a la demandada, de un lado, con el argumento según el cual la duda en materia probatoria en el juicio de pérdida de investidura corre a favor de los/las Congresistas; a) sobre este extremo, debemos resaltar que el principio de in dubio pro reo es extraño al juicio de pérdida de investidura y a los objetivos que el mismo persigue cumplir; b) además, al margen de que la decisión dio por probado hechos que no lo fueron, resolvió que la no devolución de los tiquetes aéreos que se entregan a los/las Congresistas para el cumplimiento de sus tareas no configura indebida destinación de dineros públicos, cuando lo cierto tiene que ver con que el ordenamiento jurídico les impone la obligación de retornar los pasajes no usados, para efecto de generar la respectiva nota de crédito a favor de la institución congresual e impedir el detrimento patrimonial del Estado.

La finalidad del juicio de pérdida de investidura y el carácter constitucional y público de la acción que lo promueve

La acción pública de pérdida de investidura consignada en la Constitución de 1991 cumple con un fin constitucional indudable, a saber: dar respuesta al desprestigio y deslegitimación que caracterizó durante mucho tiempo la institución congresual y devolverle el respeto y la dignidad que le son propios como escenario democrático por antonomasia en un Estado de derecho. En el presente conseguir que la dignidad se conserve y asimismo desterrar las prácticas indebidas, consideradas como tales por el Constituyente. Cabe señalar que la institución fue regulada con cuidado en orden a restringir la iniciativa parlamentaria en su diseño e implementación.

Las y los constituyentes de 1991, fueron conscientes de la importancia para la democracia pluralista del Congreso de la República; reconocieron, asimismo, que a esta institución le subyace una triple legitimidad: a) por su modo de conformación –elección popular directa–; b) por la amplitud con que representa las fuerzas políticas –mayoría y minorías– tanto como c) por la manera cómo adopta sus decisiones –mediante la deliberación y el debate crítico, de cara a la opinión pública–.

Con todo, para finales de los años ochenta y, principios de los noventa del siglo pasado, resultaba evidente el divorcio entre lo que de iure debía ser el Congreso de la República y su desprestigio. Frente al predominio de los vicios que rodeaban el día a día de la institución parlamentaria, la fragilidad institucional y el debilitamiento de la democracia pluralista resultaban insoslayables. De ahí que uno de los propósitos fundamentales de la Constituyente consistió en devolverle al Congreso de la República la dignidad de la que carecía.

Para lograr estos cometidos, se acudió a varios mecanismos, entre ellos, a la pérdida de investidura, en cuanto acción pública que puede ser instaurada por cualquier ciudadano, cuando compruebe que un integrante del parlamento incurrió en alguno de los supuestos expresa, objetiva y taxativamente consignado en el ordenamiento jurídico. A lo que se agregó algo que reviste suma importancia, esto es, los supuestos constitucional y legalmente previstos despojados de subjetividad. Se trataba de dotar las causales de efectividad con el propósito de conseguir el cometido institucional. Mismo que el Constituyente no ha modificado.

Quien se presenta como candidato o candidata al Congreso de la República sabe de antemano y, no puede ignorar, que el ejercicio de su función está rodeado de previsiones encaminadas a resguardar la dignidad de la institución. De incurrir en alguna de las expresa, objetiva y taxativamente consignadas se dará paso a la pérdida de investidura, vale decir a la muerte política.

La acción de pérdida de investidura busca garantizar a los ciudadanos que las personas a quienes ellos han distinguido a través de procesos democráticos como sus representantes, no abusen de su poder aprovechándolo para alcanzar fines personales, y para ello el ordenamiento ha establecido un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que sirve para trazar con nitidez la diferencia entre el beneficio de carácter público al cual debe servir el funcionario y su interés privado o persona, de manera que su vulneración da lugar a propiciar la imposición de tan grave sanción.

En efecto, esta drástica y ejemplar sanción debe estar precedida de un proceso que cumpla con todas las exigencias que le son propias a la garantía del debido proceso. Las y los constituyentes confiaron a esta corporación resolver sobre la acción pública de pérdida de investidura de Congresistas y puede concluirse que en los años que lleva vigente la Constitución de 1991, las providencias han contribuido a dignificar la institución congresual.

En la jurisprudencia reiterada en la sentencia que recibió el apoyo mayoritario, se concluyó que la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos se configuraba cuando estos últimos se destinan a objetivos “no previstos en el respectivo presupuesto, al margen de que la conducta del congresista sea o no delictiva, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación, siempre que su finalidad sea diferente a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos”. Entonces, se presenta indebida destinación de dineros públicos tanto cuando el Congresista en ejercicio de su cargo “traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, bien cuando utiliza, aplica o destina directa e indebidamente valores monetarios, como cuando utiliza intangibles o contratos como instrumentos para desviar los dineros públicos a fines distintos de los previstos en las disposiciones legales y reglamentarias”.

El caso concreto

En el asunto que se examina, el actor invocó la configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos. Para respaldar su acusación, sostuvo que la Congresista demandada “se dedicó a la tarea de no devolver los tiquetes aéreos que le entregaban”, motivo por el cual se estructuró la “indebida destinación y apropiación de pasajes aéreos que le fueron suministrados en su condición de Congresista (…) para el ejercicio de sus funciones públicas y que nunca fueron devueltos al Estado” –fl. 2–. Según el actor, la causal se configuró por dos razones: primero, por cuanto la demandada omitió devolver los tiquetes que le fueron entregados para el ejercicio de sus funciones y, segundo, por el cambio de beneficiario que de los mismos hizo.

El demandante apoyó su solicitud en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (sentencia del 4 de febrero de 2009, expediente 18.903) como precedente vertical –fls. 3-5–; fallo en el que se precisó que los tiquetes aéreos se le brindan a los/las Congresistas para permitirles “mantenerse en contacto con la problemática de su región” y se “entienden expedidos para el desempeño de sus funciones y no a título privado” –se mantienen las negrillas en el texto citado–. Que, una vez existe un vínculo entre el/la Congresista y, los pasajes aéreos, este (a) se convierte en custodio (a) “de tales bienes, posibilitado para su uso en los precisos términos para los cuales se expidieron, surgiendo así la indisponibilidad material respecto de ellos”.

En el sentido atrás expresado, los tiquetes aéreos “ostentan la calidad de bienes estatales, por cuanto su entrega a cada congresista viene signada por un eminente fin funcional: permitirles el desplazamiento a sus regiones, tanto en época de sesiones ordinarias, como extraordinarias, para que puedan estar atentos a la problemática de las poblaciones por ellos representadas, como para asegurar su puntual retorno a los debates”. De ahí que los pasajes no sean “expedidos con destino indeterminado, sino en rutas preestablecidas, siempre coincidentes con el capital del departamento representado por los representantes a la Cámara como lugar de arribo y la ciudad capital de la Nación como destino de retorno”.

Interpretación que, acorde con el actor, ha sido prohijada por esta Sala Plena cuando calificó los tiquetes aéreos como bienes de naturaleza pública que no pueden ser objeto de apropiación –se cita la jurisprudencia sentada en el fallo que se pronunció en el caso del entonces secretario general de la Cámara de Representantes, Angelino Lizcano, pero no se menciona la fuente–.

En la contestación –fls. 7-9– la demandada adujo que el actor omitió el deber de precisar los cargos, obligación que debe ser atendida incluso tratándose de un juicio de pérdida de investidura. Con todo, se pronunció sobre los mismos así. A propósito de los tiquetes aéreos asignados a los Congresistas y no utilizados, sostuvo que éstos “se devuelven a la Secretaría General del Congreso, para que esta a su vez pida a la agencia de viajes el reintegro del valor pagado por los mismos”.

Además, agregó que el Parlamentario podía “cambiar directamente la fecha del viaje o el destino, cuando el valor del tiquete sea equivalente, y siempre a su nombre”. Enfatizó, asimismo, que “a diferencia de lo que ocurre con los empleados públicos, existe cierta liberalidad en el uso de los tiquetes, dado que se les entregan con el fin de que se desplacen a cualquier lugar del país, en especial, tratándose de senadores en consideración a que en la Constitución de 1991 se estableció la circunscripción nacional, de ahí que el cambio de destino de tiquetes aéreos sea una práctica común en el Congreso, sin que esto implique violación de la ley”.

El primer cargo analizado por el fallo mayoritario, fue el que denominó “presunta cesión de los tiquetes aéreos”. Para establecer la prosperidad del mismo, se constató que, durante el periodo comprendido entre julio de 1998 y junio de 2002, se le entregaron a la Congresista demandada 133 tiquetes en la ruta Barranquilla-Bogotá-Bogotá-Barranquilla –fls. 30-31–. Se comprobó, asimismo, que “entre agosto de 1998 y junio de 2002 hubo 138 sesiones ordinarias plenarias y 2 extraordinarias de la Cámara de Representantes, de las cuales la demandada asistió a 48 ordinarias y a 1 extraordinaria, y faltó a 57 sesiones, con excusa; a 8 sesiones, sin excusa y 26, por licencia” –fls. 31-32–.

Se evidenció que el “representante a la Cámara William Miguel Escaf Escaf asistió a 34 sesiones plenarias de la Cámara de Representantes, en reemplazo de la demandada, entre el 20 de octubre y el 16 de diciembre de 1998 y entre el 4 de mayo y el 25 de agosto de 1999, según la certificación expedida por la Secretaría General de la Cámara de representantes –fl. 32.

Se verificó que, de los pasajes que le fueron dados, la Congresista retornó 3 en mayo de 1999 por encontrarse en licencia de maternidad –fl. 32 –. Se estableció, asimismo, que para esa fecha, asistió a la Cámara el representante William Miguel Escaf Escaf en reemplazo de la demandada. El Secretario General de la época solicitó posteriormente el cambio de destinatario de los tiquetes entregados por el señor Escaf Escaf a nombre de la señora Victoria Vargas quien se reintegró el 3 de septiembre de 1999. Sobre la cuestión acerca de si estos 3 pasajes fueron adicionales a los 133 que le fueron dados a la Congresista demandada o, si correspondieron a los expedidos por la aerolínea en los meses siguientes, la Sala resolvió aplicar el principio de la duda a favor de la demandada, por lo que concluyó que, de los 133 tiquetes que le fueron entregados, ella devolvió 6.

El principio de in dubio pro reo es extraño al juicio de pérdida de investidura y a los objetivos que el mismo persigue cumplir

En relación con lo anterior, debemos resaltar en este lugar que, tratándose de una acción pública confiada por el constituyente al Consejo de Estado para preservar la dignidad congresual, de existir la duda, tendría inexorablemente que decidirse a favor del bien jurídico tutelado. El bien jurídico protegido con el principio in dubio pro reo acorde con el cual “la convicción del [juzgador] respecto de la culpabilidad del imputado debe superar cualquier duda razonable, de manera que cualquiera que exista obliga a fallar a su favor”, es propio de los juicios que comprometen al individuo en su calidad y que se proyectan sobre su libertad personal y, por su extensión, sobre su derecho a ejercer cargos públicos –proceso disciplinario–. Esto último en razón de que no se cuenta con norma constitucional que lo impida, lo que no sucede con la desinvestidura.

Como ya arriba se indicó, el Constituyente diseñó un juicio drástico, severo y al tiempo objetivo para tutelar la dignidad congresual, al punto que las justificaciones excepcionales se regulan en la misma norma. Repetidamente en la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa se ha reiterado:

las normas constitucionales sobre pérdida de la investidura tienen un sentido eminentemente ético. Buscan preservar la dignidad del congresista y, aunque se refieran a conductas que puedan estar contempladas en la legislación como delictivas, su objeto no es el de imponer sanciones penales, sino el de castigar la vulneración del régimen disciplinario impuesto a los miembros del Congreso en razón de la función que desempeñan. Al congresista no se lo priva de su investidura, inhabilitándolo para volver a ser elegido en tal condición, por el hecho de haber incurrido en un determinado hecho punible y menos como consecuencia de haber sido hallado penalmente responsable. Lo que el Consejo de Estado deduce en el curso del proceso correspondiente es la violación, por parte del implicado, de las normas especiales que lo obligan en cuanto miembro del Congreso. Se trata de un juicio y de una sanción que no están necesariamente ligados al proceso penal que, para los respectivos efectos, lleve a cabo la jurisdicción, pues la Constitución exige más al congresista que a las demás personas: no solamente está comprometido a no delinquir sino a observar una conducta especialmente pulcra y delicada que, si presenta manchas, así no sean constitutivas de delito, no es la adecuada a la dignidad del cargo ni a la disciplina que su ejercicio demanda.

En fin, tratándose de una acción pública confiada por el Constituyente a esta corporación para preservar la dignidad congresual en los términos previstos por el mismo, no cabe alegar la duda razonable so pretexto de garantizar el principio in dubio pro reo, pues, de existir incertidumbre, esta tendría que resolverse inexorablemente a favor de la dignidad que la Carta quiere preservar.

Ahora bien, en relación con la identidad de la persona que utilizó efectivamente los pasajes, se presentaron dificultades probatorias –fl. 34–. Luego de transcurrida la audiencia, se efectuó inspección judicial en las oficinas administrativas de Aerovías del Continente Americano S.A. –Avianca– pero la persona encargada de atender la diligencia puso de presente que “resultaba imposible dar información exacta sobre la suerte de los tiquetes expedidos por la compañía a favor de los congresistas, en el periodo 1998-2002” –fl. 35–.

Sostuvo en relación con los tiquetes expedidos y volados, que –se destaca– “no era posible consultar únicamente con el nombre del pasajero o su identificación, sino que se requería, además, el número del tiquete, fecha, hora y trayecto del vuelo, salvo cuando se trataba de personas inscritas en el programa de viajero frecuente, caso en el cual sí era posible realizar la consulta por el nombre del socio o miembro del programa , pero aclaró que, regularmente, esos tiquetes eran adquiridos con la redención de las millas acumuladas por el socio. Aclaró que “el sistema de viajero frecuente ‘normalmente registra los tiquetes que son adquiridos por los miembros de este programa redimiendo las millas acumuladas por el socio. Esta puede ser la explicación de la no coincidencia de los tiquetes relacionados en ambos listados”.

No obstante el funcionario de Avianca advirtió –fl. 37– que “no podía asegurarse [si] los tiquetes registrados bajo el rubro “actividad” en la tarjeta de viajero frecuente correspondieran a viajes efectivamente realizados por la demandada”, la Sala resolvió tener por acreditado el hecho, dando por probado, sin sustento fáctico alguno, que la demandada “se desplazó durante los años 1999-2002 a cumplir sus funciones parlamentarias, lo que en realidad hizo para asistir a las plenarias de la cámara, conforme a la certificación expedida por el secretario de esa Corporación” –fl. 37–.

Adicionalmente, encontró el fallo mayoritario –fls. 37-38– que aun cuando el motivo por el cual “no coinciden los números de los tiquetes que le fueron entregados en la Cámara de Representantes, con los que aparecen relacionados en la tarjeta de viajero frecuente, puede aceptarse que la demandada viajó en las rutas Barranquilla-Bogotá o viceversa al menos en las oportunidades señaladas en esa tarjeta y que en esas oportunidades hizo uso de los tiquetes aéreos que le entregó la Cámara de Representantes”.

En relación con este aspecto cabe señalar, enfáticamente, en este lugar, que en materia procesal y probatoria la confesión es indivisible y no puede utilizarse de manera que una vez reconocidos o aceptados los hechos sobre los que la misma versa, estos solo sean tenidos por ciertos para lo que favorece a la parte que confiesa y no para lo que la puede desfavorecer.

Además, la sentencia de la cual nos apartamos llegó a una conclusión inadmisible toda vez que carece de sustento fáctico, a saber, que la demandante viajó en 59 oportunidades. Lo único indiscutible y probado en el expediente es que a la Congresista se le expidieron 133 pasajes aéreos a su nombre que la misma recibió y que asistió a 49 sesiones. De donde, si utilizó uno por sesión –lo que no fue así en cuanto el uso es semanal– dejó de usar y no devolvió 84, lo que no puede hacerse equivalente a que haya hecho uso de los tiquetes en 59 oportunidades, cuestión que –se insiste– no apareció probada en el expediente.

Así las cosas, lo cierto tiene que ver con que la propia demandada reconoció y aceptó que dejó de utilizar tiquetes aéreos. En la contestación sostuvo, como ya se indicó, que los Congresistas pueden cambiar el destino de los tiquetes y en la etapa probatoria surgió una denuncia por el supuesto hurto de entre 30 y 40 tiquetes. Se señala en la denuncia –fl. 41– que entre el sábado 15 y el domingo 16 de diciembre de 2001 se perpetró un hurto en su apartamento de la ciudad de Barranquilla y que entre los objetos sustraídos se cuentan alrededor de 30 o 40 tiquetes aéreos sin utilizar.

A propósito de lo anterior, el fallo mayoritario al tiempo que advirtió –fls. 42-43– que “en la contestación de la demanda, la señora Victoria Eugenia Vargas Vives no se refirió al hurto de los tiquetes a los que se viene haciendo alusión, lo cual resulta extraño”, le restó importancia al hecho con el argumento de que “las dudas que esa omisión pueda generar no son suficientes para desvirtuar lo consignado en los documentos remitidos por la Cámara de Representantes. Esto último indicaría que se cuenta con un documento con sello de recibido, empero no radicado en la misma entidad. Lo que obligaba a la Sala a compulsar copias para la investigación.

Sobre este aspecto, habría que agregar que el actor, antes de formular la demanda, elevó un derecho de petición con el propósito de que la Cámara de Representantes lo informe sobre la devolución de los tiquetes y que, en la respuesta al derecho de petición, tampoco se mencionó lo del supuesto hurto de los tiquetes aéreos. Si bien se sostuvo que el acontecimiento fue denunciado y la denuncia conocida por Avianca, el gerente legal de asuntos administrativos-división jurídica de la aerolínea sostuvo que, en la diligencia de inspección, no se evidenció el radicado de una solicitud en ese sentido, aunque sí el sello de recibido.
Finalmente, concluyó la decisión mayoritaria respecto del primer cargo estudiado, vale decir la indebida destinación de dineros públicos por “presunta cesión de los tiquetes aéreos” –fls. 44-45– que el cargo no se configuró, pues no se acreditó en el expediente que “alguno o algunos de los tiquetes que le fueron entregados a la representante para el cumplimiento de sus funciones hubieran sido utilizados por persona diferentes, por cesión que esta hubiera hecho a su favor, ni que la misma hubiera incurrido en conductas diferentes orientadas a obtener un beneficio personal o a favor de terceros, como las de variar su ruta, con propósitos diferentes al cumplimiento de sus funciones y obtenido reembolso de las sumas pagadas por dichos tiquetes”.

Por último, advirtió la decisión mayoritaria –fl. 46– que “la exposición genérica de los hechos por los cuales el actor formuló la solicitud de pérdida de investidura en contra de su representante, esto es, sin identificar a la persona o personas a quienes presuntamente aquélla le cedió los tiquetes aéreos ni los lugares a dónde la misma viajó con propósitos distintos al ejercicio de su función , la razón por la cual la empresa aérea no pudo hacer las confrontaciones correspondientes en relación con la utilización de los tiquetes expedidos a nombre de la demandada, y también fue ese el motivo por el cual el despacho sustanciador no tuvo posibilidad de indagar de mejor manera los hechos”.

La anterior advertencia resulta a toda luz inadmisible. El juicio de desinvestidura, así como está previsto en nuestro ordenamiento, dota al juez de amplias facultades oficiosas para cerciorarse de que tomará una decisión con base en hechos debidamente probados. En breve, el tono claudicante en materia probatoria del fallo respecto del cual discrepamos es inaceptable y no puede alegarse a manera de justificación para relevar al juez de su obligación de fallar conforme a hechos debidamente probados, tan amplio como haya sido el tiempo transcurrido entre la fecha en que tuvieron lugar las circunstancias fácticas cuya existencia debe ser acreditada y el momento en que se adoptó la decisión.

En este punto se debe precisar que quien quebranta la dignidad del Congreso, pierde la investidura sin que el tiempo le permita recuperarla.

Al margen de que la decisión dio por probado hechos que no lo fueron, resolvió que la no devolución de los tiquetes aéreos que se entregan a los/las Congresistas para el cumplimiento de sus tareas no configura indebida destinación de dineros públicos, cuando lo cierto tiene que ver con que el ordenamiento jurídico les impone la obligación de retornar los pasajes no usados, para efecto de generar la respectiva nota de crédito a favor de la institución congresual e impedir el detrimento patrimonial del Estado

En relación con el segundo cargo, que el fallo mayoritario denominó destinación indebida de dineros públicos por la “no devolución de los tiquetes aéreos” se observa lo siguiente. La decisión mayoritaria tuvo por suficientemente acreditado que a la Congresista demandada se le hizo entrega de más de 40 tiquetes aéreos para el cumplimiento de sus tareas. Con todo, precisó el fallo que para responder sobre la configuración del cargo debía previamente comprobarse si se ocasionó o no detrimento patrimonial para el Estado “por los tiquetes que le fueron hurtados a la demandada”. Con el fin de responder la cuestión formulada, consideró la sentencia –fl. 47– que debía precisar “si al momento del hurto aún podían estos ser usados u obtenido su reembolso”.

En primer lugar, resulta asombroso cómo el fallo mayoritario i) apoyó la configuración de la causal en un hecho que no quedó debidamente probado en el expediente, a saber, el supuesto hurto de los tiquetes aéreos a la demandada y ii) pasó por alto que, así hubiese sucedido, la Congresista dio cuenta de más de 40 tiquetes que no utilizó y tampoco devolvió. De ahí que el punto de partida sea desde el comienzo bastante cuestionable.

La pregunta ha debido girar sobre circunstancias fácticas debidamente comprobadas, en este caso, la certeza de que la Congresista recibió para el cumplimiento de sus tareas 133 tiquetes aéreos de los cuales si hubiese usado uno para cada sesión a la que asistió, utilizó en total 49. Debe tenerse presente que, según el reglamento vigente para el momento en que se presentaron los hechos, los Congresistas estaban obligados a devolver los tiquetes no usados al contratista para efecto de generar la respectiva nota de crédito a favor de la Cámara de Representantes y, lo cierto tuvo que ver con que la Congresista no devolvió 84 tiquetes, como pasa a explicarse enseguida.

Según el fallo mayoritario, en la causal de indebida destinación de dineros públicos se incurre directamente e indirectamente. Directamente, cuando el Congresista ordenador del gasto aplica “los recursos a propósitos prohibidos, no autorizados, injustificados o innecesarios a través de la celebración de contratos estatales, sin establecer su necesidad, oportunidad o conveniencia”. Indirectamente, cuando “a pesar de haber sido ordenado el gasto para el objeto previsto en el respectivo presupuesto, el congresista propicia con su conducta una destinación distinta” –se destaca–.

Al pronunciarse sobre los tiquetes aéreos, recordó la decisión mayoritaria el contenido del Decreto 870 de 1989 “Por el cual se reglamenta la Ordenación del Gasto del Honorable Congreso de la República”. Precisó, que dicho reglamento se encontraba vigente en el momento en que ocurrieron los hechos en el proceso de la referencia, motivo por el cual le era aplicable lo dispuesto en el artículo 4º del estatuto que reza –se destaca–:

La ordenación de los pasajes aéreos o terrestres dentro del territorio nacional para los honorables Congresistas en ejercicio, se autorizarán por el Ordenador del Gasto, previa solicitud del Secretario General de cada Corporación.

Par el efecto la Secretaría General, presentará a las Mesas Directivas del honorable Senado de la república y la honorable Cámara de representantes, una solicitud mensual de los pasajes a que tienen derecho los honorables Congresistas, indicando nombre del beneficiario y ruta respectiva, uno por cada semana, durante el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y un pasaje mensual en periodo de receso, salvo que se trate de comisiones especiales en el interior del país, solicitadas y aprobadas por las Mesas Directivas, las Comisiones constitucionales Permanentes, Legales Reglamentarias o Accidentales, caso en el cual, se podrá autorizar un número mayor de pasajes. Igualmente, enviará una relación de los tiquetes que hayan sido utilizados o devueltos para efecto de elaborar la correspondiente resolución que orden el reconocimiento y pago”.

Admitió la decisión mayoritaria que los pasajes constituyen dineros públicos y reiteró que “cualquier conducta que implique variar la destinación de los gastos realizados para su adquisición” suponía incurrir en la causal de pérdida de investidura por destinación indebida de dineros públicos –fl. 28–. Esto es así –sostuvo el fallo–, por cuanto los tiquetes que se entregan a los Congresistas para el cumplimiento de su tarea constituyen prueba de la celebración de un contrato de trasporte aéreo cuyo precio es pagado con dineros públicos. En consecuencia, se presenta su utilización indebida cuando con la adquisición de los tiquetes no se cumple el fin previsto, esto es, la asistencia de los Parlamentarios a las sesiones y su permanente contacto con el electorado, evento en el cual los tiquetes deben ser devueltos “(…) a la secretaría de cada Corporación para que esta pueda determinar cuál debe ser la suma a pagar a la agencia o pueda elaborar la nota de crédito”.

Sin embargo, el fallo mayoritario pasó por alto su propia argumentación, pues en el sub lite la Congresista no usó los tiquetes para asistir a las sesiones del Congreso por razones de salud, de donde no cabe sino reprocharle que no los haya devuelto, de conformidad con lo establecido en el reglamento –artículo 4º del Decreto 870 de 1989 “Por el cual se reglamenta la Ordenación del Gasto del Honorable Congreso de la República”–, y que ello haya dado lugar a que no se elaborara la correspondiente nota de crédito a favor de la institución congresual y el detrimento patrimonial del Estado no pudiera evitarse. Nótese, además, que para el momento en que la Congresista reportó el supuesto hurto de los tiquetes aéreos, todavía mantenía un número considerable en su poder, lo cual significaba que la Cámara de Representantes podía recuperar su importe cancelado en un 50% en forma anticipada y excluir la diferencia del balance para el pago final.

Al respecto, se conoció sobre el pago del precio del contrato 124/00, suscrito el 6 de junio de 2000, que se entregó el 50% de manera anticipada y que el saldo debía pagarse al mes siguiente a la entrega del tiquete. Que el contrato tuvo dos adiciones y que estaba vigente en noviembre de 2001. Esto, porque, según se lee en la trascripción del acta de liquidación, conciliada ante la Procuraduría –transcrita a folios 49 y 50 del fallo–, i) “el 23 de septiembre de 2001 se encontraban pendientes de liquidar los contratos 123 y 124/00”; ii) “el 23 de noviembre de 2001 las partes suscribieron el contrato adicional sobre el plazo y el precio del 124/00” y iii) “el 20 de diciembre de 2000 (sic.) el contratista envió a la Cámara la relación de las notas de crédito para los reembolsos”.

Lo anterior es así, porque el 17 de diciembre de 2001 la Representante comunicó a la empresa Avianca que entre el sábado 15 y el domingo 16 de diciembre de 2001 le fueron hurtados de su apartamento entre 30 y 40 tiquetes sin utilizar y había recibido 118 y utilizado, según su asistencia a las sesiones de la Cámara, 36. Por consiguiente, tenía en su poder un número de 82 tiquetes.

No pudo contabilizarse su asistencia a comisiones porque, como ya se advirtió, estaba incapacitada. Ahora bien, la Congresista no informó a la aerolínea y tampoco a la Secretaría de la Cámara, ni a la agencia de viajes para que se bloquearan los tiquetes hurtados. Si lo hizo, tendría que haberlo probado; empero, ni siquiera se cuenta con una alusión al tema. Se repite: el 7 de octubre de 2011 la Cámara de Representantes respondió en ejercicio del derecho de petición sobre la entrega de los tiquetes, acerca de su no devolución aunque nada se dijo en lo atinente al supuesto hurto.

El 17 de diciembre de 2001, la representante envió una comunicación que, si bien tiene el sello de recibido de la aerolínea, no aparece radicada. Mediante esta comunicación, informó el hurto de los tiquetes –entre 30 y 40– sin especificar los números. Debe tomarse nota, en este lugar, que era de responsabilidad de la Congresista demandada, primeramente, solicitar el bloqueo de los tiquetes supuestamente hurtados para lo cual requería informar los números, de suerte que, si no los conocía, ha debido dirigirse a la Secretaria de la Cámara de Representantes para ese efecto. Al no hacerlo, lo que se advierte es la nula diligencia de la Congresista en defensa del patrimonio público. Tanto más si se considera que resultaba imposible pretender que la aerolínea bloqueara unos pasajes sin conocer el número y que devolviera su importe sin que la Cámara lo hubiere solicitado.

Ahora, la Congresista también se abstuvo de informar a la Cámara de Representantes para que se elaborara las notas de crédito. Esto es así, i) toda vez que la Cámara en razón de la respuesta al derecho de petición formulado por el actor no hizo mención al supuesto hurto de los pasajes y ii) porque entre las notas de crédito elaboradas por la Cámara, para conciliar con la aerolínea, vale decir después de la denuncia, no figuran los tiquetes entregados a la Congresista.

Es cierto, como se plantea en las conclusiones, que para el 17 de diciembre de 2001 la Congresista estaba en ejercicio de sus funciones, puesto que le quedaban siete meses de su periodo. En consecuencia, podía usar los tiquetes aéreos que le habían sido entregados hasta esa fecha con el objetivo de asistir a las sesiones y mantenerse en contacto con el electorado. Para ello, entre noviembre de 2001 y junio de 2002 la representante a la Cámara recibió 15 tiquetes más.

Entonces, como en enero de 2001 el Congreso estaba en receso, pudo usar un tiquete –el de enero– y otro en febrero. Durante la semana del 18 al 22 de marzo usó un tiquete; entre el 25 y 29 del mismo mes utilizó otro tiquete. La semana del 2 de abril, no asistió; tampoco lo hizo la semana del 16, ni la del 24 del mismo mes. Asistió la semana del 29 de abril. No asistió a las sesiones de la semana del 7 de mayo, ni tampoco a las de las semanas del 14 y 28 del mismo mes. Se abstuvo de asistir a las sesiones de las semanas del 5, 6, 11, 12 y 18 de junio. En consecuencia, quiere decir que entre diciembre de 2001 y junio de 2002 recibió 15 tiquetes y utilizó tres. Debió devolver 12. Estos, no se podría sostener que le fueron hurtados. De donde solo por estos últimos ha debido perder la investidura.

En breve, la representante a la Cámara demandada incurrió en la causal, porque la Cámara pagó por los tiquetes que la misma no usó y no devolvió. De haber devuelto los tiquetes aéreos, habría permitido elaborar las notas de crédito. Aunado a esta omisión, se abstuvo también de poner en conocimiento de la aerolínea y de la Cámara el supuesto hurto de los tiquetes, con lo cual imposibilitó el inicio del trámite de bloqueo y de su reembolso o reexpedición, como lo prescriben las normas que regulan el contrato de transporte aéreo y lo aclaró la aerolínea con ocasión de la diligencia de inspección judicial practicada.

Acerca de lo afirmado por la aerolínea en la diligencia de inspección resulta indispensable precisar:

-Si bien el gerente fue indagado sobre la respuesta a la comunicación de la Congresista demandada, se atuvo a la averiguación que haría al respecto. En la respuesta manifestó que se evidenciaba sello de recibido en la comunicación de la oficina de pasajes del Capitolio, pero que en control de ingresos no se acreditaba el radicado, por lo que no se contaba con respuesta a la misma.

Sobre este aspecto en el fallo se sostuvo –fl. 43– “[p]or lo tanto, el hecho de que no se hubiera traído al expediente la copia de la solicitud ni su eventual respuesta, solo significa que la empresa no cuenta ya con esa información y no que el sello de recibido sea una falsificación… Al respecto, debe advertirse lo siguiente.

En primer lugar, en la diligencia la empresa consideró poco probable poder demostrar la respuesta; dado el trascurso del tiempo, esta se supeditó a la previa verificación. En segundo término, una vez verificado, se respondió que en el control de ingresos no se evidenciaba la radicación de la comunicación y a ello se atribuyó la falta de respuesta.

En cuanto al aspecto relacionado con una eventual falsificación, se advirtió en el escrito, por lo que no correspondía a la Sala descartar, ni afirmar nada acerca del punto. Al respecto, debe señalarse que las pruebas se valoran conforme a las reglas de la sana crítica, de donde se echa de menos las consideraciones sobre lo revelado por el expediente y, en todo caso, la compulsa de copias para que se investigue lo acontecido en torno a una denuncia de la que no se tuvo noticia sino en la etapa probatoria en este asunto, al punto que no pudo ser utilizada por la Cámara para descontar el valor de lo supuestamente hurtado.

Finalmente, la sentencia reconoció que: i) los tiquetes aéreos son equiparables a dinero; ii) el Estado pagó por los tiquetes y iii) la Congresista demandada no usó los tiquetes para lo que fueron destinados y tampoco los devolvió. Cabe agregar, asimismo, que iv) feneció la oportunidad de que el Estado obtuviera el reembolso del dinero, lo que significa que se afectó el patrimonio público.

No obstante, el fallo mayoritario consideró que no había operado la causal de indebida destinación de dineros públicos en el proceso de la referencia, por cuanto la Congresista no cambió la finalidad de los tiquetes, ni obtuvo un incremento patrimonial personal o de terceros. Último que, si bien está probado, deviene en indiferente de cara al detrimento patrimonial del Estado.

En otros términos: según el fallo mayoritario no se configuró la causal de indebida destinación de dineros públicos por la no devolución de los tiquetes aéreos que la Congresista no usó. En este caso, se trataría de una conducta de acción que puede constituir una falla disciplinaria u originar responsabilidad fiscal. Empero, con el argumento según el cual ya trascurrieron catorce años desde el momento en que ocurrieron los hechos, la decisión mayoritaria se abstuvo de compulsar copias.

De todas formas cabe, en este lugar, destacar que nos encontramos en completo desacuerdo con los alcances que la Sala le dio a la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos –caso de la no devolución de tiquetes aéreos por parte del/ de la Congresista que no los usa–. Al margen de cuál sea el motivo por el cual el/la Congresista deja de usar los tiquetes aéreos que para el cumplimiento de sus funciones les son entregados, lo clave y definitivo tiene que ver con que es titular de la obligación –prevista en el reglamento– de devolverlos, oportunamente, de modo que se pueda elaborar la correspondiente nota de crédito y no se provoque detrimento patrimonial.

Si se atiende a la definición que sobre detrimento o daño patrimonial al Estado quedó consignada en el glosario de la Contraloría General de la República, puede concluirse que esta se entiende como la –se destaca–:

Lesión al patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.

Dicho daño se podrá ocasionar por acción o por omisión de los servidores públicos o la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzca directamente o contribuya al detrimento del patrimonio público.

Debe tenerse presente que, en el caso que nos ocupa, lo que ocurrió fue que la Congresista no usó los tiquetes aéreos que le fueron entregados para asistir a las sesiones del Congreso y estar en contacto con el electorado. Entretanto, el Estado pagó por ellos, porque la Congresista no los devolvió como correspondía. Dicho de otra manera: la Congresista incurrió en la indebida destinación de dineros públicos, porque recibió los tiquetes, no los usó y, como no los devolvió, dio lugar a que los recursos invertidos en su asistencia al Congreso se usaran indebidamente. Al margen de un supuesto hurto de hasta 40 tiquetes. Esto último, porque la Cámara no descontó el valor de lo supuestamente hurtado y la Congresista no demostró diligencia alguna para que ello ocurriera.

FECHA UT SUPRA

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Magistrada

DANILO ROJAS BETANCOURTH
Magistrado

Mediante auto de 26 de octubre de 2012, el Consejero Ponente resolvió devolver la solicitud de pérdida de investidura presentada por el señor Renzo Efraín Montalvo Jiménez y concederle un término de 10 días para que aportara la certificación exigida por el artículo 4 de la Ley 144 de 1994, esto es, la prueba de la condición de representante a la Cámara de la señora Victoria Eugenia Vargas Vives, expedida por el Consejo Nacional Electoral, para los períodos constitucionales 1998 a 2002 y 2010 a 2014 (f. 28-31). El 1º de noviembre de 2012, el actor presentó memorial y documentos anexos, con el fin de subsanar la demanda (f. 33-38). No obstante, el Ponente, mediante auto de 22 de noviembre de ese mismo año resolvió concederle un término adicional de 10 días para que cumpliera con la exigencia señalada en el auto anterior, esto es, la prueba de la condición de representante a la Cámara de la demandada (89-91). Finalmente, mediante auto de 18 de diciembre de 2012, se admitió la solicitud de pérdida de investidura y se ordenó notificar personalmente a la congresista y al Ministerio Público (f. 93-94). La señora Victoria Eugenia Vargas Vives fue notificada por aviso el 24 de enero de 2013 (f. 100). Mediante auto de 1º de febrero de 2013 se abrió el proceso a pruebas (f. 118-120). Previo a fijar fecha para llevar a cabo la audiencia pública prevista en el artículo 10 de la Ley 144 de 1994, el Despacho Sustanciador verificó que no habían sido allegadas al proceso las pruebas decretadas, por lo que requirió a las entidades correspondientes para que dieran respuesta a los oficios que les habían sido remitidos (f. 160-161). De nuevo, mediante auto de 5 de abril de 2013, el Ponente requirió a la agencia Aviatur, con el fin de que suministrara la información que le fue solicitada, relacionada con el procedimiento que se seguía para la expedición y devolución de los tiquetes aéreos a los representantes a la Cámara, cuando los mismos no eran utilizados (f. 398). El actor, mediante memorial de 8 de abril de 2013, insistió en que se requiriera a la empresa Avianca, para que informara quién o quiénes utilizaron los tiquetes que se le habían entregado a la demandada, en qué ruta, y si estos fueron cambiados de ruta o de beneficiario (f. 400-405).
En la providencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, el 4 de febrero de 2009, expediente 18.903, se dictó resolución de acusación en contra del exrepresentante a la Cámara Lorenzo Rivera Hernández, por el delito de peculado por apropiación, por realizar cambiados continuos de 131, de los 152 tiquetes que le fueron entregados para el cumplimiento de sus funciones, para ser utilizados en rutas diferentes a la original o a favor de terceras personas, “para lo cual el representante RIVERA HERNÁNDEZ acudió a SUBUTOURS, agencia de viajes suministradora de los tiquetes conforme al contrato suscrito con la Cámara de Representantes, demandando la expedición de nuevos pasajes cancelados con cargo a los sufragados con recursos públicos”.// Asimismo, se supo que dos tiquetes fueron cedidos en la misma ruta a favor de Jorge Uriel Castro Rico, empleado de la unidad de trabajo legislativo del congresista RIVERA HERNÁNDEZ persona que también utilizó un tercer tiquete, al parecer suplantando al congresista procesado.

Acerca de la naturaleza jurídica de la pérdida de investidura, puede verse, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2011-00438-00(PI), C.P. Bertha Lucía Ramírez: “La pérdida de investidura es un mecanismo de control político que tienen los ciudadanos y un instrumento de depuración en manos de las Corporaciones Públicas contra sus propios integrantes, cuando éstos incurran en conductas contrarias al buen servicio, al interés general o la dignidad que ostentan...La finalidad de la solicitud de pérdida de investidura es depurar las prácticas políticas inmorales o prohibidas, propósito que interesa a los ciudadanos en el desarrollo de su democracia”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de enero de 1998, exp. AC-5397, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 12 de octubre de 2010, exp.11001-03-15-000-2010-00208-00(PI), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. En el mismo sentido, Corte Constitucional, sentencia C-207 de 2003, C.P. Rodrigo Escobar Gil, en la cual se consideró: “En diversas sentencias la Corte ha resaltado el carácter sancionatorio que tiene la pérdida de la investidura, institución que, en cuanto que comporta el ejercicio del ius puniendi del Estado, está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que son necesarias para la realización de sus fines constitucionales...Así, debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante una situación en la cual, al amparo de la presunción de inocencia, se va a juzgar a una persona cuya alta investidura le ha sido conferida directamente por el pueblo por la vía electoral. La decisión que en este contexto afecte a un congresista, no le concierne exclusivamente a él, sino que tiene una significación determinante, tanto para el órgano del que hace parte, como para el electorado en su conjunto. Por tal razón el proceso debe estar rodeado de las más amplias garantías”
“Como ya lo ha determinado la Corte Constitucional, el principio de legalidad es inherente al Estado Social de Derecho, representa una de las conquistas del constitucionalismo democrático, protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial, asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal y actúa regulando el poder sancionatorio del Estado a través de la imposición de límites ‘al ejercicio de dicha potestad punitiva’. Corte Constitucional, sentencias  C-710 de 2001 y C-099 de 2003. Las causales de pérdida de investidura están enunciadas de manera taxativa en la Constitución, la cual no autoriza al legislador para ampliar los motivos de la sanción. Corte Constitucional, sentencia C-247 de 1995, C.P. José Gregorio Hernández Galindo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2011-00438-00(PI), C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de enero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2011-00708-00(PI), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. A propósito del alcance de la causa petendi ha dicho la Corte Constitucional en T-162 del 30 de abril de 1998: "Conforme a la jurisprudencia y la doctrina nacionales, el objeto de un proceso se encuentra definido tanto por las declaraciones que, en concreto, se solicitan de la administración de justicia (petitum), como por el pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte resolutiva de la respectiva sentencia con respecto al petitum. En relación con la causa petendi o causa de pedir, las mismas fuentes señalan que ésta hace referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez.

Es así como la causa petendi contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica". El artículo 4 de la Ley 144 de 1994, prevé: “Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, ésta deberá formularse por escrito y contener, al menos: a) Nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien la formula; b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional; c) Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y; su debida explicación; d) La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso; e) Dirección del lugar en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar.// PARÁGRAFO. No será necesario formular la solicitud a través de apoderados”.

En la contestación de la demanda la congresista, a través de su apoderado, manifestó que se oponía a la solicitud por la siguiente razón: “1. Imprecisión de los hechos. Como puede observarse, la solicitud de pérdida de investidura si bien no es una demanda en donde deben reunirse algunos requisitos contemplados en la ley procesal, si debe al menos, tal como lo dispone el artículo 4 de la Ley 144 de 1994, que en su literal C, que la solicitud contenga la invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de investidura y su debida explicación, lo que podría asimilarse a los hechos de la demanda, porque de acuerdo a lo exigido en la citada disposición, el demandado en pérdida de investidura, para que pueda ejercer una adecuada defensa debe conocer cuáles son las explicaciones que el solicitante le ofrece a la corporación judicial para pedir que se despoje de investidura a un servidor elegido popularmente.// Por eso consideramos que al tramitarse este proceso de pérdida de investidura con la precariedad de las explicaciones que debe el solicitante presentar ante el Consejo de Estado se viola el artículo 29 de la Constitución Política debido a que no se puede ejercer una adecuada defensa en razón a que las explicaciones que el solicitante ofrece en el caso en estudio son absolutamente precarias e insuficientes.// Como este es el eje de la controversia en relación con la violación de la norma constitucional y de la norma legal y es un requisito de garantía para la defensa que el solicitante precise en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar se violó el régimen de incompatibilidades (sic) contemplado en el artículo 183 de la Constitución Política o el artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, la defensa de la representante no puede dar respuestas concretas a las afirmaciones etéreas e imprecisas que presenta el demandante y ante lo cual considero que la solicitud carece del requisito exigido en el literal C del artículo 4 de la Ley 144 del 94, que exige que la solicitud contenga la invocación de la causal y su “debida explicación”.// Esta debida explicación tiene sus raíces en el artículo 29 de la Constitución Política porque es la única manera de poder por parte del demandado presentar las respuestas
Corte Constitucional. Sentencia C-319 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara. En sentencia de 30 de mayo de 2000, exp. AC-9877, C.P. German Rodríguez Villamizar, dijo la Sala: “[L]a indebida destinación de dineros públicos no necesariamente se configura, ni mucho menos exclusivamente, porque la utilización, ordenación o aplicación de esos específicos dineros públicos por parte del congresista se realice en forma ilícita, esto es, con transgresión de los linderos del derecho penal. En otros términos, no es de la esencia, ni tampoco el único comportamiento para la estructuración de dicha causal, que la conducta del congresista sea constitutiva o esté tipificada en la ley penal como hecho punible.// Entre la gama de conductas que pueden dar lugar a la causal en cuestión, si bien algunas de ellas al tiempo se encuentran definidas en la legislación penal como delitos, tales como el peculado (por apropiación, por uso, o por aplicación oficial diferente (arts. 133, 134 y 136 del C.P.), el enriquecimiento ilícito (art. 148 del C.P.), el interés ilícito en la celebración de contratos (art. 145 del C.P.), el trámite de contratos sin observancia de los requisitos legales (art. 146 del C.P.), ellas no son las únicas a las que se refiere el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución, por cuanto existen otras más que perfectamente pueden quedar comprendidas en esta específica causal de pérdida de investidura, en tanto consistan en la aplicación de dineros públicos a una finalidad o propósito diferente o contrario al legal o reglamentariamente preestablecido, sin que necesariamente las mismas estén tipificadas como delitos”. Por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de julio de 1997, exp.

AC-4734, C. P. Germán Ayala Mantilla. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de junio de 2001, exp. AC –11759, C. P. Manuel Urueta Ayola. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de noviembre de 2001, exp. 11001-03-15-000-2001-0101-01(PI), C.P. Ligia López Díaz, en la cual se agrega: “Se ha estimado que los dineros públicos -en plural- son el género y hacen relación a su representación ‘porque la Hacienda Pública se nutre de dineros provenientes de los impuestos, las tasas, las contribuciones, las cuotas parafiscales, los recursos provenientes del crédito interno y externo, entre otros, y todos estos dineros pueden estar representados en moneda, nacional o extranjera, en recursos financieros o en bienes y servicios (...). No tendría lógica ni sería equitativo que pueda perderse la investidura porque se destinen indebidamente los dineros representados en moneda, mientras que tratándose de bienes o recursos de capital o de servicios, que los representan, no se cause la indignidad ni se evidencie la falta de honestidad de quienes malversen los dineros públicos, es decir, la hacienda pública”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de mayo de 2000, expediente AC-9877, C.P. German Rodríguez Villamizar. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de 2000. Expedientes AC 10529 y AC- 10968. C.P. Darío Quiñones Pinilla. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de noviembre de 2001, exp. 11001-03-15-000-2001-0101-01(PI), C.P. Ligia López Díaz. Debe destacarse que los hechos de que trata esta demanda ocurrieron entre los años 1998-2002, es decir, antes de la expedición de la Ley 1318 de 2009, que otorgó al director administrativo la competencia para “dirigir licitaciones y celebrar contratos, ordenar el gasto y ejercer la representación legal de la Cámara de Representantes en materia administrativa y contratación estatal”, competencias que hasta ese momento ejercía la Mesa Directiva de esa Corporación. Así se consideró en la sentencia de 20 de junio de 2000, exps. AC-9875 y AC-9876, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 30 de mayo de 2000, exp. AC-9877, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; de 5 de febrero de 2001, exps. AC-10528 y AC-10967, C.P. Germán Ayala Mantilla. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de agosto de 2001, expedientes acumulados AC-10966 y AC-11274, C. P. Reinaldo Chavarro Buriticá. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de agosto de 2001, Expe. AC-12546, M. P. María Elena Giraldo Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de noviembre de 2001, exp. 11001-03-15-000-2001-0101-01(PI), C.P. Ligia López Díaz.

Sentencia de 3 de octubre de 2000 exp. AC-10529 y AC-10968, C.P. Darío Quiñones Pinilla. El artículo 4º del Decreto 870 de 1989 fue modificado por los Decreto 299 de 2005 y 3727 de 2010. La norma hoy vigente establece: “La ordenación de los pasajes aéreos o terrestres dentro del territorio nacional para los honorables congresistas en ejercicio, así como los desplazamientos al exterior para el Representante a la Cámara para los colombianos residentes en el exterior, se autorizarán por el ordenador de gasto previa solicitud del Secretario General de cada Corporación.// Para el efecto la Secretaría General, presentará a las Mesas Directivas del honorable Senado de la República y la honorable Cámara de Representantes, una solicitud mensual de los pasajes a que tienen derecho los honorables Congresistas, indicando nombre del beneficiario y ruta respectiva, uno por cada semana, durante el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y un pasaje mensual en período de receso, salvo que se trate de comisiones especiales en el interior del país solicitadas y aprobadas por las Mesas Directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes Legales Reglamentarias o Accidentales o de sesiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público previamente convocadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, casos en los cuales se podrá autorizar un número mayor de pasajes.// El Representante a la Cámara para los colombianos residentes en el exterior, tendrá derecho a un pasaje al mes, durante el período de sesiones ordinarias o extraordinarias, y un pasaje en cada período de receso, con destino al lugar del exterior en el cual inscribió su candidatura, salvo que se trate de comisiones especiales en el interior del país, solicitadas y aprobadas por las Mesas Directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes Legales Reglamentarias o Accidentales o de sesiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, previamente convocadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, casos en los cuales se podrá autorizar un número mayor de pasajes.// Igualmente, la Secretaría General de Senado y de Cámara de Representantes enviará a las Mesas Directivas del honorable Senado de la República y la honorable Cámara de Representantes, una relación de los pasajes que hayan sido utilizados o devueltos para efecto de elaborar la correspondiente resolución que ordene el reconocimiento y pago”. En tal sentido han prosperado varias acciones de pérdida de investidura. Por ejemplo, en sentencia de 30 de junio de 2001, exp. AC-0101, C.P. Ligia López Díaz, se concluyó que el representante a la Cámara Franklin Segundo García Rodríguez estaba incurso en la causal prevista en el art. 183-4 “al ceder a terceras personas ajenas al Congreso, los billetes de pasaje adquiridos por la Cámara de Representantes con recursos públicos, que le fueron entregados a su nombre para el desempeño de sus funciones como congresista en el período comprendido entre 1998 y 2000”. De igual manera, en sentencia de 30 de julio de 2002, exp. PI (032), C.P. Jesús María Lemos Bustamante, en el cual se decidió el caso de los tiquetes aéreos entregados al representante Lorenzo Rivera Hernández, quien cedió algunos de los tiquetes que le habían sido entregados para el cumplimiento de sus funciones a terceras personas. Inicialmente, se discutió en la Sala si los tiquetes aéreos tenían o no la naturaleza de bienes fiscales, lo cual tuvo gran incidencia en la solución de los casos concretos. Así, en sentencia de 19 de octubre de 1994, exp. AC-2102, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, se consideró: “En lo relativo al cambio de ruta y de clase de tiquete (de ejecutiva a económica), en estricto sentido, no sería una causal para la pérdida de investidura, pues' se trata de un bien fiscal y no de "dineros públicos" a los cuales específicamente se refiere la norma”. Ese criterio fue reiterado en sentencia de 10 de septiembre de 1996, exp. AC-3807, C.P.

Carlos Arturo Orjuela Góngora, en la cual se afirmó: “[E]n realidad, el tiquete que le fue suministrado al congresista es un bien fiscal, que con la entrega pasa a ser de su propiedad, bajo una condición específica. Esto es, que no obstante que la clase de tiquete tiene que ver con el decoro y la dignidad ínsitos a la actividad del funcionario, una vez puesto en sus manos existe un cierto margen de disponibilidad por parte de éste, de modo que si opta por reemplazarlo por uno de una clase diferente, más económica, con el fin de viajar en compañía de su cónyuge, esa conducta podría ser calificada tal vez como indelicada, pero no como constitutiva de una indebida destinación de dineros públicos”. Sin embargo, en sentencia de 13 de noviembre de 2001, exp. 11001-03-15-000-2001-0101-01, C.P. Ligia López Díaz, se varió ese criterio
y se concluyó que: “Los billetes de pasaje aéreos no son bienes fiscales; son la prueba de contratos celebrados para la realización de las actividades de los congresistas”. Finalmente, en sentencia de 30 de julio de 2002, exp. 11001-03-15-00-2001-0248-01, C.P. José María Lemus Bustamante se adoptó el siguiente criterio: “[C]arece de relevancia la determinación de la naturaleza de los billetes de pasaje, como bienes que son, para efectos de la determinación del alcance de la causal de pérdida de investidura, dado que, en todo caso, en la medida en que ellos permiten a la persona que se identifica como pasajero exigir al transportador aéreo el cumplimiento de la obligación contraída, será la forma en que se exija la prestación la que determine si el dinero público ha sido destinado debida o indebidamente”. En sentencia de 13 de noviembre de 2001, exp. 11001-03-15-000-2001-0101-01(PI), C.P. Ligia López Díaz, dijo la Sala: “Siendo entregados estos tiquetes de pasaje aéreos a nombre de cada congresista para el desempeño de sus funciones, no les está permitido actuar como plenos propietarios de los mismos, toda vez que su utilización está condicionada al ejercicio de su misión. La apropiación solamente se produce cuando son utilizados por sus titulares y en caso de no uso, la propiedad sobre los mismos no se consolida porque deben ser devueltos a la Secretaría General. Los congresistas no tienen entonces, plena libertad de disposición de los mismos y no pueden cederlos a terceros, so pena de incurrir en la causal de desviación de dineros públicos...”. Sentencia de 30 de mayo de 2000, exp. AC-9877, C.P. German Rodríguez Villamizar. En sentencia de 11 de diciembre de 2007, exp. 11001-03-15-000-2006-01308-00(PI), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, se desarrolló ampliamente el tema de la facultad del juez de decretar pruebas de oficio en las acciones de pérdida de investidura. A propósito de los conceptos de conducencia, pertinencia y eficacia de la prueba, deducidos del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, ha señalado la doctrina: “4. La conducencia de la prueba. Establecido que el objeto de la prueba son los hechos, atendiendo la índole de los mismos y el fin perseguido con el proceso, deberá emplearse el medio probatorio idóneo de acuerdo con la precalificación que la Ley ha efectuado de algunos de ellos, es decir, que existen ciertos medios que son los aptos para probar una determinada circunstancia fáctica (…). 5. La pertinencia de la prueba. El concepto de pertinencia, igualmente recogido en el artt. 178 del C. de P. C. se explica advirtiendo que, de acuerdo con el respectivo caso las pruebas, así sea conducentes, o sea, que el medio es apto para demostrar el hecho que se quiere establecer, deben estar referidas al objeto del proceso y versar sobre los hechos que conciernen con el debate, porque si nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia (…). 6. La utilidad de la prueba y su superfluidad.

Se entiende por utilidad de la prueba el aporte que puede llevar al proceso para cumplir el fin de crear la certeza acerca de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos, el poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo III, Pruebas, DUPRE Editores, Bogotá, 2001, pp. 55-60. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de agosto de 2001, exp. AC-12546, C.P. María Elena Giraldo Gómez: “El campo judicial del examen de las conductas político disciplinarias públicas no tiene linderos en el tiempo, es abierto: sin límite alguno. Por consiguiente, no existe incompetencia temporal de ese poder sancionatorio porque la ley para esa institución no indicó prescripción”. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil expidió la Resolución 04498 del 15 de noviembre de 2001, en la cual se regularon aspectos tales como la vigencia del tiquete y el desistimiento del pasajero, en los siguientes términos: “3.10.1.7.1. Vigencia. El tiquete tendrá una vigencia máxima de un (1) año, sin perjuicio de que el transportador la prorrogue, o tendrá la vigencia especial de la tarifa en que se adquirió.// Una vez aspirado el término anterior, si el pasajero decide viajar, la aerolínea o la agencia reexpedirá un nuevo tiquete, sin perjuicio de los costos adicionales que deba asumir el pasajero en consideración a la tarifa vigente. Del mismo modo, si el pasajero decide no viajar, tendrá derecho a que la aerolínea le reembolse el valor pagado por el tiquete, sin perjuicio de las reducciones a que haya lugar”. 3.10.1.8. // Desistimiento del pasajero. En aplicación del artículo 1878 del Código de Comercio, el pasajero podrá desistir del viaje antes de su iniciación, dando aviso al transportador con al menos veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del vuelo. En estos casos, el transportador o agencia de viajes, cuando corresponda y conforme a lo acordado con el transportador, podrá retener un porcentaje de reducción de acuerdo a las estipulaciones desarrolladas por la empresa, que hayan sido aprobadas por la Autoridad Aeronáutica, en cuyo caso, el reembolso se hará conforme a las condiciones de la tarifa, el cual no podrá exceder del 10% del valor del tiquete, salvo que se trate de tarifas promocionales debidamente aprobadas, en cuyo caso, el reembolso se hará conforme a las condiciones de la tarifa”.// 3.10.2.14 Reembolsos. Por fuera de los casos anteriormente previstos, el pasajero podrá exigir el reembolso del precio del pasaje, por las siguientes razones: 3.10.2.1.4.1. Por desistimiento del pasajero. En los casos de desistimiento del viaje por parte del pasajero, este tiene derecho al reembolso del valor pagado del tiquete, sin perjuicio de los porcentajes de reducción aplicables a favor de la aerolínea, conforme a los reglamentos de la empresa, aprobados por la Autoridad Aeronáutica (siempre que se trata de tarifas reembolsables”. // 3.10.2.14.2. Por pérdida del tiquete. En caso de que el pasajero alegue pérdida o destrucción total del tiquete, éste tiene derecho a la expedición de uno nuevo o al reembolso de su valor, presentando la correspondiente denuncia y una vez se determine que dicho tiquete extraviado o destruido no puede ser utilizado por ninguna otra persona, o que haya expirado su término de vigencia”. Ese reglamento fue modificado recientemente, en algunos de los aspectos señalados, por la Resolución 2591 de 2013 (publicada en página oficial de la entidad: http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/Resoluciones/Paginas/A%C3%B1o2013.aspx.

Mediante la Ley 95 de 1965, “se aprueban los Convenios para la Unificación de algunas normas relativas al transporte aéreo internacional y Protocolo Adicional al artículo 2,”firmados en la ciudad de Varsovia el 12 de Octubre de 1929”, al “Protocolo”, que modifica el Convenio para la Unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929”, suscrito en la Haya el 28 de septiembre de 1955”, y al “Convenio Complementario del Congreso de Varsovia, para la Unificación de ciertas normas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quien no sea el transportista contractual, firmado en Guadalajara el 18 de septiembre de 1961”, y por consiguiente, se autoriza al Gobierno Nacional para que adhiera a las mencionadas Convenciones y Protocolos. Al revisar las normas sobre transporte aéreo de pasajeros, la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación, en concepto de 25 de septiembre de 2003, exp. 1523, actor: Ministro del Interior y de Justicia, C.P. Susana Montes de Echeverri, concluyó: “[E]l tiquete o boleto expedido por cada una compañía aéreas tiene una vigencia máxima de un año, prorrogable por el transportador, previa revisión de la tarifa vigente al momento en que se solicite el reembolso o la reexpedición de un nuevo tiquete, con el fin de preservar el equilibrio económico entre la tarifa y el servicio en la fecha de su prestación efectiva.// Por ello, el titular del contrato, una vez expirado el término de vigencia del tiquete pueda elegir entre varias opciones: a) “reexpedición de un nuevo tiquete, sin perjuicio de los costos adicionales que deba asumir el pasajero en consideración a la tarifa vigente”; b) (...) el derecho a que la aerolínea le reembolse el valor pagado por el tiquete, sin perjuicio a las reducciones a que haya lugar” [Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil. Resolución n.° 04498 del 15 de noviembre de 2001. Num. 3.10.1.7.1. Vigencia]. Con lo anterior, se reconoce expresamente la existencia del derecho en cabeza del pasajero, y se le otorga a las partes una oportunidad para renegociar las condiciones para que la relación contractual continúe o se extinga”. Sobre la configuración de dicha causal de pérdida de investidura por omisión de devolver oportunamente los billetes no utilizados, cuando la misma sea razón válida para que la aerolínea o la agencia de viajes pueda cobrar a la entidad el precio total o parcial de servicio de transporte, a pesar de no haberse cumplido la prestación, se pronunció la Sala Plena de la Contencioso Administrativo de la Corporación, en estos términos: [L]os congresistas deben utilizar los billetes de pasaje aéreos únicamente para dar cumplimiento al fin que justificó la celebración del contrato de transporte respectivo, de manera que si aquéllos se utilizan para cumplir otro cometido, o, inclusive, si, por negligencia, por no disponer, por ejemplo, la devolución oportuna de los billetes no utilizados, se abre campo a la posibilidad de que la correspondiente aerolínea o la agencia de viajes no estén obligadas a devolver -total o parcialmente- el precio del servicio de transporte, a pesar de no haberse cumplido la prestación (por estar así establecido en el reglamento de la empresa, el contrato o, en su defecto, por la costumbre, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1002 y 1878 del Código de Comercio), el dinero público cuyo gasto fue ordenado resultará, finalmente, indebidamente destinado”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso Administrativo, sentencia de 30 de julio de 2002, exp. 110010315002001024801, C.P. José María Lemus Bustamante. Se advierte que esa decisión no tiene el alcance de precedente jurisprudencial, porque los supuestos fácticos son diferentes.

En esa oportunidad, el hecho por el que se pidió la pérdida de investidura del congresista fue el uso de los tiquetes aéreos por un tercero, quien los tomó de su oficina, sin que mediara consentimiento expreso del parlamentario, a quien se imputó esa conducta a título de culpa grave, por haber actuado de manera negligente en la custodia de los mismos, en tanto que en este caso no está demostrado que dichos tiquetes hubieran sido utilizados por otra persona. Destinar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa: “1. tr. Ordenar, señalar o determinar algo para algún fin o efecto. 2. tr. Designar el punto o establecimiento en que alguien ha de ejercer el empleo, cargo o comisión que se le ha conferido. 3. tr. Designar la ocupación o empleo en que ha de servir alguien. 4. tr. Dirigir un envío a determinada persona o a cierto lugar”. En: http://dle.rae.es/?id=DTzRYFc. Consultado el 28 de octubre de 2016. El artículo 79 del Código General del Proceso, señala: “Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:
“1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
“2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.
“3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.
“4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.
“5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.
“6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas”. Folio 21 de la sentencia. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 1 de noviembre de 2005, exp. 2004-01673, M.P. Tarsicio Cáceres Toro

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 14 de junio de 2015. M.P. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01350-00, M.P. Ramiro Pazos Guerrero
A través, por ejemplo, de la celebración de contratos estatales sin establecer su necesidad, oportunidad o conveniencia, tal y como se examinó en la sentencia del 20 de junio de 2000, Expedientes AC-9875 y AC-9876
Ibíd, cita 2.
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 13 de noviembre de 2001, exp. 2001-0101-01 (PI), M.P. Ligia López Díaz

“En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto”.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de julio de 2002, Exp. 11001-03-15-000-2001-0248-01(PI-032), M.P. Jesús María Lemus Bustamante
Nótese la similitud fáctica presentada en el caso analizado por la Sala en esa oportunidad y el que se resolvió en el vocativo de la referencia.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 1 de noviembre de 2005, Exp. 11001-03-15-000-2005-00809-00(PI), M.P. Ana Margarita Olaya Forero

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 14 de julio de 2015, 11001-03-15-000-2012-01350-00(PI), M.P. Ramiro Pazos Guerrero

Ver folios 233 y 244 del expediente. Cabe precisar que Avianca certificó que esta comunicación no aparece registrada en la base de datos de la compañía. La sentencia trae la siguiente cita original: “Destinar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa: “1. tr. Ordenar, señalar o determinar algo para algún fin o efecto. 2. tr. Designar el punto o establecimiento en que alguien ha de ejercer el empleo, cargo o comisión que se le ha conferido. 3. tr. Designar la ocupación o empleo en que ha de servir alguien. 4. tr. Dirigir un envío a determinada persona o a cierto lugar”. En: http://dle.rae.es/?id=DTzRYFc. Consultado el 28 de octubre de 2016. Ver folio 58 de la sentencia. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Ob cit. 7
Cfr. Oscar ORTÍZ GONZÁLEZ, “El Capitolio incuba suicidio de su legitimidad”, en Semanario Virtual Caja de Herramientas, disponible en la red en el sitio HYPERLINK "http://viva.org.co/cajavirtual/svc0306/articulo03.html" http://viva.org.co/cajavirtual/svc0306/articulo03.html consultado el 5 de agosto de 2016: “[e]n 1989 en Colombia era evidente el divorcio entre Estado y sociedad. Al Capitolio lo caracterizaba una enclenque legitimidad producto de un portafolio de vicios y de debilidad institucional. // Al portafolio de vicios pertenecían el ausentismo parlamentario, el turismo parlamentario, los auxilios parlamentarios, las suplencias con puerta de vaivén, el carrusel de pensiones, la inmunidad o permiso previo por parte de la Corporación para que la Justicia pudiera dar inicio a la investigación contra uno de sus integrantes. Era una zona segura para la impunidad. Por ello, hasta Pablo Escobar acampó en una curul de la Cámara de Representantes. // A la debilidad institucional en eficiencia, eficacia y representatividad había dado lugar el que sesionaran sólo cinco meses al año y el que fuera un Legislador excepcional porque quien expedía las principales leyes era el Ejecutivo, en virtud del Estado de sitio y las repetidas facultades extraordinarias al Presidente, el que no revisara la legislación expedida y el que su control político fuera raquítico, entre otras razones, porque los congresistas hacían méritos para ser nombrados ministros, embajadores, en fin, pasar a la Casa de Nariño y dejarle la curul a su suplente; el ¨Frente Nacional¨ jurídico y cultural extendido que hizo de los partidos clubes excluyentes. // El Congreso no operó como vaso comunicante entre Estado y sociedad para adecuar las instituciones y ponerlas al servicio de los ciudadanos. El Congreso no cerró la brecha entre Estado y sociedad, por el contrario, la amplió. Se convirtió en una capa aislante que desprestigió no sólo al Legislativo, sino al Estado y a la política. Erosionó nuestra democracia. // Por esas razones llegamos a una crisis no de legalidad sino de legitimidad que ningún poder constituido, ni ningún sector organizado pudo solucionar. Ello hizo que el propio pueblo, liderado por un grupo de estudiantes universitarios, se auto convocara para dar la orden que se le preguntara al pueblo sí quería o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente como un cuerpo extraordinario en el que sí cupiera toda la realidad nacional que no estaba reflejada en el Capitolio, en ese momento. A esa estrategia la llamamos el plebiscito para el plebiscito. Y al primer plebiscito lo bautizamos con el nombre de ‘La Séptima Papeleta’. // La Asamblea Constituyente se convocó mediante tres plebiscitos con el mandato de fundar la democracia participativa.

Por ello no sólo hizo un nuevo reparto de poder dentro de las Ramas y órganos del poder público sino también entre Estado y ciudadanía que se tradujo en el reconocimiento de la soberanía popular. // En ese nuevo reparto y relacionamiento intra Estado, el Congreso fue fortalecido por la Constituyente mediante la extinción de los auxilios, el ausentismo, la inmunidad y las suplencias. Mediante el establecimiento de más tiempo de sesiones y funciones legislativas robustecidas, prevalentes, permanentes. Mediante un control político dotado hasta de moción de censura. Mediante una composición y un sistema de elección renovados. Y mediante la institución de Pérdida de Investidura como un mecanismo que le permitiera impedir que el comportamiento indecoroso de manera grave en lo político o en lo ético de un miembro del Congreso no manchara a toda la Corporación. Es un régimen más exigente que el de un servidor público corriente porque los representantes del pueblo no son servidores públicos corrientes. Son, ni más ni menos, que hilo conector entre el pueblo y el Estado, y no podemos permitir que ese hilo se vuelva a reventar. // La Pérdida de Investidura es un termostato ético que ha funcionado tan bien que no ha permitido prosperar iniciativas de cierre o anticipación de elecciones surgidas ante la narco política del proceso 8000, ante el ¨pomaricazo¨, ni ante la parapolítica o la farc política debido a que la ciudadanía ha percibido que dichas conductas generan una seria consecuencia de manera relativamente pronta. // La Pérdida de Investidura ha robustecido la legitimidad del Congreso de la República de Colombia”. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-247 de 1995. El juicio de responsabilidad eminentemente objetivo que tiene lugar con ocasión del ejercicio de la acción pública de pérdida de investidura se pone en evidencia cuando se toma nota de los pronunciamientos hechos por la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, comenzando por la sentencia C-319 de 1994 en la que sostuvo –se destaca–: “[e]s frecuente observar cómo a diario se registran casos en que, para diferenciar la acción penal de la disciplinaria, un servidor puede ser procesado penalmente, sin perjuicio de la acción disciplinaria, frente a una supuesta falta o infracción, más aún cuando la Carta Política no exige en parte alguna que previamente a la declaratoria de pérdida de investidura de los Congresistas, de que tratan las causales 4a. y 5a. del artículo 183, se requiera ‘previa sentencia penal condenatoria’. // Además, por cuanto quien conoce de la acción disciplinaria, con plena competencia constitucional, no es el mismo organismo a quien se le ha adscrito la potestad de la sanción penal. // Ello es obvio, pues, lo contrario, conduciría indefectiblemente a que, por el hecho de ser sancionado penalmente por un organismo diferente, tenga otra Corporación judicial (Consejo de Estado) que limitarse a cumplir el proveído que consolida la existencia de un delito, para deducir, además, sin fórmula de juicio, una responsabilidad disciplinaria de pérdida de investidura que acarrearía una doble sanción frente a un mismo hecho, con violación del principio universal NON BIS IN IDEM. // Tal visión recortaría en forma grave la competencia del Consejo de Estado, órgano al cual la Constitución le confiere exclusivamente la competencia de decretar la pérdida de la investidura.

Se observa además, que sin la plenitud de atribuciones inherentes al ejercicio de jurisdicción en materia sancionatoria, como son las competencias judiciales de instrucción, de acusación y de juzgamiento, no podría constitucionalmente habérsele asignado al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo la competencia de imponer esta sanción, sometiéndola a la existencia de un requisito previo, no previsto en la Carta, como lo es el de la ‘previa sentencia penal condenatoria’ a que alude la norma acusada. // Agregase a lo anterior que la existencia de estos dos tipos de responsabilidad separables y autónomos es, por lo demás, lo congruente con las razones que inspiraron al Constituyente para consagrar, con los propósitos que ya se mencionaron, un sistema más severo que estuviese a disposición de los ciudadanos, para sancionar los comportamientos que atenten contra la dignidad de la investidura de Congresista, alejada de cualquier proceso previo de carácter penal”. Corte Constitucional. Sentencia C-247 de 1995. Corte Constitucional. Sentencia C-247 de 1995. En el folio 38 del fallo se lee –se destaca–: “[e]n resumen: de la información suministrada por la aerolínea Avianca, se puede concluir que entre el 26 de julio de 1999 y el 21 de julio de 2002, la demandante viajó en 59 oportunidades en la ruta Barranquilla-Bogotá así: 32 de Barranquilla a Bogotá y 27 de regreso. Pero se advierte: (i) el número de los tiquetes entregados por la Cámara a la Congresista no coinciden con el número de los tiquetes registrados en la tarjeta de viajero frecuente; (iii) (sic.) aceptando que esos vuelos se hicieron para cumplir con sus funciones como congresista, se tendría que la demandada utilizó, entre julio de 1999 y julio de 2002, 59 tiquetes en una ruta, de los 133 tiquetes dobles que le entregó la Cámara de Representantes; (vi) (sic.) 5 vuelos de regreso a su ciudad de origen no fueron registrados en dicha tarjeta, lo cual puede significar simplemente que no pidió hacer el registro o bien que la demandada viajó por otra aerolínea, dado que los tiquetes no solo eran de Avianca, tal como consta en la solicitud de tiquetes hecha a la agencia de viajes Subatur, en la cual se solicitaron tiquetes de distintas aerolíneas (Aces, Intercontinental, Aero república y Satena), a favor de los congresistas, para el mes de marzo de 2002, entre ellos, un tiquete favor de la demandada por la aerolínea Aces en la ruta Bogotá-Barranquilla-Bogotá(f.241-243) y (vi) (sic.) no están registrados en la tarjeta de viajero frecuente los vuelos que hubiera realizado la demandada entre julio de 1998 y julio de 1999. Se desconoce, entonces, cuántos vuelos realizó ese año; y (v) (sic.) los tiquetes registrados en la tarjeta de viajero frecuente entre agosto y diciembre de 2002 no se tienen en cuenta para hacer este análisis porque para esos meses ya no era congresista”. La decisión mayoritaria llegó a la siguiente conclusión –fls. 40-41– “La congresista recibió 133 tiquetes en la ruta Barranquilla-Bogotá-Bogotá-Barranquilla, de los cuales se desconoce cuántos utilizó para su desplazamiento. (ii) Según tarjeta de viajero frecuente, la congresista viajó en 32 oportunidades en esa ruta, entre julio de 1999 y julio de 2002; no se registraron en esa tarjeta los viajes que eventualmente hubiera realizado entre julio y octubre de 1998, y no se tienen en cuenta los que hubiera realizado entre agosto y diciembre de 2002. (iii) La congresista asistió a 49 sesiones plenarias de la Cámara, pero debe tenerse en cuenta que varias de ellas se tramitaron en días continuos, por tanto, esas asistencia no tendría correspondencia con el número de viajes desde su ciudad de origen; no se tiene información sobre su asistencia a las sesiones en pleno del Congreso ni a las comisiones. (iv) La congresista devolvió 6 tiquetes.

Lo anterior significa que la congresista dejó de utilizar varios tiquetes aéreos, cuyo número, por las razones anteriores no es posible precisar, pero se sabe que superan los 40, porque así lo acepto la misma demandada”. Debe tomarse nota de las distintas normas vigentes en nuestro país que establecen el compromiso estatal de adoptar medidas correctivas en caso de que se incumpla con normas sobre presupuesto y hacienda pública –entre ellas, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción ; la convención Interamericana contra la Corrupción; la Ley 412 de 1997 y la Ley 970 de 2005. Cabe tener en cuenta, asimismo, el pronunciamiento de la Corte Constitucional en las sentencias C-397 de 1998 y C-172 de 2006.

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