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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00105-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00105-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2025-00105-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán
Accionados: Héctor Efraín Méndez Baquero y otros1
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses e indebida
destinación de dineros públicos como causales de pérdida de
investidura de los diputados

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante, en contra
de la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura2

1. El señor Harry Rojas Durán en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113 solicitó:

“[…] Primero. Se decrete la pérdida de investidura de los señores diputados del
Departamento del Vichada, relacionados a continuación:

1. Méndez Baquero Héctor Efraín […]
2. Gaitán Luis Alejandro […]
3. Monroy Lucas Blanca Nury […]
4. Beltrán Vélez Piterson Rafael […]
5. Forero Fernández Aleida […]
6. Verano Buitrago Jorge Eliecer […]
7. Molina Díaz Josué Alexander […]
8. Bonilla Álvarez Camilo Andrés […]
9. Pérez Rojas Javier Fernando […]
10.Rincón Guachón Jairo […]
11. Luis Carlos Álvarez Morales. […]”. (Negrilla del texto)

I.1.1. Los hechos

2. Afirmó que los accionados fueron elegidos diputados del departamento de
Vichada, en las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, para el período
constitucional 2024 – 2027.

1
Luis Alejandro Gaitán, Blanca Nury Monroy Lucas, Piterson Rafael Beltrán Vélez, Aleida Forero Fernández, Jorge Eliecer
Verano Buitrago, Josué Alexander Molina Díaz, Camilo Andrés Bonilla Álvarez, Javier Fernando Pérez Rojas, Jairo Rincón
Guachón y Luis Carlos Álvarez Morales.
2
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

3. Manifestó que la Asamblea Departamental de Vichada aprobó el 23 de julio de
2024, en segundo debate, la Ordenanza núm. 12 de 20244, cuyo propósito fue el de
adicionar al presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del
departamento para la vigencia fiscal 2024, por concepto de superávit fiscal al cierre
de la vigencia 2023.

4. Aseguró que en dicha ordenanza se incluyó un componente de gastos de
funcionamiento para el departamento de Vichada por la suma de mil setecientos
noventa millones ochocientos ocho mil quinientos cincuenta y ocho pesos con
cincuenta y tres centavos ($1.790.808.558,53); dineros que fueron incorporados por
la Asamblea Departamental de Vichada al presupuesto público del departamento,
transgrediendo con ello el mandato previsto en el literal d) del parágrafo 1.° del
artículo 3.°5 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20006, norma que impide que los
recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación financiados con
recursos de destinación específica, sean destinados para financiar gastos de
funcionamiento.

5. Indicó que la secretaría de Hacienda del departamento de Vichada presentó ante
la Asamblea Departamental de Vichada el proyecto de ordenanza núm. 020 de
2024, con el propósito de modificar la Ordenanza núm. 12 de 2024 y remediar el
error.

6. Señaló que los diputados procedieron posteriormente a votar y aprobar el proyecto
de ordenanza núm. 020 de 20247 con el propósito de modificar la Ordenanza núm.
012 de 2024.

7. Aseveró que los diputados del departamento de Vichada al participar en la
votación y aprobación del proyecto de ordenanza núm. 020 de 2024 que culminó
con la expedición de la Ordenanza núm. 17 de 2024, incurrieron en conflicto de
intereses porque su propósito fue el de remediar la irregularidad en que incurrieron,
al aprobar la Ordenanza núm. 012 de 2024, con el propósito de evitar acciones
penales y disciplinarias.

4
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y
GASTOS DEL DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, RECURSOS POR CONCEPTO DE SUPERÁVIT
FISCAL AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023. […]”.
5
“[…] ARTICULO 3o. FINANCIACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Los
gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, de
tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional;
y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.
PARAGRAFO 1o. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos corrientes de libre destinación los ingresos
corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a
un fin determinado.
[…]
En todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de:
[…]
d) Los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación financiados con recursos de destinación específica;
[…]”.
6
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
7
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA NO. 012 de 2024, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA
AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2024, RECURSOS POR CONCEPTO DE SUPERÁVIT FISCAL AL CIERRE DE LA
VIGENCIA 2023. […]”.

3

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

I.1.2. La explicación de las causales de pérdida de investidura

8. El accionante consideró que los diputados acusados incurrieron en las causales
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos y violación
del régimen de conflicto de intereses previstas en los numerales 1.° y 4.° del artículo
48 de la ley 617; en los numerales 1.° y 4.° del artículo 60 de la ley 2200 de 8 de
febrero de 20228; y en los numerales 1.° y 4.° del artículo 183 de la Constitución
Política.

9. Frente a la causal de indebida destinación de dineros públicos indicó que los
diputados del departamento de Vichada incurrieron en esa conducta porque
aprobaron la Ordenanza núm. 012 de 2024, que desconoció el mandato previsto en
el literal a) del artículo 10.5 de la Ordenanza núm. 027 de 20219 y, en especial, el
literal d) del parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617, según el cual no se podrán
financiar gastos de funcionamiento con “[…] Los recursos del balance, conformados
por los saldos de apropiación financiados con recursos de destinación específica
[…]”.

10. En relación con la causal de violación del régimen de conflicto de intereses
manifestó que los diputados al estudiar, debatir, votar y aprobar el proyecto de
ordenanza núm. 020 de 2024, por medio del cual se modificó la Ordenanza núm.
012 de 2024 -que culminó con la Ordenanza núm. 17 de 2024-, incurrieron en la
causal de pérdida de investidura porque este proyecto tuvo como único propósito
remediar, corregir y subsanar la irregularidad conocida por los diputados, con el
propósito de “[…] evitar escándalos y demandas disciplinarias y, aún, penales […]”.

I.2. Contestaciones de la solicitud de pérdida de investidura

I.2.1. Diputados Blanca Nury Monroy Lucas, Josué Alexander Molina Díaz,
Camilo Andrés Bonilla Álvarez, Piterson Rafael Beltrán Vélez y Héctor Efrain
Méndez Baquero10

11. Los diputados Blanca Nury Monroy Lucas, Josué Alexander Molina Díaz, Camilo
Andrés Bonilla Álvarez, Piterson Rafael Beltrán Vélez y Héctor Efrain Méndez
Baquero, a través de un único apoderado, dieron respuesta a la solicitud y pidieron
que no se accediera a sus pretensiones y se declararan probadas las excepciones
formuladas.

12. Se pronunciaron sobre los hechos de la demanda y formularon las excepciones
de “[…] FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y DE LA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL […]”, “[…] INEXISTENCIA DE LAS CAUSALES
INVOCADAS […]” y “[…] EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTITUD SUSTANCIAL DE
LA DEMANDA POR FALTA DE DESARROLLO DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN
[…]”.

8
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos. […]”.
9
En el escrito de demanda se indicó que se trataba de la literal a) del artículo 10.5 de la Ordenanza núm. 027 de 2001.
10
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia.

4

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

13. En relación con la primera excepción manifestaron que de conformidad con los
artículos 300 y 305 de la Constitución Política y 19 y 94 de la Ley 2200, los
gobernadores por intermedio de sus secretarios de despacho tienen la facultad de
presentar proyectos de ordenanza en materia presupuestal ante las asambleas
departamentales y que corresponde a estas últimas discutir, analizar, aprobar, y
modificar los proyectos de ordenanza que le son sometidos a su consideración,
siguiendo para ello el trámite establecido en la ley y en el respectivo reglamento de
la corporación.

14. Señalaron que los diputados, en ejercicio de esas facultades constitucionales,
legales y reglamentarias, procedieron a analizar, debatir, discutir y dar su voto
positivo a las dos ordenanzas indicadas en la demanda, sin que ello implique
incursión en las causales de pérdida de su investidura.

15. Argumentaron que, si bien existe una prohibición de financiar gastos de
funcionamiento con recursos del balance que se deriva del artículo 3. de la Ley 617,
dicha prohibición recae exclusivamente sobre saldos de apropiación financiados
con recursos de destinación específica y, por ende, la norma no establece dicha
prohibición en relación con los recursos corrientes de libre destinación, lo cual
encuentra sustento en diversos conceptos expedidos por la Contraloría General de
la República, entre ellos, el Concepto CGR-OJ 134 2023.

16. Alegaron que en este caso se aprobó una primera ordenanza con el propósito de
adicionar recursos del balance provenientes de la vigencia fiscal 2023, al
presupuesto de la vigencia 2024, pero debidamente recaudados y certificados por
la Secretaría de Hacienda Departamental y que ello llevó a que se propusiera la
presentación de un proyecto de ordenanza, hoy Ordenanza núm. 12 de 2024.

17. Agregaron que “[…] si bien, en un primer momento se destinan recursos
provenientes del Balance o superávit fiscal de la vigencia 2023 para adicionarlos al
presupuesto de funcionamiento de la vigencia 2024, estos no se ejecutaron y,
consecuentemente, se llevan mediante otro proyecto de Ordenanza, hoy
Ordenanza 17 de 2024, para ser adicionados al presupuesto de inversión de esa
vigencia, con lo que, la pretendida conducta reprochable desaparece y con ello,
desaparecen las causales de pérdida de investidura invocadas por el actor. […]”.

18. Afirmaron que la Asamblea Departamental de Vichada ejerció sus funciones que
le permiten modificar una ordenanza previamente aprobada, siguiendo el mismo
procedimiento que la ley y el reglamento indican, lo cual es una atribución de orden
constitucional y legal, no constitutiva de causal de pérdida de investidura.

19. En relación con la segunda excepción indicaron que no se configura ni una
indebida destinación de dineros públicos ni un conflicto de intereses.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

20. Sobre el conflicto de intereses señalaron que el ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales como diputados, en especial, de modificar una ordenanza,
no es fuente de conflicto de interés, máxime si se tiene en consideración que no
están probados los supuestos previstos en el artículo 56 de la Ley 2200, ni se ha
emitido pronunciamiento por autoridad que así lo declare.

21. Referente a la indebida destinación de dineros públicos manifestaron que los
gastos de funcionamiento y de inversión son actividades, objetos y propósitos
debidamente autorizados por la Constitución y la ley.

22. Resaltaron que los recursos del balance o superávit fiscal de la vigencia 2023,
incorporados a la vigencia 2024, pero no ejecutados en gastos de funcionamiento,
provienen en buena medida de ingresos corrientes de libre destinación, naturaleza
jurídica esta que no se pierde al pasar como saldos de una vigencia a otra, por lo
que no se configura una aplicación de dineros a actividades diferentes a las
autorizadas.

23. Indicaron que no está probado que se hayan aplicado los dineros a materias
innecesarias o injustificadas; ni que su objeto haya sido el de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros; o que la destinación tenga como finalidad la de
derivar un beneficio no necesariamente económico a favor de los diputados o de
otras personas.

24. Bajo esos parámetros concluyeron que no han incurrido en las causales de
pérdida de investidura invocadas en la demanda.

25. En relación con la ineptitud sustancial de la demanda por falta de desarrollo del
concepto de la violación, adujeron que en la solicitud se invocan “[…] como normas
violadas, entre otras, el literal a) del artículo 10.5 de la Ordenanza 027 de 2001, la
cual no corresponde con temas presupuestales sino que en virtud de ella, la
Asamblea Departamental de Vichada concedió un permiso especial al Gobernador
del Departamento […]”.

I.2.2. Diputados Jorge Eliecer Verano Buitrago11 y Luis Carlos Álvarez
Morales12

26. Los diputados Verano Buitrago y Álvarez Morales, a través de un mismo
apoderado y en escritos diferentes, dieron respuesta a la solicitud de pérdida de
investidura y pidieron que no se accediera a sus pretensiones y se declararan
probadas las excepciones formuladas.

27. Manifestaron que no se configura la indebida destinación de dineros públicos
porque, si bien, el literal d) del parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617 prohíbe el
uso de recursos provenientes del balance para gastos de funcionamiento, dicha

11
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia.

6

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

irregularidad fue corregida de inmediato mediante la modificación introducida a
través del proyecto de ordenanza núm. 020 de 2024, posterior Ordenanza núm. 17
de 2024.

28. Agregaron que la modificación tuvo lugar con ocasión de una observación legal
y administrativa realizada por la Contraloría General de la República y que la
corrección no constituye ni un acto de mala fe ni de fraude, sino una manifestación
de buena voluntad de los diputados, conscientes de la irregularidad, orientada a
remediar el error administrativo.

29. Señalaron que no se configura conflicto de intereses porque no está probado que
hayan actuado prevalidos de un beneficio personal o de terceros, ni que su votación
estuviera orientada a una finalidad distinta a la corrección de una irregularidad
administrativa. Indicaron que su único móvil fue el de ajustar la legalidad del
presupuesto y subsanar un error técnico, sin que en ningún momento se favoreciera
a intereses personales o de terceros.

30. Resaltaron la gravedad de la sanción de pérdida de investidura e indicaron que
la aprobación de las ordenanzas núms. 012 y 017 de 2024 debe entenderse como
un acto de responsabilidad institucional, enmarcado en el cumplimiento de deberes
constitucionales y legales, y no como una conducta reprochable.

31. Indicaron que el trámite y expedición inmediata de la Ordenanza núm. 017 de
2024 es un acto de buena fe que constituye la solución más adecuada y ajustada al
ordenamiento jurídico porque asegura que los recursos fueran debidamente
presupuestados y destinados, y se implementó sin generar perjuicio al erario ni al
interés público.

32. Alegaron que no participaron en la formulación del proyecto de acuerdo ni
integraron la comisión técnica que elaboró y analizó inicialmente el proyecto de
ordenanza. Expresaron que su intervención se dio en el escenario de la plenaria,
con base en los informes rendidos por la comisión correspondiente, bajo el principio
de buena fe y confianza legítima en el procedimiento normativo.

33. Refirieron que sus actos siempre se han enmarcado en hacer prevalecer el
interés general, en la buena fe y en la confianza institucional depositada en la
Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental, que aportó los insumos para
el debate del proyecto de ordenanza que se convirtió en la Ordenanza núm. 012 de
2024, conforme al principio de división funcional del trabajo normativo. Asimismo,
que la irregularidad fue rápidamente advertida y subsanada por la Asamblea
Departamental de Vichada, lo cual evidencia ausencia de una conducta dolosa o
gravemente culposa y por ende de la culpabilidad necesaria en el juicio de pérdida
de investidura.

34. Sostuvieron que en este caso los hechos alegados no se encuadran en ninguna
de las causales expresamente previstas en el artículo 183 de la Constitución Política

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

y que la participación de los diputados en una votación que posteriormente es
modificada para cumplir con la ley no constituye, en sí misma, indebida destinación
de dineros públicos ni conflicto de intereses.

35. Enfatizaron en que la demanda contiene acusaciones generales, sin que se
desarrollen los argumentos con el debido rigor jurídico y probatorio. Además, no se
identificaron con exactitud los apartes normativos cuestionados ni se detalló la
conducta individual atribuida a cada diputado. Ello vulnera el principio de
congruencia procesal y el derecho a una defensa efectiva.

I.2.3. Diputados Luis Alejandro Gaitán, Aleida Forero Fernández, Javier
Fernando Pérez Rojas y Jairo Rincón Guachón

36. Los accionados Luis Alejandro Gaitán, Aleida Forero Fernández, Javier Fernando
Pérez Rojas y Jairo Rincón Guachón no se pronunciaron sobre la solicitud de
pérdida de investidura.

I.3. Trámite del proceso

37. Mediante auto de 4 de abril de 202513 se inadmitió la solicitud de pérdida de
investidura y, una vez subsanados los requisitos por el accionante14, en auto de 30
de abril de 202515 se admitió, ordenándose la notificación a los accionados y al
agente del Ministerio Público y corriéndose traslado para que los acusados
contestaran la solicitud, aportaran y solicitaran la práctica de pruebas.

38. Los accionados antes referidos contestaron la solicitud de pérdida de investidura
y formularon excepciones. El Ministerio Público solicitó el decreto de pruebas16.

39. En auto de 23 de mayo de 202517 se resolvió sobre: i) las solicitudes probatorias
presentadas por las partes y el Ministerio Público; y ii) se fijaron fechas para realizar
las audiencias de pruebas y pública a que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley
1881 de 15 de enero de 201818.

40. La audiencia de pruebas se realizó el 30 de mayo de 202519 y posteriormente se
realizó la audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881, el día 9 de junio
de 202520, con la asistencia e intervención del agente del Ministerio Público y de los
diputados y sus apoderados.

13
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia.
14
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia.
15
Cfr. Índice 10 del expediente digital de primera instancia.
16
Cfr. Índice 15 del expediente digital de primera instancia.
17
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia.
18
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”.
19
Cfr. Índice 39 del expediente digital de primera instancia.
20
Cfr. Índice 46 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

I.4. La sentencia de primera instancia21

41. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 3 de
julio de 2025, resolvió: i) desestimar la excepción de “[…] Ineptitud sustancial de la
demanda por falta de desarrollo del concepto de la violación […]” formulada por los
accionados y ii) negó la solicitud de pérdida de investidura de los diputados
accionados.

42. A título de cuestión previa precisó que no estaba probada la excepción de
ineptitud sustancial de la demanda por falta de desarrollo del concepto de la
violación porque la pérdida de investidura es una acción pública y no sería razonable
ni proporcional exigirle al ciudadano una técnica jurídica rigurosa al argumentar el
asunto.

43. Consideró que el accionante cumplió con la carga argumentativa porque de la
demanda se pueden interpretar las causales invocadas y la situación fáctica que las
fundamenta y agregó que el error de mencionar un acto administrativo diferente no
tiene la entidad suficiente para señalar que el concepto de violación fue deficiente.

44. Explicó que el problema jurídico que se debía resolver consistía en establecer si
los accionados “[…] incurrieron en las causales de pérdida de investidura contenidas
en los numerales 1 y 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, 1 y 4 del artículo 60
de la Ley 2200 de 2022 y numerales 1 y 4 del artículo 183 de la Constitución Política.
[…]”.

45. Sostuvo que la respuesta al problema jurídico planteado sería negativa porque
“[…] no se demostró que los Diputados del Vichada […] se hallen incursos en las
causales de indebida destinación de dineros públicos ni en un conflicto de intereses
al haber expedido las Ordenanzas Números 012 y 017 del 23 de julio de 2024 y 08
de septiembre de 2024 […]”.

46. Luego de referirse al marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de
control de pérdida de investidura y de las causales de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos y de violación del régimen de conflicto de
intereses, explicó que dado que en este caso se invoca la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4.°
del artículo 48 de la Ley 617, se debía tener en cuenta que el numeral 4.° del artículo
60 de la Ley 2200 estableció que se decretará la pérdida de investidura de diputados
“[…] Por sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros
públicos. […]”.

47. Indicó que el Consejo de Estado mediante sentencias de 21 de noviembre de
2024 y 25 de marzo de 2025 consideró, frente al cambio normativo, que era
procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de la expresión

21
Cfr. Índice 52 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

“[…] sentencia condenatoria en firme […]” contenida en el numeral 4.° del artículo
60 de la Ley 2200 pero a título de jurisprudencia anunciada.

48. Expuso que siguiendo los parámetros del Consejo de Estado y teniendo en
cuenta que en este caso los debates y las aprobaciones de las ordenanzas fuente
de las censuras del demandante, se dieron entre los meses de julio y septiembre de
2024, antes de proferirse la sentencia de 21 de noviembre de 2024, se acogerían
los lineamientos de esa jurisprudencia anunciada y no aplicaría la excepción de
inconstitucionalidad respecto de la expresión “[…] sentencia condenatoria en firme
[…]”, debiendo entonces realizarse el análisis de la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos, según el contenido del numeral 4.° del
artículo 60 de la Ley 2200.

49. Estimó que no estaba probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos debido a que: i) no se probó
la existencia de una condena ejecutoriada sobre indebida destinación de dineros
públicos; y ii) conforme con la certificación de 8 de mayo de 2025 de la Secretaría
de Hacienda del Departamento de Vichada y el testimonio de la Secretaría de
Hacienda Departamental para la época de los hechos, no se probó que la suma de
$1.790.808.558,53 que fue adicionada al presupuesto para financiar gastos de
funcionamiento provenientes de recursos del balance procedían de recursos de
destinación específica en los términos precisos del literal d) del parágrafo 1.° del
artículo 3.° de la Ley 617.

50. Adicional a lo anterior, el tribunal precisó que, más allá de lo establecido en el
precitado literal d), en caso de considerar que no es procedente financiar gastos de
funcionamiento con los recursos del balance porque estos solamente se pueden
destinar a gastos de inversión, tampoco se encontraba probada la indebida
destinación de dineros públicos porque se demostró que si bien los recursos del
balance fueron dirigidos en un principio a gastos de funcionamiento mediante la
Ordenanza núm. 012 de 23 de julio de 2024, se demostró que no fueron ejecutados,
e inmediatamente a través de otro proyecto de ordenanza presentado el 26 de
agosto de 2024, se inició el trámite para redirigir los recursos al rubro de inversión,
lo que ocurrió con la Ordenanza núm. 017 de 8 de septiembre de 2024.

51. Por lo anterior, determinó que no estaba probado el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos.

52. En relación con la causal de violación del régimen de conflicto de intereses, el
tribunal consideró que la prueba de la causal se encuentra a cargo del accionante,
conforme con el artículo 167 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201222, y que no se
demostró la existencia de un interés directo, particular y actual de los accionados
en la votación y aprobación de la Ordenanza núm. 017 de 8 de septiembre de 2024,
que haya generado una colisión con el interés público.

22
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

10

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

53. Expresó que la expedición de la Ordenanza núm. 017 de 8 de septiembre de
2024 se enmarca en el ejercicio de la función constitucional, legal y reglamentaria a
cargo de las asambleas departamentales de reformar las ordenanzas en los asuntos
de su competencia, como lo es el de modificar al presupuesto departamental, y que
no se advierte la existencia de un interés particular en la expedición de dicho acto,
más allá que corregir un yerro que fue advertido por el gobernador del departamento
de Vichada y que debía subsanarse, lo cual implica que los diputados actuaron
dentro de los fines institucionales y con el propósito de seguir las recomendaciones
de los órganos de control.

54. Agregó a lo anterior que el interés es hipotético y eventual porque, al no haberse
ejecutado los recursos que inicialmente se apropiaron para apalancar gastos de
funcionamiento, la irregularidad solo quedó en la apropiación, la cual fue advertida
y corregida en forma célere, lo que en criterio del tribunal demuestra un actuar probo
y de apego oportuno a la legalidad y criterios técnicos presupuestales.

55. En conclusión, el tribunal consideró que no se logró demostrar que los diputados
de Vichada hayan incurrido en las causales de pérdida de investidura alegadas,
razón por la cual negó las pretensiones de la demanda.

I.5. El recurso de apelación23

56. El accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso
de apelación orientado a que se revoque en su integridad y, en su lugar, se decrete
la pérdida de investidura de los accionados.

I.5.1 Sobre la causal de indebida destinación de dineros públicos

57. Manifestó que la demanda de pérdida de investidura se originó con ocasión de
una conducta reprochable a los diputados, a saber, desconocer el literal d) del
parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617, según el cual “[…] no se podrán financiar
gastos de funcionamiento con […] d) Los recursos del balance, conformados por los
saldos de apropiación financiados con recursos de destinación específica […]”. En
ese sentido, indicó que no comparte “[…] los alegatos presentados por los abogados
de los demandados […]” en cuanto argumentaron que los diputados actuaron en
ejercicio de una potestad legal en el marco de la cual no puede predicarse una
indebida destinación de dineros públicos.

58. Indicó que en la contestación de la demanda el apoderado de los diputados Luis
Carlos Álvarez Morales y Jorge Eliecer Verano Buitrago aceptó que hubo una
indebida destinación de dineros públicos al afirmar que con la expedición de la
Ordenanza núm. 012 de 23 de julio de 2024 habían incurrido en una conducta
prohibida por la Ley 617.

23
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

59. Adicionó que se trata de una confesión espontánea por apoderado que debe ser
valorada en los términos del inciso 3.° del artículo 77 de la Ley 1564 y se convierte
en aceptación por parte del jurista de que los accionados cometieron una falta que
conduce a su pérdida de investidura.

60. Señaló que la omisión del tribunal de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
con fundamento en la sentencia de 21 de noviembre de 2024 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado es contraria al ordenamiento jurídico y a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional24 porque los funcionarios públicos tienen
la obligación de inaplicar las normas inferiores que infringen las normas
constitucionales.

61. Explicó que estaban probados los supuestos para la configuración de la indebida
destinación de dineros públicos, entre ellos, la condición de diputados, la presencia
de dineros públicos y su indebida destinación.

62. En relación con este último punto argumentó que “[…] está plenamente probado
que los señores Diputados del Vichada, destinaron indebidamente los dineros del
Balance (sic) […]” y que el tribunal se apartó de la regla de interpretación gramatical
de las normas prevista en el artículo 27 del Código Civil frente al alcance de la
prohibición prevista en el literal d) del parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617.

63. Adujo que la sentencia confundió los actos del gobernador y de sus secretarios
con los actos de los diputados acusados en tanto estos últimos “[…] fueron los que
con su conducta ilegal destinaron dineros públicos a un haber prohibido por la ley
[…]” e indicó que la autoridad judicial se ha “[…] valido de argumentos no legales,
con interpretaciones no permitidas ni siquiera por la lógica, para proteger de la
perdida de investidura a los honorables Diputados encartados. […]”.

64. Refirió que el hecho de que los recursos no se hayan ejecutado y que se hayan
redirigido en forma correcta por una ordenanza modificatoria expedida con
posterioridad no exculpa la configuración de la causal porque la expedición de la
primera ordenanza -que según señala no es un acto condición, sino de ejecución
inmediata- materializó la indebida destinación de los dineros públicos en los
términos del artículo 183 de la Constitución Política y del numeral 4. del artículo 60
de la Ley 2200, máxime si se tiene en consideración que una cosa es la destinación
y otra la ejecución o gasto de esos dineros.

I.5.2 Sobre la causal de violación del régimen de conflicto de intereses

65. En relación con la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses argumentó que los diputados al participar en el debate,
votación y aprobación de la Ordenanza núm. 17 de 2024, mediante la cual se
corrigió un yerro de la Ordenanza núm. 12 de 2024, les asistía un interés privado

24
Al respecto, cito la sentencia C-600 de 1998.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

consistente en evitar una demanda de perdida de investidura, una queja disciplinaria
o una denuncia penal.

I.6. Trámite del recurso de apelación

66. Mediante auto de 8 de agosto de 202525, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por el accionante en contra de la sentencia de 3 de julio de 2025.

67. En auto de 3 de octubre de 202526, se resolvió admitir el recurso de apelación y
correr traslado del auto admisorio del recurso de apelación a los accionados y al
agente del Ministerio Público por el término de tres (3) días.

68. Los diputados Blanca Nury Monroy Lucas, Josué Alexander Molina Díaz, Camilo
Andrés Bonilla Álvarez, Piterson Rafael Beltrán Vélez y Héctor Efrain Méndez
Baquero manifestaron27 por intermedio de apoderado que comparten la sentencia
apelada en cuanto consideró que no se configuraba ninguna de las causales de
pérdida de investidura, por aplicación del artículo 60 de la Ley 2200.

69. Indicaron que en este caso el accionante no cumplió con la carga probatoria y
que se debe confirmar en su integridad la sentencia apelada.

70. Los diputados Jorge Eliecer Verano Buitrago y Luis Carlos Álvarez Morales
señalaron28 por intermedio de apoderada que: i) el accionante interpuso un recurso
de apelación sin sustento probatorio; ii) la sentencia apelada contiene una
argumentación sólida y rigurosa que permite concluir que en este caso no se
configuran ninguna de las causales de pérdida de investidura, la cual se apoya en
el numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200, así como en jurisprudencia reiterada
del Consejo de Estado y la Corte Constitucional; y iii) el recurso de apelación carece
de argumentos nuevos o relevantes que permitan modificar el sentido del fallo de
primera instancia, por lo cual se debe condenar en costas al accionante.

71. El Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

72. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de diputados respecto de los
acusados; iii) los problemas jurídicos; iv) las causales de pérdida de investidura
invocadas; v) el estudio de los problemas jurídicos; y vi) las conclusiones.

25
Cfr. Índice 57 del expediente digital de primera instancia.
26
Cfr. Índice 6 del expediente digital de segunda instancia.
27
Cfr. Índice 10 del expediente digital de segunda instancia.
28
Cfr. Índice 11 del expediente digital de segunda instancia.

13

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Accionante: Harry Rojas Durán

II.1. La competencia

73. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201929, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15030 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de diputados

74. La condición de los accionados, señores Héctor Efraín Méndez Baquero, Luis
Alejandro Gaitán, Blanca Nury Monroy Lucas, Piterson Rafael Beltrán Vélez, Aleida
Forero Fernández, Jorge Eliecer Verano Buitrago, Josué Alexander Molina Díaz,
Camilo Andrés Bonilla Álvarez, Javier Fernando Pérez Rojas, Jairo Rincón Guachón
y Luis Carlos Álvarez Morales, como diputados del departamento de Vichada se
encuentra probada con la copia del formato E-26 ASA, correspondiente al “[…]
ACTA DEL ESCRUTINIO GENERAL […] ASAMBLEA […]” del Consejo Nacional
Electoral, correspondiente a las elecciones de autoridades territoriales realizadas el
29 de octubre de 202331.

75. Se precisa que la condición de los accionados como diputados del departamento
de Vichada no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación.

II.3. Los problemas jurídicos

76. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, aplicables por
virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y 306 de la Ley 1437,
observa lo siguiente:

77. Teniendo en cuenta que la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta en la
sentencia de 3 de julio de 2025 consideró que la conducta que se le atribuye a los
accionados no se encuadra en las causales de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos y violación del régimen de conflicto de intereses, y
que el accionante en el recurso de apelación estima que se demostró la
configuración de las precitadas causales y que se debió aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en relación con el numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200, los
problemas jurídicos consisten en definir:

78. Si se configuran los elementos objetivo y subjetivo que permitan decretar la
pérdida de investidura de los diputados accionados, por haber incurrido en indebida
destinación de dineros públicos prevista en los numerales 4. del artículo 48 de la

29
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
30
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
31
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. Página 30.

14

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Accionante: Harry Rojas Durán

Ley 617, 4. del artículo 60 de la Ley 2200 y 4. del artículo 183 de la Constitución
Política, con ocasión del desconocimiento de la prohibición prevista en el literal d)
del parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617 al expedir la Ordenanza núm. 12 de
23 de julio de 2024.

79. Si se configuran los elementos objetivo y subjetivo que permitan decretar la
pérdida de investidura de los accionados, por haber incurrido en violación del
régimen de conflicto de intereses prevista en los numerales 1. del artículo 48 de la
Ley 617, 1. del artículo 60 de la Ley 2200 y 1. del artículo 183 de la Constitución
Política, con ocasión de la participación de los diputados en el debate, votación y
aprobación de la Ordenanza núm. 17 de 8 de septiembre de 2024.

II.4. Las causales de pérdida de investidura invocadas

80. El accionante atribuyó a los diputados acusados la causal de pérdida de
investidura prevista en los artículos 183, numeral 4., de la Constitución Política; 48,
numeral 4., de la Ley 617; y 60, numeral 4., de la Ley 2200, cuyo contenido es el
siguiente:

80.1. Numeral 4. del artículo 183 de la Carta Política:

“[…] Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:

[…]

4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”.

80.2. Numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:

[…]

4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”.

80.3. Numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200:

“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de investidura en
los siguientes casos:

[…]

4. Por sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros
públicos. […]”.

81. La sentencia de 3 de julio de 2025, al determinar la causal de pérdida de
investidura que se atribuye a los acusados, consideró que la Ley 2200 derogó
tácitamente el numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617 pero solo para los diputados,

15

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

en razón a que el artículo 60 de la Ley 2200 reguló, de manera especial, las causales
de pérdida de investidura aplicables a esos servidores públicos.

81.1. Manifestó que la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 21 de
noviembre de 202432 había establecido unos lineamientos como jurisprudencia
anunciada y que, por ello, en atención a que, en este caso, los debates y las
aprobaciones de las ordenanzas que fundamentaron la solicitud de pérdida de
investidura, causantes de la indebida destinación de dineros públicos, se dieron
entre los meses de julio y septiembre de 2024, lo procedente era no aplicar la
excepción de inconstitucionalidad respecto de la expresión “[…] sentencia
condenatoria en firme […]”.

81.2. De tal forma que en criterio del tribunal la causal de pérdida de investidura que
regía al momento de presentarse los hechos que la fundamentan, era la prevista en
el numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200, esto es, “[…] 4. Por sentencia
condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros públicos. […]”.

82. Conforme a lo anterior, la primera instancia encontró que no se configuró la
causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 4. del artículo 60 de la Ley
2200, toda vez que no estaba acreditada la existencia de una sentencia
condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros públicos ni
adicionalmente se había probado que con la expedición de la Ordenanza núm. 12
de 23 de julio de 2024 se había incurrido en la prohibición prevista en el literal d) del
parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617.

83. El apelante considera procedente, en el presente caso, la excepción de
inconstitucionalidad y solicita, en consecuencia, que se inaplique por
inconstitucional el aparte “[…] Por sentencia condenatoria en firme […]” del numeral
4. del artículo 60 de la Ley 2200, aludiendo al desconocimiento del artículo 4 de la
Carta Política, por la supremacía de la norma constitucional y porque la aplicación
de la excepción es una obligación de todo servidor público.

84. La Corte Constitucional33, en relación con la excepción de inconstitucionalidad,
ha resaltado que:

“[…] tiene fundamento en el principio de supremacía constitucional establecido en el
artículo 4 de la Carta Política. La Corte ha sostenido que “es una facultad o
posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no
tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente
como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los
eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un
caso concreto y las normas constitucionales”34. Esta herramienta se usa con el fin de
proteger, en un caso concreto, y con efecto inter partes, los derechos fundamentales
que estén en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de

32
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 21 de noviembre de 2024. Radicación núm.: 810012339000202400031-
01. CP. doctor Hernando Sánchez Sánchez.
33
Corte Constitucional, Sentencia SU 429 de 2023. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
34
Sentencia SU-132 de 2013.

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Accionante: Harry Rojas Durán

forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución
Política35.

110. La jurisprudencia constitucional ha establecido “tres escenarios puntuales”36 en
los que procede dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad, a saber: “(i) La
norma es contraria a las [sic] cánones superiores y no se ha producido un
pronunciamiento sobre su constitucionalidad […]; (ii) La regla formalmente válida y
vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de
inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo
de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad según sea el caso; o, (iii) En virtud, de la especificidad de las
condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que
no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental”. En otras
palabras, “puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en
abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso
concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”37. […]”.

85. La Sala prohíja las consideraciones expuestas por esta Sección en la sentencia
de 21 de noviembre de 202438, reiterada en fallo de 13 de marzo de 202539, en las
cuales se concluyó que la expresión “[…] por sentencia condenatoria en firme […]”,
prevista en el numeral 4.° del artículo 60 de la Ley 2200 introdujo un tratamiento
diferenciado a los diputados respecto de los concejales, los ediles, e incluso, de los
congresistas contrario al artículo 13 de la Constitución Política

86. Así la sentencia de 21 de noviembre de 2024 citada supra señaló:

“[…] 91. En esa medida, la Sección Primera considera que la expresión “[…] por
sentencia condenatoria en firme […]”, prevista en el numeral 4.° del artículo 60 de la
Ley 2200, es abiertamente incompatible con el artículo 13 de la Constitución Política,
según el cual “[…] Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica […]”.

[…]

94. En este caso, la Sección Primera considera que el ingrediente normativo “[…] por
sentencia condenatoria en firme […]” conlleva el tratamiento diferenciado de los
Diputados, frente a los Concejales, municipales y distritales, y a los Ediles, en relación
con el régimen de pérdida de investidura que conlleva la restricción de los derechos
políticos de los elegidos popularmente, puesto que el numeral 4.° del artículo 48 de
la Ley 617, sobre pérdida de investidura de los concejales municipales y distritales y
de miembros de juntas administradoras locales, “[…] por indebida destinación de
dineros públicos […]”, es la norma vigente, aplicable a dichos servidores públicos.

95. La Sección Primera arriba a dicha conclusión, con fundamento en las siguientes
razones:

35
Ibidem.
36
Sentencia SU-599 de 2019. Reiterada en la Sentencia SU-109 de 2022.
37
Sentencia T-681 de 2016. Reiterada en la Sentencia SU-109 de 2022.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 21 de noviembre de 2024. Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de diputado.
Radicación núm.: 810012339000202400031-01.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2025.
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de diputado. Radicación núm.: 810012339000202400025-01. C.P.
doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
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95.1. Los diputados, concejales y ediles son miembros de corporaciones públicas de
elección popular, y son sujetos comparables, en la medida en que: i) son servidores
públicos de elección popular, miembros de corporaciones públicas, destinatarios del
régimen de pérdida de la investidura: los diputados, conforme al previsto en el artículo
60 de la Ley 2200; los concejales y ediles, conforme al previsto en el artículo 48 de
la Ley 617.

95.2. Para los servidores públicos de elección popular mencionados, e incluso para
los Congresistas de la República, el ejercicio de su investidura se enmarca en la
defensa de la dignidad del cargo y la salvaguarda del principio de representación
democrática, finalidades constitucionales en las que se fundamentan: i) el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura y su consecuente restricción de los derechos
políticos; y ii) el control político y la participación ciudadana como prerrogativa de
todos los ciudadanos, con independencia de la corporación pública a la que
pertenezca su destinatario.

95.3. La diferencia de tratamiento entre ambos grupos es evidente: mientras el
numeral 4.° del artículo 60 de la Ley 2200 exige sentencia condenatoria en firme para
la procedencia de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos de los diputados, la causal homóloga, prevista para los Concejales
y Ediles en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, no prevé la exigencia de dicho
requisito, de manera que el proceso sancionatorio puede adelantarse sin la
necesidad de una sentencia condenatoria.

95.4. La justificación que tuvo el legislador para introducir el elemento diferenciador
entre las causales de pérdida de investidura del numeral 4.° del artículo 60 de la Ley
200 y el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, la hizo consistir en la garantía
constitucional de la presunción de inocencia; no obstante, se considera que la
exigencia del requisito de una sentencia condenatoria en firme, es decir, una
sentencia ejecutoriada, no es proporcional a los fines previstos por la norma que lo
introdujo, cuales son, la salvaguarda del principio democrático y de la dignidad de la
investidura que se otorga por voto popular, máxime cuando, conforme con el artículo
29 de la Constitución Política, los procesos y actuaciones de las autoridades,
judiciales o administrativas, están compelidos a garantizar el debido proceso.

95.5. Por último, la Sección Primera considera que la medida referida a exigir que los
diputados solamente pueden perder la investidura cuando han sido condenados por
ilícitos sobre destinación de dineros públicos, no resulta eficaz y útil para satisfacer
la finalidad para la cual fue estatuido el proceso de pérdida de investidura,
comoquiera que supedita la prosperidad del medio de control a las resultas de un
proceso que ha de antecederla, desconociendo la naturaleza del mismo, así como la
autonomía e independencia, reconocida por la jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional, a los procesos de pérdida de investidura.

96. En suma, el ingrediente normativo “[…] por sentencia condenatoria en firme […]”,
previsto en la causal de pérdida de investidura del numeral 4.° de la Ley 2200,
introduce un tratamiento diferenciado a los diputados respecto de los concejales, los
ediles, e incluso respecto de los congresistas, el cual, según lo expuesto líneas atrás,
no tiene justificación constitucional ni teleológica.

[…]

III. RESUELVE:

PRIMERO: ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas sobre el alcance del numeral 4.° del artículo 60 de la Ley 2200, tendrán
aplicación para hechos nuevos que ocurran a partir de la firmeza de esta decisión
judicial.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
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[…]”.

87. A partir de lo anterior, esta Sala, al igual que ocurrió en aquellas oportunidades,
considera que el condicionamiento relativo a ser condenados por ilícitos sobre
destinación de dineros públicos, no resulta eficaz y útil para satisfacer la finalidad
para la cual fue estatuido el proceso de pérdida de investidura, toda vez que
supedita la prosperidad del medio de control a las resultas de un proceso que ha de
antecederla, desconociendo la naturaleza del mismo, así como la autonomía e
independencia reconocidas por la jurisprudencia del propio Consejo de Estado y la
Corte Constitucional.

88. Asimismo, la exigencia de una decisión judicial condenatoria por ilícitos sobre
destinación de dineros públicos desconoce la autonomía que esta Corporación 40 y
la Corte Constitucional41 le han reconocido a los procesos de pérdida de investidura,
vaciando de contenido la competencia de esta jurisdicción e impidiendo que
satisfaga la finalidad para la cual está instituido el medio de control, consistente en
castigar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en conductas
reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo público de elección
popular que ostentan y que comportan la defraudación del principio de
representación.

89. La aplicación de esta figura, en línea con lo expuesto por esta Sección, en
sentencia de 19 de junio de 202542 resulta procedente aun cuando los hechos
hubieren ocurrido con antelación a la ejecutoria de la sentencia de 21 de noviembre
de 2024 porque el objeto y efecto de esa sentencia fue el de prevenir “[…] a la
comunidad en general en cuanto que las consideraciones expuestas sobre el
alcance del artículo 60, numeral 4, de la Ley 2200, tendrían aplicación inmediata
a partir de la firmeza de esa decisión judicial, esto es, sin necesidad de acudir
a la figura de la excepción de inconstitucionalidad para el examen de hechos
nuevos […]”. (Negrilla fuera de texto)

90. Como consecuencia de lo expuesto y teniendo en cuenta que en este caso los
hechos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son anteriores a la
ejecutoria de la sentencia de 21 de noviembre de 2024, lo procedente es aplicar la
excepción de inconstitucionalidad respecto de la expresión “[…] sentencia
condenatoria en firme […]”, como lo solicitó el apelante, y por ende se estudiará el
caso concreto atendiendo a la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 4. del artículo 60 de la Ley 2200, esto es, por indebida destinación de
dineros públicos, con exclusión de dicho ingrediente normativo.

40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez.
Sentencia de 8 de agosto de 2023. Referencia: Pérdida de Investidura. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04833-01
acumulado al proceso 11001-03-15-000-2022-04637-01.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura. Consejera Ponente: María Adriana Marín. Sentencia de 21 de octubre de 2020. Radicación núm.: 11001-03-15-
000-2020-00517-00(PI).
41
Corte Constitucional, sentencias SU 424 de 2016 y SU 474 de 2020. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando
Reyes Cuartas, respectivamente.
42
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 19 de junio de 2025. Radicado núm. 81001233900020240002302
(Acumulados 81001233900020240002901 y 81001233900020240004001). C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón.

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II.4.1. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos

91. Esta Sección43, en relación con los elementos para la configuración de la causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, ha precisado
lo siguiente:

“[…] 43. En primer orden, que la indebida destinación de dineros públicos es una
norma abierta porque la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de
la causal ni detalla un catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual
atiende a la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros
públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la
Constitución Política, las leyes o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o
distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula
el gasto44.

44. En segundo orden, si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede
configurar a través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e
independencia existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las
conductas que materializan la indebida destinación de dineros públicos configuran la
causal de pérdida de investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas
como delitos […]”45.

45. En tercer orden, para efectos de la causal de desinvestidura, la expresión “dinero
público” se debe entender como aquellos recursos públicos que administra el Estado.

46. En cuarto orden, la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura
sub examine requiere la acreditación de tres elementos, a saber: i) que se ostente la
condición de congresista ii) que se esté frente a dineros públicos y iii) que los dineros
públicos sean indebidamente destinados.

47. En cuarto orden, la indebida destinación de dineros públicos se configura en los
siguientes casos:

47.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.

47.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina a
objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados.

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Radicación núm.: 68001-23-33-000-2019-00893-01(PI)
44
Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de
2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00.
Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
45
Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de
2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de
19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María
Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de
pérdida de investidura es congruente con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de
1994, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que
condicionaba la procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida destinación
de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal condenatoria.

20

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

47.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.

47.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.

47.5 Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.

47.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros. […]”.

92. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación46 ha
señalado que:

“[…] se incurre en una indebida destinación de dineros públicos, de manera directa,
al aplicar los recursos correspondientes a propósitos prohibidos, no autorizados,
injustificados o innecesarios; de manera indirecta, cuando los dineros se aplican a
fines diferentes de los que justificaron la disposición del gasto.

Por lo tanto, la Jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado que en dicha
prohibición pueden incurrir tanto el ordenador del gasto, como cualquier otro
Congresista cuando cambia la destinación de los recursos públicos47. […]”.

II.4.2. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses

93. Esta causal encuentra sustento en el artículo 133 de la Constitución Política, que
señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular representan
al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común. Igualmente, en el
artículo 11 de la Ley 1437, que indica que cuando el interés propio de la función
pública entre en conflicto con el interés particular y directo, el servidor público
deberá declararse impedido.

94. Esta hipótesis se encuentra prevista como causal de pérdida de investidura para
los diputados en los artículos 183, numeral 1., de la Constitución Política; 48,
numeral 1., de la Ley 617; y 60, numeral 1., de la Ley 2200, cuyo contenido es el
siguiente:

94.1. Numeral 1. del artículo 183 de la Carta Política:

“[…] Articulo 183. Los congresistas perderán su investidura:

46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia
de 4 de septiembre de 2012. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2011-00616-00(PI).
47
Es por ello que el Consejo de Estado ha decretado la pérdida de investidura tanto por la indebida destinación de dineros
públicos causada por los Congresistas cuando actúan como ordenadores del gasto, como en situaciones donde se utilizan
instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los dineros públicos; por ejemplo, en sentencias de 23 de mayo de 2000,
exp. AC-9878, C P. Alejandro Ordóñez Maldonado; de 30 de mayo de 2000, exp. AC-9877, C.P. Germán Rodríguez Villamizar;
de 5 de febrero de 2001, exps. AC-10528 y AC-10967, C.P. Germán Ayala Mantilla; de 8 de agosto de 2001, exps. AC-10966
y AC-11274, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá; de 8 de agosto de 2001, exp. AC-12546, C. P. María Elena Giraldo Gómez y
de 13 de noviembre de 2001, exp. 11001-03-15-000-2001-0101-01, C.P. Ligia López Díaz.

21

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de
conflicto de intereses. […]”.

94.2. Numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”.

94.3. Numeral 1. del artículo 60 de la Ley 2200:

“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de investidura en
los siguientes casos:

1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”.

95. En efecto, el artículo 56 de la Ley 2200 establece que todos los diputados
deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus
funciones y que se entiende como conflicto de interés una situación donde la
discusión o votación de un proyecto de ordenanza, pueda resultar en un beneficio
particular, actual y directo a favor del miembro de la corporación pública de elección
popular. En relación con estos supuestos la norma establece lo siguiente:

“[…] a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o
crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del diputado de las
que no gozan el resto de los ciudadanos.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias
presentes y existentes al momento en el que el diputado participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del
diputado, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro
del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. […]”.
(Negrilla del texto).

96. La misma norma establece seguidamente que no hay conflicto de interés en las
siguientes circunstancias:

“[…] a) Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de ordenanza que
otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del
diputado coincide o se fusiona con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado en el futuro.

22

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

c) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza
de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual,
el diputado tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá
conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

d) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza
de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el diputado tiene un
interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular,
directo y actual.

e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores públicos mediante
el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas
al parentesco con los candidatos.

Parágrafo. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los
diputados cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y
votación del proyecto. […]”.

97. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el conflicto de interés se
presenta cuando el servidor público de elección popular movido por un interés
particular “[…] toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones
o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es
la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial 48 […]”.

98. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 1.° de noviembre de
201649, al igual que esta Sección, han señalado que para la configuración del
conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura deben concurrir los
siguientes requisitos:

“[…] a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de
conflicto de intereses, ejerza o haya ejercido la investidura de Congresista de la
República;

b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista, ya sea de
orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo
del Congreso; y,

c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del respectivo trámite,
sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado para los
efectos. [...]”.

99. Frente al presupuesto a), la mencionada sentencia precisó lo siguiente:

“[…] El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura, exige para
este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que incurrió en un conflicto de
intereses mediante el ejercicio irregular de su investidura congresional, esto es, que
debe acreditarse su condición de Senador o Representante a la Cámara […]”.

48
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, C.P. César
Palomino Cortés, radicado núm.: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
49
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571
00(PI), MP: María Elizabeth García González.

23

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

100. En lo que atañe al presupuesto b) asociado a que se esté en presencia de un
interés directo, particular y actual, ya sea de orden moral o económico, la sentencia
supra indicó lo siguiente:

“[…] El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben destacarse:
el interés directo, particular y actual; su esencia moral o económica; y los asuntos o
temas que son puestos a consideración e intervención del Congresista.

El primero, consiste en la presencia de una inclinación real del Congresista hacia un
tema, objeto o aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones congresionales, con el ánimo
de materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de su cónyuge,
familiares o socios, que se aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien
general50 y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación […]”.

101. Finalmente, y frente al requisito c) relativo a que se demuestre la participación
efectiva del respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento o sin haber
sido recusado, la citada sentencia señaló:

“[…] El tercero alude a los asuntos o temas que son sometidos a consideración e
intervención del Congresista, que lejos de circunscribirse de forma exclusiva a los
legislativos, también cobija los electorales, judiciales, de control político e incluso
administrativos a su cargo, en cuanto hacen parte de las distintas facetas
congresionales en las que aquél termina interfiriendo inevitablemente por mandato
constitucional y legal.

[…]

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio, decisión, debate,
votación, censura y/o intervención en los asuntos congresionales; en principio, “el
congresista está en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le permita a la comisión
o corporación legislativa correspondiente definir o decidir el impedimento. No se trata,
como es obvio, de una decisión puramente discrecional del congresista. De todas las
circunstancias de hecho que pudieran configurar un interés privado de índole
económico o moral debe surgir la obligación del congresista de manifestar el
impedimento51”, por lo que de guardar silencio al respecto quedaría activada la causal
[…]”.

102. Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver los problemas jurídicos con el
objeto de determinar si se encuentra probado o no la configuración del elemento
objetivo de las causales de pérdida de investidura invocadas. En caso de ser
necesario, se procederá al estudio del elemento subjetivo.

50
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas- la Sala Plena indicó: “No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los miembros
de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien
común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés público inmerso en el
debate, en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del
impedimento o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de
la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o particular del congresista no
subordine al interés público.”.
51
Sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas.

24

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

II.5. El estudio de los problemas jurídicos

II.5.1. La configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos en el caso concreto

103. La Sala analizará los requisitos concurrentes que se exigen para estructurar la
causal:

a) La cualidad de los diputados como sujetos activos de la conducta

104. Se encuentra probado que los señores Héctor Efraín Méndez Baquero, Luis
Alejandro Gaitán, Blanca Nury Monroy Lucas, Piterson Rafael Beltrán Vélez, Aleida
Forero Fernández, Jorge Eliecer Verano Buitrago, Josué Alexander Molina Díaz,
Camilo Andrés Bonilla Álvarez, Javier Fernando Pérez Rojas, Jairo Rincón Guachón
y Luis Carlos Álvarez Morales, fueron elegidos diputados del departamento de
Vichada para el periodo 2024 – 2027, según se indicó anteriormente.

105. Asimismo, se encuentra probado que tenían la condición de diputados para la
fecha de los hechos, a saber, el 23 de julio de 2024, fecha en la que se aprobó la
Ordenanza núm. 012 de 2024.

106. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura.

b) Que se esté frente a dineros públicos

107. La problemática en el caso concreto versa sobre la expedición de la Ordenanza
núm. 12 de 23 de julio de 2024, por medio de la cual se adiciona al presupuesto
general de rentas, recursos de capital y gastos del departamento de Vichada para
la vigencia fiscal 2024, por concepto de superávit fiscal al cierre de la vigencia 2023;
y la prohibición prevista en el literal d) del parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617
según la cual no se podrán financiar gastos de funcionamiento con los recursos del
balance conformados por los saldos de apropiación financiados con recursos de
destinación específica.

108. La Sala considera que, de conformidad con el artículo 3152 del Decreto núm.
111 de 15 de enero de 199653, “[…] Los recursos de capital comprenderán: Los
recursos del balance […]” y, por ende, estos integran el presupuesto de rentas del

52
“[…] ARTÍCULO 31. Los recursos de capital comprenderán: Los recursos del balance, los recursos del crédito interno y
externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República, los
rendimientos financieros, el diferencial cambiario originado por la monetización de los desembolsos del crédito externo y de
las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, el excedente financiero de los establecimientos públicos del orden
nacional , y de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional y de las sociedades de economía mixta
con el régimen de aquellas sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la Ley les otorga, y las utilidades del Banco de
la República, descontadas las reservas de estabilización cambiaría y monetaria.
PARÁGRAFO. Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y sub
• grupos de que trata este artículo (Ley 38/89, artículo 21, Ley 179/94, artículos 13 y 67). […]”.
53
“[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico
del Presupuesto. […]”.

25

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

respectivo ente territorial, de conformidad con el artículo 1154 de esa misma
normativa.

109. En ese orden, los recursos del balance hacen parte de los recursos de capital,
que integran a su vez el presupuesto del respectivo ente territorial y, por ende, tienen
la condición de dinero público, por lo que se cumple el segundo supuesto del
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.

c) Que los dineros públicos sean indebidamente destinados

110. El tribunal consideró en la sentencia apelada que no se encontraba probado el
elemento objetivo de la indebida destinación de dineros públicos toda vez que no
se probó la existencia de una condena ejecutoriada sobre indebida destinación de
dineros públicos.

111. Adicionalmente explicó que no se probó que la suma de $1.790.808.558,53 que
fue adicionada al presupuesto para financiar gastos de funcionamiento proveniente
de recursos del balance provenían de recursos de destinación específica, en los
términos del literal d) del parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617. Adujo que si
bien se probó que los recursos del balance que fueron dirigidos en un principio a
gastos de funcionamiento provenían de recursos de libre destinación, estos no
fueron ejecutados y mediante ordenanza posterior se corrigió un posible error en el
presupuesto, mediante la redirección de los recursos al rubro de inversión.

112. El accionante en su recurso de apelación manifestó que estaba probada la
indebida destinación de los recursos públicos con ocasión de la aprobación de la
Ordenanza núm. 12 de 2024, lo cual se evidenció en las consideraciones y motivos
que fundamentaron la Ordenanza núm. 17 de 8 de septiembre de 2024 y que la
irregularidad había sido objeto de confesión por uno de los apoderados de los
accionados.

113. Por último, indicó: i) que la causal de indebida destinación de dineros públicos
castiga la destinación y no la ejecución. Por ello, que no se debía confundir los actos
de los diputados con los del gobernador porque los primeros destinaron y el
segundo ejecutó los dineros; y ii) que la expedición de una ordenanza posterior no
exculpa la configuración de la causal de pérdida de investidura.

54
“[…] ARTÍCULO 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes partes:
a) El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones
parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los
recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional.
b) El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama legislativa, la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la
República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los
departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los
reglamentos.
c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General
de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan (Ley 38/89, artículo 7o. Ley 179/94,
artículos 3o., 16 y 71. Ley 225/95, artículo 1o.). […]”.

26

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

114. Para efectos de resolver, la Sala considera necesario precisar en forma previa
que en los procesos de pérdida de investidura no es procedente la confesión
derivada ni de un interrogatorio de parte, ni aquella que proviene de apoderado en
la contestación de la demanda.

115. Asimismo, conforme lo indicó la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencias
de 17 de septiembre de 201955 y de 1 de noviembre de 201656, en los procesos de
pérdida de investidura se debe garantizar el principio de congruencia mediante la
delimitación clara y precisa del componente fáctico, el componente jurídico y las
razones de la subsunción, con el objeto de delimitar el pronunciamiento del juez y
garantizar los derechos de debido proceso y de contradicción y de defensa de los
accionados57.

116. En relación con el primer aspecto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en auto de 6 de octubre de 201558, consideró
que, teniendo en cuenta el mandato previsto en el artículo 33 de la Constitución
Política y la naturaleza sancionatoria del juicio de pérdida de investidura, en esta
clase de procesos el interrogatorio de parte es improcedente porque los “[…]
demandados no están obligados a declarar contra sí mismos en razón al especial
régimen de sujeción en que se encuentran […]”; argumentos que esta Sala prohíja
en el caso sub examine en relación con la declaración que rindió el diputado
accionado, señor Josué Alexander Molina Díaz.

117. Adicional a lo anterior, esta Sección59 y la Sala Plena del Consejo de Estado60
han sido coincidentes al considerar que en los procesos de pérdida de investidura
no es procedente la confesión espontanea mediante apoderado en los términos de

55
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de septiembre de 2019, Radicación núm.
110010315000201901598-01.
56
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1 de noviembre de 2016. Radicación núm.
110010315000201202013-00.
57
En la sentencia, la Sala Plena del Consejo de Estado consideró que el principio de congruencia en los procesos de pérdida
de investidura: i) supone la identidad de la providencia que resuelve la solicitud de pérdida de investidura con la acusación
planteada; ii) impone resolver todos los cargos planteados en la solicitud de desinvestidura; iii) impide al Juez de la pérdida
de investidura emprender estudios de fondo respecto de cargos indebidamente fundados; iv) impide al juez modificar los
hechos, cargos y pretensiones elevadas por el demandante.
58
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicación núm. 110010315000201401602-00. Recurso
de súplica. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés
59
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 9 de marzo de 2017. Proceso de pérdida de investidura radicado núm.
540012333000201500307-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
60
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicado núm. 11001-03-15-000-2019-00911-01(PI).
C.P. doctora María Adriana Marín.

27

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

los artículos 7761 y 19362 de la Ley 1564, por considerar que esta es incompatible
con la naturaleza sancionatoria de los procesos de pérdida de investidura63.

118. En ese orden, sin perjuicio de considerar que los diputados accionados no
realizaron confesión alguna en la contestación de la demanda en torno a la indebida
destinación de dineros públicos, en tanto su argumentación se orientó a indicar que
si bien pudo configurarse un error técnico relacionado con los recursos del balance
conformados por saldos de libre destinación -y no de los recursos del balance
conformados por saldos de destinación específica, que es la materia objeto del caso
concreto-; la Sala no otorgará a las manifestaciones realizadas por los apoderados
en las contestaciones de la demanda el carácter de confesión como lo pretende la
parte accionante.

119. Expuesto lo anterior, la Sala procederá a realizar la valoración de las pruebas
para efectos de resolver sobre la configuración o no de la causal de pérdida de
investidura sobre indebida destinación de dineros públicos, teniendo en cuenta que
la argumentación contenida en la demanda y en el recurso de apelación delimitan
la controversia al desconocimiento de la prohibición prevista en el literal d) del
parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617 que se refiere a que “[…] En todo caso,
no se podrán financiar gastos de funcionamiento con […] d) Los recursos del
balance, conformados por los saldos de apropiación financiados con recursos
de destinación específica […]”. (Negrilla fuera de texto).

120. Se encuentra probado que la Secretaría de Hacienda de Vichada presentó ante
la Asamblea Departamental de Vichada el proyecto de ordenanza núm. 01364, “[…]
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA AL PRESUPUESTO GENERAL DE
RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE
VICHADA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, RECURSOS POR CONCEPTO DE
SUPERÁVIT FISCAL AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023. […]”.

121. El proyecto establecía en sus considerandos que mediante la Ordenanza núm.
021 del 11 de noviembre de 2023 se había aprobado el Presupuesto General de
Rentas, Recursos de Capital y Gastos del departamento de Vichada, para la

61
“[…] ARTÍCULO 77. FACULTADES DEL APODERADA. (sic) Salvo estipulación en contrario, el poder para litigar se
entiende conferido para solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios
del proceso, adelantar todo el trámite de este, solicitar medidas cautelares, interponer recursos ordinarios, de casación y de
anulación y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente,
y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en aquella.
[…]
El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del
mandamiento ejecutivo, prestar juramento estimatorio y confesar espontáneamente. Cualquier restricción sobre tales
facultades se tendrá por no escrita. El poder también habilita al apoderado para reconvenir y representar al poderdante en
todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de otras partes o de terceros. […]”.
62
“[…] ARTÍCULO 193. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para
hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las
correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en
contrario se tendrá por no escrita. […]”.
63
La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 9 de marzo de 2017 consideró que “[…] no puede tenerse por
confesado un hecho proveniente de la manifestación efectuada por el apoderado judicial del demandado en la contestación
de la demanda referente al voto afirmativo en la aprobación del proyecto de acuerdo que se convertiría en el Acuerdo núm.
073 de 2002, por cuanto no es posible aplicar el artículo 193 del Código General del Proceso, al ser incompatible con la
naturaleza sancionatoria de los procesos contencioso-administrativos con pretensión de pérdida de investidura […]”.
64
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. El proyecto de ordenanza núm. 013 de 2024 luego de ser aprobado
se convirtió en la Ordenanza núm. 12 de 23 de julio de 2024.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, contemplando “[…] los
límites y condiciones establecidas en la Ley 617 de 2000 y 819 de 2003 […]” y que,
una vez liquidado el presupuesto general de rentas y recursos de capital y gastos
del departamento de Vichada, se ordenaba lo siguiente:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Adicionar al Presupuesto de INGRESOS de la vigencia
fiscal 2024 el valor de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($42.491.662.301,89) correspondiente al
Superávit Fiscal generado al cierre de la vigencia 2023, conforme al siguiente detalle:

[…]

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al Presupuesto de GASTOS del Departamento de
Vichada de la vigencia fiscal 2022 el valor de CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS UN PESOS CONOCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE
($42.491.662.301,89) correspondiente a Superávit Fiscal generado al cierre de la
vigencia 2023, conforme al siguiente detalle:

[…]

ARTICULO TERCERO: El presente Proyecto de Ordenanza rige a partir de la fecha
de sanción y promulgación. […]”. (Negrilla del texto).

122. Dicho documento fue acompañado de: i) la exposición de motivos del proyecto
de ordenanza; ii) la Certificación expedida por el Contador – Tesorero y Profesional
Universitario de la Secretaría de Hacienda del departamento de Vichada donde
constan los saldos a 31 de diciembre de 2023 y se detalla número de cuenta
bancaria, código de recurso, tipo de cuenta, banco, nombre de la cuenta y superávit;
y iii) del Acta CODFIS núm. 002 de 27 de mayo de 202465.

123. En la exposición de motivos del precitado proyecto de ordenanza se indicó que,
una vez realizado el cierre financiero de la vigencia 2023, se determinaron los saldos
conciliados y que una vez realizado el ejercicio de cierre y descuento conforme los
soportes y certificaciones de las oficinas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad
del departamento, avaladas por la Secretaría de Hacienda Departamental, se
obtiene un saldo final del ejercicio arrojando recursos del balance y que hacen parte
del documento “[…] tanto de ingresos corrientes de libre destinación como
asignaciones con destinación específica para inversión del Departamento que
requieren ser incorporados al Presupuesto de la actual vigencia 2024 como
excedentes del balance- superávit de la vigencia 2023. […]”. (Negrilla fuera de
texto).

124. Se indicó en la exposición de motivos que se requería reconocer como recursos
del balance el superávit fiscal que asciende a $42.491.662.301,89, incorporándolos
al presupuesto de la vigencia 2024 y “[…] respetando la destinación de los
recursos […]”. Agregó que “[…] las rentas más representativas del superávit son
aquellas que tienen destinación específica por ley o por ordenanza, las (sic) cuales

65
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia.

29

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

no se han realizado en algunos casos la ejecución de los recursos por la limitación
que han tenido por la destinación de la reglamentación. […] Otra de las rentas con
más superávit son los recursos Desahorro Fonpet para pensionados, los cuales se
utilizan para el pago de las nóminas de pensionados. […]” y, por último, que “[…]
Entre otras rentas con un valor representativo están los Ingresos Corrientes de Libre
Destinación, el cual se distribuye en los rubros que a la fecha se le deben realizar
ajustes presupuestales para continuar con la respectiva ejecución de estos
recursos. […]”. (Negrilla fuera de texto).

125. Se aportó el Acta CODFIS núm. 002 de 27 de mayo de 2024 del Consejo
Departamental de Política Fiscal, mediante la cual se procedió por los integrantes
del Consejo a revisar y analizar los recursos del balance como resultado del cierre
del ejercicio fiscal y los ingresos extraordinarios de la vigencia, para ser certificados
por la Secretaría de Hacienda del departamento, el Contador, el Tesorero y el
Profesional de la Oficina de Presupuesto, para la incorporación al Presupuesto
General del Departamento, vigencia 2024.

126. En el acápite decisión del acta se indicó lo siguiente: “[…] Después de analizado
cada una de las cuentas que harán parte del Superávit de la vigencia 2023, los
miembros del CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLITICA FISCAL – CODFIS
otorgan concepto favorable para la incorporación de recursos SUPERAVIT 2023 al
Presupuesto del Departamento de Vichada para la vigencia 2024. […]”.

127. Se encuentra probado que en la Asamblea Departamental de Vichada se realizó
la socialización del proyecto de ordenanza núm. 13, a cargo de los respectivos
secretarios de Hacienda, de Gobierno, de Infraestructura, de Salud, de Planeación
y Desarrollo, de Cultura y Turismo, de Educación, de Agricultura y Desarrollo
Económico y de Asuntos Étnicos; y del Instituto Departamental de la Recreación y
el Deporte – IDERVICHADA, todo lo cual consta en el acta de sesión extraordinaria
núm. 100 de 8 de julio de 2024 y en el acta de sesión ordinaria núm. 104 de 17 de
julio de 202466.

128. En la primera, los diputados solicitaron claridad sobre la inversión de dineros
públicos en proyectos para la protección del adulto mayor, el sector agricultura y la
población en condición de discapacidad, entre otros, y la Secretaría de Hacienda
Departamental indicó que “[…] Se dio un valor de superávit de $42.491.662.301,89,
pero la mayor cantidad de este dinero es destinación especifica, son dineros
que no se pueden utilizar en diferentes proyectos. Tenemos una relación de
$39.000.000.000 de destinación especifica. […]”. (Negrilla fuera de texto).

129. En la segunda sesión se explicó que los recursos se destinarían a diversos
proyectos en las áreas de infraestructura energética, infraestructura social,
transporte e infraestructura vial, mejoramiento de la malla vial, construcción de
unidades sanitarias en zona rural dispersa del departamento, mejoramiento de
infraestructura educativa, vigilancia epidemiológica y en salud pública.

66
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia.

30

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

130. Asimismo, se indicó que algunas de las secretarías, entre ellas las de
Planeación y Desarrollo Territorial; y de Gobierno y Administración, utilizarían
recursos del balance de libre destinación, para gastos de funcionamiento.

131. Se resaltó que una parte importante de los recursos de las áreas salud y
educación tenían limitaciones por tratarse de recursos de destinación específica.
Sin embargo, el análisis de estas pruebas no evidencia la destinación de recursos
de balance conformados por los saldos de apropiación financiados con recursos de
destinación específica, para financiar gastos de funcionamiento, en los términos
prescritos por el precitado literal d) del parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617.

132. El 19 de julio de 2024 se presentó informe de ponencia67 para primer debate del
proyecto de ordenanza núm. 013, a cargo de la diputada Aleida Forero Fernández.

133. En dicho informe se indicó que la Secretaría de Hacienda del departamento
determinó “[…] los saldos reales que una vez cerrada la vigencia fiscal 2023
requieren ser reconocidos como Recursos de balance dentro de todas las unidades
ejecutoras de la gobernación del vichada, respetando la destinación de los
recursos […]”, encontrando un superávit fiscal de $42.491.662.301,89 pesos M/cte.
que requieren ser incorporados al presupuesto. (Negrilla fuera de texto).

134. Se indicó que para la incorporación de estos recursos se evaluaron y analizaron
las metas del Plan de Desarrollo del departamento y se enfocaron en la optimización
de los recursos y el mayor impacto social de inversión y se reiteró lo expuesto en la
exposición de motivos en torno a que:

“[…] las rentas más representativas del superávit son aquellas que tienen destinación
específica por ley o (sic) ordenanza, las cuales no se han realizado en algunos casos
la ejecución de los recursos por la limitación que han tenido por la destinación de la
reglamentación. Otra de las rentas con más superávit son los recursos Desahorro
FONPET para pensionados, los cuales se utilizan para el pago de las nóminas de
pensionados. Entre otras rentas con un valor representativo están los Ingresos
Corrientes de Libre Destinación, el cual se distribuyen en los rubros que a la fecha se
le deben realizar ajustes presupuestales para continuar con la respectiva ejecución
de estos recursos […]”.

135. Precisado lo anterior, el informe de ponencia presentó las siguientes
observaciones: i) que se elimine un considerando y se adicione el preámbulo del
proyecto de ordenanza con el propósito de que se clarifique el sustento normativo y
jurisprudencial que otorga competencia para expedirla; ii) que se modifique un error
aritmético del año contenido en el artículo primero; iii) se realice una corrección por
error en el orden de un rubro; iv) se adicione la tabla de ingresos de la vigencia fiscal
2024 con información sobre código de fuente y descripción y nombre de fuente; v)
se adicione al artículo segundo las casillas de BPIN, objeto, unidad ejecutora,
nombre de fuente y código fuente; y vi) se cree un artículo con el objeto de que se
presente un informe de gestión, ejecución e inversión de los recursos autorizados.

67
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia.

31

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

136. Consta en el acta núm. 021 de 19 de julio de 2024 de la Comisión Segunda de
Hacienda Pública de la Asamblea Departamental de Vichada, que se aprobó en
primer debate el proyecto de Ordenanza núm. 01368.

137. El 23 de julio de 202469 se presentó el informe de ponencia para segundo debate
del proyecto de ordenanza núm. 013, todo lo cual consta en el acta de sesión
ordinaria núm. 106 de 2024. En dicha sesión se reiteró el informe de ponencia de
primer debate, se explicó el trámite surtido por el proyecto de ordenanza, las
modificaciones realizadas al proyecto, el registro de un superávit que requiere ser
incorporado al presupuesto vigente derivado de las rentas del balance derivadas de
ingresos corrientes de libre destinación, así “[…] como asignaciones con
destinación específica […]”, clarificando que estas últimas son “[…] para
inversión […]” y no para funcionamiento, lo cual evidencia que las actuaciones
realizadas por los diputados se orientaron al cumplimiento del mandato previsto en
el literal d) del parágrafo 1.° del artículo 3 de la Le 617. (Negrilla fuera de texto).

138. Posteriormentese realizó el debate correspondiente por la plenaria de la
asamblea departamental, con participación de los diputados accionados, y se indicó
en el punto núm. 7. que “[…] Se dio lectura y fue puesto en consideración la
exposición de motivos, el título, preámbulo y artículo por artículo del proyecto de
ordenanza No. 013 de 2024 para segundo debate […] y fue aprobado por lo
Honorables Diputados, y pasa para sanción del señor Gobernador. […]”.

139. En efecto, se aportó al proceso copia de la Ordenanza núm. 12 de 23 de julio
de 202470, acompañada de: i) la certificación expedida por el Presidente de la
Asamblea Departamental de Vichada en la que se indica que esta fue aprobada en
dos debates, el primero ante la Comisión de Hacienda Pública el 19 de julio de 2024
y, el segundo, en plenaria del 23 de julio de 2024; y ii) el acta de sanción por parte
del Gobernador del Departamento de Vichada, de 23 de julio de 202471.

140. En su recurso de apelación, el accionante indicó que se encuentra probada la
indebida destinación de dineros públicos porque la Ordenanza núm. 12 de 23 de
julio de 2024 no cumplió con el mandato previsto en el literal d) del parágrafo 1.° del
artículo 3.° de la Ley 617 y que prueba de ello fue la expedición de la Ordenanza
núm. 17 de 8 de septiembre de 2024.

141. En relación con la expedición de la Ordenanza núm. 17 de 2024, se encuentra
probado que la Secretaría de Hacienda del departamento de Vichada presentó

68
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.
69
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.
70
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y
GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, RECURSOS POR CONCEPTO DE
SUPERÁVIT FISCAL AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023 […]”.
71
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.

32

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

proyecto de ordenanza núm. 020 de 202472, ante la Asamblea Departamental de
Vichada, el 26 de agosto de 202473.

142. Dicho proyecto se acompañó de la exposición de motivos y los anexos núms. 1
y 2 del proyecto; y del acta CODFIS núm. 003 de 20 de agosto de 2024.

143. En los considerandos del proyecto de ordenanza, que guardan armonía con las
consideraciones y aprobaciones del Consejo Departamental de Política Fiscal, se
plasmó en concreto lo siguiente:

“[…] Que de acuerdo con lo preceptuado en numeral 6 del artículo 119 de la ley 2200
de 2022; el gobernador presentó a la Asamblea Departamental el 26 de junio del
2024, el proyecto de ordenanza que tenía como propósito la ADICION AL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS
DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024,
RECURSOS POR CONCEPTO DE SUPERÁVIT FISCAL AL CIERRE DE LA
VIGENCIA 2023; por valor de Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Dos
Millones Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Un Pesos Con Ochenta Y Nueve
Centavos ($42,491,662,301.89). Este proyecto presentaba dentro su contenido
un componente del gasto del proyecto de ordenanza, con apalancamiento para
gastos de funcionamiento, con recursos del balance de libre destinación por la
suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS M/CTE ($1,790,808,558.53); cabe señalar que la entidad se acoge a lo
preceptuado en el artículo 4 de la ley 617 de 2002, en lo que respecta al valor máximo
de sus gastos de funcionamiento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 literal d) (sic) de la ley 617 de 2000;
el literal a) del artículo 10.5 de la ordenanza 027 de 2001 (sic) y el concepto CGR-
OJ-134 2023 emitido por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la Republica
• CGR que determina la prohibición de financiar gastos de funcionamiento con
recursos del balance; la Secretaria de Hacienda presentó ante el señor Gobernador
la iniciativa de subsanar esta falencia establecida en la ordenanza No 012 del 13 de
julio que aprobó la ADICION AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS,
RECURSO5 DE CAPITAL Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA PARA
LA VIGENCIA FISCAL 2024, LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE SUPERÁVIT
FISCAL AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023, solo en lo referente a los gastos de
funcionamiento financiados con recursos del balance correspondiente al
superávit fiscal de la vigencia 2023, de los recursos de libre destinación por valor
de MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS M/CTE ($1,790,808,558.53). […]”. (Negrilla fuera de texto).

144. La exposición de motivos de dicho proyecto explicó
adicionalmente que la
ordenanza núm. 12 de 2024 “[…] incluía un componente de gasto con, (sic) con
apalancamiento para gastos de funcionamiento con recursos del balance de
libre destinación por la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES
OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1,790,808,558.53) […]”.

72
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA No. 012 DE 2024, POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA
AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, RECURSOS POR CONCEPTO DE SUPERÁVIT FISCAL AL CIERRE DE LA VIGENCIA
2023. […]”.
73
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.

33

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

145. Agregó a lo anterior que teniendo en cuenta la normativa que rige la materia y
el concepto CGR – OJ – 134 2023 de la Contraloría General de la República “[…]
que determina la prohibición de financiar gastos de funcionamiento con recursos del
balance […]” se procedía a presentar dicha iniciativa con el objeto de “[…] subsanar
esta falencia, modificando la ordenanza No. 012 del 13 de julio de 2024 en lo
relativo a los gastos de funcionamiento financiados con recursos de libre
destinación por valor de MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES
OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1,790,808,558.53) […]”. (Negrilla fuera
de texto).

146. La naturaleza de recursos de balance provenientes de saldos de libre
destinación y no de destinación específica fue reiterada en los debates realizados
ante la Comisión Segunda de Hacienda Pública del departamento, a saber: i) la
sesión extraordinaria realizada el 2 de septiembre de 2024, en la cual se socializó
por la Secretaría de Hacienda del departamento de Vichada el proyecto de
ordenanza núm. 020 de 202474, lo cual consta en el acta núm. 119 de 2024; ii) en
el informe de ponencia positiva para primer debate de 3 de septiembre de 2024,
elaborado por la diputada Aleida Forero Fernández75; y iii) en la sesión de 3 de
septiembre de 2024 realizada por la Comisión Segunda de Hacienda Pública, donde
se aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza núm. 020 de 2024 76, lo cual
consta en el acta de comisión núm. 026 de 2024.

147. En especial, la Sala resalta que la Secretaria de Hacienda del departamento de
Vichada en la sesión extraordinaria realizada el 2 de septiembre de 2024, indicó que
la finalidad de la modificación propuesta a la Ordenanza núm. 12 de 2024 tenía por
objeto acatar un concepto del año anterior expedido por la Contraloría General de
la República, evitar posibles errores mediante el cumplimiento de la Ley 617 y lograr
la certificación del departamento en esa ley.

148. Asimismo, indicó que la modificación era viable en atención a que los recursos
del balance provenientes de saldos de libre disposición que habían sido aprobados
para gastos de funcionamiento “[…] no se han tocado, está el valor completo […]”
y, por ende, era procedente realizar el ajuste para dirigirlos a gastos de inversión.
De la intervención que consta en el acta se resalta lo siguiente:

“[…] Les voy a hacer un breve resumen de qué trata este proyecto de ordenanza.
Teniendo en cuenta que ha sido aprobado por la Honorable Asamblea los recursos
de capital y gastos del Departamento de Vichada para la vigencia fiscal 2024 por
concepto de superávit al cierre de la vigencia 2023, esta Ordenanza fue aprobada por
un valor de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLON
(sic) SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS. ($42.491.662.301,89).

74
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.
75
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.
76
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.

34

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

En esta Ordenanza aprobada teníamos unos recursos de ingresos corrientes de
libre destinación, donde un porcentaje siempre era utilizado en gastos de
funcionamiento, y otra parte en inversión de acuerdo a los proyectos que se
tenían estipulados. En ese momento cuando se aprobó la Ordenanza nosotros
solicitamos que fuera incluido un valor de MIL SETECIENTOS NOVENTA
MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($1.790.808 558,53) M/CTE en los
gastos de funcionamiento correspondiente al (70%) de estos ingresos
corrientes de libre destinación.

Teniendo en cuenta que este año salía la certificación de Departamentos, de acuerdo
a la Ley 617, después de pasado este proyecto de ordenanza y después de ser
aprobado por la Honorable Asamblea, evidenciamos que el Departamento de Vichada
ha sido descertificado por Ley 617, (sic) al hacer nosotros la consulta y la tramitología
pertinente para saber los motivos por los cuales no habíamos sido certificados por
Ley 617, nos manifiestan que es por haber utilizado recursos del balance, o sea
recursos de superávit en gastos de funcionamiento, el año pasado también se utilizó
recursos del balance en funcionamiento, por lo tanto con el ánimo de subsanar,
porque siempre se venía haciendo por costumbre y no se había tenido en cuenta
una circular del año pasado de la Contraloría, desde la Secretaría de Hacienda
tomamos la iniciativa de solicitar a la Honorable Asamblea que estos recursos
que habíamos dejado para gastos de funcionamiento, ser trasladados a
inversión y así evitar seguir cometiendo este error y poder subsanar para que
el siguiente año no vayamos a tener este mismo problema.

En ese orden de ideas, al momento de hacer el Decreto de liquidación de esta
Ordenanza de superávit, únicamente se ingresó y se hizo Decreto de liquidación de
los gastos de inversión, el valor de funcionamiento que fue aprobado por
superávit no se ha tocado, está el valor completo y por eso estamos el día de
hoy solicitando a la Honorable Asamblea que nos apruebe esta modificación de
esta Ordenanza para incluir estos gastos de funcionamiento que se habían dejado en
proyectos de inversión y así evitar un posible error para que el próximo año de
pronto nos vuelvan a decir que no nos certifican de acuerdo a Ley 617. […]”.
(Negrilla fuera de texto)

149. La naturaleza de los recursos de balance fue analizada igualmente en el marco
del segundo debate ante la plenaria de la Asamblea Departamental de Vichada,
como consta en el acta de sesión ordinaria núm. 125 de 8 de septiembre de 2024,
en la cual se aprobó el proyecto de ordenanza núm. 020 de 2024, en los términos
anteriormente indicados77.

150. Con ocasión del trámite anterior se expidió y sancionó la Ordenanza núm. 017
de 8 de septiembre de 202478, mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“[…] Artículo 1°: Contra acreditar la sección de funcionamiento Presupuestos de
GASTOS de la vigencia fiscal 2024 el valor de MIL SETECIENTOS NOVENTA
MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1.790.808.558,53)
correspondiente al Superávit Fiscal generado al cierre de la vigencia 2023, conforme
al siguiente detalle:

77
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.
78
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE, LA ORDENANZA No. 12 DE 2024, POR MEDIO DE LA
CUAL SE ADICIONA AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL
DEPARTAMENTO DE VICHADA, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, RECURSOS POR CONCEPTO DE SUPERAVIT
FISCAL AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023. […]”.

35

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

[…]

Artículo 2: Acreditar a la sección de Inversión Presupuesto de GASTOS del
Departamento de Vichada de la vigencia fiscal 2024 el valor de MIL SETECIENTOS
NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1.790.808 558,53),
correspondiente a Superávit Fiscal generado al cierre de la vigencia 2023, conforme
al siguiente detalle:

[…]”79.

151. Teniendo en cuenta que uno de los fundamentos del proyecto de ordenanza
núm. 020 de 2024, que culminó con la expedición de la Ordenanza núm. 17 de 2024

79
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.

36

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

fue el de seguir los lineamientos de la Contraloría General de la República,
expuestos en el concepto CGR–OJ–134 2023, y evitar posibles errores, se resalta
que al proceso se aportó copia del concepto núm. CGR-OJ-134 de 12 de febrero de
202380 expedido por el director de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de
la República, con asunto: “[…] Definición de ingresos corrientes y recursos de
capital. - Recursos para cubrir los gastos de funcionamiento […]”, dirigido a la
directora de Cuentas y Estadísticas Fiscales de la Contraloría Delegada para
Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República81.

152. En el concepto se resolvió a título de problema jurídico el siguiente interrogante:
“[…] ¿Según el artículo 3° de la Ley 617 de 2000 las entidades territoriales pueden
financiar sus gastos de funcionamiento con recursos del balance de rentas que son
de libre destinación?” […]”.

153. En primer orden, el concepto indicó en el acápite “[…] 2. Alcance del concepto
y competencia de la Oficina Jurídica […]” que “[…] Los conceptos emitidos por la
Oficina Jurídica de la CGR, son orientaciones de carácter general que no
comprenden la solución directa de problemas específicos, ni el análisis de
actuaciones particulares. […] En cuanto a su alcance, no son de obligatorio
cumplimiento o ejecución ni tienen el carácter de fuente normativa y solo
pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas
jurídicas vigentes, en materia de control fiscal […]” y que, en ese orden, lo que se
busca con este es orientar a las dependencias de la Contraloría General de la
Republica en la correcta aplicación de las normas que rigen para la vigilancia de la
gestión fiscal y asesorar jurídicamente a las entidades que ejercen el control fiscal
en el nivel territorial y a los sujetos pasivos de vigilancia cuando estos lo soliciten.
(Negrilla fuera de texto).

154. En segundo orden, luego de analizar el precedente doctrinal de esa misma
oficina y de presentar las consideraciones jurídicas que fundamentarían sus
conclusiones, el concepto concluye lo siguiente:

“[…] 5. Conclusiones

5.1. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 617 de 2000, los gastos
de funcionamiento deben cubrirse con los ingresos corrientes de libre destinación los
cuales tienen un carácter regular y, por tanto, permiten responder al principio de

80
Cfr. Índice 34 del expediente digital de primera instancia.
81
En el concepto se indica que “[…] En el proceso de certificación correspondiente a la vigencia 2022, cuyo plazo venció el
pasado 31 de julio de 2023, el municipio de Imués, Nariño, expresa que no existe restricción alguna en la Ley 617 de 2000
para que el municipio financie sus gastos de funcionamiento con recursos del balance de rentas que son de libre destinación,
argumentando que el parágrafo 1° del artículo 3 de la Ley 617 de 2000 no lo prohíbe, ya que expresamente señala que la
restringe a los recursos del balance de rentas de destinación especifica:
[…]
De acuerdo con el contenido del parágrafo, en especial el literal d, se entendería que la financiación de los gastos de
funcionamiento de las entidades territoriales no se restringe exclusivamente a los ingresos corrientes de libre destinación
(ingresos tributarios y no tributarios) afectados por una ley o acto administrativo a un fin especifico, permitiéndoles financiarlos
además con recursos del balance de rentas de libre destinación, siendo este concepto de recursos de capital y no recursos
corrientes.
Con el ánimo de dirimir las discrepancias con el Municipio de Imués, Nariño elevamos la siguiente consulta a su despacho:
¿Según el artículo 3° de la Ley 617 de 2000 las entidades territoriales pueden financiar sus gastos de funcionamiento con
recursos del balance de rentas que son de libre destinación?”. […]”.

37

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

planeación presupuestal, esto en contraste con lo que ocurriría si se dispusiera cubrir
tales gastos con recursos de capital cuya cuantía es indeterminada.

5.2. Como regla general los recursos de capital se destinan a inversión por su
eventualidad, sin embargo, excepcionalmente y siempre que así lo haya
previsto el legislador, los gastos de funcionamiento podrían cubrirse con
recurso de capital, luego, corresponderá a la Contraloría Delegada para
Economía y Finanzas Publicas, el análisis sobre dicha excepcionalidad en cada
caso, sin que le sea dable al sujeto por certificar, invocar como excepción, el literal d)
del parágrafo 1° del artículo 3 de la Ley 617 de 2000. […]”. (Negrilla fuera de texto).

155. El concepto anterior es claro en cuanto indica: i) que es general y no comprende
la solución de problemas específicos; ii) no es de obligatorio cumplimiento o
ejecución ni tiene el carácter de fuente normativa; y iii) su único propósito es el de
constituirse en un medio para facilitar la interpretación y aplicación de las normas
jurídicas vigentes por parte del órgano de control y de los vigilados.

156. En ese orden, la Sala considera que el hecho de que la Asamblea
Departamental de Vichada hubiere aprobado la ordenanza núm. 17 de 2024, que
modificó la Ordenanza núm. 12 de 2024, con el objeto de acatar el concepto CGR–
OJ–134 2023, no constituye prueba de la indebida destinación de dineros públicos
porque no se probó que los diputados hubieren destinado los recursos del balance
provenientes de saldos de destinación específica para gastos de funcionamiento,
en los términos prohibidos por el literal d) del parágrafo 1.° del artículo 3 de la Ley
617.

157. Por el contrario, se encuentra probado que el objeto de la precitada modificación
normativa se orientó al traslado de los recursos del balance provenientes de saldos
de recursos de libre destinación, con el propósito de ajustar las finanzas del
departamento a la doctrina del órgano de control fiscal, lo cual fue ratificado
posteriormente por la Secretaría de Hacienda del departamento de Vichada.

158. En efecto, la Secretaría de Hacienda del departamento de Vichada certificó el 8
de mayo de 2025 “[…] Que mediante proyecto de ordenanza radicado el 26 de
agosto de 2024, se solicitó a la Honorable Asamblea el traslado de la totalidad
de los recursos provenientes de la FUENTE INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN (ICDL) aprobados mediante ordenanza No 012 del 23 de
julio de 2024, que apalancaban Gastos de Funcionamiento, a la sección de
Gastos de Inversión para su debida ejecución durante la vigencia 2024. Dicho
traslado fue aprobado mediante ordenanza 017 de fecha 08 de septiembre de 2024
[…]”82. (Negrilla fuera de texto).

159. Adicional a lo anterior, la Sala observa que en el proceso rindieron declaración83
la señora Linda Seisned Rodríguez Caro quien tenía la condición de Secretaria de
Hacienda del departamento de Vichada para la época de los hechos; y la señora

82
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.
83
Cfr. Índice 39 del expediente digital de primera instancia.

38

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

Elizabeth Bohórquez Valencia, quien ostentó la condición de secretaria general de
la Asamblea Departamental de Vichada.

160. En relación con el primer testimonio, la Sala resalta que la testigo fue congruente
en indicar y ratificar que los recursos del balance que fueron destinados a gastos de
funcionamiento, mediante la ordenanza núm. 12 de 2024, no provenían de saldos
de recursos de destinación específica, en virtud de la prohibición prevista en el literal
d) del parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617; y que se trataba de saldos de
recursos de libre destinación.

161. Asimismo, indicó que estos recursos del balance provenientes de saldos de libre
destinación, que fueron destinados en un principio a gastos de funcionamiento no
se ejecutaron y que fueron destinados a gastos de inversión, mediante la Ordenanza
núm. 17 de 2024.

162. En efecto, al ser interrogada por el juez y por las partes, la señora Rodríguez
Caro indicó lo siguiente:

“[…] MAGISTRADO: El objeto de debate en el presente caso es que en el año 2024
se gestó la formación de la Ordenanza 012 de 2024 y posteriormente se gestó la
Ordenanza 020 de 2024. Ambas tocaron el tema de una adición al presupuesto de
unos recursos del balance 2023. Cuéntenos cuál es el proceso en el Ejecutivo para
para la […] hechura del proyecto y para presentarlo y eventualmente, desde su punto
de vista, los posibles entuertos que son objeto de estudio en este medio de control de
pérdida de investidura y quiénes intervienen en el Ejecutivo y quiénes intervienen de
manera razonada concienzuda en la elaboración del proyecto y en el debate.
Cuéntenos, cuéntenos esa parte de la historia, por favor.

RESPONDE: […] Bueno, entonces le decía que según la ley 617, donde indica
que no se pueden financiar gastos de funcionamiento con recursos del balance
de destinación específica. En este entendido, los saldos que iban para
funcionamiento en esta ordenanza no pertenecían a destinación específica,
eran saldos de libre destinación. Por tanto, se pasó pues este proyecto de
ordenanza bajo ese entendido, dando cumplimiento a la ley ante la honorable
Asamblea departamental.

Después de haber sido aprobada esta ordenanza conocimos dentro de la Secretaría
de Hacienda un concepto emitido por la Oficina Jurídica de la Contraloría General,
que es el concepto CGR OJ 134 de 2023, donde pues teníamos, lo leímos y creímos
que no era clara la interpretación de la ley, ya que pues ahí también decía y
mencionaba lo de la ley 617, que en ningún caso podrían financiarse gastos de
funcionamiento con recursos del balance de destinación específica. En este
entendido nosotros pues identificamos que los valores que iban a
funcionamiento nunca fueron de destinación específica, eran de libre
destinación, pero sin embargo, como no teníamos pues claridad en la
interpretación de este concepto y de la ley se tomó la decisión en conjunto con
el equipo de Secretaría de Hacienda de presentarle la iniciativa al señor
Gobernador y que solicitáramos a la Asamblea una modificación de esta
ordenanza para que estos valores que estaban en funcionamiento fuesen
trasladados al sector de inversión y de pronto evitar un posible error, porque
pues no teníamos clara la interpretación de la ley. Entonces por eso de se decidió en
ese momento, solicitar ante la Asamblea […] modificación de esos valores, pues cabe
aclarar también que cuando fue aprobada la ordenanza 012, estos recursos de
funcionamiento no fueron ejecutados y en su totalidad fueron trasladados al

39

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

sector de inversión en la misma cuantía que habían sido aprobados para
funcionamiento de la ordenanza 012. […]”. (Resaltado de la Sala).

163. La testigo indicó que la iniciativa de la modificación de la Ordenanza núm. 012
de 2024 tuvo lugar con ocasión de un concepto de la Contraloría General de la
República expedido en el año 2023, a saber, el concepto CGR-OJ-134 de 2023,
que, según señala la testigo, era desconocido por la administración departamental
para la fecha en que se presentó y aprobó la primera ordenanza.

164. Agregó a lo anterior que la medida de modificación atendió a la finalidad de, ante
la incertidumbre, corregir o evitar errores con el objeto de mantener saneadas las
finanzas del departamento. En efecto, la testigo declaró lo siguiente:

“[…] PREGUNTA: a los tiempos que ustedes encontraron entre la aprobación de la
Ordenanza 12 y la presentación del proyecto 20 que dio origen a la Ordenanza 17,
pues ya lo mencionó la doctora, pero fue básicamente el concepto de la Contraloría
lo que los llevó a ustedes a formular el proyecto, verdad?

RESPONDE: Sí señor, básicamente fue este concepto que nos llevó a tomar esta
decisión en conjunto y al no tener la claridad total, […] decidimos hacerlo para así
de pronto, más adelante evitar cualquier contratiempo y pues cualquier error que se
pudiese cometer.

Entonces se tomó la decisión. Igualmente, como decía anterior… cuando se decidió
llevar los recursos al funcionamiento, también se tuvo en cuenta que esto pues
no excediera el límite del gasto […] permitido, pero si lo que nos llevó como
hacer esa modificación, a tomar esa iniciativa, fue ese concepto de la
Contraloría. Que si bien pues no lo teníamos claro en su totalidad, decidimos hacerlo,
pues para evitar cualquier contratiempo.

[…]

RESPONDE: Doctor, no sé si le entendí muy bien la pregunta, pero bueno, sí.
Efectivamente, los valores de 1.790 millones que inicialmente en la ordenanza
012 fueron aprobados para funcionamiento, la totalidad correspondía a
recursos de libre destinación. Estos recursos en su totalidad fueron
incorporados a sección de inversión para proyecto de inversión en la ordenanza
017.

[…]

MINISTERIO PÚBLICO: En síntesis, definitivamente los recursos nunca fueron de
designación específica. Su origen, ¿cierto?

RESPONDE: correcto.

[…]

MINISTERIO PÚBLICO: Otra pregunta de precisión, a ver si le entendí. En síntesis,
los recursos que ustedes aprobaron en la ordenanza, en la primera ordenanza
denominada ordenanza 012, ¿no se ejecutaron?

RESPUESTA: correcto.

MINISTERIO PÚBLICO: ¿No fueron ejecutados?

40

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

RESPONDE: No, no. No fueron ejecutados. […]”. (Resaltado de la Sala)

165. La señora Elizabeth Bohórquez Valencia, por su parte, manifestó en su
declaración que no acompañó muy de cerca el trámite del proyecto de ordenanza.
Asimismo, realizó algunas declaraciones que versaron principalmente sobre las
condiciones personales y profesionales de los diputados, el apoyo técnico y jurídico
con que contaban los mismos de cara al trámite de los proyectos de ordenanza
sometidos a su consideración y percepciones sobre lo que, en su criterio, es una
regla de imparcialidad en el trámite de las ordenanzas al interior de la Asamblea
Departamental de Vichada.

166. De conformidad con el artículo 167 de la Ley 1564 84, corresponde al solicitante
de la pérdida de investidura probar los requisitos concurrentes que se exigen para
estructurar el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos.

167. En ese orden, en un marco respetuoso del principio de congruencia y de
conformidad con esa normativa, el accionante tenía la carga de probar que los
diputados al expedir la Ordenanza núm. 12 de 2024 no solo financiaron gastos de
funcionamiento con recursos del balance, sino que estos recursos provenían o se
encontraban conformados por saldos de recursos de destinación específica, los
cuales, de conformidad con el parágrafo 1.° del artículo 3 de la Ley 617, son aquellas
rentas “[…] destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado. […]”85.

168. La Sala considera que el accionante no probó que los diputados al expedir la
ordenanza núm. 12 de 2024 hubieren desconocido el mandato previsto en el
precitado literal d) del parágrafo 1.° del artículo 3 de la Ley 617 y con ello que
hubieren incurrido en indebida destinación de dineros públicos.

169. Las pruebas aportadas al proceso, en especial, los proyectos de ordenanza
núms. 13 y 20 de 2024, con sus respectivas exposiciones de motivos, anexos y los
debates que constan en los audios y en las actas de sesiones ordinarias y
extraordinarias, así como los testimonios rendidos en el proceso, en especial el
testimonio de la señora Linda Seisned Rodríguez Caro, quien fungió para la época
de los hechos como Secretaria de Hacienda del Departamento de Vichada,
evidencian que si bien la Ordenanza núm. 12 de 23 de julio de 2024 había destinado
recursos del balance del año 2023 para financiar gastos de funcionamiento en la
vigencia 2024, estos provenían de saldos de rentas de libre destinación y no de
destinación específica.

170. Lo anterior fue ratificado en la certificación expedida el 8 de mayo de 2025 por
la Secretaría de Hacienda del Departamento de Vichada en la que se indicó que el

84
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1881.
85
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-579 de 5 de junio de 2001 declaró la exequibilidad condicionada de la
expresión “o acto administrativo” en el sentido de que sólo cobija aquellos actos administrativos válidamente expedidos por
las corporaciones públicas del nivel territorial -Asambleas y Concejos-, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de
esa providencia.

41

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

proyecto de ordenanza núm. 020, radicado el 26 de agosto de 2024, tenía como
propósito “[…] el traslado de la totalidad de los recursos provenientes de la FUENTE
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICDL) aprobados mediante
ordenanza No 012 del 23 de julio de 2024, que apalancaban Gastos de
Funcionamiento, a la sección de Gastos de Inversión […]” para su debida ejecución
en la vigencia 2024 y con el propósito de seguir las directrices establecidas por un
concepto expedido por la Contraloría General de la República.

171. Así las cosas, no se encuentra probado que los diputados hubieren incurrido en
la prohibición prevista en el literal d) del parágrafo 1.° del artículo 3.° de la Ley 617
y con ello que hubieren destinado los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados; a objetos, actividades o propósitos autorizados pero
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; o a objetos,
actividades o propósitos expresamente prohibidos, razón por la cual se considera
irrelevante para la presente controversia la determinación de si los dineros públicos
fueron o no ejecutados, en los términos expuestos en el recurso de apelación.

172. De acuerdo con todo lo anterior y atendiendo los hechos probados, la Sala
considera que, en este caso, los diputados de la Asamblea Departamental de
Vichada, señores Héctor Efraín Méndez Baquero, Luis Alejandro Gaitán, Blanca
Nury Monroy Lucas, Piterson Rafael Beltrán Vélez, Aleida Forero Fernández, Jorge
Eliecer Verano Buitrago, Josué Alexander Molina Díaz, Camilo Andrés Bonilla
Álvarez, Javier Fernando Pérez Rojas, Jairo Rincón Guachón y Luis Carlos Álvarez
Morales, no incurrieron en indebida destinación de dineros públicos porque no se
probó que al expedir la Ordenanza núm. 12 de 23 de julio de 2024 hubieren
destinado recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación
financiados con recursos de destinación específica, para financiar gastos de
funcionamiento.

173. En esas condiciones, al no haberse probado el tercer supuesto exigido para la
configuración de la causal de pérdida de investidura endilgada a los diputados, la
Sala considera que no se configura el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, prevista en los artículos
183, numeral 4., de la Constitución Política; 48, numeral 4., de la Ley 617; y 60,
numeral 4., de la Ley 2200.

174. Consecuencialmente, la Sala queda relevada de analizar el elemento subjetivo
de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos,
toda vez que este estudio procede en el evento de que se encuentre configurado el
elemento objetivo, lo cual no ocurrió en este caso.

II.5.2. La configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del
régimen de conflicto de intereses en el caso concreto

175. Para efectos de la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses se deben probar

42

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

los siguientes supuestos concurrentes, a saber: i) que las personas señaladas de
adelantar la actuación violatoria del régimen del conflicto de intereses ejerzan o
hayan ejercido la investidura de diputado; ii) la existencia de un interés directo,
actual, particular o inmediato de los diputados o de alguna de las personas
señaladas en la ley, de orden moral o económico; y iii) la participación efectiva en
el respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento o sin haber sido
recusado.

176. Partiendo de que se encuentra probado que los accionados fueron elegidos
como diputados del departamento de Vichada para el periodo 2024 – 2027, la Sala
considera que se cumple el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura y, por ende, procederá al estudio del segundo supuesto.

II.5.2.1. La existencia de un interés directo, particular y actual de los diputados
o alguna de las personas señaladas en la ley, de orden moral o económico

177. De acuerdo con los argumentos planteados en el recurso de apelación, debe
analizarse si se presentó en los diputados un interés constitutivo de pérdida de
investidura, para lo cual se debe recordar que este debe ser directo, particular y
actual.

178. Esdirecto, “[…] aquel que se produzca de forma específica respecto del
diputado, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro
del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. […]”86.

179. Es particular, aquel beneficio “[…] que otorga un privilegio o genera ganancias
o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del diputado de
las que no gozan el resto de los ciudadanos. […]”87.

180. Es actual, aquel “[…] que efectivamente se configura en las circunstancias
presentes y existentes al momento en el que el diputado participa de la decisión.
[…]”88.

181. Debe señalarse que corresponde al solicitante de la pérdida de investidura
probar los requisitos concurrentes que se exigen para estructurar el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto
de intereses, de conformidad con el artículo 167 de la Ley 156489 y, en especial,
que el interés que se atribuye sea directo, particular y actual.

182. Se encuentra probado que la Ordenanza núm. 017 de 8 de septiembre de 2024
se expidió con el objeto de modificar la Ordenanza núm. 12 de 2024, que había
adicionado al Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y Gastos del

86
Literal c) del inciso primero del artículo 56 de la Ley 2200.
87
Literal a) del inciso primero del artículo 56 de la Ley 2200.
88
Literal b) del inciso primero del artículo 56 de la Ley 2200.
89
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1881.

43

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

departamento de Vichada para la vigencia fiscal 2024, recursos por concepto de
superávit fiscal al cierre de la vigencia 2023.

183. Asimismo, que la expedición de la ordenanza tenía como propósito acatar un
concepto expedido por la Contraloría General de la República en el año 2023,
ajustar el presupuesto del departamento, evitar posibles errores mediante el
cumplimiento de la Ley 617 y lograr la certificación del ente territorial.

184. La facultad de las asambleas departamentales de expedir y modificar el
presupuesto se deriva del numeral 5. del artículo 300 de la Constitución Política,
que establece que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de
ordenanzas, expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el
presupuesto anual de rentas y gastos. Asimismo, del artículo 19 de la Ley 2200
según la cual corresponde a estas mismas corporaciones la función de expedir,
interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de su competencia.

185. Por tratarse de actos relacionados con el presupuesto, se reitera, este se
constituye en un mecanismo de racionalización de la actividad estatal y en esa
medida cumple funciones redistributivas, de política económica, planificación y
desarrollo. Asimismo, el presupuesto es un instrumento de gobierno y de control y
una expresión de la separación de poderes y del sometimiento del Gobierno a la ley
en materia de gastos y de inversión de los dineros del erario90.

186. Lo anterior resulta relevante en el caso concreto porque la prosperidad de la
causal de pérdida de investidura objeto de estudio requiere que se identifique el
provecho específico, de tipo moral o económico, o de cualquier otro orden que le
reporta al diputado el adoptar una decisión o participar en la aprobación de una
ordenanza en materia presupuestal.

187. Ello resulta relevante en el caso concreto porque el numeral 1. del artículo 60
de la Ley 2200 establece que para efectos de la pérdida de investidura “[…] No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]”.

188. En otras palabras, se trata de un interés que genera un impacto que afecta a los
diputados en igualdad de condiciones que al conglomerado social, en la medida en
que se busca satisfacer y dar cumplimiento a los fines del Estado.

189. La Sala considera adicionalmente que, en todo caso, no se probó la existencia
de un interés directo, particular y actual de los diputados, derivado de su
participación en el trámite, debate y votación del precitado proyecto de ordenanza,
por las siguientes razones:

190. No está probado el interés calificado, en los términos señalados por la ley y la
jurisprudencia de esta Corporación, en la medida en que el trámite de aprobación

90
Corte Constitucional explicó en la sentencia C-685 de 5 de diciembre de 1996. M.P. doctor, Alejandro Martínez Caballero.

44

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

de la Ordenanza núm. 17 de 2024 obedece al ejercicio de las funciones
constitucionales, legales y reglamentarias de la Asamblea Departamental de
Vichada, que se orientó a modificar el presupuesto departamental con el objeto de
seguir los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República, en
el concepto núm. CGR-OJ-134 de 12 de febrero de 202391.

191. No se argumentó ni se evidencia un beneficio económico o moral para alguno
de los diputados acusados o sus parientes en los grados establecidos en la ley; y el
interés que invoca el accionante, relativo a que los miembros de la corporación
pública de elección popular actuaron con el propósito de evitar una demanda de
perdida de investidura, una queja disciplinaria o una denuncia penal, resulta ser en
criterio de la Sala eventual, hipotético e incierto y, por ende no es actual en los
términos previstos por el artículo 56 de la Ley 2200.

192. Así las cosas, no se demostró que la participación de los diputados accionados
en el debate y aprobación de la Ordenanza núm. 017 de 8 de septiembre de 2024
haya tenido como propósito la defensa de un interés particular, ajeno a la defensa
del interés general.

193. Por ende, al no encontrarse probado el segundo supuesto del elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, en particular, el relativo al interés directo, particular y actual, la Sala queda
relevada del estudio del elemento subjetivo.

194. Por último, en relación con lo solicitado por los diputados Jorge Eliecer Verano
Buitrago y Luis Carlos Álvarez Morales, esta Sala no accederá a la solicitud de
condena en costas, en tanto que no concurren los supuestos del artículo 188 de la
Ley 1437, esto es, por tratarse de un asunto en el que se ventila un interés público.

II.6. Conclusiones

195. A partir de una valoración integral de los medios de prueba que reposan en el
expediente, no se demostró que los diputados del departamento de Vichada,
señores Héctor Efraín Méndez Baquero, Luis Alejandro Gaitán, Blanca Nury Monroy
Lucas, Piterson Rafael Beltrán Vélez, Aleida Forero Fernández, Jorge Eliecer
Verano Buitrago, Josué Alexander Molina Díaz, Camilo Andrés Bonilla Álvarez,
Javier Fernando Pérez Rojas, Jairo Rincón Guachón y Luis Carlos Álvarez Morales,
hayan incurrido en las causales de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos ni en la violación del régimen de conflicto de intereses con
ocasión de su participación en la aprobación y posterior expedición de las
ordenanzas núms. 12 de 23 de julio de 2024 y 17 de 8 de septiembre de 2024.

196. Por estas razones, la Sala confirmará la sentencia de 3 de julio de 2025,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.

91
Cfr. Índice 34 del expediente digital de primera instancia.

45

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00105-01
Accionante: Harry Rojas Durán

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Meta, conforme con las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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