Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2020-00530-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2020-00530-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-33-000-2020-00530-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 660012333000202000530-01
Solicitante: Andrés Felipe Hoyos Herrera
Concejal: Felipe García García
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Andrés
Felipe Hoyos Herrera –en adelante el Solicitante- contra la sentencia de 16 de
diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en
primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El Solicitante pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete
la pérdida de investidura del señor Felipe García García, Concejal del Municipio
de Dosquebradas, Departamento de Risaralda, para el período 2020 – 2023 -en
adelante el Concejal-, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista en el
numeral 1.º del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20001, en relación
con las inhabilidades establecidas en los numerales 2.º y 3.° del artículo 43 de la
1 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional
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Ley 136 de 2 de junio de 19942, modificadas por el artículo 40 de la Ley 617, y en
la causal prevista en el 4.º del artículo 48 de la Ley 617.
Pretensiones
2. Las pretensiones que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son las
siguientes:
“[…] 1. Que se declare la pérdida de investidura del concejal del Municipio de
Dosquebradas FELIPE GARCÍA GARCÍA […].
2. Que se proceda a nombrar a la siguiente persona en lista de votación del
respectivo partido político, para ocupar la curul que le corresponde al partido político
[…]”.
Presupuestos fácticos
3. Los hechos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son los
siguientes3:
3.1. El señor García García se desempeñó como Presidente de la Junta de
Acción Comunal de la Vereda Santa Ana Parte Alta del Corregimiento de la
Serranía del Alto del Nudo del Municipio de Dosquebradas, desde el 1 de julio de
2016 hasta el 30 de junio de 2020.
3.2. El señor García García, mediante contrato de compraventa perfeccionado a
través de Escritura Pública núm. 3071 de 19 de septiembre de 2016, adquirió el bien
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 294 – 8345, ubicado en la
Vereda Santa Ana Alta del Municipio de Dosquebradas.
3.3. El señor García García es el representante legal del establecimiento de
comercio “Dos Cosechas S.A.S.”, el cual funciona en el bien inmueble referido
supra y tiene como actividad económica el “[…] expendio de comidas preparadas
en cafeterías, […] descafeinado, tostón y molienda de café, […] cultivo de café,
[…] actividades de operadores turísticos […]”.
2 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
3 Los supuestos fácticos planteados están contenidos en el escrito de solicitud de pérdida de investidura.
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3.4. La comunidad de la Vereda de Santa Ana del Municipio de Dosquebradas
conformó un Comité para la realización de la obra de placa huella por autogestión
del sector, el 24 de octubre de 2018, y el señor García García asistió a esta reunión.
3.5. Manifiesta que la obra de placa huella por autogestión del Sector La Trinidad
de la Vereda de Santa Ana del Municipio de Dosquebradas se inauguró, el 6 de
mayo de 2019, en la entrada del inmueble del señor García García en el cual
funciona el establecimiento de comercio “Dos Cosechas S.A.S.”.
3.6. Señala que la obra de placa huella por autogestión referida supra se ejecutó
con un largo de 220 metros, un ancho de 2.1. metros y con un espesor de 15
centímetros, “[…] también se realizaron tres (03) transversales con cabezotes y
tubería Novafort de 20 […]”.
3.7. Indica que la obra de placa huella se planeó realizar por autogestión
comunitaria; sin embargo, se realizó por contratistas de la Secretaría de Obras
Públicas e Infraestructura del Municipio de Dosquebradas.
3.8. Refiere que el Secretario de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio
de Dosquebradas, mediante Oficio núm. SOPD – 250 – 1679 de 2019, informó que
la obra de placa huella realizada en la Vereda Santa Ana Alta fue ejecutada en la
modalidad de administración directa, es decir, que no se realizó por contrato, lo cual
implicó que su realización se llevara a cabo con operarios y maquinarias de la
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura del municipio.
3.9. Manifiesta que el señor García García estuvo al frente de todas las gestiones
necesarias para la realización de la obra, como lo era el recibo de maquinaria y
materiales y el acompañamiento constante a los trabajadores de la obra.
3.10. Señala que el señor García García fue elegido como Concejal del Municipio
de Dosquebradas - Risaralda, en las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019.
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Causales de pérdida de investidura alegadas y argumentos que justifican la
solicitud
4. El Solicitante citó la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1
del artículo 48 de la Ley 6174, según la cual “[…] [l]os diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán
su investidura: […] 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del
de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate
de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general […]” (Destacado incluido en el
texto).
5. Sobre el particular, el Solicitante afirmó que el “[…] régimen de inhabilidades
(sic) e incompatibilidades mencionado en el numeral 1 […]” del artículo 48 de la
Ley 617 “[…] se encuentra previsto en el artículo 43 de la Ley 136 […]”. En ese
sentido, hizo referencia a las causales de inhabilidad establecidas en el numeral
2.º y 3.º del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617,
según las cuales “[…] No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: […] 2. Quien dentro de los doce (12) meses
anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público,
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo
municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional,
departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la
ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito […] 3. Quien dentro
del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior
haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas
o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito. […]” (Destacado incluido en el texto).
4 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
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6. Asimismo, el Solicitante citó la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617, según la cual “[…] [l]os diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura: […] 4. Por indebida destinación de dineros públicos
[…]” (Destacado incluido en el texto).
Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura por incurrir en
la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la
Ley 617
7. El Solicitante citó la causal del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 y afirmó
que “[…] el régimen de inhabilidades (sic) e incompatibilidades mencionado en el
numeral 1 del artículo anteriormente citado para los concejales municipales se
encuentra previsto en el artículo 43 de la ley 136 de 1994, ley que se tiene como
reglamento para el funcionamiento de los Municipios […]”.
Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura por incurrir en
la inhabilidad establecida en el numeral 2.º del artículo 43 de la Ley 136,
modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000
8. El Solicitante señaló que, en el caso sub examine, el señor García García
incurrió en la inhabilidad establecida en el numeral 2.º del artículo 43 de la Ley
136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, debido
a que: i) fue elegido como Concejal del Municipio de Dosquebradas, en las
elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019 y ii) dentro de los 12 meses
anteriores a la fecha de su elección, “[…] utilizó […]” su calidad de Presidente de la
Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Ana Parte Alta del Corregimiento
de la Serranía del Alto del Nudo del Municipio de Dosquebradas para que se
realizara la pavimentación de su predio, desatendiendo las necesidades de la
comunidad.
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Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura por incurrir en
la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136,
modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000
9. El Solicitante afirma que, en el caso sub examine, el señor García García
incurrió en la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley
136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, porque:
i) fue elegido como Concejal del Municipio de Dosquebradas, en las elecciones
realizadas el 27 de octubre de 2019; ii) dentro del año anterior a la elección, en
particular “[…] entre el 24 de octubre de 2018 y el 6 de mayo de 2019 [...]”; iii)
gestionó la realización la obra de placa huella por autogestión del Sector La Trinidad
de la Vereda de Santa Ana del Municipio de Dosquebradas; iv) ante la
Administración Municipal de Dosquebradas; v) aun cuando se indicó que la obra
se realizaría por autogestión comunitaria, se probó que contratistas de la
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Dosquebradas fueron quienes
realizaron los trabajos en el lugar de la obra, y vi) la obra de placa huella se llevó a
cabo en el paso vehicular de la vereda que conduce al predio del señor García
García en el cual funciona el establecimiento de comercio del cual es representante
legal, lo cual denota que la obra no se realizó para cumplir intereses públicos sino
intereses comerciales y privados.
10. Sobre el particular, citó la sentencia de 8 de octubre de 2019 proferida por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado5, en relación
con la inhabilidad por la gestión de negocios y la celebración de contratos con
entidades públicas y el Concepto núm. 168571 de 28 de mayo de 2019 expedido
por el Departamento Administrativo de la Función Pública6, en el cual se indicó que
“[…] las causales de inhabilidad en la que se pueden enmarcar los miembros de las
JAC guardan relación con la posibilidad de intervenir en la gestión de negocios o en
la celebración de contratos, ante las entidades públicas, dentro del año anterior a la
fecha de la elección […]”.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 8 de octubre de 2019, C.P.
110010315000201802417-01 (acumulados), Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar y otros, Convocado:
Aurjelius Ruteins Antanas Mockus Sivickas.
6 Departamento Administrativo de la Función Pública, Concepto de 28 de mayo de 2019, identificado con el
radicado núm. 20196000168571.
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Núm. Único de radicación: 660012333000202000530-01
Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura por incurrir en
la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la
Ley 617
11. El Solicitante citó la causal del numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617,
respecto a la cual argumentó que el señor García García utilizó recursos públicos
para la pavimentación de su predio, los cuales fueron destinados a beneficiar sus
intereses privados y su actividad económica, sin tener en cuenta los fines de la
función pública y las necesidades de optimización de la malla vial de la comunidad
del Municipio de Dosquebradas.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
12. El Concejal, a través de apoderado, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura7, en el sentido de
solicitar que se nieguen las pretensiones, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Sobre la causal prevista en los numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617
13. Señaló que no violó el régimen de incompatibilidades, debido a que las
actuaciones que realizó en calidad de Presidente de la Junta de Acción Comunal
fueron “[…] netamente comunitaria[s], al dar a conocer a las diferentes entidades
la problemática social que estaba atravesando en su momento la vereda, por lo
cual la Personería Municipal de Dosquebradas evidencia dicha problemática y
realiza las diferentes solicitudes y actuaciones para mitigarla […]”.
Sobre la inhabilidad establecida en el numeral 2.º del artículo 43 de la Ley 136,
modificada por el artículo 40 de la Ley 617
14. Adujo que para la configuración de la inhabilidad del numeral 2 del artículo 43
de la Ley 136 se requería de un sujeto calificado como lo era ser empleado público,
lo cual no se cumplía en el caso bajo examen, por cuanto las juntas de acción
comunal eran organizaciones cívicas y sus integrantes no tenían dicha calidad,
7 Documento denominado “4_ED_5.LINK EXPEDIENTE DIGITAL 66001-23-33-000-2020-00530-01
.doc(.doc) NroActua 2” “09ContestacionDemanda”. Archivo aportado en forma digital.
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según lo expuesto en el concepto de 15 de abril de 2019 expedido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública8.
Sobre la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley
136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617
15. Señala que no ha incurrido en esta inhabilidad y, para el efecto, explica lo
siguiente.
15.1. Indicó que no gestionó ante la Administración Municipal de Dosquebradas
la obra de placa huella del Sector La Trinidad de la Vereda de Santa Ana, por
cuanto lo que hizo fue, en el marco de sus funciones como Presidente de la Junta
de Acción Comunal de la Vereda Santa Ana Parte Alta del Corregimiento de la
Serranía del Alto del Nudo del Municipio de Dosquebradas – Risaralda, remitir la
petición presentada por la señora Celmira Giraldo en la cual solicitó “[…] realizar
las gestiones pertinentes para el mejoramiento de la vía de la vereda […]” a la
Personería Municipal de Dosquebradas, entidad que se encargó de oficiar a las
autoridades competentes de resolver la problemática comunitaria.
15.2. Refirió que la reunión de conformación del Comité de obra de placa huella
por autogestión de la Vereda Santa Ana Alta, Sector La Trinidad, que se realizó el
24 de octubre de 2018, se desarrolló entre particulares miembros de la comunidad
y no ante la Administración Municipal de Dosquebradas.
15.3. Adujo que la obra de placa huella se realizó por autogestión, debido a que
la administración suministró los materiales, la maquinaria y la mano de obra
calificada y la comunidad de la Vereda Santa Ana Alta, Sector La Trinidad, del
Municipio de Dosquebradas, aportó la mano de obra no calificada9 y prueba de
ello era el Acta de la reunión de conformación del Comité de obra de placa huella
por autogestión de 24 de octubre de 2018 y el Oficio de 8 de julio de 2019 suscrito
por el Director de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
de Dosquebradas.
8 Departamento Administrativo de la Función Pública, Concepto de 15 de abril de 2019, identificado con el
radicado núm. 20196000109171.
9 Al respecto, manifestó: “[…] pagando con su pecunio a los obreros que realizaron estas labores e inclusive
algunos miembros de la comunidad, participaron de manera directa en la ejecución de esos trabajos […]”.
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15.4. Explicó que la obra de pavimentación pasa por diez predios más de los
miembros de la comunidad, dos de los cuales corresponden a establecimientos de
comercio, razón por la cual se había realizado con el fin de atender intereses
públicos y no por intereses comerciales y privados, en aplicación de los principios
del desarrollo de la comunidad y en cumplimiento de las funciones de los organismos
de acción comunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.º, 3.º y 8.º de
la Ley 743 de 5 de junio de 200210.
15.5. Señaló que asistió a la inauguración de la obra como ciudadano, teniendo en
cuenta que la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Ana no fue invitada, y
que el evento se llevó a cabo frente al predio de la señora Celmira Giraldo, por ser
el lugar en el cual culminó la obra de placa huella.
15.6. Manifestó que, como habitante de la vereda, le correspondía aportar la mano
de obra no calificada, cubriendo el pago de quien apoyaba las labores de la obra o
acudiendo directamente a contribuir con fuerza laboral; sin embargo, no se
encargaba del recibo de la maquinaria ni los materiales, debido a que para la
realización de dichas labores la comunidad contrató al señor Jhon Fredy Henao,
residente de la Vereda La Unión, Sector La Cruz, y a la ingeniera Mónica Latorre,
quienes eran los encargados de la obra.
15.7. Afirmó que la obra de pavimentación se realizó en espacio público y prueba
de ello era que la Secretaría de Planeación Municipal de Dosquebradas, mediante
Resolución núm. 51 de 2017, concedió permiso de intervención de espacio público
a la Empresa Prestadora de Servicio Público de Gas Domiciliario – EFIGAS en varios
sectores del Municipio de Dosquebradas, en el cual se incluye la Vereda Santa Ana
del Sector de La Trinidad y, a través de Oficio sin número, certificó que la vía en que
se realizó la obra era una vía rural de tercer orden.
15.8. Indicó que la gestión que realizó fue netamente comunitaria y se realizó de
manera justificada, como lo evidencia el hecho de que la Secretaría de Obras
Públicas e Infraestructura del Municipio de Dosquebradas estimó necesaria la
realización de la placa huella, el 18 de abril de 2017.
10 Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los
organismos de acción comunal.
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15.9. Refirió que no estaba inhabilitado por ser Presidente de la Junta de Acción
Comunal de la Vereda Santa Ana Parte Alta del Corregimiento de la Serranía del
Alto del Nudo del Municipio de Dosquebradas, debido a que: i) la gestión
comunitaria que realizó en representación de un interés general no podía ser
categorizada como gestión de negocios; ii) las gestiones comunitarias las realizó
como Presidente del organismo comunitario y no a título individual, y iii) el tramo
de vía que se pavimentó corresponde a espacio público.
15.10. Explicó que no gestionó asuntos ni celebró contratos con el municipio ni con
personas que administraran tributos, por cuanto trabajó en ejercicio de sus funciones
como Presidente de la Junta de Acción Comunal y no administró recursos públicos
ni ejerció funciones estatales.
15.11. Por último, indicó que “[…] si no son suficientes estos argumentos para
desvirtuar los argumentos aludidos por el demandante y en lo que fundamenta sus
pretensiones, de manera enfática hacemos ver que no hay evidencia alguna que
pruebe que mi mandante haya contratado con la administración ni que haya
realizado gestión alguna después del 24 de octubre de 2018, escapando de la causal
de pérdida de investidura […]”.
Sobre la causal prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617
16. Señaló que no incurrió en una indebida destinación de dineros públicos, por
cuanto no administró dineros públicos ni ejerció funciones estatales en su calidad
de Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Ana Parte Alta
del Corregimiento de la Serranía del Alto del Nudo del Municipio de
Dosquebradas.
17. Asimismo, indicó que la obra de placa huella se realizó de manera justificada,
en la medida que la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio
de Dosquebradas, mediante Oficio SOPD – 240 – 436 de 18 de abril de 2017,
informó que su realización era necesaria.
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La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881
18. La audiencia pública tuvo lugar el 11 de diciembre de 2020 con la asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura; el Concejal y su apoderado;
y el Ministerio Público.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 16 de
diciembre de 202011, dispuso “[…] 1. NEGAR LA PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA
que como concejal del Municipio de Dosquebradas (Risaralda) ostenta el señor
Felipe García García, identificado con la cédula de ciudadanía número […], para
el período constitucional 2020 – 2023 […]”.
Consideraciones del Tribunal
20. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:
20.1. Que el problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar
“[…] si, en relación con el investigado concejal Felipe García García, se configura
la causal de pérdida de investidura “por violación al régimen de inhabilidades –
gestión de negocios y la celebración de contratos con entidades públicas”
contemplada en los numerales 2.º y 3.º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y numerales 1.º y 4.º del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, invocados por el solicitante Andrés Felipe Hoyos
Herrera, con ocasión de haber gestionado ante el Municipio de Dosquebradas, en
su condición de Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa
Ana Parte Alta del Corregimiento de la Serranía del Alto del Nudo del Municipio
de Dosquebradas, Risaralda, la construcción de la obra de pavimentación de la
vía con placa – huella, inauguradas el día 6 de mayo de 2019, para beneficio
propio […]”
Sobre las causales previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 48 de la Ley 617
20.2. Que las causales previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 48 de la Ley
617 “[…] únicamente se predican de sujetos calificados, en cuanto se trata de
servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas y que además
11 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“22FalloPrimeraInstancia”. Documento aportado en forma digital.
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sean ordenadores del gasto […]”, lo cual no ocurría en el caso sub examine, por
cuanto el señor García García se desempeñó como Presidente de la Junta de
Acción Comunal de la Vereda Santa Ana Alta del Sector Serranía Alto del Nudo
del Municipio de Dosquebradas.
20.3. De conformidad con lo anterior, precisó “[…] que se imputa la causal de los
numerales 2º y 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, esto es, incurrir en
violación del régimen de inhabilidades, por gestión de negocios o celebración de
contratos ante entidades públicas del nivel municipal […]”.
Sobre la inhabilidad establecida en el numeral 2.º del artículo 43 de la Ley
136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617
20.4. Que para la configuración de la inhabilidad del numeral 2.º del artículo 43
de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617, se debía verificar la
existencia de los siguientes presupuestos: i) que el señor García García hubiere
laborado como empleado público; ii) dentro de los 12 meses anteriores a la fecha
de la elección, y iii) que como empleado hubiere ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio, según lo expuesto en el concepto
de 15 de abril de 2019 expedido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública12.
20.5. Que, según lo establecido en el artículo 8.º de la Ley 743 de 5 de junio de
200013, en el asunto bajo examen no se cumplía con el primer supuesto, por cuanto
las juntas de acción comunal son organizaciones cívicas, integradas
voluntariamente por los residentes de un lugar, y que, al ser un ente de naturaleza
privada, sus integrantes no gozaban la calidad de empleados públicos ni
administraban o gestionaban recursos públicos, razón por la cual el señor García
García no había incurrido en la inhabilidad referida supra.
Sobre la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley
136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617
20.6. Que esta causal le sería imputable o atribuible a la persona que, en los 12
meses anteriores a la fecha de las elecciones, hubiere realizado una intervención
12 Departamento Administrativo de la Función Pública, Concepto de 15 de abril de 2019, identificado con el
radicado núm. 20196000109171.
13 "Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos
de acción comunal".
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13
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positiva, dinámica y concreta ante una entidad pública, específicamente, del
territorio donde resultaría electo, que tuviera como propósito la búsqueda de un
beneficio para sí, o para un tercero, de naturaleza no necesariamente económica
y con independencia de que se obtuviera o no.
20.7. Que el señor García García, entre el 28 de octubre de 2018 y el 27 de octubre
de 2019, fecha en que fue elegido como Concejal del Municipio de Dosquebradas,
no realizó gestión ante el Municipio de Dosquebradas, en la medida que no se
evidenció su intervención en etapas precontractuales que tuviera como fin la
celebración de un contrato o negocio jurídico que generara beneficio propio o para
un tercero, máxime si se tenía en cuenta que había quedado plenamente
demostrado que la obra de placa huella se realizó en vía pública, en beneficio de
toda la comunidad. Adicionalmente, no se demostró la celebración de algún contrato
entre Felipe García García y la administración municipal de Dosquebradas.
20.8. Que la labor del señor García García se concretó en remitir a la Personería
Municipal de Dosquebradas la petición que le presentó Celmira Giraldo Viuda De
Arcila, sujeto de especial protección constitucional del Estado y habitante del
Sector Vuelta Barranca del Sector La Trinidad de la Vereda de Santa Ana Alta
“[…] quien debido a su avanzada edad y padecimiento de patologías no podía
desplazarse por esa vía a sus citas médicas […]”.
20.9. Que la obra de placa huellas se realizó por iniciativa del Municipio de
Dosquebradas y en respuesta al requerimiento realizado por parte de la
Personería Municipal, ante la necesidad de mejorar el acceso al sector rural, razón
por la cual se convocó a todos los habitantes de las 32 veredas que estuvieran
interesados en realizar obras por autogestión, sin que la Vereda Santa Ana Alta
Serranía Alto del Nudo tuviera un tratamiento especial por la presencia o
participación del señor García García como Presidente de la Junta de Acción
Comunal correspondiente, según lo señalado en el testimonio de Saúl Fernando
Villabona Bayona, Secretario de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de
Dosquebradas.
20.10. Que la Personería Municipal de Dosquebradas, al recibir la petición
presentada por Celmira Giraldo Viuda De Arcila y remitida por el señor García
García, ofició a las entidades competentes, con el fin de que se solucionaran las
afectaciones en la vía del Sector Vuelta Barranca del Sector La Trinidad de la
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Vereda de Santa Ana Alta, que obligaban a la adulta mayor a pasar por la corona
de deslizamiento para ingresar al predio, generando así la necesidad de realizar
obras de mitigación enfocadas en la recuperación de la zona afectada con
movimientos en masa y mitigar la problemática social que estos generaban en las
veredas del Municipio de Dosquebradas, de conformidad con lo indicado en el
testimonio de William Esteban Obando Osorio, Personero Delegado en Derechos
de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio de Dosquebradas,
y en el concepto técnico expedido por la Dirección de Gestión del Riesgo del
Municipio de Dosquebradas – DIGER, el 3 de septiembre de 2018.
20.11. Que compartía el concepto rendido por el Ministerio Público, debido a que las
pruebas obrantes en el expediente acreditaban que el Municipio de Dosquebradas
venía gestionando la construcción de la placa huella en la Vereda de Santa Ana
Alta, desde el 2017, y que se trataba de una vía pública que se realizó en beneficio
del interés general.
20.12. Que se evidenció que las acciones del Concejal se realizaron en
representación del interés general y el de la comunidad, lo cual no se podría definir
como gestión de negocios.
20.13. Que se concluía “[…] que no concurren los elementos para la estructuración
de la causal de pérdida de investidura que la parte actora aduce contra el concejal
García García, toda vez que su labor como presidente de la Junta de Acción
Comunal no tiene la aptitud de influir en la decisión de voto del electorado, dadas
las precarias condiciones de la misma y de los pocos habitantes que se benefician
del mismo, es por ello que la Sala Plena de esta Corporación se mantiene
incólume el bien jurídico que pretende preservar el régimen de inhabilidades de la
Ley 617 de 2000 […] al no existir en el expediente prueba que demuestre que el
concejal accionado ha incurrido en la causal esgrimida en la demanda, por lo cual
a juicio de la Sala no prospera cargo de inhabilidad ninguno […]”.
Recurso de apelación presentado por el Solicitante14
21. El Solicitante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda y señaló que la causal de pérdida de
14 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“24RecursoApelaciónSentencia”. Documento aportado en forma digital.
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investidura que se invocó en la demanda fue la “[…] prevista en el numeral 1 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en relación a la inhabilidad contenida en el
numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136 […]”, modificada por el artículo 40 de la
Ley 617 de 6 de octubre de 2000, “[…] esto es, por haber intervenido en la gestión
de negocios ante el Municipio de Dosquebradas, dentro del año inmediatamente
anterior a la fecha de la elección como corporado del Concejo Municipal de
Dosquebradas […]”.
22. Los argumentos en los que fundamentó el recurso de apelación fueron los
siguientes:
Sobre el elemento objetivo para la configuración de la causal de pérdida de
investidura
23. El Solicitante argumenta que el señor García García intervino en la gestión de
la obra de placa huella por autogestión, por cuanto en el marco de las gestiones
que adelantó en su condición de Presidente de la Junta de Acción Comunal de la
Vereda Santa Ana Alta del Municipio de Dosquebradas administró la “relación
negocial” entre la junta de acción comunal y la administración municipal.
24. En ese sentido, afirma que el Consejo Nacional Electoral, mediante concepto
de 1.º de noviembre de 200615, señaló que “[…] las causales de inhabilidad en la
que se pueden enmarcar los miembros de las JAC guardan relación con la
posibilidad de intervenir en la gestión de negocios o en la celebración de contratos
ante las entidades públicas, dentro del año anterior a la fecha de la elección […]”,
razón por la cual no comparte la consideración del Tribunal referente a que la labor
como Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Ana Alta del
Municipio de Dosquebradas no tenía la aptitud de influir en la decisión de voto del
electorado.
25. Refiere que la Corte Constitucional, mediante sentencia C – 618 de 27 de
noviembre de 199716, señaló que una de las finalidades constitucionales de la
inhabilidad era “[…] obstaculizar el aprovechamiento de recursos públicos para
15 Consejo Nacional Electoral, Concepto núm. 2844 de 1 de noviembre de 2006, identificado con el radicado
núm. 3101.
16 Corte Constitucional, Sentencia C – 618 de 27 de noviembre de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero,
Referencia: Expediente D-1692.
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desfigurar los procesos electorales. En efecto, un contratista, por el hecho de
adelantar obras de “utilidad para la comunidad, puede llegar a ejercer una cierta
influencia local, que podría aprovechar en los procesos electorales municipales,
con lo cual se viola la igualdad en este campo y se altera la propia dinámica de la
participación política” […]”.
26. Manifiesta que el hecho de que el Concejal, en su condición de Presidente de
la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Ana del Municipio de
Dosquebradas, podía ser relacionado con las obras que fueron ejecutadas con
recursos públicos facilitó el aprovechamiento de esta gestión para ejercer una
influencia local en el electorado de la Vereda de Santa Ana Alta.
27. Indica que el señor García García hizo parte del Comité de la obra de placa
huella por autogestión, socializó la propuesta, se comprometió al pago de nómina
durante el término de duración de la obra, tenía el control del almacén y se
encontraba junto a las autoridades políticas del municipio al momento de su
inauguración, lo cual, según señala, se acreditó con el Acta de la reunión de
conformación del Comité de obra de placa huella por autogestión de 24 de octubre
de 2018 y en las fotografías de inauguración de la obra de 6 de mayo de 2019, lo
cual permitía concluir que realizó actividades de administración del proyecto de
placa huella de la Vereda de Santa Ana Alta.
28. Señala que la obra cumplió con los requisitos propios de un “negocio”, en la
medida que existió una declaración de voluntad del Municipio de Dosquebradas,
al convocar a la comunidad a realizar un proyecto de placas huella, y una
declaración de voluntad por parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda
Santa Ana Alta; la administración contrajo la obligación de suministrar la
maquinaria, los materiales y la mano de obra calificada mientras que la junta de
acción comunal contrajo la obligación de suministrar la mano de obra no calificada,
así como de dar buen uso de los materiales y presentar informes ante la Alcaldía
Municipal de Dosquebradas. Sobre el particular, refiere que la Real Academia
Española – RAE definió “negocio jurídico” como un “[…] acto integrado por una o
varias declaraciones de voluntad, “dirigidas a la producción de un determinado
efecto jurídico y las que el derecho objetivo reconoce como base del mismo,
cumplidos los requisitos y dentro de los límites que el propio ordenamiento
establece […]”.
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29. En ese sentido, refiere que no comparte la afirmación del Tribunal de que la
obra de la placa huella se realizó en vía pública y en beneficio de toda la
comunidad.
Sobre el elemento subjetivo para la configuración de la causal de pérdida de
investidura
30. Indica que el Concejal sabía de su reconocimiento en la comunidad por las
gestiones adelantadas como Presidente de la Junta de Acción Comunal de la
Vereda Santa Ana Alta del Municipio de Dosquebradas, por lo que tenía
conocimiento de que esto lo podía poner en una situación de ventaja ante el
electorado.
Conclusión del recurso de apelación
31. Concluye que “[…] la conducta desplegada por el Concejal Felipe García
García, en calidad de presidente de la junta de acción comunal de la Vereda Santa
Ana Alta, se encuadra en la causal de gestión de negocios en el año
inmediatamente anterior a la fecha de elección, por los razonamientos expuestos
a lo largo del recurso […]”.
Traslado del recurso de apelación
32. Surtido el traslado del recurso de apelación presentado por el Solicitante, el
Concejal y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
33. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 por violación al régimen de
inhabilidades; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la inhabilidad
establecida en el numeral 3.° del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el
artículo 40 de la Ley 617; vii) el análisis del caso concreto; y viii) las conclusiones.
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Competencia de la Sala
34. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre perdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de
concejales y diputados; iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201917;
y iv) el artículo 150 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en
segunda instancia: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.
35. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto sin que se observe vicios que puedan invalidar lo actuado,
se procede a decidir el caso sub lite.
36. Vistos los artículos 32818 y 32019 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201220, la
Sala procederá a pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o
reparos formulados por el apelante.
El Problema jurídico
37. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de
apelación, si el señor Felipe García García incurrió o no en la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de inhabilidades, en particular, en la
inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136, modificada
por el artículo 40 de la Ley 617, según la cual no podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal “[…] Quien dentro del año anterior a la elección haya
intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal
[…]”. En ese sentido, analizará si se cumplen los supuestos del elemento objetivo
de la causal y, en caso de encontrarlo configurado, se estudiará el elemento
subjetivo de culpabilidad, con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar
17 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
18 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
19 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”
20 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
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o revocar la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en primera instancia.
38. Al respecto, la Sala considera que el análisis de la pérdida de investidura debe
ser específico respecto a las causales de pérdida de investidura señaladas en la
solicitud y controvertidas en el recurso de apelación. En el caso sub examine, el
Solicitante citó, en la solicitud, la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617, según la cual “[…] [l]os diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura: […] 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del
de conflicto de intereses. […]” y afirmó que “[…] el régimen de inhabilidades (sic)
e incompatibilidades mencionado en el numeral 1 del artículo anteriormente citado
para los concejales municipales se encuentra previsto en el artículo 43 de la ley
136 de 1994 […]”. Asimismo, en el recurso de apelación señaló que la causal de
pérdida de investidura que invocada era la “[…] prevista en el numeral 1 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, en relación con la inhabilidad contenida en el numeral
3.º del artículo 43 de la Ley 136 […]”.
39. Sobre el particular, es importante precisar que esta Corporación21 ha
considerado que, aun cuando el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no prevé la
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, Sentencia de 19 de abril de 2021, Número único de radicación: 760012333000202001132-01 (PI).
Sobre el particular, esta providencia señaló: “[…] Precisamente, la Ley 136 de 1994, norma que no ha sido
derogada en su totalidad por la Ley 617 de 2000, señala, en el numeral 2° del artículo 55, que los concejales
perderán su investidura «2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses». En efecto, en sentencia de 24 de mayo de 2018 , esta Sección, en el sentido indicado, destacó lo
siguiente: […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del Consejo de Estado
como la Sección Primera , han sostenido que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no alude a la
violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto no quiere decir
que la misma haya sido suprimida, toda vez que el numeral 6º del referido artículo 48 prevé con total
claridad que los diputados, concejales municipales y distritales, y los miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura “[…] por las demás causales expresamente previstas
en la ley […]”. En las providencias de 23 de julio de 2002 , 2 de marzo de 2006 y 13 de diciembre de 2012 ,
la Sección Primera consideró lo siguiente: “[…] Al respecto, se tiene que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación decidió que en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 deben entenderse
incorporadas otras causales de Pérdida de la Investidura de concejales municipales, pues no derogó en su
totalidad, por ejemplo, en lo concerniente la totalidad de la Ley 136 de 1994. Por ello, con respecto a la
vigencia de la violación del régimen de inhabilidades, la Sala Plena asumió por importancia jurídica el estudio
del tema arribando a la conclusión de que el numeral 8° del artículo 43 de la Ley 617 de 2000 remite a
causales de Pérdida de la Investidura consagradas en' otras normas, entre ellas, la Ley 136 de 1994, por lo
que se entiende que en este aspecto no derogó el numeral 2º del artículo 55 de dicha norma y,
consecuencialmente, encontró que la violación al régimen de inhabilidades continúa siendo causal de Pérdida
de la Investidura de concejales […]”. 3.1. En cuanto al primer reproche, la Sala acoge lo señalado por esta
Sección en providencia del 2 de marzo de 2006, cuando precisó que:“[…] El régimen de inhabilidades
previsto en la Ley 136 de 1994 como causal de pérdida de investidura no fue derogado ni expresa ni
tácitamente por la Ley 617 de 2000 en cuanto se refiere a los Concejales. De allí que, no obstante, que
nada se dijo respecto de la violación del régimen de inhabilidades por parte de los Concejales y las
consecuencias de ella en cuanto a la pérdida de investidura se refiere, se aplicarán las disposiciones
que rigen para los Concejales […]” En suma y siguiendo los precedentes jurisprudenciales, la Sala
concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los
Concejales, circunstancia que debe enmarcar la resolución del caso sub examine. […]”.
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Núm. Único de radicación: 660012333000202000530-01
violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto
no implica que la causal haya sido suprimida, debido a que el numeral 6° del referido
artículo establece que los diputados, concejales municipales y distritales y los
miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura “[…] 6. Por las
demás causales expresamente previstas en la ley […]”. y el numeral 2 del artículo
55 de la Ley 136 prevé que los concejales perderán su investidura, entre otros,
“[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades […]”.
40. De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que, teniendo en cuenta
los presupuestos fácticos, los argumentos que justifican la solicitud, los cuales
fueron objeto de pronunciamiento por parte del apoderado del Concejal, y lo
controvertido en el recurso de apelación, se realizará el análisis del asunto objeto
de examen, con fundamento en la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del
artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617.
41. Al respecto, es importante señalar que el Concejal se pronunció de forma
específica sobre la causa petendi22 planteada en el caso sub examine, por cuanto
ejerció su derecho de defensa y contradicción respecto a los hechos planteados
en la solicitud; la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley
136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617, norma en la cual se subsumieron
los hechos referidos y en la cual se enfocó el recurso de apelación, y las razones
en las cuales se fundamentó tal subsunción, garantizando así la efectividad del
principio de congruencia en el asunto objeto de examen.
22 Ver. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Ramiro Pazos Guerrero,
Sentencia de 1.º de noviembre de 2016, Número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02013-00. Sobre
el particular, la Sala consideró “[…] Por el principio de congruencia, resulta imperativo que la decisión guarde
total coherencia entre lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, so pena de sorprender a las partes
y dejarlas en situación de indefensión. (…) Para garantizar la efectividad de este último principio resulta
fundamental la delimitación clara y precisa de la causa petendi, esto es, del fundamento fáctico, que
consiste en los hechos que se señala en la demanda; el componente jurídico, que se traduce en las normas
que se considera que subsumen esos hechos, y las razones en las cuales se sustenta esa subsunción, porque
solo de esa manera podrá el demandado ejercer adecuadamente su defensa […]”.
Ver. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Sentencia de 17 de septiembre de 2019, Número único de radicación: 11001-03-15-000-2019-
01598-01. Al respecto, la Sala consideró “[…] La sentencia no podrá, en principio, apartarse de las súplicas
de la demanda, ni de los hechos y fundamentos jurídicos que la sustentan, otorgando, por ejemplo, más de
lo pretendido en el libelo introductorio, o accediendo a las pretensiones del accionante sobre la base de una
causa petendi distinta, a menos que así lo permita el ordenamiento jurídico […]. Sin embargo, esta premisa
no ha impedido al Juez de la pérdida de investidura de los Congresistas adecuar en sus fallos las
imputaciones elevadas por el solicitante, luego de que existen errores ostensibles entre la motivación del
pedimento de despojo y la norma jurídica que se emplea para deprecar su decreto. Así, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en decisión de 4 de agosto de 2015, sostuvo:
“Debe señalar la Sala en este punto del análisis que, si bien es cierto en la demanda se pide la
desinvestidura de la Representante Tatiana Cabello Flórez por violación de lo consagrado en el
artículo 179, numerales 2° y 3° de la Constitución, no lo es menos que, en rigor técnico jurídico, la
causal que soporta las pretensiones formuladas, de conformidad con los hechos expuestos,
corresponde a la primera del artículo 183 de la Carta Política , ya que esta es la disposición que
consagra la sanción de pérdida de investidura bajo el siguiente tenor. […]” (Se resalta).
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Núm. Único de radicación: 660012333000202000530-01
La calificación habilitante
42. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 188123, la Sala encuentra probado
que el señor Felipe García García tiene la calidad de Concejal del Municipio de
Dosquebradas, Departamento de Risaralda, según consta en el formulario E-
26CO expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal de la
Registraduría Nacional del Estado Civil24, por medio del cual “[…] se declara electo
como CONCEJAL del departamento de RISARALDA, municipio de
DOSQUEBRADAS […]”, para el período 2020 – 2023, y en el acta de posesión
del señor García García como Concejal, suscrita el 2 de enero de 202025.
43. En ese orden de ideas, la investidura del señor García García se tiene por
cierta en la medida en que los documentos anteriormente indicados constituyen
prueba de dicha calidad, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de
pérdida de investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
44. Vistos los artículos 18426 de la Constitución Política; 14327 de la Ley 1437 y
las leyes 136, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.
Desarrollos jurisprudenciales
45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
23 “[…] Cuando la solicitud [de pérdida de investidura] sea presentada ante el Consejo de Estado por un
ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su
acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]”.
24 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“03AnexoDemandaPruebas”, “PRUEBA 12 ELECTO COMO CONCEJAL REGISTRADURIA”. Documento
aportado en forma digital.
25 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“03AnexoDemandaPruebas”, “PRUEBA 13 ACTA DE POSE[S]I[Ó]N”. Documento aportado en forma digital.
26 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado
de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
27 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
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un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio28 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.
46. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.
47. La Sala Plena29 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.
48. En esa misma orientación, la Corte Constitucional30 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
28 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
30 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
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corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
49. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201031. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
50. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, y de legalidad.
51. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, en los
términos de la ley 1881, modificada por la Ley 2003, y conforme con la
jurisprudencia de las altas cortes32, una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo33.
52. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de
investidura establecidas en la Constitución […]”18 (Destacado fuera de texto).
31 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
32 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
33 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó
la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]”.
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53. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, en especial, entre
otros, el de favorabilidad, y, con fundamento en ello, determinar si la conducta se
subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia
jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento subjetivo34.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 por
violación al régimen de inhabilidades
54. Visto el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de la investidura
de concejal, estos perderán su investidura, entre otros, “[…] 2. Por violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”
(Destacado fuera de texto).
55. Las inhabilidades de los concejales fueron desarrolladas en el artículo 43 de
la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617; normativa que estableció,
entre otras, que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal
o distrital: quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión
de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en
el respectivo municipio o distrito.
56. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del
Consejo de Estado35 como la Sección Primera36 de esta Corporación han
sostenido que el mandato establecido en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley
34 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en
general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de junio de 2002, C.P
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación: 7177.
36 Véase por ejemplo: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2014; proceso identificado con número único de radicación
080012333000201300249-01 Consejero Ponente, doctor Guillermo Vargas Ayala; y ii) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2017, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 250002336000201600731-01
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136, sobre pérdida de investidura de concejal “[…] [p]or violación del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”, se encuentra
vigente, en los términos del numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617, según el cual
los concejales municipales y distritales perderán su investidura “[…] 6. Por las
demás causales expresamente previstas en la ley […]”.
57. Visto el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, sobre inhabilidades de concejal municipal o distrital, establece que
“[…] [n]o podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
[…] 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o
en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en
interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año
anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas
o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito
[…]” (Destacado fuera de texto).
58. Es importante resaltar que la norma indicada supra establece tres supuestos
fácticos para la configuración de la inhabilidad establecida en el numeral 3.° del
artículo 43 ejusdem, a saber: el primero, relativo a que no podrá ser inscrito como
candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior a la elección haya
intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal
o distrital, en interés propio o de terceros. El segundo, en el cual se fundamenta
la causal de pérdida de investidura del caso sub examine, relativo a que no podrá
ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior a la
elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas
de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito; y, el tercero, según el
cual no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año
anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas
o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la inhabilidad establecida
en el numeral 3.° del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40
de la Ley 617
59. Atendiendo a que según lo expuesto en el recurso de apelación, en el caso
sub examine, la solicitud de pérdida de investidura se fundamentó en el primer
supuesto del numeral 3.° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo
40 de la Ley 617 y a que el Tribunal, en la sentencia impugnada, consideró que
no se configuró la inhabilidad y, en consecuencia, negó la pérdida de investidura
del Concejal: la Sala procederá al estudio de los elementos para la configuración
de la inhabilidad relativa a que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal “[…] [q]uien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital […] en
interés propio o de terceros […]”.
60. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 21 de
mayo de 202137, consideró que el primer supuesto de la inhabilidad establecida
en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617, se configura siempre que se acrediten los siguientes elementos
estructurales:
“[…] 1.- Sujeto de las prohibiciones: Quien aspire al concejo;
2.- Conductas prohibidas: (1) Intervenir en la gestión de negocios
ante entidades públicas del nivel municipal
o distrital.
3.- Circunstancias modales de la Que las conductas prohibidas ocurran:
actuación (1) En interés propio o de terceros
<<complemento circunstancial de
modo>>;
(2) Dentro del año anterior a la elección
<<complemento circunstancial de
tiempo>> y;
(3) En el respectivo municipio o distrito
<<complemento circunstancial de
lugar>>38 […]”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de
2021, número único de radicación 250002315000202002708-01, solicitante: Herson Yesid Arroyo Acevedo,
Concejal: Juan David Sánchez Pérez, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
38 Consejo de Estado, Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 9 de noviembre de 2010, radicado:
11001-03-15-000-2010-00921-00(PI), actor: César Julio Gordillo Núñez, demandado: Carlos Andrés Amaya
Rodríquez, MP: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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61. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante
sentencia de 9 de octubre de 2009, al analizar la prohibición de intervención en
gestión de negocios ante entidades públicas establecida en el numeral 3° del
artículo 17939 de la Constitución Política de los congresistas (que guarda idéntico
contenido con la inhabilidad de los concejales referida supra), definió el término
“gestionar” y precisó que no cualquier conducta suponía gestión, pues ésta hacía
referencia a una conducta dinámica, positiva y concreta que no podía estar
soportada en inferencias subjetivas, sino que, debía estar debidamente
comprobada, como se expone a continuación:
“[…] La Sala, a propósito del tema, señaló: “El diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española define la palabra “Gestionar” como “Hacer diligencias
conducentes al logro de un negocio o un deseo cualquiera”. Implica una
conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, en su propio interés o en
el de terceros, con miras a obtener un resultado.
En posterior sentencia reiteró: “(...) gestionar consiste en "Hacer diligencias
conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera, y comúnmente se
entiende como el adelantamiento de trámites en procura de una finalidad concreta".
Y para la Sala, la gestión "independientemente de su resultado, entraña una
conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que debe estar
comprobada y no ser el resultado de inferencias subjetivas o suposiciones
perspicaces". De lo anterior se infiere que la gestión se configura con una acción,
se traduce en la actividad efectiva: la conducta concreta y real por medio de la cual
se demanda ante un sujeto algo, sin que sea relevante, para configurar el concepto,
el obtener la respuesta o la finalidad propuesta 40 […]” (Se resalta) .
62. Asimismo, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 21 de
mayo de 202141, consideró respecto a la inhabilidad por gestión de negocios que
“[…] requiere de un sujeto -gestor de negocios- quien «[…] es aquella persona
que gestiona o participa en la administración de una empresa, de un negocio o de
una organización42»; […] se encuentra marcada por los verbos rectores
<<intervenir>> y <<gestionar>> que denotan una conducta dinámica, efectiva,
activa, útil, positiva y concreta en la fase precontractual ante una entidad pública
con el ánimo de obtener un provecho o utilidad; […] debe recaer sobre un negocio
39 “[…] 3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de
contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades
que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la
elección […].”.
48 (Cita del texto original) Rad. No. 2014-00021-00, actor: Sergio David Becerra Benavides, C.P. Susana
Buitrago Valencia.
40 (Cita del texto original) Sala Plena, Sentencia de 27 de junio de 2006, expediente 2005 - 1331 (PI).
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de
2021, número único de radicación 250002315000202002708-01, solicitante: Herson Yesid Arroyo Acevedo,
Concejal: Juan David Sánchez Pérez, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
42 Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión, sentencia de 19 de febrero de 2019, actor: José
Manual Abuchaibe, demandado: Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas, radicado: 11001-03-15-000-
2018-02417-00(PI), MP: María Adriana Marín.
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que, cuenta con múltiples significados según el diccionario de la real academia, a
saber: ocupación, quehacer o trabajo, dependencia, pretensión, tratado o agencia,
aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés, acción y
efecto de negociar, utilidad o interés que se logra en lo que se trata, comercia o
pretende, local en que se negocia o comercia43; […] no resulta relevante obtener
la respuesta o finalidad propuesta; […] se debe tener en cuenta el móvil de la
actividad desplegada por el gestor, con miras a establecer si se produce, en
efecto, el rompimiento del principio de igualdad en el acceso a la conformación del
poder político entre los candidatos; […] puede ser en interés propio o de terceros;
[…] debe realizarse en el respectivo municipio o distrito (elemento espacial) y, […]
dentro del año anterior a la elección (elemento temporal). […]”.
Análisis del caso concreto
63. Vistos el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo
40 de la Ley 617, como causal de pérdida de investidura prevista en el numeral
2.° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y el marco normativo: la
Sala procede a realizar el análisis y la valoración probatorios para, en aplicación
de silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
64. Esta Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas
decretadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si el Concejal
incurrió o no en la causal de pérdida de investidura supra.
Análisis de los supuestos del elemento objetivo de la inhabilidad que
constituye causal de pérdida de investidura en los términos del numeral 2
del artículo 55 de la Ley 136, en el caso concreto
65. La Sala procederá al estudio de los supuestos necesarios para la
configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de inhabilidades, con fundamento en el primer supuesto del
numeral 3.° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley
617, esto es, que dentro del año anterior a la elección, haya intervenido en la
43 Link: https://dle.rae.es/negocio. Fecha de búsqueda: 7 de abril de 2021.
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gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal en interés propio
o de terceros en el respectivo municipio.
66. La intervención en la gestión de negocios tiene lugar cuando el sujeto de la
prohibición, dentro del año anterior a la elección, realiza una conducta efectiva,
valiosa, útil y trascendente, que debe estar debidamente comprobada, ante una
entidad pública del nivel municipal o distrital, con el ánimo de obtener un provecho
o utilidad, sin que sea necesario obtener una respuesta o resultado, en el
municipio o distrito donde resultaría electo.
67. Explicado lo anterior y teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo
167 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 21 de la Ley
1881, en los procesos de pérdida de investidura, corresponde al Solicitante y al
miembro de la corporación pública de elección popular, probar los supuestos de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
68. De conformidad con lo anterior, esta Sala procederá al análisis y a la
valoración probatorios, con el fin de estudiar los argumentos presentados en el
recurso de apelación.
Análisis y valoración probatorios en el caso concreto
69. El Solicitante, en el recurso de apelación, manifestó que el señor García
García intervino en la gestión de la obra de placa huella por autogestión, por
cuanto en el marco de las gestiones que adelantó en su condición de Presidente
de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Ana Alta del Municipio de
Dosquebradas administró la “relación negocial” entre la junta de acción comunal
y la administración municipal, lo cual generó el aprovechamiento de recursos
públicos para ejercer influencia en el electorado en el municipio correspondiente.
70. Asimismo, indicó que el Acta de la reunión de conformación del Comité de
obra de placa huella por autogestión y las fotografías de inauguración de la obra
referida permitían concluir que el señor García García realizó actividades de
administración del proyecto de placa huella de la Vereda de Santa Ana Alta, el
cual consistía en un negocio que no representaba beneficio para la comunidad.
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Núm. Único de radicación: 660012333000202000530-01
71. Sobre el particular, la Sala encuentra probado que las elecciones al Concejo
Municipal de Dosquebradas se llevaron a cabo el 27 de octubre de 201944, razón
por la cual el año anterior a la elección del Concejal comprende el período entre
el 27 de octubre de 2018 y el 27 de octubre de 2019.
72. De igual forma, la Sala encuentra probado que el señor García García fue el
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Ana Parte Alta del
Corregimiento de la Serranía del Alto del Nudo del Municipio de Dosquebradas
durante el período referido supra, teniendo en cuenta que ejerció tal calidad desde
el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 202045.
73. Al respecto, la Sala encuentra probado que, entre el 27 de octubre de 2018
hasta el 27 de octubre de 2019, el señor García García:
73.1. Realizó pagos a los señores Germán García, Julio César Henao Cardona,
Jhon Fredy Henao, Héctor Fabio Morales Rivera y Carlos Mario Morales, el 2 de
noviembre, el 3 de noviembre, el 17 de noviembre, el 22 de noviembre y 29 de
diciembre de 2018, respectivamente, por concepto de trabajos de mano de obra
no calificada en la obra de placa huella por autogestión46.
73.2. Asistió junto a las demás personas de su comunidad a la inauguración47 de
la obra de placa huella por autogestión del Sector La Trinidad de la Vereda de
Santa Ana Alta del Municipio de Dosquebradas; evento en el cual la Alcaldía
Municipal de Dosquebradas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, entregó
600 metros lineales de placa huella a las veredas de Santa Ana Alta, Sabanitas,
Buenavista y El Rodeo, en el marco del programa “Mejores Vías, Mayor Progreso”,
en el cual se invirtieron 7.000 millones de pesos en obras para la zona urbana y
rural del municipio, el 6 de mayo de 201948.
44 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“03AnexoDemandaPruebas”, “PRUEBA 12 ELECTO COMO CONCEJAL REGISTRADURIA”. Documento
aportado en forma digital.
45 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“03AnexoDemandaPruebas”, “PRUEBA 1 CERTIFICADO DE LA JAC”. Documento aportado en forma digital.
46 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“09ContestaciónDemanda”, “Pruebas”, “PRUEBAS MANO DE OBRA NO CALIFICADA”. Documento
aportado en forma digital.
47 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“03AnexoDemandaPruebas”, “PRUEBA 9 REGISTRO DE INAGURACION OBRA”. Documento aportado en
forma digital.
48 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“03AnexoDemandaPruebas”, “PRUEBA 9 REGISTRO DE INAGURACION OBRA”. Documento aportado en
forma digital.
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74. Sobre el particular, es preciso indicar que el señor Saúl Fernando Villabona
Bayona, Secretario de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de
Dosquebradas, en su testimonio, explicó que la Alcaldía Municipal de
Dosquebradas realizó una convocatoria a las 32 veredas del municipio que
estuvieran interesados en realizar obras de mejoramiento vial por autogestión, las
cuales consistían en que “[…] el municipio como tal para cuidar los materiales y la
eficacia y la eficiencia de la obra, pone las personas calificadas y los recursos y
[…] las veredas ponen la mano de obra no calificada y cuidan los materiales y la
maquinaria que nosotros como municipio suministramos […]”.
75. Al respecto, la Sala encuentra probado que la Vereda de Santa Ana Alta
participó en la convocatoria referida supra y, en ese sentido: i) 16 personas de la
Vereda Santa Ana Alta del Municipio de Dosquebradas, entre ellas el señor García
García, conformaron el Comité de obra de placa huella por autogestión del Sector
La Trinidad de la Vereda Santa Ana Alta; ii) el señor García García socializó la
propuesta ante la comunidad asistente y les comunicó que la Alcaldía Municipal
de Dosquebradas suministraría los materiales y realizaría el pago de la mano de
obra calificada; iii) los integrantes del Comité de obra de placa huella por
autogestión acordaron comprometerse al pago de nómina de la mano de obra no
calificada; iii) los integrantes del Comité de obra de placa huella por autogestión
dispusieron que el señor García García tendría a cargo uno de los sitios de acopio
del material para la obra, y iv) los integrantes del Comité de obra de placa huella
por autogestión decidieron iniciar las obras el 29 de octubre de 2018.
76. En efecto, así lo dispuso el Acta de conformación del Comité de obra de placa
huella por autogestión de 24 de octubre de 201849, en la cual consta lo siguiente:
“[…] Conformación de Comité de Obra de Placa Huella por Autogestión de la
Vereda Santa Ana Alta, Sector La Trinidad.
Inicio Reunión: 8:18 AM.
1. Socialización de la propuesta por parte del señor Felipe García, Presidente
de la Junta de Acción Comunal.
• Placa huella, cunetas y transversales como obras complementarias.
• Los materiales serán suministrados por la Alcaldía Municipal de
Dosquebradas con su Secretaría de Obras Públicas, al igual que las nóminas
del maestro de obras sin costo para la comunidad beneficiada.
49 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“03AnexoDemandaPruebas”, “PRUEBA 4 ACTA DE REUNIÓN”. Documento aportado en forma digital.
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2. En esta reunión se acordó que todos los abajo firmantes se comprometen con
el pago de la nómina durante el tiempo que dure la obra al personal (ayudante)
mano de obra no calificada.
3. Se dispone de dos sitios de acopio del material para la obra así:
Ferney Salazar. Finca La Angelita.
Felipe García. Control de Almacén.
Gloria Giraldo. Finca Las Delicias 2.
4. Se decide iniciar las obras el próximo lunes 29 de octubre, a las 7 a.m.
5. La comunidad se compromete al buen uso de los materiales y ser utilizados para
las obras asignadas y presentar informes a la alcaldía cuando esta lo requiera. Así
como registro fotográfico antes y durante las obras.
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA DE PLACA HUELLA POR
AUTOGESTIÓN DE LA VEREDA SANTA ANA ALTA, SECTOR LA TRINIDAD
NOMBRE CÉDULA TELÉFONO DIRECCIÓN FIRMA
[…] […] […] Vereda Santa Ana Alta […]
[…] […] […] Vereda Santa Ana Alta […]
[…] […] […] Santa Ana Alta […]
[…] […] […] Santa Ana Alta […]
[…] […] […] Finca El Encierro […]
[…] […] […] Las Delicias […]
[…] […] […] Las Delicias II […]
[…] […] […] Finca La Trinidad […]
[…] […] […] La prosperidad […]
Felipe García […] […] La Trinidad […]
G.
[…] […] […] Finca La Italia […]
[…] […] […] Finca La Prosperidad […]
[…] […] […] Santa Ana Alta […]
[…] […] […] Santa Ana Alta […]
[…] […] […] Santa Ana Alta […]
[…] […] […] El Progreso […]”.
77. Como se observa, dicha reunión tuvo como objetivo crear el Comité de obra
de placa huella por autogestión del Sector La Trinidad de la Vereda Santa Ana
Alta del Municipio de Dosquebradas, con el fin de socializar la propuesta ante la
comunidad y coordinar su organización, razón por la cual los pagos realizados por
el señor García García por concepto de mano obra no calificada y su asistencia a
la inauguración de la obra correspondían a actividades propias de un miembro de
la comunidad que formó parte de dicho comité, máxime si se tiene en cuenta su
condición de Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
correspondiente.
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78. Sobre el particular, la Sala encuentra probado que la obra referida supra se
realizó en respuesta a una solicitud que se venía reiterando50 por parte de la
comunidad51, en general, y por la señora Celmira Giraldo Viuda De Arcila52, en
particular, una habitante de la tercera edad del sector con afectaciones de salud,
quien le solicitó al señor García García, en su condición de Presidente de la Junta
de Acción Comunal de la Vereda Santa Ana Alta, informar a la Personería
Municipal de Dosquebradas que tenía dificultades para movilizarse por la falta del
mejoramiento vial en la vereda.
79. En ese sentido, el señor William Esteban Obando Osorio, Personero
Delegado en Derechos de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos del
Municipio de Dosquebradas, afirmó, en su testimonio, al ser preguntado sobre la
intervención o gestión del señor García García en la iniciativa de elaborar la obra
de placa huella en la Vereda Santa Ana Alta “[…] lo que yo le puedo informar
de lo que yo pude tener conocimiento como agente del Ministerio Público
fue de una solicitud signada por el señor Felipe García donde le solicitaba al
señor Personero Municipal atendiera la problemática planteada por la
ciudadana Celmira Giraldo en un escrito que le había remitido a la Junta de
Acción Comunal […] una adulta mayor, que para esa época si mal no recuerdo
tenía cerca de 84 o 85 años de edad con dificultades o patologías en su salud que
le tenían disminuida su capacidad en la movilidad y su visión ya que sufría de un
glaucoma […]” (Se resalta).
80. Asimismo, el señor Saúl Fernando Villabona Bayona, Secretario de Obras
Públicas e Infraestructura del Municipio de Dosquebradas, afirmó, en su
testimonio, al ser preguntado por la iniciativa de elaborar la obra de placa huella
en la Vereda Santa Ana Alta “[…] nuestro alcalde era un alcalde campesino […]
entonces la directriz de él era apoyar mucho a los campesinos del sector, pero,
adicional de eso, de su interés de arreglar las vías rurales, existe un tema con la
personería por una queja constante de una persona que estaba muy enferma
y prácticamente con eso la personería me hace elaborar esas huellas ahí o
50 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“09ContestaciónDemanda”, “Pruebas”, “Actuaciones administrativas realizadas por Felipe García García en
calidad de Presidente de la Junta de Acción Comunal”. Documento aportado en forma digital.
51 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“09ContestaciónDemanda”, “Pruebas”, “Actuaciones administrativas realizadas por Felipe García García en
calidad de Presidente de la Junta de Acción Comunal”. Documento aportado en forma digital.
52 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“09ContestaciónDemanda”, “Pruebas”, “Copia de la remisión realiza a la Personería Municipal de
Dosquebradas por parte del señor Felipe García García”. Documento aportado en forma digital.
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mejorar las que habían, esto obedece a un programa que esta de años
anteriores, y la solicitud de la personería ayuda a formar un tema de evaluaciones
donde nosotros teníamos varios factores para decidir las huellas, pero, como le
digo desde el plan de desarrollo ya se tenía pensado en invertir en las veredas del
municipio y más porque el alcalde era de orígenes campesinos […] yo convoque
a las comunidades, que fueron a una reunión grande que se hizo y ellos me dieron
varias opciones donde se podían realizar las vías, nosotros ya analizamos con el
equipo técnico, donde era mejor hacer la inversión y donde beneficiaba más a la
comunidad […] allá hay una señora que se llama Celmira que me colocó a mí
como una especie de derecho de petición por medio de la personería y la
personería prácticamente me hizo realizar esa obra allá […] ya que la persona
era enferma y las huellas que se hicieron ahí no le facilitaban su salida a las citas
médicas o a veces tenían que sacar de urgencia a la señora y la verdad estaban
en muy mal estado la vía que se entró a arreglar […]” (Se resalta).
81. De igual forma, es importante poner de presente que, en cuanto a la necesidad
de la obra, se encuentra probado que el Director de Infraestructura de la
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Dosquebradas, a
través de Oficio de 8 de julio de 201953, informó al Secretario de Obras Públicas
e Infraestructura del Municipio de Dosquebradas que la obra ejecutada en la
Vereda Santa Ana Alta beneficiaba a nueve familias de la comunidad.
82. Sobre el particular, el Secretario de Obras Públicas e Infraestructura del
Municipio de Dosquebradas, mediante Oficio núm. SOPD – 250 – 1042 de 17 de
septiembre de 2018, presentó Informe de la Visita Técnica de la Vereda Santa
Ana Alta Sector Vuelta Barranca La Trinidad, en el cual señaló “[…] se identificó
la problemática a la que se encuentran expuesta una vivienda por la pérdida de
banca de la vía de acceso conformada por huellas en concreto. […] De acuerdo
con el concepto establecido por LA CARDER, en este sector se presentan fallas
geotécnicas que requieren intervención de estabilización. […] Las huellas en
concreto permiten el acceso únicamente a una vivienda, por lo tanto se sugiere
realizar una comparación solución/costo ante la posibilidad de habilitar el tramo
de vía o la reubicación del núcleo familiar […]”.
53 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“09ContestaciónDemanda”, “Pruebas”, “Oficio de fecha julio 08 de 2019, suscrito por el Director de
Infraestructura de la Secretaría de Obras Pública”. Documento aportado en forma digital.
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83. Al respecto, el señor William Esteban Obando Osorio, Personero Delegado en
Derechos de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio de
Dosquebradas, afirmó, en su testimonio “[…] el despacho de la personería tenía
conocimiento de la señora Celmira y como quiera que ella era la persona que tenía
como tal la problemática se acudió directamente a la vivienda de la señora en
compañía de todas las entidades y allí se visitó el lugar se observó la necesidad
de la obra, el estado, o mejor el mal estado de las placas huellas allí presentes ya
que a todas luces la señora encontraba menoscabados sus derechos […]”.
84. Por todo lo anterior, la Sala encuentra que el señor García García, dentro del
año anterior a su elección, no intervino en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal en interés propio o de terceros en el respectivo
municipio. Lo anterior, por cuanto el material probatorio obrante en el expediente
no tiene la virtualidad de demostrar que el señor García García realizó una
conducta efectiva, valiosa, útil y trascendente que implicara la intervención en la
gestión de un negocio.
85. En ese sentido, es importante señalar que la obra de placa huella por
autogestión fue una iniciativa de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas en la cual
se convocó a las 32 veredas que conforman el municipio y correspondía a una
necesidad de mejoramiento vial para la comunidad de la Vereda Santa Ana Alta,
la cual había sido puesta de presente ante la Personería Municipal, a través de su
Junta de Acción Comunal.
86. Al respecto, la Sala considera que las labores realizadas por el señor García
García en relación con la obra de placa huella por autogestión, entre las cuales se
encuentran su participación en las actividades del Comité para la realización de la
obra de placa huella por autogestión y asistencia a la inauguración de la misma,
correspondían al ejercicio de una actividad legítima, por cuanto al ser parte de la
comunidad y tener la condición de Presidente de la Junta de Acción Comunal de la
Vereda Santa Ana del Municipio de Dosquebradas debía actuar como vocero de la
misma.
87. Al respecto, es importante señalar que la Ley 743 de 5 de junio de 200254, en
su artículo 6.º, define la acción comunal como “[…] una expresión social
54 Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los
organismos de acción comunal.
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organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover
un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de
la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad […]”; en
su artículo 8.º, establece que las juntas de acción comunal son organizaciones
cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, de
naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integradas
voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos
para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en
el ejercicio de la democracia participativa y, en su artículo 19, dispone que uno de
los objetivos de los organismos de acción comunal es “[…] generar procesos
comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución,
administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo
comunitario […]” (Se resalta).
88. En ese sentido, la Sala encuentra que el señor García García participó en
actividades relacionadas con la obra de placa huella por autogestión, en su
condición de miembro de la comunidad de la Vereda Santa Ana Alta y en ejercicio
de la función que están llamados a cumplir los organismos comunales en la
formulación de políticas y obras públicas en procura de mejorar las condiciones
de vida de los habitantes del territorio al que pertenece, esto es, con el fin de
generar un beneficio para la comunidad55, lo cual no se podría definir como gestión
de negocios.
89. Al respecto, es importante indicar que la condición de Presidente de la Junta
de Acción Comunal del señor García García no implica per se su intervención en
la gestión de la obra, debido a que es necesario que se pruebe de manera
específica la intervención en la gestión realizada en interés propio o de un tercero,
situación que no aparece acreditada en el caso sub examine, por cuanto se
observa que las actividades realizadas por el señor García García correspondían
al cumplimiento de su labor como miembro de la Junta de Acción Comunal y
tenían como propósito que se le diera respuesta a una necesidad de la comunidad
de la Vereda Santa Ana Alta.
55 Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo
de 2021, número único de radicación 250002315000202002708-01, solicitante: Herson Yesid Arroyo
Acevedo, Concejal: Juan David Sánchez Pérez, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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90. Aunado a lo anterior, la Sala resalta que, según lo indicado en los testimonios
practicados56 y en los documentos aportados al proceso57, fue la Personería
Municipal de Dosquebradas la que intervino ante la Alcaldía Municipal para que la
obra de placa huella por autogestión se realizara en la Vereda Santa Alta del
Municipio de Dosquebradas.
91. En atención a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, conforme se indicó
supra, no se encuentra probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de inhabilidades, en particular, en lo referente
a la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136,
modificada por el artículo 40 de la Ley 617, esta Sala considera que no es
necesario realizar el estudio del elemento subjetivo.
Conclusión
92. La Sala confirmará la sentencia de 16 de diciembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, en cuanto dispuso negar la solicitud de
pérdida de investidura del Concejal, Felipe García García.
56 Al respecto, el señor William Esteban Obando Osorio, Personero Delegado en Derechos de Petición, Medio
Ambiente y Servicios Públicos del Municipio de Dosquebradas, afirmó, en su testimonio, “[…] la Personería
Municipal tuvo conocimiento de la problemática de la ciudadana [Celmira Giraldo] por un escrito que ella
asignó a la Junta de Acción Comunal y que esa Acción Comunal a su vez remitió a la Personería Municipal
de Dosquebradas dirigida al señor Personero Municipal solicitando la intervención en la defensa de los
derechos fundamentales de esta ciudadana […] nosotros como personería nos dirigimos directamente a la
persona vulnerada en nuestro papel de defensa y salvaguarda de derechos fundamentales, para el entonces,
toda la gestión que se hizo, se hizo directamente con la señora Celmira, o bueno la intervención que hizo
la Personería la hizo entorno a la ciudadana, de allí convocó a la ciudadana, de esta visita, se
desprendieron los conceptos técnicos y desprendió la información de que esta obra se realizaría por
la modalidad de autogestión […]. la intervención de parte de la Personería Municipal la hice yo en
calidad de Personero Delegado, para el entonces, convocando las entidades gubernamentales que
tenía relación directa en la solución de la problemática. […]”.
Asimismo, el señor Saúl Fernando Villabona Bayona, Secretario de Obras Públicas e Infraestructura del
Municipio de Dosquebradas, afirmó, en su testimonio, “[…] existe un tema con la personería por una queja
constante de una persona que estaba muy enferma y prácticamente con eso la personería me hace
elaborar esas huellas ahí o mejorar las que habían, esto obedece a un programa que esta de años
anteriores, y la solicitud de la personería ayuda a formar un tema de evaluaciones donde nosotros
teníamos varios factores para decidir las huellas […] allá hay una señora que se llama Celmira que
me colocó a mí como una especie de derecho de petición por medio de la personería y la personería
prácticamente me hizo realizar esa obra allá […]” (Se resalta).
57 Cfr. “2_ED_4.66001233300020200053000 .zip(.zip)”, “660012333000202000530-01”,
“09ContestaciónDemanda”, “Pruebas”, “Actuaciones administrativas realizadas por la Personería Municipal
de Dosquebradas”. Documento aportado en forma digital. 1.22. Copia del oficio de 25 de julio de 2018
expedido el Personero Delegado en Derechos de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio
de Dosquebradas, en el cual avocó conocimiento del asunto planteado en la solicitud presentada el 17 de
julio de 2018 y solicitó al Secretario de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Dosquebradas y al
Secretario de Infraestructura Departamental, informar cuando se diera respuesta a la solicitud de la señora
Celmira Giraldo Viuda De Arcila o se comunicaran las acciones emprendidas para lograr lo solicitado.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de diciembre de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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