Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2025-00036-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2025-00036-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 41001-23-33-000-2025-00036-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
14 de agosto de 2026
Radicación: 41001 23 33 000 2025 00036 01
Solicitante: Juan Carlos Marroquín Fandiño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
MAGISTRADO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 41001 23 33 000 2025 00036 01
Accionante: Juan Carlos Marroquín Fandiño
Accionado: Cristhian Rubther Bautista Cachaya
Tesis: Procede decretar la pérdida de investidura por configurarse la causal de
inhabilidad consistente en haber sido condenado a pena privativa de la libertad por
delitos dolosos prevista en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
modificada por la Le 617 de 2000.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Carlos
Marroquín Fandiño en contra de la sentencia de 2 de julio de 2025 proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila, en primera instancia, mediante la
cual se negó la pérdida de investidura del señor Cristhian Rubther Bautista
Cachaya como concejal de Neiva, para el período constitucional 2024-2027.
I. LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
1. El ciudadano Juan Carlos Marroquín Fandiño, actuando en nombre propio,
solicitó decretar la pérdida de investidura del señor Cristhian Rubther Bautista
Cachaya, concejal de Neiva, electo para el periodo 2024-2027, por la violación del
régimen de inhabilidades de los concejales previsto en el numeral 1º del artículo
43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, al
haber sido hallado responsable del delito de lesiones personales dolosas por
sentencia ejecutoriada1.
1 Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia.
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2. Como fundamento de su pretensión adujo los siguientes hechos:
3. Señaló que el 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones para
Alcaldía, Gobernación y Corporaciones públicas en la que el señor Cristhian
Rubther Bautista Cachaya se postuló como candidato al concejo municipal de
Neiva por la coalición Unidos por Neiva, conformada por el partido Nuevo
Liberalismo y Dignidad y Compromiso, ocupando el número 11 de la lista.
4. Agregó que como resultado de la votación el señor Bautista Cachaya quedó
elegido concejal al obtener la mayor votación de la lista, tal como consta en el acta
de escrutinio General E—26 CON de fecha 06 de noviembre de 2023, expedida
por la comisión escrutadora municipal de Neiva.
5. Indicó que el 25 de abril de 2006, según constancia secretarial, el señor
Bautista Cachaya fue condenado por el Juzgado Segundo Penal Municipal del
Municipio de Neiva a pena privativa de la libertad consistente en 16 meses de
prisión por el delito de lesiones personales dolosas. Agregó que el 4 de abril de
20062 (sic) se desfijó el edicto sin que se interpusiera ningún recurso de modo que
la sentencia condenatoria quedó en firme. Y, adujo que una vez ejecutoriada la
sentencia el Juzgado realizó los trámites para ejecutar la condena impuesta.
6. Sostuvo que al momento de la inscripción como candidato al Concejo el
demandado se encontraba incurso en una inhabilidad para ser elegido concejal,
dado que para dicha fecha había sido condenado a pena privativa de la libertad
por un delito no político ni culposo mediante sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Penal Municipal del Municipio de Neiva.
7. Señaló que en virtud de lo anterior el concejal de Neiva se encontraba incurso
en la inhabilidad prevista en los artículos 43 y 55 de la Ley 136 de 1994,
modificados por los artículos 40 y 48 de la Ley 617 de 2000, respectivamente.
8. Finalmente, expresó que el demandado presuntamente continuaba
reincidiendo en ese tipo de delitos dolosos por nuevos hechos, tal como constaba
2 La fecha de ejecutoria, según constancia secretarial, corresponde al 25 de abril de 2006.
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Solicitante: Juan Carlos Marroquín Fandiño
de la noticia criminal 410016000586202320671 al golpear a un menor de edad en
diciembre de 2023.
II. LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD
9. El concejal se opuso a la solicitud de pérdida de la investidura3 manifestando
que no se había tipificado conducta constitutiva de inhabilidad ni conducta dolosa
o gravemente culposa que fuera sancionable.
10. Indicó que el proceso de pérdida de investidura estaba regulado en la Ley
1881 de 2018 como un proceso sancionatorio regido por el debido proceso y las
demás garantías procesales. Destacó la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre la naturaleza de la pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional
sancionatorio en el que se aplican las garantías señaladas por la Constitución y
por el legislador.
11. Sostuvo que la inhabilidad establecida en el numeral 1 del artículo 40 de la
Ley 617 de 2000 fue estudiada por la Corte Constitucional en la sentencia C-146
de 2021 en la que se declaró exequible el aparte “(…) o haya perdido la investidura
de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o
concejal; o excluido del ejercicio de una profesión (..)”4: sin embargo, consideró
que a pesar de que en dicha oportunidad no se demandó el apartado relacionado
con la condena a una pena privativa de la libertad, sobre este numeral sobrevino
una inconstitucionalidad al ser una disposición incompatible con el inciso quinto
del artículo 122 de la Constitución Política, en tanto esta norma establece una
inhabilidad referida únicamente a delitos contra el patrimonio público, por
pertenecer a grupos ilegales y por narcotráfico.
12. Agregó que el artículo 42 de la Ley 1952 de 2021 establece una inhabilidad
derivada de las conductas punibles sancionables con pena privativa de la libertad,
pero únicamente en los casos en que la pena es mayor a cuatro años, situación
que no se presentó en el caso bajo estudio dado que la privación de la libertad fue
3 Cfr. Índice 16 del expediente digital de primera instancia.
4 Ibidem.
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impuesta por 18 meses y además fue suspendida por haberse dado la subrogación
de la ejecución condicional de la pena.
13. En relación con la conducta que le fue imputada en material penal, señaló
que esta se justificó en la buena fe calificada en tanto como se evidencia en el
artículo segundo de la sentencia condenatoria únicamente se le sancionó con la
inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual
a la pena principal.
14. Agregó que en las certificaciones de antecedentes expedidas por la
Procuraduría General de la Nación nunca se arrojó la existencia de impedimento
alguno para aspirar a ser concejal. Igualmente manifestó que el partido nuevo
liberalismo le otorgó el aval para conformar la lista al Concejo municipal de Neiva
y previo a posesionarse adjuntó nuevamente el certificado de antecedentes en el
que no se evidenció inhabilidad alguna.
15. Adujo que actuó bajo el convencimiento de que la pena principal se había
extinguido definitivamente y en esa medida no se encontraba inhabilitado para
aspirar a ser concejal.
16. Finalmente precisó que decretar la pérdida de investidura por la comisión de
un delito menor, a pesar de lo establecido en el artículo 122 de la Constitución
Política, constituía una sanción desproporcionada y severa respecto de su derecho
fundamental a ser elegido, sumado a que dicha sanción carecía de un sustento
constitucional válido.
III. LA SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA
17. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia proferida
el 2 de julio de 2025 resolvió negar la petición de pérdida de investidura, con base
en los argumentos que pasan a sintetizarse5:
18. Consideró que el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, estableció un espectro amplio para la
5 Cfr. Índice 49 del expediente digital de primera instancia.
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configuración de la causal de inhabilidad, en tanto basta para ello con la pena
privativa de la libertad sin tener en cuenta el tiempo de la pena impuesta y
exceptuando únicamente los delitos políticos y culposos.
19. A pesar de ello, indicó que la versión vigente del artículo 122 de la
Constitución Política establece que el alcance de la inhabilidad únicamente recae
sobre los tipos penales que afecten el patrimonio del Estado o a quienes hayan
sido parte de grupos armados ilegales o condenados por delitos de narcotráfico.
20. En concordancia con estas disposiciones, concluyó que la sentencia
condenatoria tuvo origen en un tipo penal diferente, por lesiones personales
dolosas, el cual no estaba consagrado en los punibles descritos en la norma
constitucional expedida después de la Ley 617 de 2000. Concluyó que la Sala se
encontraba frente a la atipicidad de la conducta constitutiva de pérdida de
investidura por inhabilidad del concejal.
21. Agregó que si bien el artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, se refiere a una
nueva inhabilidad, la misma está limitada a penas privativa de la libertad con una
temporalidad superior a cuatro años por delitos dolosos y, en ese orden, el caso
concreto no estaba circunscrito a dicho supuesto, por lo que señaló que el
demandado no estaba incurso en una inhabilidad que le generara la pérdida de su
investidura.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
22. El demandante pidió revocar la sentencia proferida en primera instancia y en
su lugar que se decrete la pérdida de la investidura del concejal accionado, por las
siguientes razones6:
23. Argumentó que el a quo efectuó una errada interpretación del alcance del
artículo 122 de la Constitución Política al sostener que dicha disposición excluye
los tipos penales como el de lesiones personales dolosas, e indicar que las
inhabilidades únicamente se circunscriben a los tipos penales que afectaran el
6 Cfr. Índice 58 del expediente digital de primera instancia.
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patrimonio del Estado, o a los delitos relacionados con los grupos armados ilegales
o narcotráfico.
24. Sumado a lo anterior, agregó que el Tribunal para sostener su argumentación
“mutiló maliciosamente el total alcance de la inhabilidad”,7 dado que el mismo
artículo constitucional establece “sin perjuicio de las demás sanciones” con lo cual
remite a otras conductas que pueden configurar inhabilidad para inscribirse como
candidato a cargos de elección popular, las cuales, en el caso bajo estudio,
corresponden justamente a las descritas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley
617 de 2000. De esta forma, concluyó que no existe incompatibilidad entre el
artículo legal y el artículo constitucional que por demás incluye de forma expresa
cualquier precepto legal que trate sobre dicha sanción.
25. Respecto al artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 indicó que es una norma
general que establece inhabilidades e incompatibilidades para todo tipo de cargos,
mientras que el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 es una ley
específica que inhabilita a los concejales para su inscripción y elección al tener
una sentencia privativa de la libertad. Remarcó que no existía duda de que se
debía aplicar la ley especial en la que se regula un proceso de carácter autónomo
con su propio procedimiento, el cual no se podía equiparar con la disposición
contenida en la Ley 1952 de 2019 en tanto el reproche que ella contiene es general
y se refiere al desempeño del funcionario público y no a la inscripción y selección
del mismo.
26. Afirmó que la conducta desplegada por el demandado estaba descrita en el
numeral 1 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y como tal era típica al encontrarse
descrita de forma clara en este precepto legal, y no ser contraria la disposición
constitucional sino complementaria de ella.
27. Agregó que la conducta descrita en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 617
de 2000 no reñía con el artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 y que en este caso no
era aplicable el principio de favorabilidad dado que el reproche de la desinvestidura
radicaba en la conducta desplegada y no en el quantum de la sanción penal.
7 Ibidem.
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28. Sostuvo que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el
demandante cometió la conducta que da lugar a la desinvestidura con culpa grave,
pues a pesar de que no tenía formación jurídica sí debía actuar con el mínimo
cuidado como lo hiciera una persona del común consultando requisitos o
exigencias mínimas del cargo por el mismo o a través de una persona que le
brindara asesoría idónea, aspectos de los que no obra prueba en el plenario. De
esta forma, concluyó que no se evidenciaba una conducta que le permitiera
exculpase pues el actuar del demandante fue imprudente y negligente.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
29. Por medio de auto de 12 de agosto de 20258 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora y se ordenó el traslado según lo previsto
en el numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20189.
30. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así:
31. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado consideró que
se debía confirmar la sentencia de primera instancia10 por las siguientes razones:
32. Respecto al elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura indicó
que estaba probado que el concejal electo incurrió en la inhabilidad prevista en el
numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el numeral 1 del
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, al ser condenado por el delito de lesiones
personales dolosas, a una multa y una pena privativa de la libertad por sentencia
que se encontraba ejecutoriada.
33. Agregó que el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 es la norma
aplicable en el caso bajo estudio y precisó que la Corte Constitucional11 ha
sostenido que el legislador tiene libertad, independencia y autonomía de
configuración legislativa en materia de inhabilidades conforme se encuentra
8 Cfr. Índice 5 del expediente digital de segunda instancia.
9 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
10 Cfr. índice 13 del expediente digital de segunda instancia.
11 Corte Constitucional, sentencia C-146 de 2021; C-053 de 2021, C-393 de 2019, C-176 de 2017,
C-311 de 2004 y C-618 de 1997, C-209 de 2000.
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establecido en el artículo 293 de la Constitución Política, que autoriza al legislador
para que este fije las prohibiciones e impedimentos de los ciudadanos que
aspiraran a cargos de elección popular.
34. En concordancia con lo anterior, precisó que en el artículo 122 de la Carta
Política se menciona “sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley”12
y enuncia los eventos en los cuales los ciudadanos no se pueden inscribir como
candidatos a cargos de elección popular.
35. De otra parte, manifestó que el demandante no señaló nada frente al
elemento subjetivo en el líbelo de la demanda, ni se refirió a aspecto alguno sobre
el dolo o la conducta gravemente culposa del demandado, de manera que fue solo
hasta el recurso de apelación que lo mencionó. Por lo anterior, consideró que el
juez estaba vedado para pronunciarse sobre cuestiones o asuntos de fondo que
no fueron planteados dentro del debate procesal.
36. Sostuvo que el Consejo de Estado en senda jurisprudencia13 ha señalado
que al demandante le corresponde cumplir con la carga probatoria de la
configuración de los elementos objetivo y subjetivo de la pérdida de investidura,
pues al ser un proceso sancionatorio se le deben aplicar todas las garantías
procesales. Así las cosas, concluyó que como no fue alegado ni probado el
elemento subjetivo no se podía decretar la desinvestidura del concejal.
37. Por su parte, el apoderado judicial de la parte accionada manifestó su
oposición frente al recurso de apelación y solicitó que se confirmara la decisión de
primera instancia en los siguientes términos14:
38. Argumentó sobre el elemento subjetivo que a la parte actora le asiste la
obligación de justificar de forma clara la causal endilgada y explicar cómo se
configura la misma; en particular, le corresponde sustentar si la conducta del
demandado se realizó a título de dolo o culpa para así garantizar el derecho de
12 Cfr. índice 13 del expediente digital de SAMAI.
13 Sentencias rad.: 54001-23-33-000-2019-00091-01 (PI), rad.: 11001-03-15-000-2019-01599-00,
rad.: 110010315000200601308 00.
14 Cfr. índice 14 del expediente digital de segunda instancia.
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defensa, contradicción y demás principios que rigen el proceso de pérdida de
investidura.
39. Al respecto, trajo a colación una sentencia15 en la que se sostuvo que la carga
de la prueba recae sobre el solicitante de la pérdida de investidura quien debe
acreditar la configuración del elemento objetivo y subjetivo de la causal.
Igualmente refirió una sentencia16 en la que se precisaba que el proceso de
pérdida de investidura no sólo debía salvaguardar el debido proceso sino los
principios derivados de este derecho fundamental, como los de pro personae,
favorabilidad, pro libertate, in dubio pro sancionado, legalidad, prohibición de la
analogía, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad.
40. Adujo que el demandante no sustentó en la demanda la configuración del
elemento subjetivo ni aportó prueba alguna de este elemento. Consideró que la
demanda en realidad se planteó como si se tratara del medio de control de nulidad
electoral, por lo que en su criterio se desconoció la Ley 1881 de 2018, que
establece los principios que rigen el derecho sancionatorio en concordancia con la
sentencia SU-424 de 2016, en la que se plantearon las diferencias entre el proceso
de pérdida de investidura y de nulidad electoral.
41. Indicó que en segunda instancia el a quem no podía pronunciarse sobre
argumentos nuevos que no fueron planteados en la demanda ni en la contestación,
pues ello afectaría el derecho a la defensa de la contraparte al no haber tenido la
oportunidad de rebatir dichos argumentos tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia17. En este orden de ideas, enfatizó que el recurso de apelación no
era la oportunidad procesal para que la parte demandante se pronunciara sobre la
configuración del elemento subjetivo, toda vez que resultaba improcedente el
análisis de este argumento en la instancia en la que se encontraba el proceso.
15 Consejo de Estado. Sala Veinticinco Especial de Decisión. Sentencia de 29 de agosto de 2023.
rad: 11001031500020230142700.
16 Consejo de estado. Sala Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia de 11 de octubre de 2021.
rad: 11001031500020190159900.
17 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 30 de enero de 2025. radicado:
81001233900020240004701. Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 1 de noviembre de
2016. radicado: 11001031500020120201300.
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42. Por lo demás indicó que, al no encontrarse probado el elemento objetivo de
la causal de pérdida de investidura la Sala no debía entrar a analizar el elemento
subjetivo.
43. Sobre la interpretación del artículo 122 de la Constitución Política consideró
que el aparte “sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley”, no hace
alusión a otras conductas como lo consideró el apoderado de la parte demandante
sino a otras sanciones definidas en la ley. Así, el apelante confundió conductas
con las sanciones para darle otro alcance a la norma superior sin tener en cuenta
el análisis hermenéutico de esta.
44. Adujo que existía contradicción entre el inciso quinto del artículo 122 de la
Constitución Política y el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, toda vez que el artículo
constitucional se refiere a cargos de elección popular de forma general y por lo
tanto i) esta disposición se debe aplicar de manera prevalente en atención a la
supremacía de la Constitución, ii) no se excluyó a los concejales de los
presupuestos de la inhabilidad por lo que no procede un trato diferencial y menos
la aplicación de una norma de inferior jerarquía y, iii) se debe preferir una
interpretación con fundamento en los principios pro libertate y pro homine de las
normas en cuestión para garantizar los derechos políticos del elegido y sus
electores, por lo que había que entender que la inhabilidad se limita a los delitos
que afectan el patrimonio del Estado, los de pertenencia, promoción o financiación
de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad y los de narcotráfico.
45. Consideró que no tenía fundamento alguno estudiar el artículo 42 de la Ley
1952 de 2019, en la medida en que su análisis no cambiaba la decisión de negar
las pretensiones de la demanda, pues insistió que la norma aplicable al caso es la
contenida en el artículo 122 de la Carta Política.
46. Señaló que no existía inhabilidad vigente dado que el Juzgado Primero de
ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, mediante auto interlocutorio
669 del 14 de mayo de 2009, declaró la extinción de la pena y ordenó “la liberación
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definitiva de la pena principal y las accesorias impuestas”18 al señor Cristian
Rusber Bautista Cachaya, por lo que ese fallo hizo tránsito a cosa juzgada y, por
lo tanto, se trataba de una decisión inmutable, vinculante y definitiva en el asunto.
Señaló que conforme a lo anterior, los certificados de antecedentes penales
expedidos por la Policía Nacional y los antecedentes disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación acreditaban que el señor Bautista Cachaya no
tenía inhabilidades vigentes que lo limitaran para postularse como candidato a
concejal.
47. El 5 de septiembre de 2025, el accionante presentó memorial19 en el que
manifestó inconsistencias frente al concepto rendido por el procurador delegado
en relación con el elemento subjetivo de la acción de pérdida de investidura. Adujo
que desde la contestación de la demanda la parte accionada se pronunció de
manera amplia y suficiente sobre el elemento subjetivo, de manera que no se le
estaba trasgrediendo su derecho de defensa y de contradicción. Concluyó que no
era cierto que solo se hubiera hecho mención del elemento subjetivo en el recurso
de apelación.
48. Consideró que hacer un análisis en los términos indicados por la Procuraduría
sería un despropósito al advertirse que en el caso concreto se configura la causal
de pérdida de investidura tanto en el elemento objetivo como subjetivo al ser
debatido este último por las partes procesales.
49. Finalmente indicó que le corresponde al juez de segunda instancia verificar el
cumplimiento del elemento objetivo y el subjetivo con base en las pruebas
aportadas mientras que la calificación subjetiva le corresponde al juez.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
18 Cfr. índice 14 del expediente digital de segunda instancia.
19 Cfr. índice 19 del expediente digital de segunda instancia.
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50. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 15020 del CPACA, el parágrafo 2 del artículo 48 de la
Ley 617 de 9 de octubre 200021 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
201922, sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo de
Estado.
6.2. De la acreditación de la condición de concejal
51. Previo al análisis de los problemas jurídicos que se deben resolver en esta
instancia, la Sala encuentra probado que el demandante fue elegido concejal del
municipio de Neiva para el periodo constitucional de 2024 a 2027, por el partido
Unidos por Neiva como consta del formulario E28 expedido por el Consejo
Nacional Electoral23 situación que no es objeto de discusión por las partes
procesales. Tampoco es objeto de controversia que el accionado tomó posesión
del cargo de concejal.
52. De esta forma se encuentra acreditado el requisito previsto en el literal b) del
artículo 5 de la Ley 1881 de 2018 aplicable a los procesos de pérdida de
investidura de concejales municipales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
22 de la mencionada ley.
6.3. Del análisis de la causal de pérdida de investidura objeto de reproche
53. La Sala tendrá que definir si incurre en causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de inhabilidades, la persona que se inscribe como candidato
al Concejo municipal y además resulta elegida cuando, como lo afirma el
accionante, dicha persona había sido condenada a una pena privativa de la
20 En el que se prevé que esta Corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las
sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
21 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado
conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia
los Tribunales Administrativos.
22 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
23 Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia.
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libertad por el delito de lesiones personales dolosas a través de sentencia
debidamente ejecutoriada.
54. Con miras a resolver este problema, la Sala analizará si en el presente asunto
se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo de la causal y en
esa medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de investidura del convocado.
6.3.1. Del elemento objetivo
55. El accionante invocó el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, que regula la
pérdida de la investidura de concejales en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales
perderán su investidura por:
1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con el
Artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie renuncia previa, caso
en el cual deberá informar al Presidente del Concejo o en su receso al alcalde
sobre este hecho.
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto
de intereses.
3. Por indebida destinación de dineros públicos.
4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado”. (Subrayas de la
Sala).
56. La Sala considera necesario reiterar que el numeral 2 del artículo 55 de la
Ley 136 de 1994, en lo referente a las inhabilidades, se encuentra vigente en los
términos establecidos en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, norma
que establece que los concejales municipales y distritales perderán su investidura
por “las demás causales expresamente previstas en la ley”24. En ese orden, la Sala
estima que la causal aludida no fue eliminada del ordenamiento jurídico y, por lo
tanto, es norma que aplica al asunto bajo estudio.
57. Ahora bien, el accionante invocó como causal de inhabilidad la contenida en
el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40
de la Ley 617 de 2000, que indica lo siguiente:
24 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 5 de mayo de 2023. Radicado:
050012333000 2021 01485 03 C.P: Hernando Sánchez Sánchez.
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“ARTÍCULO 40.- De las inhabilidades de los concejales. El Artículo 43 de
la Ley 136 de 1994 quedará así:
"ARTÍCULO 43.- Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal municipal o distrital:
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura
de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o
concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en
interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
(…)” (Subrayas de la Sala).
58. Lo primero que hay que destacar es que el numeral 1 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994, fue declarado exequible por la Corte Constitucional a través de
la sentencia C-209 de 200025. La Corte señaló que el carácter intemporal de la
inhabilidad no desconoce el principio de imprescriptibilidad de la pena dado que el
fundamento de la disposición no reposa en la salvaguarda de derechos
individuales sino en la protección y prevalencia del interés general.
59. Igualmente la Corte destacó que la prohibición contenida en la norma debe
evaluarse desde la perspectiva de las exigencias que se imponen a las personas
para ocupar dignidades públicas, pues a través de ellas se busca conservar la
idoneidad del servidor respecto al desarrollo y ejecución de sus funciones, al
tiempo que se transmite a la comunidad la confianza necesaria sobre el manejo
de los asuntos de interés general en tanto percibe que su gestión está en manos
de personas cuyo comportamiento no ha sido objeto de reproche jurídico alguno.
60. Tratándose de la configuración de la causal de inhabilidad indicada supra la
jurisprudencia de la Sección26 ha señalado que se deben acreditar los siguientes
supuestos: (i) haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la
libertad en cualquier tiempo y (ii) que la sentencia condenatoria se encuentre
debidamente ejecutoriada. Como se advierte de la lectura de la norma, no se
configurará la inhabilidad cuando la condena tiene lugar por delitos políticos o
culposos aspecto que deberá ser analizado para cada caso concreto.
25 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C- 209 de 1 de marzo de 2000. Expediente D-2490.
Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.
26 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Radicado:
440012331002 2016 00098 01. Consejero Ponente, Hernando Sánchez Sánchez.
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61. La Sección la indicado lo siguiente frente a los elementos de la causal y la
intemporalidad de la inhabilidad:
“[…] 55. La Sección Primera ha precisado en varias oportunidades27, por un
lado, que el primer elemento de la inhabilidad establecida en el numeral 1.°
del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
implica: i) determinar si el demandado ha sido condenado por sentencia
judicial a pena privativa de la libertad; ii) que la causal no se configura cuando
la condena a pena privativa de la libertad tiene lugar “[…] por delitos políticos
o culposos […]”. Por el otro, que en razón de la naturaleza de las funciones y
a la representatividad que ostentan los concejales municipales y distritales, la
causal de inhabilidad indicada supra contiene una prohibición intemporal
puesto que, cuando la ley quiere limitar en el tiempo, así lo dispone
expresamente. Al respecto, en la sentencia indicada supra28 la Sección
consideró lo siguiente:
[…]
56. En ese orden de ideas, la Sala considera que el mandato contenido en el
numeral 1.º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617, al establecer un mandato intemporal, no vulnera derecho
fundamental alguno; tanto así que el Acto Legislativo Núm. 01 de 2004, que
modificó el artículo 122 de la Constitución Política, aplicable a los servidores
públicos, establece de manera general que “[…] no podrán ser inscritos como
candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como
servidores públicos, […] quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,
por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado […]”29.
Desarrollos jurisprudenciales sobre el segundo supuesto fáctico de la
inhabilidad establecida en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617: que se trate de una sentencia
condenatoria definitiva.
57. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia proferida el
8 de octubre de 201330, puso de presente que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 248 de la Constitución Política, para que se configure el supuesto
fáctico de la causal de inhabilidad invocada, consistente en la condena judicial
a pena privativa de la libertad por delitos distintos a los políticos o culposos,
es necesario que se trate de una sentencia condenatoria definitiva,
debidamente ejecutoriada.
(…)
59. Lo anterior permite a la Sala concluir que la inhabilidad alegada surge
como consecuencia de la sanción penal que se le impone al demandado, a
través de una sentencia judicial definitiva, como lo dispone el artículo 248 de
la Constitución Política, según el cual “[…] Únicamente las condenas
27 Sentencia de 12 de marzo de 2009, Expediente 2008-00094 (PI), Consejera Ponente doctora
María Claudia Rojas Lasso. Sentencia de 23 de mayo de 2013, Expediente: 2012-00222-01(PI),
Consejera ponente, doctora María Elizabeth García González.
28 Cfr. cita ibidem.
29 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 9 de mayo de 2019. Radicado: 76001-23-31-
000-2011-00744-01(PI) Consejero Ponente, Hernando Sánchez Sánchez.
30 Expediente: 11001031500020110140800, Actor: Orlando Parada Díaz, M.P. doctor Gerardo
Arenas Monsalve.
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proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de
antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes […]”31.
(Negrillas del texto original)
62. Igualmente, sobre este carácter intemporal de la causal establecida en la
norma citada anteriormente y sobre la vigencia o no de la condena, la Sección
Primera32 señaló que para la configuración de la inhabilidad no “se tiene en cuenta
si la condena se encuentra vigente o si ya fue cumplida, puesto que basta con que
la condena se haya ejecutoriado en cualquier tiempo para que proceda la
inhabilidad. La norma tampoco establece la posibilidad de ser superada la
inhabilidad por el hecho de que se haya cumplido la condena, pues por la misma
razón de su intemporalidad, resulta igualmente irrelevante si la condena se cumplió
o fue declarada su prescripción”.
63. En el caso concreto, la Sala encuentra que dentro de las pruebas aportadas
al plenario se encuentra copia de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Neiva de 4 de abril de 200633 en la que se decidió:
64. Como fundamento de la decisión judicial que privó de la libertad del señor
Bautista Cachaya se sostuvo:
31 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 26 de agosto de 2021. Radicado:
500012333000 2021 00094 01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
32 Consejo de Estado. Sección Primera. Sección Primera. Sentencia de 5 de junio de 2014.
Radicado: 150012331000 2013 00212 01. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
33 Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia.
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65. Igualmente, obra dentro del plenario reporte de consulta de proceso con
radicado: 41001400400220060007300 en la que se observa que contra la
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Neiva no se
presentó recurso y que la sentencia quedó ejecutoriada el 24 de abril de 2006. El
25 de abril de la misma anualidad se registró auto que termina proceso por
sentencia ejecutoriada con la siguiente anotación: “EJECUTORIADA LA
SENTENCIA CONDENATORIA SE DISPUSO: ELABORAR LA ESTADÍSTICA,
ENVIAR COPIA DEL FALLO AL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD, SOLICITAR AL JEFE DE LA SIJIN
DE LA CIUDAD LA CONDUCCIÓN DEL CONDENADO BAUTISTA CACHAYA
PARA ENTERLO (sic) DEL FALLO Y SUSCRIBA LA DILIGENCIA DE
COMPROMISO, Y ARCHIVAR EL PROCESO DEFINITIVAMENTE”34. Finalmente,
se observa que el 08 de junio de 2006 se archivó el proceso.
66. Por otro parte, se allegó al plenario consulta de datos del proceso del
Juzgado 001 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva en la que
se observa que el 08 de junio de 2007 “SE LIBRO BOLETA ENCARCELACION Nº
081 DIRECTOR CARCEL DE NEIVA Y SE CANCELO ORDEN DE CAPTURA
134”35 y el 15 de mayo de 2009 “SE DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA CONDENA
IMPUESTA AL SENTENCIADO Y SE ORDENA QUE POR PARTE DEL CENTRO
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SE EXPIDA COPIA DE LA SENTENCIA
CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS DE LOS ARTS. 115 Y 394 DEL C.P.C. A
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA DISAJ PARA LO PERTINENTE EN
RELACIÓN CON EL COBRO DE LA MULTA”36.
67. De las pruebas que obran en el plenario, resulta acreditado que el señor
Cristhian Rubther Bautista Cachaya incurrió en la causal de inhabilidad prevista en
el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40
de la Ley 617 de 2000, toda vez que fue condenado a pena privativa de la libertad
por el delito de lesiones personales dolosas y la sentencia condenatoria proferida
en su contra se encuentra ejecutoriada.
68. Ahora bien, frente a los reparos formulados respecto a la sentencia
proferida por el a quo la Sala precisa lo siguiente:
69. Sobre la supuesta incompatibilidad entre el artículo 122 de la Constitución
Política y la causal de inhabilidad prevista en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, es preciso tener
presente el tenor de la norma constitucional que en su inciso quinto establece lo
siguiente:
“ARTÍCULO 122
(…)
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser
inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni
designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por
interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido
condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el
patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados
ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el
exterior” (Subrayas de Sala).
70. Para la Sala la salvedad establecida al señalar la norma “Sin perjuicio de
las demás sanciones que establezca la Ley” hace referencia a que la inhabilidad
para inscribirse como candidatos a cargos de elección popular no se sujeta o limita
a las causales contempladas en esa disposición constitucional, sino que ampara o
cobija las dispuestas en otras normas de rango legal.
36 Ibidem.
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71. A juicio de la Sala la norma constitucional reconoce la libertad de
configuración del legislador en materia de inhabilidades y, por lo tanto, debe ser
leída en concordancia con el artículo 293 Superior que autoriza al legislador para
determinar las inhabilidades con relación a ciudadanos que aspiren a ser elegidos
por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades
territoriales. Al respecto, en sentencia C- 311 de 2004 la Corte Constitucional
indicó lo siguiente:
“Es así como la Constitución Política y la ley se han encargado de fijar un
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, a través del cual se persigue
impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos que no
observen las condiciones que han sido estatuidas para asegurar la idoneidad
y probidad de quien aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público.
Al respecto la Corte ha señalado que el Legislador goza de un amplio
margen de configuración en materia de establecimiento de inhabilidades
e incompatibilidades para el ejercicio de funciones públicas, que debe
respetar, sin embargo, los límites que en este campo impone la Carta Política,
bien por que (sic) ella haya fijado de manera explícita determinados
parámetros, bien porque la actuación del Legislador deba subordinarse a los
valores, principios y derechos constitucionalmente reconocidos y en particular
los determinados en los artículos 13, 25, 26 y 40-7 superiores.
La Corte ha precisado que el alcance concreto de la potestad de configuración
del legislador, en éste, como en los demás casos, dependerá de la precisión
con la que la Constitución haya regulado la institución jurídica de que se trate
y que en este sentido la posibilidad que en cualquier circunstancia tiene el
Legislador para desarrollar la Constitución dependerá en su alcance del
margen que haya dejado la Constitución.
Sobre el particular en la sentencia C-064 de 2003 donde se analizó el alcance
del inciso final del artículo 122 superior para resolver sobre la
constitucionalidad del parágrafo 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, dijo
la Corte lo siguiente:
“(L)a ciencia constitucional entiende y acepta como uno de sus principios
más elaborados que sea el legislador el encargado de desarrollar y
concretizar los textos constitucionales. Principio que encuentra pleno
respaldo en la Constitución al habilitar al órgano legislativo para cumplir esa
importante misión. Labor que debe cumplir con total obediencia de los
límites establecidos por el mismo Estatuto Supremo, precisamente para
que no desborde sus contenidos y termine por desnaturalizar la norma de
normas.
Para dicho desarrollo no se requiere que la norma constitucional disponga
de forma individual que autoriza al Congreso, debido a que de manera
general el Constituyente lo faculta para ello (C.P., arts. 114 y 150), por
tanto, el Legislador con ese cometido está cumpliendo claras atribuciones
constitucionales, con total apego al principio del estado de derecho, según
el cual toda autoridad del Estado no puede cumplir funciones distintas de
las que le atribuyen la Constitución y la Ley (C.P. art., 121).
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El ejercicio de esta potestad dependerá, en menor o mayor medida, del
grado de precisión con el que el constituyente regula una institución jurídica,
y del propio desarrollo constitucional de la misma. Así, podría decirse que
la libertad de configuración del legislador es inversamente proporcional a la
precisión y amplitud con la que la Constitución regula una institución
jurídica. A mayor precisión de las nociones constitucionales, menor libertad
de acción para el legislador. A mayor desarrollo constitucional de la
normatividad Superior, menor espacio de acción para la ley (…)”37.
72. En este orden de ideas, para la Sala no existe incompatibilidad entre el
artículo 122 de la Constitución y la causal de inhabilidad en discusión, comoquiera
que la misma norma constitucional faculta al legislador para regular otras causales
de inhabilidad, como la establecida en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
73. Ahora bien, respecto de la aplicación que efectuó el a quo del numeral 1 del
artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 que trata sobre otras inhabilidades para
desempeñar cargos públicos, la Sala considera que dicha norma no aplica al caso
sub examine en la medida en que se trata de una norma del Código General
Disciplinario referente a las inhabilidades para ciudadanos que quieran ejercer
cargos públicos y, en esta medida, no es la disposición especial que consagra las
inhabilidades para concejales.
74. Por lo demás, tal como lo ha señalado la Sección el ámbito de aplicación
de las normas disciplinarias y la naturaleza misma de los procesos de esta índole
son diferentes a los propios del medio de control de pérdida de investidura.
“102. En primer término, cabe destacar que, la Sala Plena del Consejo de
Estado y esta Sección, desde sus inicios, ha defendido la autonomía e
independencia que existe entre el mecanismo de control de pérdida de
investidura, con la acción disciplinaria, en cuanto a su objeto, naturaleza y
fines que persiguen. Así pues, en sentencia de 30 de octubre de 200838, se
señaló:
«[…] la acción disciplinaria es independiente de la acción de pérdida de
investidura, siendo la primera de carácter administrativo y la otra de
naturaleza jurisdiccional, lo cual ha reiterado en diferentes fallos, como lo
expresa el del 22 de abril de 2004, referencia 2002-09494-01, C.P. Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta, que dice:
37 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C- 311 de 31 de marzo de 2004. Expediente D-4832.
Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
octubre de 2008, demandado: Jaime Andrés López Gutiérrez, Consejera Ponente: Martha Sofía
Sanz Tobón.
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“La jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado han puesto de
presente la autonomía de la acción de pérdida de la investidura frente a
las demás acciones que puedan originarse por los hechos que se
encuadren en las causales previstas para ella, de modo que en lo
concerniente a la acción disciplinaria conserva esa autonomía, más
cuando ésta se da en sede administrativa y por ende no hace tránsito a
cosa juzgada, mientras que aquélla es de carácter jurisdiccional y su
decisión produce efecto de cosa juzgada.
De otra parte, el carácter de la acción disciplinaria administrativa es
principalmente correctivo, en la medida en que procura que la conducta
de los servidores públicos se ajuste a los postulados del deber ser de
sus funciones, a fin de garantizar la mejor prestación del servicio público,
mientras que el de la acción de pérdida de la investidura tiene como
propósito primordial procurar la moralidad y el comportamiento ético de
quienes ejercen poder político a través de las corporaciones públicas de
elección popular, de suerte que su conducta y decisiones en el ejercicio
de las mismas se ajusten ante todo al interés general y al bien común,
de allí que si bien se le reconoce un tenor disciplinario, es claro que se
enmarca en la ética política, antes que en la puramente administrativa,
de allí que las consecuencias de la pérdida de la investidura sean
justamente y en todo caso de índole política”.
Una misma conducta puede ser causal para adelantar una acción
disciplinaria, una pérdida de investidura y aún una acción penal, pero son
objeto de procesos independientes, que la autoridad competente debe
examinar de conformidad con las normas que gobiernan la respectiva
acción. Las consecuencias de la prosperidad de cada una de estas
acciones son diferentes y en el presente caso es la pérdida de la investidura
[…]».
102. De otro lado, resulta procedente traer a colación lo sostenido por esta
Sección, en sentencia de 4 de mayo de 201139, al acoger el pensamiento de
la Sala Plena en sentencia de 1° de octubre de 2009, en la cual se insistió en
la autonomía que existe entre el proceso de pérdida de investidura con la
acción disciplinaria, pues además de las marcadas diferencias que existen en
cuanto a la naturaleza de dichas figuras, fue clara la intención del constituyente
de 1991 de excluir la infracción a las normas disciplinarias como causal de
pérdida de investidura, a lo que se suma que, tampoco fue este el propósito
del legislador con la expedición de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario
Único. En dicha oportunidad se sostuvo:
«[…] El proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza
jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que consagran
tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello que la Ley 734 de
2002 no consagró como sanción principal la pérdida de la investidura, como
sí lo hacia (sic), de manera discutible, la Ley 200 de 1995 en su artículo 29,
numeral 9, lo que pone de manifiesto que dicho proceso, por no ser del
conocimiento de las autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la
misma connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye
sanción dentro de éste.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número de
radicado: 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), actor: Joaquín Alberto Neira Rendón, demandado:
Vicente Alexander Gómez Patiño, MP: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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Las normas previstas en la Ley 734 de 2002 están dirigidas al proceso
disciplinario que, por su naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De
ahí que no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener aplicación
preferente, pues no se está en presencia de dos actuaciones de la misma
naturaleza, ni mucho menos con las mismas consecuencias sancionatorias.
Por lo expuesto, estima la Sala acertada la invocación que hace el señor
Agente del Ministerio Público de la Sentencia proferida por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo el 1° de octubre de 2009,40 en donde se
afirmó lo siguiente:
1.- Sobre la competencia de la Procuraduría General de la Nación, la concurrencia
de las acciones de pérdida de la investidura y disciplinaria y la supuesta violación
del principio non bis in idem. Se examina en primer lugar si se excluyen
mutuamente las acciones de pérdida de la investidura y la disciplinaria, y por
lo mismo si la competencia ejercida por el Juez de la investidura descarta la
potestad disciplinaria reconocida a la Procuraduría General de la Nación; por
tanto, si al admitir la independencia y autonomía de las dos acciones se viola
el principio non bis in idem. ║
La acción de pérdida de la investidura tiene antecedentes en Colombia en el
artículo 13 del acto legislativo No. 1 de 1979; luego de ese primer momento,
fue establecida en la Carta Política de 1991. Se trata de una acción pública de
carácter constitucional confiada a las autoridades jurisdiccionales, más
exactamente a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esta acción, que se
halla desarrollada en los artículos 110, 179, 183, 184 y 237 de la Carta Política,
la Ley 144 de 1994 y 48 de la Ley 617 de 2000, tiene como desenlace que el
implicado no pueda ser ungido para cargos de elección popular porque así
lo preceptúa el artículo 179 de la Carta Política.
Las responsabilidades de quien ejerce un cargo de representación en las
corporaciones de elección popular, supone distintos compromisos como
ciudadano, como funcionario y adicionalmente como delegatario. Por lo
mismo, está sometido a responsabilidad política frente a sus electores,
mantener la pureza de las costumbres y un comportamiento político,
riguroso, impecable y libre de sospechas en su actuar público y privado.
Frente a la sociedad entera, incluidos quienes no son sus electores, el
representante responde por la desatención de sus deberes y funciones en
los términos del artículo 6º de la Constitución Política.
Se ha dicho que la sanción de pérdida de la investidura procede por el “grave
desacato de los deberes públicos”, según acotó la Corte Constitucional en la
Sentencia C-089 de 3 de marzo de 1994. Posteriormente en la Sentencia C-
319 de 14 de julio de 1994, adujo que también responde el elegido “en los
casos de indebida destinación de dineros públicos o de tráfico de influencias
debidamente comprobado”. En su momento esa Corte declaró inexequible
la exigencia de una sentencia condenatoria previa para decretar la pérdida de
la investidura, pues consideró que esta es “un verdadero juicio de
responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de
carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga la trasgresión al
código de conducta intachable que los congresistas deben observar por
razón del inapreciable valor social y político de la investidura que ostentan.
Para la Corte, el tipo de responsabilidad política de carácter disciplinario
exigible al Congresista que incurriere en la comisión de una de las conductas
40 (Cita es original): Sentencia del 1° de octubre de 2009, Rad. N° 25000-23-25-000-2003-09361-
01(0641-08), Consejero Ponente, Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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que el Constituyente erigió en causal de pérdida de la investidura, es
perfectamente diferenciable y separable de la penal (…)”. 41 (Negrillas de la
Sala).
103. En síntesis, la Jurisprudencia ha sido pacífica en distinguir, por un lado, el
régimen disciplinario y, por el otro, el régimen de pérdida de investidura en los que
se destacan causales autónomas que persiguen finalidades distintas. En ese
orden, la Sala reitera que, por la naturaleza sancionatoria de la acción de pérdida
de investidura, las causales son de aplicación restrictiva y no admiten
interpretaciones análogas o extensivas razón por la cual en el caso bajo estudio
no es procedente aplicar las disposiciones contenidas en el Código General
Disciplinario.
104. Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Sala encuentra acreditado el
elemento objetivo de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por violación del
régimen de inhabilidades, en la medida en que la conducta del demandado
encuadra en la causal endilgada, la cual en los términos explicados no contraría el
artículo 122 de la Constitución Política.
6.3.2. Del elemento subjetivo
105. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, modificado por el
artículo 4 de la Ley 2003 de 2019, el proceso de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva, lo que exige que se acredite que el accionado actuó
con dolo o con culpa grave. Al respecto, la Sentencia SU- 424 de 2016 precisó
que:
“el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de
Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla
general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y
las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar
la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de
quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las circunstancias
41 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 9 de septiembre de 2021. Radicado: 70001
23 33 000 2021 00014 01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si
se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se
esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista
alguna circunstancia que permita descartar la culpa” (negrillas de la Sala)
106. De lo anterior se colige que al juez de la pérdida de investidura le
corresponde, luego de determinar la configuración de la causal alegada, verificar
si el demandado conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico y, en este orden, verificar si existía un eximente
de responsabilidad. Con relación al análisis de culpabilidad la Sección en
sentencia de 25 de mayo de 201742 acogió la sentencia de unificación y destacó
lo siguiente:
“(…) Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la
misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como
de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de
pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en
la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso.
En aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la
ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia requerida para el
desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la conducta
debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA ANGULO
conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de inhabilidad, con
miras a determinar si existió dolo o culpa en su comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este
caso la celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho
conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención en la
misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar
demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de
42 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Radicado: 81001 23
39 000 2015 00081 01. C.P: María Elizabeth García González.
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la diligencia que para la inscripción como candidato al Concejo del
Municipio de Arauca (Arauca), le era menester desplegar.
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos
señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:
“ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar
los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o
de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en
materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia
y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios
propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido
leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o
mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es
responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que
un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, incluso en los eventos de elección
popular, sin embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el
grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así
como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo,
por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no
de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con
el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios. La Ley
136 establece en su artículo 42 las calidades o requisitos positivos con los
que debe contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es,
ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo
municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis (6)
meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o requisitos
negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido
y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha
explicado, haber intervenido en el año anterior a las elecciones, en la
celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de
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terceros, para ser ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser
Concejal.
Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y análisis
previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser elegido Concejal
Municipal. Esa, es una diligencia que surge como debida en el ordinario
transcurrir del proceso de inscripción del respectivo candidato, siéndole por
demás exigible en medio de las normales medidas de cuidado y
precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura reglamentaria
y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la ignorancia de
las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen de constitucionalidad
por la Corte Constitucional, que en dicha ocasión explicó lo siguiente, que
ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada
como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que
implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo
la Corte Suprema, en fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica:
“Es la igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos
deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se repite, una
igualdad de derechos y no de medios. Si no
se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema
de estatutos privados privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a
establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad
constitucional y generador del caos jurídico”.43
[…]
Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone,
a la vez, una obligación ineludible a cargo del Estado: promulgar las leyes,
pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las
consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia.
No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel
insignificante en el conocimiento del derecho y en el cumplimiento de los
deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para
evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder
a ella ocupa un lugar importante en la Carta. Pero no puede argüirse
razonablemente que quienes carecen de educación o tienen
dificultades para conocer la ley, se encuentran imposibilitados para
conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser relevados
de cumplirlos (…)”44.
107. Sobre lo anterior, esta Sección ha señalado que:
43 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
44
Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
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“La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien pretende
acceder a la función pública, en los que están comprendidos los cargos de
elección popular; sin embargo, el entendimiento de dichos requisitos podría
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es,
el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así
como a los actos que haya realizado para conocer dicho contexto
normativo, por ejemplo, solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello
determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta
es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe
exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.
Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia de la
ley no sirve para excusar su transgresión, al tenor del artículo 9° del Código
Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan el ejercicio del cargo
que se pretende ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria
observancia y diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en
particular, con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el
individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la
Constitución Política y la ley.
(…)
Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019, que modificó el
artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201871, estableció que el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubieren
incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en
la Constitución, lo que aporta, significativamente, en aquellos factores que
también deben verificarse en el comportamiento desplegado por los
miembros de las corporaciones públicas territoriales, -dolo o culpa grave”45.
108. Pues bien, atendiendo al carácter subjetivo del medio de control de pérdida
de investidura y la jurisprudencia citada, la Sala considera que el accionado tenía
pleno conocimiento de la condena que le fue impuesta por el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Neiva de 4 de abril de 2006 por el delito de lesiones personales
dolosas46 y, en esta medida, claramente habría advertido la existencia de la causal
que impide la inscripción y la elección a quienes han sido condenados por
sentencia judicial a pena privativa de la libertad con excepción de las condenas
por delitos políticos y culposos.
109. Como atrás quedo visto, es obligación de quien aspira a un cargo de
elección popular revisar los requisitos necesarios para su inscripción y posterior
45 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 28 de mayo de 2026. Radicado: 50001 23
33 000 2025 00113 01 C.P: Nubia Margoth Peña Garzón.
46 Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia.
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elección y posesión y en este sentido el deber de informarse sobre aquellas
circunstancias que podían impedir su inscripción y posterior elección.
110. En el caso particular por tratarse de la inhabilidad derivada de una condena
penal, no resulta posible alegar su ignorancia, dado los efectos y transcendencia
que tiene para cualquier persona ser privado de su libertad y ser sancionado
económicamente por su conducta. De hecho, antes que alegar la inexistencia de
la condena penal el accionado lo que alegó fue, de una parte, la extinción de la
pena, lo que demuestra su consciencia sobre el fallo, su firmeza y sus efectos y
de otra, que el aval del partido derivada de la inexistencia de antecedentes,
circunstancia y escenario diferente al de la inhabilidad.
111. En este contexto tampoco resulta posible alegar que el accionado haya
actuado bajo por la convicción de estar actuando de manera recta y diligente, o
que sobre la causal que lo afectaba no existiera claridad, o bien que la
jurisprudencia tuviera posiciones diferentes, o que habiéndose asesorado en
términos adecuados se le hubiere brindado una asesoría errada en el sentido de
que no existía ninguna inhabilidad a pesar de la existencia del fallo penal
ejecutoriado en su contra.
112. Dicho de otra forma, en el asunto sub judice no hay lugar a alegar que el
accionado actuó bajo un supuesto error invencible, figura que ha sido explicada
por la Sección en los siguientes términos:
“137. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el concejal
ponga de presente la convicción que tenía sobre la rectitud o validez de su
conducta, sino que es necesario que el juez de la pérdida de investidura
analice si la persona estaba, o no, en condiciones de superar el error47, en
virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad; en ese
marco, no basta con que se alegue por el miembro de la corporación pública
de elección popular que obró de buena fe o bajo una íntima convicción, sino
que debe acreditar la buena fe calificada, motivada por un error invencible,
ya porque actuó al amparo de la jurisprudencia vigente para la época,
o se asesoró adecuadamente, y pese a ello incurrió en la conducta
reprochable.”48 (negrillas de la Sala)
47 O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible
sustraerse.
48 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 15 de mayo de 2025. Radicado: 50001 23
33 000 2024 00220 01. C.P: Oswaldo Giraldo López.
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113. En efecto, respecto a la acreditación de un error invencible por actuar al
amparo de la jurisprudencia vigente, la Sala destaca que las decisiones judiciales
han sido uniformes en relación con la interpretación de la inhabilidad estudiada y
su intemporalidad; de manera que la alegada subrogación de la pena solo tiene
efectos en el contexto del proceso penal pero no corresponde a un eximente dentro
del proceso de la pérdida de investidura en tanto la inhabilidad existe a pesar de
que haya tenido lugar dicha subrogación49.
114. En cuanto a la asesoría legal, la Sala no encontró dentro de las pruebas
algún elemento que le permita determinar si el demandado contó con una asesoría
jurídica relacionada o enfocada en esclarecer las implicaciones que para la
inscripción al cargo de concejal derivaban de haber sido condenado a una pena
privativa de la libertad por el delito de lesiones personales dolosas y del hecho que
se hubiera declarado la subrogación de la pena.
115. Ahora bien, pese a que el demandado sostuvo que no tiene formación en
derecho y que los términos jurídicos son de difícil comprensión dicha circunstancia
no lo exime de su responsabilidad. En efecto, el hecho de no contar con formación
jurídica no suprime el deber de informarse y asesorarse previo a la postulación a
un cargo de elección popular; pues como atrás se indicó quien se postula asume
la carga de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales
exigidos para ello y asume los efectos del principio según el cual la ignorancia de
la ley no sirve de excusa.
116. Así las cosas, la Sala advierte que la conducta del demandado denota la
falta del cuidado que le era exigible en tanto no adoptó las medidas necesarias
para verificar si se encontraba incurso en una inhabilidad para postularse al cargo
de concejal, lo cual es aún más innegable si se tiene en cuenta que dicha
inhabilidad derivaba de una sanción de orden penal que, como tal, tiene
repercusiones de toda índole. No se puede dejar de lado que, justamente dicha
verificación es una carga y responsabilidad del postulante en tanto al momento de
su inscripción debe afirmar bajo la gravedad de juramento no estar incurso en
ninguna situación que pueda afectar u elegibilidad.
49 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 18 de abril de 2024. Radicado: 85001 23 33
000 2023 00121 01. C.P: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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117. Dicha omisión deja en evidencia la conducta negligente y de poca
prudencia, configurando así una actuación gravemente culposa.
118. Respecto a los certificados expedidos por la Procuraduría General de la
Nación50 en los que se consigna que el demandado no reporta sanciones ni
inhabilidades vigentes, en particular, el certificado especial para el cargo de
concejal, la Sala considera que dicho documento no constituye un error invencible,
dado que de haber consultado con un profesional en derecho se habría superado
el error. Así pues, cabe retirar que en estos asuntos no es suficiente alegar que se
obró de buena fe, sino que se debe acreditar la buena fe calificada51. En efecto en
sentencia de 18 de abril de 2024 se señaló:
“70. La existencia de certificados expedidos por los entes de control, como la
Procuraduría General de la Nación41 , en los cuales se reporta que el
accionado “[…] NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
[…]”42 de modo alguna enerva su situación personal -haber sido condenado,
por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad- y haber actuado con
sustento en ellos no puede constituir un error invencible, como lo señalan las
decisiones judiciales de esta Sección, pues bastaba para el accionado, se
reitera, acudir a la asesoría de expertos que le ilustraran respecto de su
situación para superar tal error, pues no es suficiente “[…] que se alegue por
el miembro de la corporación pública de elección popular que obró de buena
fe, sino que debe acreditar la buena fe cualificada, motivada por un error
invencible, bien sea porque actuó al amparo de la jurisprudencia vigente para
la época o porque se asesoró adecuadamente y pese a ello incurrió en la
conducta reprochable […]”52
119. Por las razones expuestas, la Sala encuentra acreditado que al demandante
le era exigible el deber de diligencia para la inscripción y elección al cargo de
concejal y que conforme se ha expuesto omitió desplegar actuaciones para
determinar su situación particular con relación a la sentencia condenatoria, lo que
deja en evidencia su actuar negligente y poco prudente y de esta forma se acredita
la configuración del elemento subjetivo.
120. En consecuencia, se revocará la sentencia de 2 de julio de 2025 proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila para en su lugar, decretar
50 Cfr. Índice 16 del expediente digital de primera instancia.
51 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 1 de abril de 2022. Radicado: 05001 23 33
000 2021 01706 01. C.P: Hernando Sánchez Sánchez
52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Sentencia del 18
de abril de 2024. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Rad. 85001 23 33 000 2023 00121 01.
Demandante. Jenniffer Astrid Pérez Sierra. Demandado. Jader Andrés Flórez Castañeda.
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Radicación: 41001 23 33 000 2025 00036 01
Solicitante: Juan Carlos Marroquín Fandiño
la pérdida de investidura del señor Cristhian Rubther Bautista Cachaya quien
resultó electo como concejal de Neiva para el período constitucional 2024-2027.
121. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
no se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura
es una acción pública en la que se ventila un interés general.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de julio de 2025 proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de investidura del señor Cristhian Rubther
Bautista Cachaya quien resultó electo como concejal de Neiva para el período
constitucional 2024-2027.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.
CUARTO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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Solicitante: Juan Carlos Marroquín Fandiño
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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