RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 85001-23-33-000-2023-00121-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2023-00121-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2023-00121-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 1° de abril de 2022. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2021 01706 01. 23 Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01 Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2023-00121-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA
Accionado: JADER ANDRÉS FLÓREZ CASTAÑEDA
Tema: Violación del Régimen de Inhabilidades - Reiteración de jurisprudencia /
Inhabilidad por haber sido condenado, por sentencia judicial, a pena privativa de
la libertad – Reiteración de jurisprudencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionado contra la
sentencia de 12 de enero de 2024, proferida, en primera instancia, por el Tribunal
Administrativo de Casanare.

I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda

1. La ciudadana Jenniffer Astrid Pérez Sierra, actuando en nombre propio y obrando
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20111, solicitó la pérdida de investidura del señor Jader Andrés Flórez
Castañeda, concejal del municipio de Aguazul (Casanare) para el período 2024-
20272.

I.1.1. Los hechos

2. Manifestó que el señor Jader Andrés Flórez Castañeda fue elegido concejal del
municipio de Aguazul en las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023.

3. Aseguró que el accionado, de acuerdo con la respuesta a una petición que le
formuló al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal el 15 de noviembre de 2023,
fue condenado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el
proceso identificado con el número de radicación “[…] 85001610547201480073
[…]”.

1
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 002 ESCRITO DEMANDA.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

I.1.2. La causal de pérdida de investidura

4. El accionante consideró que el señor Flórez Castañeda, conforme a los hechos
relatados, habría incurrido en la inhabilidad prevista en el artículo 43 numeral 1° de
Ley 136 de 2 de junio de 19943, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de
octubre de 20004, según la cual no podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital quien, entre otras situaciones, haya sido condenado
por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o
culposos.

I.1.3. La solicitud de medida cautelar

5. El accionante, igualmente, solicitó la suspensión provisional del “[…] del acto
administrativo de la elección […]”, con la finalidad de que el acusado “[…] no pueda
posesionarse en el cargo por el partido conservador colombiano y se pueda
posesionar el segundo de la lista de la misma colectividad. […]”.

I.2. Trámite de la demanda

6. El magistrado instructor del proceso, en auto de 21 de noviembre de 20235,
admitió la solicitud de pérdida de investidura y ordenó i) tener como accionante y
accionado a los señores Jenniffer Astrid Pérez Sierra y Jader Andrés Flórez Sierra,
respectivamente; ii) la notificación personal al demandado y al agente del Ministerio
Público; iii) advertir que el accionado disponía de cinco (5) días, para los efectos
señalados en el artículo 10 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186; iv) notificar por
estado a la accionante; y, v) abrir cuaderno de medidas cautelares con la demanda
y sus anexos.

7. La magistrada instructora del proceso, en auto de 21 de noviembre de 2023 7,
ordenó correr traslado, por el término de cinco (5) días, al accionado, para que se
pronunciara respecto de la medida cautelar solicitada por la accionante. “[…] En el
mismo lapso, el Ministerio Público puede efectuar pronunciamiento sobre esta
petición […]”.

I.3. Contestación de la demanda

3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
5
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 006 AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA.pdf
6
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
7
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 007 AUTO QUE CORRE TRASLADO MC.pdf

3

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

8. El concejal acusado, dentro de la oportunidad procesal correspondiente y a través
de apoderado, dio respuesta a la solicitud de pérdida de investidura solicitando su
“[…] archivo definitivo […]”8.

9. Aseguró que el acusado no está incurso en la causal de inhabilidad que se le
atribuye y destacó que, de las pruebas que aportó, es posible establecer que la
sentencia proferida en contra de aquel por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Yopal habría dispuesto “[…] “la inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por un término igual al de la pena principal”, es decir, por el
término de cincuenta y seis (56) meses […]”.

10. Añadió que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Yopal, mediante auto interlocutorio núm. 1.479 -sin fecha- habría declarado la
extinción de la sanción penal impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Yopal, en sentencia de 3 de abril de 2014, así como de las penas accesorias de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

I.4. Trámite del proceso

11. La magistrada instructora del proceso en primera instancia, mediante auto de 5
de diciembre de 20239 dispuso “[…] ÚNICO: DECRETAR la medida cautelar
solicitada por la señora Jenniffer Astrid Sierra. En consecuencia, se ORDENA
suspender el acto de elección del señor Jader Andrés Flórez Castañeda como
concejal del municipio de Aguazul por el partido conservador (sic) para el período
2024-2027, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

12. La magistrada instructora del proceso en primera instancia, en auto de 5 de
diciembre de 202310 decretó la práctica de pruebas en el proceso y fijó para el 12
de enero de 2024, 9:00 a.m., la fecha de realización de la audiencia prevista en los
artículos 11 y 12 de la Ley 1881.

13. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 fue realizada el 12
de enero de 2024 con la asistencia e intervención del apoderado de la accionante;
el accionado y su apoderado; y, el Procurador 53 Judicial II para Asuntos
Administrativos, agente del Ministerio Público para este proceso11.

I.5. La sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 12 de enero de
202412, resolvió:

8
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 017 CONTESTACION DE LA DEMANDA.pdf
9
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 019 AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR.pdf
10
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 022 AUTO QUE DECRETA PRUEBAS.pdf
11
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 050 ACTA AUDIENCIA.pdf
12
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 054 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.pdf

4

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

“[…] PRIMERO: DECRETAR la pérdida de investidura del señor Jader Andrés
Flórez Castañeda, elegido concejal del municipio de Aguazul por el partido
conservador (sic) para el período 2024-2027, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia. […]”.

15. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el consistente en determinar si:

“[…] ¿Se configuran los elementos objetivo y subjetivo para decretar la pérdida
de investidura del demandado, elegido concejal del municipio de Aguazul, por
ser condenado a pena de prisión en un proceso dentro del cual se declaró la
extinción de la sanción penal? […]”

16. Planteó la tesis que seguiría el Tribunal Administrativo, así:

“[…] Si, en el sub examine (sic), se prueba que el señor Jader Andrés Flórez
Castañeda fue condenado por el Juzgado Tercero Penal de Yopal, dentro del
expediente CUI No. 8501061 05474 2014 80073 a pena de prisión de 56 meses,
por el delito de Tráfico (sic) o porte de estupefacientes. Igualmente se advierte
que una vez ejecutoriada dicha providencia, el asunto se remitió al Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, en el que
se redimieron 4 meses y 2 días por trabajo y mediante auto del 12 de octubre
de 2018, decretó la extinción de la sanción penal por cumplir el periodo de
prueba, con lo cual se configura el elemento objetivo, pues según lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, no podrá ser inscrito ni
elegido concejal, quien haya sido condenado a pena privativa de la libertad,
prohibición que no se encuentra limitada en el tiempo y por lo mismo se incurre
en ella cuando existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada,
sin que la extinción de la pena habilite al candidato para postularse al
mencionado cargo de elección (…) También se demuestra el elemento subjetivo
por cuanto el aquí demandado, tenía el deber de verificar si se encontraba o no
inhabilitado para ser concejal, obligación que no se cumple con la simple
revisión de los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales que se encuentren
vigentes, sino que requiere además la revisión de las normas aplicables al cargo
al que aspiraba y en el que resultó elegido, omisión que conforme lo explica la
jurisprudencia evidencia una falta de diligencia y cuidado por parte del
demandado, quien fue condenado penalmente a título de dolo, sin que la
ignorancia de la Ley (sic) sirva de excusa para justificar su conducta (…) Por lo
anterior, el cargo tiene vocación de prosperidad, porque incurrió en la
inhabilidad consagrada en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000,
como quiera que mediante sentencia ejecutoriada fue condenado a pena de
prisión en sentencia del 3 de abril de 2014 y a pesar de tener conocimiento de
esta situación se inscribió y resultó elegido como concejal de Aguazul, sin que
la extinción de la sanción penal le permita aspirar al dicho (sic) cargo ni justificar
su omisión en verificar dicho impedimento. […]”

17. Se refirió de manera general a la figura de la pérdida de investidura y a los
elementos para la configuración de la inhabilidad contenida en el “[…] numeral 1 del
artículo 40 de la Ley 617 de 2000 […]” y, posteriormente, a los hechos probados
dentro del expediente, así:

“[…] Mediante sentencia del 3 de abril de 2014, el Juzgado Tercero Penal de
Yopal, dentro del expediente No. 85001 31 04 003 2014 00016 00 y CUI No.
8501061 05474 2014 80073, profirió sentencia condenatoria contra el señor

5

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

Jader Andrés Flórez Castañeda por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes y le impuso la pena principal de 56 meses de prisión, multa de
1,75 SMLMV e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
por un término igual a la pena principal. En el numeral octavo se dispuso que
ejecutoriada la aludida providencia, la actuación se remitiese al Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad (sic) y en su parte
final, se dejó la siguiente constancia: “Los sujetos procesales quedan
notificados en estrados. SIN RECURSOS” (consecutivo 021).

A través de auto No. 1479 del 12 de octubre de 2018 emitido por el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad (sic) de Yopal, dentro
del proceso 85 001 61 05474 2014 80073, se decretó la extinción de la sanción
penal impuesta por el Juzgado Tercero Penal de Yopal en sentencia del 3 de
abril de 2014.

En la parte considerativa señala que el señor Jader Andrés Flórez Castañeda,
fue condenado a la pena de prisión de 56 meses, igualmente refiere que en
calidad de sentenciado se le redimió el siguiente tiempo: (…) Señala que el
condenado observó las obligaciones impuestas y que feneció el período
probatorio, razón por la cual procede la extinción de la pena principal y de las
accesorias (págs. 23 a 25 consecutivo 014).

A través de certificado especial de antecedentes disciplinarios No. 218707117
del 15 de marzo de 2023, la Procuraduría General de la Nación señala que el
señor Jader Andrés López Castañeda no presenta inhabilidades especiales
aplicadas al cargo de concejal (pág. 28, consecutivo 014) […]”

18. La primera instancia expuso, frente al elemento objetivo, que se acreditó que el
concejal acusado fue condenado, mediante sentencia de 3 de abril de 2014
proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal dentro del proceso con
“[…] CUI No. 8501061 05474 2014 80073 […]”, a la pena principal de 56 meses de
prisión por el delito de tráfico o porte de estupefacientes, la cual no fue apelada y,
una vez ejecutoriada, fue remitida a los juzgados de ejecución de penas y medidas
de seguridad.

19. Asimismo, evidenció que el accionado se encontraba “[…] recluido cumpliendo
la pena principal […]” y que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad le redimió “[…] varios días por trabajo […]”, concediéndole
posteriormente la libertad condicional con un período de prueba de 20 meses y 17
días y, una vez, cumplido ese plazo, decretó, mediante auto de 12 de octubre de
2018, la extinción de la sanción penal.

20. Encontró acreditado, en consecuencia, el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura atribuida al acusado.

21. Consideró, frente al elemento subjetivo, que era el proceso penal el escenario
para determinar si el acusado actuó con dolo o culpa al portar estupefacientes en
cantidades superiores a la dosis personal y tal debate no puede reabrirse con
ocasión del proceso de pérdida de investidura, para que en él se expongan aspectos

6

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

que no fueron presentados por el defensor del accionado en el curso del
mencionado proceso penal y enervar, por esta vía, el elemento subjetivo.

22. Destacó que “[…] los antecedentes de la Procuraduría General de la Nación […]”
certifican que el accionado no presenta inhabilidades especiales para ocupar el
cargo de concejal, precisando que en el documento se relacionan las sanciones que
se encuentren vigentes. Adicionó que en “[…] en el registro de novedades de
sanciones penales diligenciado por dicha entidad […]”, se indica que el concejal
acusado estuvo condenado a 56 meses de prisión por el delito de fabricación o porte
de estupefacientes y que fue decretada la extinción de la sanción penal “[…] por
cumplimiento del período de prueba. […]”.

23. Se refirió a las pruebas que obran en el proceso, en particular, a la sentencia de
3 de abril de 2014, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal,
aludida anteriormente, anotando que el accionado aceptó ser el autor material del
delito mencionado y se “[…] calificó la conducta en la modalidad dolosa […]”, con lo
cual:

“[…] se acredita el elemento subjetivo a título de dolo, pues así se indica en la
sentencia previamente relacionada, aunado a que el demandado conocía
plenamente que había sido condenado a pena de prisión, pues cumplió la pena
y si bien, como lo explica el apoderado del señor Flórez Castañeda asumió que
no estaba inhabilitado para ejercer el cargo de concejal porque no figuraban
anotaciones en tal sentido ante los entes de control, especialmente en la
Procuraduría General de la Nación, se precisa que en dichas certificaciones
solamente se relacionan las sanciones vigentes, circunstancia que conllevaba
a que al señor Jader Andrés Flórez Castañeda revisara (sic) todo el marco
normativo correspondiente y verificara si estaba incurso en una causal que el
impidiera inscribirse y ser elegido concejal en su municipio.

Sin embargo, no tuvo la debida diligencia y cuidado en advertir que el numeral
1 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 contempla como inhabilidad haber sido
condenado en cualquier tiempo a pena privativa de la libertad, sin que la
extinción de esta sanción penal subsane o deje sin efecto dicha causal,
resaltando que el medio de control de pérdida de investidura, no es el escenario
para analizar si la dosis que portaba tenía la calidad de dosis personal o si el
aquí demandado era consumidor, aspectos que debieron ser debatidos ente el
ente acusador en el proceso penal, dentro del cual el señor Flórez Castañeda
aceptó los cargos y fue condenado a título de dolo, razón por la cual esta
jurisdicción no es la competente para analizar argumentos de índole penal que
ahora expone el apoderado del demandado en este medio de control de pérdida
de investidura.

Por ende, el hoy demandado además de constatar si tenía o no sanciones
vigentes reportadas ante los entes de control, también debió verificar cuáles son
los requisitos para ser concejal y sus correspondientes inhabilidades, trámite
que omitió sin que el desconocimiento de la referida norma sirva de excusa para
descartar o desconocer que había cumplido una pena privativa de la libertad a
título de dolo, la cual le impedía inscribirse y ser elegido concejal en su
municipio. […]”.

7

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

I.6. El recurso de apelación

24. El concejal accionado, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó
recurso de apelación13 orientado a que se revoque y, en su lugar, se nieguen las
pretensiones de la solicitud.

25. Indicó, luego de hacer referencia a las sentencias SU 424 de 2016 y SU 474 de
2020, proferidas por la Corte Constitucional, que el juicio de culpabilidad realizado
por la primera instancia no era acertado puesto que estructuró el dolo a partir “[…]
de la sentencia del proceso penal, al punto que se confunde dolo con culpa grave
[…]”.

26. Señaló que la argumentación, así realizada, vulneró la “[…] sana crítica, en tanto,
transgrede las reglas de la lógica, concretamente, el principio de razón suficiente, el
cual exige la demostración de un motivo, una razón o argumento apto o idóneo para
reconocer una premisa, afirmación o negación como válida […]”.

27. Insistió en que el juicio de culpabilidad, en sede del dolo, no era el que tuvo en
cuenta la primera instancia que se remitió a la realizado por la jurisdicción ordinaria
penal, sino la intención positiva de lesionar un interés jurídico, con lo cual se
configuró una petición de principio “[…] “yerro lógico que consiste en dar por
demostrado lo que requiere comprobación”. En el presente asunto, no se demostró
el dolo del concejal en punto de lesionar un interés jurídico, tan sólo se concentró
en trasladar el “dolo” descrito por el Juzgado 3 Penal del Circuito de Yopal […]”.

28. Consideró que tampoco se había demostrado una conducta gravemente culposa
del concejal acusado pues actuó como lo hace “[…] el hombre promedio, precisando
que la formación escolar del concejal electo es bachiller, no es un letrado del
derecho […]” y que, en todo caso, consultó el certificado especial expedido por la
Procuraduría General de la Nación y los antecedentes de la Policía Nacional,
entidades que emitieron certificados que “[…] indicaron que no ostentaba
antecedentes, de hecho, obra un error invencible por parte del concejal electo, como
quiera que, dada su formación, asumió que la extinción de la sanción penal lo
habilitaba, además, para ser concejal […]”.

29. Recordó, asimismo y respecto de la conducta gravemente culposa, que la
primera instancia había mencionado que se demostró el elemento subjetivo porque
el accionado “[…] tenía el deber de verificar si se encontraba o no inhabilitado para
ser concejal, obligación que no se cumple con la simple revisión de los antecedentes
disciplinarios, fiscales y penales que se encuentren vigentes” […]”, cuestionando tal
afirmación puesto que, en su concepto, ese era el procedimiento que emplea un

13
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 057 RECURSO DE APELACION DDO.pdf

8

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

hombre promedio puesto en la misma situación del concejal, cuya formación llegó
a bachiller, y:

“[…] si el resultado de las consultas ante las diferentes autoridades indica que
no tiene antecedentes tal como lo dispone el artículo 248 superior, lo que
deviene es que asumió que podía presentarse a las justas electorales,
independiente de las consultas realizadas a la norma, dicho en otras palabras,
a la luz del principio de confianza, la consulta realizada por el concejal ante las
autoridades judiciales y administrativas arroja que no tiene antecedentes, es así
que procede a inscribirse, máxime que la extinción de la sanción penal, lo indujo
en error al asumirlo como habilitante para participar en la contienda electoral
[…]”

I.7. Trámite del recurso de apelación

30. La magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia, mediante auto de
30 de enero de 202414, concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación
interpuesto por el accionado en contra de la sentencia de 12 de enero de 2024.

31. El Consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en segunda
instancia, mediante auto de 8 de marzo de 202415, resolvió admitir el recurso de
apelación y correr traslado del auto admisorio del recurso de apelación al acusado
y al agente del Ministerio Público por el término de tres (3) días.

32. Durante el término del traslado concedido, el apoderado judicial del accionante
intervino16, solicitando la confirmación de la sentencia de primera instancia.

33. Consideró que, conforme al marco constitucional, legal y doctrinal vigente, el
concejal acusado no podía inscribirse ni ser elegido concejal del municipio de
Aguazul (Casanare) al configurarse la causal de inhabilidad prevista en el “[…]
numeral 1 del art. 43 de la ley 136 de 1994 con la modificación introducida por el
artículo 40 de la ley 617 de 2000 […]”. Recordó, igualmente, que:

“[…] por mandato constitucional y por la naturaleza del delito su inhabilidad es
de carácter intemporal, es decir, no desaparece al pasar del tiempo, ni por buen
comportamiento o rehabilitación y mucho menos por extinción de la acción
penal, pues se trata de una condena por NARCOTRAFICO tal y como también
se prueba en la constitución política artículo 122 que expresa: inciso 5
modificado acto legislativo 1 de 2004 art. 1 modificado. Acto legislativo 01 de
2009 art. 4 “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no
podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos,
ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por
interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados,
en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del
Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la

14
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 059 AUTO QUE CONCEDE APELACION.pdf
15
Índice 4, SAMAI.
16
Índice 8, SAMAI.

9

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de
lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.

Así las cosas, el demandado al aceptar los cargos por los cuales fue condenado,
está ACEPTANDO que su actuación fue gravemente culposa, es decir, que al
momento de aceptar los cargos aceptas las consecuencias jurídicas y legales
que eso contrae y no se puede manifestar como ignorancia supina al momento
de tener un fallo en contra de primera instancia como sucedió ante el Honorable
Tribunal Administrativo de Casare (sic).

Adicionalmente en (sic) Tribunal Administrativo de Casanare desgloso el
elemento objetivo y [el] elemento subjetivo de los que se trata en este tipo de
procesos administrativos […]”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

34. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del
acusado; iii) el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de investidura invocada;
y, v) los cargos formulados por el apelante contra la sentencia de primera instancia.

II.1. La competencia

35. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019; y en el
artículo 15017 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejal

36. La primera instancia estimó acreditado que el accionado fue elegido concejal del
municipio de Aguazul teniendo en cuenta la información que reposa en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, vínculo “[…]
https://www.resultados.registraduria.gov.co/concejo/46/colombia/casanare/aguazul
[…]”.

37. La Sala debe señalar que la condición del acusado como concejal electo del
municipio de Aguazul para el período 2024-2027 fue reconocida por el apoderado
del accionado en la contestación de la solicitud y no fue motivo de cuestionamiento
en el recurso de apelación.

38. Igualmente, consultado el vínculo
https://www.resultadosprec2023.registraduría.gov.co/concejo/46/colombia/Casanar
e/aguazul, tal y como lo constató la primera instancia, se advierte que el señor Jader
Andrés Flórez Castañeda “[…] fue elegido como Concejal del Municipio de Aguazul

17
Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “[…] Por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

10

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

– Casanare por el partido Conservador con un umbral de 1.156 votos y 450 votos
con el número 3 […]”18.

39. De esta forma, se encuentra cumplido el requisito previsto en el literal b) del
artículo 5° de la Ley 188119, aplicable a los procesos de pérdida de investidura de
concejales municipales por así disponerlo el artículo 22 de la misma ley20.

II.3. El problema jurídico

40. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 32021 y 32822 de la Ley 1564, aplicables por
virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que
debe resolver, siguiendo el recurso de apelación formulado por el accionado, se
contrae a determinar si, como lo estableció el Tribunal Administrativo de Casanare
en la sentencia de 12 de enero de 2024, aquel violó el régimen de inhabilidades
aplicable a los concejales, causal de pérdida de investidura para estos servidores
públicos de acuerdo con el artículo 55 numeral 2° de la Ley 136 en concordancia
con el artículo 48 numeral 6° de la Ley 617, por incurrir en la inhabilidad contenida
en el artículo 43 numeral 1° de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley
617, esto es, haber sido condenado por sentencia judicial, para la fecha de
inscripción, a pena privativa de la libertad.

41. Debe tenerse en cuenta que el artículo 1° de la Ley 1881, modificado por el
artículo 4° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201923, concibe la pérdida de
investidura como un proceso de carácter sancionatorio en el que se realiza un juicio
de responsabilidad subjetivo.

42. Esto significa que, para efectos de establecer si un concejal incurrió en las
causales que se le imputan, se requiere analizar, inicialmente, la tipicidad de la
conducta, lo que implica establecer si los hechos invocados en la solicitud y que se
le atribuyen al servidor público se adecúan a la causal endilgada -elemento objetivo-
.

18
Hecho primero de la solicitud de pérdida de investidura.
19
“[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse
por escrito y contener, al menos: (…) b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral
Nacional […]”
20
“[…] ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los procesos
de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
21
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
22
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones […]”.
23
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.

11

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

43. Pero dicho análisis no resulta suficiente para despojar de la investidura a tal
servidor público en la medida en que, adicionalmente y en caso de que se encuentre
que la conducta del acusado se adecúa a la causal de pérdida de investidura que
se le atribuye, se requiere evaluar si aquel actuó en forma dolosa o gravemente
culposa -elemento subjetivo-.

44. El apelante cuestionó, únicamente, la configuración del elemento subjetivo de
culpabilidad que la primera instancia encontró acreditado, indicando que:

i) No estaba acreditada la existencia del dolo en la conducta del concejal
acusado en razón a que se estructuró a partir de la sentencia
condenatoria proferida por la jurisdicción ordinaria penal.

ii) No estaba acreditada la culpa grave en la conducta del concejal acusado
puesto que este actuó como lo habría hecho un hombre promedio con
formación de bachiller, esto es, consideró que la extinción de la sanción
penal lo habilitaba para ser concejal, pues al consultar los respectivos
certificados expedidos por la Procuraduría General de la Nación y la
Policía Nacional, encontró que no presentaba antecedentes de algún tipo,
incurriendo, por ello, en error invencible.

II.4. La causal de pérdida de investidura invocada

45. El accionante le atribuyó al concejal acusado la violación del régimen de
inhabilidades previsto para los concejales por haber sido condenado, por sentencia
judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos,
conducta descrita en el artículo 43 numeral 1° de la Ley 136, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617.

46. Esta Sección24 ha sostenido reiteradamente que, pese a que el artículo 48 de la
Ley 617 no prevé la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida
de investidura, esto no indica que dicha causal hubiera sido eliminada, puesto que
el numeral 6° de la norma citada establece que, entre otros, los concejales
municipales y distritales, perderían su investidura por las demás causales
expresamente previstas en la ley.

24
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando
Sánchez Sánchez. Sentencia de 5 de mayo de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2021 01485 03.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 26 de agosto de 2021. Radicación núm.: 50001 23 33 000 2021 00094 01(PI).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 27 de mayo de 2021. Radicación núm.: 17001 23 33 000 2019 00573 01(PI).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 19 de abril de 2021. Radicación núm.: 44001 23 40 000 2020 00030 01(PI).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 20 de octubre de 2017. Radicación núm.: 44001 23 31 001 2016 00055 01(PI).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala.
Sentencia de 22 de octubre de 2015. Radicación núm.: 19001 23 33 000 2015 00141 01(PI).

12

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

47. La Ley 136, norma que no ha sido derogada en su totalidad por la Ley 617,
precisamente estableció, en su artículo 55 numeral 2°, que los concejales perderían
su investidura, “[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”.

48. Ahora bien, la inhabilidad que se le atribuye al accionado es la prevista en el
artículo 43 numeral 1° de la Ley 136, modificado artículo 40 de la Ley 617, cuyo
contenido es el siguiente:

“[…] ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40
de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito
como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de
la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la
investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de
diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre
en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. […]” (Negrilla fuera del
texto)

49. La Sección25 ha indicado que, para la configuración de esta inhabilidad, se
requiere la presencia de los siguientes elementos:

“[…] 58. Esta Sala26, a partir del contenido de la norma, concluyó que la
inhabilidad se configura cuando concurren los siguientes elementos:

«[…] (i) Haber sido condenado a pena privativa de la libertad en cualquier
tiempo y, […] (ii) Que la sentencia condenatoria sea definitiva, esto es, que se
encuentre debidamente ejecutoriada […]»

59. Frente a los elementos para la configuración de la inhabilidad y la
intemporalidad de la prohibición, la Sala27 ha considerado lo siguiente:

«[…] 55. La Sección Primera ha precisado en varias oportunidades28, por un
lado, que el primer elemento de la inhabilidad establecida en el numeral 1.° del
artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, implica: i)
determinar si el demandado ha sido condenado por sentencia judicial a pena
privativa de la libertad; ii) que la causal no se configura cuando la condena a
pena privativa de la libertad tiene lugar “[…] por delitos políticos o culposos […]”.
Por el otro, que en razón de la naturaleza de las funciones y a la
representatividad que ostentan los concejales municipales y distritales, la causal
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés, Sentencia de 26 de agosto de 2021. Radicación núm.:50001 23 33 000 2021 00094 01(PI).
26
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente:
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número:
44001-23-31-002-2016-00098-01(PI). Actor: FREDYS ENRIQUE BARROS HERRERA.
Reiterada en CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación
número: 76001-23-31-000-2011-00744-01(PI). Actor: JOSÉ HERNANDO VALENCIA RAMÍREZ. Demandado: ARNULFO
NIETO ARIAS. Referencia: Acción de pérdida de investidura de concejal.
27
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente:
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número:
76001-23-31-000-2011-00744-01(PI). Actor: JOSÉ HERNANDO VALENCIA RAMÍREZ. Demandado: ARNULFO NIETO
ARIAS. Referencia: Acción de pérdida de investidura de concejal.
28
Sentencia de 12 de marzo de 2009, Expediente 2008-00094 (PI), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
Sentencia de 23 de mayo de 2013, Expediente: 2012-00222-01(PI), Consejera ponente, doctora María Elizabeth García
González.

13

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

de inhabilidad indicada supra contiene una prohibición intemporal puesto que,
cuando la ley quiere limitar en el tiempo, así lo dispone expresamente. Al
respecto, en la sentencia indicada supra29 la Sección consideró lo siguiente:

(…)

56. En ese orden de ideas, la Sala considera que el mandato contenido en el
numeral 1.º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley
617, al establecer un mandato intemporal, no vulnera derecho fundamental
alguno; tanto así que el Acto Legislativo Núm. 01 de 2004, que modificó el
artículo 122 de la Constitución Política, aplicable a los servidores públicos,
establece de manera general que “[…] no podrán ser inscritos como candidatos
a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores
públicos, […] quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la
Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado […]”.

Desarrollos jurisprudenciales sobre el segundo supuesto fáctico de la
inhabilidad establecida en el numeral 1.° del artículo 43 de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617: que se trate de una sentencia
condenatoria definitiva

57. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia proferida el 8
de octubre de 201330, puso de presente que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 248 de la Constitución Política, para que se configure el supuesto fáctico
de la causal de inhabilidad invocada, consistente en la condena judicial a pena
privativa de la libertad por delitos distintos a los políticos o culposos, es
necesario que se trate de una sentencia condenatoria definitiva, debidamente
ejecutoriada.

(…)

59. Lo anterior permite a la Sala concluir que la inhabilidad alegada surge como
consecuencia de la sanción penal que se le impone al demandado, a través de
una sentencia judicial definitiva, como lo dispone el artículo 248 de la
Constitución Política, según el cual “[…] Únicamente las condenas proferidas
en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes
penales y contravencionales en todos los órdenes […]”. […]”

II.5. El caso concreto

50. La Sala constata, de las pruebas que obran en el proceso, que el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Yopal (Casanare) profirió sentencia de 3 de abril de
201431 en contra del señor Jader Andrés Flórez Castañeda, dentro del expediente
núm. “[…] 85001 31 04 003 2014 00016 00 (…) CUI: 85010 61 05474 2014 80073
[…]”, en la cual decidió:

“[…] Primero: Condenar a Jader Andrés Flórez Castañeda, de anotaciones
civiles y personales consignadas en este fallo, a la pena principal de cincuenta
y seis [56] meses de prisión como autor responsable del delito de fabricación,
tráfico o porte de estupefacientes.

29
Cfr cita ibidem.
30
Expediente: 11001031500020110140800, Actor: Orlando Parada Díaz, M.P. doctor Gerardo Arenas Monsalve.
31
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 042 RESPUESTA REQUERIMIENTO.pdf

14

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

Segundo: Condenar a Jader Andrés Flórez Castañeda, al pago de multa en
cuantía de uno punto setenta y cinco [1.75] SMLMV, a favor del tesoro nacional,
conforme se expuso en la parte considerativa.

Tercero: Condenar a Jader Andrés Flórez Castañeda, a la inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena
principal, tal como se argumentó en la parte motiva de este fallo […]”.

51. La decisión judicial señaló que:

“[…] Establecido el allanamiento voluntario a cargos por parte del implicado,
según la acusación hecha por el representante de la Fiscalía General de la
Nación, en la audiencia de imputación realizada ante el Juzgado Primero Penal
Municipal de Yopal con función de control de garantías y por encontrarse
tipificada como delito en nuestro ordenamiento penal la conducta del aquí
justiciable, toda vez que el inculpado fue sorprendido en flagrancia mientras
portaba dentro de un bolso que llevaba consigo una sustancia conocida como
clorhidrato de cocaína en cantidad de 15 gramos netos según lo constató la
Fiscalía mediante PIPH. Por ello el comportamiento de Flórez Castañeda
encuadra en la descripción típica hecha en el Inc. 2° del Art. 376 del CP,
encontrando éste Juzgador que la conducta asumida por el procesado cumple
con el requisito de tipicidad y antijuridicidad, pues se trata de una acción
reprochada legal y socialmente, siendo una conducta pluriofensiva y bastante
grave pues afecta diversos bienes jurídicos tutelados como son la salud pública,
la autonomía personal de quienes consumen dichas sustancias prohibidas y por
contera la administración pública.

De otra parte el actuar del justiciable es doloso, pues a sabiendas que su
accionar era objeto de reproche penal, quiso su realización al portar una
sustancia conocida como clorhidrato de cocaína, siendo capturado en flagrancia
al encontrársele en su poder dicho estupefaciente.

Aunado a lo anterior, y como se argumentó el procesado admitió su
responsabilidad por el punible, por tanto, debe declararse responsable de la
conducta a título de dolo, y en consideración a que aceptó los cargos se ha
de efectuar un descuento del 12.5% de la pena a imponer que corresponde a
una cuarta [1/4] parte del beneficio que trata el Art. 351 del CPP, tal como lo
ordena el parágrafo del Art. 301 ibídem (sic) modificado por la L. 1453/2011 en
concordancia con la jurisprudencia penal en la cual se precisó el alcance de
esta norma.

Por las razones expuestas es fácil concluir que efectivamente le asiste
responsabilidad al hoy condenado. Por tal razón deberá dictarse fallo
condenatorio, con los descuentos permitidos por la ley penal ya citados, en
principio por haberse allanado a cargos en audiencia de imputación, asimismo
por existir circunstancias de menor punibilidad como lo es la carencia de
antecedentes judiciales.

DOSIMETRÍA PUNITIVA
(…)

Por las razones anteriormente expuestas se ha de imponer condena en
contra de Flórez Castañeda como responsable del delito de tráfico,
fabricación y porte de estupefacientes descrito en la L. 599/2000, Art. 376,
modificado por la L. 1453/2011, en la modalidad de llevar consigo,
haciéndose acreedor a una pena de cincuenta y seis [56] meses de prisión

15

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

y uno punto setenta y cinco [1.75] SMLMV los cuales deberá pagar dentro del
mes siguiente a la notificación de este proveído en la cuenta del Tesoro
Nacional de multas y cauciones del Banco Agrario número 3-0070-000030-4 e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término
igual al de la pena principal.

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y PRISIÓN
DOMICILIARIA

Dada la pena impuesta, no hay lugar a conceder el subrogado de la condena
de ejecución condicional de la pena ni el beneficio de prisión domiciliaria,
pues no se reúnen los requisitos establecidos en el Art. 38 B de la L.
599/2000, ya que e (sic) procede por un delito de los contenidos en el Inc.
2° del Art. 68 A del CP, modificado por la L. 1709/2014, razón por la cual se
deberá librar la respectiva orden de captura en contra del hoy sentenciado
[…]” (Negrilla fuera del texto)

52. La sentencia indicó, igualmente, que los sujetos procesales “[…] quedan
notificados en estrados. SIN RECURSOS […]”.

53. Consta, igualmente, que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad, en auto interlocutorio núm. 1479 de 12 de octubre de 2018 32, resolvió:

“[…] Primero.- Decretar la EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL, impuesta por
el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal – Casanare, en sentencia de
fecha 03 de abril de 2014, en favor de JADER ANDRÉS FLÓREZ CASTAÑEDA.

SEGUNDO.- Igual suerte correrán las penas accesorias de inhabilitación para
el ejercicio y funciones públicas impuestas en el fallo referido.

TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia
al sentenciado y a los demás sujetos procesales advirtiéndoles que contra la
presente providencia, proceden los recursos de reposición y apelación.

CUARTO.- LIBRAR los oficios a las autoridades correspondientes para la
habilitación de derechos y funciones y remitir el expediente al Juzgado fallador
para el archivo definitivo. Déjense las debidas constancias.

QUINTO.- Previa revisión, por secretaría, CANCELAR las órdenes de captura
que hayan sido libradas por cuenta de la presente causa en contra de JADER
ANDRÉS FLÓREZ CASTAÑEDA, si las hubiere. […]”.

54. Está acreditada la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura
atribuida al accionado al estar probado que incurrió en la inhabilidad prevista en el
artículo 43 numeral 1° de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, en
la medida en que fue condenado a pena privativa de la libertad y la sentencia
condenatoria se encuentra ejecutoriada, lo cual no es objeto de discusión en el
recurso de apelación.

55. La Sala abordará los argumentos expuestos por el apelante y por los cuales
solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia que accedió a la pérdida

32
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 043 RESPUESTA REQUERIMIENTO.pdf

16

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

de investidura del accionado, los cuales se centran en la configuración del elemento
subjetivo de culpabilidad y para el efecto se seguirán los planteamientos esbozados
en la sentencia de 25 de mayo de 201733, decisión judicial en la que se acogieron
los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU 424 de
2016.

56. El apelante alegó, en primer lugar, que no estaba acreditada la existencia del
dolo en la conducta del concejal acusado pues esta se estructuró a partir de la
sentencia condenatoria proferida por la jurisdicción ordinaria penal.

57. Argumentó, en segundo lugar, que no estaba acreditada la culpa grave en la
conducta del concejal acusado puesto que este actuó como lo habría hecho un
hombre promedio con formación de bachiller, esto es, consideró que la extinción de
la sanción penal lo habilitaba para ser concejal, pues al consultar los respectivos
certificados expedidos por la Procuraduría General de la Nación y la Policía
Nacional, encontró que no presentaba antecedentes de algún tipo, incurriendo, por
ello, en error invencible.

58. La primera instancia encontró acreditado el elemento subjetivo de culpabilidad, a
título de dolo, considerando:

i) Lo expuesto por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal en la
sentencia de 3 de abril de 2014, fallo en el cual se calificó la conducta del
acusado (llevar consigo o portar clorhidrato de cocaína) como dolosa y
constitutiva del delito previsto en el artículo 376 de la Ley 599 de 24 de
julio de 200034;

ii) Que el accionado conocía plenamente que había sido condenado a pena
de prisión, a pesar que no figuraban anotaciones en tal sentido en los
entes de control pues estas reportan las sanciones vigentes, por lo que
ha debido revisar el marco normativo correspondiente y verificar su
situación particular, lo cual no hizo y, en esa medida, no tuvo la diligencia
y el cuidado en advertir que existía en la ley 617 una inhabilidad por haber
sido condenado en cualquier tipo a pena privativa de la libertad que no se
subsana con la extinción de la pena y que le impedía su inscribirse y se
elegido concejal.

59. Le asiste parcialmente razón al apelante, al señalar que uno de los motivos por
los cuales la primera instancia consideró que la conducta del accionado fue
cometida a título de dolo, era porque así lo había señalado la sentencia
condenatoria de 3 de abril de 2014 proferida por el Juzgado Tercero Penal de Yopal.

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: María Elizabeth García
González. Sentencia de veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 81001-23-39-000-2015-
00081-01(PI). Reiterada recientemente en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia de quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Número
único de radicación 76001233300020230055001.
34
“[…] Por la cual se expide el Código Penal […]”.

17

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

60. La Sala encuentra que en los procesos de pérdida de investidura el dolo lo
constituye “[…] la intención positiva de lesionar un interés jurídico (…) En los casos
en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su
comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura,
estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por
ende, de un grado de culpabilidad doloso […]”35.

61. De tal forma que, en lo que se refiere al elemento subjetivo de culpabilidad, la
calificación del dolo está determinada por la demostración de que el accionado
conocía plenamente que su comportamiento constituía casual de pérdida de
investidura y que tuvo la intención de realizarla, lo cual no es posible extractar de la
sentencia condenatoria indicada.

62. No obstante, se considera que la conducta del accionado, si bien no puede ser
tenida como dolosa, si fue gravemente culposa.

63. La sentencia de 25 de mayo de 201736, decisión judicial en la que, se insiste, se
acogieron los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU
424 de 2016, destacó que:

“[…] Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los
cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud,
esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente
que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura,
estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma
y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que
se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en
virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento
culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la conducta debe
dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA ANGULO conocía o
debía conocer que la suya era constitutiva de inhabilidad, con miras a
determinar si existió dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: María Elizabeth García
González. Sentencia de veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 81001-23-39-000-2015-
00081-01(PI). Reiterada recientemente en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia de quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Número
único de radicación 76001233300020230055001.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: María Elizabeth García
González. Sentencia de veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 81001-23-39-000-2015-
00081-01(PI). Reiterada recientemente en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia de quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Número
único de radicación 76001233300020230055001.

18

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

caso la celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho
conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar
demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la
diligencia que para la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de
Arauca (Arauca), le era menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos
señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:

“ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o
descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias
civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta
especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es
responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta
especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad
de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige
el cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende
acceder a la función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo
con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su
profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos
o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con
base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena
fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios. La Ley 136
establece en su artículo 42 las calidades o requisitos positivos con los que debe
contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano
en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la
fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años
consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o requisitos
negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y

19

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado,
haber intervenido en el año anterior a las elecciones, en la celebración de
contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser
ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser Concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y análisis
previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser elegido Concejal
Municipal. Esa, es una diligencia que surge como debida en el ordinario
transcurrir del proceso de inscripción del respectivo candidato, siéndole por
demás exigible en medio de las normales medidas de cuidado y precaución
que tenía que adelantar para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos
y, por ende, de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la ignorancia de las
leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen de constitucionalidad por la
Corte Constitucional, que en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de
prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como
contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que implícitamente
recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema,
en fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad
jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual
protección a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico,
atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos
privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a
establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional
y generador del caos jurídico”.37

[…]

Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la
vez, una obligación ineludible a cargo del Estado: promulgar las leyes, pues
sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las
consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia.

No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel
insignificante en el conocimiento del derecho y en el cumplimiento de los
deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para evadirlos
sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa
un lugar importante en la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que
quienes carecen de educación o tienen dificultades para conocer la ley, se
encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que
por tanto deban ser relevados de cumplirlos […]”38 (Negrilla fuera del texto).

64. Desde la perspectiva anterior, se ha señalado que:

37
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
38
Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

20

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

“[…] La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien pretende acceder
a la función pública, en los que están comprendidos los cargos de elección
popular; sin embargo, el entendimiento de dichos requisitos podría analizarse
de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como los actos
que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad,
para con base en ello determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir
si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de
buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.

Lo anterior, sin dejar de lado que la ignorancia de las leyes no sirve para excusar
su transgresión, al tenor de los artículos 4º de la Constitución Política y 9° del
Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan el ejercicio del
cargo que se pretende ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria
observancia y diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en
particular, con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el
individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la Constitución
Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019, que modificó el artículo
1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018, estableció que el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva
y la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta
dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución, lo que aporta,
significativamente, en aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones públicas
territoriales, -dolo o culpa grave-[…]”39

65. La Sala encuentra que el accionado conocía, obviamente, su condición de
condenado por un delito, situación que le imponía el deber de revisar los requisitos
y el marco normativo del cargo al cual aspiraba, con lo cual habría constatado, de
la simple lectura de la Ley 617, que existía en el ordenamiento jurídico una
disposición que le impide a las personas que hayan sido condenadas por sentencia
judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, la
posibilidad de ser inscritos y elegidos como concejales.

66. En lo que tiene que ver con la existencia de un error invencible, al que alude el
apelante, esta Sección se ha referido al respecto, así:

“[…] Aunque, al tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia de la
ley no sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los
cuales sí se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida,
porque implican que el accionado actúa de buena fe calificada y en presencia
de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la
disposición de una manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el
principio de confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa
ignorancia, la persona se asesora de un profesional idóneo y éste le aconseja

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de quince (15) de diciembre de dos
mil veintitrés (2023). Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación
76001233300020230055001.

21

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

mal, ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se
discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que
si ésta es clara no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto
[…]”40

67. Frente al primer evento, las decisiones judiciales de esta Sección han sido
uniformes en relación con la interpretación de la inhabilidad estudiada y su
intemporalidad, como se pudo advertir, líneas atrás, al establecer los elementos que
debían estar presentes para su configuración y es claro que el apelante no alega
haber actuado con fundamento en ellas. De esta forma, la extinción de la pena a
través del auto interlocutorio núm. 1479 de 12 de octubre de 2018 tiene efectos,
únicamente, en el contexto del proceso penal seguido en contra del accionado.

68. En lo que se refiere al segundo evento, no obra dentro del expediente prueba
alguna de que se hayan adelantado actuaciones por parte del acusado para buscar
una efectiva asesoría frente a las implicaciones y alcances de la situación
consistente en haber sido condenado a pena principal privativa de la libertad de
prisión y del hecho de que la autoridad judicial hubiera declarado la extinción de la
pena.

69. Si tal y como lo afirma el acusado, no tenía los conocimientos jurídicos, pues solo
alcanzó como grado de escolaridad el de bachiller, que le permitieran entender el
alcance de la situación en la que se encontraba, resultaba esperable que acudiera
a la asesoría de personas idóneas que pudieran explicarle i) las implicaciones de
inscribirse como candidato al concejo, pese a que sobre él se había impuesto una
condena penal a pena privativa de la libertad por un delito y ii) los efectos de la
extinción de la pena que le fuera concedida mediante auto interlocutorio núm. 1479
de 12 de octubre de 2018, pero optó por mantener sus convicciones erradas al
respecto, por lo que su actuación, si bien no puede entenderse como dolosa, si
resulta ser gravemente culposa al exhibir una conducta negligente y de poca
prudencia.

70. La existencia de certificados expedidos por los entes de control, como la
Procuraduría General de la Nación41, en los cuales se reporta que el accionado “[…]
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES […]”42 de modo
alguna enerva su situación personal -haber sido condenado, por sentencia judicial,
a pena privativa de la libertad- y haber actuado con sustento en ellos no puede
constituir un error invencible, como lo señalan las decisiones judiciales de esta
Sección, pues bastaba para el accionado, se reitera, acudir a la asesoría de

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López.
Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Radicación núm.: 47001-23-33-000-2020-00544-01(PI).
En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente:
Oswaldo Giraldo López. Sentencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 15001-23-33-000-2023-00307-02 (acumulado)
15001 23 33 000 2023 00317 00 (PI).
41
Índice 2, SAMAI. Expediente digital. 017 CONTESTACION DE LA DEMANDA.pdf
42
“[…] CERTIFICADO DE ANTECEDENTES (…) CERTIFICADO ESPECIAL No. 218707117 (…) Bogotá DC, 15 de marzo
de 2023 […]” y “[…] CERTIFICADO DE ANTECEDENTES (…) CERTIFICADO ESPECIAL No. 235768736 (…) Bogotá DC,
27 de noviembre del 2023 […]”.

22

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

expertos que le ilustraran respecto de su situación para superar tal error, pues no
es suficiente “[…] que se alegue por el miembro de la corporación pública de
elección popular que obró de buena fe, sino que debe acreditar la buena fe
cualificada, motivada por un error invencible, bien sea porque actuó al amparo de la
jurisprudencia vigente para la época o porque se asesoró adecuadamente y pese a
ello incurrió en la conducta reprochable […]”43 .

71. Quedó demostrado que el concejal acusado, teniendo un deber de diligencia que
atender en el marco de su inscripción y de los requisitos positivos y negativos para
acceder al cargo, los cuales debía conocer, evidentemente no los satisfizo y actuó
con negligencia y poca prudencia, manteniendo las convicciones equivocadas
frente a su situación particular, lo cual ubica su conducta en una culpa grave en los
términos del artículo 1° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003.

II.6. Conclusión

72. La Sala, conforme a los argumentos expuestos en esta providencia, constató que
se reúnen los requisitos objetivos y subjetivos para la configuración de la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades previsto para los
concejales contenida en el numeral 6° del artículo 48 de la Ley 617 y el numeral 2°
del artículo 55 de la Ley 136, en tanto se acreditó que el acusado incurrió en la
conducta prevista en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó
el artículo 43 de la Ley 136, y por tal motivo procede la confirmación de la sentencia
de 12 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare,
mediante la cual se decretó la pérdida de la investidura del accionado como concejal
del municipio de Aguazul (Casanare), para el período 2024-2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de enero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 1° de abril de 2022. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2021 01706 01.

23

Radicación: 85001 23 33 000 2023 00121 01
Accionante: JENNIFFER ASTRID PÉREZ SIERRA

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.