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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2021-00094-01

Pérdida de investidura

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2021-00094-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada de 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia judicial. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2021-00094-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

26 de agosto de 2021

PÉRDIDA DE INVESTIDURA / RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Concejal / VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Causal de pérdida de investidura de concejal / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Quien haya sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad en cualquier tiempo / ELEMENTO OBJETIVO / PENA PRINCIPAL – La privativa de la libertad de prisión / CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL / PRESCRIPCIÓN DE LA PENA / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Se configura porque el concejal fue condenado por sentencia judicial, debidamente ejecutoriada, a pena privativa de la libertad por la comisión de un delito a título de dolo

De las pruebas que obran en el expediente se puede tener por acreditado que el señor […], fue condenado por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, previsto en el artículo 312 de la Ley 599 de 2000, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada. Ahora bien, siguiendo el artículo 21 del Código Penal –Ley 599 de 2000–, «[…] [L]a conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintención sólo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley» y revisado el Título X –delitos contra el orden económico social– del Capítulo I –del acaparamiento, la especulación y otras infracciones– del cual hace parte el artículo 312 del mencionado código, se advierte que el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico no prevé, expresamente, la modalidad culposa o preterintencional y, por ello, el dolo es la única modalidad de la conducta que resulta punible en relación con el delito en cuestión, lo que quiere decir, entonces, que la condena impuesta lo fue a dicho título de culpabilidad. […] Cabe resaltar, asimismo, que de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 599, son penas principales, entre otras, «[…] la privativa de la libertad de prisión […]», por lo que puede considerarse que la condena inferida al señor […], lo fue a una pena privativa de la libertad. Debe tenerse en cuenta que, contrario a lo expuesto por el Consejo Nacional Electoral en la Resolución Núm. 4849 de 18 de septiembre de 2019, la extinción por prescripción de la acción penal es un fenómeno distinto de la extinción por prescripción de la pena, tal y como lo revela la regulación del Código Penal. El artículo 82 del Código Penal enunció las causales de extinción de la acción penal, dentro de las que se encuentra «[…] 4. La prescripción […]», norma complementada por el artículo 83 que establece el término de prescripción de la acción, por regla general, en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años, ni excederá de 20 años, salvo disposiciones especiales al respecto. […] [E]l artículo 88 del Código Penal enunció, igualmente, las causales de extinción de la sanción penal, dentro de las que se encuentra «[…] 4. La prescripción […]», fenómeno que se presentó en el caso objeto de juzgamiento en este proceso, en tanto que el acusado fue condenado penalmente, mediante sentencia ejecutoriada, por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. El artículo 89 del citado estatuto indica que la pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia y el artículo 90 destaca que el término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpe cuando el sentenciado «[…] fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma […]». La Sala estima, entonces, que se encuentra configurada la inhabilidad contenida en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, al encontrarse probado que el señor […], fue condenado por sentencia judicial, que se encuentra debidamente ejecutoriada, a una pena privativa de la libertad –prisión– por un delito que resulta punible únicamente bajo la modalidad dolosa y, de esta manera, probada, objetivamente, la violación del régimen de inhabilidades de los concejales.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Quien haya sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad en cualquier tiempo / INTEMPORALIDAD DE LA CAUSAL DE INHABILIDAD – De la prevista en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Se configuró objetivamente / ELEMENTO SUBJETIVO / ANÁLISIS DE CULPABILIDAD EN PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA / IGNORANCIA DE LA LEY - No justifica la conducta / FACULTAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - Para revocar la inscripción de aquellos aspirantes incursos en causal de inhabilidad / DEBER DE DILIGENCIA – Omisión / NEGLIGENCIA Y POCA PRUDENCIA / CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Configuración

Contrario a lo manifestado por el apoderado judicial del acusado, los hechos descritos anteriormente en modo alguno permiten indicar que el acusado actuó con la diligencia debida puesto que, se reitera, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira es una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, examen que, de acuerdo a lo expuesto en el recurso de apelación, omitió el señor […] en la medida en que, en su criterio de persona inexperta en asuntos electorales y sin conocimiento jurídico, consideró que la extinción de la pena que le fuera impuesta lo habilitaba para inscribirse y ser elegido como concejal del municipio de Guamal, pese a que la norma que regula la inhabilidad enjuiciada que se le atribuye plantea un supuesto distinto. No sobra señalar que, de acuerdo con el artículo 9° del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su trasgresión y que, en el presente asunto, no existen situaciones que justifiquen la realización de la conducta proscrita por el ordenamiento jurídico y que impliquen que el acusado actuó de buena fe, como lo podrían ser (i) las interpretaciones disímiles realizadas por los jueces de la República respecto de la norma que establece la inhabilidad atribuida al actor; y, (ii) acudir a la asesoría profesional para salir de la ignorancia frente al contenido del ordenamiento jurídico. Frente al primer evento mencionado, esto es, interpretaciones disímiles de los jueces de la República, se debe indicar que la jurisprudencia de esta Corporación ya había abordado lo relativo a la intemporalidad de la inhabilidad prevista en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, como se puede advertir del contenido de la sentencia dictada por esta Sección el 8 de septiembre de 2005 en el expediente núm. 15001-23-31-000-2004-02742-01, consejero de Estado ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade, la cual fue replicada por la Sala en la sentencia de 9 de mayo de 2019, proferida en el expediente núm. 76001-23-31-000-00744-01(PI), decisión judicial citada líneas atrás –ordinal 57–, por lo que las decisiones judiciales de esta Sección han sido uniformes frente a tal tópico. En lo que tiene que ver con el segundo evento señalado, no obra dentro del expediente prueba alguna de que se hayan adelantado actuaciones por parte del acusado para buscar una efectiva asesoría frente a las implicaciones y alcances de la situación consistente en haber sido condenado a pena principal privativa de la libertad de prisión y del hecho de que la autoridad judicial hubiera declarado la extinción de la pena por prescripción, cuestiones que eran conocidas por el señor Alfredo Fernández, […] Si tal y como lo afirma el acusado en el sentido que no tenía los conocimientos jurídicos ni la experticia en procesos electorales para entender el alcance de la situación en la que se encontraba, resultaba esperable que acudiera a la asesoría de personas idóneas que le permitieran conocer las implicaciones de inscribirse como candidato al concejo pese a que sobre él se había impuesto una condena penal a pena privativa de la libertad por un delito que únicamente es punible por dolo, pero optó por mantener sus convicciones erradas al respecto, por lo que su actuación resulta ser gravemente culposa al exhibir una conducta negligente y de poca prudencia atendiendo que no reviste mucha dificultad acudir a la asesoría mencionada. De otro lado, el actor se refiere a la Resolución Núm. 4849 de 18 de septiembre de 2019 proferida por el Consejo Nacional Electoral y en la cual decidió no revocar la inscripción del acusado, lo cual, en su concepto, le generó la confianza de que su aspiración se encontraba enmarcada en el ordenamiento jurídico. […] Cabe precisar al respecto que, de acuerdo con la Resolución Núm.

1478 de 11 de octubre de 2018, por medio de la cual se estableció el calendario electoral para las elecciones de autoridades locales tales como alcaldes, diputados, concejales y ediles que se realizaron el 27 de octubre de 2019, la inscripción de los candidatos y listas, siguiendo para el efecto el artículo 30 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, inició el 27 de junio de 2019 y culminó el 27 de julio de 2019. Asimismo, el 2 de agosto de 2019 venció el término para la modificación de candidatos por renuncia o no aceptación, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Estatutaria 1475. Lo anterior evidencia que la decisión proferida por el Consejo Nacional Electoral no podía haber fundado el convencimiento de que no concurría en el acusado ninguna prohibición para inscribirse y ser elegido concejal del municipio de Guamal, puesto que tal decisión administrativa se produjo el 18 de septiembre de 2019, esto es, varios meses después de que el señor Alfredo Fernández procediera a inscribirse como candidato a tal dignidad.

FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 40 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 6 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 NUMERAL 1 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 55 NUMERAL 2 / LEY 1881 DE 2018 – ARTÍCULO 1 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 21 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 35 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 82 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 83 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 84 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 85 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 86 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 88 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 89 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 90 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 312 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 9

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 50001-23-33-000-2021-00094-01(PI)

Actor: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS

Demandado: ALFREDO FERNÁNDEZ

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Tema: VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES PREVISTO PARA LOS CONCEJALES

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del demandado.

ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura

El ciudadano José Enrique Molina Rojas, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) –en adelante CPACA–, solicitó a esta jurisdicción que se decrete la pérdida de la investidura del señor Alfredo Fernández, concejal del municipio de Guamal (Meta) para el período 2020-2023 y, en consecuencia, que se declare:

«[…] su inhabilidad y/o inelegibilidad permanente para ocupar cargos por elección popular […] ORDÉNESE: la expedición de las comunicaciones respectivas al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Gobernación del Departamento del Meta y al Concejo Municipal de Guamal, departamento del Meta, para lo de su competencia […]»

I.1.1. Los hechos juzgados

Como único hecho, relató el consistente en que el señor Alfredo Fernández fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías (Meta), mediante fallo de 23 de agosto de 2006, «a la pena de 36 meses», a cancelar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se le impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

El mencionado fallo fue confirmado por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, mediante providencia de 30 de junio de 2010 en la que se resolvió el recurso de apelación.

De acuerdo con la información suministrada por la secretaria del Juzgado Penal del Circuito de Acacías (Meta), en el Oficio No. 0035S de 5 de febrero de 2021, el proceso estaría en el archivo general y la pena estaría extinta.

I.1.2. La causal de pérdida de investidura invocada por el demandante

El demandante dedicó un capítulo a los fundamentos de derecho y al concepto de violación, señalando que el sustento de la solicitud se encontraba en el artículo 43 numeral 1° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 43 de la Ley 617 de 2000, norma que establece como inhabilidad para ser inscrito como candidato y elegido concejal, entre otras eventualidades, la consistente en haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura

El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 26 de febrero de 2021, inadmitió la demanda toda vez que no se dio cumplimiento a lo normado en el artículo 6 inciso 4° del Decreto Legislativo Núm. 806 de 2020 y a lo contemplado en el artículo 35 numeral 8° de la Ley 2080 de 2021, disposiciones relacionadas con el envío previo de la demanda y sus anexos a la persona demandada; motivo por el cual concedió a la parte actora el término de 10 días hábiles para subsanarla.

El demandante, a través de mensaje de datos de 1 de marzo de 2021, procedió al cumplimiento de lo previsto en las mencionadas disposiciones, indicando que remitía la trazabilidad del correo mediante el cual «[…] se le comunicó al Concejo Municipal de Guamal Meta y por lo mismo al señor concejal accionado, de la presente Acción de Pérdida de Investidura (sic) para su conocimiento y fines pertinentes» y, de esta manera, mediante auto de 16 de marzo de 2021, el magistrado sustanciador del proceso admitió la demanda de pérdida de investidura y ordenó notificar personalmente al demandado y al agente del Ministerio Público, corriéndole traslado al demandado por el término de cinco (5) días para referirse a lo planteado en la demanda y para solicitar o aportar las pruebas que estimara conducentes.

Realizadas las notificaciones y comunicaciones mencionadas, el concejal acusado contestó la demanda.

I.3. La contestación de la demanda

El concejal acusado, a través de apoderado judicial, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones para que, en su lugar, fueran denegadas, de acuerdo con los siguientes argumentos:

«[…] Razones de contradicción y defensa:

Lo primero que se debe informar a esta Judicatura, es que, si bien es cierta la emisión del fallo a que hace referencia el accionante, también lo es que existe un vacío importante en el relato presentado y que, también, ya fue motivo de revisión por el Consejo Nacional Electoral, como explico a continuación:

Con anterioridad a las elecciones para el período Constitucional 2020 – 2023, la Procuraduría General de la Nación mediante comunicación CGS-3498 adiada 9 de agosto de 2019 dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE), en ejercicio de sus deberes legales, emitió la relación de personas inhabilitadas, entre ellas mi mandante, por considerar materializada la causal señalada en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, misma hoy discutida en este estadio.

Como consecuencia de ello, el CNE en auto de 20 de agosto de 2019 avocó el conocimiento del proceso de revocatoria de la inscripción de 86 candidatos de todo el país, incluyendo mi representado, que finalizó con la resolución 4849 expedida el 18 de septiembre de 2019, donde, en su artículo segundo, declaró “ABSTENERSE de revocar la inscripción de los candidatos que se relacionan a continuación, por las razones expuestas en el proveído: (…) ALFREDO FERNANDEZ” (negrilla y subrayado para enfatizar)

En efecto, el CNE jurídicamente entendió que, si bien mi representado fue sujeto de una condena en sentencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías el 23 de agosto de 2006, la misma, jurídicamente, se tornó inexistente por efecto de la declaración de la extinción de la sanción penal a su favor, como lo decidió el mismo Juzgado en proveído adiado 4 de agosto de 2015, donde, también, ordenó oficiar a las autoridades competentes, sobre la extinción de la pena y el archivo del expediente, como también fue certificado en el oficio 0035S fechado 5 de febrero de 2021 emitido por el Juzgado en mención, que allega el mismo accionante, donde se hace la siguiente salvedad al final:

“Se aclara que a la fecha el proceso ya está en archivo general y adicionalmente se extinguió la pena” (Negrilla para enfatizar)

Sin embargo, se trata de información que no ha sido actualizada por cuenta de la Procuraduría General de la Nación.

En realidad, a la fecha, se desconoce si el Juzgado Penal del Circuito de Acacías oportunamente remitió el oficio donde se comunicaba la decisión, sin embargo, informo a su Señoría que el 19 de marzo de 2021 remití por INTERRAPIDÍSIMO el original entregado por el Juzgado, oficio 2621 adiado 22 de agosto de 2019 donde se comunica la decisión, junto con copia auténtica de la providencia, correo entregado en la Procuraduría General de la Nación el 23 de marzo de 2021, como lo certifica INTERRAPIDÍSIMO.

Volviendo al debate jurídico, como se dijo y, así, lo documenta el Consejo de Estado en su Jurisprudencia, esta decisión de extinción de la pena lleva de la mano la NO existencia de sentencia que inhabilite a mi prohijado para participar como candidato y ejercer como Concejal. En efecto, recientemente la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO, en un caso similar de un Concejal, en sentencia emitida el 25 de mayo de 2017, dentro del radicado 4001233100220160009801, señaló textualmente:

Para configurar inhabilidad por haber sido condenado a pena privativa de la libertad, se requiere que la sentencia esté debidamente ejecutoriada. se establece (sic) que para que proceda la causal de inhabilidad de pérdida de investidura por incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral 1° del artículo 43 de la ley 136, modificado por el artículo 40 de la ley 617, de haber sido condenado a la fecha de la inscripción por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, salvo que estos últimos hayan afectado el patrimonio del estado (sic), violación que constituye causal de pérdida de investidura al tenor del numeral 6° del artículo 48 de la ley 617 de 2000, se requiere de la configuración de dos supuestos: (i) haber sido condenado a pena privativa de la libertad en cualquier tiempo y (ii) que la sentencia condenatoria sea definitiva, esto es, que se encuentra debidamente ejecutoriada pues la inhabilidad alegada surge como consecuencia de la sanción penal que se le impone al demandado, a través de una sentencia judicial definitiva como lo dispone el artículo 248 de la constitución política, según el cual únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tiene la calidad de antecedentes penales y contravencionales. En ese sentido, si el actor fue condenado a pena privativa de la libertad mediante sentencia anticipada en 2009 y se identifica providencia de la sala de decisión penal del tribunal superior del distrito judicial, que no se encuentra “ni jurídica ni materialmente ejecutoriada” y al transcurrir el tiempo no se notifica la sentencia condenatoria al procesado, es posible declarar la prescripción y la extinción de la acción penal, NO EXISTIENDO ENTONCES SENTENCIA QUE CONFIGURE LA INHABILIDAD”

Así las cosas, ni al momento de la inscripción existía, ni en la actualidad existe inhabilidad que pese sobre mi representado, sin embargo, quiero advertir, al parecer, que la decisión no había sido comunicada a la Procuraduría General de la Nación.

Es más, nótese que la decisión de extinción y archivo es de 4 de agosto de 2015, pero la Secretaría del Juzgado de Conocimiento solo elaboró y expidió el oficio 2621 hasta el 21 de agosto de 2019, cuatro años después, precisamente, con ocasión a que mi representado tuvo conocimiento del citado proceso en el Consejo Nacional Electoral en el 2019 y se dirigió al Despacho Judicial para informarse sobre lo sucedido.

Teniendo en cuenta estos argumentos fácticos y jurídicos que acompañaré probatoriamente, solicito respetuosamente no acceder a las pretensiones elevadas por el accionante y, en su lugar, absolver a mi representado de cualquier condena, ordenando el archivo del proceso […]»

I.4. Trámite del proceso judicial

El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 5 de abril de 2021, decretó las pruebas a practicar en el proceso y fijó para el 12 de abril de 2021, hora 10:00 a.m., la realización de la audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881.

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, el 12 de abril de 2021, celebró la audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881.

El solicitante, en el curso de la mencionada audiencia, solicitó declarar la pérdida de investidura del concejal acusado, reiterando los argumentos de la demanda.

Manifestó que la condena que se le impuso se encuentra ejecutoriada y que no resulta posible, para efectos de inscribirse para una corporación de elección popular, invocar la prescripción y extinción de la pena.

Adujo, de un lado, que la decisión del Consejo Nacional Electoral de no anular la inscripción del candidato inhabilitado era errónea puesto que asumió que la sentencia judicial había prescrito cuando lo que en realidad ocurrió fue que se cumplió y del otro, que citó como soporte de su decisión, una providencia que no es aplicable al caso en concreto puesto que aquella correspondía a una sentencia que no estaba ejecutoriada, añadiendo que la extinción de la pena se presenta cuando esta se cumple y que se está ante una inhabilidad intemporal.

El agente del Ministerio Público solicitó acceder a las pretensiones de la demanda señalando que, una vez analizadas las sentencias judiciales allegadas y el tipo penal por el que fue condenado el demandado, se configuraba objetivamente la causal de pérdida de investidura, sin que pueda afirmarse que el cumplimiento de la condena, «[…] que es la extinción de la misma por razones procesales penales – prescripción –, pueda asimilarse a la prescripción de la acción penal, al ser dos figuras distintas».

En lo relativo al elemento subjetivo, advirtió lo siguiente:

«[…] Frente al elemento cognoscitivo, implica que la persona supiera que fue condenado, lo que entendió cumplido en este caso, porque el demandado conocía de la condena impuesta en su contra, presentó apelación contra la misma y realizó distintos aspectos jurídicos tendientes a la aminoración de la condena – pedir comunicaciones a los entes de control, entre otros –. De ahí que la persona no era ajena de la condena.

Frente al elemento volitivo, es decir, la voluntad, lo que se relacionaba con la extinción de la condena penal y el análisis del Consejo Nacional Electoral. Frente a lo primero, señaló que la misma no tiene efectos en materia contenciosa administrativa. En relación con el Consejo Nacional Electoral, resaltó su naturaleza administrativa, perteneciente a la organización electoral. Agrega que la decisión de dicha entidad no puede atar las decisiones de los jueces.

Ahora bien, se preguntó si el análisis del Consejo Nacional Electoral pudo haber influido en el elemento volitivo en relación con la presentación de la candidatura. Concluyó que la causal era demasiado clara, que podía ser leída por cualquier persona, siendo suficiente su lectura, la cual debía determinar la voluntad para no presentarse al proceso de elección. Indica que cualquier persona con mediano conocimiento podía entender la causal, satisfaciéndose el elemento volitivo, siendo que no era una inhabilidad por aspectos técnicos que requería un análisis especial […]»

El demandado, a través de su apoderado judicial, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agregó que:

«[…] la pena fue prescrita por haberla cumplido. Manifiesta que el demandado no conocía de la situación. Agrega que el trámite llevado por el Consejo Nacional Electoral fue en 2019, el demandado es notificado y se dirige al juzgado. Resalta que los oficios del juzgado fueron elaborados en 2019, después de haber tenido conocimiento de la situación y de la inscripción.

Indica que no se dio el cumplimiento de la pena, siendo los efectos de la sentencia suspendidos. Resalta que el Consejo Nacional Electoral acoge pronunciamiento del Consejo de Estado. Indica que la actuación del demandado ha sido de buena fe.

Agrega que ha de revisarse la consecuencia de la extinción de la sanción penal por prescripción, para efectos de determinar si la pena existía. Resalta las funciones del Consejo Nacional Electoral. Hace alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se estableció los efectos de la sanción penal por prescripción. Insiste en que la condena nunca tuvo que cumplirse. Señala que, al no existir la sentencia, no existe inhabilidad por tal hecho. […]»

I.5. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 22 de abril de 2021, resolvió:

«[…] PRIMERO: DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor ALFREDO FERNÁNDEZ, concejal del Municipio de Guamal -Meta-, para el período constitucional 2020-2023, conforme a las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia».

La corporación que resolvió la primera instancia consideró que el problema jurídico a ser resuelto era el siguiente:

«[…] II. El Problema Jurídico:

Corresponde a esta corporación determinar si se configuró causal de pérdida de investidura contra el señor ALFREDO FERNÁNDEZ, en su calidad de concejal del Municipio de Guamal -Meta- para el período 2020-2023, al incurrir en la causal de inhabilidad consignada en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, puesto que fue sujeto de una condena por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, mediante sentencia del 23 de agosto de 2006, emanada del Juzgado Penal del Circuito de Acacías, decisión confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en sentencia del 30 de junio de 2010, a pesar de que se declaró la extinción de la sanción penal -extinción de la pena- a favor del demandado.

En caso de encontrar demostrada la materialización objetiva de la causal de desinvestidura, la sala plena pasará a analizar si se configura el elemento subjetivo de culpabilidad en el caso bajo estudio».

Como cuestión previa, precisó la causal de pérdida de investidura que se le atribuyó al acusado, en el sentido de indicar que es la contenida en el artículo 55 numeral 2° de la Ley 136, es decir, por la violación del régimen de inhabilidades, puesto que la parte actora soportó la causal de pérdida de investidura en el fundamento normativo de la inhabilidad, esto es, en el artículo 40 numeral 1° de la Ley 617, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136.

Tal precisión normativa se consideró necesaria por las siguientes tres razones:

«[…] Primero, la parte demandada ha podido ejercer sus derechos de defensa y contradicción adecuadamente, tan es así que constituyó apoderado, presentó contestación y participó en la audiencia de que trata el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, esgrimiendo razones para no tener por configurada la causal de inhabilidad que daría lugar a la desinvestidura. Segundo, desde la demanda es posible desentrañar el sentido que el demandante decidió imprimirle, lo único que se está haciendo es indicando la disposición normativa que recoge el supuesto fáctico que da lugar a la pérdida de desinvestidura que el actor invoca. Tercero, la posición asumida por la sala además se acompasa con el precedente de la Sección Primera del Consejo de Estado referente a la posibilidad de interpretar la demanda para casos de pérdida de investidura, por cuanto de ninguna manera se están variando los supuestos de hecho señalados en la demanda, ni encajándolos en una causal distinta de desinvestidura, ya que si bien la misma no fue específica y normativamente referenciada, sí se indicó que se solicitaba la pérdida de investidura por incurrir en la violación al régimen de inhabilidades, es decir, al realizar la calificación nominal de los hechos, se facilitó su valoración normativa, conforme lo indicado por el Consejo de Estado.

Por otro lado, ha de resaltarse que es clara la disposición normativa invocada como causal de inhabilidad (numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 del 2000). No obstante, aparentemente por un error, el actor citó el contenido del referido numeral sin la modificación introducida por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que la sala ha de resolver la cuestión planteada con fundamento en la normativa legal vigente para el asunto».

Se refirió a los elementos para la configuración de la causal de pérdida de investidura y de la inhabilidad establecida en el artículo 43 numeral 1 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 atribuidas al acusado, apoyándose para el efecto en la sentencia de 9 de mayo de 2019, proferida por esta Sección dentro del expediente núm. 76001-23-31-000-2011-00744-01(PI), indicando, frente a la citada inhabilidad, que para su existencia se requería de la presencia de dos supuestos, a saber: (i) haber sido condenado a pena privativa de la libertad en cualquier tiempo, y (ii) que la sentencia condenatoria sea definitiva, esto es, que se encuentre debidamente ejecutoriada.

Frente al primer supuesto, recordó la sentencia de 5 de junio de 2014, proferida por esta Sección dentro del expediente núm. 1500-23-31-000-2013-00212-01(PI), relativa a la intemporalidad de la inhabilidad estudiada y la irrelevancia de considerar si la condena se encuentra vigente, si fue cumplida o si fue declarada su prescripción.

En lo atinente al segundo supuesto, trajo a colación la sentencia de 25 de mayo de 2017, dictada por esta Sección en el expediente núm. 44001-23-31-2016-00098-01(PI) y que fue invocada por la parte demandada en la contestación de la demanda, puesto que en aquella providencia judicial se llegó a la conclusión consistente en que no había lugar a acceder a la solicitud debido a que el fallo condenatorio no había adquirido firmeza y el juez penal había declarado la extinción de la acción penal.

Por ello, subrayó que «[…] la sala ha de hacer énfasis en que mientras la prescripción de la acción penal tiene la virtualidad de desestimar la configuración de la causal de inhabilidad en comento, en tanto conlleva a la inexistencia de la sentencia condenatoria -primer elemento exigido por la causal de inhabilidad-, la prescripción de la sanción penal no goza del mismo efecto, pues no afecta la ejecutoriedad de la condena impuesta […]», soportando tal conclusión con la sentencia de 17 de octubre de 2003, proferida por esta Sección en el expediente núm. 52001-23-31-000-2003-00252-01(9078)(PI).

Realizado el análisis anterior, abordó el caso concreto y luego de determinar que el acusado era concejal del municipio de Guamal (Meta) para el período 2020-2023, encontró que de las pruebas que obran en el expediente se podía colegir que el acusado fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías (Meta) a la pena principal de 36 meses de prisión, a multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo período de la pena principal, por ser autor material del delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Añadió que «[S]e le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena y no se impartió condena al pago de daños y perjuicios, por no encontrarlos demostrados».

La anterior decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, a través de la sentencia de 30 de junio de 2010, la cual cobró ejecutoria el 2 de agosto de 2010, y el Juzgado Penal del Circuito de Acacías, en el auto de 4 de agosto de 2015, declaró la extinción de la sanción penal a favor del hoy acusado por prescripción de la pena impuesta.

Mencionó que aun cuando se elaboraron unos oficios comunicando la extinción de la sanción penal en el año 2016, como se podía deducir del Oficio núm. 0051S de la secretaria del citado juzgado, otros tan solo fueron elaborados hasta el mes de agosto de 2019 por solicitud del acusado.

Dio cuenta que el Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución núm. 4849 de 18 de septiembre de 2019, dispuso abstenerse de revocar la inscripción del señor Alfredo Fernández, argumentando lo siguiente:

«/…/ A su turno, el señor Alfredo Fernandez, cc 9521193, (sic) adjuntó Comunicación del Juzgado Penal del Circuito de Acacias – Meta, en que comunica la extensión (sic) de la Pena impuesta al ciudadano, por prescripción. Sobre el particular, en un caso de pérdida de investidura de un Concejal, el Consejo de Estado, manifestó ˋPara la Sala, el hecho de que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha declarara prescrita y extinguida la acción penal adelantada en contra del señor Yeiner Osorio Ariza, significa que no existe sentencia penal condenatoria en su contra, por lo que no se configura el supuesto de la causal de inhabilidad que se le endilga, esto es, la prevista en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000ˊ. En ese sentido, si fue declarada la extensión (sic) de la pena en contra del señor Alfredo Fernández se puede decir que nunca hubo condena y no le es aplicable el numeral primero del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 del 2000 y por ende, no será revocada su inscripción como candidato».

Indicó, asimismo, que se encuentra en el expediente el certificado de antecedentes especial núm. 164554009 de 12 de abril de 2021, en el cual se hace constar que el acusado «[…] detenta una inhabilidad especial aplicada al cargo, señalando como fundamento legal el artículo 40 de la Ley 617 del 2000».

Del material probatorio recaudado en el proceso, concluyó lo siguiente:

«[…] En primer lugar, en efecto, el demandado fue condenado por sentencia judicial a una pena privativa de la libertad -prisión-, sin perjuicio de que le fuera concedido el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

En este punto, la sala desestima la consideración hecha por el apoderado de la parte demandada, consistente en la inexistencia de la sentencia ante la declaratoria de prescripción de la sanción penal. Se discurre que se hizo un uso inadecuado de un precedente jurisprudencial que había llegado a la conclusión de la inexistencia de la sentencia condenatoria ante la prescripción de la acción penal, supuestos fácticos distintos al caso de marras.

En efecto, de acuerdo con el recuento jurisprudencial citado en el acápite anterior, resulta claro que la extinción de la acción penal es un fenómeno distinto a la extinción de la sanción penal o extinción de la pena, y por ende tienen efectos diferentes respecto de la configuración de la inhabilidad, pues mientras la primera da lugar a entender inexistente la sentencia condenatoria que se hubiere llegado a proferir, y por ende, faltaría uno de los requisitos para que se configure la inhabilidad; la segunda, no tiene ese mismo efecto pues la sentencia condenatoria ejecutoriada sigue existiendo, lo que ocurre es que la sanción allí impuesta no es ejecutable, y para la configuración de la inhabilidad lo que se requiere es la sentencia condenatoria ejecutoriada.

Ahora bien, insistentemente la parte demandada arguyó que la sentencia no se había cumplido, se entiende que con tal argumento hacía alusión a que la sentencia penal de primera instancia se le concedió al demandado el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. No obstante, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ya fue citada en el acápite anterior, la situación tampoco afecta la existencia de la sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada.

[…]

En esta medida se entiende cumplido el primer elemento objetivo de la causal de inhabilidad.

En segundo lugar, es dable concluir que la pena privativa a la libertad en el caso particular bajo análisis de esta Sala, no tuvo lugar por delitos políticos ni culposos, por cuanto el demandado fue condenado por la comisión, en calidad de autor material, del tipo penal de Ejercicio Ilícito de Actividad Monopolística de Arbitrio Rentístico, consagrado en el artículo 312 del Código Penal (Ley 599 del 2000).

[…]

En el caso bajo estudio, la conducta castigada fue dolosa, como se extrae del fallo de primera instancia del 23 de agosto de 2006, en el que se dijo:

[…]

Además, ante la solicitud del demandante, la secretaria del Juzgado Penal del Circuito de Acacías manifestó por correo electrónico que: “(…) [p]ese a que no se indica es de aclarar que el delito es doloso de acuerdo al código penal colombiano. Al indicar el delito por sustracción de materia se concluye que es doloso (…)”.

[…]

Por consiguiente, la sala plena del Tribunal advierte que se entienden cumplidos los elementos objetivos que configuran la causal de inhabilidad y, por consiguiente, la configuración objetiva de la causal de desinvestidura. Esto es, que el demandado se encuentra incurso en la causal de inhabilidad contenida en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 del 2000, al haber sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, por un delito que no correspondía a la categoría de político, ni cuya conducta punible se desplegó en modalidad culposa».

Luego se refirió al elemento subjetivo de culpabilidad y citó la sentencia de 25 de mayo de 2017, proferida por esta Sección en el expediente núm. 81001-23-39-000-2015-00081-01, para destacar que el acusado conocía de la existencia de la condena impuesta puesto que: (i) ejerció los medios de impugnación a su disposición en el marco del proceso penal, y (ii) solicitó, mucho antes de su inscripción como candidato, la prescripción de la pena, luego no «[…] es posible aceptar que en virtud del subrogado penal el demandado no conociera de la existencia de la condena impuesta, pero sí supiera de la misma para solicitar la extinción de la pena», agregando a lo expuesto que:

«[…] el Juzgado Penal del Circuito de Acacías allegó parte de una petición dirigida por el demandado a la Procuraduría General de la Nación, sin que la misma fuera tachada de falsa o desconocida al momento de su incorporación. Allí se observa que se solicita el retiro de anotaciones por el delito de EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO RENTÍSTICO […] Inclusive refiere a que cumplió en su totalidad la pena impuesta en la sentencia condenatoria, con lo que se desdibuja que no conociera el contenido de la misma por virtud del subrogado penal que le fue concedido»

Señaló que el acusado, ante el conocimiento de la condena judicial en su contra, ha debido considerar las implicaciones de tal decisión judicial en su intención de inscribirse, ser candidato y resultar elegido concejal del municipio de Guamal, máxime si, como lo indicó el agente del Ministerio Público, «[…] el entendimiento de la causal de inhabilidad en el caso concreto no requería mayor conocimiento, puesto que no se discutían aspectos técnicos», adicionando que no se advirtió que, previamente a la inscripción, aquel hubiera recibido asesoramiento frente a la configuración (o no) de la inhabilidad, pese a que, insistió «[…] sabía que le había sido impuesta una condena penal en el pasado, por un delito que claramente no es político y menos aún fue cometido en la modalidad de culposo, pues la misma sentencia dio cuenta del dolo, según atrás quedó expuesto».

De esta manera, explicó que:

«[…] Al respecto, la sala considera que, por las circunstancias especiales del asunto, en donde era evidente el conocimiento de la existencia de la condena judicial previa, situación ante la cual cualquier persona, inclusive una que no es medianamente diligente, al menos siente un asomo de duda sobre la presencia de la causal de inhabilidad al leerla; pude considerarse (sic) que la conducta se configuró inclusive con culpa grave.

Es preciso indicar que tal circunstancia no se aminora por el hecho de que el Consejo Nacional Electoral hubiera avalado la inscripción del candidato concejal. Ello por cuanto el deber que le era exigible a éste, se configuró desde mucho antes de la decisión del órgano electoral, esto es, al momento de la inscripción de la candidatura, que es en el que en primer lugar se le exige a quien aspira a postularse a un cargo de trascendencia en el nivel municipal, que mínimamente conozca si está o no en alguna situación de inhabilidad.

Además, la falta de diligencia evidente del órgano electoral al no tener clara la distinción entre la extinción de la acción penal y la extinción de la pena, y sus efectos frente a la inhabilidad, que ya había sido claramente explicado por el Consejo de Estado, o la aplicación inadecuada de un pronunciamiento judicial, de ninguna manera puede ser aprovechada como circunstancia de exculpación frente a la pérdida de investidura, pues de aceptarse tal tesis, se estaría convirtiendo el órgano administrativo en un condicionante del pronunciamiento judicial, a pesar de evidenciarse en la vía judicial un error de grandes proporciones en las decisiones de aquel.

En suma, para el caso particular es dable considerar que el concejal estaba en condiciones de comprender la circunstancia configurativa de la causal de inhabilidad; le era exigible que se abstuviera de inscribirse como candidato-concejal, atendiendo los deberes de diligencia y cuidado que le correspondían; desatendió así el contenido de las normas jurídicas que le eran aplicables. Es así que se encuentra configurado también dentro del presente asunto el elemento subjetivo».

I.6. El recurso de apelación

El apoderado judicial del demandado, inconforme con la sentencia de primera instancia, presentó recurso de apelación manifestando que la conducta del acusado no puede ser considerada como negligente a tal grado que pueda imputársele una culpa grave o gravísima a la luz del Código Civil, pues estuvo amparada en la buena fe de no encontrarse cobijado por una inhabilidad, a tal punto que:

«[…] los organismos que participan de este proceso como lo fue su partido político y el mismo Consejo Nacional Electoral, inclusive, amparados bajo la base probatoria de las certificaciones que daban cuenta de los antecedentes penales y disciplinarios de mi representado, avalaron la representación de los ideales del partido y confirmaron la inscripción misma de la candidatura, respectivamente […]».

Indicó que al acusado se le impuso una sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad por 36 meses y una accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la principal, la cual, posteriormente fue objeto de extinción por prescripción por parte de la autoridad judicial, no obstante:

«[…] para esta persona de a pie, sin conocimientos técnicos en lo jurídico y sin experiencia alguna en estos ejercicios electorales, no existe otra pena adicional a lo consignado en el fallo penal.

Si bien, el objeto de la intemporalidad de la inhabilidad se sustenta en el interés general, cierto es, que se trata de una sanción atípica y de abierto contraste frente a la potísima, mayor conocida y máxima prohibición de la perpetuidad de las sanciones, es decir, para una persona del común resulta incoherente que pese a haber sido sancionado penalmente y, aún más, haberse declarado a su favor la extinción de la sanción penal, resulte inevitable que deba seguir siendo estigmatizado de por vida para ejercer su derechos a ser elegido y al libre desarrollo de su personalidad, por el error que en algún momento cometió y no baste con haber purgado su sanción, inclusive la accesoria, para que se le continúe juzgando por el mismo hecho, reitero, cuando cualquier ciudadano del común, por ser un hecho notorio, sabe que no existe condena perpetua en la legislación colombiana».

Resaltó que incluso a los abogados especialistas se les dificulta entender ciertos tecnicismos del ordenamiento jurídico y, en esa medida, no podría exigírsele a una persona del común y sin conocimientos del ordenamiento jurídico que entienda que la inhabilidad deriva, no de la conducta delictiva, sino de la existencia jurídica de una sentencia de condena a privación de la libertad ejecutoriada, situación que le resulta más incoherente, como se lo manifestó el acusado, puesto que aquel entiende que la sanción accesoria era la señalada en la sentencia penal y por el término de 36 meses, la cual fue declarada extinta.

Manifestó, igualmente, que:

«[…] Para esta persona del común, bajo su sano entender, ya cumplió y se reivindicó con la sociedad. No entiende de elementos objetivos ni subjetivos de la sanción en el área electoral y como quiera que mi mandante no tiene la experiencia, ni el conocimiento técnico en lo jurídico, además se encuentra bajo el convencimiento de haber en lo jurídico, además se encuentra bajo el convencimiento de haber purgado su deuda con la sociedad, no puede inferirse a simple vista, como de manera ligera lo concluyó el a – quo, que la persona de a pie en su sentido común “estaba en condiciones de comprender la circunstancia configurativa de la causal de inhabilidad” como lo hizo saber en la sentencia, pues, a su juicio, “es claro el conocimiento de la condena penal que le fue impuesta y, en consecuencia, es dable observar que el demandado tenía el deber de considerar las implicaciones de la misma en relación con su intención de inscribirse, ser candidato y, posteriormente, elegido concejal del municipio de Guamal”.

Obviamente, para nosotros como abogados, algunos especialistas, entendemos que existe una marcada diferencia entre la inhabilidad condenada por el Juzgado Penal y la inhabilidad derivada del el numeral 1° (sic) del artículo 43 de la Ley 136 de 1994. Ahora, pregúntele a mi representado si entiende ello y le contestará que él ya pagó por ello.

Además de resultar injusta en el caso de ALFREDO FERNÁNDEZ quien fue condenado, como lo concluyó el Juez Penal, porque “sacó al expendio, sin el debido permiso, las boletas que amen no canceló los impuestos respectivos”, porque como muchos colombianos con alguna necesidad hizo una rifa de esas que todos hemos comprado, con boletas que venden en cualquier papelería, lo cierto es que el proceso de pérdida de investidura impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia a aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que las garantías del debido proceso sancionador también deben ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura, entre ellos, que la carga probatoria se encuentra en cabeza de quien endilga la conducta y sus conclusiones están sujetas única y exclusivamente al grado de certeza, es decir, que el accionante debía probar y el a-quo corroborar, sin lugar a dudas, que mi representado siendo persona de a pie fue advertido y dejó los hechos a la azar (sic) o tenía conocimientos jurídicos o la experiencia en esta clase de ejercicios para entender el tecnicismo jurídico de este tipo de inhabilidad, que permitiera inferir incuestionablemente que el actuar de ALFREDO FERNÁNDEZ tuvo el grado de negligencia que se enmarca en la culpa gravísima».

Señaló que era deber del demandante acreditar, y de la primera instancia corroborar una mera idoneidad del acusado en lo jurídico o, por lo menos, que se le hubiera advertido respecto de las implicaciones del fallo condenatorio y no solamente que conocía la existencia de la decisión judicial, insistiendo en que la conducta de este no fue negligente en tanto que, desde su óptica y escaso conocimiento jurídico, consideró que esta se enmarcaba dentro de la legalidad puesto que las sanciones penales que le fueron impuestas se habían extinguido.

Resaltó que:

«[…] Distinto sería que en el plenario obrara documento o prueba alguna indicadora que ALFREDO FERNÁNDEZ, ya fuera por una extensa experiencia en estos ejercicios políticos o por otra razón, hubiere sido advertido de la posible materialización de la inhabilidad y no hubiere ejecutado un acto mínimo para corroborar su situación. Ello Sí sería una negligencia, de tal magnitud, que aplicaría dentro del marco de la culpa GRAVÍSIMA, porque si bien la persona no tenía la intención consciente de transgredir la norma, si tuvo la oportunidad de enterarse de la posible violación y dejó el resultado a la suerte. Caso contrario a los elementos fácticos probados en el actuar de ALFREDO FERNÁNDEZ que podría enmarcarse, tal vez, en otra clase de culpa distinta a la que imputa el Tribunal en su sentencia.

Nótese lo evidente que resulta la diferencia en la calificación del actuar o del elemento subjetivo, cuando se miran las condiciones particulares del señor ALFREDO FERNÁNDEZ, pues no existe evidencia de alguna clase de su nivel de educación técnica o profesional en áreas jurídicas, no tenía experiencia en el ejercicio electoral, no existe evidencia de haber sido advertido de la posible trasgresión del régimen de inhabilidades y, cuando lo fue, recibió el confirmado aval de la Mayor Autoridad Electoral administrativa ratificando su inscripción, en el artículo SEGUNDO de la Resolución 4849 de 18 de septiembre de 2019, cuando expresó: “ABSTENERSE de revocar la inscripción de los candidatos que se relacionan a continuación, por las razones expuestas en el proveído: (…) ALFREDO FERNÁNDEZ” (negrilla y subrayado para enfatizar)

Entiéndase que, aun cuando (sic) no estamos exentos de incurrir en un error por nuestra naturaleza humana, así como existe la presunción del conocimiento de la Ley en los jueces y que, por lo mismo, el debate probatorio no se centra en las normas, también es razonable afirmar que el concepto que emite un organismo de conocimiento especializado en un área específica, en este caso la electoral, como lo es el Consejo Nacional Electoral, genere en las psiquis del participante que su actuar se encontraba investido del lleno de los requisitos para confirmar su inscripción y continuar con el proceso de elección, más aún, cuando se le expuso la situación concreta, misma explicada ante el Juez Administrativo y que en nada se ha ocultado o amañado o desdibujado, cuya decisión fue confirmatoria en su momento por el mencionado Consejo Nacional Electoral.

Si bien las decisiones de esta autoridad administrativa no tienen la fuerza de la cosa juzgada para vincular la decisión de los Jueces Administrativos, ello no significa que deba restársele seguridad o autoridad jurídica. Por el contrario, para ALFREDO FERNÁNDEZ las personas que tomaron aquella decisión son Magistrados de la República con la potestad y el conocimiento por su especialidad. Conclusión que, a la postre, no resulta desacertada si partimos de lo contemplado en los artículos 264 y 265 de la Constitución Nacional que establece al Consejo Nacional Electoral como el órgano competente para regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral.

De manera que, como se indicó con antecedencia, el actuar de ALFREDO FERNÁNDEZ siempre se encontró amparado en la buena fe de no encontrarse dentro de una causal que llegare a inhabilitar su candidatura, al punto, que los mismos organismos que participan de este proceso como lo fue su partido político y el mismo Consejo Nacional Electoral, inclusive, amparados bajo la base probatoria de las certificaciones que daban cuenta de los antecedentes penales y disciplinarios de mi representado y con el conocimiento de la misma historia contada, avalaron la representación de los ideales del partido y confirmaron la inscripción misma de la candidatura, respectivamente.

En consideración a lo anterior, no existiendo la culpa gravísima concluida por el A-quo, como ese elemento subjetivo que desde la sentencia SU-424 de 2016 debe ser revisado, es que solicito a su Despacho REVOCAR la sentencia emitida en primera instancia y, en su lugar, absolver a mi representado ALFREDO FERNÁNDEZ de la pérdida de investidura solicitada en su contra».

I.7. Trámite del recurso de apelación

El magistrado ponente en primera instancia, mediante providencia de 19 de mayo de 2021, concedió el recurso de apelación presentado por la parte demandada.

Repartido el proceso en segunda instancia, el despacho sustanciador del proceso en esta instancia, a través del auto de 8 de junio de 2021, admitió el recurso de apelación y corrió traslado del auto admisorio, en los términos del artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, a las partes y al agente del Ministerio Público.

Notificada la precitada providencia a los sujetos procesales, la parte demandante, presentó alegaciones de conclusión pidiendo la confirmación de la sentencia de primera instancia. El agente del Ministerio Público no intervino dentro del proceso.

La parte demandante señaló que dentro del proceso penal que se le adelantó al acusado se le condenó por cometer un delito bajo la modalidad dolosa y, en esa medida, se configuró, igualmente, la inhabilidad intemporal que le impedía ser candidato y elegido concejal del municipio de Guamal.

Afirmó que:

«[…] una vez en firme y ejecutoriada la sentencia, de mala fe al parecer se tramitó ante el juzgado que profirió la condena bajo la modalidad dolosa y con la anuencia de los funcionarios del juzgado al parecer (sic), la expedición de una certificación mediante la cual se acreditara que había tenido lugar la prescripción, figura esta que no aplicaba ni era factible que se pudiera solicitar ni que se expidiera tal certificación, pues lo que había tenido lugar era la caducidad, diferencia de términos que debía tener muy claro el peticionario y su abogado como los funcionarios del despacho judicial».

El Consejo Nacional Electoral, haciendo caso omiso de la existencia de dicha inhabilidad intemporal existente y teniendo en cuenta certificaciones que calificó de irregulares, aplicó erróneamente una sentencia de esta Corporación y habilitó al acusado, por lo que solicitó, no solo la ratificación de la sentencia de primera instancia, sino que, además:

«[…] compulsar copias ante las demás autoridades, para que se inicien las investigaciones pertinentes contra el demandado por faltar a la verdad estando inhabilitado, al abogado del demandado que lo acompañó y apoyó en esas actuaciones para con lo de las certificaciones, a los funcionarios del despacho del Magistrado inclusive del Consejo Nacional Electoral que fueron omisivos frente a los hechos y la falta de estudio sobre el asunto, a los funcionarios del mismo Juzgado por lo expedición (sic) de las certificaciones que se presentaron luego ante el CNE y que tienen relación directa en el contexto que fue solicitada, expedida y avalada la certificación, que indicaba que se había dado lugar a una prescripción cuando era una caducidad de la pena».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala de Decisión, a efectos de resolver la presente controversia, abordará los siguientes aspectos: i) competencia de la Sala; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del acusado; iii) el problema jurídico a resolver; iv) la causal de pérdida de investidura invocada por el solicitante y, posteriormente, se pronunciará en relación con v) el caso concreto.

II.1. La competencia

Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019; y en el artículo 150 del CPACA.

II.2. La condición de concejal del acusado

El señor Alfredo Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 9.521.193, tiene la condición de concejal del municipio de Guamal (Meta), elegido para el período 2020-2023, como lo acredita el formulario E-26 CON, resultado del escrutinio y declaratoria de la elección de los concejales de ese municipio, dentro de los cuales se encuentra el acusado.

Por tal motivo, se encuentra cumplido el requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 2018, aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los concejales por así disponerlo el artículo 22 de la misma ley.

II.3. El problema jurídico

La sala de decisión, una vez se han agotado los trámites propios de este medio de control sin que se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, considera que el asunto que debe resolver se contrae a determinar si se configuran los elementos –objetivos y subjetivos– que permitan despojar de su investidura de concejal del municipio de Guamal (Meta) al señor Alfredo Fernández, elegido para el período 2020-2023, por violar el régimen de inhabilidades, causal de pérdida de investidura para estos servidores públicos de acuerdo con el artículo 55 numeral 2° de la Ley 136 en concordancia con el artículo 48 numeral 6° de la Ley 617, al incurrir en la conducta prevista en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, en tanto fue condenado, mediante sentencia de 23 de agosto de 2006, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías (Meta), a la pena principal de 36 meses de prisión, a cancelar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la principal, por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, decisión que fuera confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante sentencia de 30 de junio de 2010.

Para el efecto debe tenerse en cuenta que el artículo 1° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019, concibe la pérdida de investidura como un proceso de carácter sancionatorio en el que se realiza un juicio de responsabilidad subjetivo, lo que significa que para efectos de establecer si un concejal incurrió en las causales que se le imputan, se requiere analizar, inicialmente, la tipicidad de la conducta, lo que implica establecer si los hechos invocados en la solicitud y que se le atribuyen al servidor público se adecúan a la causal endilgada.

Pero dicho análisis no resulta suficiente para despojar de la investidura a tal servidor público en la medida en que, adicionalmente y en caso de que se encuentre que la conducta del acusado se adecúa a la causal de pérdida de investidura que se le atribuye, se requiere evaluar si aquel actuó en forma dolosa o gravemente culposa.

II.4. La causal de pérdida de investidura que se le atribuye al acusado

A juicio del demandante, el acusado incurrió en la violación del régimen de inhabilidades previsto para los concejales, por haber sido condenado, por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, conducta descrita en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617.

La Sala, inicialmente, debe recordar que esta Corporación ha sostenido que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no prevé la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto no indica que dicha causal hubiera sido eliminada, puesto que el numeral 6° del mencionado artículo establece que los diputados, concejales municipales y distritales y los miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura por las demás causales expresamente previstas en la ley.

Precisamente, la Ley 136, norma que no ha sido derogada en su totalidad por la Ley 617, señala, en el numeral 2° del artículo 55, que los concejales perderán su investidura «2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses». En efecto, en sentencia de 24 de mayo de 2018, esta Sección, en el sentido indicado, destacó lo siguiente:

«[…] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del Consejo de Estado como la Sección Primera, han sostenido que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no alude a la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto no quiere decir que la misma haya sido suprimida, toda vez que el numeral 6º del referido artículo 48 prevé con total claridad que los diputados, concejales municipales y distritales, y los miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura “[…] por las demás causales expresamente previstas en la ley […]”.

En las providencias de 23 de julio de 2002, 2 de marzo de 2006 y 13 de diciembre de 2012, la Sección Primera consideró lo siguiente:

“[…] Al respecto, se tiene que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación decidió que en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 deben entenderse incorporadas otras causales de Pérdida de la Investidura de concejales municipales, pues no derogó en su totalidad, por ejemplo, en lo concerniente la totalidad de la Ley 136 de 1994. Por ello, con respecto a la vigencia de la violación del régimen de inhabilidades, la Sala Plena asumió por importancia jurídica el estudio del tema arribando a la conclusión de que el numeral 8° del artículo 43 de la Ley 617 de 2000 remite a causales de Pérdida de la Investidura consagradas en' otras normas, entre ellas, la Ley 136 de 1994, por lo que se entiende que en este aspecto no derogó el numeral 2º del artículo 55 de dicha norma y, consecuencialmente, encontró que la violación al régimen de inhabilidades continúa siendo causal de Pérdida de la Investidura de concejales […]”.

“[…] Frente al cargo de pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de inhabilidades al haber ejecutado un contrato de prestación de servicios en territorio del Distrito y dentro del término de inhabilidad del numeral 4º del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, la controversia gira en torno de establecer si el juez de primera instancia erró al considerar, de una parte, que la violación al régimen de inhabilidades de los ediles no constituye causal de pérdida de investidura y, de otra parte, que las inhabilidades del artículo 66-4 del Estatuto Orgánico de Bogotá, fueron establecidas para la elección de los ediles del Distrito Capital, lo que podría llevar a su anulación mediante la acción electoral, pero realmente no están consagrados como causal de pérdida de investidura en la ley 617 de 2000.

3.1. En cuanto al primer reproche, la Sala acoge lo señalado por esta Sección en providencia del 2 de marzo de 2006, cuando precisó que:

“[…] El régimen de inhabilidades previsto en la Ley 136 de 1994 como causal de pérdida de investidura no fue derogado ni expresa ni tácitamente por la Ley 617 de 2000 en cuanto se refiere a los Concejales. De allí que, no obstante, que nada se dijo respecto de la violación del régimen de inhabilidades por parte de los Concejales y las consecuencias de ella en cuanto a la pérdida de investidura se refiere, se aplicarán las disposiciones que rigen para los Concejales […]” (Negrillas fuera de texto).

En suma y siguiendo los precedentes jurisprudenciales, la Sala concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los Concejales, circunstancia que debe enmarcar la resolución del caso sub examine. […]»

Realizadas las consideraciones anteriores y como se indicó líneas atrás, la inhabilidad que se le atribuye al demandado es la prevista en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136, que al tenor señala:

«[…] Artículo 40. De las inhabilidades de los Concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: […] 1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas […]»

Esta Sala, a partir del contenido de la norma, concluyó que la inhabilidad se configura cuando concurren los siguientes elementos:

«[…] (i) Haber sido condenado a pena privativa de la libertad en cualquier tiempo y, […] (ii) Que la sentencia condenatoria sea definitiva, esto es, que se encuentre debidamente ejecutoriada […]»

Frente a los elementos para la configuración de la inhabilidad y la intemporalidad de la prohibición, la Sala ha considerado lo siguiente:

«[…] 55. La Sección Primera ha precisado en varias oportunidades, por un lado, que el primer elemento de la inhabilidad establecida en el numeral 1.° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, implica: i) determinar si el demandado ha sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad; ii) que la causal no se configura cuando la condena a pena privativa de la libertad tiene lugar “[…] por delitos políticos o culposos […]”. Por el otro, que en razón de la naturaleza de las funciones y a la representatividad que ostentan los concejales municipales y distritales, la causal de inhabilidad indicada supra contiene una prohibición intemporal puesto que, cuando la ley quiere limitar en el tiempo, así lo dispone expresamente. Al respecto, en la sentencia indicada supra la Sección consideró lo siguiente:

(…)

56. En ese orden de ideas, la Sala considera que el mandato contenido en el numeral 1.º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, al establecer un mandato intemporal, no vulnera derecho fundamental alguno; tanto así que el Acto Legislativo Núm. 01 de 2004, que modificó el artículo 122 de la Constitución Política, aplicable a los servidores públicos, establece de manera general que “[…] no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, […] quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado […]”.

Desarrollos jurisprudenciales sobre el segundo supuesto fáctico de la inhabilidad establecida en el numeral 1. ° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617: que se trate de una sentencia condenatoria definitiva

57. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia proferida el 8 de octubre de 2013, puso de presente que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 248 de la Constitución Política, para que se configure el supuesto fáctico de la causal de inhabilidad invocada, consistente en la condena judicial a pena privativa de la libertad por delitos distintos a los políticos o culposos, es necesario que se trate de una sentencia condenatoria definitiva, debidamente ejecutoriada.

(…)

59. Lo anterior permite a la Sala concluir que la inhabilidad alegada surge como consecuencia de la sanción penal que se le impone al demandado, a través de una sentencia judicial definitiva, como lo dispone el artículo 248 de la Constitución Política, según el cual “[…] Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes […]”.

60. Pues bien, la Sala, atendiendo a que en el caso sub examine la parte demandante señala que el demandado incurrió en la inhabilidad indicada supra, que a su vez constituye causal de desinvestidura, argumentando que en el año de 1991 fue condenado por las autoridades de los Estados Unidos a la pena privativa de la libertad de doce (12) años de prisión, por el delito de narcotráfico, procede a estudiar el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales sobre los efectos de las sentencias extranjeras en Colombia».

II.5. El caso en concreto

II.5.1. La presencia de los elementos objetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura

Una vez establecido el alcance y los elementos que deben concurrir para la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136, la Sala analizará el caso en concreto.

En el plenario se encuentra copia de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías el 23 de agosto de 2006 en la causa núm. 500063104001-2005-00269-00, mediante la cual se decidió:

«[…] PRIMERO: ABSOLVER a ALFREDO FERNÁNDEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 9.521.193 de Sogamoso (Boy) de condiciones personales y civiles conocidas en autos, del delito de ESTAFA, conforme se dijo en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR a ALFREDO FERNÁNDEZ a la pena principal y definitiva de TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN, como autor material responsable del delito de Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, según la motivación que precede. A multa de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. A la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la principal.

SEGUNDO: (sic) NO CONDENAR a ALFREDO FERNÁNDEZ, al pago de daños y perjuicios materiales, ni morales por no estar demostrados.

TERCERO. CONCEDER a ALFREDO FERNÁNDEZ, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, bajo el cumplimiento de lo dispuesto en el acápite correspondiente.

CUARTO. Manténgase las medidas cautelares impuestas durante la instrucción hasta tanto se haga efectivo el pago de la multa impuesta a favor del Estado.

QUINTO. En firme, ejecútese la sentencia. Líbrense los oficios de rigor a las autoridades respectivas y déjense las constancias de rigor […]»

Se encuentra, igualmente, la copia de la sentencia de 30 de junio de 2010 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la citada sentencia de 23 de agosto de 2006, en la que se decidió:

«[…] 1. Confirmar la sentencia apelada proferida el 23 de agosto de 2006 por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías dentro del presente proceso adelantado contra ALFREDO FERNÁNDEZ, por los delitos de Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y estafa.

2. Contra el presente fallo procede el recurso extraordinario de casación […]»

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal, expidió constancia de ejecutoria de 3 de agosto de 2010, cuyo contenido es el siguiente:

«[…] El Secretario de la Sala Penal deja constancia que el término de traslado para interponer recurso extraordinario de casación venció el dos (2) de agosto del año en curso a las seis (6 p.m.) de la tarde. Ninguno de los sujetos procesales recurrió en casación. La sentencia quedó debidamente ejecutoriada el 2 de agosto del año en curso a las seis de la tarde […]»

El Juzgado Penal del Circuito de Acacías, mediante providencia interlocutoria de 4 de agosto de 2015, decidió:

«[…] PRIMERO: DECLARAR la EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL a favor de ALFREDO FERNÁNDEZ, identificado con C.C. No. 9.521.193 de Sogamoso – Boyacá, por prescripción de la pena impuesta.

SEGUNDO: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares que pesa sobre los bienes del señor ALFREDO FERNÁNDEZ, ofíciese en tal sentido a las entidades correspondientes.

TERCERO: Hágase devolución de la caución prendaria allegada por el procesado, conforme se anunció en la parte pertinente de los considerandos.

CUARTO: Ejecutoriada la providencia ofíciese a las autoridades competentes, sobre la extinción de la pena y archívese el proceso […]»

El Juzgado Penal del Circuito de Acacías, mediante los oficios núm. 1097, 1098 y 1099 de 11 de julio de 2016, dirigidos a la Fiscalía General de la Nación, al jefe seccional de investigación criminal de la Policía Judicial SIJIN-DEMET y al director del Instituto Nacional Penitenciario INPEC respectivamente, informó a estas autoridades que el despacho judicial había decretado la extinción de la sanción penal por prescripción de la pena en favor del señor Alfredo Fernández, dentro del proceso núm. 500063104001 2005-00269 00.

Posteriormente, el precitado despacho judicial – Juzgado Penal del Circuito de Acacías – mediante los oficios núm. 2610 y 2611 de 21 de agosto de 2019 y el oficio núm. 2621 de 22 de agosto de 2019, dirigidos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación, comunicó a estas autoridades que mediante auto interlocutorio de 4 de agosto de 2015 decretó la extinción de la sanción penal a favor del señor Alfredo Fernández, por lo que solicitó la cancelación de las anotaciones registradas en su contra con ocasión del proceso – proceso núm. 500063104001 2005-00269 00 –.

En relación con el Oficio núm. 2611 de 21 de agosto de 2019, el despacho judicial comunicó la extinción de la sanción que habría decretado mediante auto de 4 de agosto de 2015 y solicitaba la cancelación de las anotaciones respectivas, puesto que:

«[…] el ciudadano informa que no se han cancelado las anotaciones de este caso, y al revisar el expediente minuciosamente se observa que en efecto se omitió informar a la Registraduría Nacional de esta novedad […]».

Se encuentra el Oficio núm. 0051S de 16 de octubre de 2020 dirigido a la magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia por parte de la secretaria del Juzgado Penal del Circuito de Acacías, en la cual se informa que:

«[…] En efecto en este despacho se profirió sentencia en contra del señor ALFREDO FERNÁNDEZ, por el delito de EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO RENTÍSTICO, fallo que se profirió el 23 de agosto de 2006, a la pena de 36 meses y multa de 100 S.M.L.M.V, así como a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

El fallo fue objeto de recurso de apelación, ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, siendo fallado el 30 de junio de 2010, confirmando la decisión proferida por este despacho.

Debemos indicarle que la actuación da inicio por hechos del 28 de septiembre de 2002, y que se presenta el 20 de noviembre de 2002, asignado a la fiscalía 23 de seccional (sic) de Acacias – Meta, con el No. de Sumario 126.401 (5402), el 9 de julio de 203 (sic) resuelve situación jurídica, el 23 de agosto de 2004, se emite la resolución de situación jurídica, misma que fue apelada por la defensa y el 08 de septiembre de 2005, la Fiscalía Tercera de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, confirmó la resolución de acusación. El 04 de noviembre de 2005 el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, avoca el conocimiento de la actuación, a la que se le asignó el No. 500063104001 2005 00269, en el curso del proceso se desarrollan las audiencias públicas y el 23 de agosto de 2006, se profiere el fallo de primera instancia que fue apelado por la defensa, confirmado por la Sala Penal del tribunal el 30 de junio de 2010 y quedó debidamente ejecutoriado el 03 de agosto de 2010.

Es del caso aclarar, que ni el titular actual del despacho, ni la suscrita secretaria sabemos las razones de la omisión en la elaboración de los oficios informando la EXTINCIÓN de la sanción penal, que se decretó mediante auto del 04 de agosto de 2017, por este despacho, solo hasta el mes de agosto de 2019, por solicitud expresa del señor ALFREDO FERNÁNDEZ el actual funcionario ordeno (sic) elaborar y comunicar dicha decisión atendiendo que dentro del proceso, que se encontraba en archivo definitivo, no se observaron las citadas comunicaciones […]».

Asimismo, obra el Oficio núm. 0035S de 5 de febrero de 2021, dirigido al señor José Enrique Molina Rojas y que fuere remitido por parte de la secretaria del Juzgado Penal del Circuito de Acacías, en el cual le comunica que:

«[…] De conformidad con su derecho de petición, me permito informarle lo siguiente:

En efecto en este despacho se profirió sentencia en contra del señor ALFREDO FERNÁNDEZ, por el delito EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO RENTÍSTICO, fallo que se profirió el 23 de agosto de 2006, a la pena de 36 meses y multa de 100 s.m.l.m.v, así como a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

El fallo fue objeto de recurso de apelación, ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, siendo fallado el 30 de junio de 2010, confirmando la decisión proferida por este despacho. Se aclara que a la fecha el proceso ya está en archivo general y adicionalmente se extinguió la pena […]».

De las pruebas que obran en el expediente se puede tener por acreditado que el señor Alfredo Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 9.521.193, fue condenado por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, previsto en el artículo 312 de la Ley 599 de 2000, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada.

Ahora bien, siguiendo el artículo 21 del Código Penal –Ley 599 de 2000–, «[…] [L]a conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintención sólo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley» y revisado el Título X –delitos contra el orden económico social– del Capítulo I –del acaparamiento, la especulación y otras infracciones– del cual hace parte el artículo 312 del mencionado código, se advierte que el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico no prevé, expresamente, la modalidad culposa o preterintencional y, por ello, el dolo es la única modalidad de la conducta que resulta punible en relación con el delito en cuestión, lo que quiere decir, entonces, que la condena impuesta lo fue a dicho título de culpabilidad.

La sentencia de 23 de agosto de 2006, frente al elemento subjetivo del tipo, señaló:

«[…] En cuanto al aspecto subjetivo, el haz probatorio es demostrativo que ALFREDO FERNÁNDEZ tenía conocimiento que debía tramitar la respectiva autorización, por esa razón sostuvo conversación del tema con el alcalde municipal sin embargo finalmente resolvió voluntariamente sacar al público las boletas de la rifa sin el respectivo permiso defraudando las arcas del estado (sic) al no pagar los impuestos respectivos que conforme al ordenamiento legal tienen destino el sector salud. Sin duda el comportamiento de ALFREDO FERNÁNDEZ es típico por esta definido (sic) de manera inequívoca, expresa y clara en el ordenamiento penal, antijurídico toda vez que se lesionó efectivamente el bien jurídico tutelado por la ley penal, ello es, el orden económico social […]». (Subrayado y resaltado fuera de texto)

Cabe resaltar, asimismo, que de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 599, son penas principales, entre otras, «[…] la privativa de la libertad de prisión […]», por lo que puede considerarse que la condena inferida al señor Alfredo Fernández, lo fue a una pena privativa de la libertad.

Debe tenerse en cuenta que, contrario a lo expuesto por el Consejo Nacional Electoral en la Resolución Núm. 4849 de 18 de septiembre de 2019, la extinción por prescripción de la acción penal es un fenómeno distinto de la extinción por prescripción de la pena, tal y como lo revela la regulación del Código Penal.

El artículo 82 del Código Penal enunció las causales de extinción de la acción penal, dentro de las que se encuentra «[…] 4. La prescripción […]», norma complementada por el artículo 83 que establece el término de prescripción de la acción, por regla general, en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años, ni excederá de 20 años, salvo disposiciones especiales al respecto.

Los artículos 84, 85 y 86 del Código Penal, completan la regulación del fenómeno de la prescripción de la acción penal, así:

«[…] ARTICULO 84. INICIACION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION. En las conductas punibles de ejecución instantánea el término de prescripción de la acción comenzará a correr desde el día de su consumación.

En las conductas punibles de ejecución permanente o en las que solo alcancen el grado de tentativa, el término comenzará a correr desde la perpetración del último acto.

En las conductas punibles omisivas el término comenzará a correr cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un mismo proceso, el término de prescripción correrá independientemente para cada una de ellas.

ARTICULO 85. RENUNCIA A LA PRESCRIPCION. El procesado podrá renunciar a la prescripción de la acción penal. En todo caso, si transcurridos dos (2) años contados a partir de la prescripción no se ha proferido decisión definitiva, se decretará la prescripción.

ARTICULO 86. INTERRUPCION Y SUSPENSION DEL TERMINO PRESCRIPTIVO DE LA ACCION.

<Inciso 1o. modificado por el artículo 6 de la Ley 890 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.

Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10). […]» (Resaltado y subrayado fuera de texto).

De otro lado, el artículo 88 del Código Penal enunció, igualmente, las causales de extinción de la sanción penal, dentro de las que se encuentra «[…] 4. La prescripción […]», fenómeno que se presentó en el caso objeto de juzgamiento en este proceso, en tanto que el acusado fue condenado penalmente, mediante sentencia ejecutoriada, por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

El artículo 89 del citado estatuto indica que la pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia y el artículo 90 destaca que el término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpe cuando el sentenciado «[…] fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma […]».

La Sala estima, entonces, que se encuentra configurada la inhabilidad contenida en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, al encontrarse probado que el señor Alfredo Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 9.521.193, fue condenado por sentencia judicial, que se encuentra debidamente ejecutoriada, a una pena privativa de la libertad –prisión– por un delito que resulta punible únicamente bajo la modalidad dolosa y, de esta manera, probada, objetivamente, la violación del régimen de inhabilidades de los concejales.

II.5.6. La presencia del elemento subjetivo para la configuración de la causal de pérdida de investidura

La Sala, una vez acreditado que en el presente asunto el acusado, objetivamente, violó el régimen de inhabilidades, causal de pérdida de investidura para los concejales, al incurrir en la conducta prevista en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, en tano fue condenado por sentencia judicial, debidamente ejecutoriada, a una pena privativa de la libertad por un delito que resulta punible únicamente bajo la modalidad dolosa, procederá al análisis del elemento subjetivo de culpabilidad.

Se debe advertir que el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de 2019, establece que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura «[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]», norma posterior a los hechos que se juzgan pero que resulta aplicable al presente caso en virtud del principio de favorabilidad en la medida en que, por un lado, la situación no se encuentra consolidada; y, por el otro, establece una situación más favorable al demandado relativa a aquel elemento. Por ello, en el presente asunto, se deberá acreditar que la conducta desplegada por el acusado lo fue con dolo o culpa grave.

En relación con el análisis de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura esta Sección acogió los planteamientos esbozados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-424 de 2016 y esbozó en la sentencia de 25 de mayo de 2017, su posición en relación con este aspecto, la cual ha sido reiterada por esta Sala en las decisiones de 8 de junio de 2017, de 2 de agosto de 2017, 21 de septiembre de 2017, 12 de octubre de 2017, 20 de octubre de 2017, 27 de octubre de 2017, 10 de noviembre de 2017, 1 de febrero de 2018, 26 de abril de 2018, 10 de mayo de 2018, 24 de mayo de 2018, 8 de junio de 2018, 4 de octubre de 2018, 3 de mayo de 2019, 16 de mayo de 2019, 13 de junio de 2019 y 19 de septiembre de 2019.

En reciente sentencia de 11 de marzo de 2021, nuevamente se prohijaron los criterios elaborados en la citada providencia de 25 de mayo de 2017, en la siguiente forma:

«[…] Previo a continuar con la indagación de la conducta del concejal demandado, se prohíjan los criterios elaborados por la Sala en la sentencia de 25 de mayo de 2017, frente al análisis del elemento subjetivo, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:

(…)

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al debido proceso del demandado, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la validez del voto popular […]”.

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta desplegada por el demandado -la celebración de un contrato público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que conocía o debía conocer esa actuación vetada para los ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales, esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

(…)

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico” […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Asimismo, en la sentencia de 11 de febrero de 2021, la Sección señaló lo siguiente:

«[…] El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura

126. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019 “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas [en este caso concejales] que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]”.

127. En este punto, es importante resaltar lo expuesto por esta Sala, en sentencia de 4 de febrero de 2020, consideró que “[…] la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y esta Sección han resaltado la diferencia entre la figura de la pérdida de investidura y el derecho disciplinario […]”.

128. En esa oportunidad, la Sala citó las sentencias proferidas, por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el 30 de junio de 2015, y por esta Sección, el 15 de marzo de 2018, y concluyó, por un lado, que “[…] [n]o resulta entendible, entonces, la tesis planteada por el apelante consistente en que el grado de culpabilidad que debería acreditarse, con sustento en las normas disciplinarias, es la culpa gravísima puesto que, además de la diferenciación y autonomía de estas dos figuras, desconoce el tenor literal de las disposiciones aplicables en el proceso de pérdida de investidura que establecen que el grado de culpabilidad que debe verificarse en la conducta del miembro de una corporación de elección popular es el dolo y la culpa grave […]”; y, por el otro, que sería “[…] bajo los criterios que ha expuesto esta Sección dentro del trámite de los procesos de pérdida de investidura cuya competencia le está asignada, precisa que analizará la existencia del elemento subjetivo en la conducta desplegada por los acusados, esto es, el dolo o la culpa grave […]”.

129. Ahora bien, visto el artículo 4 de la Constitución Política, “[…] [e]s deber de los nacionales […] acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades […]”. Asimismo, visto el artículo 9.º del Código Civil, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”. Dicha norma fue objeto de examen de constitucionalidad y, mediante sentencia C-651 de 3 de diciembre de 1997, la Corte Constitucional consideró lo siguiente:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados […]

Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico”. […]

Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible a cargo del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia.

No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del derecho y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante en la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades para conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser relevados de cumplirlos […]” (Negrillas fuera de texto).

130. Esta Corporación ha considerado que “[…] [e]l análisis subjetivo del juicio que debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su carácter sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un análisis de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina constitucional ha interpretado como la proscripción de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del jus puniendi del Estado […]”.

131. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura se debía determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de culpabilidad de quien ostenta la dignidad porque el juicio de responsabilidad contiene un elemento objetivo, sobre la adecuación típica de la conducta, y un elemento subjetivo que “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]” (Destacado fuera de texto).

132. Lo anterior porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable […]”.

133. Precisado lo anterior, es importante resaltar que el estudio del elemento subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés jurídico; entretanto, la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

134. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

135. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el otro, en aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido […]».

Será, en consecuencia, bajo los criterios que ha expuesto esta Sección en el trámite de los procesos de pérdida de investidura cuya competencia le está asignada, que se analizará la existencia del elemento subjetivo en la conducta desplegada por el acusado y los argumentos del recurso de apelación formulado por el demandado.

Como se indicó anteriormente, la revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.

En el presente asunto, las inconformidades del demandado frente a la sentencia de primera instancia están relacionadas con el elemento subjetivo puesto que considera que su conducta no fue gravemente culposa y, además, estuvo amparada en la buena fe de no encontrarse cobijado por una inhabilidad.

Desde tal perspectiva, destacó que la sentencia condenatoria a la pena principal privativa de la libertad de prisión por 36 meses y la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mencionado tiempo, fueron objeto de extinción por prescripción por parte de la autoridad judicial, lo cual hizo creer al acusado, quien no tiene conocimientos jurídicos y tampoco experiencia en procesos electorales, que ya no pesaba sobre él ninguna prohibición o restricción para poder inscribirse y ser elegido concejal del municipio de Guamal, no pudiéndosele exigir, además, que comprenda que la inhabilidad que se le atribuye se cimenta en la existencia de la sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad y no de haber cometido la conducta punible.

Resaltó que para una persona del común no resulta comprensible que, pese a recibir una sanción penal que fue declarada extinta, continúe siendo estigmatizado de por vida para ejercer sus derechos a ser elegido y al libre desarrollo de su personalidad y no baste haber purgado tal sanción, cuando cualquier ciudadano sabe, por ser un hecho notorio, que no existen condenas perpetuas en nuestra legislación.

Consideró que le correspondía al demandante acreditar que el acusado, no solo conocía de la existencia de la sentencia judicial en su contra, sino que fue advertido de las implicaciones de la existencia de una condena penal en su contra respecto de la inhabilidad atribuida o que tenía conocimientos jurídicos para entender el alcance de la misma y, pese a ello, no realizó ningún acto para corroborar su situación, lo cual permitiría inferir que la conducta del señor Alfredo Fernández era gravemente culposa.

Hizo referencia a que lo decidido en la Resolución Núm. 4849 de 18 de septiembre de 2019 por parte del Consejo Nacional Electoral que, con base en las certificaciones de las autoridades judiciales penales y de las disciplinarias, absteniéndose de revocar la inscripción de, entre otros candidatos, Alfredo Fernández, lo cual generó la confianza de que su aspiración se encontraba enmarcada en el ordenamiento jurídico y podía continuar con su elección.

Contrario a lo manifestado por el apoderado judicial del acusado, los hechos descritos anteriormente en modo alguno permiten indicar que el acusado actuó con la diligencia debida puesto que, se reitera, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira es una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, examen que, de acuerdo a lo expuesto en el recurso de apelación, omitió el señor Alfredo Fernández en la medida en que, en su criterio de persona inexperta en asuntos electorales y sin conocimiento jurídico, consideró que la extinción de la pena que le fuera impuesta lo habilitaba para inscribirse y ser elegido como concejal del municipio de Guamal, pese a que la norma que regula la inhabilidad enjuiciada que se le atribuye plantea un supuesto distinto.

No sobra señalar que, de acuerdo con el artículo 9° del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su trasgresión y que, en el presente asunto, no existen situaciones que justifiquen la realización de la conducta proscrita por el ordenamiento jurídico y que impliquen que el acusado actuó de buena fe, como lo podrían ser (i) las interpretaciones disímiles realizadas por los jueces de la República respecto de la norma que establece la inhabilidad atribuida al actor; y, (ii) acudir a la asesoría profesional para salir de la ignorancia frente al contenido del ordenamiento jurídico.

Frente al primer evento mencionado, esto es, interpretaciones disímiles de los jueces de la República, se debe indicar que la jurisprudencia de esta Corporación ya había abordado lo relativo a la intemporalidad de la inhabilidad prevista en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, como se puede advertir del contenido de la sentencia dictada por esta Sección el 8 de septiembre de 2005 en el expediente núm. 15001-23-31-000-2004-02742-01, consejero de Estado ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade, la cual fue replicada por la Sala en la sentencia de 9 de mayo de 2019, proferida en el expediente núm. 76001-23-31-000-00744-01(PI), decisión judicial citada líneas atrás –ordinal 57–, por lo que las decisiones judiciales de esta Sección han sido uniformes frente a tal tópico.

En lo que tiene que ver con el segundo evento señalado, no obra dentro del expediente prueba alguna de que se hayan adelantado actuaciones por parte del acusado para buscar una efectiva asesoría frente a las implicaciones y alcances de la situación consistente en haber sido condenado a pena principal privativa de la libertad de prisión y del hecho de que la autoridad judicial hubiera declarado la extinción de la pena por prescripción, cuestiones que eran conocidas por el señor Alfredo Fernández, como se puede acreditar del derecho de petición que fuera formulado por este a la Procuraduría General de la Nación, en la siguiente forma:

«[…] ALFREDO FERNÁNDEZ, mayor de edad, identificado con C.C. No 9.521.193 de Sogamoso, con domicilio y residencia en Guamal-Meta, por medio del presente escrito y haciendo uso del DERECHO DE PETICIÓN consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y art. 5° del C.C. Administrativo, con el fin de solicitar, se ordene la cancelación, retiro de anotaciones por el delito de EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO RENTÍSTICO, según proceso en referencia, según fallo del 23 de agosto de 2006, del JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE ACACÍAS-META, para lo cual mediante interlocutorio No. 007 del 4 agosto de 2015 numeral 4°, se ordenó declarar la extinción de la sanción penal a mi favor, y se me informe por escrito sobre estas actuaciones solicitadas.

HECHOS

1. Mediante sentencia del 23 de agosto de 2006, el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE ACACIAS, me condenó por el delito de EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO RENTÍSTICO.

2. El suscrito cumplió en su totalidad la pena impuesta en la sentencia condenatoria.

3. Con fecha 04 de agosto de 2015, el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE ACACÍAS-META, profirió el interlocutorio No. 007, donde ordena DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL a favor del suscrito ALFREDO FERNÁNDEZ; e igualmente ordena oficiar a las autoridades competentes sobre la extinción de la pena y archivo del proceso.

4. Con fecha agosto 14 de 2019, se me allegó información donde aparezco como INHABILITADO para ser aspirante al cargo de CONSEJAL (sic) del municipio de Guamal-Meta, con la anotación de la ley 617 de 2000, art. 40, como consecuencia de la condena por el delito antes referido.

(…)

ANEXOS

Adjunto copia de interlocutorio del 23 de agosto de 2006, del JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE ACACÍAS-META y oficio emanado del JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE ACACÍAS, donde comunica la extinción de la condena (sic) […]».

Si tal y como lo afirma el acusado en el sentido que no tenía los conocimientos jurídicos ni la experticia en procesos electorales para entender el alcance de la situación en la que se encontraba, resultaba esperable que acudiera a la asesoría de personas idóneas que le permitieran conocer las implicaciones de inscribirse como candidato al concejo pese a que sobre él se había impuesto una condena penal a pena privativa de la libertad por un delito que únicamente es punible por dolo, pero optó por mantener sus convicciones erradas al respecto, por lo que su actuación resulta ser gravemente culposa al exhibir una conducta negligente y de poca prudencia atendiendo que no reviste mucha dificultad acudir a la asesoría mencionada.

De otro lado, el actor se refiere a la Resolución Núm. 4849 de 18 de septiembre de 2019 proferida por el Consejo Nacional Electoral y en la cual decidió no revocar la inscripción del acusado, lo cual, en su concepto, le generó la confianza de que su aspiración se encontraba enmarcada en el ordenamiento jurídico. La precitada resolución, frente al caso particular del actor, indicó lo siguiente:

«[…] RESOLUCIÓN No 4849 DE 2019 […] (18 DE SEPTIEMBRE) […] Por el cual se DECIDE la revocatoria de las inscripciones de algunos candidatos relacionados en el reporte de la Procuraduría General de la Nación, Acta Especial de Revocatoria (PGN) Grupo No 07 del 13 de agosto de 2019, para los cargos de elección popular a votarse en el nivel territorial, el 27 de octubre de 2019.

(…)

A su turno, el señor Alfredo Fernández, cc 9521193, adjuntó Comunicación del Juzgado Penal del Circuito de Acacías – Meta, en que comunica la extensión (sic) de la Pena impuesta al ciudadano, por prescripción. Sobre el particular, en un caso de pérdida de un Concejal, el Consejo de Estado, manifestó: “Para la Sala, el hecho de que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha declarara prescrita y extinguida la acción penal adelantada en contra del señor Yeiner Osorio Ariza, significa que no existe sentencia penal condenatoria en su contra, por lo que no se configura el supuesto de la causal de inhabilidad que se le endilga, esto es, la prevista en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000”. En ese sentido, si fue declarada la extensión (sic) de la pena en contra del señor Alfredo Fernández se puede decir que nunca hubo condena y no le es aplicable el numeral primero del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000 y por ende, no será revocada su inscripción como candidato.

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO: ABSTENERSE de revocar la inscripción de los candidatos que se relacionan a continuación, por las razones expuestas en el proveído:

(…)

1 […] 16800-19 […] ALFREDO FERNÁNDEZ […] 9521193 […] Concejo Municipal de Guamal (Meta) […]».

Cabe precisar al respecto que, de acuerdo con la Resolución Núm. 1478 de 11 de octubre de 2018, por medio de la cual se estableció el calendario electoral para las elecciones de autoridades locales tales como alcaldes, diputados, concejales y ediles que se realizaron el 27 de octubre de 2019, la inscripción de los candidatos y listas, siguiendo para el efecto el artículo 30 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, inició el 27 de junio de 2019 y culminó el 27 de julio de 2019. Asimismo, el 2 de agosto de 2019 venció el término para la modificación de candidatos por renuncia o no aceptación, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Estatutaria 1475.

Lo anterior evidencia que la decisión proferida por el Consejo Nacional Electoral no podía haber fundado el convencimiento de que no concurría en el acusado ninguna prohibición para inscribirse y ser elegido concejal del municipio de Guamal, puesto que tal decisión administrativa se produjo el 18 de septiembre de 2019, esto es, varios meses después de que el señor Alfredo Fernández procediera a inscribirse como candidato a tal dignidad.

En lo que tiene que ver con el origen y fundamento normativo de la función ejercida por dicha entidad para revocar la inscripción de candidatos, se ha indicado por esta Corporación lo siguiente:

«[…] 3. La potestad de revocar la inscripción. Su origen y fundamento normativo.

El ordenamiento constitucional colombiano consagra el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, como clara expresión de la democracia participativa (Artículo 40 CP). Este derecho político se traduce a través del derecho a: i) elegir y ser elegido, ii) tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, iii) constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, iv) revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley, v) tener iniciativa en las corporaciones públicas, vi) interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley y, vii) acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.

La reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 01 de 2003, fortaleció el sistema de partidos al establecer condiciones más exigentes para su creación y el mantenimiento de su personería jurídica; consagró la prohibición de la doble militancia y el régimen de bancadas a fin de racionalizar su funcionamiento en el seno de las corporaciones públicas; modificó el sistema electoral a través del establecimiento del “umbral” y la “cifra repartidora” en orden a asegurar una mejor representación de las colectividades en la asignación de curules. De otro lado, esta reforma constitucional le otorgó a los partidos y movimientos la potestad de inscribir listas y candidatos únicos, “sin requisito adicional alguno”, como se tenía previsto en el artículo 108 superior, sin la reforma, cuya razón era reivindicar la autonomía y el autogobierno de las agrupaciones políticas.

No obstante, la práctica política y la presencia de candidatos sin requisitos legales o incursos en causales de inhabilidad en los certámenes electorales, se constituyó en una marcada cotidianidad, por lo que las aspiraciones de los electores, terminaban burladas. Ello aconsejó una nueva reforma constitucional, está vez, dirigida a responsabilizar a los partidos por avalar candidatos afectados por causales de inelegibilidad, la cual se materializó con el Acto Legislativo 01 de 14 de julio de 2009, que en su artículo 2º le otorgó al Consejo Nacional Electoral la atribución de revocar la inscripción de aquellos aspirantes incursos en causal de inhabilidad, modificando con ello el artículo 108 de la Carta, en los siguientes términos: “Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso”. Así mismo, el artículo 12 de dicho Acto Legislativo, modificó el artículo 265 superior, para incorporar esta nueva atribución en cabeza del CNE, así:

ARTICULO 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:

(…)

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.

Conforme a lo anterior, al Consejo Nacional Electoral, como supremo organismo de inspección y vigilancia de la organización electoral y de las elecciones, se le otorgó la facultad de revocar la inscripción de aquellos candidatos incursos en causales de inhabilidad, cuando exista plena prueba de dicha situación y se le brinde al implicado todas las garantías inherentes al debido proceso.

A su turno, el artículo 28 de la ley 1475 de 2011, “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, impuso a los partidos y movimientos políticos, la responsabilidad y el control de la inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular y en el artículo 33, el deber de divulgación de los candidatos inscritos al certamen democrático, así:

ARTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. < Aparte subrayado de este inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.

(…)

ARTÍCULO 33. DIVULGACIÓN. Dentro de los dos (2) días calendario siguientes al vencimiento del término para la modificación de la inscripción de listas y candidatos, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral publicarán en un lugar visible de sus dependencias y en su página en Internet, la relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular cuyas inscripciones fueron aceptadas.

Dentro del mismo término las remitirá a los organismos competentes para certificar sobre las causales de inhabilidad a fin de que informen al Consejo Nacional Electoral, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, acerca de la existencia de candidatos inhabilitados, en especial las remitirá a la Procuraduría General de la Nación para que previa verificación en la base de sanciones e inhabilidades de que trata el artículo 174 del Código Disciplinario Único, publique en su página web el listado de candidatos que registren inhabilidades.

De lo anterior se advierte que el acto de inscripción para aspirar a un cargo o a una corporación de elección popular, actualmente comporta una responsabilidad para los partidos y movimientos políticos que los inscribe, al tiempo que está signado por el principio de transparencia, dado que los ciudadanos pueden intervenir ante la autoridad electoral para poner de manifiesto su irregular inscripción, o esta de oficio puede adelantar la actuación de revocatoria, si remitida la información por la Procuraduría General de la Nación, después de consultada sus bases de datos sobre inhabilidades o sanciones, se probare que el candidato está incurso en una inhabilidad […]».

Por lo tanto, si bien la Sala no cuenta con elementos probatorios que le permitan inferir que el señor Alfredo Fernández sabía de la existencia de una inhabilidad que le impedía inscribirse y ser elegido concejal del municipio de Guamal (Meta), y que, aun así, de forma dolosa, optó por participar de dichos comicios, lo cierto es que sí quedó demostrado que, teniendo un deber de diligencia que atender en el marco de su inscripción y de los requisitos positivos y negativos para acceder al cargo, los cuales debía conocer, evidentemente no lo satisfizo y actuó con negligencia y poca prudencia, manteniendo las convicciones erradas frente a su situación particular, lo cual ubica su conducta en una culpa grave en los términos del artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de 2019.
II.5.7. Conclusión

La Sala, conforme a los argumentos expuestos en esta providencia, constató que se reúnen los requisitos objetivos y subjetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades previsto para los concejales contenida en el numeral 6° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en tanto se acreditó que el acusado incurrió en la conducta prevista en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, y por tal motivo resulta pertinente la confirmación de la sentencia de 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada de 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia judicial.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado

[p4]
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 015.1ContestacionDemandaJoseVicenteCastillo.pdf
Índice 3 SAMAI. Índice 4 SAMAI. Índice 5, 6 y 7 SAMAI. Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
«ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]».
«ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».
«ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán su investidura por: […] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses».
«ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley».
«ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política. PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem. Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal». CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 68001-23-33-000-2017-01224-01(PI). Actor: EDWIM ACERO CASTILLO. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2002. Rad.: 7177. Magistrado Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2017. Rad.: 2016 – 00731. Magistrado Ponente: doctor Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2002. Rad.: 7177.

Magistrado Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2004 – 2404. Magistrada Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de diciembre de 2012. Rad.: 2012 – 00235. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 44001-23-31-002-2016-00098-01(PI). Actor: FREDYS ENRIQUE BARROS HERRERA. Reiterada en CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00744-01(PI). Actor: JOSÉ HERNANDO VALENCIA RAMÍREZ. Demandado: ARNULFO NIETO ARIAS. Referencia: Acción de pérdida de investidura de concejal. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00744-01(PI). Actor: JOSÉ HERNANDO VALENCIA RAMÍREZ. Demandado: ARNULFO NIETO ARIAS. Referencia: Acción de pérdida de investidura de concejal. Sentencia de 12 de marzo de 2009, Expediente 2008-00094 (PI), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso. Sentencia de 23 de mayo de 2013, Expediente: 2012-00222-01(PI), Consejera ponente, doctora María Elizabeth García González. Cfr cita ibidem. Expediente: 11001031500020110140800, Actor: Orlando Parada Díaz, M.P. doctor Gerardo Arenas Monsalve. 50001233300020210009400_ACT_AGREGAR MEMORIAL_9-04-2021 12.28.15 P.M..PDF
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Por la cual se expide el Código Penal. Por la cual se expide el Código Penal.
«ARTICULO 35. PENAS PRINCIPALES. Son penas principales la privativa de la libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial». 50001233300020210009400_ACT_CONTESTACION DEMANDA_25-03-2021 8.22.50 P.M..PDF
El artículo 83 de la Ley 599 de 2000 ha sido modificado por la Ley 1564 de 2007, la Ley 1309 de 2009, la Ley 1426 de 2010, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2081 de 2021, manteniendo la misma redacción en lo que tiene que ver con la regla general del inciso primero. El artículo 89 de la Ley 599 de 2000 ha sido modificado por la Ley 1709 de 2014. Diario Oficial No. 51.142 de 19 de noviembre 2019. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI). Actor: ANDRÉS ALBERTO PADILLA ÁVILA Y GREGORIO SANTAFÉ RODRÍGUEZ. Demandado: MARIO HINESTROZA ANGULO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-33-000-2016-01908-01(PI). Actor: PAOLA ANDREA CANO RAMÍREZ. Demandado: LINDON JOHNSON GALEANO ABELLO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 76001-23-33-004-2016-01077-01(PI). Actor: JORGE NEIZER MUÑOZ VALENCIA. Demandado: NORBEY GIRALDO CARDONA.

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 73001-23-33-005-2016-00620-01(PI). Actor: NELSON LÓPEZ GARCÍA. Demandado: CHRISTIAN CAMILO REYES PALMA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 54001-23-33-000-2016-00346-01(PI). Actor: LUIS JESÚS BOTELLO GÓMEZ. Demandado: JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 68001-23-33-000-2016-01393-01(PI). Actor: DIEGO FERNANDO PEÑUELA MELGAREJO. Demandado: HIPÓLITO DURÁN ZÚÑIGA. Referencia: Pérdida de investidura. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 44001-23-31-001-2016-00055-01(PI). Actor: JANER JAVIER PÉREZ BRITO. Demandado: JOSÉ GREGORIO MEJÍA HERRERA. Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 76001-23-33-004-2016-01478-01(PI), Actor: FABIO HENRY LEMOS, Demandado: OCTAVIO JARAMILLO MORALES. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-42-000-2015-06456-01(PI). Actor: SERGIO FABIÁN MARTÍNEZ LEAL. Demandado: ELVIRA DÍAZ GARCÍA. Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA- APELACIÓN. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 66001-23-33-002-2016-00055-01(PI). Actor: LUIS ENRIQUE SALDARRIAGA LONDOÑO. Demandado: NELSON CARDONA MARÍN. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Actor: DANIEL SILVA ORREGO. Demandado: JORGE LIBARDO MONTOYA ÁLVAREZ. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00277-01(PI). Actor: PABLO RODRÍGUEZ QUINTERO. Demandado: SELMEN DAVID ARANA CANO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 17001-23-33-000-2016-00473-01(PI). Actor: SIMÓN RAMÍREZ ALZATE. Demandado: RONAL FABIÁN BONILLA RICARDO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 70001-23-33-000-2016-00274-01(PI). Actor: MIGUEL ÁNGEL MEDINA ALANDETE. Demandado: ARIS HARVEY RAMÍREZ JUNIELES. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 66001-23-33-000-2016-00080-01(PI). Actor: DANIEL SILVA ORREGO Y OTRO. Demandado: FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA.

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 81001-23-39-000-2017-00118-01(PI). Actor: LUIS ALBERTO ARAÚJO GARCÍA. Demandado: JOSÉ ALFREDO PÉREZ RAMÍREZ. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 76001-23-33-000-2018-00572-01(PI). Actor: HERMES CARDONA LASPRILLA. Demandado: HERNÁN EDUARDO DÍAZ CRUZ. Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 81001-23-39-000-2016-00056-01(PI). Actor: JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS. Demandado: DUVAN ISNARDO RAMIREZ LÓPEZ. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 05001-23-33-000-2018-00666-01(PI). Actor: LUCAS OSSA GUZMÁN. Demandado: DARÍO DE JESÚS CARRASQUILLA MUÑOZ. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI). Actor: JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ. Demandado: RAFAEL ANTONIO TEHERÁN LORA, LIBARDO VEGA PACHECO, RAFAEL PALMERA SULBARÁN Y HORACIO AVILA MEJÍA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI). Ídem. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978. Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 68001-23-33-000-2019-00893-01(PI). Actor: EDWIN LEANDRO SÁNCHEZ CASTAÑO. Demandado: EMEL DARÍO HARNACHE BUSTAMANTE, HOLMAN JOSÉ JIMÉNEZ MARTÍNEZ Y FRANKLIN ANGARITA BECERRA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de febrero de 2020. Proceso identificado con el número único de radicación 680012333000201900916-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 30 de junio de 2015, Expediente 11001031500020130111500, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barrerio (E). CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 13001-23-33-000-2016-01107-01(PI). Actor: ÁLVARO JOSÉ MUÑOZ BARRIOS. Demandado: SANDRA PATRICIA CÁCERES, YENIS BADILLO GULLOSO, OSMEIDA MANRIQUE CAVIEDES Y JESÚS AUGUSTO ALFONSO PIÑEROS. Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJALES DE MORALES –BOLÍVAR. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978. Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Véase por ejemplo: i) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación 110010315000201500102-00; sentencia de 23 de febrero de 2016;

Consejera Ponente, doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de septiembre de 2016, proceso identificado con número único de radicación 1100103150002014003886-00, Consejero Ponente, doctor Alberto Yepes Barreiro; y iii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 20 de febrero de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201803883-00; Consejera Ponente, doctora María Adriana Marín. Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016; Magistrada Ponente, doctora Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2016
50001233300020210009400_ACT_CONTESTACION DEMANDA_25-03-2021 8.22.50 P.M..PDF
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/RES-14778-11-OCT-2018-CALENDARIO-ELECTORAL-AUTORIDADES-LOCALES.pdf
«ARTÍCULO 30. PERIODOS DE INSCRIPCIÓN. El periodo de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la correspondiente votación. En los casos en que los candidatos a la Presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta. En los casos de nueva elección o de elección complementaria para el resto del periodo de cargos y corporaciones de elección popular, el periodo de inscripción durará quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones. La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora. PARÁGRAFO. En los casos de nueva elección o de elección complementaria, la respectiva votación se hará cuarenta (40) días calendario después de la fecha de cierre de la inscripción de candidatos. Si la fecha de esta votación no correspondiere a día domingo, la misma se realizará el domingo inmediatamente siguiente»
Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones
«ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones. Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad física permanente podrán inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días antes de la votación. Si la fecha de la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que se utilice para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán a favor del inscrito en su reemplazo. La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la candidatura deberá presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores, ante el funcionario electoral correspondiente»
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA. Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 11001-03-28-000-2019-00042-00. Actor:

ENRIQUE CARLOS ZAMBRANO CASTRO. Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
“En una segunda etapa, el constituyente derivado, habida consideración de la crisis de representatividad generada por diversas anomalías del sistema político colombiano, reformó las normas constitucionales citadas, en dirección a aumentar el grado de intervención estatal de las agrupaciones políticas, mediante reglas específicas y particulares. Estas previsiones cumplen, a su vez, tres propósitos definidos, referidos a (i) el fortalecimiento de las agrupaciones políticas; (ii) la búsqueda de mayores niveles de representación democrática; y (iii) la exigencia de regímenes de control y sanción, que sirvan de desestímulo para la cooptación del sistema político por parte de actores ilegales. Por ende, es sencillo advertir cómo desde la normatividad constitucional se infiere la legitimidad prima facie de regulaciones particulares sobre la organización y funcionamiento de las agrupaciones políticas, que tengan como objeto cumplir con las finalidades antes explicadas”. Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2011, MP Luis Ernesto Vargas Silva. En lo atinente al debido proceso el CNE expidió la Resolución 093 de 28 de enero de 2010, por medio de la cual se estableció el procedimiento para revocar la inscripción de un candidato, normativa posteriormente derogada por la Resolución 0921 de 18 de agosto de 2011, por la cual se reguló el mismo asunto, pero que fue declarada nula por esta Corporación, mediante Sentencia del 6 de mayo de 2013, MP Mauricio Torres Cuervo, Rad. -2011-00068-00. En la referida providencia, el Consejo de Estado consideró que de la autorización prevista en el artículo 265 constitucional, no se derivaba la potestad de incursionar en materias de reserva de ley estatutaria, especialmente, cuando se pretende restringir el derecho a tomar parte en elecciones y a participar en el ejercicio y control del poder político. En consecuencia, se indicó que las reglas que debían aplicarse era las del procedimiento administrativo general descrito en el Título III, Capítulo I del CPACA.

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