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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2022-01142-01

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2022-01142-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente (E) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado (Ausente con permiso) CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P:5

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2022-01142-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 05001-2333-000-2022-01142-01
Solicitante: JHON JAIRO ARISTIZABAL
Accionada: ADRIANA MARÍA GÓMEZ JOHNSON
Tema: CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR VIOLACIÓN AL
RÉGIMEN DEL CONFLICTO DE INTERÉS

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
judicial de la concejal acusada contra la sentencia de 18 de noviembre de 2022,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a la solicitud de
pérdida de investidura de la señora Adriana María Gómez Johnson, concejal del
municipio de Angelópolis - Antioquia, elegida para el período constitucional 2020 -
2023.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud

I.1.1. La causal de pérdida de investidura invocada

1. En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA) el señor Jhon Jairo Aristizábal, actuando en nombre propio, presentó
solicitud1 con el fin de que se decretara la pérdida de investidura de la señora
Adriana María Gómez Johnson, concejal del municipio de Angelópolis – Antioquia,
elegida para el período constitucional 2020-2023, por haber violado el régimen de
conflicto de intereses, previsto como causal de pérdida de investidura de los
concejales -numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en consonancia con los artículos 55
(numeral 2°) y 70 de la Ley 136 de 1994-.

1 002. Demanda. Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI: 05001-2333-000-2022-01142-01.
Expediente digital.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

I.1.2. Los hechos que sirven de sustento a la solicitud y la explicación de la
causal de pérdida de investidura alegada

2. El solicitante esgrimió los siguientes argumentos de hecho y de derecho que
sirven de sustento a la solicitud:

3. Relató que el alcalde municipal del citado ente territorial presentó el Proyecto de
Acuerdo 016 de 2022 «Por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de
Angelópolis para realizar cesión a título gratuito o enajenación de dominio de bienes
fiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019
y demás normas que, en adelante, lo modifiquen, adicionen, complementen o
reglamenten», el cual incluía, dentro del listado de personas que serían beneficiarias
con la cesión a título gratuito o enajenación de bienes fiscales, el nombre de la
concejal Adriana María Gómez Johnson.

4. La anterior iniciativa fue tramitada en la Comisión Tercera Permanente o de
Presupuesto y Hacienda Pública, debiéndose resaltar que la concejal del municipio
de Angelópolis, Adriana María Gómez Johnson, conformó el cuórum deliberatorio y
decisorio y participó en la votación del referido proyecto, negándolo, pero sin
haberse declarado impedida, según consta con el Acta 07 de 22 de agosto de 2022.

5. Por lo anterior, consideró que la acusada incurrió en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en
consonancia con los artículos 55 (numeral 2°) y 70 de la Ley 136 de 1994, pues
debió manifestar de manera oportuna su impedimento ante el pleno de la
corporación pública para ser separada del trámite y la votación de la iniciativa que
tenía como finalidad autorizar al alcalde para realizar una cesión a título gratuito o
enajenación de dominio de bienes fiscales, pues ella era una de las personas que
figuraba como beneficiaria.

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

6. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la primera instancia,
mediante auto de 4° de octubre de 20222, admitió la demanda y ordenó la
notificación a la acusada y a la agente del Ministerio Público en la forma prevista en
los artículos 9° y 10 de la Ley 1881 de 2018. Surtido el trámite anterior la concejal
acusada, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda.

I.3. El escrito de oposición presentado por el apoderado de la concejal
inculpada

2 005. Admite demanda. Expediente digital.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

7. El apoderado de la concejal inculpada3, en relación con los hechos de la solicitud
aclaró que la señora Adriana María Gómez Johnson votó de manera negativa el
Proyecto de Acuerdo 016 de 2022, lo que condujo al archivo de la iniciativa.

8. Adujo que el solo hecho de haber votado en sentido negativo el proyecto de
acuerdo, que a la postre nunca se convirtió en norma, descarta la configuración de
la causal de pérdida de investidura puesto que, según el artículo 70 de la Ley 136
de 1994, el conflicto de interés exige que el beneficio, utilidad o provecho se
materialice en una norma, pues si no se aprueba el proyecto normativo «[…] no
existirá derecho subjetivo alguno que implique generación de riqueza privada».

9. En apoyo del anterior argumento, y luego de hacer alusión al artículo 116 del
Decreto 1333 de 1986 – momento a partir del cual un acuerdo produce efectos jurídicos-
aseguró que: «[…] los acuerdos municipales son actos complejos, compuestos de
varios componentes, que encadenados dan lugar al acto administrativo denominado
Acuerdo Municipal, que culmina con la sanción y publicación. Ahora bien, cuando
se trata del conflicto de interés, debe ser el contenido en el Acuerdo Municipal, no
podría declararse un interés frente a una mera expectativa jurídica, como por
ejemplo, el debate en una comisión de un proyecto que no se consolidó en un
acuerdo Municipal. Y esto es así porque cuando se trata de proyecto de acuerdo,
existen meras expectativas de derecho, puede ser que se consolide una situación
jurídica o simplemente se archive la iniciativa, dando al traste con cualquier hecho
consolidado».

10. En lo que atañe a la valoración del aspecto subjetivo, el mismo apoderado judicial
anotó que la conducta de la concejal se encuentra amparada en la buena fe, por las
siguientes razones: en primer lugar, contó con la asesoría del profesional Wilmar
Quintero Bohórquez, quien emitió concepto en sentido de que la acusada no se
encontraba incursa en la causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses
y, por ende, no estaba obligada a presentar su impedimento. En segundo lugar, la
acusada votó negativamente el proyecto de acuerdo, lo cual reafirma la ausencia
de mala fe. «Esto quiere decir, ni más ni menos, que aún sin que se configure el
conflicto de interés, la actuación de Mi Poderdante, fue además de legal, permeada
por la buena fe».

11. Para terminar, planteó la excepción de «inexistencia de causa para demandar»,
para lo cual reiteró que el conflicto de intereses no admite la tentativa, pues es una
conducta de acto, y en tal virtud, en el presente caso era requisito necesario para la
configuración objetiva de la conducta que el proyecto de acuerdo fuera aprobado,
lo cual no ocurrió; luego de lo cual concluyó que, en definitiva, si una norma no
produce efectos jurídicos, el presunto beneficio o utilidad que se deriva de él
tampoco nace.

3 03. CONTESTACIÓN DEMANDA ADRIANA. Pdf. Expediente digital.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia

12. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la primera instancia,
mediante auto de 20 de octubre de 20224, dio apertura a la etapa probatoria. El día
4 de noviembre de 20225 se celebró la audiencia de pruebas con el fin de practicar
el testimonio del señor Wilmar Quintero Bohórquez para que expusiera sobre «[…]
las asesorías que le dio a la señora Adriana María Gómez Johnson respecto al
proyecto de acuerdo que generó esta litis […]». Un resumen de lo acaecido en esa
diligencia quedó consignado en la respectiva acta.

13. Por último, con fecha 11 de noviembre de 2022, se realizó la audiencia pública
de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018, diligencia en la cual se
concedió el uso de la palabra a la apoderada del solicitante, a la señora agente del
Ministerio Público, y el apoderado de la inculpada. Tanto la parte demandante 6
como la señora Procuradora Judicial II para Asuntos Administrativos7 allegaron sus
alegaciones por escrito. Un resumen de lo ocurrido en dicha diligencia quedó
resumido en la respectiva acta8.

I.4.1. Intervención de la apoderada judicial del solicitante

14. El solicitante, por conducto de apoderada judicial, y con apoyo en lo expresado
por la jurisprudencia de esta Corporación, precisó que el conflicto de intereses se
configura cuando el servidor público participa en el proceso de formación de una
norma, lo cual comprende no solo la votación sino también el debate. A lo anterior
agregó que, siguiendo el derrotero jurisprudencial, la sola comparecencia a la
sesión, así no se manifieste opinión alguna sobre el proyecto, constituye una de las
tantas formas de participar en el debate de una iniciativa.

15. A su juicio, la concejal acusada tenía comprometida su objetividad e
imparcialidad para participar en el trámite del Proyecto de Acuerdo 016 de 2022,
resaltando que el interés se traducía en que dentro de la lista de beneficiarios
figuraba la concejal accionada «[…] en 4 inmuebles con ficha catastral 1204003,
1200178, 1204005 y 1200454 y Jhon Jairo y María Elena Gómez Johnson con ficha
catastral 1200455 y 1200456».

16. Consideró que la concejal Adriana María Gómez Johnson, a pesar de que
conocía el listado de beneficiarios «donde se encontraba incluido su hermano», optó
por participar en los debates y votó negativamente el Proyecto de Acuerdo 016 de
2022, sin declararse impedida y sin haber radicado la correspondiente petición ante
el Comité de Ética del concejo municipal de Angelópolis, Antioquia.

4 014. DECRETA PRUEBAS. Expediente digital.
5 023. ACTA DE PRUEBAS. Expediente digital.
6 033. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DEMANDANTE. Expediente digital.
7 034. CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO. Expediente digital.
8 031. ALEGACIONES. Expediente digital.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

17. Finalmente precisó que la Corte Constitucional, a través de su sentencia SU-379
de 2019, señaló que la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
conflicto de intereses busca proteger el interés general frente a los intereses
privados, personales o familiares que en un determinado momento puedan tener los
servidores públicos de elección popular. Además, debe verificarse la existencia de
un interés directo por parte de quien participa en las etapas de formación de un
proyecto, lo cual comprende el debate o la votación. Agregó que la valoración que
realice el juez sobre el provecho sea propio o a favor de un consanguíneo o socio
no debe ser incierto, sino que requiere de un nexo causal entre el beneficio y el
poder de interferir en la toma de decisión.

I.4.2. Intervención de la señora agente del Ministerio Público

18. La Procuradora 112 Judicial II para Asuntos Administrativo presentó concepto
favorable a las pretensiones de la pérdida de investidura.

19. La agente del Ministerio Público encontró probado el elemento objetivo de la
conducta cuestionada, en tanto que la concejal acusada participó en el debate del
Proyecto de Acuerdo 016 de 2022, el cual tenía por objeto autorizar al alcalde del
municipio de Angelópolis para realizar una cesión, a título gratuito, o la enajenación
de dominio de bienes fiscales, a pesar de que le asistía un interés directo, pues ella
era una de las personas que resultaría beneficiada con tal determinación.

20. Para la citada procuradora, tan reprochable era su actuación que, de acuerdo
con lo consignado en el Acta 07 de 22 de agosto de 2022, luego de evacuarse el
llamado a la lista y constatarse la verificación del cuórum, se inició el debate del
referido proyecto, momento en el cual la concejal Adriana María Gómez Johnson
pidió el uso de la palabra para señalar que era la cuarta oportunidad en la cual la
iniciativa era presentada, a lo que agregó que había sido designada ponente en
oportunidad anterior.

21. Observó que las peticiones de 22 de agosto de 2022 y de 30 del mismo mes y
año, dan cuenta que la señora Adriana María Gómez Johnson elevó solicitud ante
la Secretaría de Planeación del municipio de Angelópolis con el fin de solicitar el
retiro de su nombre y el de sus familiares dentro del listado de supuestos
beneficiarios de la referida iniciativa. Sin embargo, aclaró que la primera solicitud se
presentó el mismo día de la sesión en la que se discutió el Proyecto de Acuerdo 016
de 2022 y, la segunda, con posterioridad a ella.

22. Además, insistió que el concepto emitido por el señor Wilmar Quintero
Bohórquez, director ejecutivo de la Organización de Líderes Territoriales para el
Desarrollo – OLTED -, debía valorarse de cara al trámite requerido para la
legalización de los predios, más no para descartar la posible configuración del
conflicto de interés.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

23. Finalmente, encontró que la conducta atribuible a la accionada se cometió a título
de culpa grave, pues «[…] a pesar de percibir la posibilidad de incursión en un
conflicto de interés en el proyecto de acuerdo 016 de 2022, donde se enlistaban
predios a su nombre participo en la sesión, conformo (sic) quorum, expreso (sic)
opinión y votó, sin decidir sustraerse de la deliberación y tramite (sic) del asunto».

I.4.3. Intervención del apoderado de la concejal acusada

24. El apoderado de la concejal, en líneas generales, reiteró los argumentos del
escrito de la contestación de la solicitud. Señaló que el conflicto de interés,
constitutivo de desinvestidura exige, para su configuración, que la participación del
servidor público se materialice respecto de un proyecto de acuerdo que sea
aprobado, es decir, que se convierta en norma, lo cual no aconteció en el presente
caso. Agregó que las causales de pérdida de investidura se encuentran gobernadas
por los principios de legalidad y de interpretación restrictiva, axiomas que, según lo
solicitó, debían ser aplicados.

I.5. La decisión de primera instancia

25. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió decisión el 18 de
noviembre de 2022, en virtud de la cual decretó la pérdida de investidura de la
concejal Adriana María Gómez Johnson, luego de evaluar el aspecto objetivo de la
conducta y el elemento subjetivo o de culpabilidad9.

(i) Análisis del aspecto objetivo

26. La decisión judicial de primera instancia, luego de abordar las generalidades del
juicio de pérdida de investidura, el desarrollo legal y jurisprudencial de la causal
específica invocada en la solicitud y las pruebas relevantes obrantes en el proceso,
procedió al estudio de los requisitos para la configuración de la conducta analizada,
en los términos que se señalan a continuación.

(a) Análisis del primer requisito - la condición de concejal de la acusada

27. La sentencia judicial impugnada encontró acreditado el primer elemento común
a todo juicio de pérdida de investidura, esto es, la condición de concejal de la
acusada.

(b) Análisis del segundo requisito - la existencia de un interés directo,
actual e inmediato

28. El Tribunal a quo encontró igualmente demostrado el interés directo, actual e
inmediato de la concejal acusada en participar en el trámite del Proyecto de Acuerdo

9 035. Sentencia pérdida de investidura. Expediente digital.

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DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

016 de 2022, iniciativa que tenía como finalidad autorizar al alcalde del municipio de
Angelópolis para realizar la cesión a título gratuito o enajenación de dominio de
bienes fiscales, pues ella y sus familiares figuraban como beneficiarios.

29. En apoyo de lo anterior, consideró que carecía de asidero la afirmación
formulada por el apoderado judicial de la acusada en el escrito de contestación de
la solicitud, según la cual no era posible estructurar la causal de pérdida de
investidura por conflicto de interés puesto que era necesario que el Proyecto de
Acuerdo 016 de 2022 se haya materializado en una norma, lo cual no ocurrió. Para
resolver lo anterior, la decisión judicial de primera instancia retomó el criterio de esta
Sección contenido en la sentencia del 11 de noviembre de 202110; decisión judicial
en la cual se precisó que la causal de pérdida de investidura por violación al régimen
de conflicto de interés no se circunscribe solamente a la votación sino también al
debate de los proyectos de acuerdo.

30. Agregó que las solicitudes presentadas el 22 de agosto de 2022 y el 30 de agosto
de esa anualidad, suscritas por la concejal Adriana María Gómez Johnson y que
estaban dirigidas a la Secretaría de Planeación del Municipio de Angelópolis con el
fin de que retiraran su nombre y el de su familia del listado de los supuestos
beneficiarios, ciertamente eran escritos posteriores a la fecha en que tuvo lugar el
debate de la iniciativa normativa, por lo que dichos documentos no permitían
desvirtuar la configuración de la conducta reprochada a la acusada.

31. Además, consideró que la declaración rendida por el señor Wilmar Quintero
Bohórquez, director ejecutivo de la Organización de Líderes Territoriales para el
Desarrollo – OLTED -, organización que asesoró a la señora Adriana María Gómez
Johnson y al concejo municipal de Angelópolis en el trámite del Proyecto de Acuerdo
016 de 2022 - audiencia de pruebas celebrada el 4 de noviembre de 2022 ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia- no aportaba ningún elemento nuevo para descartar la
configuración de la conducta, pues el referido testigo indicó que no se le remitió el
listado de beneficiarios y, por ende, no pudo conceptuar sobre el eventual conflicto
de interés de los miembros de la corporación pública de Angelópolis- Antioquia.

(c) Análisis del tercer requisito - la participación del concejal sin haber
manifestado impedimento y haber conformado el cuórum en el debate
o votación del asunto

32. El fallo de primer grado encontró demostrado este elemento, dado que la
concejal Adriana María Gómez Johnson estudió, debatió y votó el Proyecto de
Acuerdo 016 de 2022; iniciativa normativa en el cual ella aparecía como una de las
posibles beneficiarias y, a pesar de lo anterior, no manifestó de forma oportuna su
impedimento.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 11 de noviembre

de 2021, radicado: radicación 47001-23-33-000-2021-00263-01 (PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

(ii) Análisis del aspecto subjetivo o de culpabilidad

33. Siguiendo los lineamientos consignados en la sentencia SU - 424 de 2016,
proferida por la Corte Constitucional, sostuvo que, en el presente caso, (i) el
Proyecto de Acuerdo 016 de 2022 fue presentado ante el concejo del municipio de
Angelópolis el día 30 de julio de 2022, junto con la exposición de motivos y el listado
de posibles beneficiarios, y (ii) la anterior iniciativa fue estudiada, debatida y
sometida a aprobación el 22 de agosto de 2022, según consta en el Acta 07 de
2022. En consecuencia, la concejala Adriana María Gómez Johnson, con
anterioridad a la fecha del debate del referido proyecto de acuerdo, a pesar de que
tenía pleno conocimiento de que ella era una de las posibles beneficiarias no se
declaró impedida para participar en el debate y votación respectiva (para lo cual
transcribió apartes de su intervención en la sesión de 22 de agosto de 2022).

34. Ahora bien, la decisión judicial de primera instancia consideró que, si bien y
según las pruebas obrantes en el proceso, no era posible establecer que la
accionada haya tenido la intención de transgredir el régimen de conflicto de
intereses, también era una realidad que la defensa de la inculpada no aportó
elemento de prueba que permita determinar que obró con el cuidado requerido o
que haya adelantado gestiones tendientes a establecer si se encontraba o no
incursa en la causal de pérdida de investidura, lo cual constituía una conducta
inexcusable y, por lo tanto, gravemente culposa.

I.6. Recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la acusada

35. El apoderado judicial de la acusada presenta recurso de apelación en contra de
la decisión de primera instancia, en el cual solicita que la decisión sea revocada y,
en su lugar, se mantenga incólume la investidura de la concejal Adriana María
Gómez Johnson11.

Primer argumento. «La motivación anfibológica». Síntesis: la causal de
pérdida de investidura no se configura porque la participación del concejal se
dio sobre un proyecto de acuerdo que fue archivado y que, por ende, no nació
a la vida jurídica

36. Sostiene que la existencia de un interés debe estar ligado «necesariamente a un
acto creador», lo que a la postre significa que, si no nace a la vida jurídica el interés,
«[…] no podrá afirmarse o sostenerse la existencia de utilidad, del provecho, de la
ganancia para el corporado sin la existencia de la base jurídica para ello». Agrega
que, desde el punto de vista jurídico, se debe diferenciar entre un proyecto de
acuerdo aprobado que nace a la vida jurídica, de aquel que es archivado, pues en
el primer supuesto «[…] se ha creado y consolidado la situación propuesta después
de pasar por todas las etapas señaladas por la norma», mientras que en el segundo

11 037. Apelación Sentencia. Expediente digital.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

caso «[…] simplemente se trató de un proyecto archivado y como tal, sin los efectos
jurídicos propuestos».

37. Señala que la sentencia controvertida se fundamentó en la jurisprudencia del
Consejo de Estado en materia de conflicto de intereses cuando se analiza la
participación de un servidor público en el debate o aprobación de un proyecto de
acuerdo que se convierte en norma, hipótesis que resulta diferente cuando se trata
de analizar la conducta del servidor público cuando su participación se da frente a
una iniciativa normativa que no nace a la vida jurídica.

38. Además, advierte la alzada que el presunto interés se tornaría en hipotético o
eventual, no actual, pues solo a partir de la aprobación del proyecto de acuerdo
«nace el verdadero aspecto subjetivo» y con ello se puede definir y conocer el efecto
de la intervención «[…] y la relación de esta con el conflicto económico generado».
En apoyo de lo anterior, formula los siguientes interrogantes: «es actual la ventaja?
¿y cuál es la ventaja de su presencia en el listado anexo al proyecto de acuerdo no
aprobado?». Y concluye señalando: «[E]n ese caso se violenta flagrantemente la
juridicidad, uno de los temas medulares propuesto por el Consejo de Estado.
Tampoco se cumple la premisa propuesta frente a las ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo
(como indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo (reparación
de gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas
(exoneración de obligaciones, cargas, etc.)».

Segundo argumento. «La sentencia desconoce el precedente jurisprudencial
VERTICAL»

39. Con sustento en la sentencia SU - 379 de 2019, proferida por la Corte
Constitucional, precisa que la labor del juez de pérdida de investidura no se ciñe al
análisis del aspecto objetivo sino de la subjetividad de la conducta que se reprocha.
Siguiendo dicho parámetro interpretativo, señaló que el solo hecho de que la
concejal acusada se encuentre incluida dentro del listado de posibles beneficiarios
del proyecto de acuerdo, que no se convirtió en norma, no es dable derivar la
existencia de un conflicto de interés.

40. Anota que, al igual a lo que ocurrió en la situación analizada en la sentencia de
19 de octubre de 201812, el interés resultaría hipotético y aleatorio, esto es, no actual
ni real, en la medida que se trata de la participación en un proyecto de acuerdo del
cual no surgió ninguna situación jurídica consolidada y, en el evento haberse

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de

2018, radicado: 25000-23-37-000-2017-00003-01, actor: Rafael Enrique Roa Pinzón; demandado: Yhon Meyer
Díaz Garzón, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

aprobado la iniciativa sería necesario, además, la expedición de otros actos
administrativos para concretar el supuesto interés13.

Tercer argumento. «La sentencia no motiva de fondo el asunto»

41. Para el apoderado judicial de la acusada, la sentencia omite pronunciarse sobre
el argumento asociado a la configuración de un conflicto de interés desde la
perspectiva de participar en el trámite de un proyecto de acuerdo que, no nace a la
vida jurídica. Por ello, la «motivación de la sentencia carece de una explicación clara
y razonada del porque se declara la pérdida de investidura utilizando o aplicando
unos razonamientos jurídicos o lógicos del caso estudiado y puesto a
consideración».

Cuarto argumento. «Creación de causales de pérdida de investidura ex post
facto»

42. Reitera que la sentencia judicial de primera instancia se fundamentó en una
jurisprudencia que se refiere a la configuración del conflicto de interés cuando se
trata de la aprobación de un proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que nace a la
vida jurídica. Sin embargo, el Tribunal se apartó de la jurisprudencia del Consejo de
Estado e «[…] innovó en una temática en la cual le estaba vedada tal creación, es
decir, no podía salirse del canal estipulado por la jurisprudencia y por la norma
elemental de la lógica; no se podía sancionar con la perdida de investidura por una
situación tentada, o mejor, no existe la tentativa en el conflicto de interés, se crea el
derecho o este no existe. Se dice y explica la jurisprudencia el interés deberá ser
actual, no puede ser un interés futuro, pero en el caso de la concejala Gómez
Johnson, no solo se desconoció este tema, sino fue sancionado por la mera
tentativa, de discutir un proyecto de acuerdo que no se convirtió en acuerdo
municipal».

Quinto argumento. «La sentencia impugnada desconoce la definición de
bienes fiscales»

43. Finalmente, plantea que: «[…] La definición de bienes fiscales es un tema de
raigambre constitucional», a lo que agrega que: «[…] en este caso se desconoció
ipso facto esta definición. En el listado se muestran a los propietarios de unos
bienes, posibles beneficiarios del proyecto de acuerdo. No puede existir un privado
como propietario de un bien fiscal, estos bienes solo pueden aparecer a cargo de

13 En efecto, apunta a que «[…] Una vez aprobado el acuerdo municipal para consolidar la situación jurídica

generada por el acuerdo se necesitan actos administrativos (resoluciones) para la entrega de los terrenos al
privado; o mejor, para consolidar y concretar la situación jurídica creada por el acuerdo municipal, se necesitan
actos administrativos adicionales sin los cuales tampoco se concretaría el beneficio económico. Cuando se le
entregue al beneficiario por medio de un acto administrativo el predio, y se convierta en propietario, surge el
conflicto de interés, dadas las ventajas económicas obtenidas con la actuación administrativa. Antes no pueden
surgir ventajas acordes con la definición acogida por la jurisprudencia respecto al tema.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

una entidad pública». Lo anterior, para concluir que: «[…] también se violentó y
desconoció un principio básico frente a la operación de los bienes fiscales. Si esos
bienes tienen un propietario, frente a ellos no operaria la causal de conflicto de
interés pregonada en contra de mi Poderdante».

I.7. Trámite del recurso de apelación

44. Mediante auto de 12 de diciembre de 202214 se concedió, en el efecto
suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, según auto de
19 de diciembre de 202215 se admitió el recurso de apelación, se corrió traslado del
auto a las partes y al agente del Ministerio Público, en los términos del artículo 14
de la Ley 1881 de 2018, ordenando notificar la decisión anterior de conformidad con
el artículo 201 del CPACA. Notificada esa decisión judicial no hubo manifestación
alguna por parte de los sujetos procesales16.

II.CONSIDERACIONES DE LA SALA

45. La Sala de Decisión se pronunciará acerca de los siguientes aspectos: (i) la
competencia de la Sala; (ii) el problema jurídico; (iii) la condición de sujeto pasivo
de la acusada; (iv) la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
conflicto de intereses y los presupuestos para su configuración; (v) análisis de los
requisitos concurrentes de la causal: el aspecto objetivo y el subjetivo, y (vi)
conclusiones del caso.

II.1. La competencia

46. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000; en el artículo
13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201917, y en el artículo 150 del
CPACA18.

II.2. El problema jurídico

47. Una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que se
observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, el
problema jurídico consiste en definir si la señora Adriana María Gómez Johnson -
concejal electa del municipio de Angelópolis - Antioquia para el período
constitucional 2020-2023- incurrió en un conflicto de interés constitutivo de pérdida
de investidura, al participar, debatir y dar su voto -en sentido negativo- al Proyecto de
Acuerdo 016 de 2022, por medio del cual se autorizó al Alcalde del municipio de

14 038. Concede recurso. Expediente digital.
15 Índice 4. Expediente digital.
16 Índice 8. Expediente digital.
17 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
18«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

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Angelópolis a realizar una cesión a título gratuito o enajenación de dominio de
bienes fiscales, de conformidad con el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019.

48. El interés directo, actual e inmediato que se le atribuye a la concejal acusada
frente a la participación del debate del Proyecto de Acuerdo 016 de 2022, según la
solicitud, se traduce en que ella figuraba como beneficiaria de la cesión a título
gratuito o de la enajenación de bienes fiscales. De esta manera, para no quedar
comprometida la imparcialidad e independencia en el debate y votación del referido
proyecto de acuerdo, la acusada debió manifestar su impedimento, para así evitar
encontrarse incursa en la causal de desinvestidura por violación al régimen de
conflicto de intereses.

49. La Sala debe aclarar que, en la solicitud de pérdida de investidura, la acusación
dirigida en contra de la concejal Adriana María Gómez Johnson se contrajo al hecho
que la citada servidora pública figuraba como una de las beneficiarias con la
autorización otorgada por el concejo a favor del alcalde municipal de Angelópolis.
Sin embargo, en la audiencia de alegaciones de que trata el artículo 12 de la Ley
1881 de 2018, la apoderada del solicitante añadió, como hecho nuevo, el
consistente en que dentro de la lista de beneficiarios figuraba la concejal accionada
«[…] en 4 inmuebles con ficha catastral 1204003, 1200178, 1204005 y 1200454 y
Jhon Jairo y María Elena Gómez Johnson con ficha catastral 1200455 y 1200456
[…] donde se encontraba incluido su hermano». Por ello, y con el fin de garantizar
principios como la lealtad procesal, el debido proceso, el derecho de contradicción
y el principio de congruencia19, la Sala se ocupará exclusivamente de analizar la
situación de la concejal ante el hecho consistente en que ella figuraba como una de
las posibles beneficiarias.

50. De esta manera, y siguiendo los lineamientos ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia de esta Corporación se analizará: (i) si la señora Adriana María

19 Sobre la importancia que reviste el principio de congruencia en procesos de pérdida de investidura, se puede

consultar: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado: 11001-03-15-000-2019-01598-01, MP: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, consideraciones que si bien se dieron en el marco de un proceso de pérdida
de investidura de un congresista resultan aplicables a los concejales: «Para el Juez de la pérdida de investidura,
la congruencia se traduce en deberes y prohibiciones, cuya transgresión conlleva, por regla general, la
procedencia del recurso extraordinario de revisión especial en contra de la decisión que profiere, consagrado,
en nuestros días, en el artículo 19 de la Ley 1881 de 2018. (…) La sentencia no podrá, en principio, apartarse
de las súplicas de la demanda, ni de los hechos y fundamentos jurídicos que la sustentan, otorgando, por
ejemplo, más de lo pretendido en el libelo introductorio, o accediendo a las pretensiones del accionante sobre
la base de una causa petendi distinta, a menos que así lo permita el ordenamiento jurídico. En materia
sancionatoria, y en especial en la pérdida de investidura, la congruencia supone la correspondencia entre las
imputaciones fácticas y jurídicas que se expresan en la acusación, contenida en la demanda o en el escrito que
la subsana, con las consideraciones y decisión plasmadas en la sentencia del operador judicial. Lo anterior
significa que el despojo de la investidura no podrá producirse por hechos distintos a los alegados en el
escrito genitor del proceso ni por causales distintas a las mencionadas y motivadas por el demandante.
(…) Más allá de la identidad entre acusación y decisión, la consonancia implica una respuesta pormenorizada
y de fondo a la totalidad de las inculpaciones que se erigen en contra del demandado, como forma de purga de
las imputaciones que pesan sobre el ciudadano que ostenta la calidad de Parlamentario, y permiten, en principio,
afirmar que dispone de la dignidad requerida para el desempeño de dicho cargo (…) La claridad de las
disquisiciones que cimientan la acusación, no solo son presupuesto de la contradicción, sino guía del fallo que
deberá ser adoptado por el operador judicial. (…) [E]l principio de la consonancia impone al fallador de la
pérdida de investidura el veto de modificar los hechos, cargos y planteamientos elevados en el libelo
introductorio que determina la acusación a la que se ve enfrentado el Parlamentario o ex Parlamentario
en este marco».

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Gómez Johnson ejerce la investidura de concejal; (ii) la existencia de un interés
directo, particular y actual de la concejal, de orden moral o económico, el cual puede
surgir en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del concejo, y (iii)
si la acusada, a pesar de lo anterior, llegó a participar efectivamente en el trámite
sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusada.

51. Solo en el evento de superarse los requisitos antes definidos que integran el
aspecto objetivo de la conducta, la Sala debe entrar a valorar si aquella se cometió
de manera dolosa o con culpa grave, dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de
2019. Valga resaltar que, para resolver la cuestión referida, esta Sala dará
aplicación a los lineamientos contenidos en la sentencia SU – 424 de 2016, proferida
por la Corte Constitucional, así como a la construcción jurisprudencial desarrollada
por esta jurisdicción sobre el estudio de la culpabilidad en procesos sancionatorios
de pérdida de investidura.

II.3. La condición de sujeto pasivo del accionada

52. Con la solicitud de pérdida de investidura se aportó copia del Acta Parcial de
Escrutinio Municipal expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
documento en el que consta que se declaró la elección de la señora Adriana María
Gómez Johnson como concejal del municipio de Angelópolis – Antioquia, para el
período constitucional 2020-2023. Además, la Registradora Municipal del Estado
Civil (encargada), mediante certificación de 28 de septiembre de 2022, señaló que
«[…] ADRIANA MARIA GOMEZ JOHNSON identificada con cédula de ciudadanía
2149228 se encuentra activa como concejal del municipio de Angelópolis para el
período 2020-202320».

53. Con dichas pruebas documentales, queda acreditado el requisito previsto en el
literal b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 201821 -norma aplicable a los procesos de pérdida
de investidura de los concejales por así disponerlo de forma expresa el artículo 22 de la misma ley 22-

II.4. La causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto
de intereses. Desarrollo legal y jurisprudencial

54. La conducta reprochada a la acusada aparece descrita en los artículos 55,
numeral 2°, y 70 de la Ley 136 de 199423, en armonía con el numeral 1° del artículo

20 Anexos demanda. Expediente digital. Folios 21 a 22.
21 «ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá
formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la
Organización Electoral Nacional […]».
22 «ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los

procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».
23 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».

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48 de la Ley 617 de 200024, disposiciones normativas que de manera coincidente
señalan:

Ley 136 de 1994:

«ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales
perderán su investidura por:

[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de
conflicto de intereses.
[…]».

«Artículo 70º. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o, de hecho, deberá declararse impedido de participar
en los debates o votaciones respectivas […]» (Destacado de la Sala).

Ley 617 de 2000:

«ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de
juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de
la ciudadanía en general».

55. En lo que se refiere a la de violación del régimen de conflicto de intereses, sea
lo primero indicar que esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos
constitucionales previstos en los artículos 1°, 49 y 133 de la Carta Política, preceptos
que establecen que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la
prevalencia del interés general, y que los miembros de los cuerpos colegiados de
elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el
bien común.

56. Dicha causal de pérdida de investidura censura la posibilidad de que quienes
resulten elegidos popularmente para integrar corporaciones públicas pretendan -con
determinadas decisiones y en detrimento de la comunidad- lucrarse u obtener beneficios,
ventajas o privilegios personales, desconociendo precisamente el interés general
que debe guiar el ejercicio de las funciones públicas.

57. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el

24 «Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona

la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional».

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asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma
personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus
socios. Así las cosas, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un
enfrentamiento entre su interés personal y el interés general o el bien común que,
se reitera, deben guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual le obliga a
manifestar su impedimento para efectos de que este sea resuelto, so pena de
incurrir en la causal de pérdida de investidura.

58. La Sala Plena de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sentencia de 1° de
noviembre de 201625, explicó de manera detallada los requisitos exigidos para la
configuración de la causal de pérdida de investidura por transgresión del régimen
del conflicto de intereses, consideraciones que, aunque se han dado en el marco de
controversias contra congresistas, resultan aplicables a los concejales. La
providencia en comento señala lo siguiente:

«[…] la Sala hace hincapié en los presupuestos cuya existencia debe quedar
demostrada de forma suficiente y concurrente dentro del proceso, en orden a
verificar la configuración de la causal mencionada:

a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de
conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura de Congresista de la
República;

b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista, ya sea
de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso; y,

c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del respectivo
trámite, sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido
recusado para los efectos».

59. Frente al presupuesto a), la mencionada sentencia precisó lo siguiente:

«El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura, exige
para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que incurrió en un
conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de su investidura
congresional, esto es, que debe acreditarse su condición de Senador o
Representante a la Cámara».

60. En lo que atañe al presupuesto relativo b) asociado a que se esté en presencia
de un interés directo, particular y actual, ya sea de orden moral o económico, la
sentencia discurrió en el siguiente sentido:

«El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual; su esencia moral o económica;
25 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2015-

01571-00(PI), actor: Ricardo Antonio Mazenett Cantillo, demandado: Germán Bernardo Carlosama López, MP:
María Elizabeth García González.

Sentencia reiterada en otras oportunidades por esta Sección:

Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

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y los asuntos o temas que son puestos a consideración e intervención del
Congresista.

El primero, consiste en la presencia de una inclinación real del Congresista
hacia un tema, objeto o aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión,
debate, votación, censura o participación en desarrollo de sus funciones
congresionales, con el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se aleja en todo
caso de la intención inicial de obtener el bien general26 y afecta la transparencia
y objetividad de dicha actuación […]».

61. Finalmente, y frente al requisito c) relativo a que se demuestre la participación
efectiva del respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento o sin haber
sido recusado, la citada sentencia señaló:

«[…] El tercero alude a los asuntos o temas que son sometidos a consideración
e intervención del Congresista, que lejos de circunscribirse de forma exclusiva
a los legislativos, también cobija los electorales, judiciales, de control político e
incluso administrativos a su cargo, en cuanto hacen parte de las distintas
facetas congresionales en las que aquél termina interfiriendo inevitablemente
por mandato constitucional y legal.

[…]

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos
congresionales; en principio, “el congresista está en la obligación de
manifestar el impedimento cuando advierta la existencia del eventual conflicto
de intereses, de tal modo que le permita a la comisión o corporación legislativa
correspondiente definir o decidir el impedimento. No se trata, como es obvio, de
una decisión puramente discrecional del congresista. De todas las
circunstancias de hecho que pudieran configurar un interés privado de índole
económico o moral debe surgir la obligación del congresista de manifestar el
impedimento27”, por lo que de guardar silencio al respecto quedaría activada la
causal». (Se destaca).

II.5.- Análisis de los requisitos de la causal de pérdida de investidura.

II.5.1.- Análisis del aspecto objetivo

• Análisis del primer requisito: que la persona señalada de adelantar la
actuación violatoria del régimen de conflicto de intereses ejerza o
haya ejercido la investidura de [concejal]

26 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-

00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas- la Sala Plena indicó: “No hay que olvidar que el artículo 133 de la
Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que
deberán actuar consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación. En
efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de la función para el caso
específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o particular del congresista no subordine
al interés público.”
27 (cita es original): Sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo

Fernando Bastidas.

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62. En el presente caso, se encuentra probado que la señora Adriana María Gómez
Johnson se encontraba en ejercicio de su investidura de concejal cuando se sometió
a discusión el Proyecto de Acuerdo 016 de 2022.

• Análisis del segundo requisito: La existencia de un interés directo,
actual, particular o inmediato, sea de orden moral o económico

63. Con el fin de acreditar la configuración del interés directo, particular o inmediato
respecto de la concejal inculpada, la Sala encuentra probado lo siguiente:

64. Ante el concejo municipal de Angelópolis y por iniciativa del alcalde, se tramitó
el Proyecto de Acuerdo 016 de 2022, por medio del cual se faculta al Alcalde del
citado municipio a realizar una cesión a título gratuito o enajenación de dominio de
bienes fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 708 de
2001, modificado por el artículo 277 de la Ley 1955 de 201928.

65. De igual modo, se observa que la referida iniciativa se fundamentó en lo
dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política – que reconoce el derecho a la
vivienda digna y las obligaciones a cargo del Estado para hacer efectivo dicho derecho-, en el
numeral 7° del artículo 313 de la Constitución Política -sobre la competencia a cargo de
los concejos municipales para reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley,
vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles
destinados a vivienda- y en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019, que modificó el
artículo 14 de la Ley 708 de 2001- que regula lo referente a la transferencia de los bienes
inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de destinación económica
habitacional a favor de hogares que cumplan con las condiciones para ser beneficiario del subsidio
de vivienda de interés social y haya ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años
de anterioridad al inicio del procedimiento administrativo29-.

28 003. Anexos de la demanda. Expediente digital.
29 «Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia dispone: “Todos los colombianos tienen derecho

a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda”.
Que de conformidad con el numeral 7° del artículo 313 de la Constitución Política corresponde a los Consejos
(sic) municipales: “Reglamentar los usos del sueño y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda”.
Que el Artículo 14° de la Ley 708 de 2001, modificado por el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 dispone:
“Las entidades públicas podrán transferir mediante cesión a título gratuito la propiedad de los bienes inmuebles
fiscales o la porción de ellos, ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de destinación económica
habitacional, siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las
condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y haya ocurrido de manera
ininterrumpida con mínimo diez (10) años de anterioridad al inicio del procedimiento administrativo. La cesión
gratuita se efectuará mediante resolución administrativa, la cual constituirá título de dominio y una vez inscrita
en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, será plena prueba de la propiedad. En
ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de inmuebles con mejoras construidas sobre bienes de
uso público o destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles
ubicados en zonas insalubres o zonas de alto riesgo no mitigable o en suelo de protección, de conformidad con
las disposiciones locales sobre la materia.
PARÁGRAFO 1. Para bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras que no cuenten con
destinación económica habitacional, procederá la enajenación directa del predio fiscal por su valor catastral
vigente a la fecha de la oferta. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
PARÁGRAFO 2. Para los procesos de cesión a título gratuito o enajenación de dominio de bienes fiscales, no
aplicarán las restricciones de transferencia de derecho real o aquella que exige la residencia transcurridos diez
(10) años desde la fecha de la transferencia, establecidas en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012.

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66. La parte resolutiva del referido proyecto de acuerdo ordenó:

«ARTÍCULO 1°. Facultar al señor Alcalde del Municipio de Angelópolis para que
transfiera mediante cesión a título gratuito o enajene mediante resolución
administrativa, los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente,
propiedad del Municipio de conformidad con los artículos 14° de la Ley
708 de 2001, modificado por el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y
aquellas normas que, en adelante, los modifiquen, adicionen,
complementen o reglamenten.

En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de inmuebles con
mejores construidas sobre bienes de usos públicos o destinados a la salud ya
(sic) la educación. Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles ubicados
en zonas insalubres o zonas de alto riesgo no mitigable o en suelo de
protección, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia.

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación y
deroga todas las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias.

67. El Proyecto de Acuerdo 016 de 2022 estuvo justificado con la exposición de
motivos y en ella quedaron plasmados los siguientes fundamentos normativos y de
conveniencia:

«[…] Considerando que la titulación de los predios fiscales corresponde a una
herramienta eficaz mediante el cual (sic) las entidades públicas del orden
nacional y territorial, pueden transferir la propiedad de los predios fiscales
ocupados ilegalmente, a quienes demuestren la ocupación del terreno siempre
y cuando cumplan con los requisitos legales establecidos en la normatividad
vigente y teniendo en cuenta que en el país se predomina una constante en el
que los predios de propiedad de las entidades territoriales, son ocupados
ilegalmente con mejoras o construcciones de propiedad privada o pública, que
se consolidan en la mayoría de los casos, como asentamientos urbanísticos con
toda la provisión de servicios públicos en ocasiones precarios.

Surge la necesidad de generar programas y proyectos encaminados a
solucionar los problemas de informalidad en la tenencia de la tierra que permitan
que los hogares ocupantes de dichos terrenos logren la consolidación de su
patrimonio, mediante la obtención de título de propiedad, situación que les

PARÁGRAFO 3. En las resoluciones administrativas de transferencia mediante cesión a título gratuito, se
constituirá patrimonio de familia inembargable.
PARÁGRAFO 4. La cesión de la que trata el presente artículo solo procederá siempre y cuando el beneficiario
asuma y acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales pendientes de pago con la entidad territorial,
generadas por el inmueble a titular por concepto de impuesto predial.
PARÁGRAFO 5. Las administraciones municipales o distritales podrán suprimir de los registros y cuentas de
los contribuyentes de su jurisdicción mediante los procedimientos de saneamiento contable, las deudas a cargo
del cedente por conceptos de tributos a la propiedad raíz respecto al bien cedido en el marco de este artículo
Que el Parágrafo 4° del artículo 32 de la Ley 1551 de 2012 dicta: “De conformidad con el numeral 30 del artículo
313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde
para contratar en los siguientes casos:
1. Contratación de empréstitos.
2. Contratos que comprometan vigencias futuras.
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.
5. Concesiones.
6. Las demás que determine la ley».

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posibilita el acceso al mercado financiero e inmobiliario, otorgándoles la
oportunidad de percibir recursos que les permitan mejorar su calidad de vida a
través de la banca privada o mediante la asignación de subsidios estatales de
mejoramiento de vivienda.

El proceso de titulación consolida visiblemente los siguientes logros:
➢ Soluciona el déficit habitacional.
➢ Sanea la Propiedad fiscal.
➢ Mejora la base del recaudo del impuesto predial.
➢ Viabiliza la inversión de recursos públicos, contribuyendo a la solución de
la problemática social y de ordenamiento territorial.
[…]

Tenemos entonces que, definida la autorización legal para formalizar la
propiedad en favor de los hogares ocupantes ilegales de predios fiscales, se
observa claramente esta figura propende por la garantía del acceso al derecho
a una vivienda digna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la
Constitución Política.

De igual forma, se requiere dar cumplimiento al plan de desarrollo “CREEMOS
EN ANGELÓPOLIS” en su línea estratégica 1: creemos en Angelópolis
equitativo, incluyente y con bienestar, SECTOR: Vivienda, Producto: Bienes
fiscales saneados y titulados.

Vale la pena señalar que este esquema de formalización de propiedad,
representa para el municipio el desarrollo de una cultura de trabajo
interinstitucional coordinado, que le asegura metodologías de gestión óptimas
para el diseño y desarrollo de proyectos que redunden en el robustecimiento de
las rentas y mejoramiento de la economía local. De otro lado, se busca vincular
a la población en varias de las actividades que generen sentido de solidaridad,
participación y compromiso en aquellos proyectos emprendidos por la
administración, que comprometen el bienestar y una mejor calidad de vida de
la comunidad; todo esto en cumplimiento de los fines esenciales del Estado
Social y Democrático de Derecho consagrado en el artículo 2° de la Constitución
Política.

Por lo anterior y por motivos de interés social, tanto para el municipio como sus
habitantes, el Concejo Municipal señalará las políticas y tiempos dentro de los
cuales se autorizará al señor Alcalde para que ejecute la cesión a título gratuito
respecto de inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras y/o
construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando la
ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las
condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y
haya ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años de
anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, en los términos y
requisitos consagrados en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019, y aquellas
normas que lo reglamenten, adicionen, modifiquen o complementen.

68. Anexamos listado de posibles beneficiarios»

Cordialmente,

JAIME ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ».

69. En efecto, junto con la demanda se aportó un listado de cuatro columnas donde
aparecen desarrollados los siguientes ítems: «FICHA PREDIO», «PK_PREDIOS»

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«PROPIETARIO» y «MATRÍCULA» en el cual figura, en efecto, la señora Adriana
María Gómez Johnson, concejal electa del municipio de Angelópolis - Antioquia, tal
y como se demuestra -ver destacado en amarillo- en la siguiente gráfica-:

70. De conformidad con lo consignado en el Acta 07 de 22 de agosto de 202230, cuyo
contenido resulta coincidente con el audio de la grabación obrante en el
expediente31, la Comisión Tercera Permanente o de Presupuesto y Hacienda
Pública, hora 3:30 pm, dio apertura a la sesión ordinaria de esa fecha, con el llamado
a lista y verificación del cuórum y la señora Adriana María Gómez Johnson fue una
de las concejales en contestar el llamado a lista32.

71. Verificado el cuórum deliberatorio y decisorio 33, la concejal presidente de la
corporación declaró abierta la sesión. A continuación se dio lectura al orden del día,
a la discusión y aprobación del Acta 06 de 16 de agosto de 2022 y se dio inicio al
debate de algunas iniciativas normativas34, dentro de las cuales figura el Proyecto

30 Acta No. 07 de 22 de agosto de 2022. Carpeta: respuesta a requerimiento 26-10-2022.
31 Audio del Acta No. 07 del 22 de agosto de 2022. Carpeta: respuesta a requerimiento 26-10-2022.
32Audio del Acta No. 07 del 22 de agosto de 2022. Carpeta: respuesta a requerimiento 26-10-2022 Minuto 0:44

del audio.
33 Audio del Acta No. 07 del 22 de agosto de 2022. Carpeta: respuesta a requerimiento 26-10-2022. Minuto

00:49. Audio.
34 Continuación al primer debate en Comisión del Proyecto de Acuerdo No. 013 «Por medio del cual se autoriza

al Alcalde municipal de Angelópolis – Antioquia para que se adquiera un empréstito con la Banca Interna» y la

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de Acuerdo 016 de 202235 «Por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio
de Angelópolis para realizar cesión a título gratuito o enajenación de dominio de
bienes fiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley 1955
de 2019 y demás normas que, en adelante, lo modifiquen, adicionen, complementen
o reglamenten».

72. Luego de ser aprobada la proposición para dar apertura al Proyecto de Acuerdo
016 de 2022 «Por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Angelópolis
para realizar cesión a título gratuito o enajenación de dominio de bienes fiscales de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y demás
normas que, en adelante, lo modifiquen, adicionen, complementen o reglamenten»,
se procedió a dar lectura al informe de ponencia para primer debate 36, en los
siguientes términos:

«[…] PROPOSICIÓN FINAL37: Así las cosas, vemos que las entidades públicas
podrán transferir mediante cesión a título gratuito la propiedad de los bienes
fiscales o la porción de ellos ocupados ilegalmente, con mejoras y/o
construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando la
ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las
condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y ello
ocurra de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años de anterioridad al
inicio del procedimiento administrativo. Frente al proyecto de acuerdo sobre
enajenación gratuita de bienes fiscales, a título gratuito, la recomendación es
importante que en el proyecto se describan y detallen cuáles serán los bienes
susceptibles a enajenar y una vez se ajuste la recomendación el proyecto es
viable y mi ponencia es positiva. Atentamente: Jesús Antonio Marín Quiroz38».

73. A continuación, la señora presidente de la corporación, declara abierto el debate
de esa iniciativa y le concede el uso de la palabra al ponente del proyecto, el
concejal Jesús Antonio Marín Quiroz39, quien realiza una exposición sobre el objeto
y contenido del proyecto 016 de 2022 en el siguiente sentido:

«Toma el uso de la palabra el concejal Antonio: Como ponente de este proyecto
y viendo el gran impacto que tiene este proyecto para nuestra comunidad donde
hay más de 170 familias que se van a ver beneficiadas y los de VIVA han venido
varias veces a socializarnos este proyecto, y hace dos (2) o tres (3) días vino y
nos socializó de tal forma que casi todas las inquietudes que teníamos,
quedamos muy contentos, solicito a la comisión tercera aprobar este proyecto
en la comisión y pasarlo a plenaria».

74. Luego toma el uso de la palabra el concejal Conrado Antonio Bonilla Henao40,
quien señaló lo siguiente:

lectura y socialización del Proyecto de Acuerdo No. 012 «Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de
Angelópolis- Antioquia para que se adquiera un empréstito con la Banca Interna».
35 Audio del Acta No. 07 del 22 de agosto de 2022. Carpeta: respuesta a requerimiento 26-10-2022. A partir del

minuto 0:39:00 del Audio. Las transcripciones que se hagan en esta providencia corresponden a los audios que
coincide en esencia con el contenido del Acta.
36A partir del minuto: 0:40:22 del audio. Expediente digital.
37A partir del minuto 048:33 del Audio. Expediente digital.
38A partir del minuto 0:49:15 del Audio. Expediente digital.
39A partir del minuto 0:50:49 en adelante se puede escuchar la intervención del referido concejal.
40Su intervención a partir del minuto: 0:51:44. Expediente digital.

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«Toma el uso de la palabra el concejal Conrado: El proyecto sí es muy bueno,
pero para mí las dudas todavía están, por eso me asesoré, de OLTED nos
mandaron una asesoría y para poder votar este proyecto para segundo
debate quiero que escuchen un audio que nos enviaron de OLTED.

«Doctor Wilmar Quintero – OLTED41: […] El lunes 29 de agosto tenemos una
reunión con las personas de USAID que son las que están cofinanciando en
algunos municipios este tema de los procesos de identificación de bienes
fiscales y baldíos para poder titular y con el Ministerio de Agricultura y con el
Ministerio de Vivienda y con los contratistas, en este caso los que están
haciendo ese proceso en el municipio de Santander.

Precisamente porque el concejo de San Juan de Arama ha tenido que negar el
proyecto de acuerdo por existir la posibilidad de un conflicto de interés y porque
no se están identificando los bienes de forma específica dentro del
proyecto de acuerdo que les presentan. Entonces, es importante que ustedes
tengan claro lo que ya en varias oportunidades les he manifestado, el conflicto
de interés de los concejales está regulado por el artículo 70 de la Ley 136, esa
norma sigue vigente, al igual que la línea jurisprudencial del Concejo de Estado
frente a la posibilidad de que los concejales incurran en conflicto de interés.
Cuando existe un beneficio directo, o sea, no es igual para toda la población o
la comunidad o municipio, es específicamente para las personas que se
benefician de la decisión que en este caso quiénes son, son los ocupadores de
esos bienes fiscales o inmuebles que posiblemente puedan ser beneficiados
con la titulación gratuita de esos predios. Desde luego el conflicto de interés
puede existir, pero para determinar que existe conflicto de interés el
proyecto de acuerdo debe identificar dentro del articulado del proyecto los
bienes baldíos o fiscales que se autorizan ceder a título gratuito, conforme
lo permite esta normatividad reciente. Entonces, los concejos municipales
deben garantizar dos cosas: lo primero, es que el proyecto de acuerdo
identifique los bienes que ya se sabe por parte de la alcaldía cumplen las
condiciones para poder ser titulados a esos ocupantes ilegales pero que están
destinándolo para vivienda de interés social; entonces, el concejo al garantizar
que en el acuerdo estén relacionados los bienes también de una vez de esa
norma puede garantizar no tener conflicto de interés. Ya conociendo cuáles
son los bienes y relacionándolos dentro del articulado, si hay algún bien
que corresponda a una ocupación que esté haciendo un concejal o
cualquiera de sus familiares en cuarto grado de consanguinidad pues hay
conflicto de interés porque solamente esos poseedores de esos bienes
son los que se van a beneficiar del acuerdo.

Entonces qué puede hacer un concejal para solventar ese conflicto de interés42,
o solicitando que se retire su predio de ahí o el de sus familiares para
poder participar en la discusión y la votación porque ya sus predios no
serían beneficiados de esa titulación gratuita o en su defecto votando
negativo el proyecto, porque si usted vota negativo así lo aprueben, usted
no quería beneficiarse, su decisión fue negarlo, no habría una decisión
tendiente de la que usted se pudiera beneficiar, ahí no operaría los
conflictos de intereses, pero mientras a ustedes no les identifiquen los
bienes, primero se estaría violando la norma y segundo ustedes estarían
en un juego bastante difícil porque no podrían saber de manera
determinante si van a ser o no van a ser beneficiarios. Y esto ya ha sido
objeto de pronunciamiento, hace menos de unos meses el Tribunal

41 Minuto: 052:14 a minuto: 0:57:46. Expediente digital.
42 Minuto: 055:06 del audio. Expediente digital.

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Administrativo de Boyacá por ejemplo invalidó acuerdos en ese sentido
precisamente porque el concejo otorgó una autorización general, además
ilimitada y no identificó los bienes fiscales o baldíos que se iba a autorizar titular
a estos ocupadores y por esa razón se caen esos acuerdos; es más como una
terquedad del alcalde que necesita de una autorización del concejo para poder
hacer la titulación, ósea, es lo último que el alcalde necesita, primero tiene que
hacer todo el proceso de identificación, establecer quiénes cumplen los
requisitos, qué predios no los cumple […] pero es que quieren hacer las cosas
al revés, sin tener identificados los bienes quieren pedir la autorización general
al concejo como si el concejo diera autorizaciones generales, el concejo da
autorizaciones específicas, como lo estableció el parágrafo 4° del artículo 18 de
la 1551 […] Cuando se trata de autorizaciones específicas el concejo tiene que
identificar, en este caso, los bienes inmuebles sobre los cuales está otorgando
la posibilidad de enajenar a título gratuito. Por eso esos proyectos que les
presentan a ustedes donde no se identifican los bienes, son proyectos inviables,
improcedentes y le voy a compartir las imágenes de la noticia de la relatoría del
Tribunal Administrativo, si porque no somos nosotros, son los jueces de la
República los que lo han dicho […]». (se destacan apartes de la intervención).

75. A continuación, solicita el uso de la palabra nuevamente el concejal Conrado
Antonio Bonilla Henao quien señala43:

«Continúa el concejal Conrado: La ley no ha cambiado, el conflicto de interés
sigue con nosotros por lo tanto yo hasta que no retire a mi hermano que está
aquí en este listado y sabiendo que ahí nos dicen muy claro, ellos tienen que
pasar el listado primero de los que sí cumplan […] Por lo tanto, hasta que no
retiren a nuestros familiares automáticamente nosotros quedamos
inhabilitados […] por ahora mi voto sigue siendo negativo44». (se destaca)

76. Luego interviene la concejal Adriana María Gómez Johnson 45, en el siguiente
sentido:

«Toma el uso de la palabra la concejala Adriana46: Como decía el asesor, este
proyecto se ha hundido tres veces, la primera vez que el proyecto se
hundió yo le dije a este proyecto NO porque estaba recién llegada y no
tenía mucha claridad cómo se estudiaban estos proyectos, y yo le dije NO
porque no entendí. La segunda vez se hundió porque no cumplía con la
temporalidad donde se empezó a hablar del conflicto de intereses hasta el
cuarto grado de consanguinidad de los concejales, donde no había un listado
claro y decían los señores de VIVA a hablar del proyecto y nos hablaron de 369
personas más o menos que eran los supuestos beneficiarios y cuando
preguntamos por el listado nos mandaron uno de 65 personas, no sabían qué
querían, el proyecto se hundió en esa vez. La tercera vez fue ahorita en mayo,
se volvió a mandar y en este fui yo la ponente y les quiero leer el análisis
del articulado del proyecto cuando presenté mi ponencia, este proyecto iba
para adelante si nos hubiera mandado en ese momento el listado que pedimos
como debe de ser presentado este proyecto ya lo tenía la comunidad en sus
manos, pero comunidad, la verdad es que para mí fue una gran sorpresa
cuando faltando cinco o diez minutos para empezar la sesión del concejo
llega un listado y vamos a mirar y ya resultó que yo tenía 4 predios, mi
familia otros, entonces mi pregunta en ese momento fue ¿por qué no los

43 Minuto: 57:42 del audio. Expediente digital.
44 Esta transcripción corresponde a la del audio.
45 Minuto 059:11 del audio. Expediente digital.
46 La transcripción corresponde al audio, el cual fue contrastado con el acta.

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mandaron desde el principio que pedimos el primer listado?. Ahorita que
vinieron a socializarnos el proyecto, preguntamos porque cambian los
nombres, y el señor de VIVA dice que hoy pueden cambiar los nombres,
hoy pueden aparecer unos y mañana otros, pasado mañana otros, que él
puede cambiar los nombres a medida que se vaya necesitando, entonces
esa misma respuesta me hace pensar a mi es que no tienen claro el
proyecto, es que ese listado es lo último que se hace para la enajenación de
los bienes y no saben ni a quién le van a dar los mejoramientos o les van a
arreglar sus escrituras.

Les hemos dicho como dice el señor de OLTED, hasta la saciedad ya dentro
del proyecto no van a quedar los supuestos, van a quedar los beneficiarios.
Les pregunta el concejal Ferney a los señores de VIVA, y cuánto tiempo
necesitan ustedes para tener claro este proyecto, para realizarlo y ejecutarlo y
le dice el señor de VIVA: Ahh, yo no sé, no está claro, aquí nos acaba de dejar
el señor de OLTED muy claro que nosotros no damos autorizaciones en el
tiempo, nosotros las damos específicas […]

Hablando del conflicto de intereses, les voy a leer la carta que fue radicada en
la alcaldía:47

Señora
MARÍA CRISTINA PINEDA VÉLEZ

“Me refiero a usted muy respetuosamente, para solicitar sea retirado mi nombre
y de mi familia en el listado de los supuestos beneficiarios del proyecto de
acuerdo No. 016 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA REALIZAR CESIÓN A TÍTULO
GRATUITO O ENAJENACIÓN DE DOMINIO DE BIENES FISCALES DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 277 DE LA LEY
1955 DE 2019 Y DEMÁS NORMAS QUE, EN ADELANTE, LO MODIQUEN,
ADICIONEN, COMPLEMENTEN O REGLAMENTEN”

Yo mande esta carta para que me saquen de ese listado48, porque yo no
creo comunidad que ustedes piensen que me vayan a dar cuatro mejoramientos
de escrituraciones y a otras personas de mi familia (…) yo como en varias
ocasiones han tratado de inhabilitar a varios concejales, yo también soy mal
pensada y pienso que me quieren inhabilitar a mí, entonces yo mejor me curo
en salud, sáquenme del listado y yo sigo viva en el proyecto y sigo dando
mi voto y mientras esté en ese listado mi voto será negativo, y mientras
no manden ya no el listado de los supuestos sino el que va a quedar, mi
voto seguirá siendo NO, mientras en el proyecto no haya un tiempo
definido para hacerlo mi voto seguirá siendo NO.

Este proyecto, comunidad, para que se entere también tiene una queja
disciplinaria en Personería, donde le hemos manifestado a la personera si ya
tiene algún fallo y realmente todas estas cosas tienen una secuencia de estudio,
y mientras ese fallo de personería no salga, yo no me voy a atrever a decirle a
un proyecto sí o no porque no sé hasta dónde me vea yo incurrida en otro
proceso disciplinario por no esperar a que salga un fallo de personería, entonces
son cuatro razones muy válidas creo yo que existen en este proyecto, en el
análisis del articulado en mayo, donde yo fui ponente, tan queríamos que pasara
el proyecto que se los voy a leer:

47Minuto:1: 04:42 del audio. Expediente digital.
48Minuto: 1:05:33 del audio. Expediente digital.

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[…].

[Lee apartes de la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá remitida por
el asesor de la OLTED49-]

Eso es lo que le estamos diciendo50, nosotros no podemos dar autorizaciones
ilimitadas en cuanto a las facultades concedidas a la alcaldesa (…) aparte de
eso vuelve e insiste en que tienen que ser claros con el listado, ya no son los
supuestos beneficiarios, (…) cuando ellos tengan claro cuál es el listado
tiene que quedar dentro del articulado del proyecto, como bien lo
escucharon, entonces ya les di mis cuatro (4) razones importantes y no siendo
más, en consideración la proposición del concejal Antonio Marín de pasar a este
proyecto a plenaria». (destacado de la Sala)

77. Acto seguido, la presidente de la corporación abrió la votación del Proyecto de
Acuerdo 016 de 202251 y la concejal Adriana María Gómez Johnson dio su voto
negativo52. Como resultado de la votación, la iniciativa fue archivada tal y como se
desprende de los siguientes apartes:

«[…]

Con dos votos negativos el proyecto queda archivado en comisión».

78. Con el fin de entrar a analizar si a la concejal acusada le asistía un interés
particular, directo y actual en participar en el trámite del Proyecto de Acuerdo 016
de 2022, que dispuso: «[…] Facultar al señor Alcalde del Municipio de Angelópolis
para que transfiera mediante cesión a título gratuito o enajene mediante resolución
administrativa, los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente, propiedad del
Municipio de conformidad con los artículos 14° de la Ley 708 de 2001, modificado
por el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y aquellas normas que, en adelante, los
modifiquen, adicionen, complementen o reglamenten», tal y como lo interpreta el
demandante, la agencia del Ministerio Público y la sentencia impugnada, debe la
Sala recordar qué se entiende nuevamente por interés directo, particular o actual.
La Corte Constitucional, en sentencia C-1040 de 19 de octubre de 200553, señaló
lo siguiente al momento de dotar de contenido jurídico este concepto e interpretar
la causal de pérdida de investidura de los parlamentarios:

«[…] Existe un interés directo, cuando el provecho que se obtenga por el
parlamentario, sus familiares o socios en los términos previstos en la ley, no

49Minuto: 1:12:14. Expediente digital.
50Minuto: 1:14:00. Expediente digital.
51 Minuto: 1: 15: 36. Expediente digital.
52 Minuto: 1:15:44. Expediente digital.
53 A su vez reiterada en Sentencia SU 379 de 2019, MP: Alejandro Linares Cantillo

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requiera para su demostración de actos, hechos o desarrollos posteriores que
lo conviertan en hipotético o aleatorio. Sobre el particular la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha señalado que la comprobación del mismo: “debe surgir
de los extremos de la relación que se plantea a través de la decisión que haya
de tomarse con respecto a los proyectos de ley, sin intermediación alguna. Sólo
dentro de los límites de un determinado ordenamiento jurídico, puede tener para
el congresista o las personas indicadas en el numeral 286 de la Ley 5ª de 1992,
relevancia su interés, el cual no puede ser otro que aquél en el cual sus
destinatarios tengan relación directa con el mismo” Por otra parte, el interés
se torna en particular, cuando la adopción de una decisión en un asunto
concreto le generaría al parlamentario un provecho o beneficio, específico y
personal, para sí mismo o para quienes de acuerdo con la ley se encuentren
relacionados con él, y que no obstante estar consciente de dicha circunstancia,
no manifiesta su impedimento para participar en el debate o votación
correspondiente. Finalmente, el interés debe ser inmediato, con el propósito
de excluir sucesos o hechos contingentes e imprevisibles, sobre los cuales no
sea posible determinar o predecir con cierto grado de convicción y de evidencia
fáctica su realización en el futuro». (se destaca)

79. De acuerdo con los elementos de prueba aportados al proceso, a la concejal
Adriana María Gómez Johnson, sí le asistía un interés directo, actual e inmediato
en participar en el debate y discusión del Proyecto de Acuerdo 016 de 2022, en
tanto que se trataba de discutir una iniciativa en la cual ella figuraba como una de
las posibles beneficiarias con la autorización otorgada a favor del alcalde, tal y como
lo confirma el listado de posibles beneficiarios, el cual formaba parte integrante de
la exposición de motivos del citado proyecto de acuerdo, en forma de anexo. En
consecuencia, tenía el deber de manifestar su impedimento para evitar violar el
régimen de conflicto de intereses, constitutivo de pérdida de investidura de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, en consonancia con los artículos 55 (numeral 2°) y 70 de la Ley 136 de 1994.

80. El deber de manifestar su impedimento surge, de manera incuestionable, por el
hecho de que la concejal inculpada aparecía como una de las potenciales
beneficiarias con la autorización conferida por el concejo municipal a favor del
alcalde para efectuar la cesión gratuita o la enajenación de bienes fiscales
pertenecientes al municipio, pues el anexo que formaba parte integrante de la
exposición de motivos la mencionaba a ella, de tal manera que le asistía la
obligación de manifestar de manera oportuna su impedimento para evitar incurrir
en la causal de desinvestidura.

• Análisis del tercer requisito: que el concejal participe efectivamente del
respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento para actuar
o sin haber sido recusado para los efectos

81. De conformidad con lo consignado en el Acta 07 de 22 de agosto de 2022, la
concejal del municipio de Angelópolis- Antioquia, Adriana María Gómez Johnson,
con su asistencia a la sesión ordinaria celebrada en esa fecha no solo contribuyó
con la conformación del cuórum deliberatorio y decisorio, sino que también intervino
en el debate de esa iniciativa, sin haber manifestado su impedimento para actuar o

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sin haber sido recusada para los efectos, por lo que la Sala encuentra acreditado
este requisito.

82. La intervención de la concejal acusada se encuentra probada pues asistió a la
sesión ordinaria de 22 de agosto de 2022, con su asistencia contribuyó a conformar
el cuórum deliberatorio y decisorio y, también participó en el debate y en la votación
del referido proyecto de acuerdo, en ejercicio de una competencia confiada a los
concejos municipales. En efecto, al tenor del artículo 313 de la Constitución Política
los concejos municipales tienen las siguientes atribuciones:

«[…] ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo
del municipio

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y
social y de obras públicas.
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo.
[…]».

83. En consonancia con lo anterior, el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, que
modificó el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 enlista como atribuciones del concejo,
entre otras, las siguientes:

«Artículo 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 32. Atribuciones
Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son
atribuciones de los concejos las siguientes.
[…]
3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los
casos en que requiere autorización previa del Concejo.
[…]

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar
y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda.

[….]
Parágrafo 4°. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la
Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la
autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos:
1. Contratación de empréstitos.
2. Contratos que comprometan vigencias futuras.
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.
5. Concesiones.
6. Las demás que determine la ley54».

54 La Corte Constitucional, en sentencia C- 738 de 2001, analizó la constitucionalidad del artículo 32 de la Ley

136 de 1994 citado con anterioridad, específicamente, frente a la facultad de los concejos de autorizar al alcalde
para contratar, y en esa oportunidad señaló:«[…] Sin embargo, debe advertir esta Corporación que la atribución
otorgada en la norma bajo estudio, siendo como es una función administrativa, sólo podrá ser ejercida por los
Concejos con el alcance y las limitaciones propias de su naturaleza. Así, cualquier reglamentación efectuada

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84. Dicho lo anterior, es preciso resaltar que esta Corporación, en sentencia de 20
de enero de 199455, precisó que la causal de pérdida de investidura por violación al
régimen de conflicto de interés se configura cuando el congresista participa en el
debate o en la votación de un proyecto de ley [para el caso de los congresistas].

85. La anterior posición ha sido reiterada, entre otras providencias, en sentencias
de 1 de marzo de 199656, de 5 de marzo de 199657, de 13 de marzo de 199658, de
19 de marzo de 199659, de 16 de abril de 199660, de 14 de mayo de 199661, de 4
de mayo de 200162, de 5 de agosto de 200363, de 9 de noviembre de 200464, de 24

por dichas Corporaciones, debe ser respetuosa del ámbito reservado constitucionalmente al Legislador, por lo
cual no puede entrar a establecer procedimientos de selección, normas generales aplicables a los contratos,
etc., puesto que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación. Igualmente, al constituir esta
función una manifestación de la colaboración armónica que, en virtud del artículo 116 Superior, debe existir
entre los distintos órganos del Estado -tanto entre los pertenecientes a una misma rama del poder público, como
entre las distintas ramas-, a ella es aplicable lo dispuesto por esta Corte en cuanto al tema de las leyes de
autorizaciones, en virtud de las cuales podrá el Congreso autorizar al Ejecutivo para contratar (art. 150-9, C.P.).
[…]” El anterior razonamiento es aplicable, mutatis mutandi, a las autorizaciones que los concejos municipales
otorgan a los alcaldes para contratar, y por lo mismo, a la reglamentación que sobre el particular expidan tales
Corporaciones, en ejercicio de lo dispuesto en la norma acusada. Por lo mismo, no podrán los Concejos, so
pretexto de reglamentar el tema de las autorizaciones, extralimitarse en sus atribuciones e intervenir sobre la
actividad contractual propiamente dicha; dirección que corresponde al alcalde, en tanto jefe de la acción
administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 315-3 de la Carta. En otras palabras, la
reglamentación que expidan estas corporaciones deberá limitarse a trazar las reglas aplicables al acto concreto
y específico mediante el cual el concejo autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que es
necesario, sin entrar a regular aspectos como la selección de los contratistas, los contratos específicos a
realizar, etc. Asimismo, deberán tener en cuenta los concejos municipales que, en tanto función administrativa,
la atribución que les confiere la norma que se analiza debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada,
respetando lo dispuesto en el artículo 209 constitucional; y que no se puede interpretar dicha norma en forma
tal que se obligue al alcalde a solicitar autorizaciones del concejo en todos los casos en que vaya a contratar,
sino únicamente en los que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se
atenga a la Carta Política. Debe resaltarse, por último, que, contrario a lo que presupone la argumentación del
actor, lejos de ser un límite a la autonomía municipal, el régimen previsto por la Ley 80 de 1993 está construido
sobre la base de la autonomía de las entidades estatales en materia contractual, tanto que otorga a ciertas
entidades y dependencias que no cuentan con personería jurídica, una capacidad especial de contratación y
puedan gestionar mejor los aspectos que a ellas atañen. Para la Corte, igual sucede con la norma bajo estudio,
ya que al reafirmar la competencia reglamentaria constitucional de los concejos municipales, no sólo presupone,
sino que desarrolla su autonomía real […]». (se destacan apartes).
55 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de enero de 1994, radicado: CE-SP-EXP1994-

NAC796 (AC-796), MP: Ernesto Rafael Ariza Muñoz.,
56 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 1 de marzo de 1996, radicado: CE-SP-EXP1996-

NAC3299, MP: Mario Rafael Alario Méndez.
57 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de marzo de 1996, radicado: 183-CE-SP-

EXP1996-NAC3302, MP: Amado Gutierrez Velásquez.
58 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de marzo de 1996, radicado: CE-SP-EXP1996-

NAC3299 (AC-3299), MP: Mario Rafael Alario Méndez.
59
Consejo de Estado, Sala Plena, radicado: AC-33.00, MP: Joaquín Barreto Ruiz
60 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de abril de 1996, radicado: 110-CE-SP-

EXP1996-NAC3304, MP: Daniel Suárez Hernández.
61 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de mayo de 1996, radicado: 365-CE-SP-

EXP1996-NAC3303, MP: Dolly Pedraza de Arenas.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de

2001, radicado: 41001-23-31-000-2000-3812-01 (6799), MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
63 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 5 de agosto de 2003, radicado: 11001-03-

15-000-2003-0587-01 (PI-0587), MP: Alejandro Ordoñez Maldonado. En igual sentido: sentencia de 1° de abril
de 2004, Sala Plena del Consejo de Estado, 11001-03-15-000-2002-1127-01 (PI-058), MP: Alejandro Ordoñez
Maldonado.
64 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo., sentencia del 9 de noviembre de 2004,

expediente: PI- 0584. C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Oportunidad en la cual se dijo: «[…] que “Como no
resulta conforme con los paradigmas de la ética pública que en un momento dado se superpongan esos intereses,
la Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar la existencia del conflicto de intereses,
cuestión que queda en evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un debate o en una decisión

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

de mayo de 200765, de 23 de marzo de 201066, de 14 de julio de 201567, de 6 de
junio de 201768, de 19 de septiembre de 201769, de 1° de febrero de 201870, de 19
de noviembre de 201871, de 18 de septiembre de 202172 y de 20 de enero de 202373.

86. De los antecedentes antes citados, resulta evidente que la jurisprudencia
contenciosa ha abordado con suficiencia los requisitos necesarios para dotar de
contenido y alcance el conflicto de interés, como causal constitutiva de
desinvestidura, y tiene establecido que esta causal se materializa cuando la
participación del congresista -para el caso concreto, la concejal- se da en cualquiera de
las etapas del proceso de formación de las normas, lo cual comprende no solo el
debate sino también la votación respectiva, sin que para nada cuente el resultado
final de los debates o votaciones, esto es, que el proyecto de acuerdo termine con
una norma aprobada o con su archivo por no alcanzar las mayorías requeridas. En
este sentido, ha sostenido esta Corporación, la sola asistencia a la sesión con la
cual se contribuye a la conformación del cuórum deliberatorio o decisorio, así el
servidor público no intervenga en el debate o en la votación constituye una de las
formas de participar en el debate y, por ende, da lugar a la configuración del conflicto
de intereses.

87. Especialmente, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 19 de
septiembre de 201774, señaló:

«Sobre el último aspecto, atañedero a la intervención en el trámite legislativo,
se ha estimado que «[…] el impedimento puede darse por la participación o
votación en una decisión o asunto de que conozca el Congreso de la
República, sea que se trate de deliberaciones y votaciones relacionadas
con proyectos de ley o actos legislativos, o se trate de una decisión
trascendental. En efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el
congresista debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto

trascendental estando de por medio intereses personales de tipo económico o moral francamente incompatibles
con el interés público relacionado con esa votación, ese debate o esa decisión».
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de

2007, radicado: 25000-23-15-000-2005-01890-01 (PI-01890), MP: Martha Sofia Sanz Tobón.
66 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de marzo de 2010,

radicado: 11001-03-15-000-2009-00198-00, MP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
67 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 14 de julio de 2015, radicado: 11001-03-15-

000-2012-01350-00, CP: Ramiro Pazos Guerrero.
68 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado: 11001-03-15-000-2016-02279-

00(PI) actor: Renzo Efraín Montalvo Jiménez, demandado: Efraín Cepeda Sarabia, MP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
69 Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 19 de septiembre de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2014-

01602-00, MP: Carmelo Darío Perdomo Cuéter.
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de febrero de

2018, radicado: 66001-23-33-000-2017-00089-01, MP: Oswaldo Giraldo López.
71 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso, Sala Especial de Decisión, sentencia de 19 de noviembre

de 2018, radicado: 11001-03-15-000-2018-02245-00, MP: Carmelo Darío Perdomo Cuéter.
72 Consejo de Estado, Sala Especial 26 de Decisión, sentencia de 8 de septiembre de 2021, radicado: 11001-

03-15-000-2020-04535-00, MP: Guillermo Sánchez Luque.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado:
050012333000202101942011, MP: Nubia Margoth Peña Garzón.
74 Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 19 de septiembre de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2014-

01602-00, MP: Carmelo Darío Perdomo Cuéter.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

de intereses para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión
trascendental»75 (se destaca).
Incluso, se ha precisado que comporta una violación del régimen de conflicto
de intereses, cuando el congresista a pesar de estar impedido, constituye el
quorum deliberativo, pues aunque no interviene en el debate ni en la
votación, sí participa en la conformación de aquel; así se dejó anotado en
sentencia de 11 de marzo de 2003, expediente 11001-03-15-000-2002-0519-
01(PI-047), C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, al considerar que «[…]
resulta claro para la Sala que el demandado estaba impedido de intervenir en
el trámite del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 680 de
2001, “por la cual se reforman las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996
y se dictan otras disposiciones en materia de Televisión”, y al no haber
manifestado tal impedimento y, por el contrario, haber contribuido al quórum
para aprobar el informe de la Comisión de Conciliación por no haber demostrado
que se retiró del recinto antes de la votación y participado activamente en los
debates que se dieron en el seno de la Comisión Sexta Constitucional
Permanente del Senado, incurrió en la causal de pérdida de investidura
consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses». (se destaca)

88. Desde esta perspectiva, desde el mismo momento en que el servidor público de
elección popular observe o advierta que se encuentra en una situación que
comprometa el ejercicio transparente y probo en el ejercicio de las funciones
constitucionales y legales a su cargo, el ordenamiento constitucional y legal
imponen el deber de manifestar su impedimento para abstenerse de participar en el
trámite o decisión de un asunto sometido a su conocimiento, con el fin de impedir
que el interés particular y personal permeé el ejercicio de su labor que debe estar
guiada por la defensa del interés general y demás principios de la función pública,
y tal deber surge con independencia de los resultados del debate o de la votación.

89. En efecto, ni la Constitución Política ni la Ley 136 de 1994, en su artículo 70, han
condicionado el conflicto de interés a que se produzcan tales resultados, pues es
inequívoco el querer del legislador al momento de dotar de contenido normativo esta
causal: «Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente,
o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá
declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas».

90. En esa medida, no es cierto, como lo afirma el apoderado judicial de la acusada,
que la sentencia de primera instancia haya desconocido el precedente vertical y,
tampoco se puede considerar que el Tribunal haya innovado, creando una nueva
causal de pérdida de investidura «ex post facto», pues al interior de esta
Corporación y de la Corte Constitucional76 se ha formado y decantado una línea

75 (cita es original): Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sentencia de 23 de marzo

de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
76 Al respecto, puede consultarse la Sentencia SU 379 de 2019 donde se indicó: «73. De lo expuesto es dado

concluir que la pérdida de investidura como juicio sancionatorio: (i) busca proteger el interés general frente a los
intereses privados, personales o familiares que en un determinado momento puedan tener o defender las
personas que ostenten un cargo de elección popular; (ii) en la aplicación del régimen de conflicto de intereses,
debe verificarse la existencia de un interés directo por parte de quien participa en las etapas de la aprobación

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

jurisprudencial clara, en la cual se ha señalado que la causal de pérdida de
investidura comprende todas las etapas de formación de una norma, desde el
debate hasta la votación, e incluso, se ha señalado que la sola comparecencia a la
sesión constituye una forma de participar, pues con ella se contribuye a la
conformación del cuórum deliberatorio, así el servidor no intervenga en el debate o
en la votación77.

91. De otro lado, la recurrente alega que la situación planteada en esta oportunidad
coincide con la analizada por esta Corporación, en la sentencia de 19 de octubre de
2018 (radicado 2017-00003-0178). Sobre el particular, es importante indicar que no
se evidencia identidad en los presupuestos analizados en la sentencia de 19 de
octubre de 2018 (radicado 2017-00003-0179), por las siguientes razones:

92. En aquella oportunidad se solicitó la pérdida de investidura de un concejal por el
hecho de haber participado en la aprobación de un proyecto de acuerdo mediante
el cual se adoptó la revisión general y ajustes al plan de ordenamiento territorial del
municipio de Chía (Cundinamarca), adoptado a su vez por el Acuerdo 17 de 2000,
acto administrativo en el que se había procedido a expandir el área urbana de ese
municipio y que, por ende, estaba dirigido a una pluralidad de personas. El interés
del concejal en tal decisión, según el accionante, consistía en que el inculpado era
socio de la empresa Megaestructuras S.A.S. cuyo objeto social se desarrolla en el
sector de la construcción, y en la circunstancia consistente en que su hermano era
un reconocido constructor de ese municipio.

93. La sentencia de 19 de octubre de 2018 (radicado 2017-00003-01) abordó el
mencionado problema jurídico de la siguiente manera:

«[E]ntonces, tenemos que el interés que se le podría atribuir al concejal
demandado resulta hipotético y aleatorio, esto es no es actual ni real, en la
medida en que el provecho que se le atribuye frente a la aprobación del
Acuerdo 100 de 2016, consistente en que podría ejercer la actividad de la
construcción a través de la sociedad Megaestructuras S.A.S., no deviene
directamente del acto administrativo.
II.4.11.8.- Así se puede deducir del contenido del acuerdo mismo que al hacer
referencia al suelo de expansión, señala que son porciones del territorio del
Municipio de Chía (Cundinamarca) que se habilitarán, en el futuro, para el uso
urbano, una vez se formulen, acuerden y aprueben los planes parciales, La
habilitación de dicho suelo como suelo urbano depende, entonces, de que
se expidan otros actos.

de un proyecto -debate o votación-; y (iii) la valoración que realice el juez sobre el provecho (interés o beneficio)
sea propio o a favor de un consanguíneo[112], no debe ser incierto, sino que requiere un nexo causal entre
dicho beneficio y el poder de interferir en la toma de la decisión».
77 Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 19 de septiembre de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2014-

01602-00, MP: Carmelo Darío Perdomo Cuéter.
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de

2018, radicado: 25000-23-37-000-2017-00003-01, actor: Rafael Enrique Roa Pinzón, demandado Yhon Meyer
Díaz Garzón, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de

2018, radicado: 25000-23-37-000-2017-00003-01, actor: Rafael Enrique Roa Pinzón, demandado Yhon Meyer
Díaz Garzón, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

II.4.11.9.- Adicionalmente, comparte esta Sala el concepto del agente del
Ministerio Público en la primera instancia que señaló que el interés que se le
atribuye al demandado en la aprobación del precitado Acuerdo resultaba
hipotético en la medida en que se centraba en una posibilidad futura e
incierta, de que esos predios pudieran ser construidos.
[…]
II.4.11.11.- Precisado lo anterior, este interés resulta igualmente hipotético y
aleatorio, esto es no es actual ni real, en la medida en que su hermano, José
Ovidio Díaz Garzón, tampoco podría ejercer, con la sola aprobación del
acuerdo, la actividad de la construcción en las áreas de expansión, pues para
ello se requiere que se formulen, acuerden y aprueben los planes parciales
indicados en el Acuerdo 100 de 2016.
II.4.11.12.- De igual forma resulta hipotético dicho interés, puesto que se centra
en una posibilidad futura e incierta, de que esos predios puedan ser construidos,
máxime si se tiene en cuenta el contenido de la comunicación del Director de
Urbanismo del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Chía (Cundinamarca), Héctor Orlando Ruíz Palacios, de fecha 11 de julio de
201880, enviada en cumplimiento a lo ordenado en el Auto de 22 de mayo de
2018, mediante el cual el Consejero de Estado sustanciador del proceso,
decretó pruebas de oficio81, en la que se remitieron copias de las licencias de
construcción expedidas a favor de los señores José Ovidio Díaz Garzón y Yhon
Meyer Díaz Garzón, y de la cual se evidencia que ninguno de los proyectos
autorizados se desarrolla en los suelos de expansión urbana previstos en el
Acuerdo 100 de 2016
[…]
La Sala, de acuerdo con el análisis anterior, encontró que no se configuró el
supuesto consistente en la concurrencia de un interés directo, particular y actual
en la aprobación del Acuerdo 100 de 2016, evidenciándose que era hipotético
y aleatorio, por lo que resulta procedente, entonces, la confirmación de la
sentencia de primera instancia en la cual se negaron las pretensiones de la
demanda». (destacado de la Sala)
94. Por su parte, en la demanda objeto de la referencia, tal y como quedó
consignado en los antecedentes y el problema jurídico planteado, se analiza la
situación de la concejal Adriana María Gómez Johnson, a quien se le acusa de
haber incurrido en la causal de pérdida de investidura, con ocasión del trámite del
Proyecto de Acuerdo 016 de 2022.

95. El interés directo, particular y actual consiste en que la concejal Adriana María
Gómez Johnson era una de las posibles beneficiarias con la autorización conferida
a favor del alcalde, tal y como se desprende del listado que obra como anexo al
referido proyecto. Significa lo anterior que, en este caso, se trata de un proyecto de
acuerdo llamado a afectar situaciones de carácter particular y concreto y, como tal,
no va dirigido a una pluralidad de personas. Lo expuesto, permite a la Sala afirmar
que no se está en presencia de los mismos presupuestos fácticos y, por ende, los
fundamentos jurídicos de la providencia de 19 de octubre de 2018 no pueden ser
aplicados al caso sub examine.

80 (Cita es original): Fol. 54-73, cuaderno Consejo de Estado.
81(Cita es original): Fol. 51-53, cuaderno Consejo de Estado.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

96. En igual sentido, debe señalarse que la Corte Constitucional, en sentencia SU-
379 de 2019 analizó, como problemas jurídicos, los consistentes en determinar si
las autoridades judiciales accionadas, dentro del proceso de pérdida de investidura
adelantado en contra del señor Álvaro Escobar González, incurrieron en un defecto
fáctico al efectuar la valoración del componente objetivo y subjetivo de la conducta
desplegada por el citado concejal del municipio de Pereira, quien fue ponente del
proyecto que a la postre culminó con la aprobación del Acuerdo 01 de 2015 «Por
medio del cual se faculta al Alcalde Municipal para declarar las condiciones de
urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa en el Plan Parcial
Bulevar Victoria y Plan Parcial Ciudad Victoria de la ciudad de Pereira». En aquella
oportunidad el conflicto de interés se motivó en que el primo del concejal fungía
como representante legal suplente de GERSOL S.A.S., sociedad interesada en
dichos planes urbanísticos82 y como apoderado del propietario del predio para
realizar la gestión de modificación del Plan Parcial de Renovación Urbana.

97. En aquella oportunidad, se consideró que, si bien las sentencias controvertidas
no incurrieron en defecto fáctico por la valoración del elemento objetivo; sin
embargo, no evaluaron de manera razonable el elemento subjetivo para dar lugar
a la configuración de la conducta. En esa medida, se concluyó que el eventual
interés era hipotético y aleatorio y, por ende, no configurativo de causal de pérdida
de investidura.

98. La referida sentencia fundamentó lo anterior en los siguientes argumentos:

«87. Por tal razón, como se ha mencionado anteriormente, en el marco de un
juicio de pérdida de investidura donde se impone una sanción a perpetuidad,
debe hacerse un análisis subjetivo de la configuración de la causal. En este
sentido, ha debido tenerse en cuenta que el señor Escobar González se
encontraba en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 64 de la Ley
388 de 1997 el cual señala:

“ARTICULO 64. CONDICIONES DE URGENCIA. Las condiciones de urgencia
que autorizan la expropiación por vía administrativa serán declaradas por la
instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal o
distrital, o la junta metropolitana, según sea el caso, mediante acuerdo. Esta
instancia tendrá la competencia general para todos los eventos”.

88. Del artículo transcrito, y como se lee en el Acuerdo aprobado, del que el
señor Escobar González fue ponente, no se evidencia en sí mismo la existencia
de un beneficio o interés directo, puesto que lo que el Acuerdo 1 de 2015
dispuso es “facúltese al Alcalde Municipal de Pereira, como la autoridad
competente para establecer las condiciones que autorizan la expropiación por
vía administrativa de conformidad con los criterios señalados en el artículo 65
de la ley 388 de 1997, el Plan Parcial de Ciudad Victoria, hoy adoptado mediante
Decreto Municipal 1301 de 2002, modificado por los Decretos 721 de 2003 y
720 de 2014 y el Plan Parcial Bulevar Victoria, adoptado mediante el Decreto
628 del 25 de junio de 2010 o las normas que los aclare o modifique” . A lo que
se suma el hecho de que el voto del mencionado concejal, no fue definitivo para

82 Ver folio 160 del cuaderno 1.

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la decisión adoptada por la mayoría de miembros en comisión y en plenaria (ver
supra, numeral 6).

89. En este sentido, es de resaltar que el artículo primero del Acuerdo No. 01
de 2015 señaló al funcionario competente para establecer las condiciones de
urgencia que autorizan la expropiación vía administrativa, de conformidad con
los criterios señalados en la normatividad aplicable. De esta forma, es dado
concluir que dicho Acuerdo no establece las condiciones bajo las cuales se debe
ejercer la actuación de la administración, sino que, por el contrario, se limita a
definir la instancia o funcionario competente para tomar una decisión. Lo
anterior, se contrapone a lo señalado por la sentencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado del 2 de junio de 2016, en la que se afirma que de la
aprobación de dicho acuerdo es palmaria la existencia “de un interés específico
o directo en la medida en que se trataba de facultar al Alcalde de Pereira para
expropiar por vía administrativa inmuebles ubicados en el Plan Parcial Ciudad
Victoria”. En esta misma sentencia se afirma que de la aprobación del Concejo
se “infiere la relación que ha existido entre el familiar del concejal demandado
con el proyecto de modificación del Plan Parcial Ciudad Victoria –Unidad C-
tramitado ante la Alcaldía de Pereira y, respecto del cual, era necesario que el
Concejo Municipal le otorgara facultades al Alcalde para llevar a cabo las
expropiaciones por la vía administrativa de los predios comprendidos en el
proyecto urbano”. Esta afirmación no solo desconoce el alcance del Acuerdo
puesto que en él no se autorizó al Alcalde a expropiar propiamente tal, sino
también el sentido y el alcance del Artículo 64, de la Ley 388 de 1997.

90. Sobre el particular, es importante resaltar que del hecho de que se apruebe
el Acuerdo del Concejo no es dable derivar la existencia de un interés directo
para el señor Escobar González, en efecto, su decisión no tenía la virtualidad
de poner en marcha el Plan Parcial Bulevar Victoria, puesto que para que
ello suceda, debían materializarse actos posteriores, que deben ser
ejecutados por autoridades diferentes al Concejo y cuyo ejercicio está
regulado por la ley, tales como (i) la declaratoria de urgencia por parte del
alcalde en los términos del artículo 64 de la Ley 388 de 1997 y (ii) que
efectivamente se llevara a cabo la expropiación por la vía administrativa,
siempre que la administración hubiese adoptado dicho instrumento
cuando se declaren las condiciones de urgencia. Ambos resultados no se
siguen de la manifestación de voluntad del concejal al votar favorablemente el
proyecto de acuerdo, por lo que no es dable afirmar que con la actuación del
concejal se haya configurado la existencia del interés directo, puesto que en
dicho acuerdo -como se indicó anteriormente- sólo se determinó la autoridad a
la que corresponde determinar las condiciones que configurarán la existencia
de la declaratoria de urgencia que puede dar lugar a la expropiación
administrativa.

91. De igual forma, siguiendo la caracterización del “interés directo”, según la
jurisprudencia del Consejo de Estado, podría afirmarse que en el presente
caso este resulta hipotético y aleatorio, tanto para el accionante, como
para su familiar, puesto que la construcción y en términos generales, la
implementación de la renovación urbana del Plan Parcial Ciudad Victoria,
no deviene automáticamente de la aprobación del Acuerdo 1 de 2015. Lo
anterior, por cuanto, no solo se requieren de otros actos administrativos, a ser
proferidos por parte de otra autoridad -el Alcalde Municipal de Pereira- (ver
supra, numeral 90), sino que no es claro que estos beneficien a GERSOL S.A.S.
o al poderdante del señor Jorge Uribe Escobar, puesto que los resultados de la
expropiación no son prefijados por el Acuerdo aprobado, sino que apenas
faculta al Alcalde para adelantar este procedimiento que bien podría, incluso,
terminar con decisiones adversas a GERSOL S.A.S. o al poderdante del señor

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Jorge Uribe Escobar , en la medida que, de acuerdo con la normatividad
aplicable, el Plan Parcial podría llevarse a cabo sin expropiación por la vía
administrativa, toda vez que la autoridad facultada para ello podría adquirir los
predios de manera voluntaria». (destacado de la Sala)

99. Igualmente, la situación ahora examinada difiere de la que fue analizada por la
Corte Constitucional, en la citada sentencia de unificación, pues en aquella
oportunidad se analizó la conducta del concejal del municipio de Pereira frente a su
participación en un proyecto de acuerdo que confirió facultad al alcalde para
declarar las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía
administrativa en el Plan Parcial Bulevar Victoria y Plan Parcial Ciudad Victoria de
la ciudad de Pereira, esto es, un acto administrativo de carácter general.

100. Sin embargo, se viene insistiendo en que, en este proceso se analiza la
situación de la concejal Adriana María Gómez Johnson por el hecho de haber
participado en el debate y en la votación de la iniciativa que tenía como finalidad
autorizar al Alcalde del Municipio de Angelópolis para realizar cesión a título gratuito
o enajenación de dominio de bienes fiscales de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 277 de la Ley 1955 de 2019, es decir, lo pretendido con esta autorización
otorgada al burgomaestre del municipio de Angelópolis era efectuar la transferencia
de la propiedad de los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras
y/o construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando la
ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones
para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y haya ocurrido de
manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años de anterioridad al inicio del
procedimiento administrativo (artículo 277), es decir, la iniciativa normativa estaba
dirigida a un grupo determinado de personas y así lo confirma el listado de
beneficiarios que figura como anexo de la exposición de motivos. Por ende, los
supuestos fácticos en ambos procesos resultan diferentes.

101. Dicho lo anterior, la Sala concluye que la concejal Adriana María Gómez
Johnson incurrió, desde el punto de vista objetivo, en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en
consonancia con los artículos 55 (numeral 2°) y 70 de la Ley 136 de 1994, pues
debió manifestar de manera oportuna su impedimento para ser separada del trámite
y la votación del Proyecto de Acuerdo 016 de 2022, dado que ella figuraba como
una de las posibles beneficiarias con la autorización otorgada por el concejo a favor
del alcalde para efectuar la cesión gratuita o enajenación de bienes fiscales del
municipio.

102. Demostrados los requisitos objetivos para la configuración de la conducta, debe
analizarse si aquella se cometió con dolo o con culpa grave, en los términos
previstos en el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificada por el artículo 4° de
la Ley 2003 de 2019 y los lineamientos jurisprudenciales analizados por la
jurisprudencia de esta Sección.

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II.5.2.- Análisis del aspecto subjetivo o de la culpabilidad

103. A partir de la expedición de la Ley 1881 de 2018 se incorporó el principio de
culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura en nuestra legislación. Así,
tal y como quedó consignado en el Informe de Ponencia para Primer Debate83-
Cámara, en el interior del congreso existió consenso en positivizar el principio de
culpabilidad, recogiendo los lineamientos de la Corte Constitucional en Sentencia
de Unificación SU - 424 de 201684. Desde esta perspectiva, al juicio de pérdida de
investidura le son aplicables todos los principios propios del derecho sancionatorio
y del penal, en especial, el de culpabilidad. Así quedó consignado en los debates
cuando se precisó lo siguiente:

«La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-424 de 2016, dejó sin efectos las
sentencias del 15 de febrero de 2011 y el 21 de agosto de 2012, proferidas por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que
habían declarado la pérdida de investidura de dos congresistas por estar
incursos en la causal 5ª del artículo 179 de la Constitución Política, pues se
demostró que tenían vínculo de matrimonio y parentesco, respectivamente, con
personas que ejercían autoridad civil o política, al momento de su elección.

El principal problema jurídico que abordó la Corte en la acumulación de estas
acciones de tutela fue: “¿incurre en alguna causal específica de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales una sentencia mediante la cual la Sala
Plena del Consejo de Estado decreta la pérdida de investidura con fundamento
en un análisis de responsabilidad objetiva, es decir, sin hacer un juicio de
culpabilidad?”. Frente a este interrogante, la Corte estima que el proceso de
pérdida de investidura se adelanta en virtud del ius puniendi estatal y que la
sanción que conlleva lleva afecta de forma definitiva el derecho a elegir y ser
elegido y a participar en la conformación del poder político, razón por la que le
son aplicables todos los principios que gobiernan en proceso sancionatorio y
penal, a saber: legalidad, debido proceso, pro homine, in dubio pro reo,
favorabilidad, culpabilidad, presunción de inocencia y non bis in ídem.

Lo anterior implica que el juicio de que lleva a cabo el juez de la pérdida de
investidura no puede ser de carácter objetivo, pues exige el análisis de la

83 Gaceta 478 de 13 de junio de 2017. El proyecto tuvo su origen en la Cámara de Representantes. Lugar de

consulta:http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2017/gac
eta_478. Pdf
84 En igual sentido, puede consultarse: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de

septiembre de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2014-03886-00(PI), MP: Alberto Yepes Barreiro, oportunidad
en la cual se indicó: «[…]. El análisis subjetivo del juicio que debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura
en razón de su carácter sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un análisis de
responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina constitucional ha interpretado como la proscripción
de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del jus puniendi del Estado.[…] Este régimen constitucional de
responsabilidad de carácter subjetivo, se acompasa con lo dispuesto por instrumentos internacionales como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, en sus artículos 14.2 y 15.1, consagran los principios
de culpabilidad e irretroactividad de las penas y sanciones, respectivamente. En el mismo sentido, la
Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2, consagra igualmente dichos principios […]
Un análisis en el proceso de la pérdida de la investidura, que tenga como único fundamento la simple
constatación de los supuestos que fija la norma como causal de pérdida de investidura, convertiría este proceso
en un juicio de responsabilidad objetiva, proscrito constitucionalmente en el artículo 29, fuera de las severas
consecuencias que de dicha responsabilidad se derivan, no solo frente al debido proceso, sino a otros derechos
fundamentales de quienes son sujetos pasivos de esta acción sancionatoria […] El análisis expuesto por la Sala
en este acápite, constituye la ratio decidendi de esta decisión y, por tanto, será el precedente y la regla que
habrá de aplicarse a partir de la ejecutoria de esta providencia, en todos los procesos de pérdida de la
investidura. Por tanto, en cada caso, deberá comprobarse la existencia del elemento de culpabilidad, por tratarse
de un régimen sancionatorio de tipo subjetivo».

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

conducta del procesado bajo el tamiz de las categorías de dolo o culpa. De igual
forma, como se trata de un juicio de responsabilidad subjetiva, el juez debe
observar si se configuran causales que eximen la responsabilidad, como la
fuerza mayor o haber actuado con buena fe exenta de culpa. […]».

104. Cabe destacar que el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el
artículo 4° de la Ley 2003 de 2019, establece que el proceso sancionatorio de
pérdida de investidura «[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]». De tal manera que, para decretar la pérdida
de investidura es necesario que la conducta se haya cometido con dolo o culpa
grave.

105. En sentencia de 19 de abril de 202185, acogiendo el antecedente jurisprudencial
adoptado por esta Sección en sentencia de 25 de mayo de 201786 esbozó los
siguientes parámetros que deben tenerse en cuenta en el estudio de la culpabilidad
en procesos de pérdida de investidura:

«El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura

124. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida
de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá
en contra de los […] [miembros de las corporaciones públicas de elección
popular] que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido
en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución
[…]”
[…]
126. Esta Corporación ha considerado que “[…] [e]l análisis subjetivo del
juicio que debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su
carácter sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por
demás, un análisis de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la
doctrina constitucional ha interpretado como la proscripción de la
responsabilidad objetiva en el ejercicio del jus puniendi del Estado […]”.
[…]
130. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se
deben analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma,
los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud
de la conducta; es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer
que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

131. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado
conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de
pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la
realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el
otro, en aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la
ilicitud de su conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida para el
desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a

85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de

2021, radicado: 44001-23-40-000-2020-00030-01(PI), MP: Hernando Sánchez Sánchez.
86 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de mayo de

2017, número único de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI), CP: María Elizabeth García González

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo
hubieran impedido».

106. En sentencia de 11 de marzo de 202187, se precisó que no cualquier consulta
permiten acreditar que el acusado actuó con diligencia o cuidado puesto que:

«[…] el Juez tiene la obligación de auscultar las singularidades de cada caso en
aras de calificar el comportamiento desplegado por el demandado. Además, en
los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades públicas, cuerpos u
órganos consultivos, así como las asesorías jurídicas requeridas a
profesionales del derecho, se debe propender por la formulación correcta y
completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser necesario, de la
documentación y elementos que permitan su debida comprensión, inquietud
que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos
motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de investidura;
y de la respuesta del asunto que se ha encomendado, las apreciaciones o
recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías deben ser
conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad, congruencia,
pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que de
estos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y razonable de no
estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de investidura». (se destaca)

107. En sentencia de 16 de septiembre de 202188, se esbozó que existen algunas
situaciones que pueden justificar la realización de la conducta, y que son
demostrativas que el servidor público de elección popular actuó de buena fe
calificada proveniente de un error invencible, como podrían ser:

«Aunque, al tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia de la ley no
sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los cuales
sí se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida, porque
implican que el accionado actúa de buena fe calificada y en presencia de un
error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la
disposición de una manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el
principio de confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa
ignorancia, la persona se asesora de un profesional idóneo y éste le aconseja
mal, ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se
discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que
si ésta es clara no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto».

87
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo de
2021, radicado: 15001-23-33-000-2020-00065-01(PI), MP: Nubia Margoth Peña.
88 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de septiembre

de 2021, radicado: 47001-23-33-000-2020-00544-01 PI, MP: Oswaldo Giraldo López. // Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de julio de 2021, radicado: 68001-23-
33-000-2019-00892-01, MP: MP: Oswaldo Giraldo López.
Consultarse también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 26 de agosto de 2021, radicado: 50001-23-33-000-2021-00094-01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés. No
sobra señalar que, de acuerdo con el artículo 9° del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para
su trasgresión y que, en el presente asunto, no existen situaciones que justifiquen la realización de la conducta
proscrita por el ordenamiento jurídico y que impliquen que el acusado actuó de buena fe, como lo podrían ser
(i) las interpretaciones disímiles realizadas por los jueces de la República respecto de la norma que establece
la inhabilidad atribuida al actor; y, (ii) acudir a la asesoría profesional para salir de la ignorancia frente al
contenido del ordenamiento jurídico. F
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de noviembre de
2021, radicado: 05001-23-33-000-2021-00618-01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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108. En sentencia de 28 de octubre de 202289, se apuntó en idéntico sentido, al
señalarse:

«[…] 88. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el Concejal
ponga de presente la convicción que tenía sobre la rectitud de su conducta, sino
que es necesario que el juez de la pérdida de investidura analice si la persona
estaba o no en condiciones de superar el error, en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad y, en ese marco, no basta con que
se alegue por el miembro de la corporación pública de elección popular que
obró de buena fe, sino que debe acreditar la buena fe calificada, motivada
por un error invencible, bien sea porque actuó al amparo de la
jurisprudencia vigente para la época o porque se asesoró adecuadamente
y pese a ello incurrió en la conducta reprochable». (Se destaca)

109. En lo que atañe al primer evento, esto es, el referido a la existencia de
interpretaciones disímiles, la Sala advierte que en la jurisprudencia de esta
Corporación se ha construido una línea pacífica sobre el régimen de conflicto de
intereses constitutivo de pérdida de investidura, los requisitos para su configuración,
y se ha dicho con suficiente claridad que el impedimento puede darse con la
participación o votación en una decisión o asunto que conozca, sin que nada importe
el resultado de la votación.

110. Ahora bien, en lo relativo al segundo evento, resulta relevante analizar las
circunstancias que rodearon la participación de la concejal Adriana María Gómez
Johnson en la sesión de 22 de agosto de 2022, donde tuvo lugar el debate y estudio
de la iniciativa que tenía por objeto conferir facultades al alcalde municipal para
efectuar la cesión a título gratuito o enajenación de dominio de bienes fiscales
pertenecientes al municipio.

111. Con el fin de poder abordar el análisis del aspecto subjetivo, es necesario traer
a colación los siguientes elementos de prueba:

112. En primer lugar, resulta importante nuevamente hacer referencia al contenido
del Acta 07 de 22 de agosto de 202290, que da cuenta que, antes de someterse a
discusión la votación del Proyecto de Acuerdo 016 de 2022, el concejal Conrado
Antonio Bonilla Henao91 dio a conocer el concepto del asesor Wilmar Quintero
Bohórquez, perteneciente a la Organización de Líderes Territoriales para el
Desarrollo quien, frente a la eventual configuración del posible conflicto de intereses,
efectuó la siguiente recomendación:

89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de

2022, radicado: 25000-2315-000-2022-00159-01, MP: Hernando Sánchez Sánchez. «[…] 88. Es importante
tener en cuenta que no es suficiente que el Concejal ponga de presente la convicción que tenía sobre la rectitud
de su conducta, sino que es necesario que el juez de la pérdida de investidura analice si la persona estaba o
no en condiciones de superar el error53, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad y,
en ese marco, no basta con que se alegue por el miembro de la corporación pública de elección popular que
obró de buena fe, sino que debe acreditar la buena fe calificada, motivada por un error invencible, bien sea
porque actuó al amparo de la jurisprudencia vigente para la época o porque se asesoró adecuadamente y pese
a ello incurrió en la conducta reprochable».
90 Acta No. 07 de 22 de agosto. Carpeta: respuesta a requerimiento 26-10-2022.
91 Audio del Acta No. 07 del 22 de agosto de 2022. Carpeta: respuesta a requerimiento 26-10-2022. Minuto:

51:44 del Audio.

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DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

«Doctor Wilmar Quintero – OLTED92: […] El lunes 29 de agosto tenemos una
reunión con las personas de USAID que son las que están cofinanciando en
algunos municipios este tema de los procesos de identificación de bienes
fiscales y baldíos para poder titular y con el Ministerio de Agricultura y con el
Ministerio de Vivienda y con los contratistas, en este caso los que están
haciendo ese proceso en el municipio de Santander.

Precisamente porque el concejo de San Juan de Arama ha tenido que negar el
proyecto de acuerdo por existir la posibilidad de un conflicto de interés y porque
no se están identificando los bienes de forma específica dentro del
proyecto de acuerdo que les presentan. Entonces, es importante que ustedes
tengan claro lo que ya en varias oportunidades les he manifestado, el conflicto
de interés de los concejales está regulado por el artículo 70 de la ley 136, esa
norma sigue vigente, al igual que la línea jurisprudencial del Concejo de Estado
frente a la posibilidad de que los concejales incurran en conflicto de interés.
Cuando existe un beneficio directo, ósea, no es igual para toda la población o
la comunidad o municipio, es específicamente para las personas que se
benefician de la decisión y en este caso quiénes son, son los ocupadores de
esos bienes fiscales o inmuebles que posiblemente puedan ser beneficiados
con la titulación gratuita de esos predios. Desde luego el conflicto de interés
puede existir, pero para determinar si existe conflicto de interés el
proyecto de acuerdo debe identificar dentro del articulado del proyecto los
bienes baldíos o fiscales que se autorizan ceder a título gratuito, conforme
lo permite esta normatividad reciente. Entonces, los concejos municipales
deben garantizar dos cosas: lo primero, es que el proyecto de acuerdo
identifique los bienes que ya se sabe por parte de la alcaldía cumplen las
condiciones para poder ser titulados a esos ocupantes ilegales pero que están
destinándolo para vivienda de interés social; entonces, el concejo al garantizar
que en el acuerdo estén relacionados los bienes también de una vez de esa
norma puede garantizar no tener conflicto de interés. Ya conociendo cuáles
son los bienes y relacionándolos dentro del articulado, si hay algún bien
que corresponda a una ocupación que esté haciendo un concejal o cualquiera
de sus familiares en cuarto grado de consanguinidad pues hay conflicto de
interés porque solamente esos poseedores de esos bienes son los que se van
a beneficiar del acuerdo.

Entonces qué puede hacer un concejal para solventar ese conflicto de interés93,
o solicitando que se retire su predio de ahí o el de sus familiares para
poder participar en la discusión y la votación porque ya sus predios no
serían beneficiados de esa titulación gratuita o en su defecto votando
negativo el proyecto, porque si usted vota negativo así lo aprueben, usted
no quería beneficiarse, su decisión fue negarlo, no habría una decisión
tendiente de la que usted se pudiera beneficiar, ahí no operaría los
conflictos de intereses, pero mientras a ustedes no les identifiquen los bienes,
primero se estaría violando la norma y estarían en un juego bastante difícil
porque no podrían saber de manera determinante si van a ser o no van a ser
beneficiarios. Y esto ya ha sido objeto de pronunciamiento, hace menos de unos
meses el Tribunal Administrativo de Boyacá por ejemplo invalidó acuerdos en
ese sentido precisamente porque el concejo otorgó una autorización general,
además ilimitada y no identificó los bienes fiscales o baldíos que se iba a
autorizar titular a estos ocupadores y por esa razón se caen esos acuerdos; es

92 Audio del Acta No. 07 del 22 de agosto de 2022. Carpeta: respuesta a requerimiento 26-10-2022. Minuto:

52:14 a minuto: 57:46.
93 Audio del Acta No. 07 del 22 de agosto de 2022. Carpeta: respuesta a requerimiento 26-10-2022.Minuto:

55:06 del Audio.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

más como una terquedad del alcalde que necesita de una autorización del
concejo para poder hacer la titulación, ósea, es lo último que el alcalde necesita,
primero tiene que hacer todo el proceso de identificación, establecer
quiénes cumplen los requisitos, qué predios no los cumple (…) pero es que
quieren hacer las cosas al revés, sin tener identificados los bienes quieren pedir
la autorización general al concejo como si el concejo diera autorizaciones
generales, el concejo da autorizaciones específicas, como lo estableció el
parágrafo 4° del artículo 18 de la 1551 (…) Cuando se trata de autorizaciones
específicas el concejo tiene que identificar, en este caso, los bienes inmuebles
sobre los cuales está otorgando la posibilidad de enajenar a título gratuito. Por
eso esos proyectos que les presentan a ustedes donde no se identifican los
bienes, son proyectos inviables, improcedentes y le voy a compartir las
imágenes de la noticia de la relatoría del Tribunal Administrativo, si porque no
somos nosotros, son los jueces de la República los que lo han dicho […]». (se
destacan apartes de la intervención).

113. En segundo lugar, obran en el expediente los Conceptos Jurídicos OJ-1120-20
de 17 de noviembre de 202094 y OJ-0375 de 10 de mayo de 202295, ambos suscritos
por la Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo, OLTED, entidad que
ha asesorado a la concejal Adriana María Gómez Johnson, así como a la
corporación pública de Angelópolis - Antioquia sobre el trámite del proyecto de
acuerdo normativo por medio del cual se autorizó al Alcalde del municipio para
realizar cesión gratuita o enajenación de dominio de bienes fiscales de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019. Dicha asesoría, valga
resaltar, también se encuentra asociada a la posible configuración del conflicto de
interés en cabeza de los concejales que participen en el trámite de esa iniciativa.

• El Concepto Jurídico OJ-1120-20 de 17 de noviembre de 2020 dirigido a la
concejal acusada, en términos generales, señala: (i) que ni en la exposición de
motivos ni en la parte considerativa del proyecto de acuerdo aparecían plenamente
identificados los predios fiscales de propiedad del municipio y tampoco las
solicitudes ciudadanas para la cesión a título gratuito, y (ii) que, además, era
necesario conocer el nombre de los ocupantes para identificar el posible conflicto
de interés en cabeza de los concejales. Así se desprende de los siguientes apartes:

«➢Exposición de Motivos: De conformidad con los documentos aportados
con el Proyecto de Acuerdo en estudio, se evidencia el anexo “Exposición
de Motivos” que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de
1994 es requisito obligatorio para que el Concejo Municipal pueda dar
trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo.
En la exposición de motivos se puede observar una exposición de legalidad
y conveniencia del proyecto de acuerdo, haciendo referencia a la evolución
normativa en materia de legalización de bienes fiscales que han sido
ocupados ilegalmente para desarrollo o construcción de vivienda y la
posibilidad que tiene el municipio de legalizarlos.
Se observa que la administración municipal NO tuvo en cuenta la Ley 2044
de 2020 “POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA EL SANEAMIENTO
DE PREDIOS OCUPADOS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS

94 Carpeta 026. MEMORIAL 4 DE NOVIEMBRE CONCEPTO TESTIGO. Expediente digital.
95 Carpeta 026. MEMORIAL 4 DE NOVIEMBRE CONCEPTO TESTIGO. Expediente digital.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

ILEGALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” toda vez que no es
mencionada en ninguna parte del proyecto de acuerdo

➢Documentos Anexos: No se aportan documentos anexos. (No fue
enviado a la oficina jurídica ningún documento anexo)

• En el presente caso es importante conocer si el municipio tiene ya
identificados los predios fiscales ocupados con vivienda de interés social que
serán objeto de sesión gratuita y el nombre de los beneficiarios de esa
decisión, pues es importante que los Concejales que tengan familiares hasta
el 4 grado de consanguinidad que vayan a beneficiarse, se declaren
impedidos por conflicto de interés y se abstengan de debatir y votar el
proyecto. Ni en la exposición de motivos ni en la parte considerativa del
proyecto se hace referencia a la identificación de los predios de
propiedad del municipio que correspondan a bienes fiscales ocupados
ilegalmente ni tampoco a las solicitudes ciudadanas para cesión a
título gratuito, por lo que en aplicación del artículo 70 de la Ley 136 de
1994 es necesario, conveniente y oportuno conocer el nombre de esos
ocupantes para poder establecer si tienen vínculo de consanguinidad
con algunos Concejales, para que éstos a su vez se declaren impedidos
por conflicto de interés y no participen ni en las discusiones ni en las
votaciones del proyecto en primer y segundo debate. Por lo anterior se
recomienda solicitar el listado.

[…] «➢ En relación con el Conflicto de Interés de los Concejales

Este tipo de proyectos de acuerdo suelen ser de gran relevancia por las
consecuencias que eventualmente podrían generar en los Concejales que
tengan familiares que puedan resultar beneficiados con la titulación y/o
legalización de esos bienes por parte de la Administración Municipal.

Recordemos que el artículo 70 de la Ley 136 de 1994 dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para los concejales exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge
o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar
en los debates o votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada.
Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga
conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella.

Así mismo, es importante que se tenga claro que el incurrir en conflicto de
interés es causal de pérdida de investidura, por lo que se sugiere a los
Concejales solicitar el listado de posibles beneficiarios con la titulación y
o legalización de esos bienes fiscales, con el fin de poder establecer si
algún concejal requiere declararse impedido». (destacado y subrayado fuera de
texto).

– Por su parte, el Concepto Jurídico OJ-0375 de 10 de mayo de 2022, dirigido a la
Secretaría General del concejo municipal de Angelópolis, precisa lo siguiente: (i) ni
en la exposición de motivos ni en la parte considerativa del proyecto de acuerdo

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

aparecían plenamente identificados los predios fiscales de propiedad del municipio
o las solicitudes ciudadanas para la cesión a título gratuito; (ii) frente a la legalidad
del citado proyecto de acuerdo, recomienda que la duma municipal debía solicitar
el listado de bienes fiscales previamente identificados por el municipio que
cumplieran las condiciones de ley susceptibles de ser transferidos a título gratuito y
realizar su inclusión de los mismos en el artículo 1° del proyecto de acuerdo con el
fin de que queden plenamente identificados, y (iii) se debía solicitar el listado de
posibles beneficiarios con el fin de que los concejales o sus familiares cercanos que
puedan resultar beneficiados con la titulación o legalización de dichos bienes se
declararan impedidos. El tenor literal del referido concepto es el siguiente:

«[…] ➢ Exposición de Motivos: De conformidad con los documentos
aportados con el Proyecto de Acuerdo en estudio, se evidencia el anexo
“Exposición de Motivos” que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley
136 de 1994 es requisito obligatorio para que el Concejo Municipal pueda dar
trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo.
En la exposición de motivos se puede observar una exposición de legalidad y
conveniencia del proyecto de acuerdo, haciendo referencia a la evolución
normativa en materia de legalización de bienes fiscales que han sido ocupados
ilegalmente para desarrollo o construcción de vivienda y la posibilidad que tiene
el municipio de legalizarlos.

➢Documentos Anexos: No se aportan documentos anexos. (No fue enviado
a la oficina jurídica ningún documento anexo)

• En el presente caso es importante conocer si el municipio tiene ya identificados
los predios fiscales y baldíos ocupados con vivienda de interés social que serán
objeto de sesión gratuita y el nombre de los beneficiarios de esa decisión. Lo
anterior, además, porque es importante que los Concejales que tengan
familiares hasta el 4 grado de consanguinidad que vayan a beneficiarse, se
declaren impedidos por conflicto de interés y se abstengan de debatir y votar el
proyecto.

Ni en la exposición de motivos ni en la parte considerativa del proyecto se
hace referencia a la identificación de los predios de propiedad del
municipio que correspondan a bienes fiscales ocupados ilegalmente ni
tampoco a las solicitudes ciudadanas para cesión a título gratuito

[…]

«➢ Identificación de los bienes fiscales objeto de enajenación gratuita

«En cuanto a la enajenación de bienes fiscales de propiedad de las entidades
estatales pertenecientes a la administración central, ésta enajenación de bienes
queda involucrada en la celebración de contratos, pues la enajenación en el
lenguaje forense consiste en “el acto de transmitir a otra persona la propiedad,
dominio o derecho que se tiene sobre una cosa” (Diccionario Durvan de la
Lengua Española), lo que solo podrá hacerse mediante la celebración del
respectivo contrato de compraventa o de permuta, previa la autorización del
concejo municipal, salvo que por sus características la venta esté regulada en
ley general, como sucede con bienes muebles, o cuando deba efectuarse por
el sistema de martillo.

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RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

Así mismo, las entidades públicas podrán enajenar sus inmuebles sin que
medie licitación pública, en casos especiales: cuando se trate de una
enajenación a otra entidad pública o a una entidad sin ánimo de lucro, o en la
venta a los anteriores propietarios, o cuando se trate de inmuebles de las
empresas industriales o comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta que hubieren sido adquiridos por la vía del remate, adjudicación o dación
en pago (ley 9ª de 1989, art. 36).

En reciente sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, este
organismo judicial declaró la invalidez de un Acuerdo Municipal mediante
el cual el Concejo otorgó éstas mismas autorizaciones al Alcalde. Las
razones aducidas por el Tribunal para declarar la invalidez del Acuerdo
Municipal, (según demanda de la oficina jurídica de la Gobernación)
fueron esencialmente dos:

• El Acuerdo Municipal no identificó de forma precisa los bienes que serían
objeto de enajenación a título gratuito.
• El Acuerdo Municipal no otorgó una autorización limitada en el tiempo, sino de
forma indefinida.

Al observar el contenido del proyecto de acuerdo radicado en el Concejo
Municipal de Angelópolis se puede afirmar que la iniciativa incurre en los
mismos vicios identificados por el Tribunal de Boyacá en el Acuerdo expedido
por el Concejo de Cubará, esto es, no identifica los bienes fiscales y no
establece una limitación o temporalidad de la autorización.

El segundo aspecto puede ser fácilmente corregido por el Concejo Municipal
modificando el proyecto e incluyendo una limitación en el tiempo a la
autorización.

El primer aspecto va a depender de que la Alcaldía Municipal ya haya
adelantado el proceso de identificación de los bienes fiscales del municipio que
se encuentren ocupados ilegalmente con destinación económica habitacional
en las condiciones señaladas en la ley.

En la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá1 se manifestó lo
siguiente:

[…]

En consideración a lo anterior, se le sugiere al Concejo Municipal solicitar
el listado de bienes fiscales previamente identificados por el municipio
que cumplen las condiciones de la ley para poder ser transferidos a título
gratuito y realizar la inclusión de los mismos en el artículo 1 del proyecto
de acuerdo con el fin de que queden plenamente identificados.

Si la Alcaldía Municipal NO tiene aún identificado los bienes o teniéndolos
identificados no remite al Concejo esa información entonces se recomienda NO
DAR APROBACIÓN AL PROYECTO DE ACUERDO». (destacado y subrayado
es del texto y mayúsculas destacadas de la Sala).

[…]

➢ En relación con el Conflicto de Interés de los Concejales

Este tipo de proyectos de acuerdo suelen ser de gran relevancia por las
consecuencias que eventualmente podrían generar en los Concejales que

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DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

tengan familiares que puedan resultar beneficiados con la titulación y/o
legalización de esos bienes por parte de la Administración Municipal.
Recordemos que el artículo 70 de la Ley 136 de 1994 dispone lo siguiente:
[…]
Así mismo, es importante que se tenga claro que el incurrir en conflicto de
interés es causal de pérdida de investidura, por lo que se sugiere a los
Concejales solicitar el listado de posibles beneficiarios con la titulación y o
legalización de esos bienes fiscales, con el fin de poder establecer si algún
concejal requiere declararse impedido.

No sería lógico que la administración municipal solicitara estas
autorizaciones al Concejo sin tener un inventario o identificación en
detalle de los bienes inmuebles clasificados como fiscales y de propiedad
del municipio, que se encuentran ocupados de forma ilegal con vivienda
y el censo de personas que en efecto los ocupan.

En lo que respecta a la legalidad de la autorización solicitada, la oficina jurídica
considera que es viable que el Concejo otorgue la autorización solicitada
siempre que se identifiquen los bienes. Por ello se procederá a analizar la
estructura del proyecto para realizar las observaciones correspondientes y
sugerir las modificaciones respectivas en caso necesario». (destacado y subrayado
es original).

114. En tercer lugar, consta la declaración del señor Wilmar Quintero Bohórquez,
persona encargada de elaborar los citados conceptos, quien al deponer sobre «[…]
las asesorías que le dio a la señora Adriana María Gómez Johnson respecto al
proyecto de acuerdo que generó esta litis […]», bajo la gravedad de juramento,
aseguró: (i) tener título de abogado y; (ii) desempeñar el cargo de Director Ejecutivo
de la Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo, OLTED, institución
de derecho privado, sin ánimo de lucro encargada de prestar asesoría a los
concejos. Además, en su declaración destacó que ha prestado asesorías jurídicas
al concejo municipal de Angelópolis y a la concejal Adriana María Gómez Johnson
frente al trámite del Proyecto de Acuerdo 016 de 202296.

96 Audio de la Audiencia de Pruebas A partir del minuto: 012: 40- Minuto 0:17:35. «Preguntado por el
apoderado de la acusada: ¿Usted nos puede repetir a qué se dedica la organización de la cual usted es líder?96
Contestó: La Organización de Líderes Territoriales es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que se
creó como tipo asociación desde el año 2010 al día de hoy, que tiene unos beneficios para sus afiliados, a
través del acompañamiento jurídico como unidad de apoyo normativo en todos los procesos y
procedimientos que, en el ejercicio de la función, adelantan los concejos municipales y los concejales que de
manera individual consideren en vincularse o afiliarse a la organización para poder acceder a beneficios.
Preguntado por el apoderado de la acusada: Usted ha dicho que los concejos municipales están afiliados.
¿Usted sabe si el concejo municipal de Angelópolis, Antioquia, estuvo o está afiliado a esa organización?
Contestó: sí, su señoría, el concejo municipal de Angelópolis tiene una afiliación con la Organización de Líderes
Territoriales desde el año pasado y tenemos afiliados individuales desde ya hace varios años de allá del concejo
de Angelópolis.
Preguntado por el apoderado de la acusada. Dentro de los concejales que usted ha asesorado en Angelópolis
¿Usted nos podría dar los nombres de algunos?
Contestó: desde luego la concejal Adriana María Gómez fue nuestra primera afiliada individual y por cercanía
de ella el concejo municipal decide vincularnos. Entonces tenemos como afiliada individual actualmente
activa a la concejal Adriana Gómez y al concejo municipal afiliado corporativo.
Preguntado por el apoderado de la acusada: ¿Usted ha asesorado a la concejal Adriana Gómez, en qué
proyectos de acuerdo recientes que usted recuerde?
Contestó: digamos que mensualmente se manejan más de seiscientos setecientos proyectos de acuerdo que
provienen de todos nuestros afiliados, que recuerde de la concejal Adriana el más reciente, del día de hoy que
nos pidió asesoría frente a un proyecto donde el alcalde les pide retirarse de una federación a la cual se
encuentra afiliado el municipio y de ahí para atrás proyectos de empréstito, proyectos de enajenación a título
gratuito u oneroso de bienes inmuebles, y en sí pues la concejal Adriana nos remite y el concejo igual también

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DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

115. El referido testigo, al efectuar su relato, manifestó que, en el año 2020, presentó
el concepto jurídico sobre el Proyecto de Acuerdo (sin identificar número) «Por el
cual se autoriza al municipio de Angelópolis la cesión a título gratuito y onerosos de
los bienes fiscales ocupados o no con destinación económica habitacional, de
conformidad con lo dispuesto en a Ley 1955 de 2019 y el Decreto 149 de 2020».
Así, al referirse puntualmente sobre la asesoría jurídica efectuada a través del
referido concepto señaló:

«[…] Preguntado: Diga si el concepto que le ofrecieron a la concejal Adriana
María Gómez Johnson le dijeron sobre el conflicto de intereses, si podía
participar en los debates, qué le dijeron ustedes a la concejal97?

Contestó98: Desde el año 2020, doctor Óscar, el primer concepto jurídico que
nosotros emitimos se les manifestó a la corporación y específicamente a la
concejala Adriana que el Proyecto de Acuerdo de la forma como estaba
presentado no tenía una viabilidad jurídica de parte de nuestra oficina por
distintas razones. Una de ellas precisamente era porque se pretendía, digamos,
dar una autorización al alcalde municipal para poder adjudicar o titular unos
bienes fiscales y baldíos del municipio en vigencia de la Ley 1955 y ese
proyecto no tenía los documentos anexos que de conformidad con la ley
y las orientaciones jurisprudenciales este tipo de iniciativas debe tener.
Dentro de estos documentos está el listado definitivo de bienes inmuebles que
ya hayan pasado el proceso de revisión para ver si cumplen con las condiciones
que permitieran establecerlos como beneficiarios de la titulación gratuita.
Entonces, el alcalde municipal siempre ha pretendido que se le otorgue
una autorización general para la adjudicación de esos bienes inmuebles y
nosotros lo que hemos advertido a los concejales y a la concejal Adriana
es que no es posible teniendo en cuenta que se trata de una autorización
específica que debe identificar los bienes. Además, porque puede ser que
dentro de los beneficiarios de esa titulación existan particularmente familiares
de los concejales o incluso los mismos concejales que les pudiese llegar a
generar algún conflicto en caso de llegar a ser beneficiarios de esa titulación
gratuita. Entonces, desde el primer concepto que nosotros emitimos de manera
escrita se les advirtió no solamente a la concejal Adriana sino a los concejales
del municipio de Angelópolis que tuvieron acceso al concepto, las
circunstancias en las cuales podrían ellos verse afectados en caso de que
algunos de los predios que ya estuvieran seleccionados, que ya hubiesen
pasado el filtro de revisión para ver si cumplían con los requisitos de ley para
ser adjudicados, pues si llegara a estar ese predio en cabeza de algún familiar
hasta el cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o civil o la misma
concejal o concejal fuese posesor u ocupante de uno de estos bienes inmuebles

los diferentes proyectos que le radica la administración y nosotros podemos aportar elementos argumentativos
ya sea en pro o en contra de acuerdo a la revisión jurídica que hacemos.
Preguntado por el apoderado de la acusada o: Usted dice que el Proyecto de Acuerdo Número 016 de 2022
«Por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Angelópolis para realizar cesión a título gratuito o
enajenación de dominio de bienes fiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley 1955
de 2019 y demás normas que, en adelante, lo modifiquen, adicionen, complementen o reglamenten», es a este
proyecto de Acuerdo al que usted se refiere?
Contestó: ese Proyecto de Acuerdo se ha revisado por la oficina jurídica yo creo que tres (3) o cuatro
(4) veces, la verdad tenemos registros desde el año 2020 que se ha intentado tramitar este proyecto de acuerdo
en la corporación y desde ese 2020 la concejal Adriana nos ha solicitado orientación frente al mismo, de
hecho hemos emitido conceptos escritos que se han entregado desde esa fecha a la concejal Adriana, creo que
el más reciente concepto jurídico frente a esos proyecto fue de este año, del mes de mayo, sin embargo tendría
que verificarlo en el archivo para darle un dato más preciso […] ». (se destaca)
97 Audio de la Audiencia de Pruebas A partir del Minuto 0:17:35.
98Audio de la Audiencia de Pruebas. A partir del minuto 0:17:52.

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de propiedad del municipio que van a ser objeto de titulación, pues se les
advertía que en caso de querer aprobar la iniciativa, era aconsejable que se
declararan impedidos, pero como no se aportaba el listado de los
documentos, supongo que eso lo que ha llevado que desde el año 2020
no se haya podido viabilizar la iniciativa. Nunca se ha aportado un listado
oficial, por lo menos, a nosotros nunca nos han enviado un listado oficial
con los proyectos de acuerdo donde se indique que los predios ya
identificados han pasado el filtro de los requisitos de la Ley 1955 y las
normas que posteriormente la modificaron en el sentido de que se pudiera
establecer con precisión cuáles iban a ser los bienes inmuebles objeto de
adjudicación gratuita u onerosa, y que los concejales pudiesen entonces
establecer con exactitud los familiares o incluso ellos mismos podían
estar en un conflicto por ser poseedores de dichos bienes aclarándoles
que no basta con que fueran ocupantes ilegales que pudieran ser
beneficiarios a futuro sino que ya tenía que estar establecido dentro del
listado que pase la administración […]». (se destaca).

116. Luego, el referido testigo Wilmar Quintero Bohórquez se refirió al segundo
Concepto Jurídico OJ-0375 de 10 de mayo de 2022 en el siguiente sentido:

«Pregunta de la señora Agente del Ministerio Público99. Usted mencionó que ha
emitido varios conceptos frente al proyecto de acuerdo que se cuestiona en este
momento. ¿Tiene claridad de cuántos conceptos habrían emitido?

Contestó: Han sido emitidos varios conceptos escritos, han sido emitido
conceptos verbales y a través de mensajes por WhatsApp. Hay uno del 17 de
noviembre de 2020, dirigido específicamente a la concejal Adriana Gómez, en
ese momento el concejo no era afiliado corporativo. El concepto es el OJ-1120-
20 del año 2020 del 17 de marzo. El otro concepto que me aparece acá en los
registros del archivo hay uno que es del 11 de mayo del 2022, perdón del 10 de
mayo de 2022, Concepto OJ. 0375-22 está dirigido a la señora Anlly Paola
Atehortua Castañeda, en su calidad de secretaria del concejo de Angelópolis,
emitido a solicitud del concejo municipal en su calidad de afiliado corporativo. Y
se han enviado una cantidad de audios orientadores frente a este proyecto de
acuerdo a raíz de las preguntas y consultas que a través de WhatsApp la
concejal Adriana ha pedido frente al estudio de este proyecto […]» Así mismo
se le envío en esa misma fecha una sentencia del Tribunal Administrativo
de Boyacá que declaró la invalidez de un acuerdo municipal que tenía el
mismo propósito, pero que en su texto dispositivo no incorporó la relación
de los bienes inmuebles que se iban a hacer a título gratuito y se volvió una
constante, entonces a instancias del tribunal, en este tipo de proyectos se
tuviera que relacionar de forma específica los bienes que se autorizaba a título
gratuito […]».

«Pregunta de la señora Agente del Ministerio Público: Concretamente, la
concejala Adriana le hizo una solicitud de concepto o criterio respecto de una
posible incursión de un posible conflicto de intereses con relación específica a
este proyecto por tener ella predios que pudieran ser objeto del acuerdo.

Contestó: Sí, en muchas oportunidades, la concejal Adriana ha consultado
sobre la posibilidad de que ella pueda reputar algún conflicto de interés y
nosotros la orientación que le hemos brindado desde la Oficina Jurídica han
sido varias pero en una misma línea, se le ha dicho a la concejal Adriana que
en efecto, en caso de que ella o los predios que ella tenga ocupando como

99 Audio de la Audiencia de Pruebas. A partir del Minuto 0:34:50.

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bienes fiscales del municipio y que tengan ocupado ilegalmente y puedan ser
objeto de beneficio de esta cesión a título gratuito tiene que declararse
impedida. Eso es lo que se le ha dicho a ella. También se le ha dicho que para
que ella pueda tener una certeza sobre si debe declararse impedida o no
se requiere el listado de los beneficiarios de esa cesión a título gratuito, la
identificación plena de los predios, teniendo en cuenta que la autorización
que da el concejo municipal no es para que el alcalde adelante el proceso de
depuración ni identificación de los predios que cumplen con las condiciones, la
autorización que se le da al alcalde municipal es para la cesión, ósea, lo último
que se hace dentro de este trámite es ir al concejo municipal. Lo que hemos
visto es que se ha intentado es hacer las cosas al revés, se quiere obtener una
autorización general del concejo, sin haber identificado todavía los bienes
inmuebles que van a ser objeto de cesión gratuita y en ese sentido, al no estar
identificados los bienes le hemos dicho a la concejal Adriana que usted todavía
no tiene un conflicto de interés porque usted no sabe si va a ser beneficiaria o
no de la cesión a título gratuito que se está autorizando. En todo caso100, el
proyecto de acuerdo que les han presentado por lo menos en lo que a nosotros
nos han enviado nunca ha tenido este listado oficial. En algún momento se
mandó una relación en una hoja que no tenía ni siquiera el membrete del
municipio, no correspondía ni a un acto administrativo ni a un documento
oficial, es una simple hoja en blanco donde aparecía una serie de
matrículas inmobiliarias pero de allí a que se pudiese deducir que esos
eran los bienes que iban a ser beneficiarios pues digamos que había un
trecho bastante extenso, primero porque incluso relacionaba bienes que no
están ocupados, que están es utilizados por la administración municipal,
y pues obviamente entonces uno lo que deduce es que esos no van a ser
cedidos, porque están es ocupados por la misma alcaldía pero están en un
listado que a nosotros nos hicieron llegar y no tiene ningún tipo de membrete,
está en blanco, no lo firma nadie, no es un acto administrativo y nosotros le
hemos dicho a ella eso no se puede considerar como los beneficiarios,
ese no es un documento oficial, los beneficiarios de aquellos predios que
hayan logrado cumplir con los requisitos de ley para poder ser
adjudicados los bienes ocupados tienen que estar definidos dentro de un
acto administrativo que expide el alcalde que es la autoridad que lo hace a
través del procedimiento previo de identificación y de cumplimiento de las
condiciones y los requisitos. Le hemos dicho a la concejal Adriana mientras el
alcalde municipal no presente formalmente dentro del proyecto de acuerdo los
predios que van a ser beneficiarios, pues los concejales no tendrían forma de
saber si tienen que declararse impedidos o no ya sea porque directamente
ocupen un bien allí relacionado o ya sea porque algún dentro de los grados de
consanguinidad que establece la ley llegue a ocupar alguno de estos bienes
que vaya a verse beneficiado. Eso es una parte de la orientación que hemos
dado.

También hemos dicho a la concejal Adriana que mientras su
posición frente al proyecto sea la de no aprobarlo porque no cumple con
los requisitos, porque no cumple con las disposiciones que regulan este
tipo de autorizaciones, pues digamos no habría un conflicto porque el
conflicto de interés se presenta es cuando el servidor público se va a
beneficiar de la decisión que va a adoptar y dentro de los criterios
orientadores que la jurisprudencia nos ha dado en el análisis de los
conflictos de interés que se han presentado en el Congreso de la
República se ha establecido que cuando, en este caso, el congresista vota
negativamente o su propósito es no apoyar la iniciativa qué beneficio
podría ver allí si lo que está haciendo es negándola y en este caso cuando
ni siquiera se ha materializado todavía un acto administrativo en el cual se
relacionen predios ocupados por los concejales, y cuya propiedad se les

100 Audio de la Audiencia de Pruebas a partir del minuto: 039:49 a minuto: 00:47:04.

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vaya a ceder a través de esta figura. Entonces, lo que le hemos concluido a
la concejal Adriana es que por el momento, de la forma como ha sido
presentado el proyecto desde la administración no hay manera de que ya ella
pueda estar plenamente segura de que va a ser una de las beneficiarias porque
ni siquiera le han hecho el proceso de identificación de requisitos y condiciones
de su predio, no hay un acto administrativo de la alcaldía que lo disponga, y no
se relacionan tampoco esos bienes dentro del artículo 1° o 2° o cualquiera
de los artículos que se proponen en ese proyecto de acuerdo que les han
presentado en varias oportunidades. Entonces le hemos dicho a la
concejal Adriana manténgase en el debate, manténgase en las
discusiones que hacen a la comisión, solicite los documentos, creo que en
varias oportunidades ella los ha solicitado, y finalmente no se les aportan, no se
entiende por qué […] Entonces ha sido esa constante en el municipio de
Angelópolis de que no se quiere entregar o no se ha entregado formalmente u
oficialmente ese listado donde se tenga plena seguridad de que entonces ahí sí
los concejales al ver que sus predios están identificados, que sí van a ser
beneficiados manifiesten entonces ahí si su impedimento o su conflicto de
intereses. Mientras eso no haya sucedido, mientras la concejal o los concejales
no hayan podido tener acceso al listado de beneficiados cómo iban a poder
saber si son o no beneficiados, que la información la tiene que dar quien la tiene
que es la alcaldía municipal […]». (se destaca).

117. Finalmente, reposan los siguientes documentos: (i) la «Solicitud de cambio en
el listado» de 22 de agosto de 2022, suscrita por la señora Adriana María Gómez
Johnson, con destino a la Secretaría de Planeación (sello de recibido: 22 de agosto
de 2022, hora: 13:47), en el cual solicita que sea retirado su nombre y el de sus
familiares de la lista de beneficiarios del Proyecto de Acuerdo 016 de 2022101 y; (ii)
la «Solicitud de listado» de fecha 30 de agosto de 2022, suscrita por la señora
Adriana María Gómez Johnson, con destino a la Secretaría de Planeación (sello de
recibido: 30 de agosto de 2022, hora: 10:19), en el cual solicita «[…] sea enviado el
listado actualizado de posibles beneficiarios para el proyecto de acuerdo «POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
ANGELÓPOLIS PARA REALIZAR CESIÓN O ENAJENACIÓN DE DOMINIO DE
BIENES FISCALES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
277 DE LA LEY 1955 DE 2019 Y DEMÁS NORMAS QUE, EN ADELANTE, LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN, COMPLEMENTE, O REGLAMENTE», donde no
aparezcamos como beneficiarios ni yo, ni ningún miembro de mi familia 102.

118. Del análisis de los anteriores medios de prueba, se evidencia que no se probó
el dolo o culpa grave, a partir de las anteriores premisas:

119. Primero, se evidencia que antes de someterse a estudio y votación el Proyecto
de Acuerdo 016 de 2022, el señor Conrado Antonio Bonilla Henao, uno de los
concejales que se encontraba presente en la sesión ordinaria de 22 de agosto de
2022, reprodujo el audio en el cual se escucha la voz del señor Wilmar Quintero
Bohórquez, asesor jurídico quien, luego de reiterar la necesidad de que en el
proyecto de acuerdo quedaran plenamente identificados los bienes fiscales

101 003. Anexos de la demanda. Página 23. Expediente digital.
102 003. Anexos de la demanda. Página 24. Expediente digital.

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susceptibles de cesión a título gratuito o enajenación, propuso dos alternativas para
«superar» el conflicto de interés: (a) la primera, «[…]solicitando que se retire su
predio de ahí o el de sus familiares para poder participar en la discusión y la votación
porque ya sus predios no serían beneficiados de esa titulación gratuita» y, (b) como
alternativa propone que «en su defecto votando negativo el proyecto». Las
anteriores conductas, en efecto, fueron desplegadas por la concejal Adriana María
Gómez Johnson atendiendo el concepto jurídico del citado profesional del derecho,
tal y como se observa del contenido del Acta 07 de 22 de agosto de 2022 obrante
en el proceso103.

120. Segundo, sin que constituya materia de análisis en este proceso, es decir, si el
concejo tenía o no competencia para otorgar esta clase de autorizaciones, del
análisis de lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C-758 de 2001104 y de
los Conceptos de 18 de mayo de 2016 de la Sala de Consulta y Servicio Civil 105 se

103003. Anexos de la demanda. Página 23. Expediente digital.
104 Mediante la cual se analizó la constitucionalidad del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 específicamente,

frente a la facultad de los concejos de autorizar al alcalde para contratar, oportunidad en la cual se señaló: «[…]
Sin embargo, debe advertir esta Corporación que la atribución otorgada en la norma bajo estudio, siendo como
es una función administrativa, sólo podrá ser ejercida por los Concejos con el alcance y las limitaciones propias
de su naturaleza. Así, cualquier reglamentación efectuada por dichas Corporaciones, debe ser respetuosa del
ámbito reservado constitucionalmente al Legislador, por lo cual no puede entrar a establecer procedimientos de
selección, normas generales aplicables a los contratos, etc., puesto que ello forma parte del núcleo propio del
Estatuto de Contratación. (…). En otras palabras, la reglamentación que expidan estas corporaciones
deberá limitarse a trazar las reglas aplicables al acto concreto y específico mediante el cual el concejo
autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que es necesario, sin entrar a regular aspectos
como la selección de los contratistas, los contratos específicos a realizar, etc. Asimismo, deberán tener
en cuenta los concejos municipales que, en tanto función administrativa, la atribución que les confiere
la norma que se analiza debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada, respetando lo dispuesto
en el artículo 209 constitucional; y que no se puede interpretar dicha norma en forma tal que se obligue al
alcalde a solicitar autorizaciones del concejo en todos los casos en que vaya a contratar, sino únicamente en
los que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se atenga a la Carta Política.
Debe resaltarse, por último que, contrario a lo que presupone la argumentación del actor, lejos de ser un límite
a la autonomía municipal, el régimen previsto por la Ley 80 de 1993 está construido sobre la base de la
autonomía de las entidades estatales en materia contractual, tanto que otorga a ciertas entidades y
dependencias que no cuentan con personería jurídica, una capacidad especial de contratación y puedan
gestionar mejor los aspectos que a ellas atañen. Para la Corte, igual sucede con la norma bajo estudio, ya que,
al reafirmar la competencia reglamentaria constitucional de los concejos municipales, no sólo presupone, sino
que desarrolla su autonomía real. Así, a través de regímenes reglamentarios que no lesionen lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993 y en las demás normas legales aplicables, los concejos podrán decidir cómo ha de surtirse
el proceso de autorización, en los casos en que sea necesario de conformidad con los intereses locales.
[…]» (se destacan apartes).
105 La potestad de los concejos municipales no puede ser interpretada de manera aislada y sin consideración a

las competencias de los alcaldes y a la autorización para contratar que les da la Ley 80 de 1993. El verdadero
sentido del artículo 313-3 de la Constitución Política solo se logra a partir de una lectura sistemática de las
normas constitucionales y legales que regulan las competencias tanto de los concejos municipales como de los
alcaldes, en consonancia con las normas de contratación pública y presupuestales, y con los principios de la
función administrativa. Entre todas estas disposiciones debe operar un principio de articulación y no de exclusión
o anulación. La Sala advirtió especialmente que de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública y las
normas orgánicas de presupuesto, el alcalde ha sido autorizado por el legislador para contratar y representar
legalmente al municipio, de modo que la función constitucional de los concejos municipales no puede anular las
competencias de los alcaldes o permitir una intromisión indebida en ellas. b. El alcance de la expresión “autorizar
al alcalde para contratar” debe atender también la diferente naturaleza de las funciones que cumplen los
concejos municipales y los alcaldes. Así, mientras los primeros son corporaciones públicas de representación
popular que como tal ejercen un papel de planeación, reglamentación y control político a nivel local, los
segundos son órganos ejecutores, responsables de la realización de los presupuestos, la prestación efectiva de
los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades locales. Por tanto, no cabría una interpretación que
desdibujara ese reparto funcional y convirtiera a la corporación local en un órgano permanente de ejecución de
la contratación municipal. c. Las corporaciones públicas de elección popular no pueden intervenir en los
procesos de contratación. Como se recordó en Concepto 2230 de 2015, el artículo 25-11 de la Ley 80 de 1993
establece expresamente que “las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no
intervendrán en los procesos de contratación”, lo que ratifica que el mandato constitucional sobre la

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desprende que la autorización previa que confieren los órganos de representación
democrática, como las asambleas o concejos opera de manera excepcional106 y
además de ello, tal y como lo indicó la Sentencia C- 738 de 200, la atribución que
se otorga debe sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

121. En el anterior contexto,
y luego del análisis de lo acaecido en la sesión de 22
de agosto de 2022, era dable esperar que en el texto del articulado quedaran
plenamente identificados los bienes fiscales susceptibles de propiedad del
municipio que cumplieran con las condiciones previstas en el artículo 277 de la Ley
1955 de 2019107 y reglamentadas por el Decreto 149 de 2020108 -esto es, que se trate
de bienes ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de destinación económica
habitacional, siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que
cumpla con las condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social
y haya ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años de anterioridad al
inicio del procedimiento administrativo-; pues solo así los concejales podían advertir
sobre la existencia de un eventual conflicto de intereses, para de esta manera evitar
incurrir en la causal de pérdida de investidura conducta que se encuentra proscrita
en el ordenamiento jurídico.

122. Sin embargo, en la forma cómo fue presentado el anexo donde se incluía la lista
de posibles beneficiarios, lejos de generarse el grado de certeza requerido, el
documento únicamente relaciona el listado de «posibles» personas beneficiarias e
incluso incorpora en algunas casillas algunos predios con la descripción «sin
identificar poseedor».

123. Desde la anterior perspectiva, nótese que el testimonio del señor Wilmar
Quintero Bohórquez señala que si bien en alguna oportunidad se le remitió una hoja
en blanco donde se incluía una relación de personas, el mismo no otorgaba la
certidumbre suficiente para considerarlo una comunicación oficial y, además, del
mismo no podía colegirse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico para la adjudicación a la que se refería el proyecto de Acuerdo
016 de 2022.

124. La ausencia de dolo o de culpa grave exigible en la valoración de la conducta
de la concejal Adriana María Gómez Johnson, resulta más evidente si se tiene en
cuenta que, según se desprende del contenido del Acta 07 de 22 de agosto de 2022,
la acusada dio lectura a una solicitud dirigida ante la Secretaría de Planeación

“autorización” de los concejos municipales a los alcaldes para contratar, en ningún caso podría significar el
derecho o facultad de esas corporaciones de convertirse en instancias permanentes de la contratación territorial.
d. Las funciones de las corporaciones públicas territoriales son de naturaleza administrativa.».
106 Esto es, (i) en aquellos casos en los cuales el concejo municipal haya reglamentado como necesario el

ejercicio de esa autorización, o (ii) en los supuestos previstos en el parágrafo 4° de la Ley 1551 de 2012, esto
es, cuando se trate de contratos de empréstitos; que comprometan vigencias futuras; de enajenación y
compraventa de bienes inmuebles; de enajenación de activos, acciones y cuotas partes; concesiones y las
demás que determine la ley.
107 «Por el cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad».
108 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 276 y 277 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 41 de la Ley

1537 de 2012 y se modifica el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio, en lo relacionado con la transferencia de bienes inmuebles fiscales y la legalización urbanística de
asentamientos humanos».

52

RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

Municipal (sello de recibido: 22 de agosto de 2022, hora: 13:47), referida
anteriormente, en la cual pidió que su nombre sea retirado del listado de posibles
beneficiarios del Proyecto de Acuerdo 016 de 2022 para así evitar encontrarse
incursa en la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto
de intereses.

125. En esas condiciones, la presentación de tal petición -atendiendo la
recomendación del citado profesional del derecho- pudo llevar al convencimiento
razonable y a la convicción de no estar incursa en la conducta constitutiva de
desinvestidura y, por ende, al hecho de no estar obligada a abstenerse de participar
en el debate y votación del mencionado Proyecto de Acuerdo 016 de 2022.

126. En estas condiciones, y según los medios de prueba que reposan en el
expediente que han sido valorados de acuerdo con las reglas de la lógica y la sana
crítica y atendiendo las circunstancias particulares que rodearon el caso, a juicio de
la Sala, la concejal inculpada sí obró con la debida diligencia con el fin de obtener
el asesoramiento oportuno para evitar la comisión de la conducta y actuó amparada
en la creencia e íntima convicción de no violar el régimen de conflicto de intereses,
por las razones antes anotadas.

127. Para terminar, la Sala resalta que el juez de la pérdida de investidura tiene la
labor de analizar, con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente y
auscultar, de acuerdo con las especificidades de cada caso y las circunstancias que
rodearon la comisión de la conducta, el grado de culpabilidad para determinar la
procedencia o no de la sanción de desinvestidura, como garantía que emana del
artículo 29 de la Constitución Política, y de algunos instrumentos internacionales
(artículos 14.2 y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
artículo 8.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos). Además, tal y
como lo ha reiterado esta Corporación «[…] [c]ualquier duda razonable en relación
con la realización de la conducta o la culpabilidad se debe interpretar en favor del
demandado109».

II.6. Conclusiones

128. La Sala encuentra que no se probó el elemento subjetivo o de culpabilidad en
la conducta desplegada por la concejal Adriana María Gómez Johnson, al discutir y
votar el Proyecto de Acuerdo 016 de 2022 «Por medio del cual se autoriza al Alcalde
del Municipio de Angelópolis para realizar cesión a título gratuito o enajenación de
dominio de bienes fiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la
Ley 1955 de 2019 y demás normas que, en adelante, lo modifiquen, adicionen,
complementen o reglamenten», motivo por el cual resulta procedente la revocatoria
de la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones de la
solicitud de pérdida de investidura.

109 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de abril de

2020, radicado: 54001-23-33-000-2019-00091-01 (PI); MP: Hernando Sánchez Sánchez.

53

RADICADO: 05001-2333-000-2022-01142-01
DEMANDANTE: JHON JAIRO ARISTIZABAL

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente (E)

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado
Consejero de Estado (Ausente con permiso)

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
P:5

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