Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2017-00277-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2018 › Radicado 13001-23-33-000-2017-00277-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Credencial de concejal municipal: irrelevancia de no aportación a proceso cuando calidad de concejal la prueba otro medio
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2017-00277-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-33-000-2017-00277-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
26 de abril de 2018
CREDENCIAL DE CONCEJAL MUNICIPAL - Irrelevancia de no aportación a proceso cuando calidad de concejal la prueba otro medio / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 8 de julio de 2000, Radicación 76001-23-31-000-2009-00764-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; y25 de mayo de 2017, Radicación 08001-23-33-006-2016-00234-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Requisitos / REQUISITOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – No lo es la dirección del concejal demandado
[L]a solicitud de pérdida de investidura debe contener, al menos: i) nombres, apellidos, identificación y domicilio del solicitante, ii) nombre del congresista o concejal demandado y la debida acreditación, iii) invocación de la causal de pérdida de investidura y su debida explicación, iv) la solicitud de pruebas y, v) la dirección del lugar del solicitante en donde recibirá notificaciones. Nótese como la norma requiere, como mínimo, la concurrencia de esos requisitos para que la solicitud de pérdida de investidura sea admitida. […] Contrario a lo afirmado por el recurrente, la Sala observa que la solicitud de pérdida de investidura fue admitida en cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley 144. Cabe precisar que esta norma no establece como requisito para presentar la solicitud, la dirección del concejal demandado, por lo tanto, el juez podía admitirla y continuar con el correspondiente trámite. En efecto, una vez el Magistrado Sustanciador tuvo conocimiento de que la parte demandante no había subsanado la demanda y al verificar que el auto admisorio ya se había notificado a la parte demandada, ordenó continuar con el trámite del proceso sin incurrir en irregularidades que hubieran vulnerado el derecho al debido proceso de las partes. En conclusión, en manera alguna se demostró una situación de fraude que pudiera afectar el proceso adelantado en primera instancia y mucho menos la sentencia impugnada, máxime si se tiene en cuenta que el demandado se notificó por conducta concluyente al contestar el correo electrónico enviado por el a quo y tuvo la oportunidad de defenderse en la contestación a la demanda o bien pudo, dentro de la oportunidad correspondiente, impugnar el auto admisorio de la solicitud en virtud del artículo 242 del C.P.A.C.A. cuando le fue notificado y no lo hizo.
AUTO ADMISORIO DE LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Notificación personal al demandado / NULIDAD PROCESAL – Es saneable por indebida notificación / NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Puede realizarse por la forma que sea más expedita y eficaz / AUTO ADMISORIO DE LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – La efectuada por correo electrónico al demandado no vulnera del debido proceso cuando cumple con la finalidad de enterarlo de la existencia del proceso
El auto admisorio de la demanda es una de las providencias más importantes en el proceso judicial, ya que por medio de este se da apertura al proceso. Al expedirse el auto admisorio, otro acto procesal de vital importancia es la notificación del mismo al demandado; dicha notificación tiene como finalidad enterar a la parte demandada que, contra él cursa un proceso, para que dentro del término de traslado conteste la demanda y así ejerza su derecho de defensa, principio fundamental del cualquier procedimiento. Es fundamental que la notificación que se efectúe del auto admisorio de la demanda se haga en legal forma, pues de lo contrario esto es causal de nulidad del proceso, de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 133 del C.G.P. Sin embargo, en virtud del numeral 4 del artículo 136 ibidem, esta nulidad es saneable cuando a pesar de existir ese vicio, el acto procesal cumplió con su finalidad y no se violó el derecho de defensa. […] Si bien es cierto que, en el caso presente, el Tribunal Administrativo de Bolívar notificó por correo electrónico y no de manera personal el auto admisorio de la solicitud de pérdida de investidura, dicha situación quedó saneada en el sentido de que la notificación cumplió con su finalidad, esto es, enteró a la parte demandada de la existencia del proceso seguido en su contra y, dentro del término de traslado, el demandado contestó la solicitud ejerciendo su derecho de defensa. Las anteriores explicaciones llevan a concluir que el Tribunal Administrativo de Bolívar no vulneró el derecho al debido proceso del concejal demandado, dado que dentro de la oportunidad legal correspondiente se le dio traslado del auto admisorio y contestó la solicitud de pérdida de investidura.
ACUMULACIÓN DE PROCESOS DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Presupuestos / ACUMULACIÓN DE PROCESOS DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Improcedencia cuando se ha proferido auto de pruebas
Si bien es cierto que en este proceso no se atendió la solicitud de acumulación de procesos, observa la Sala que al 18 de mayo de 2017, fecha en que el Despacho Sustanciador abrió el presente proceso a pruebas y también conoció, por parte de la Secretaría de esa corporación, de la existencia del otro proceso donde se estaba demandado al mismo concejal, por los mismos hechos y la misma causal que en el caso presente; también es cierto que según el sistema de procesos de la rama judicial, para esa fecha el proceso con número único de radicación 001 23 33 000 2017 00473 00 no se había siquiera admitido, razón por la que tampoco podía estudiarse la posible acumulación. Reitera la Sala que, en virtud del artículo 14 de la Ley 144, la solicitud de acumulación solo era procedente en la medida en que en ninguno de los procesos se hubiera proferido el correspondiente auto de pruebas y, como en este caso, se abrió el proceso a pruebas el 18 de mayo de 2017, ya era procedente atender a la acumulación, conforme de hizo en el proceso con número único de radicación 13 001 23 33 000 2017 00473 00, mediante providencia de 23 de mayo de 2017. Adicional a lo anterior, cabe precisar que el concejal demandado debió solicitar la acumulación del presente proceso antes de haberse abierto el proceso a pruebas y no en la audiencia de pruebas ni en los alegatos de conclusión.
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Vínculo con quien dentro de los doce meses anteriores a la elección fungió como representante legal de entidad que preste servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio / INHABILIDAD DE CONCEJAL - Por parentesco con representante legal de entidad del régimen subsidiado: Presupuestos / ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD – Definición. Concepto / ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD – Funciones / RÉGIMEN SUBSIDIADO – Concepto / RÉGIMEN SUBSIDIADO – Administración / PRESTACIÓN POR EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE MANERA INDIRECTA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO – A través de Prosalud IPS / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Se configura al tener parentesco con representante legal de entidad del régimen subsidiado: IPS que contrató con entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS-S
[S]e encuentra probado que, en efecto, el Representante Legal de Prosalud IPS, señor Anuar Arana Cano, celebró dos contratos con la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS-, entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS-S bajo la modalidad de capitación. En los términos de la Ley 100, cabe advertir que como la entidad habilitada para la prestación de los servicios de salud en el régimen subsidiado, en el caso presente, es la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS-, resulta lógico afirmar que al celebrar esta los contratos aludidos con la IPS Prosalud, entidad de carácter privado, se trate de prestar servicios de salud dentro de ese régimen subsidiario. Para la Sala, el hecho de que Prosalud IPS hubiera sido contratista de una EPS del régimen subsidiado, significa que la EPS prestó los servicios de seguridad social a los beneficiaros del régimen subsidiado, a través de la IPS, supuesto normativo que se requiere para que se configure la inhabilidad alegada. Para que se configure la inhabilidad alegada debe demostrarse que, en efecto, el pariente del concejal demandado es representante legal de una entidad que preste servicios de seguridad social en el régimen subsidiado, situación que se encuentra demostrada en el presente proceso. Así las cosas, es evidente que la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS- prestó de manera indirecta el servicio de salud en el régimen subsidiado, a través de Prosalud IPS. […] Visto lo anterior, para la Sala es claro que, en el caso sub examine, se cumplieron los elementos para que la causal de inhabilidad alegada se configurara, esto es, que el Concejal Selmen David Arana Cano tenga vinculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad, con Anuar David Arana Cano, Representante Legal de Prosalud IPS, entidad que prestó servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el Municipio de Magangué –Bolívar-, conducta violatoria del numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617.
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Valoración factor subjetivo / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Deber de diligencia / IGNORANCIA DE LA LEY NO SIRVE DE EXCUSA - Alcance / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Está claramente establecido en este proceso que no obstante su deber de conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la correspondiente responsabilidad, el señor Selmen Davis Arana Cano procedió a inscribirse para tales comicios a sabiendas de que su hermano era representante legal de una entidad que presta servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el Municipio de Magangué –Bolívar- , dentro del año anterior a las elecciones para el período constitucional 2016-2019. Es decir, a pesar de que la norma inhabilitante, que el demandado tenía el deber de conocer con anterioridad, le impedía inscribirse y ser elegido concejal de su municipio debido a que su hermano era representante legal de una entidad prestadora de servicios de seguridad social en el régimen subsidiado, aquel optó por obviar dicha particularidad y continuar con su aspiración. De haber obrado con la diligencia debida, el señor Selmen Davis Arana Cano, luego de revisar los condicionamientos legales bajo los cuales tenía que competir con los demás ciudadanos por la mencionada curul, hubiese advertido la existencia de una situación potencialmente capaz de inhabilitar su inscripción y elección como Concejal Municipal de Magangué –Bolívar-, lo que evidentemente no ocurrió así. Revisado el acervo probatorio, la Sala no halló documento alguno que permita inferir interés en averiguar, de forma diligente, la situación jurídica en la que se encontraba de cara a los requisitos exigidos para ser concejal, tales como solicitudes de conceptos jurídicos que avalaran la viabilidad de su candidatura o el análisis del estado de la jurisprudencia para la época de los hechos y la consecuente invocación a su favor. Por lo tanto, si bien la Sala no cuenta con elementos probatorios que le permitan inferir que el señor Selmen Davis Arana Cano sabía de la existencia de una inhabilidad que le impedía inscribirse y ser elegido Concejal Municipal de Magangué para el período constitucional 2016-2019 y que, aun así, de forma dolosa, optó por participar de dichos comicios, lo cierto es que sí quedó demostrado que, teniendo un deber de diligencia ordinaria que atender en el marco de su inscripción y de sus requisitos positivos y negativos los que debía saber-, evidentemente no los satisfizo con el cuidado mediano que las personas emplean normalmente en sus negocios propios, incurriendo en un descuido que tornó en negligente su conducta, es decir, que lo hizo actuar con la culpa objeto de verificación en el análisis subjetivo de esta causal de pérdida de investidura.
FUENTE FORMAL: LEY 144 DE 1994 – ARTÍCULO 4 / LEY 144 DE 1994 – ARTÍCULO 8 / LEY 144 DE 1994 – ARTÍCULO 14 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 NUMERAL 6 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 6 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 155 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 156 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 177 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 179 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 180 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 185 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 193 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 211 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 215 / DECRETO 4747 DE 2007 – ARTÍCULO 4 LITERAL A / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 9 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 63 /
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00277-01(PI)
Actor: PABLO RODRÍGUEZ QUINTERO
Demandado: SELMEN DAVID ARANA CANO
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL DE MAGANGUÉ –BOLÍVAR
Referencia: Se encuentra acreditada la violación de la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 6º artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, por haber infringido el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, por tener vínculo de parentesco con representante legal de entidad prestadora de servicios de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 13 de junio de 2017, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura presentada contra el señor Selmen David Arana Cano, Concejal del Municipio de Magangué –Bolívar-, elegido para el período constitucional 2016-2019. 1.- Antecedentes
1.1.- La demanda
1.1.1.- El ciudadano Pablo Rodríguez Quintero solicitó la pérdida de la investidura de Selmen David Arana Cano, Concejal del Municipio de Magangué –Bolívar-, por haber incurrido en la inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 617, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, lo cual constituye causal de pérdida de la investidura para los concejales por virtud del numeral 6° del artículo 48 de la Ley 617, esto es, por tener vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con el representante legal de una entidad prestadora de servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección. 1.1.2.- Como sustento de la solicitud, el demandante relata que el señor Selmen David Arana Cano tiene vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con el señor Anuar David Arana Cano, quien se desempeñó como Representante Legal de Prosalud IPS SAS, entidad de carácter privado que suscribió contratos de recuperación de la salud con la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS- (entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS-S), la cual presta servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el Municipio de Magangué. 1.2.- Contestación de la demanda por parte del Concejal demandado
El concejal demandado, mediante apoderado, y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, procedió a contestar la demanda de pérdida de investidura, solicitando que se negaran las pretensiones. 1.2.1.- La parte demandada propone la excepción de inepta demanda y falta de legitimación de la causa por activa, por considerar: i) que con la solicitud de pérdida de investidura no se acreditó la condición de concejal del demandado y ii) que el demandante al no subsanar la solicitud, en el sentido de no haber allegado la dirección donde se debían efectuar las notificaciones del demandado, carece de legitimación para actuar dentro del presente proceso. 1.2.2.- Inicia su defensa, oponiéndose a las pretensiones de la demanda, argumentando que Prosalud IPS SAS no está catalogada como una institución prestadora de salud, que preste servicios de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en el Municipio de Magangué, lo cual es un requisito indispensable para que se configure la causal de pérdida de investidura alegada. 1.2.3.- Aceptó tener vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con el señor Anuar David Arana Cano. 1.2.4.- Advirtió que, pese a que el señor Anuar David Arana Cano se desempeñó como Representante Legal de Prosalud IPS SAS, aun después de la elección del demandado como Concejal del Municipio de Magangué –Bolívar-, dicha empresa no administra tributos, tasas o contribuciones, ni se trata de una entidad que presta servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio.
1.2.5.- Estimó que, de los contratos suscritos entre Prosalud IPS SAS y la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS-, entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS-S, no se puede determinar que se trate de la prestación de servicios de salud del régimen subsidiado definido en la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, dado que en los contratos no se especifica como destinatarios de la atención en salud a las personas beneficiarias del régimen subsidiado, sino que genéricamente se menciona como objeto de los contratos, atender una población que se encuentra afiliada a la cooperativa contratante. 1.3.- La sentencia de primera instancia
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia de 13 de junio de 2017, resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA, las excepciones de INEPTA DEMANDA, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- DECRETAR la pérdida de la investidura del Concejal del Municipio de Magangué, SELMEN DAVID ARANA CANO, elegido para el periodo 2016-2019, por haberse demostrado la causal 4ª del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, conforme lo ha expresado en este proveído […]”. 1.3.1.- El a quo puso de presente que, la notificación del auto admisorio de la solicitud se efectuó a través del correo electrónico personal del concejal demandado, es decir, al correo selmenarana@hotmail.com y no al de notificaciones judiciales conforme lo prevé el artículo 291 del C.G.P. Pese a lo anterior, el Tribunal consideró que esa notificación no vulnera en modo alguno el derecho al debido proceso, dado que el demandado ha tenido todas las garantías para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 1.3.2.- En cuanto a la ineptitud de la demanda, el a quo manifestó que la acreditación de Concejal del señor Selmen David Arana Cano quedó debidamente demostrada con la respectiva acta general de escrutinio y el pantallazo de la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil que muestra el listado de los concejales electos en el Municipio de Magangué para el periodo 2016-2019. 1.3.3.- Con relación a la falta de legitimación de la causal por activa, el Tribunal aclaró que la pérdida de investidura es una acción pública que puede ejercer cualquier particular directamente sin necesidad de abogado. Por lo tanto, en el caso presente, el señor Pablo Rodríguez Quintero, en uso de ese derecho, presentó la presente solicitud y luego de analizarse los requisitos de la misma, se evidenció la falta de dirección del demandado, por lo que se inadmitió mediante auto de 3 de abril de 2017, providencia que fue enviada al correo electrónico del demandante con el fin de que fuera subsanada la solicitud, la cual fue corregida en tiempo y, por lo tanto se procedió a su admisión. 1.3.4.- Afirmó que la parte demandada, tanto en la audiencia de pruebas como en los alegatos de conclusión, solicitó la acumulación de los procesos que se encontraban tramitando en contra del concejal demandado y por la misma causal que en este caso se plantea; sin embargo, el Tribunal puso de presente que esta solicitud ya había sido resuelta de manera negativa, mediante auto de 23 de mayo de 2017, dentro del proceso con número único de radicación 13001 23 33 000 2017 00473 00, siendo el demandante el señor Andrés Camilo Rodríguez Buitrago, por considerar que como en el caso sub examine ya se había decretado la práctica de pruebas, no procedía la acumulación en virtud de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 144 de 13 de julio de 1994. 1.3.5.- Manifestó que está probado en el expediente que el Concejal Selmen David Rana Cano y el señor Anuar David Arana Cano son hijos de Anuar Arana Gechen y Yadira Soraida Cano Badran, es decir, que se encuentran en segundo grado de consanguinidad.
También está probado que el señor Anuar David Arana Cano es representante legal de Prosalud IPS SAS, entidad que conforme lo dispone la Ley 100, presta servicios de salud a los afiliados del sistema de seguridad social en salud, dentro de las empresas promotoras de salud o fuera de ellas. 1.3.6.- Precisó que, el artículo 193 de la Ley 100 permite que las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud puedan establecer modalidades de contratación por capitación con grupos de práctica profesional o con profesionales individuales con el fin de incentivar la eficacia y la calidad de la prestación de salud. 1.3.7.- Estimó que, las pruebas allegadas al expediente demuestran que Prosalud IPS SAS celebró varios contratos en la modalidad de capitación con la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS- Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S, cuyo objeto fue la prestación de los servicios de salud en el Municipio de Magangué –Bolívar- desde el 1º de abril de 2014 hasta el 31 de marzo de 2017. 1.3.8.- Finalmente, indicó que se encuentran probados los presupuestos normativos que requiere la causal de la inhabilidad endilgada al demandado y, al analizar el elemento de culpabilidad que debe tenerse en cuenta en este tipo de procesos, concluyó que el demandado debía adoptar el cuidado y la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, es decir, el concejal demandado al momento de inscribir su candidatura debía analizar si se encontraba incurso en alguna de las causales de inhabilidad revistas en la ley. 1.4.-El recurso de apelación
Inconforme con la sentencia proferida en primera instancia, la parte demandada, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque dicha providencia judicial y, en su lugar, se deniegue la solicitud de pérdida de investidura, esgrimiendo las siguientes inconformidades: 1.4.1.- La parte demandada advierte la existencia de un fraude procesal por parte del Magistrado sustanciador, en primera instancia, toda vez que la solicitud de pérdida de investidura no fue corregida por la parte demandante y, por tal razón, debió ser rechazada. Pese a que el demandante aceptó no haber corregido la solicitud, el Magistrado admitió la demanda de oficio y decidió continuar con el trámite de la misma, desconociendo el derecho al debido proceso y de defensa del concejal demandado. 1.4.2.- Manifiesta que el a quo debió acumular el presente proceso al referenciado con número único de radicación 13001 23 33 000 2017 00471 00, en donde el demandado y la causal alegada son los mismos que en el sub lite. El Tribunal omitió pronunciarse sobre la solicitud relacionada con la acumulación de estos procesos, situación que no fue resuelta al momento en que se solicitó, esto es, en la audiencia de pruebas, sino en la sentencia. 1.4.3.- Estima que el demandante omitió acreditar la calidad de Concejal del señor Selmen David Arana Cano, dado que el documento que debió aportar fue el formulario E-26 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y no el acta general de escrutinio de esta entidad, ya que este documento no indica las personas que resultaron elegidas para el Concejo Municipal de Magangué. 1.4.4.- Afirma que, el Tribunal vulneró el derecho al debido proceso, al notificarle el auto admisorio de la solicitud de pérdida de investidura por correo electrónico y no de manera personal como lo establece el artículo 8 de la Ley 144. Es fundamental que la notificación que se efectúe del auto admisorio de la demanda se haga en legal forma, pues de lo contrario esto es causal de nulidad del proceso.
1.4.5.- En cuanto al análisis de culpabilidad, manifiesta que la parte demandante no hace referencia a una circunstancia particular que pudiera permitirle al juez verificar si se configura el dolo o la culpa del concejal demandado, si conocía o debía conocer la actuación que desarrolló y si su voluntad se encaminó a esa acción u omisión. El Tribunal no tiene elementos de juicio para determinar la culpabilidad del concejal demandado. 1.4.6.- Finalmente, afirma que el concejal demandado no ha incurrido en la inhabilidad alegada, dado que para que ella se configure es necesario demostrar que el representante legal, con quien se tiene el vínculo de parentesco, haya sido representante legal de entidades que presten servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio y, en el caso presente, la empresa Prosalud IPS SAS no se encuentra catalogada como una institución prestadora de servicios de salud que, en efecto, preste servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el Municipio de Magangué. 1.5.- Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del agente del Ministerio Público
De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Magistrado Sustanciador del proceso, mediante auto de 4 de septiembre de 2017, admitió el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia y ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto. 1.5.1.- La demandante allegó los alegatos de conclusión de manera extemporánea. 1.5.2.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso judicial y, en particular, en el recurso de apelación. 1.5.3.- El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa intervino en esta instancia, mediante escrito de 13 de octubre de 2017, solicitó, luego de un estudio integral del proceso judicial, confirmar la sentencia proferida en primera instancia, de acuerdo con los siguientes argumentos: Estimó que los elementos que se requieren para la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 40 de la Ley 617 son los siguientes: i) calidad: la elección como concejal del municipio, ii) consanguinidad: la existencia de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad, iii) temporalidad: el vínculo debe darse con funcionario que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección y, iv) funcional: que hayan sido representantes legales de entidades que presten servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. En cuanto al primer elemento, el Procurador puso de presente que dentro del expediente se pudo evidenciar el acta general de escrutinio de las elecciones locales del 25 de octubre de 2016, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la cual, el señor Selmen David Arana Cano fue elegido como Concejal del Municipio de Magangué –Bolívar-, para el periodo constitucional 2016 – 2019. En cuanto al parentesco, como elemento generador de inhabilidades o incompatibilidades, se evidencia el vínculo de consanguinidad probado en el expediente de acuerdo con el registro civil de nacimiento, en segundo grado de consanguinidad, que existe entre el señor Selmen David Arana Cano y Anuar David Arana Cano.
Afirma que el hermano del accionado, el señor Anuar David Arana Cano, quien está designado por la asamblea general de accionistas como representante legal de Prosalud IPS SAS, según Acta 01 del 04 de junio de 2014, inscrita el 11 de junio del mismo año, fecha en la cual se evidencia la representación legal de la sociedad dentro de los doce (12) meses que anteceden a la elección del Concejal Selmen David Arana Cano, esto es, antes del 25 de octubre de 2015, como quedó demostrado en el certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Magangué – Bolívar. Asimismo, se evidenció que el señor Anuar David Arana Cano, hermano del concejal Selmen David Arana Cano, en calidad de representante legal de Prosalud IPS SAS, prestó los servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el municipio de Magangué, como quedó demostrado en los contratos SBO2014R1A515 de 2014, con fecha de inicio del 01 de abril de 2014 y fecha de finalización 31 de marzo de 2015 y SBO2015R1A034 de 2015, con fecha de inicio del 01 de abril de 2015 y fecha de finalización 30 de marzo de 2016. En cuanto a análisis del elemento de culpabilidad contenido en la sentencia SU-424 de 2006, puso de presente que, en el sub judice, el señor Selmen David Arana Cano conocía que su hermano, en calidad de representante legal de la IPS Prosalud, había suscrito con una entidad del régimen subsidiado -Coosalud EPS- varios contratos cuyo objeto fue: “la Recuperación de la salud, mediante la modalidad de capitación, entre la cooperativa empresa solidaria de salud y desarrollo integral Coosalud EPS – Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPS” con el municipio de Magangué, dentro de los doce meses anteriores a su elección como concejal del municipio, hecho que demuestra la determinación, voluntad y conocimientos en su actuación, puesto que conocía la posición que ostentaba su hermano y las consecuencias de esa situación jurídica que resultaba predecible y, por lo tanto, que hubiera podido evitar sino se inscribiere como candidato al concejo municipal, hechos que demuestran que su acción voluntaria se encaminó en configurar la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 40 de la Ley 617. 2.- Consideraciones de la Sala
2.1.- Competencia y procedibilidad de la acción pérdida de investidura
Esta Sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales: por una parte, en virtud del artículo 48, parágrafo 2, de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, por la otra, atendiendo el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 25 de enero de 1995, según el cual las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado. En el expediente se encuentra copia del Acta General de Escrutinio de las elecciones locales del 25 de octubre de 2016, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la cual consta que el señor Selmen David Arana Cano fue elegido como Concejal del Municipio de Magangué –Bolívar-, para el periodo constitucional 2016 – 2019. Cabe advertir que, contrario a lo afirmado por la parte demandada, la Sala en sentencia de 8 de julio de 2000, reiterada en providencia de 25 de mayo de 2017, sostuvo que la ausencia de credencial es jurídicamente irrelevante ante la existencia de otro medio de prueba igualmente idóneo para la acreditación de la investidura de concejal.
En esa oportunidad, la Sala consideró sobre el particular:
“[…] Por lo anterior, la cuestión a dirimir en la presente instancia es la planteada en el recurso, esto es, si la circunstancia de que la autoridad electoral competente no le ha expedido al demandado su correspondiente credencial de concejal, lo sustrae de la presente acción, y si al no haberse presentado la prueba de esa credencial no se ha dado cumplimiento al requisito de la demanda señalado en el artículo 4, literal b), de la Ley 144 de 1994. Al respecto se observa que tal cuestión ha sido planteada por la defensa del inculpado desde la contestación de la demanda, y que el a quo no se detuvo en considerarla. Sin embargo, baste decir que la condición o calidad de concejal no nace de la credencial de concejal que expida la autoridad electoral respectiva, sino del acto administrativo que declara electa a la persona de que se trate o, en su lugar, del cumplimiento del acto que lo convoque o de llamamiento a tomar posesión del cargo en caso de vacancia en una de las curules que conforman la correspondiente corporación de elección popular, cuando tiene las condiciones para ser llamado, esto es, ser parte de la lista a la que pertenece quien hubiere hecho dejación del cargo, y seguir en turno frente a éste. En ese orden, la credencial no es más que un instrumento para acreditar la calidad o el estatus que se adquiere con el acto administrativo que declara la elección o que lo llama a ocupar la curul que quede vacante, de modo que es un documento que resulta del hecho de haber sido declarado elegido por la autoridad electoral del caso, y nada obsta para que quien hubiere sido posesionado por llamamiento a ocupar la curul, solicite su expedición a dicha autoridad. Pero como tal es apenas uno de los posibles instrumentos válidos para acreditar ese status o la tenencia de la investidura de que se trate, en este caso, de concejal, de modo que no es la única, ni es absustantian actus, como lo pretende la apoderada del encausado, sino meramente ad probationem. En ese orden, otros documentos públicos pueden servir para ese mismo fin, como en efecto lo son las actas de escrutinio donde se indica la votación obtenida por cada candidato y quiénes de ellos resultaron elegidos; la certificación de la autoridad electoral donde haga constar que determinada persona fue elegida para el cargo de elección popular de que se trate; la certificación del Secretario de la respectiva corporación, en este caso, del concejo municipal, sobre la ocupación o desempeño de cargo de concejal por alguna persona, así como copia auténtica del acta de toma de posesión de dicha dignidad. Así las cosas, la acreditación que se exige en el artículo 4º, literal b), de la Ley 144 de 1994, en cuanto señala que cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, ésta deberá formularse por escrito y contener, al menos “Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional”, no puede tomarse de manera literal o restrictiva, en el sentido de que esa acreditación sólo pueda darse mediante la credencial o por la organización electoral, sino como un requisito susceptible de cumplir con cualquier prueba idónea, como las atrás anotadas […]”. Conforme a lo anterior, la Sala considera que el Acta General de Escrutinio de las elecciones locales del 25 de octubre de 2016, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, demuestra la calidad de concejal del demandado y, por lo tanto, la hace sujeto pasivo de la acción de pérdida de investidura. 2.2.
Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar, si el concejal demandado incurrió en la causal de pérdida de investidura, prevista en el numeral 6º del artículo 48 de la Ley 617, esto es, por haber infringido el régimen de inhabilidades previsto en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, por tener vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con el señor Anuar David Arana Cano, quien fungió como Representante Legal de Prosalud IPS SAS, institución prestadora de servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el Municipio de Magangué, en virtud de los contratos celebrados con la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral EPS-S –Coosalud ESS- Entidad Promotora de Salud en el Régimen Subsidiado EPS-S. A fin de resolver el problema jurídico planteado, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre los siguientes cargos planteados en el recurso de apelación: i) el supuesto fraude procesal por haber admitido la solicitud de pérdida de investidura sin que la parte demandante la hubiera corregido, ii) la violación al debido proceso por no haberle notificado personalmente el auto admisorio de la solicitud a la parte demandada, iii) la omisión consistente en resolver la solicitud de acumulación de procesos; procediendo posteriormente a, iv) resolver el caso concreto y el estudio de la inhabilidad alegada como causal de pérdida de investidura en contra del concejal demandado y las pruebas allegada al plenario.
i) Primer cargo: El supuesto fraude procesal por haber admitido la solicitud de pérdida de investidura sin haberla corregido por la parte demandante
El recurrente alega la existencia de un fraude procesal por parte del Magistrado sustanciador en primera instancia, toda vez que la solicitud de pérdida de investidura no fue corregida por la parte demandante y, por tal razón, debió ser rechazada. Agrega que pese a que el demandante aceptó no haber corregido la solicitud, el Magistrado admitió la demanda de oficio y decidió continuar con el trámite de la misma, desconociendo el derecho al debido proceso y de defensa del concejal demandado. Para resolver, la Sala advierte que el artículo 4º de la Ley 144, aplicable al caso sub examine, establece como requisitos de la solicitud de pérdida de investidura los siguientes:
“[…] ARTÍCULO 4o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano común, ésta deberá formularse por escrito y contener, al menos:
a) Nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien la formula;
b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional;
c) Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y; su debida explicación;
d) La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso;
e) Dirección del lugar en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar […]”. En virtud de lo anterior, la solicitud de pérdida de investidura debe contener, al menos: i) nombres, apellidos, identificación y domicilio del solicitante, ii) nombre del congresista o concejal demandado y la debida acreditación, iii) invocación de la causal de pérdida de investidura y su debida explicación, iv) la solicitud de pruebas y, v) la dirección del lugar del solicitante en donde recibirá notificaciones. Nótese como la norma requiere, como mínimo, la concurrencia de esos requisitos para que la solicitud de pérdida de investidura sea admitida.
En el caso sub examine, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto de 3 de abril de 2017, inadmitió la solicitud de pérdida de investidura presentada por la parte demandante en contra del Concejal Selmen David Arana Cano, por considerar que pese a que la acción cumple con los requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley 144, no existía, en ese momento, certeza en cuanto a la dirección donde se debía efectuar la notificación a la parte demandada, dado que en virtud del literal a) del artículo 23 de la Ley 136, el Concejo de Magangué no se encontraba en sesiones por ser un municipio de sexta categoría. El 3 de mayo de 2017, la parte demandante envió por correo electrónico la dirección de notificaciones y el correo electrónico del señor Selmen David Arana Cano. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia de 9 de mayo de 2017, admitió la solicitud de pérdida de investidura, dado que el demandante allegó a tiempo la información relacionada con la dirección para notificar al demandado. El 10 de mayo de 2017, el Secretario General del Tribunal Administrativo de Bolívar informó al Despacho del Magistrado Sustanciador que recibió una comunicación dirigida por la parte demandante, en la cual manifiesta no haber subsanado la solicitud de pérdida de investidura. El texto del informe es el siguiente:
“[…] 5. Como respuesta a la notificación del auto admisorio llega una comunicación a esta secretaría de parte del actor remitida desde el correo pabloroqui@yahoo.es (folio 61) en la cual manifiesta que él en ningún momento presentó escrito de subsanación y que por lo tanto se está en presencia de una falsificación […]”
El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 10 de mayo de 2017, dispuso continuar con el trámite del proceso, toda vez que: “[…] el auto admisorio de la demanda se encuentra notificado y se encuentran corriendo el término de traslado […]”. Contrario a lo afirmado por el recurrente, la Sala observa que la solicitud de pérdida de investidura fue admitida en cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley 144. Cabe precisar que esta norma no establece como requisito para presentar la solicitud, la dirección del concejal demandado, por lo tanto, el juez podía admitirla y continuar con el correspondiente trámite. En efecto, una vez el Magistrado Sustanciador tuvo conocimiento de que la parte demandante no había subsanado la demanda y al verificar que el auto admisorio ya se había notificado a la parte demandada, ordenó continuar con el trámite del proceso sin incurrir en irregularidades que hubieran vulnerado el derecho al debido proceso de las partes. En conclusión, en manera alguna se demostró una situación de fraude que pudiera afectar el proceso adelantado en primera instancia y mucho menos la sentencia impugnada, máxime si se tiene en cuenta que el demandado se notificó por conducta concluyente al contestar el correo electrónico enviado por el a quo y tuvo la oportunidad de defenderse en la contestación a la demanda o bien pudo, dentro de la oportunidad correspondiente, impugnar el auto admisorio de la solicitud en virtud del artículo 242 del C.P.A.C.A. cuando le fue notificado y no lo hizo. Por las razones anteriores, este cargo no prospera.
ii) Segundo cargo: La violación al debido proceso por no haberle notificado personalmente el auto admisorio de la solicitud de pérdida de investidura al concejal demandado
La parte demandada afirma que el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró el derecho al debido proceso, al notificarle el auto admisorio de la solicitud de pérdida de investidura por correo electrónico y no de manera personal como lo establece el artículo 8 de la Ley 144. El tenor del artículo 8 de la Ley 144 es el siguiente:
“[…] ARTÍCULO 8. Admitida la solicitud, en la misma providencia se ordenará la notificación personal al Congresista, con la cual se dará iniciación al proceso judicial respectivo.
También se notificará al agente del Ministerio Público a fin de que intervenga en el proceso. Las notificaciones se surtirán al día siguiente al de la expedición del auto que las decrete […]”. El auto admisorio de la demanda es una de las providencias más importantes en el proceso judicial, ya que por medio de este se da apertura al proceso. Al expedirse el auto admisorio, otro acto procesal de vital importancia es la notificación del mismo al demandado; dicha notificación tiene como finalidad enterar a la parte demandada que, contra él cursa un proceso, para que dentro del término de traslado conteste la demanda y así ejerza su derecho de defensa, principio fundamental del cualquier procedimiento. Es fundamental que la notificación que se efectúe del auto admisorio de la demanda se haga en legal forma, pues de lo contrario esto es causal de nulidad del proceso, de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 133 del C.G.P. Sin embargo, en virtud del numeral 4 del artículo 136 ibidem, esta nulidad es saneable cuando a pesar de existir ese vicio, el acto procesal cumplió con su finalidad y no se violó el derecho de defensa. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-661/14 sostuvo que la notificación del auto admisorio de la demanda al accionado puede realizarse por la forma que sea más expedita y eficaz, al punto que la comunicación personal no es una camisa de fuerza para el juez. Los efectos que pueda tener la notificación tiene como sanción la nulidad, la cual puede ser saneada. En el caso sub lite, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia de 9 de mayo de 2017, admitió la solicitud de pérdida de investidura presentada contra el Concejal Selmen David Arana Cano. Se observa en el expediente que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de su correo institucional sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co, notificó el auto admisorio de la solicitud de pérdida de investidura por correo electrónico, tanto a la parte demandante como a la demandada, el 9 de mayo de 2017. El 12 de mayo de 2017, la parte demandada, mediante apoderado, contestó la solicitud de pérdida de investidura. Si bien es cierto que, en el caso presente, el Tribunal Administrativo de Bolívar notificó por correo electrónico y no de manera personal el auto admisorio de la solicitud de pérdida de investidura, dicha situación quedó saneada en el sentido de que la notificación cumplió con su finalidad, esto es, enteró a la parte demandada de la existencia del proceso seguido en su contra y, dentro del término de traslado, el demandado contestó la solicitud ejerciendo su derecho de defensa. Las anteriores explicaciones llevan a concluir que el Tribunal Administrativo de Bolívar no vulneró el derecho al debido proceso del concejal demandado, dado que dentro de la oportunidad legal correspondiente se le dio traslado del auto admisorio y contestó la solicitud de pérdida de investidura. Por las razones expuestas, este cargo no prospera.
iii) Tercer cargo: La omisión consistente en no atender la solicitud de acumulación de procesos presentada por el demandado
El recurrente manifiesta que el a quo debía acumular el presente proceso al referenciado con número único de radicación 13001 23 33 000 2017 00471 00, en donde el demandado es el mismo que en el caso presente y se alega la misma causal de pérdida de investidura, por los mismos hechos. El artículo 14 de la Ley 144 dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 14. Cuando se formulen acusaciones por varios ciudadanos éstas se acumularán a la admitida primero, siempre que no se haya decretado la práctica de pruebas […]”. (Negrilla fuera de texto))
De lo anterior se deriva que la sola presentación de dos o más demandas en ejercicio del medio de control de pérdida de investidura sustentadas en hechos idénticos deben ser acumuladas y tramitadas conjuntamente, siempre y cuando no se haya proferido en ninguno de los procesos el auto de pruebas.
En este caso, el Magistrado Sustanciador del proceso de la referencia en primera instancia, mediante providencia de 18 de mayo de 2017, ordenó abrir el proceso de la referencia a pruebas. El concejal demandado solicitó la acumulación del presente proceso al número único de radicación 13 001 23 33 000 2017 00473 00 en la audiencia de pruebas y en la audiencia de alegatos de conclusión. Según informe de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar de 18 de mayo de 2017, en el despacho del Magistrado Arturo Matson Carballo cursa el proceso con número único de radicación 13 001 23 33 000 2017 00473 00, cuyo demandado es el Concejal Selmen Arana Cano, por la misma causal de inhabilidad que aquí se alega. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar, en la sentencia impugnada, advirtió que: “[…] sobre la solicitud de acumulación ya existe un pronunciamiento mediante proveído de 23 de mayo de 2017, dentro del proceso que le correspondió por reparto al despacho del Magistrado ARTURO MATSON CARBALLO, expediente de pérdida de investidura radicado 13 001 23 33 000 2017 00473 00, siendo demandante ANDRÉS CAMILO RODRÍGUEZ BUITRAGO en contra de SELMEN DAVID ARANA CANO. El mencionado auto no accedió a la acumulación de procesos, porque la pérdida de investidura radicado No. 13 001 23 33 000 2017 00277 00 que hoy nos ocupa, se decretó práctica de pruebas mediante auto de 18 de mayo de 2017, es decir, que no se daban los presupuestos que establece el artículo 14 de la Ley 144 de 1994, para que sea procedente la acumulación […]”. Si bien es cierto que en este proceso no se atendió la solicitud de acumulación de procesos, observa la Sala que al 18 de mayo de 2017, fecha en que el Despacho Sustanciador abrió el presente proceso a pruebas y también conoció, por parte de la Secretaría de esa corporación, de la existencia del otro proceso donde se estaba demandado al mismo concejal, por los mismos hechos y la misma causal que en el caso presente; también es cierto que según el sistema de procesos de la rama judicial, para esa fecha el proceso con número único de radicación 001 23 33 000 2017 00473 00 no se había siquiera admitido, razón por la que tampoco podía estudiarse la posible acumulación. Reitera la Sala que, en virtud del artículo 14 de la Ley 144, la solicitud de acumulación solo era procedente en la medida en que en ninguno de los procesos se hubiera proferido el correspondiente auto de pruebas y, como en este caso, se abrió el proceso a pruebas el 18 de mayo de 2017, ya era procedente atender a la acumulación, conforme de hizo en el proceso con número único de radicación 13 001 23 33 000 2017 00473 00, mediante providencia de 23 de mayo de 2017. Adicional a lo anterior, cabe precisar que el concejal demandado debió solicitar la acumulación del presente proceso antes de haberse abierto el proceso a pruebas y no en la audiencia de pruebas ni en los alegatos de conclusión. Por las razones anteriormente expuestas, este cargo no prospera.
Cuarto cargo: Análisis del caso concreto y de la causal de pérdida de investidura alegada
Para resolver el problema planteado, la Sala pone de presente que la pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio, lo cual implica que el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad, esto es, verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y la culpabilidad.
En ese sentido, la Sala analizará: i) la causal de inhabilidad alegada y los elementos constitutivos de la misma y, ii) el análisis de los elementos constitutivos de la misma en el caso concreto y de las pruebas allegadas al proceso.
2.4.1. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades
Se imputa al Concejal demandado la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 6º del artículo 48 de la Ley 617, por haber infringido el régimen de inhabilidades previsto en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617. El tenor de estas normas es el siguiente:
LEY 617 DE 2000
“[…] Articulo 40. De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: […]
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha. […]".
[…] Artículo 48. Pérdida de Investidura de Diputados, Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […]
6.- Por las demás causales expresamente previstas en la ley. […]”. Esta Sección, en varias oportunidades ha reiterado que la violación al régimen de inhabilidades si constituye causal de pérdida de investidura de los concejales, conforme los siguientes razonamientos:
“[…] 5.5.1.-Delimitado el problema jurídico que se impone resolver, la Sala encuentra que debe empezar por reiterar su posición jurisprudencial en cuanto a que la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades sí constituye causal de pérdida de investidura en tratándose de concejales y diputados. Para el efecto resulta pertinente traer a colación la sentencia de 4 de septiembre de 2014 proferida por esta Sección en el trámite de pérdida de investidura radicado con el número 2013-00249 en la cual se precisó:
“5.6.2.- Así, uno de los aspectos analizados en el aludido pronunciamiento judicial fue el relacionado con el hecho de que en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no se incluyó la violación al régimen de inhabilidades como causal de pérdida de la investidura. Una primera aproximación al tema llevaba a considerar que el legislador quiso proscribir esa circunstancia como evento constitutivo de pérdida de investidura tal y como lo sostiene la sentencia apelada. Sin embargo, esa tesis pareciera desconocer que la misma norma no excluye las demás causales de pérdida de investidura consagradas en otras disposiciones cuando en el numeral 6 señala que podrá perderse la investidura “por las demás causales expresamente previstas por la Ley”. 5.6.3.- Por consiguiente, es forzoso concluir que las causales de pérdida de investidura de diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales, no se limitan a las consagradas en los numerales 1 a 5 del referido artículo 48 de la Ley 617 de 2000, ya que deben tenerse en cuenta las demás establecidas en otras leyes.
En este sentido, el pronunciamiento de esta Corporación al que se está haciendo alusión expresó:
“No puede desconocerse que ésta es norma posterior y contiene una relación de los diversos eventos en que Diputados, Concejales Distritales y Municipales y miembros de las Juntas Administradoras Locales, perderán su investidura, entre los cuales, si bien se omitió la violación del régimen de inhabilidades no por ello puede concluirse que haya sido voluntad del legislador suprimir dicha causal en lo concerniente a los Concejales, que es la materia a la que se contrae el presente asunto, pues en el numeral 6, ibídem, quedó plasmada la posibilidad de que otras normas también pudieran consagrar causales de pérdida de investidura para esta categoría de servidores públicos, por lo que, frente a una situación como la aquí dilucidada, necesariamente hay que remitirse a la reglamentación contenida en la Ley 136 de 1994, que en lo referente a dichas causales, en el artículo 55, numeral 2, sí prevé como propiciatoria de la comentada consecuencia jurídica, la violación del régimen de inhabilidades, así como también consagra, con ese mismo efecto, en el numeral 1, dando alcance al artículo 291 de la Constitución, la aceptación o desempeño de cargo público, causal regulada de manera especial en este último estatuto al igual a como acontece con la prevista en el artículo 110, ibídem, relacionada con las contribuciones a los partidos, movimientos o candidatos por parte de quienes desempeñan funciones públicas.” 3”
5.5.2.- Como puede verse, el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 consagra la posibilidad de acudir a la integración normativa para efectos de establecer y determinar otras causales de pérdida de investidura de los concejales, diputados y miembros de juntas administradoras al señalar que además de las causales allí previstas en los numeral 1 a 5 podrán tenerse en cuenta las demás consagradas en otras leyes, posición que a su vez reitera lo dicho mediante sentencias de 24 de abril de 2003 4 y de 24 de agosto de 20065 en las que se sostuvo:
«De tal manera que no obstante que el artículo 48 de la Ley 617, en lo que toca con los Diputados no consagró expresamente como causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades, como la violación de dicho régimen sí constituye causal de pérdida de investidura para los Congresistas lo es también para aquéllos en la medida en que comparten dicho régimen, por la remisión que hace el artículo 299 constitucional.”. Lo anterior se sustenta en lo expresado en la sentencia S-140 a que se ha hecho referencia, en el sentido de que “Tal norma constitucional permitió que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 8 de agosto de 2000, expediente núm. S-140, con ponencia de la Consejera doctora María Elena Giraldo Gómez, sostuviera la tesis según la cual mientras el legislador no dictara un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades para los Diputados más riguroso, en comparación con el de los Congresistas debe acudirse al de éstos, por el reenvío que hace la Constitución al régimen de los Congresistas, en lo que corresponda.” La anotada posición jurisprudencial de la Sala fue reiterada en sentencia de la misma, de 15 de mayo de 2003, expediente núm.
8707, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, en la cual concluye que “Trasladadas las anteriores apreciaciones jurídicas (refiriéndose a las del fallo de 23 de abril de 2002 de Sala Plena atrás transcritas) al caso de los diputados a las asambleas departamentales, encuentra la Sala que no existe razón alguna para considerar que la violación al régimen de inhabilidades no constituya causal de Pérdida de la Investidura para estos servidores públicos.»
5.5.3.- Al amparo de los precedentes jurisprudenciales antes referidos, la Sala reitera su posición en lo relativo a la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades como causal de pérdida de investidura de los diputados, y en consecuencia pasará a resolver los demás alegatos expuestos en el recurso de apelación, para lo que será necesario detenerse a precisar la naturaleza de la pérdida de investidura y a partir de allí verificar si se configura la inhabilidad prevista en el artículo 33.4 de la Ley 617 de 2002 para que se predique la violación al régimen de inhabilidades […]” (Negrilla y subrayado fuera de texto)
Bajo el contexto fáctico y jurídico antes referido, procede la Sala a realizar el análisis de los elementos que configuran la causal endilgada a efectos de determinar si procede o no decretar la pérdida de la investidura del demandado. En ese orden, se encuentra que la causal se estructura siempre que se den los elementos o supuestos necesarios para ello, esto es:
(i) Que el candidato al Concejo Municipal tenga vínculo matrimonial o unión permanente o parentesco en los grados señalados en la ley,
(ii) Que dicho vínculo se tenga con quien haya sido representante legal,
(iii) Que la representación legal sea respecto de entidades que presten servicios de seguridad social en el régimen subsidiado y,
(iv) Que ese servicio se preste en el respectivo municipio.
(v) Que la representación legal de esas entidades se ejerza dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección. 2.4.2 Análisis de los elementos constitutivos de la causal de inhabilidad alegada y de las pruebas allegadas al proceso
i) La calidad de candidato del demandado al Concejo Municipal de Magangué y la existencia del parentesco en los grados señalados en la ley, hasta el segundo grado de consanguinidad, entre el señor Anuar David Arana Cano y Selmen David Arana Cano
La calidad de candidato al Concejo Municipal de Magangué – Bolívar- se encuentra acreditada mediante el Acta General de Escrutinio de las elecciones locales del 25 de octubre de 2016, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la cual consta que el señor Selmen David Arana Cano fue elegido como Concejal del Municipio de Magangué –Bolívar-, para el periodo constitucional 2016 – 2019
Lo anterior pone de manifiesto que el señor Selmen David Arana Cano fue candidato a Concejal del Municipio de Magangué –Bolívar- para las elecciones que se llevaron a cabo el 25 de octubre de 2015, para el periodo constitucional 2016-2019. El actor allegó copia del registro civil de nacimiento de los señores Selmen David Arana Cano y Anuar David Arana Cano, en los que consta que son hijos de Anuar Arana Gechen y Yadira Zoraida Cano Badran, supuesto fáctico que no ha sido controvertido por las partes durante el proceso y, por lo tanto, demuestra el vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad que existe entre los señores Selmen David Arana Cano y Anuar David Arana Cano.
ii) Que dicho vínculo se tenga con quien haya sido representante legal
Demostrada la calidad de candidato a Concejal del demandado y el vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad existente entre los señores Selmen David Arana Cano y Anuar David Arana Cano, corresponde establecer si el hermano del concejal demandado se desempeñó como representante legal.
En el caso sub lite, está probado en el expediente, mediante certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Magangué expedido el 28 de marzo de 2017, que el señor Anuar David Arana Cano fue designado por la Asamblea General de Accionistas como Representante Legal de Prosalud IPS SAS, según Acta 01 del 04 de junio de 2014, inscrita el 11 de junio del mismo año.
iii) Que la representación legal sea respecto de entidades que presten servicios de seguridad social en el régimen subsidiado
Demostrada la calidad de representante legal de Prosalud IPS SAS del señor Anuar David Arana Cano y el vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad existente con el concejal demandado, corresponde establecer dicha entidad presta servicios de seguridad social en el régimen subsidiado. Para resolver, la Sala considera necesario acudir a lo previsto en la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993 y, de esa manera, establecer cuáles son las entidades que, conforme a la ley, prestan servicios de seguridad social en salud en el régimen subsidiado. El sistema general de seguridad social integral fue creado por la Ley 100 con el objeto de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro. La Ley 100 plantea un sistema general de seguridad social en salud con dos regímenes paralelos: i) el contributivo, para los ciudadanos con capacidad de pago, y ii) el subsidiado, para las personas que no tienen capacidad de pago, incluyendo su núcleo familiar. El sistema general de seguridad social integral está integrado por los organismos de administración y financiación, entre otros:
“[…] ARTICULO. 155.-Integrantes del sistema general de seguridad social en salud. El sistema general de seguridad social en salud está integrado por:
[…]
2. Los organismos de administración y financiación:
a) Las entidades promotoras de salud; 3. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, mixtas o privadas […]”. (negrilla fuera de texto)
Dentro de las características del sistema de seguridad social en salud, entre otras, se encuentran las siguientes:
“[…] ARTICULO. 156-Características básicas del sistema general de seguridad social en salud. El sistema general de seguridad social en salud tendrá las siguientes características:
e) Las entidades promotoras de salud tendrán a cargo la afiliación de los usuarios y la administración de la prestación de los servicios de las instituciones prestadoras. Ellas están en la obligación de suministrar, dentro de los límites establecidos en el numeral 5º del artículo 180, a cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el subsidio correspondiente, el plan obligatorio de salud, en los términos que reglamente el gobierno;
f) Por cada persona afiliada y beneficiaria, la entidad promotora de salud recibirá una unidad de pago por capitación, UPC, que será establecida periódicamente por el consejo nacional de seguridad social en salud;
i) Las instituciones prestadoras de salud son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las entidades promotoras de salud o fuera de ellas.
El Estado podrá establecer mecanismos para el fomento de estas organizaciones y abrir líneas de crédito para la organización de grupos de práctica profesional y para las instituciones prestadoras de servicios de tipo comunitario y solidario;
j) Con el objeto de asegurar el ingreso de toda la población al sistema en condiciones equitativas, existirá un régimen subsidiado para los más pobres y vulnerables que se financiará con aportes fiscales de la Nación, de los departamentos, los distritos y los municipios, el fondo de solidaridad y garantía y recursos de los afiliados en la medida de su capacidad;
k) Las entidades promotoras de salud podrán prestar servicios directos a sus afiliados por medio de sus propias instituciones prestadoras de salud, o contratar con instituciones prestadoras y profesionales independientes o con grupos de práctica profesional, debidamente constituidos; […]
o) Las entidades territoriales celebrarán convenios con las entidades promotoras de salud para la administración de la prestación de los servicios de salud propios del régimen subsidiado de que trata la presente ley. Se financiarán con cargo a los recursos destinados al sector salud en cada entidad territorial, bien se trate de recursos cedidos, participaciones o propios, o de los recursos previstos para el fondo de solidaridad y garantía. Corresponde a los particulares aportar en proporción a su capacidad socioeconómica en los términos y bajo las condiciones previstas en la presente ley, y
p) La Nación y las entidades territoriales, a través de las instituciones hospitalarias públicas o privadas en todos los niveles de atención que tengan contrato de prestación de servicios con él para este efecto, garantizarán el acceso al servicio que ellas prestan a quienes no estén amparados por el sistema general de seguridad social en salud, hasta cuando éste logre la cobertura universal. […]”. Conforme lo anterior, las empresas promotoras de salud tendrán a cargo la afiliación de los usuarios y la administración de la prestación de los servicios de las instituciones prestadoras y están en la obligación de suministrar, dentro de los límites establecidos en el numeral 5º del artículo 180, a cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el subsidio correspondiente, el plan obligatorio de salud. Las Empresas promotoras de Salud son definidas de manera expresa en el artículo 177 en los siguientes términos:
“[…] Las entidades promotoras de salud son las entidades responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del fondo de solidaridad y garantía. Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes unidades de pago por capitación al fondo de solidaridad y garantía, de que trata el título III de la presente ley […]”. Asimismo, el artículo 180 establece los requisitos de las entidades promotoras de salud, de manera que la Superintendencia Nacional de Salud pueda autorizar como entidades promotoras de salud a entidades de naturaleza pública, privada o mixta. Para garantizar el plan de salud obligatorio a sus afiliados, las entidades promotoras de salud prestan directamente o contratan los servicios de salud con las instituciones prestadoras y con profesionales, para ello las EPS podrán adoptar modalidades de contratación y pago como capitación. (Art. 179 idem)
Las instituciones prestadoras de salud son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las entidades promotoras de salud o fuera de ellas.
El Estado podrá establecer mecanismos para el fomento de estas organizaciones y abrir líneas de crédito para la organización de grupos de práctica profesional y para las instituciones prestadoras de servicios de tipo comunitario y solidario (literal i) del artículo 156. El artículo 185 establece que son funciones de las instituciones prestadoras de servicios de salud prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la presente ley. Las instituciones prestadoras de servicios deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia, y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. Para que una entidad pueda constituirse como institución prestadora de servicios de salud deberá cumplir con los requisitos contemplados en las normas expedidas por el Ministerio de Salud. Ahora bien, el artículo 211 de la Ley 100 define el régimen subsidiado de la siguiente manera:
“[...] CAPÍTULO II. DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
ARTÍCULO 211. DEFINICIÓN. El régimen subsidiado es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la presente Ley […]”. El propósito del régimen subsidiado es financiar la atención en salud a las personas pobres y vulnerables y sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar. Los beneficiarios del régimen subsidiado son las personas inscritas y calificadas como tales por la respectiva Dirección de Salud (art. 212 y 213 idem). La administración del régimen subsidiado se realiza a través de contratos celebrados por las entidades territoriales con las entidades promotoras de salud que afilien a los beneficiarios. En ese sentido, el artículo 215 de la Ley 100 dispone lo siguiente:
“[...] ARTÍCULO 215. ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Las direcciones locales, Distritales o Departamentales de salud suscribirán contratos de administración del subsidio con las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del subsidio. Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que se destinen para el efecto.
Las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del régimen subsidiado prestarán, directa o indirectamente, los servicios contenidos en el Plan de Salud Obligatorio.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos que deberán cumplir las Entidades Promotoras de Salud para administrar los subsidios […]”. (negrilla fuera de texto)
Las empresas promotoras de salud son las encargadas de afiliar a los beneficiarios del régimen subsidiado y deben prestar los servicios de salud contenidos en el plan de salud obligatorio, bien sea de manera directa o indirecta. Ahora bien, el parágrafo 2º del artículo 193 de la Ley 100 dispone: “[…] Las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud podrán establecer modalidades de contratación por capitación con grupos de práctica profesional o con profesionales individuales con el fin de incentivar la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios de salud […]”. Teniendo en cuenta lo anterior, el literal a) del artículo 4 del Decreto 4747 de 7 de diciembre de 2007 establece como uno de los principales mecanismos de pago aplicables a la compra de servicios de salud, el pago por capitación el cual se define así:
“[…] ARTÍCULO 4°. MECANISMOS DE PAGO APLICABLES A LA COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD. Los principales mecanismos de pago aplicables a la compra de servicios de salud son:
a). Pago por capitación. Pago anticipado de una suma fija que se hace por persona que tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un grupo de servicios preestablecido. La unidad de pago está constituida por una tarifa pactada previamente, en función del número de personas que tendrían derecho a ser atendidas […]”. En conclusión, las empresas promotoras de salud son las encargadas de afiliar a los beneficiarios del régimen subsidiado y deben prestar los servicios de salud contenidos en el plan de salud obligatorio, bien sea de manera directa o indirecta a través de las instituciones prestadoras de salud, entre otras. Para ello, las empresas promotoras de salud podrán contratar la prestación de los servicios de salud, bajo la modalidad de capitación, con las instituciones prestadoras de salud. Esta Corporación, mediante sentencia de 23 de marzo de 2017, precisó que esta inhabilidad se configura cuando el pariente del concejal demandado se desempeña como representante legal de una institución prestadora de salud, la cual presta los servicios de salud del régimen subsidiado, a través de la ejecución de un contrato celebrado con una empresa promotora de salud que beneficiaba a la población de dicho régimen. La Corporación sostuvo lo siguiente:
“[…] Acreditados los supuestos fácticos que estructuran la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, encuentra la Sala que el señor Geovanny Heberto Vergara Márquez estaba incurso en esta inhabilidad, pues su cónyuge dentro de los 12 meses anteriores a la elección de concejal -26 de octubre de 2003- era la representante legal de la IPS Unidad Médica Ética E.U., empresa que prestaba servicios de salud del régimen subsidiado a través de la ejecución del contrato celebrado con Humana Vivir S.A. E.P.S, del 1 de abril de 2003, que beneficiaba a la población de dicho régimen en el Municipio de Puerto Colombia, a partir de esa fecha. Por esta razón, las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos por los cuales fue investigado el actor se enmarcan en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y no en la prohibición regulada en el artículo 1 de la Ley 821 de 2003, ya que la cónyuge del actor, señora Elena del Socorro Meléndez Polo, después de la elección de aquél como concejal (26 de octubre de 2003), tal y como se encuentra probado, no fue designada como representante legal de una entidad pública prestadora de servicios de seguridad social en el respectivo municipio, por ende era ajena a esa prohibición. […]”.
En el caso sub lite, está probado en el expediente, mediante certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Magangué expedido el 28 de marzo de 2017, que la actividad principal de Prosalud IPS SAS es la siguiente: “[…] 8699 OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA […]” y el objeto social es: “[...] la prestación de los servicios médico quirúrgicos, servicios de hospitalización, cirugía general y especializada, servicio de medicina interna, siquiatría, psicología, ginecología y obstetricia, pediatría, otorrinolaringología, servicios de imagenología, fisioterapia, odontología, enfermería, laboratorio clínico, patología, consulta externa general y especializada, servicio de droguería, ambulancia, promoción de la salud y prevención de la enfermedad y cualquier otro servicio derivado de los mencionados específicamente [...]”. Sin embargo, obran copias de los siguientes contratos:
• Contrato Nro. SBO2014R1A515 de 2014 de recuperación de la salud, mediante la modalidad de capitación, suscrito por el Representante Legal de la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS, entidad promotora de salud del régimen subsidiado –EPS S- y el Representante Legal de Prosalud IPS, señor Anuar Arana Cano, con fecha de inicio de 1º de abril de 2014 y fecha de finalización de 31 de marzo de 2015, cuyo objeto es la prestación de los siguientes servicios: “[…] medicina general, odontología general, laboratorio clínico y servicio farmacéutico […]” y la población a atender es la del Municipio de Magangué.
• Contrato Nro. SBO2015R1A034 de 2015 de recuperación de la salud, mediante la modalidad de capitación, suscrito por el Representante Legal de la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS, entidad promotora de salud del régimen subsidiado –EPS S- y el Representante Legal de Prosalud IPS, señor Anuar Arana Cano, con fecha de inicio de 1º de abril de 2015 y fecha de finalización de 30 de marzo de 2016, cuyo objeto es la prestación de los siguientes servicios: “[…] medicina general, odontología general, laboratorio clínico y servicio farmacéutico […]” y, en términos generales, se estableció que la población a atender es la del Municipio de Magangué. Está probado entonces, que el Representante Legal de Prosalud IPS, señor Anuar Arana Cano, suscribió dos contratos en la modalidad de capitación con el Representante Legal de la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS, entidad promotora de salud del régimen subsidiado –EPS S-, en el Municipio de Magangué –Bolívar-, con el fin de prestar algunos servicios de salud a la población de ese municipio. Lo anterior fue corroborado por la Gerente de la Sucursal Bolívar de la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS, entidad promotora de salud del régimen subsidiado –EPS S-, mediante certificaciones expedidas el 23 de mayo de 2017, que a la letra dicen lo siguiente:
“[…] Que la INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS SALUD DENOMINADA PROSALUD IPS LTDA […] siendo el Representante Legal ANUAR ARANA CANO, tuvo relación contractual con COOSALUD EPS-S mediante contrato número SBO2015R1A034 por la modalidad de capitación desde el 1º de abril de 2015 hasta el 30 de marzo de 2016 […] SBO2015R1A034 por la modalidad de capitación desde el 1º de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017 […], prestado servicios de medicina general, odontología general, laboratorio clínico y servicio farmacéutico […]”
En el caso sub lite, se encuentra probado que, en efecto, el Representante Legal de Prosalud IPS, señor Anuar Arana Cano, celebró dos contratos con la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS-, entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS-S bajo la modalidad de capitación.
En los términos de la Ley 100, cabe advertir que como la entidad habilitada para la prestación de los servicios de salud en el régimen subsidiado, en el caso presente, es la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS-, resulta lógico afirmar que al celebrar esta los contratos aludidos con la IPS Prosalud, entidad de carácter privado, se trate de prestar servicios de salud dentro de ese régimen subsidiario. Para la Sala, el hecho de que Prosalud IPS hubiera sido contratista de una EPS del régimen subsidiado, significa que la EPS prestó los servicios de seguridad social a los beneficiaros del régimen subsidiado, a través de la IPS, supuesto normativo que se requiere para que se configure la inhabilidad alegada. Para que se configure la inhabilidad alegada debe demostrarse que, en efecto, el pariente del concejal demandado es representante legal de una entidad que preste servicios de seguridad social en el régimen subsidiado, situación que se encuentra demostrada en el presente proceso. Así las cosas, es evidente que la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral –Coosalud ESS- prestó de manera indirecta el servicio de salud en el régimen subsidiado, a través de Prosalud IPS. Por lo anterior, resulta probado el tercer elemento de la causal de inhabilidad alegada como demandada.
iv) Que ese servicio se preste en el respectivo municipio
Frente a la acreditación de que la prestación del servicio de seguridad social en el régimen subsidiado se realice en el municipio en el que el demandado ostenta la condición de concejal, obran en el plenario los contratos Nros. SBO2014R1A515 de 2014 y SBO2015R1A034 de 2015, en los que consta que el objeto de los mismos consiste en prestar los servicios de salud en el Municipio de Magangué –Bolívar-. Visto lo anterior, para la Sala es claro que, en el caso sub examine, se encuentra probado el tercer elemento de la causal de inhabilidad alegada en la demanda.
v) Que la representación legal de esas entidades se ejerza dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección
También es necesario, para que se configure la inhabilidad alegada, que la representación legal de la entidad prestadora de servicios de seguridad social en salud en el régimen subsidiado sea ejercida por el pariente en el lugar donde se lleva a cabo la elección del concejal, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección. Está probado que el Anuar David Arana Cano fue designado por la Asamblea General de Accionistas como Representante Legal de Prosalud IPS desde el 4 de junio de 2014 hasta el 28 de marzo de 2017, conforme consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Magangué –Bolívar-, es decir, dentro del término inhabilitante que va del 25 de octubre de 2014 al 25 de octubre de 2015. Visto lo anterior, para la Sala es claro que, en el caso sub examine, se cumplieron los elementos para que la causal de inhabilidad alegada se configurara, esto es, que el Concejal Selmen David Arana Cano tenga vinculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad, con Anuar David Arana Cano, Representante Legal de Prosalud IPS, entidad que prestó servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el Municipio de Magangué –Bolívar-, conducta violatoria del numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617. Verificada la configuración de la causal de pérdida de investidura, conforme lo ha indicado la Corte Constitucional, esta Sala debe examinar si en el caso sub examine se configura el elemento de culpabilidad del Concejal demandado.
La Corte Constitucional dispuso lo siguiente:
“[…] si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”
Lo anterior por cuanto el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este proceso de carácter sancionatorio es de carácter subjetivo, pues:
“[…] En un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable […]”. Para el análisis propuesto no puede perderse de vista que el artículo 28 de la Ley 1475 de 14 de julio 2011, regula lo atinente a las campañas electorales y, en particular, la inscripción de candidatos. El tenor del artículo 28 es el siguiente:
“[…] Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad […]”. (Negrilla y subrayado fuera de texto)
Para la Sala no cabe duda que el demandado, al momento de inscribirse como candidato al Concejo de Magangué –Bolívar-, debía conocer que la conducta o el supuesto de hecho era constitutivo de la causal de inhabilidad para ocupar el cargo de Concejal, pues el análisis de las inhabilidades e incompatibilidades que concurran en los futuros candidatos es, siguiendo la disposición legal estatutaria, uno de los aspectos que debe ser objeto de revisión por parte de los partidos políticos y, por ello, debió ser obligatoria evaluación por parte del ciudadano Selmen David Arana Cano, pudiéndose colegir que el demandado decidió voluntariamente, presentarse a la contienda electoral, a sabiendas de estar incurso en la inhabilidad que ahora se le atribuye. Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad. Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico. En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido. Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la conducta debe dirigirse a establecer si el señor Selmen David Arana Cano conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma. Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester desplegar. Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:
“[…] ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro […]”. En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar. Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser elegido concejal municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época. A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo municipio al cual aspira a ser concejal. Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser elegido concejal municipal.
Esa, es una diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de cabildante. Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados […]
Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico”. […]
Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible a cargo del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia. No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del derecho y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante en la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades para conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser relevados de cumplirlos […]” (Negrillas fuera de texto). Está claramente establecido en este proceso que no obstante su deber de conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la correspondiente responsabilidad, el señor Selmen Davis Arana Cano procedió a inscribirse para tales comicios a sabiendas de que su hermano era representante legal de una entidad que presta servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el Municipio de Magangué –Bolívar- , dentro del año anterior a las elecciones para el período constitucional 2016-2019. Es decir, a pesar de que la norma inhabilitante, que el demandado tenía el deber de conocer con anterioridad, le impedía inscribirse y ser elegido concejal de su municipio debido a que su hermano era representante legal de una entidad prestadora de servicios de seguridad social en el régimen subsidiado, aquel optó por obviar dicha particularidad y continuar con su aspiración. De haber obrado con la diligencia debida, el señor Selmen Davis Arana Cano, luego de revisar los condicionamientos legales bajo los cuales tenía que competir con los demás ciudadanos por la mencionada curul, hubiese advertido la existencia de una situación potencialmente capaz de inhabilitar su inscripción y elección como Concejal Municipal de Magangué –Bolívar-, lo que evidentemente no ocurrió así.
Revisado el acervo probatorio, la Sala no halló documento alguno que permita inferir interés en averiguar, de forma diligente, la situación jurídica en la que se encontraba de cara a los requisitos exigidos para ser concejal, tales como solicitudes de conceptos jurídicos que avalaran la viabilidad de su candidatura o el análisis del estado de la jurisprudencia para la época de los hechos y la consecuente invocación a su favor. Por lo tanto, si bien la Sala no cuenta con elementos probatorios que le permitan inferir que el señor Selmen Davis Arana Cano sabía de la existencia de una inhabilidad que le impedía inscribirse y ser elegido Concejal Municipal de Magangué para el período constitucional 2016-2019 y que, aun así, de forma dolosa, optó por participar de dichos comicios, lo cierto es que sí quedó demostrado que, teniendo un deber de diligencia ordinaria que atender en el marco de su inscripción y de sus requisitos positivos y negativos los que debía saber-, evidentemente no los satisfizo con el cuidado mediano que las personas emplean normalmente en sus negocios propios, incurriendo en un descuido que tornó en negligente su conducta, es decir, que lo hizo actuar con la culpa objeto de verificación en el análisis subjetivo de esta causal de pérdida de investidura. Así las cosas, al quedar configurados los elementos objetivo y subjetivo en el estudio de la causal de inhabilidad ordenada en el artículo 43 de la Ley 136, modificado por el numeral 4º del artículo 40 de la Ley 617, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
CONFÍRMASE la sentencia apelada de 22 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de abril de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
LEY 617 DE 2000
“[…] ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: […]
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha […]".
ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
(…)
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas.
Auto de enero 25 de 1.995, Expediente AC-2220, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.
Folios 35-40, cuaderno principal.
Expediente: 76001233100020090076401, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
Expediente: 08001-23-33-006-2016-00234-01, M.P. Hernando Sánchez Sánchez
Folio 43, cuaderno principal
Folio 45-47, cuaderno principal
Folio 57-59, cuaderno principal
Folio 63, cuaderno principal
Folio 64, cuaderno principal
M.P. (E) Martha Victoria Sáchica Méndez
Folio 57-59, cuaderno principal
Folio 65-78, cuaderno principal.
Folios 84-85, cuaderno principal
Folio 82, cuaderno principal
La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-424 de 2016, precisó que el juez de este proceso sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA. Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 23001-23-33-004-2015-00489-01(PI). Actor: FRANCISCA LÓPEZ DIZ. Demandado: JUAN CAMILO CORRALES SALEME. Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA – JUICIO DE CARÁCTER SANCIONATORIO - NO SE CONFIGURA LA INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN CUANDO EXISTE DUDA SOBRE LA NATURALEZA CONTRACTUAL DEL ACTO JURÍDICO.
3 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sentencia de 23 de julio de 2002, expediente No. IJ 024 C.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
4 Expediente: 2002-1067. M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo.
5 Expediente: 2005-1477. M.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
Folios 35-40, cuaderno principal.
Folio 11, cuaderno principal
Folio 14, cuaderno principal
Folio 29. Copia Archivo.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones
Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00113-00(0388-11), Actor: Geovanny Heberto Vergara Márquez, Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, M.P. CÉSAR PALOMINO CORTÉS.
Folio 29. Copia Archivo.
Folio 15-18. Objeto: «Recuperación de la salud, mediante la modalidad de capitación, entre la cooperativa empresa solidaria de salud y desarrollo integral Coosalud Ess»
Folio 19 a 22. «Recuperación de la salud, mediante la modalidad de capitación, entre la cooperativa empresa solidaria de salud y desarrollo integral Coosalud Ess»
Folios 95-96, cuaderno principal
Folio 15-18. Objeto: «Recuperación de la salud, mediante la modalidad de capitación, entre la cooperativa empresa solidaria de salud y desarrollo integral Coosalud Ess»
Folio 19 a 22. «Recuperación de la salud, mediante la modalidad de capitación, entre la cooperativa empresa solidaria de salud y desarrollo integral Coosalud Ess»
Folio 29, cuaderno principal
Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016
Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016
Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.