Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2024-00019-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 05001-23-33-000-2024-00019-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2024-00019-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2024-00019-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 050012333000 202400019 01 y 050012333000
202400038 01 (Acumulado)
Solicitante: Luis Humberto Guidales García1 y Santiago Guerra Londoño2
Concejal: Diego Armando Congote Lopera
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Diego
Armando Congote Lopera –en adelante el Concejal–, contra la sentencia de 8 de
marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera
instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Luis Humberto Guidales y Santiago Guerra Londoño -en adelante los
Solicitantes-, en ejercicio del medio de control de pérdida de la investidura y por
separado, pidieron que se decrete la pérdida de investidura del señor Armando
1
En el proceso identificado con número único de radicación PI 050012333000202400019-01. Índice 0003.
2
En el proceso identificado con número único de radicación 050012333000 202400038-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Congote Lopera, Concejal del Municipio de Girardota – Antioquia, para el período
2024 – 20273.
2. A juicio de los Solicitantes el Concejal incurrió en la causal prevista en el
numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19944, en concordancia
con el numeral 3.° del artículo 43 5 ibidem, por violación del régimen de
inhabilidades.
3. El Despacho Sustanciador de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante auto de 22 de enero de 20246, decretó la
acumulación de los procesos de pérdida de investidura con números únicos de
radicación “[…] 050012333000-2024-00019-00, promovido por el señor Luis
Humberto Guidales García […]” y “[…] 050012333000-2024-00038-00, promovido
por el señor Santiago Guerra Londoño […]”.
Pretensiones
4. Las pretensiones que fundamentan las solicitudes de pérdida de investidura son
las siguientes:
Proceso identificado con el numero único de radicación 050012333000202400019
017:
“[…] Que se decrete la PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA ostentada por el Concejal
DIEGO ARMANDO CONGOTE LOPERA […], electo y posesionado como Concejal
del MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA para el período 2024 – 2027 por
estar incurso en causal de inhabilidad específicamente la consagrada en el numeral
3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000. […].”.
3
Cfr. Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 008ProcesoAcumulado000-2024-00038.
003DemandayAnexos.
4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
5
Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136
de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993,
se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
6
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 009AutoDecretaAcumulaciónAdmiteDda.
7
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 002Demanda
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Proceso identificado con el numero único de radicación 050012333000202400038
018 acumulado9:
“[…] PRIMERO. DECLARAR que el ciudadano DIEGO ARMANDO CONGOTE
LOPERA […], concejal del municipio de Girardota, incurrió en la causal de
inhabilidad contenida en el artículo 43 de la ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la ley 617 de 2000, en su numeral tercero […].
SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, DECRETAR la nulidad
absoluta de la inscripción como candidato y, por consiguiente, perdida de
investidura, del señor DIEGO ARMANDO CONGOTE LOPERA identificado con
cédula de ciudadanía […] como Concejal de Girardota […].”.
Presupuestos fácticos
5. Los hechos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son
comunes en los dos escritos, y, en síntesis, son los siguientes10:
5.1. El Concejal celebró el contrato de prestación de servicios PS671- 2022 con
la Alcaldía del Municipio de Girardota.
5.2. El Contrato PS671-2022 se firmó electrónicamente en el SECOP II; el 30
de octubre de 2022 lo hizo el señor Congote Lopera, y el 31 de octubre de 2022
lo hizo la Alcaldía de Girardota.
5.3. El Acta de Inicio del contrato se suscribió el 9 de noviembre de 2022, finalizó
el 20 de diciembre de 2022 y el Acta de Liquidación bilateral se firmó el 30 de
diciembre de 2022.
5.4. El objeto del Contrato PS671-2022 señala “[…] PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LAS
JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, DESPARACITACIÓN DE CANINOS Y
FELINOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA.
UTILIZANDO COMO ESTRATEGIA, EL CONTROL DEL VIRUS DE LA RABIA, TANTO
8
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 002Demanda.
9
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 008ProcesoAcumulado000-2024-00038. 003DemandayAnexos.
10
Los supuestos fácticos planteados están contenidos en los escritos de solicitud de pérdida de investidura.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
EN ZONA URBANA COMO RURAL DEL MUNICIPIO Y ASÍ DISMINUIR LOS
FACTORES DE RIESGO A NIVEL ZOONÓTICO EN LA POBLACIÓN GIRARDOTANA Y
REALIZAR OBSERVACIÓN MEDICO VETERINARIA A LAS EXPOSICIONES RÁBICAS
QUE LO AMERITEN SEGÚN PROTOCOLO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD,
DURANTE LA VIGENCIA 2022 […]”11.
5.5. La cláusula décimo cuarta del Contrato PS671-2022 estableció, “[…]
DOMICILIO. Las partes convienen en señalar como domicilio para todos los fines legales
que se deriven en este contrato, el Municipio de Girardota […]”12.
5.6. Diego Armando Congote Lopera fue elegido Concejal del Municipio de
Girardota el 29 de octubre de 2023, y tomó posesión del cargo de concejal el 2 de
enero de 2024, según el Acta 0001 de esa misma fecha.
Causal de pérdida de investidura alegada
6. Los Solicitantes citaron la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, según la cual: “[…] Los concejales perderán
su investidura: “[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses […]”; en ese sentido, manifestaron que el señor Congote
Lopera violó el régimen de inhabilidades previsto en el numeral 3.° del artículo 43 de
la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 200013,
en el que se prevé lo siguiente:
“[…] 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones,
o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social
en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito […]”.
11
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 002Demanda y 008ProcesoAcumulado000-2024-00038.
003DemandayAnexos.
12
Ibidem.
13
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y
se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Argumentos que fundamentan las solicitudes de pérdida de investidura
7. El señor Congote Lopera estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido
Concejal del Municipio de Girardota, Antioquia; la inhabilidad se generó de manera
inmediata por el hecho de haber suscrito con la Alcaldía de ese municipio el
contrato PS671 de 31 de octubre de 2022, siendo Girardota el lugar donde se
celebró y ejecutó el contrato, y donde fue elegido Concejal en los comicios
realizados el 29 de octubre de 2023.
8. Los elementos de la inhabilidad alegada se configuran, toda vez que: i) el
Concejal intervino en la celebración del contrato con el Municipio de Girardota; ii)
el contrato se suscribió el 31 de octubre de 2022 en el Municipio de Girardota, y
en ese mismo lugar se ejecutó; iii) la elección del Concejal Congote Lopera fue el
29 de octubre de 2023; iii) el periodo inhabilitante es de un año anterior a la
elección; iv) existió un interés pecuniario del Concejal en la celebración y ejecución
del contrato.
9. El Concejal fue contratista del Municipio de Girardota del 9 de noviembre al
30 de diciembre de 2022.
10. En relación con el elemento subjetivo de la causal, sostuvieron que el Concejal
actuó con dolo o culpa grave, por las siguientes razones:
10.1. La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige el
cargo al cual aspira es una obligación general para quien pretende ejercer la
función pública, y, por ende, el desconocimiento de los requisitos o inhabilidades
no lo exime de responsabilidad.
10.2. Es médico veterinario, especialista en medicina de felinos domésticos, de
manera que, dada su formación profesional, tenía las condiciones para
comprender las calidades requeridas, las inhabilidades e incompatibilidades
contempladas en el ordenamiento jurídico para quienes pretenden ser elegidos al
cargo de concejal, así como las circunstancias que configuran la causal de pérdida
de la investidura.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
11. Según los desarrollos doctrinarios sobre la culpabilidad en el ámbito del
derecho sancionatorio, en criterio de los Solicitantes, el juicio de culpabilidad en
la pérdida de la investidura debe realizarse en aplicación de la tesis normativa;
sobre este último señaló lo siguiente:
“[…] [e]l análisis del dolo o la culpa grave tendiente a establecer la responsabilidad
plena es preciso efectuarlo sobre la base de: i) si el concejal estaba en condiciones
de comprender el hecho o la circunstancia configurativa de la causal de pérdida de
investidura, es decir, si sabía (dolo) o debía saber (culpa) de la antijuridicidad de su
conducta ii) si le era exigible otra conducta o comportamiento, iii) si la sanción de
pérdida de investidura, en el caso concreto, es necesaria para garantizar los fines
fijados en la Constitución y en la ley […]”.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
12. El Concejal14, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se refirió a las
solicitudes de pérdida de investidura15 en el sentido de pedir que se nieguen las
pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:
Inexistencia de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo
40 de la Ley 617 de 2000
13. Señaló que el Concejal no incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3.°
del artículo 43 de la Ley 136, debido a que la fecha de celebración del contrato
PS671 fue el 26 de octubre de 2022 y no el 31 de octubre como lo señalan los
Solicitantes, y el señor Congote Lopera resultó electo el 29 de octubre de 2023.
14. Adujo, “[…] lo anterior se evidencia en el cronograma de ejecución cargado
por la entidad estatal en aplicativo SECOP II del contrato 671 de 2022, en donde
se señaló como fecha de suscripción, el 26 de octubre de 2022 […]”, sin que pueda
haber duda sobre ello de acuerdo a lo indicado en otras secciones del SECOP II.
14
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documentos 011 y 012 ContestacionDemandaDdo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
15. Al respecto, explicó que en dicho aplicativo se señaló que la duración del
contrato era de 55 días calendario, término que contabilizado desde el 26 de
octubre finaliza el 20 de diciembre de 2022; siendo esta última fecha la misma que
fue indicada por la entidad estatal para la finalización del contrato.
16. Señaló que, “[…] Otro indicio que determina la certeza de la fecha de firma del
contrato del 26 de octubre de 2022 es que la minuta fue creada por la entidad
estatal el 26 de octubre de 2022 cumpliéndose así los requisitos del artículo 41 de
la ley 80 de 1993 para el perfeccionamiento del contrato, esto es, existiendo
acuerdo entre las partes en relación al objeto, contraprestación y se eleve a escrito
[…]”.
17. Concluyó que, “[…] Lo anterior evidencia que la entidad estatal se demoró en
la publicación a tiempo del contrato 671 de 2022 en virtud del principio de
publicidad, teniendo que asumir el Sr. DIEGO una carga desproporcionada que
afectaría sus derechos políticos […]”.
Inexistencia de la culpabilidad como requisito de la pérdida de investidura
18. Señaló, en primer lugar, que la prosperidad de la pretensión de pérdida de la
investidura exige la constatación de la responsabilidad plena, como se deriva de
los artículos 29 de los Constitución y 1.° de la Ley 1881 de 15 de enero de 201816,
modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201917, y se
sigue de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; particularmente se refirió a
la sentencia C-424 de 11 de agosto de 201618 con la siguiente transcripción:
“[…] Entonces, dentro de los elementos que se deben valorar en los procesos de
pérdida de investidura se destaca la culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la
dignidad, esto es, si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que
desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión, aspecto que implica
verificar si se está́ ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa […].”
16
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
17
“[…] por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-424 de 11.08.2016; MP. Gloria Stella Ortiz Delgado; expedientes T-
3.331.156 y T-4.524.335
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
19. Indicó, en segundo lugar, que el Consejo de Estado ha consolidado la
definición y contenido de los criterios para estudiar la culpabilidad, al señalar “[…]
Enseguida la Sala estudiará si el convocado (1) estaba en condiciones de
comprender que las circunstancias configuraban el verbo rector de la causal, (2)
si le era exigible otro comportamiento, (3) si atendió las normas jurídicas, y (4) si
en el caso concreto la sanción es necesaria para cumplir sus finalidades
constitucionales […]”.
20. Aludió, en tercer orden, a la inexistencia de culpabilidad como requisito de la
pérdida de investidura en este caso concreto; señaló que el Concejal actuó de
buena fe exenta de culpa, por las siguientes razones:
20.1. La formación académica que tiene de médico veterinario no le permite
conocer, ni está obligado a comprender, las calidades requeridas, las
inhabilidades y las incompatibilidades para ser elegido Concejal; en este sentido,
no se le puede hacer al señor Congote Lopera la misma exigencia que se hace a
quienes son abogados o tienen profesiones afines que guardan relación con la
función pública, o la que se hace a quienes han ocupado cargos de elección o
empleos públicos con anterioridad.
20.2. Es la primera vez que aspiraba a un cargo de elección popular; por esta
razón tampoco se le puede hacer una exigencia rigurosa de conocer las
inhabilidades e incompatibilidades.
20.3. El señor Congote Lopera tuvo el convencimiento de que las fechas de su
contrato fueron las establecidas en el cronograma del aplicativo SECOP II, porque
así se lo señalaron las asesorías que recibió de profesionales del derecho para su
inscripción como candidato al Concejo Municipal de Girardota, y porque el 4 de
octubre de 2021 suscribió el Contrato núm. 489 de 2021, cuyo objeto y plazo
fueron idénticos a los del Contrato PS671 de 2022.
20.4. Explicó que los dos contratos corresponden a las actividades del Plan de
Intervenciones Colectivas en Salud que debe adelantar todas las entidades
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
territoriales para el último trimestre del año; y que la papelería necesaria para su
contrato tiene fechas de inicios del mes de octubre.
21. Concluyó con el siguiente cuestionamiento ¿Por qué reprocharle el actuar al
Sr. DIEGO, si este obrando de manera diligente se anticipó con la documentación
y fue la entidad estatal la que cargó de manera tardía el contrato 671 de 2022 al
aplicativo SECOP II para efectos de publicidad?
La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881
22. La audiencia pública tuvo lugar el 12 de febrero de 202419 con la asistencia y
participación del Solicitante Luis Humberto Guidales García; el apoderado del
Solicitante Santiago Guerra Londoño; el apoderado del Concejal Diego Armando
Congote Lopera; y el Ministerio Público.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
23. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 8 de
marzo de 202420, dispuso “[…] Decretar la pérdida de investidura del concejal
Diego Armando Congote Lopera del municipio de Girardota, electo para el período
constitucional 2024-2027. […]”.
Consideraciones del Tribunal
24. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:
24.1. Que el problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar
“[…] si de Diego Armando Congote Lopera (sic), concejal del municipio de
Girardota incurrió en la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral
2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, por violación al régimen de inhabilidades,
por la intervención en la celebración de contratos con la entidad pública dentro del
año anterior a la elección, que deben ejecutarse o cumplirse en el respectivo
19
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documento029GrabaciónAudienciaPública.mp4.
20
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documento038Sentencia.pdf.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
municipio, desatendiendo a la causal de inhabilidad consagrada en el numeral del
3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000 […]”.
La configuración de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen
de inhabilidades, referida a la intervención en la celebración de contratos
24.2. Para la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 3.º del artículo
43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617, referida al supuesto
de intervención en la celebración de contratos, es necesario demostrar la
concurrencia de los siguientes elementos: i) la intervención en la celebración de
un contrato con una entidad pública en cualquier nivel; ii) que haya sido dentro del
año anterior a la elección; iii) en interés propio o de terceros; y iv) que deba
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.
24.3. En el asunto bajo examen se configura la causal por violación al régimen de
inhabilidades, por cuanto se encontraban probados los siguientes hechos:
i) Diego Armando Congote Lopera fue elegido Concejal del Municipio de
Girardota, Antioquia, el 29 de octubre de 2023.
ii) Suscribió el Contrato PS671 con dicho municipio el 31 de enero de
2022; de esa fecha dan cuenta las actas de inicio y liquidación del
contrato, las aprobaciones o firmas electrónicas del contrato que
constan en el SECOP II, realizadas el 30 de octubre de 2023 por el
contratista y el 31 de octubre por la entidad contratante, y las actas de
revisión, vigilancia y supervisión del contrato.
Señaló que dichas pruebas acreditan, en los términos previstos en el
artículo 41 de la Ley 80 y siguiendo la jurisprudencia del Consejo de
Estado, que el Contrato PS671-2022 se perfeccionó el 31 de octubre de
2022 cuando lo firmó electrónicamente la entidad contratante; y que, por
esta razón, quedan sin asidero las afirmaciones realizadas en sus
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
declaraciones por el Concejal, el Interventor del Contrato PS671-2022
y la Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Girardota, en el sentido
de señalar que el contrato se suscribió el 26 de octubre de 2022 cuando
la minuta del contrato se creó y se cargó dicho documento en el SECOP
II, porque en el cronograma estaba prevista dicha fecha para suscribirlo.
iii) La celebración del contrato la hizo para satisfacer su interés propio,
dada la intervención que realizó para celebrarlo y su calidad de
contratista en dicho negocio jurídico.
iv) El lugar de ejecución del contrato fue el Municipio de Girardota, toda
vez que el objeto del contrato señaló su cumplimiento en las zonas rural
y urbana de dicho municipio.
El análisis del elemento subjetivo. La culpabilidad del Concejal en el caso concreto
24.4. En el caso concreto, atendiendo a las condiciones subjetivas del Concejal,
así como a las pruebas documentales y las declaraciones rendidas en el proceso,
consideró que la actuación del señor Diego Armando Congote Lopera fue
gravemente culposa, porque estuvo desprovista de la debida y diligencia y
cuidado que le correspondían.
24.5. El Concejal no conocía la inhabilidad pero sí debía conocerla; esto, dada la
obligación general que se le exige a quien pretende acceder a la función pública,
en este caso por elección popular, de consultar los requisitos y el marco jurídico
correspondiente; y que siendo profesional veterinario y contratista del Municipio
de Girardota en los últimos ocho años, se encontraba en la capacidad cognitiva
de entender y comprender la inhabilidad, así como las circunstancias y escenarios
de la configuración en su preciso caso.
24.6. Sobre la manifestación relativa a que era su primera aspiración a un cargo
de elección popular, consideró que “[…] dicha aseveración y circunstancia no
implica que se exonere del deber de examinar los requisitos, régimen jurídico y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
las inhabilidades relacionadas con el cargo de concejal, pues se itera que esta
obligación es de carácter general y sin distingo alguno en referencia a la cantidad
de veces que hubiese intentado acceder a la función pública […]”.
24.7. En cuanto a la buena fe exenta de culpa por la asesoría recibida de una
profesional del derecho consideró que no estaba configurada, pues lo acreditado
en el proceso es que el concepto de la abogada fue desatinado, porque: i) no
consultó la realidad de los hechos y del contrato, sino lo publicado en el
cronograma que aparece en el SECOP II; ii) se basó en una noción errada sobre
el momento en que se perfecciona el contrato estatal, apartada de lo establecido
en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado;
iii) el perfeccionamiento del contrato es una cuestión jurídica que ofrece total
claridad normativa y jurisprudencial.
24.8. Respecto de la convicción alegada por el Concejal acerca de que la fecha
de suscripción del contrato era la publicada en el Cronograma del SECOP II (26
de octubre de 2022) y no la que obedece a la realidad de la firma electrónica en
el SECOP II y a los documentos del contrato, señaló:
“[…] se hace patente que un convencimiento como el esgrimido por la parte
demandada para justificar su conducta y estimar la ausencia de culpa que
meramente se cimienta en un concepto equivocado, que no consultó la posición
jurisprudencial vigente sobre la materia y que no se ocupó de conocer la realidad,
por lo cual, ese actuar del demandado fundamentado en dicha asesoría no permite
arribar a la conclusión de la existencia de una buena fe calificada y, por el
contrario, denotan que la conducta del demandado se encontró totalmente
desprovista de la debida y diligencia y cuidado que le correspondían,
configurándose una conducta gravemente culposa, que sin lugar a dudas también
se refleja en lo expresado por el demandado en audiencia, al ser cuestionado en
torno a que si había consultado las responsabilidades o lo que significada ser
electo y respondió que no, esto es, no conservó el cuidado que le atañía en torno
a averiguar el marco normativo del cargo al cual pretendía acceder. […]”.
24.9. Consideró que como el Concejal estaba incurso en la inhabilidad del numeral
3.º del artículo 43 de la Ley 136, el comportamiento que le era exigible es el de no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
haberse inscrito para ser elegido en dicho cargo; señaló que esta exigibilidad
deviene de la obligación general que tenía de consultar los requisitos y el marco
jurídico correspondiente, así como de la falta de prueba de la buena fe calificada,
y, por ende, de una circunstancia que justifique su comportamiento.
24.10. Consideró que el Concejal no atendió a las normas jurídicas, “[…] pues
precisamente desconoció el régimen de inhabilidades consagrado para los
concejales y de manera concreta en relación con la causal invocada y probada en
el presente proceso y, dicha inobservancia, tal y como se evidenció obedeció a
una conducta que demuestra de manera ostensible la falta de cuidado para revisar
lo relativo al régimen jurídico y marco normativo y causales de inhabilidad en
relación con el cargo. […]”.
Recurso de apelación presentado por el Concejal
25. El Concejal interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 8 de marzo
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el objeto de que
se revoque dicha providencia; señaló que no se configuran los elementos objetivo
y subjetivo de la causal de pérdida de la investidura, y, por ende, no había lugar a
decretar dicha sanción21.
Sobre la inexistencia del elemento objetivo
26. Señaló “[…] La sala mayoritaria encontró probado la existencia del elemento
objetivo a partir de la indebida valoración probatoria del cronograma y demás
documentos cargados en el aplicativo SECOP II, los cuales fueron desarrollados
y expuestos en la contestación de la demanda […]”.
27. Indicó, “[…] si bien es cierto que el demando celebró el contrato de prestación
de servicios No. PS671 de 2022 en la plataforma SECOP II, en este mismo
aplicativo estaba dispuesto el cronograma del proceso contractual para que el
21
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documento043RecursoApelacionDdo.pdf.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
mismo fuera suscrito el día 26 de octubre, es decir, antes de la fecha para la cual
se configuraría la inhabilidad para ser elegido […]”.
28. Sustentó la indebida valoración probatoria reiterando lo dicho en la
contestación de la demanda, así:
28.1. Por un lado, dijo que según el cronograma del SECOP II no hay duda de que
la fecha señalada por la entidad para la firma del contrato fue el 26 de octubre,
pues en la sección “Datos del Contrato” de ese mismo aplicativo se lee que la
duración del contrato es de 55 días, y que su fecha de terminación es el 20 de
diciembre; esa duración y fecha solo es posible tomando en cuenta que el contrato
se celebró el 26 de octubre señalado en el Cronograma.
28.2. Por el otro, señaló que el contrato se perfeccionó el 26 de octubre; lo anterior,
teniendo en cuenta que “[…] la minuta fue creada por la entidad estatal el 26 de
octubre de 2022 cumpliéndose así los requisitos del artículo 41 de la ley 80 de
1993 para el perfeccionamiento del contrato, esto es, existiendo acuerdo entre las
partes en relación al objeto, contraprestación y se eleve a escrito […]”.
Sobre la inexistencia del elemento subjetivo
29. Advirtió que, en su criterio, en el presente caso existen serias dudas sobre la
prueba del elemento subjetivo atribuible al Concejal; tales dudas deberán
absolverse en favor del Concejal, dado el carácter de la acción y la consecuencia
que de ella se desprende.
30. Afirmó que le resulta desproporcionada la exigencia realizada en la sentencia,
referida a que el Concejal debió actuar de otra manera, porque precisamente sus
condiciones personales y profesionales fueron desatendidas en dicho análisis.
31. Concluyó indicando que, “[…] No aparece demostrado plenamente, que el
demandado actuó con dolo y tampoco que hubiese actuado con negligencia
inexcusable de tal manera que pudiera endilgársele culpa grave.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
• El Sr. DIEGO, actuó con la confianza legítima que le generaba el cronograma
establecido por la misma entidad, el cual se hizo público en el SECOP II y, del
cual, se desprendía que fue firmado el 26 de octubre de 2022. Precisamente esto
desproviste cualquier actuación culposa o dolosa.
• El Sr. DIEGO no se encontraba en capacidad de comprender cabalmente el
funcionamiento del SECOP II; ni tenía las calidades, ni condiciones para
establecer y precisar cuándo se perfeccionó o celebró el contrato, teniendo en
cuenta que éste fue gestionado a través de la plataforma transaccional y teniendo
además presente que, en el documento escrito cargado por la entidad en el
aplicativo no se precisa la fecha de la celebración.
• No es posible exigirle otra conducta al demandado, dada su profesión y la
convicción que tenía de que su obrar está acorde con la norma.
• Adicionalmente y ante cualquier duda, el Sr. DIEGO buscó asesoría de una
abogada con conocimientos en contratación, y frente a lo cual el Consejo de
Estado ha señalado que el hecho de buscar la asesoría desvirtúa la configuración
del elemento subjetivo. La búsqueda de un profesional en derecho para obtener
un concepto profesional determina precisamente un actuar diligente del
demandado.
• Finalmente, la parte no cumplió con la carga procesal de probar la mala fe;
por el contrario la sala mayoritaria exigió de manera desproporcional la obligación
del Sr. DIEGO de probar la buena fe, cuando es claro que en virtud del
ordenamiento jurídico colombiano, esta se presume […]” (sic)
Admisión y traslado del recurso de apelación
32. El Magistrado Ponente admitió el recurso por auto de 22 de mayo de 202422,
y ordenó correr el traslado de ley; surtido este, el Solicitante Santiago Guerra
Londoño y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
Oposición al recurso de apelación
33. El Solicitante, señor Luis Humberto Guidales García, solicitó que no se
revoque la sentencia proferida en primera instancia, y en su lugar, se mantenga
22
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documento043RecursoApelacionDdo.pdf.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
la pérdida de la investidura del Concejal23, porque la causal de inhabilidad se
configuró en lo que respecta a los elementos objetivo y subjetivo; como sustento
de lo anterior expuso los siguientes argumentos:
Existencia del elemento objetivo
34. Indicó que el contrato se firmó el 31 de octubre de 2022 como lo acreditan la
fecha en que la Alcaldía de Girardota aprobó el contrato en la plataforma SECOP
II, las actas de inicio y de liquidación del contrato; que el cronograma del SECOP
II no modifica la fecha real de la firma del contrato; que según la jurisprudencia del
Consejo de Estado, hay claridad en que el perfeccionamiento del contrato estatal
se da con la firma de las partes y no con la programación previa del cronograma;
y que la firma del contrato, como lo indican la Ley 80 y la jurisprudencia, es el acto
que perfecciona y da validez al acuerdo contractual, independientemente de las
fechas establecidas en el cronograma del proceso.
35. Aseveró que la sentencia de primera instancia destaca que el cronograma del
SECOP II no puede ser considerado como prueba definitiva de la fecha de
celebración del contrato, ya que este solo indica una programación tentativa y no
la realización efectiva del acto contractual; que los documentos oficiales del
contrato y las actas firmadas por ambas partes son la prueba contundente de que
la fecha de celebración del contrato fue el 31 de octubre de 2022; mientras que el
cronograma es un documento preliminar que no tiene la capacidad de modificar
la realidad del contrato.
Existencia del elemento subjetivo
36. Insistió en que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad al
Concejal, especialmente cuando este tenía la obligación de indagar sobre los
requisitos y normas aplicables al cargo que aspiraba ocupar, según lo prevé el
artículo 9 del Código Civil y lo reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado “[…]
23
Cfr. Índice 0009 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documento MemorialWeb_Otro-GmailOposicional.
Pdf.NroActua9.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
al afirmar que el desconocimiento de las normas no exonera de responsabilidad a
los funcionarios públicos, quienes tienen el deber de actuar con diligencia y de
informarse adecuadamente sobre las disposiciones legales aplicables a sus
funciones. […]”.
37. Afirmó que el Concejal no actuó con la debida diligencia, como lo señaló la
sentencia proferida en primera instancia, pues no verificó personalmente las
fechas y condiciones del contrato, confiando ciegamente en una asesoría jurídica
superficial; adujo que la obligación de diligencia es un principio fundamental en el
ejercicio de funciones públicas, y el demandado al no cumplirla, demostró una
falta de responsabilidad que configura culpa grave; finalmente, afirmó que la Corte
Constitucional ha señalado en varias sentencias que la buena fe debe estar
acompañada de un comportamiento diligente y proactivo por parte del funcionario.
38. Señaló, sobre la ausencia de prueba del elemento subjetivo, que las
pruebas del proceso desvirtúan las afirmaciones del apelante; la existencia de los
documentos, debidamente firmados y registrados, son prueba suficiente de la
fecha de perfeccionamiento del contrato fue el 31 de octubre de 2022, conforme
lo establece la normativa vigente y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
39. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de inhabilidades; vi) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial de la inhabilidad prevista en el numeral 3.° del artículo 43 de la Ley
136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617; vii) el análisis del caso concreto;
y viii) las conclusiones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Competencia de la Sala
40. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre
la aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de
concejales y diputados; iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201924;
y iv) el artículo 150 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.
41. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto sin que se observe vicios que puedan invalidar lo actuado,
se procede a decidir el caso sub lite.
42. Vistos los artículos 32825 y 32026 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201227, la
Sala procederá a pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o
reparos formulados por el apelante.
El Problema jurídico
43. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de
apelación, si se configuran o no los elementos objetivo y subjetivo de la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 por
parte del señor Diego Armando Congote Lopera, por violación del régimen de
inhabilidades, al haber intervenido en la celebración del Contrato PS671-2022
dentro del periodo inhabilitante.
24
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
25
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. […]”
26
“[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión. […]”
27
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
44. En ese orden, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 8 de
marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera
instancia.
La calificación habilitante
45. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 188128, la Sala encuentra probado
que el señor Diego Armando Congote Lopera tiene la calidad de Concejal del
Municipio de Girardota, Antioquia, según consta en el formulario E-26 de 29 de
octubre de 2023 expedido por la Comisión Escrutadora Municipal29, por medio del
cual se declaró su elección como Concejal de dicho municipio, para el período
2024 – 2027, de acuerdo con los resultados de las elecciones que se llevaron a
cabo el 27 de octubre de 2019.
46. En ese orden de ideas, la investidura del señor Diego Armando Congote
Lopera se tiene por cierta en la medida en que dicho documento constituye prueba
de dicha calidad, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de
investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
47. Vistos los artículos 184 de la Constitución Política; 14330 de la Ley 1437 y las
leyes 136, y 617 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.
28
“[…] Cuando la solicitud [de pérdida de investidura] sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta
deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la
Organización Electoral Nacional […]”.
29
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documento043RecursoApelacionDdo.pdf.
30
Ley 1437. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de
cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de investidura de
congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta administradora local,
así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Desarrollos jurisprudenciales
48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio 31 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.
49. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.
50. La Sala Plena32 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
31
Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15000- 2014-
03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017, Expediente:
110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.
51. En esa misma orientación, la Corte Constitucional33 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
52. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201021. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
53. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, y de legalidad.
54. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con
la jurisprudencia de las altas cortes 34 , una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo35.
33
Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado. 21 Número
único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
34
Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
35
En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y
analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción
u omisión […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
55. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”36.
56. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento
en ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma
que establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se
configura o no el elemento subjetivo37.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de inhabilidades
57. Visto el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de la investidura
de concejal, estos perderán su investidura, entre otros, “[…] 2. Por violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”
(Destacado fuera de texto).
58. La Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del Consejo de
Estado38 como la Sección Primera39 de esta Corporación han considerado que el
36
Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con el artículo
22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible,
a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
37
La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso sancionatorio
debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar
la culpa.
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de junio de 2002, C.P Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, núm. único de radicación: 7177.
39
Véase por ejemplo: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida
el 4 de septiembre de 2014; proceso identificado con número único de radicación 080012333000201300249-01 Consejero
Ponente, doctor Guillermo Vargas Ayala; y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 30 de junio de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 250002336000201600731-
01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
mandato previsto en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de
investidura de concejal “[…] [p]or violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”, se encuentra vigente, en los
términos del numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617, según el cual los concejales
municipales y distritales perderán su investidura “[…] 6. Por las demás causales
expresamente previstas en la ley […]”.
59. Visto el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, sobre inhabilidades de concejal municipal o distrital, establece que
“[…] [n]o podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
[…] 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en
interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del
año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos,
tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio o distrito […]” (Destacado fuera de texto).
60. Es importante resaltar que la norma indicada supra establece tres supuestos
fácticos para la configuración de la inhabilidad establecida en el numeral 3.° del
artículo 43 ibidem, a saber: el primero, relativo a que no podrá ser inscrito como
candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior a la elección haya
intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal
o distrital, en interés propio o de terceros. El segundo, en el cual se fundamenta
la causal de pérdida de investidura del caso sub examine, relativo a que no podrá
ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior a la
elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas
de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito; y, el tercero, según el
cual no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año
anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
61. Atendiendo que, en el caso sub examine la solicitud de pérdida de investidura
se fundamentó en el segundo supuesto contenido en la normativa anterior, y a
que el aspecto controvertido en el recurso de apelación es si esa intervención en
la celebración ocurrió, o no, dentro del año anterior a la elección, la Sala procederá
al estudio de dicho supuesto, previa referencia a los restantes que hacen parte de
él.
62. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 4 de
octubre de 2018, consideró que la inhabilidad prevista en el numeral 3.º del
artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, se configura
siempre que se acrediten los siguientes elementos concurrentes: “[…] i) la
celebración del contrato con entidad pública de cualquier nivel; ii) que la
celebración del contrato se haga en interés propio o de terceros, iii) que el contrato
se celebre dentro del año anterior a la elección del concejal; y iv) que el contrato
se ejecute en el mismo municipio para el cual resultó elegido como concejal […]”40.
63. En relación con el elemento relativo a “[…] la celebración de contrato con
entidad pública de cualquier nivel […]”, la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado que “[…] se encuentra dirigido a que el sujeto haya acordado libre
y voluntariamente con una entidad de naturaleza pública [de cualquier nivel], la
estipulación de obligaciones mutuas, ya sea que estas sean o no de carácter
pecuniario, de modo que a partir de dicho acuerdo ambas partes adquieren
obligaciones […]”41.
64. En relación con los demás elementos, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha considerado que “[…] el relativo al periodo inhabilitante, […] hace
referencia a que el contrato se haya suscrito dentro de los doce meses anteriores
a la elección del concejal. Respecto al interés, se entiende que el negocio jurídico
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de octubre de 2018; MP.
Hernando Sánchez Sánchez, expediente 81001-23-39-000-2017-00118-01.
41
Ibidem cita 44.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
celebrado reporte beneficios para los contratantes o para terceros, y que la
ejecución del mismo se haya dado en la entidad territorial (municipio o distrito) en
la que se realizó la correspondiente elección […]”42. (negrilla fuera de texto)
65. La Sala aclara, además, que según lo ha explicado la Sección, “[…] el interés
al que se refiere la norma no necesariamente debe tener un contenido económico
o pecuniario, de suerte que, para que este se configure, no es forzoso que el
contrato reporte una utilidad económica […]”43.
66. En suma, para efectos de determinar si se configura la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades indicada supra, se deberá
realizar el estudio de los cuatro elementos acumulativos, previamente
mencionados, a saber: i) la celebración de contrato con entidad pública de
cualquier nivel; ii) que la celebración del contrato se haga en interés propio o de
terceros; iii) que el contrato se celebre dentro del año anterior a la elección del
concejal y iv) que el contrato se ejecute en el mismo municipio en el cual resultó
electo el concejal respecto del cual se solicita la declaratoria de pérdida de
investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del elemento subjetivo de
la causal de pérdida de investidura en el caso sub examine
67. Conforme con la normativa aplicable al caso referida supra, el artículo 1 de la
Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019,
resulta aplicable al caso sub examine, en virtud del principio de favorabilidad en
la medida en que, por un lado, la situación no se encuentra consolidada; y, por el
otro, establece una situación más favorable a la persona objeto de solicitud de
pérdida de investidura, relativa a que el elemento subjetivo de la causal de pérdida
de investidura solamente se configura por conductas dolosas o gravemente
culposas.
42
Ibidem cita 44.
43
Ibidem cita 44.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
68. Vistos los artículos 9.º y 18 del Código Civil, “[…] la ignorancia de las
leyes no sirve de excusa […]” 44 y “[…] [l]a ley es obligatoria tanto a los
nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia […]”. Asimismo, visto
el artículo 57 de la Ley 4 de 20 de agosto de 1913, “[…] [s]obre régimen político
y municipal […]”, “[…] [l]as leyes obligan a todos los habitantes del país,
inclusive los extranjeros, sean domiciliados o transeúntes, salvo, respecto de
éstos, los derechos concedidos por los tratados públicos […]”.
69. Al respecto, es preciso indicar que el elemento subjetivo de la causal de
pérdida de investidura ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por el Consejo
de Estado y por la Corte Constitucional. En ese sentido, la Sala procede a
enunciar algunos de los principales pronunciamientos proferidos al respecto.
Sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 2016
70. La Corte Constitucional, en sentencia SU – 424 de 11 de agosto de
201645, consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura
se debía determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de
quien ostentaba la dignidad, porque el juicio de responsabilidad contenía un
elemento objetivo y un elemento subjetivo que atendía “[…] a las circunstancias
particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
71. Lo anterior, porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en
este proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n
44
Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-651 de 3 de diciembre de 1997, señaló sobre el
artículo 9 del Código Civil, lo siguiente: “[…] Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer
un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico […]. Es claro, desde luego,
que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible a cargo del Estado: promulgar las
leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las consecuencias jurídicas que pueden
seguirse de su inobservancia. […].
No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del derecho
y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para evadirlos sin dejar
rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante en la Carta. Pero no puede
argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades para conocer la ley, se encuentran
imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser relevados de cumplirlos […]” (Destacado
fuera de texto).
45
Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por
regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y
las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la
ocurrencia de una conducta regulada en la ley […], contraria al ordenamiento
jurídico […] y culpable […]”.
72. Asimismo, señaló que: i) por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
de la Constitución Política; ii) “[…] el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva,
esto es, con culpa del demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado)
[…]”, y iii) era necesario verificar la culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer la inhabilitación para ser elegido a perpetuidad.
Sentencia de 25 de mayo de 2017
73. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 201746, indicó
que para definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de 2017, C.P.
María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01. Las consideraciones de
esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo De Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,
Número único de radicación: 050012333000201601908-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017, C.P.
María Elizabeth García González, Radicación Número: 760012333004201601077-01. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017. C.P. María Elizabeth García González,
Número único de radicación: 730012333005201600620-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación:
540012333000201600346-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia
de 12 de octubre de 2017, Número único de radicación: 680012333000201601393-01. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, Número único de radicación: 440012331001201600055-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, Número
único de radicación: 760012333004201601478-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P.
Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 250002342000201506456-01. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre de 2017, C.P. Oswaldo Giraldo López,
Número único de radicación: 660012333002201600055-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 1 de febrero de 2018, C.P.
Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 660012333000201700089-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de abril de 2018, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación 130012333000201700277-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 170012333000201600473-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de mayo de 2018, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 700012333000201600274-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2018, C.P.
Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333000201600080-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
analizar los elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los
cuales correspondían al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud,
esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico.
74. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y
el marco normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación
general para el candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el
grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como
a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado
requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se estaba
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impidiera el reproche
subjetivo de su obrar.
75. De igual forma, precisó que las calidades o requisitos positivos y
negativos con los que debía contar un candidato para ser elegido Concejal
Municipal eran de obligatoria observancia, revisión y análisis previo, por cuanto
“[…] [e]sa, es una diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir
del proceso de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás
exigible en medio de las normales medidas de cuidado y precaución que tenía
que adelantar para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez,
Número único de radicación: 760012333000201800572-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de junio de 2019, C.P.
Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 050012333000201800666-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre de 2019,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 130012333000201800738-01. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de marzo de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de
radicación: 440012340000202000232-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
ende, de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones legales
para ejercer el cargo de Cabildante. […]”.
76. Asimismo, consideró que el proceso de pérdida de investidura exige la
observancia del debido proceso y, particularmente, de los principios pro homine,
in dubio pro reo, legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.
77. En ese sentido, la Sala señaló como parámetros para realizar el estudio
del elemento subjetivo, lo siguiente:
“[…] Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis
del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de
lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que
está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada
actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los
cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto
es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que
su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura,
estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y,
por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud
de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la
misma resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo,
de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso
la celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento,
la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar
demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la
diligencia que para la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de
Arauca (Arauca), le era menester desplegar. […].
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos
señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta
especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es
responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta
especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad
de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a
la función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su
profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado
requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se
está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche
subjetivo de su obrar […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017
78. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre
de 201747, consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben
valorar en los procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión, aspecto que implica verificar si se
está ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista
alguna circunstancia que permita descartar la culpa […]”.
47
Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; MP. José Fernando Reyes Cuartas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Sentencia de 10 de mayo de 2018
79. Esta Corporación, en sentencia de 10 de mayo de 201848, consideró que
la omisión del deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe
contar un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las
inhabilidades que le impiden serlo derivaba en “[…] una conducta negligente de
su parte […]”49.
80. En ese sentido, concluyó que “[…] el demandado, por elemental cautela
y cuidado, ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables
al cargo al cual pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que
actuó de forma diligente […]”.
Sentencia de 11 de junio de 2020
81. Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 202050, hizo referencia
al artículo 4 de la Constitución Política, según el cual “[…] [e]s deber de los
nacionales […] acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades […]” y reiteró el contenido del artículo 9.º del Código Civil, en el cual
se indica que “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 170012333000201600473-01.
49
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01; providencia en la cual se consideró que “[…]
El proceder del demandado deriva en negligente, habida cuenta que no verificó el régimen de inhabilidades que rodeaba
el cargo al cual aspiró, pues ello le hubiera permitido percatarse que en su persona se erigía una prohibición para aspirar
y ser elegido Concejal Municipal […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 2 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación:
730012333005201600620-01; providencia en la cual se consideró que “[…] está claramente establecido en este proceso
que no obstante su deber de conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la
correspondiente responsabilidad […]”; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación:
810012339000201700118-01 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia
de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 760012333000201800572-01;
providencias en las cuales se consideró que “[…] No hay prueba en el expediente que permita determinar que el
Concejal demandado obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar. Al respecto, cabe precisar
que el artículo 9.º del Código Civil, según el cual, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de junio de 2020, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 170012333000201800611-02. Las consideraciones de esta
sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de agosto de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número
único de radicación: 630012333000202000417-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
82. Asimismo, resaltó que el estudio del elemento subjetivo requería el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de
lesionar un interés jurídico; entretanto, la segunda atañía a un concepto que
está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
83. En ese sentido, concluyó que para llegar a definir si una conducta era
dolosa o gravemente culposa se debían analizar los elementos que constituían
el aspecto subjetivo de la misma, los cuales correspondían al conocimiento tanto
de los hechos como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debía determinar
si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario
al ordenamiento jurídico.
84. De igual forma, indicó que, por un lado, en los casos en los cuales se
probara que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era
constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una
situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un
grado de culpabilidad doloso; y por el otro, en aquellos eventos en los que se
concluyera que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta pero, en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad, debía saber que la
misma resultaba contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar su
realización, se estaría ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.
Sentencia de 11 de marzo de 2021
85. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 202151, consideró que
“[…] no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de
quien es acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida
de investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado
una inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener
por superada la censura de su conducta. Precisamente […] el análisis de la
culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de 2021, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por el demandado […]”.
86. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados
a entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías
jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la
formulación correcta y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de
ser necesario, de la documentación y elementos que permitan su debida
comprensión, inquietud que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos
que son verdaderos motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de
pérdida de investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado,
las apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y
asesorías deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo
tal que de estos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y
razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de
investidura.
La conducta dolosa o gravemente culposa
87. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley
2003.
88. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben
determinar, por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que
determinada conducta en este caso, haber incurrido en inhabilidad- se
encontraba prohibida por la Constitución Política y la ley.
89. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción
contraria a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta
demuestra la intención en la misma.
90. Asimismo, la pérdida de investidura tendrá lugar si la conducta es
“gravemente culposa”, lo que conlleva a que debe ser inexcusable.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre el perfeccionamiento
de los contratos estatales
91. Visto el artículo 41 de la Ley 80, “[…] Los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste
se eleve a escrito […]”.
92. Visto el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 16 de enero de 200752,
adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 53 y
posteriormente modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 31 de diciembre
de 202054, sobre contratación de mínima cuantía, “[…] La contratación cuyo valor
no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente
de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: […] d) La
comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos
el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro
presupuestal. […]”.
93. La jurisprudencia de la Corporación ha considerado, sobre el alcance y
contenido del perfeccionamiento del contrato como fuente de la inhabilidad por
intervención en la celebración de este, que el artículo 41 ibidem implica que dicho
acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, y elevado a escrito,
sea suscrito55; fundamentalmente, porque la firma del contrato es la que da cuenta
del consentimiento de las partes respecto de lo acordado.
94. En la jurisprudencia del Consejo de Estado, como se advirtió en el
correspondiente desarrollo jurisprudencial supra, el elemento temporal de la
inhabilidad de los Concejales por intervención en la celebración de contratos que
52
“[…] por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos […]”.
53
“[…] por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública […]”.
54
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE IMPULSA EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA […]”.
55
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 27 de septiembre de 2018; MP. Stella
Jeannette Carvajal Basto, expediente 11001-03-15-000-2018-00015-01(PI). Sentencia de 8 de octubre de 2019; MP.
Alberto Montaña Plata, expediente 11001-03-15-000-2018-02417-01(PI). Sentencia de 13 de abril de 2021; MP. Stella
Jeannette Carvajal Basto, expediente 11001-03-15-000-2020-03518-01(PI). Para el efecto también se puede consultar, en
la misma línea: Consejo de Estado. Sala de Consulta Y Servicio Civil. MP. Enrique José Arboleda Perdomo. Consulta de
20 de mayo de 2010, expediente 11001-03-06-000-2010-00034-00(1992)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
no se deriva del adelantamiento de un proceso de selección de mínima cuantía,
debe contabilizarse desde el perfeccionamiento del contrato; como este
perfeccionamiento conlleva la firma o suscripción del contrato, es a partir de esa
fecha, hacia atrás, que se cuenta el periodo inhabilitante de 1 año.
95. De igual manera, la Sección Primera de esta Corporación ha tenido
oportunidad de pronunciarse sobre el momento en que queda perfeccionado el
contrato que se celebra como resultado de la contratación de mínima cuantía y el
elemento temporal de la inhabilidad por intervención en la celebración de
contratos, así:
[…] Tal como lo aprecia la Sala, la legislación y el reglamento contractual ordenan
que, en materia de Mínima Cuantía, para todos los efectos, el contrato celebrado
lo constituye la comunicación de aceptación remitida por la entidad pública
junto con la oferta previamente presentada por el contratista […].”56
96. Conforme con lo dispuesto en el artículo 41 ejusdem y como lo ha dicho el
Consejo de Estado, la contratación estatal está sujeta a los procedimientos
preestablecidos en las leyes y reglamentos, de manera que se trata de una
actividad eminentemente reglada en todas sus etapas; por esta razón, la partes
están en la obligación de cumplir con el procedimiento fijado por el orden jurídico;
en esa medida, es claro que el contrato estatal se reputa perfeccionado cuando
ha sido suscrito, salvo en la hipótesis de la contratación de mínima cuantía; en
este último evento, el contrato se perfecciona con la aceptación expresa de la
oferta por parte de la entidad pública, la cual se debe cumplir mediante
comunicación enviada al oferente cuya oferta se escogió.
97. En suma, los contratos estatales que nacen como resultado de los procesos
de selección distintos al de contratación de mínima cuantía, como es el caso de
la contratación directa, se perfeccionan cuando han sido suscritos por las partes.
56
Cfr. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
mayo de 2018, Consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicado 17001-23-
33-000-2016-00473-01(PI); Ver, en el mismo sentido, sentencia de 24 de mayo de 2018, número único de
radicado 70001-23-33-000-2016-00274-01(PI), Consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. […]”.
En la misma línea jurisprudencial se puede consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
de 16 de mayo de 2019. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente 81001233900020160005601.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Análisis del caso concreto
98. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala procede a apreciar
y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda para, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Sobre la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de la
investidura, por violación del régimen de inhabilidades, al haber celebrado
el Contrato PS671-2022
99. La Sala procede, en el caso sub examine y atendiendo a los cargos de la
apelación, al estudio de los supuestos necesarios para la configuración de la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3.º del artículo 43 de la
Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, consistente en la intervención
en la celebración de contratos.
Que ostente la calidad de Concejal
100. La Sala encuentra probado que el señor Diego Armando Congote Lopera
fue elegido Concejal del Municipio de Girardota Antioquia, según se explicó en el
acápite “[…] La calificación habilitante […]” de esta providencia. En consecuencia,
el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura se
encuentra probado.
Que haya celebrado contrato con entidad pública de cualquier nivel
101. La Sala encuentra probado que Diego Armando Congote Lopera celebró el
Contrato PS671-2022 con la Alcaldía Municipal de Girardota, como consta en el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
link correspondiente a las firmas del contrato57 en el SECOP II; en la respuesta
brindada por la Alcaldía Municipal de Girardota a un derecho de petición
presentado por uno de los Solicitantes, aportada e incorporada al proceso en la
audiencia de pruebas que se llevó a cabo el 27 de febrero de 202458; en el Acta
de Inicio del contrato de 9 de noviembre de 2022 y el Acta de Liquidación Bilateral
de 20 de diciembre de 2022, suscritas por el supervisor del contrato y el señor
Congote Lopera en calidad de contratista59; así como en las tres Actas de revisión,
vigilancia y supervisión del contrato, suscritas por el supervisor del contrato y el
contratista Diego Armando Congote Lopera60.
Que el contrato se haya celebrado dentro del periodo inhabilitante
102. El Concejal controvirtió, en el recurso de apelación, que no se configuró
objetivamente la causal de intervención en la celebración de contratos establecida
en el numeral 3.° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617, porque la suscripción del Contrato PS671-2022 no ocurrió dentro del año
anterior a la elección del Concejal, habiendo sido esta última el 29 de octubre de
2023.
103. Afirmó que no se podía entender celebrado el contrato dentro del año
anterior a la elección, porque éste se perfeccionó el 26 de octubre de 2022 cuando
la entidad cargó la minuta del contrato en la plataforma SECOP II, como consta
en el Cronograma que aparece en dicho aplicativo, y no el 31 de octubre cuando
lo firmó electrónicamente la Alcaldía Municipal de Girardota.
104. La Sala encuentra probado que el Contrato PS671-202261, es un contrato
de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, producto de un proceso de
contratación directa 5308/CD671/2022, creado y gestionado por la Alcaldía
57
file:///C:/Users/natal/Downloads/CO1_PCCNTR_4158278_Firmado%20(2).pdf
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3446341&isFr
omPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
58
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documentos022 y 023. GrabacionAudienciaPruebas.mp4.
59
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Subíndice 008.ExpedienteAcumulado.
60
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Subíndice 008.ExpedienteAcumulado.
61
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Subíndice 0008 expediente acumulado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Municipal de Girardota en el SECOP II, como consta en los datos que se registran
en dicha plataforma, cuya imagen se presenta a continuación:
105. El mencionado contrato se celebró el 31 de octubre de 2022; de esa fecha
da cuenta el SECOP II en el link correspondiente a las firmas del contrato62, como
se observa en la imagen correspondiente:
62
file:///C:/Users/natal/Downloads/CO1_PCCNTR_4158278_Firmado%20(2).pdf
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3446341&isFr
omPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
106. El 31 de octubre de 2022 también se corrobora como fecha de
perfeccionamiento del contrato, con base en ii) la respuesta brindada por la
Alcaldía Municipal de Girardota a un derecho de petición presentado por uno de
los Solicitantes, aportada e incorporada al proceso en la audiencia de pruebas que
se llevó a cabo el 27 de febrero de 202463; iii) el Acta de Inicio del contrato de 9
de noviembre de 2022 y el Acta de Liquidación Bilateral de 20 de diciembre de
2022, suscritas por el supervisor del contrato y el señor Congote Lopera en calidad
de contratista64; iv) las tres Actas de revisión, vigilancia y supervisión del contrato,
suscritas por el supervisor del contrato y el contratista Diego Armando Congote
Lopera65.
107. La Sala considera que la consulta del SECOP II y el documento de
contestación al derecho de petición prueban que la fecha de perfeccionamiento
del contrato fue el 31 de octubre de 2022, en tanto y en cuanto, en ellas se lee
que el 30 de octubre fue aprobado el contrato por el proveedor, en este caso, el
señor Congote Lopera, y el 31 de octubre se aprobó por la Alcaldía Municipal de
Girardota.
108. De acuerdo a la respuesta brindada en este proceso con Oficio de 9 de
febrero de 2024 por la Agencia Nacional de Contratación Pública 66 Colombia
Compra Eficiente, la plataforma de contratación SECOP II es transaccional, con
lo cual, la gestión de todas las etapas de la contratación se realiza de manera
digital y electrónica; y que, para el caso de la contratación directa, tiene dos fases:
i) publicación de la información general de la contratación y creación del contrato
por parte de la entidad; ii) gestión contractual donde se realiza todo lo
correspondiente a la aprobación de las partes, el inicio del contrato, su ejecución,
así como las modificaciones y la liquidación.
109. La Sala resalta que, en el mismo documento al que se viene aludiendo, la
Agencia explica que la gestión de los procesos de contratación en la plataforma,
63
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documentos022 GrabacionAudienciaPruebas.mp4. y
Documento023. GrabacionAudienciaPruebas.mp4.
64
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Subíndice 008.ExpedienteAcumulado.
65
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Subíndice 008.ExpedienteAcumulado.
66
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documento027RespuestaOficioColombiaCompraEficiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
es transaccional, e indica, particularmente en lo relacionado con la aprobación que
realizan las partes a la minuta del contrato que se ha cargado en el SECOP II, que
dicha aprobación corresponde a la firma electrónica que realizan las partes para
perfeccionar el contrato, la cual, como mensaje de datos y según la Ley 527 de
18 de agosto de 1999 67 tiene plena validez y efecto jurídico en los mismos
términos que la firma manuscrita del contrato.
110. La Sala considera que si bien en el Cronograma que aparece publicado en
el SECOP II, respecto del Contrato PS671-2022 aparece como Fecha de
Contrato: 26 de octubre de 2022; como fecha de Inicio: 28 de octubre de 2022; y
como Duración: 55 días; lo cierto es que esa información corresponde a la
cronología que había previsto inicialmente la Alcaldía Municipal de Girardota,
siendo éstos los datos con los que la entidad cumplió la primera actividad que
exige el SECOP II, correspondiente a la creación del proceso mediante la
alimentación de esa información y el cargue de la minuta del contrato.
111. Conforme con lo anterior, la fecha 26 de octubre de 2022 no corresponde
a la de suscripción del contrato sino a la de creación del proceso de contratación,
actividad que incluyó, en este caso, subir la minuta física del contrato para que
surtiera el proceso de aprobación de las partes, y sólo a partir de dicho momento
era posible dar curso al perfeccionamiento del contrato elevado a escrito,
mediante la firma electrónica o aprobación que cada una de las partes realiza.
112. En consecuencia, el documento subido por la Alcaldía Municipal el 26 de
octubre de 2022 corresponde a la minuta del contrato aprobada por el
burgomaestre, porque así lo corrobora su contenido; en efecto, los nombres y
firmas que avalan dicho documento corresponden a la del Alcalde Municipal, a la
de la Jefe de la Oficina Jurídica con señal de visto bueno, y a la de otro servidor
de la alcaldía, con la indicación de que fue quien proyectó la minuta; sin embargo,
en ese documento no figura en el espacio de firma con el nombre del contratista,
ni espacio alguno para que lo suscribiera en señal de aceptación.
67
“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de
las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
113. La Sala reitera, conforme a las pruebas reseñadas y valoradas
anteriormente, que las suscripciones del Contrato PS671-2022 tuvieron lugar en
la plataforma del SECOP II, el 30 de octubre por parte del contratista Congote
Lopera y el 31 de octubre por parte de la entidad; por ende, se encuentra probado
que el contrato se perfeccionó el 31 de octubre, porque en esa fecha quedó
suscrito electrónicamente con el consentimiento de las dos partes.
114. Además de lo anterior, se tiene que los documentos relativos al contratista
Diego Armando Congote Lopera fueron cargados en la plataforma SECOP II el 30
de octubre de 2022 por el mismo, siendo ésta la fecha en que también procedió a
firmar electrónicamente la minuta del contrato, y no el 26 de octubre de 2022; así
se observa en las siguientes imágenes tomadas del SECOP II:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
115. La Sala aprecia, de igual manera, que las declaraciones rendidas por la
Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía del Municipio de Girardota para la época
de los hechos68 y el Supervisor del Contrato PS671-202269, no logran desvirtuar
las documentales estudiadas, en la medida en que, aun cuando declararon que
para ellos el contrato se suscribió cuando quedó subida la minuta del contrato en
la plataforma, dicha opinión no se ajusta a lo probado documentalmente; tampoco
a lo previsto por el artículo 41 de la Ley 80 ni a la jurisprudencia de esta
Corporación.
116. La Sala pone de presente que en la diligencia la Magistrada Sustanciadora
del proceso le preguntó a la Jefe de la Oficina Jurídica, señora Luisa Fernanda
Ochoa, “[…] creo que lo que usted me explicó es que el contrato previo se
suscribió por las partes, se cargó en el SECOP y se dejó para suscribirse
electrónicamente tanto por el contratante como por el contratista, y anteriormente
me dijo que eso surtía efectos jurídicos en el acta de inicio, que nunca se podía
hacer si no se tenía este perfeccionamiento en el SECOP ¿Eso fue lo que me
dijo? […]”; la declarante, contesto “[…] Si, si, si, así es […]”.70
117. Por su parte, al Supervisor del contrato, señor Felipe Ochoa Saldarriaga,
se le preguntó por el apoderado del Solicitante Santiago Guerra Londoño, “[…] ¿si
había alguna dicotomía, diferencia, entre las fechas de esas actas que usted
suscribió con la fecha que usted nos afirma estaba el contrato en SECOP? […]”;
el declarante contesto, “[…] no, cuando yo te digo es, yo pregunto a partir de
cuando nosotros podemos empezar a activar los equipos de vacunación porque
obviamente nosotros contratábamos los servicios profesionales del doctor
Congote pero le teníamos que poner el equipo a disposición para tal fin […]”; “[…]
yo lo que hacía era preguntar a partir de cuando nosotros podíamos empezar el
cronograma porque teníamos que cumplir con un cronograma que hace parte de
lo que tiene que ver con la salud pública de Girardota y nuestro plan de acción en
salud, y a partir de ahí lo que hacía era activar el equipo de soporte, yo no, como
te digo, yo no, (sic) apenas a mi jurídica me decía que podría arrancar todo lo
68
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documentos022GrabacionAudienciaPruebas.mp4.
69
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documentos023GrabacionAudienciaPruebas.mp4.
70
Minuto 59:29; Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documentos022GrabacionAudienciaPruebas.mp4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
contractual, yo arrancaba el proceso, entonces, cuando te digo que a partir del 26
yo empezaba a organizar eran los equipos de trabajo ya fuera en jornadas
veredales ya fueran Puerta a Puerta, según la estrategia que mejor se nos
acomodara para la demanda que tuviéramos dela población . […]”71.
118. La Sala considera, derivado de esas declaraciones, que tanto la Jefe de la
Oficina Jurídica como el Supervisor del contrato coinciden en señalar que el Acta
de Inicio del contrato se suscribió una vez perfeccionado el contrato en el SECOP
II, cuando quedó suscrito electrónicamente por el contratista y la entidad
contratante, atendiendo a que sólo a partir de ese momento entienden que es
posible realizar el Acta de Inicio y ejecutar el contrato.
119. De acuerdo con lo señalado supra, como el Acta de Inicio se firmó el 9 de
noviembre de 2022, una vez perfeccionado el contrato con la firma electrónicas
de las partes en el SECOP II, y en ese documento contractual se estableció que
la fecha del Contrato era el 31 de octubre y no el 26 de octubre, las apreciaciones
que efectuaron los declarantes en torno a entender que el contrato se suscribe
cuando se sube la minuta del contrato al SECOP II, carecen de lógica y de
fundamento fáctico y normativo, máxime cuando dicho documento fue firmado por
el contratista Congote Lopera y el Supervisor.
120. La Sala encuentra probado que las elecciones al Concejo Municipal de
Girardota, Antioquia, se llevaron a cabo el 29 de octubre de 202372, razón por la
cual, el año anterior a la elección del Concejal comprende el período entre el 29
de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023.
121. En el caso sub iudice está plenamente probado que el contrato se suscribió
el 31 de octubre de 2022 y que las elecciones de Concejo Municipal de Girardota
se realizaron el 29 de octubre de 202373, como se verifica con el Formulario E-26
correspondiente al Acta de Escrutinio, que declaró la elección del Concejal
71
Minuto 10:23; Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documentos023GrabacionAudienciaPruebas.mp4
72
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documento043RecursoApelacionDdo.pdf.
Documento018RespuestaOficioRegistraduría; formulario E-26 (Acta de escrutinio).
73
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Subíndice 018
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
Congote Lopera; en consecuencia, el contrato fue celebrado dentro del año
anterior a las elecciones, dentro del periodo inhabilitante.
122. Por esta razón no prospera el argumento de la apelación.
123. En suma, la Sala encuentra verificado que el elemento temporal de la
causal de inhabilidad se configuró, toda vez que se probó que el Concejal intervino
en la celebración del Contrato PS671-2022 de prestación de servicios y de apoyo
a la gestión, producto de un proceso de contratación directa que adelantó la
Alcaldía Municipal de Girardota, cuyo perfeccionamiento ocurrió el 31 de octubre
de 2022, es decir, dentro del periodo inhabilitante que transcurrió entre el 29 de
octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023; consecuentemente, queda sin piso
la posibilidad de que su perfeccionamiento acaeciera al margen de la suscripción
del contrato en la plataforma SECOP II.
Que el contrato se haya celebrado en interés propio o de un tercero
124. La Sala halla acreditado este supuesto de la inhabilidad, en tanto quien
celebró el Contrato PS671-2022 fue el Concejal y lo hizo en calidad de contratista,
como consta en las pruebas documentales que obran en el plenario, de manera
que tanto la contraprestación pecuniaria como cualquier otro beneficio que pudiera
derivarse de la intervención en la celebración del contrato, sólo le interesa a éste.
Que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio
125. La Sala encuentra que este supuesto se encuentra probado, toda vez que
el objeto pactado en el Contrato PS671-2022, dan cuenta de que su ejecución se
realizó en el Municipio de Girardota, así: “[…] PRIMERA: OBJETO DEL
CONTRATO: Lo constituye la obligación del contratista del contratista a favor del
contratante para ejecutar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LAS
JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, DESPARACITACIÓN DE
CANINOS Y FELINOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
GIRARDOTA. UTILIZANDO COMO ESTRATEGIA, EL CONTROL DEL VIRUS
DE LA RABIA, TANTO EN ZONA URBANA COMO RURAL DEL MUNICIPIO Y
ASÍ DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO A NIVEL ZOONÓTICO EN LA
POBLACIÓN GIRARDOTANA Y REALIZAR OBSERVACIÓN
MEDICOVETERINARIA A LAS EXPOSICIONES RÁBICAS QUE LO AMERITEN
SEGÚN PROTOCOLO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, DURANTE LA
VIGENCIA 2022 […]”. (negrillas fuera de texto).
Sobre la configuración del elemento subjetivo de la causal de pérdida de la
investidura, por violación del régimen de inhabilidades, al haber celebrado
el Contrato PS671-2022, dentro del periodo inhabilitante
126. La Sala pone de presente que, en lo referente al elemento subjetivo, el
apelante alega como no probada una conducta gravemente culposa del Concejal,
y que se le endilgó la de dicha estirpe sin tener en cuenta sus condiciones
personales y profesionales, con lo cual, en su criterio, hay serias dudas sobre la
exigibilidad de una conducta distinta a la de haberse inscrito como candidato,
resultando el juicio de su culpabilidad desproporcionado.
127. La Sala considera, como la ha señalado la jurisprudencia de la Corporación
que para definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los
cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la
conducta; es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que
su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
128. La Sala advierte que, como en este caso lo que se apela es la conclusión
a la que llegó el Tribunal Administrativo de Antioquia, referida a que el Concejal
no conocía la ilicitud de su conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida
para el desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, la Sala entrará a estudiar
este aspecto, a efectos de determinar si dicha conducta fue culposa, o si,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
mediaron circunstancias que amparan su conducta en la buena fe exenta de
culpa, en la confianza legítima, o en el error invencible.
129. La Sala, para tal efecto, deberá tener en cuenta las condiciones personales
del Concejal, y la circunstancia referida al asesoramiento que recibió de una
profesional del derecho, quien le señaló que no estaba inhabilitado en los términos
de la información del cronograma del Contrato PS671-2022, publicado en el
SECOP II, donde aparecía como fecha del contrato el 26 de octubre de 2022.
130. En relación con las condiciones personales del demandado, se encuentra
acreditado que i) es médico veterinario74; ii) había suscrito previamente contratos
de prestación de servicios con el municipio de Girardota, según certificado
adjuntado por el apoderado del Concejal75; iii) desde hace ocho años ha sido
contratista de la entidad territorial, según lo manifestó el señor Congote Lopera en
la declaración que rindió en el proceso76; y iv) su actividad económica principal
está relacionada con el ejercicio de su profesión.
131. La Sala considera que las calidades personales y profesionales señaladas,
así como la experiencia de 8 años que tenía como contratista del ente territorial,
lo dotan de la capacidad de discernir y entender que para ser elegido Concejal del
municipio requería cumplir los requisitos que para el efecto exige el ordenamiento
jurídico, y que, en esa medida, como cualquier otra persona con las mismas
condiciones, tenía la obligación mínima de consultar la normativa y de verificar si
cumplía los requisitos del cargo, y establecer si se encontraba habilitado o
inhabilitado para inscribirse como candidato y hacerse elegir.
132. La Sala considera que, en punto de lo anterior, la conducta del señor Diego
Armando Congote Lopera no cumple con ese mínimo estándar obligatorio de
diligencia y cuidado; máxime cuando, como se corrobora con la declaración de la
74
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Subíndice 012 expediente de primera instancia.
75
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Subíndice 011 expediente y Subíndice012ContestaciónDda de
primera instancia.
76
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Subíndice 011DocumentoContestaciónDda.
Subíndice012ContestaciónDda, expediente de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
abogada Luisa Fernando Ochoa Arango 77 , la razón por la cual el Concejal la
consultó, provino de la inquietud que tenía acerca de si el contrato que había
celebrado en octubre de 2022, le podría generar alguna dificultad o problema para
su interés electoral; es decir, de alguna manera tuvo conocimiento previo a su
elección y estuvo en capacidad de prever que podría, eventualmente, estar
incurso en alguna inhabilidad para inscribirse y ser elegido.
133. La Sala considera, en lo que respecta al argumento referido a que el
Concejal no estaba en capacidad de entender que se encontraba inhabilitado
porque no es abogado, no es de recibo; basta señalar que la obligación general y
mínima de conocer el marco normativo y los requisitos del cargo para el cual iba
a ser elegido no surge de la clase de profesión que se tenga, sino precisamente,
de contar con las calidades personales que le permitan discernir que está obligado
a hacerlo; en consecuencia, el nivel profesional y la trayectoria como contratista
del municipio determinan que debía haber conocido de su inhabilidad.
134. La Sala considera en cuanto a que era la primera vez que participaba en
una contienda electoral, que esta circunstancia personal tampoco desvirtúa la
obligación que tenía de conocer el régimen de requisitos para la inscripción y
elección de los Concejales, puesto que, tratándose de una inhabilidad, la
obligación nace de los requisitos necesarios para acceder al cargo de elección
popular, los cuales están claramente previstos en el ordenamiento y son de
obligatoria consulta y conocimiento para cualquier persona que así lo pretenda.
135. La Sala considera que dicha obligación de conocimiento corresponde al
deber de diligencia mínimo que la sociedad y los votantes esperan de quien se
presenta a una contienda electoral, a efecto de asegurar que no se les defraudará
su confianza en cuanto a ese cumplimiento de las calidades se refiere; es por esta
razón que el cumplimiento de dicha obligación es de carácter general y opera sin
perjuicio del número de veces que una personas aspire al cargo de elección
popular; cosa distinta es lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el régimen de
77
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documentos023GrabacionAudienciaPruebas.mp4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
incompatibilidades, el cual se refiere a las prohibiciones que impone el ejercicio
del cargo, respecto de las cuales, eventualmente y en cada caso concreto, podría
llegar a probarse que la circunstancia de nunca haber sido elegido popularmente,
en conjunto con otra serie de condiciones personales, determina la ausencia de
dolo o culpa grave en la realización de la conducta.
136. Sobre la buena fe exenta de culpa alegada por el Concejal con base en
haber recibido asesoría profesional, se tiene que Luisa Fernanda Ochoa Arango78
declaró que es abogada con posgrados en derecho laboral y en contratación
estatal; que ha sido litigante, empleada de la rama judicial en diferentes cargos y
contratista del municipio de Medellín79; expuso que es amiga Concejal80 y que
acudió a ella en busca de asesoría porque tenía intenciones de lanzarse como
concejal y tenía algunas inquietudes, y, en ese sentido, revisaron el contrato en el
SECOP II.
137. La abogada testificó que fue una consulta personal y verbal, consistente en
revisar la plataforma del SECOP II; dijo que en ella aparecía el 26 de octubre de
2022 como fecha de celebración del contrato, razón por la cual, con base en esa
observación de la fecha publicada, le señaló que no estaba inhabilitado con
ocasión de ese contrato, toda vez que la elección sería el 29 de octubre; luego de
ello prosiguieron en la revisión del resto de las inhabilidades.
138. La Sala considera que la asesoría solicitada por el Concejal y que le fue
brindada por la abogada Ochoa Arango, no constituye una conducta capaz de
constituir la buena fe calificada, puesto que, como lo ha señalado la jurisprudencia
de la Corporación, sólo resulta justificativa la asesoría proveniente de un
profesional del derecho idóneo, siempre que dicha asesoría o concepto sea el que
da lugar al entendimiento errado y verse sobre un punto carente de claridad
relacionado con la causal; si no existe oscuridad o si el punto está decantado
jurisprudencialmente, la asesoría del profesional del derecho no da lugar a
78
Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. Documentos023GrabacionAudienciaPruebas.mp4
79
Minuto 14: 13 en adelante. Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL.
Documentos023GrabacionAudienciaPruebas.mp4 .
80
Minuto 14:50 en adelante, Cfr. Índice 0003 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL.
Documentos023GrabacionAudienciaPruebas.mp4.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
relevarlo de la obligación de diligencia y cuidado; sobre la buena fe exenta de
culpa, la Corporación ha dicho:
“[…] Aunque, al tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia de la ley no
sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los cuales sí
se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida, porque implican
que el accionado actúa con buena fe calificada y en presencia de un error
invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una
manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza
legítima, y (ii) cuando la persona se asesora de un profesional idóneo y éste le
aconseja mal, ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que
se discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que,
si ésta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto.
Valga indicar que no basta para exonerarse de la sanción de pérdida de investidura
argumentar la buena fe simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de
elección popular está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de
los deberes que el cargo le impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata de verificar que no
se incurra en conductas que tienen como consecuencia la nulidad de la elección, o
la pérdida de investidura […]”81
139. La Sala considera que la confianza legítima alegada por el Concejal,
referida a que su actuación obedeció a que confió en la información publicada en
el cronograma del SECOP II y tuvo con ella la convicción de que el Contrato
PS671-2022 lo suscribió el 26 de octubre, tampoco es de recibo, en tanto y en
cuanto dicha circunstancia no reúne las exigencias requeridas para considerarla
dentro de esa categoría justificativa.
140. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo al respecto ha considerado
que la confianza legítima supone : i) […]” corroborar que existen hechos claros,
precisos y contundentes, de los que se puede concluir la voluntad estatal en
caminada a producir determinados efectos jurídicos, así como la confianza de los
administrados en tales mandatos […]”; ii) “[…] que la convicción del destinatario
sea genuina, ajustada al derecho y a la razón y por tanto justificada en razón a la
existencia de las circunstancias objetivas en las que confió […]”; iii) “[…] que haya
exteriorización de la confianza del administrado, actuando u omitiendo una
81
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Sentencia del 18 de enero de 2023; MP.
Oswaldo Giraldo López, expediente 11001-0315-000-2022-03485-00(PI)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
conducta ante el Estado […]”; iv) “[…] que exista la defraudación de la confianza
legítima, esto es, que se presente una actuación intempestiva e inesperada de la
autoridad que de manera evidente y razonable, modifique las reglas que rigen las
relaciones entre los administrados y el Estado […]”82.
141. En este caso concreto, la confianza que el Concejal cimienta en la fecha
que aparece publicada en el SECOP II no constituye voluntad de la administración
encaminada a producir efectos jurídicos, por las siguientes razones:
i) El cronograma es una acto precontractual y no contractual; corresponde
a una cronología prevista y publicada por la entidad, pero que puede
ser objeto de modificaciones; en la plataforma SECOP II, el Cronograma
hace parte de la información que la entidad introduce para la creación
del proceso y para gestionar transaccionalmente la actividad
contractual; además, en el sub examine, el Concejal firmó
electrónicamente el Contrato PS671-2022 en el SECOP II, el 30 de
octubre de 2022.
ii) La convicción del Concejal bien puede ser genuina; sin embargo, no
resulta ajustada a la realidad de los documentos que suscribió tanto en
la plataforma SECOP II como en medio físico, pues en todos ellos no
solamente aparece su rúbrica, lo cual es señal de conocimiento y
aceptación del contenido, sino también consignan con claridad la fecha
del contrato, indicada 31 de octubre de 2022; por esta razón, la
afirmación de existir tal convicción en el no es demostrativa de la
existencia de circunstancias objetivas en las que hubiera podido confiar,
sino de la negligencia al no verificar la realidad del contrato.
iii) No hubo defraudación alguna de la confianza del Concejal, pues este
no se vio sorprendido por una decisión administrativa o judicial que
82
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de enero de 2019; MP. Rocía Araújo
Oñate, expediente 11001-03-28-000-2018-00031-00(NE).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
variara las reglas de decisión y actuación entre el Estado y los
administrados.
iv) No se observa que el Concejal actuara al amparo de decisiones
judiciales que, aplicadas al caso particular, hubieran generado una duda
razonable sobre la fecha de perfeccionamiento del contrato; mucho
menos se probó que el o la abogada consultada hubiere revisado la
jurisprudencia de esta Corporación con el objeto de informarse sobre el
criterio jurisprudencial vigente en relación con la violación del régimen
de inhabilidades por intervenir en la celebración de contratos.
Por el contrario, la jurisprudencia de del Consejo de Estado ha sido clara
y armónica en señalar que el perfeccionamiento del contrato estatal
ocurre cuando se hay consentimiento sobre el objeto y se eleva a
escrito, considerándose que esto último sólo acaece con la suscripción
del contrato, es decir, con la firma.
142. Corolario, surge evidente la inexistencia de un error invencible que
justifique la falta de cuidado y diligencia del señor Congote Lopera al haberse
inscrito y hecho elegir Concejal, ya que, dadas sus condiciones personales, tenía
la capacidad de verificar el entendimiento que tenía acerca de la fecha en que
celebró el Contrato PS671-2022, pues él, precisamente, fue quien lo suscribió
electrónicamente en el SECOP II, y firmó las correspondientes actas de inicio y
de liquidación, así como los informes de supervisión, documentos éstos donde
consta que la fecha del contrato es 31 de octubre de 2022.
143. El Concejal fue quien solicitó la asesoría de la abogada Ochoa Arango, y
tanto ella como el Concejal, se limitaron a tomar por cierto que la fecha del contrato
era la publicada en el Cronograma del SECOP; sin embargo, el Concejal no tomó
precaución de informarle a su abogada que existían documentos físicos que
fueron firmados por él, ni de verificar que su intervención en la celebración del
contrato, efectivamente, hubiera acaecido por fuera del periodo inhabilitante,
pudiendo para ello consultar también, la fecha en que aprobó el contrato en el
SECOP II.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
144. La Sala considera que, en el caso sub examine, la buena fe exenta de
culpa, la confianza legítima y el error invencible son inexistentes, pues el hecho
de que el Concejal participara en los actos del contrato con su firma electrónica y
física, demuestra que su convicción acerca de que la información publicada en el
Cronograma que aparece en plataforma SECOP II era correcta y reflejaba la
realidad de la fecha en que celebró el Contrato PS671-2022, estuvo fincada en
apreciaciones subjetivas y erradas, las cuales eran fácilmente superables
mediante una consulta más profunda de la información y documentos
contractuales que reposan en el SECOP II, o incluso acudiendo a la Alcaldía
Municipal para corroborar la información de su contrato.
145. La Sala en este caso no puede concluir que el Concejal obró con la
diligencia requerida y, por el contrario, se evidencia que este no hizo una
verificación de las normas que establecían la inhabilidad derivada de la
intervención en la celebración de contratos, lo cual constituye una conducta
inexcusable y por consiguiente gravemente culposa que, según explicó esta Sala,
“[…] es la propia de las personas negligentes o de poca prudencia […] que
desconoce normas constitucionales y legales [que] […] los concejales deben
conocer, de un lado, porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa al tenor del
artículo 9° del Código Civil y, por el otro, porque son disposiciones que regulan
[…]”44 , en este caso, el ejercicio del cargo de elección popular.
146. Por estas razones, no prospera este cargo de la apelación. En ese orden
de ideas, la Sala considera que se reunieron los criterios establecidos por esta
Corporación para la configuración del elemento subjetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de inhabilidades en el caso sub iudice.
Conclusión
147. De conformidad con lo anterior, al encontrarse acreditados los elementos
objetivo y subjetivo de la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43
de la Ley 136, como causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.°
del artículo 55 de la Ley 136, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en primera instancia, mediante la cual se decretó la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
pérdida de investidura del Concejal del Municipio de Girardota, Diego Armando
Congote Lopera.
148. La Sala confirmará la sentencia de 8 de marzo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto dispuso decretar la pérdida de
investidura del Concejal Diego Armando Congote Lopera, al encontrase probada
la configuración de los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de
la investidura, por la violación del régimen de inhabilidades consistente en la
intervención en la celebración de contratos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de marzo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Núm. Único de radicación: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.