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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00397-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00397-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: TENER al doctor AUGUSTO HERNÁNDEZ BECERRA, como apoderado del concejal del municipio de Chía (Cundinamarca), señor PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, de conformidad con el poder de sustitución y los documentos anexos visibles en el índice 00011 de SAMAI. TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2025-00397-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 250002315000202500397011
Recurso de apelación contra la sentencia de 4 de agosto de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

TESIS: SE CONFIGURA CONFLICTO DE INTERESES POR LA OMISIÓN DE
DECLARARSE IMPEDIDO CUANDO SE MATERIALIZA LA CAUSAL DE
IMPEDIMENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, NUMERAL 14, DE LA LEY 1437
DE 2011. PARTICIPACIÓN DEL CONCEJAL EN LA ENTREVISTA, VOTACIÓN Y
ELECCIÓN COMO SECRETARIO GENERAL DE EXCOMPAÑERO DE LISTA DE
CANDIDATOS AL CONCEJO DE CHÍA, PERÍODO 2024-2027, POR EL PARTIDO
LIBERAL COLOMBIANO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
concejal de Chía (Cundinamarca), señor PABLO ANDRÉS CASTRO
CASTRO, a través de apoderado, contra la sentencia de 4 de agosto
de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual decretó su pérdida de investidura
por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.

I.- ANTECEDENTES

1
Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, deben confrontarse de forma virtual.

2

Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00397 01
Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

I.1.- La ciudadana MARÍA HERNÁNDEZ MONTES, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del señor
PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, concejal de Chía
(Cundinamarca), por hechos sucedidos dentro del período
constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal
prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136 de 2 de junio
de 19942, y 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 3,
en consonancia con el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 de 18
de enero de 20114, esto es por violación al régimen de conflicto de
intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, que
a través del formulario E-8 el Partido Liberal Colombiano inscribió
como candidato al accionado al Concejo Municipal de Chía
(Cundinamarca) para las elecciones celebradas el 29 de octubre de
2023, con el número 01 de la lista; y que esa misma lista la integró
el ciudadano JUAN CARLOS HURTADO, a quien le correspondió el
puesto 10.

Sostuvo que en las elecciones llevadas a cabo el 29 de octubre de
2023, el accionado obtuvo 479 votos, mientras que el señor JUAN
CARLOS HURTADO, quien integraba esa misma lista, consiguió 180
votos, según consta en el formulario E-26, expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, como también que fue

2
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.
3
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
4
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.

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3

Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00397 01
Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

declarado concejal electo del municipio de Chía (Cundinamarca)el
señor PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, por el Partido Liberal
Colombiano, quien tomó posesión del cargo el 1o. de enero de 2024,
para el período constitucional 2024-2027.

Indicó que el Concejo de Chía (Cundinamarca), en sesión ordinaria
de 6 de enero de 2024, incluyó en el orden del día la entrevista y
elección de secretario general, vigencia 2024, de conformidad con la
Ley 1904 de 27 de junio de 20185 y en cumplimiento del artículo 8°
de la Resolución 091 de 18 de octubre de 20236; y que en esa sesión
estuvieron presentes la totalidad de los miembros del cabildo
municipal, entre ellos, el accionado.

Señaló que la lista de elegibles para el cargo de secretario general
fue conformada por la señora DIANA CATALINA SALAMANCA
GÓMEZ y los señores JORGE ENRIQUE CASTILLO TRIANA y
JUAN CARLOS HURTADO; y que el accionado participó activamente
en el proceso de entrevista, interviniendo en el debate, formulando
preguntas al aspirante JUAN CARLOS HURTADO, -quien integró su
misma lista de candidatos al Concejo de Chía (Cundinamarca) por el
Partido Liberal Colombiano-, y votando en las dos rondas realizadas
para la elección, sin manifestar impedimento alguno.

Manifestó que efectuada la primera votación, la señora DIANA
CATALINA SALAMANCA GÓMEZ obtuvo 2 votos, el señor JORGE
ENRIQUE CASTILLO TRIANA 6 votos, y el señor JUAN CARLOS

5
“[…] Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de contralor
general de la República por el Congreso de la República […]”.
6
“[…] Por medio de la cual se realiza apertura de convocatoria pública para la elección de secretario
(a) general del Concejo municipal de Chía, para la vigencia 2024 […]”.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00397 01
Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

HURTADO 7 votos; que como ningún candidato obtuvo la mayoría
absoluta, se realizó una segunda votación en la que también participó
el accionado; y que el señor JUAN CARLOS HURTADO fue elegido
con 9 de los 15 votos posibles, procediéndose a tomarle el juramento
de rigor.

Adujo que el accionado, al haber integrado la misma lista de
candidatos con el señor JUAN CARLOS HURTADO y participar, sin
declararse impedido, en su elección como secretario general del
Concejo de Chía (Cundinamarca), configuró un conflicto de intereses
debido a que estaba en la obligación de declararse impedido,
teniendo en cuenta su conocimiento, formación y experiencia como
conocedor del derecho y la estructura básica del Estado y sus
instituciones.

Mencionó que la mesa directiva del Concejo de Chía (Cundinamarca)
expidió la Resolución 05 de 7 de enero de 2024, “[…] Por medio de
la cual, se plasma, comunica y realiza nombramiento del Secretario
General del Concejo Municipal de Chía para el período fijo
comprendido entre el 07 de enero a 31 de diciembre vigencia 2024
[…]”, acto administrativo que fue suscrito y aprobado, entre otros,
por el accionado, incurriendo así de manera flagrante y dolosa en un
conflicto de intereses, como lo prevé el artículo 11, numeral 14, de
la Ley 1437.

Agregó que siendo el accionado un destacado jurista, debía tener
presente que su actuación estaba restringida o limitada al
impedimento que tenía que ventilar ante la corporación, previo a las
decisiones que tomó, por cuanto al haber participado, entrevistado,

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00397 01
Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

votado, elegido y nombrado, en la sesión plenaria ordinaria de 6 de
enero de 2024, al señor JUAN CARLOS HURTADO, ciudadano que
había hecho parte de la misma lista de candidatos al Concejo de Chía
(Cundinamarca) para el período 2024-2027 por el Partido Liberal
Colombiano, desconoció la normativa que por naturaleza debía
conocer un servidor público de elección popular, más aun siendo un
abogado con la trayectoria que su perfil profesional evidencia.

Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de
marzo de 2025, número único de radicación 25000-23-15-000-2024-
00769-01, en la cual se consideró que “[…] no se encuentra probado
que el Concejal hubiere realizado algún ejercicio informativo, de
indagaciones o de consultas jurídicas o de cualquier otra clase, con
el objeto de establecer, si su conducta le generaba algún tipo de
conflicto de interés […]”; y que “[…] una de las formas en que se
transgrede el régimen del conflicto de interés, consiste en que el
concejal, estando incurso en alguna de las hipótesis previstas por la
ley como causal de impedimento, de aquellas aplicables al asunto del
que conoce y decide, pese a no haber sido recusado, omite
manifestarse impedido […]”.

Comentó que en tal sentido y como la responsabilidad subjetiva
implica que el servidor público debe haber tenido un comportamiento
negligente o doloso al incurrir en la causal de pérdida de investidura,
se dan los presupuestos necesarios para decretarla.

I.3.- El concejal, a través de apoderado, contestó la solicitud de
pérdida de investidura con la que se opuso a dicha pretensión, para
lo cual arguyó, en síntesis, que no se formularon cargos de

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00397 01
Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

imputación respecto de una aparente vulneración al régimen de
incompatibilidades o al régimen de conflicto de intereses; y que si
bien es cierto manifiesta que incurrió de manera flagrante y
abiertamente dolosa en un conflicto de intereses, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, esta no
logra probar la existencia de un aparente conflicto de intereses, ni
presenta argumentos jurídicos y concepto de violación respecto de
este hecho, incluso interpreta equivocadamente la disposición
normativa.

Señaló que la referida norma representa una causal de impedimento
por la cual puede ser recusado, pero no constituye una situación de
conflicto de intereses o incompatibilidad como lo indica
taxativamente el artículo 48 de la ley 617 que regula las
circunstancias por las cuales puede configurarse la pérdida de
investidura; y que en este caso no se logra probar que tuviera algún
tipo de interés personal que generara un conflicto de intereses por
su participación en el nombramiento del secretario general de la
corporación edilicia, señor JUAN CARLOS HURTADO.

Luego de referirse a la regulación normativa del régimen de
incompatibilidades, manifestó que es importante distinguir las
diferencias entre incompatibilidades e ‘impedimentos’, pues las
inhabilidades son restricciones que impiden a una persona ser elegida
o nombrada para un cargo o empleo, mientras que las
incompatibilidades son restricciones que se aplican a quien ya tiene
un cargo o empleo, impidiendo que realice ciertas actividades o tenga
otros cargos simultáneamente, razones por las que no incurrió en
alguna causal de incompatibilidad alguna.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00397 01
Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo, mediante sentencia de 4 de agosto de 2025, decretó la
pérdida de investidura del señor PABLO ANDRÉS CASTRO
CASTRO, concejal del municipio de Chía (Cundinamarca), para lo
cual mencionó, luego de un recuento jurisprudencial, que está
probado el elemento objetivo de la causal de conflicto de intereses
prevista en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 porque el
accionado, a pesar de haber integrado la lista de candidatos al
Concejo de Chía (Cundinamarca), con el ciudadano JUAN CARLOS
HURTADO, por el Partido Liberal Colombiano, período constitucional
2024-2027, conformó el quorum de la sesión plenaria de 6 de enero
de 2024, intervino en la entrevista de este último y en su votación y
elección como secretario general de esa corporación territorial, para
la vigencia 2024, sin declararse impedido.

Respecto del elemento subjetivo, indicó que está demostrado que el
accionado cursó 10 semestres de derecho, lo que le otorgaba la
capacidad de comprender que, como concejal de Chía
(Cundinamarca), debía declararse impedido para participar en la
elección del señor JUAN CARLOS HURTADO como secretario
general de esa corporación, después de que ambos hubieran
conformado la misma lista de candidatos inscritos para las elecciones
2024-2027, esto es que no cumplió con ese mínimo estándar
obligatorio de diligencia y cuidado.

Señaló que el concejal contaba con los conocimientos suficientes para
comprender que conformar el quorum, intervenir, participar y votar
en el proceso de selección del secretario general del Concejo de Chía

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00397 01
Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

(Cundinamarca) configuraba causal de pérdida de investidura por
conflicto de intereses, además sin que se hubiera asesorado bajo los
criterios de idoneidad, congruencia pertinencia y sustentación
razonada, a fin de determinar si intervenir en el mencionado
nombramiento le generaba algún tipo de conflicto de intereses.

Recalcó que el accionado debió acreditar que actuó dando aplicación
a lo dispuesto en la jurisprudencia vigente y por ello omitió declararse
impedido para la mencionada elección del secretario general de esta
Corporación, situaciones que no se predican en el caso.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El accionado, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación
en el cual solicita revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, se
deniegue la pérdida de investidura, para lo cual sostiene que lo que
constituye causal de desinvestidura no es el desconocimiento de una
causal de impedimento o de recusación, sino, de conformidad con lo
previsto en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136 de 1994, la
violación del régimen de conflicto de intereses, por lo que no es de
recibo sostener que no declararse impedido en el evento del artículo
11, numeral 14, del CPACA, conlleve la referida sanción.

Menciona que el hecho de que un concejal no manifieste su
impedimento para conocer de un asunto propio de su labor no implica
automáticamente que esté incurso en un conflicto de interés y mucho
menos que conlleve la pérdida de su investidura, máxime cuando no
se probó en el proceso que tuviera un interés directo en la elección
del secretario o que se viera beneficiado de la elección del segundo.

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Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

Y que en la solicitud no se logra determinar ni probar que tuviera
algún tipo de interés personal que generara un conflicto de intereses
mediante su participación en el nombramiento del secretario JUAN
CARLOS HURTADO.

Aduce que se decretó su pérdida de investidura porque no manifestó
oportunamente su impedimento y porque debido a su preparación
académica estaba en capacidad de advertirlo, todo lo cual
corresponde a un análisis meramente objetivo, al limitarse a verificar
la existencia de esa omisión y a analizar si el accionado estaba en
capacidad o no de haber reconocido el impedimento; y que tal
estudio omitió identificar el punto esencial del conflicto de interés,
esto es, si se encontraba o no debidamente probado la existencia de
un interés directo en la decisión que conllevó la elección del
secretario general del Concejo de Chía (Cundinamarca), que se
contrapone con el interés general.

Reitera que la existencia de un verdadero conflicto entre su interés
con el interés general, que afecte su imparcialidad en la toma de la
decisión a su cargo, implicaba analizar su fuero interno, estudio que
se omitió; y que no se evidencia la existencia de prueba alguna que
permita determinar que tenía interés particular en la elección del
secretario, ni intención de desviar el interés público, máxime cuando
el argumento expuesto es que el candidato a secretario ‘estuvo en la
misma lista electoral del Partido Liberal Colombiano’, aunque la lista
era abierta, así como tampoco se probó un lazo de consanguinidad
ni la existencia de una amistad clara que permita determinar que
subjetivamente se vería beneficiado con la elección de aquél.

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Asimismo, señala que hay ausencia de dolo o culpa grave si se tiene
en cuenta que la votación fue secreta y no nominal, por lo que
extender automáticamente una causal de recusación de la Ley 1437
a la pérdida de investidura, contradice tipicidad y carácter restrictivo,
y la sanción afecta derechos políticos del concejal y de los electores
sin justificación proporcional; y que no se le puede reprochar de
forma subjetiva los estudios universitarios que hubiera cursado, pues
en el proceso no se probó, siquiera sumariamente, que hubiera
obtenido beneficio alguno o tuviera interés en que el secretario fuera
el señor JUAN CARLOS HURTADO, como se concluyó en la propia
sentencia recurrida.

Arguye que la jurisprudencia citada como fundamento de la sentencia
recurrida, se basa en una realidad fáctica y probatoria distinta a los
del caso concreto, máxime cuando desconocía que el señor JUAN
CARLOS HURTADO había integrado su misma lista, pues de saberlo
se hubiera declarado impedido para referirse o votar en su elección,
situación que evidencia un error invencible, más aún porque ni
siquiera conocía a ese candidato.

Sostiene que la sentencia le trasladó la carga de la prueba,
exigiéndole que demostrara que se asesoró o que actuó bajo un error
invencible para exonerarse de la culpabilidad, lo que contradice el
principio de presunción de inocencia que rige la pérdida de
investidura. Y que la defensa de la inocencia no puede depender de
la acreditación de la buena fe calificada, sino que la acusación debe
probar el dolo o la culpa grave del accionado.

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Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 7, fue descorrido
así:

IV.1.1.- La accionante solicita confirmar la sentencia apelada, para
lo cual reiteró los argumentos expuestos desde la solicitud de
desinvestidura.

IV.1.2.- Por su parte, el agente del Ministerio Público, a través del
concepto 480-25 de 24 de septiembre de 2025, solicitó confirmar la
sentencia recurrida, para lo cual menciona que el accionado incurrió
en la causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses al
haber intervenido en la entrevista, deliberación, votación y
nombramiento del señor JUAN CARLOS HURTADO, con quien
integró la misma lista electoral en el período coincidente; y que su
omisión de declararse impedido quebrantó los principios de
imparcialidad, transparencia y moralidad que rigen la función pública,
configurando así la hipótesis prevista en el artículo 48 de la Ley 617,
en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136 y el artículo 11,
numeral 14, del CPACA, lo cual impone la sanción de pérdida de
investidura.

Respecto de los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por el accionado, indica que no son de recibo toda vez
que el Consejo de Estado ha reiterado que el solo hecho de integrar

7
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

la misma lista de candidatos en el período coincidente genera un
interés particular que afecta la imparcialidad del servidor público, sin
que resulte necesario acreditar un beneficio económico directo ni un
interés subjetivo adicional.

IV.1.3.- Finalmente, la Sala se abstendrá de analizar los memoriales
presentados por el accionado, a través de su nuevo apoderado, el 24
de octubre de 2025, -índices 00012 y 00013 SAMAI-, por cuanto
exponen ‘consideraciones y peticiones’ de forma extemporánea.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si el concejal de Chía (Cundinamarca), señor PABLO ANDRÉS
CASTRO CASTRO, incurrió en la causal prevista en el artículo 48,
numeral 1, de la Ley 617, en consonancia con el artículo 11, numeral
14, de la Ley 1437, esto es por violación al régimen de conflicto de
intereses, luego de haber conformado el quorum, e intervenido en la
entrevista, votación y elección del secretario general de esa
corporación, para la vigencia 2024, del señor JUAN CARLOS
HURTADO, sin haberse declarado impedido, a pesar de haber
conformado juntos la lista al Concejo del municipio de Chía
(Cundinamarca), por el Partido Liberal Colombiano, para las
elecciones del actual período constitucional 2024-2027.

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Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales 8

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 1, de la
Ley 617, así:

“[…] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 9
previó, en cuanto al conflicto de intereses de concejales, la siguiente
definición conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701.
9
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.

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Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A su vez, el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, en cuanto al
conflictos de interés, determina lo siguiente:

“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que si bien son vertidas en el marco de controversias
de desinvestidura de congresistas de la República, orientan su
entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos que, como
en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.

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Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.

ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a

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los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena10, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala11, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-

En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.

“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.

“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 200812, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre
de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de
2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
12
“[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto
del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por
actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los
hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar
su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En
caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo,

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23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-

En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates13, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo14.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.

vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”15.

¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento
ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una
investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de
investidura […]”.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003,
número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de
2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones 16:

[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

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d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”17.

A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección 18 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o

17
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación
núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de
mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.

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compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.

El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.

La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, -ya sean de orden moral y/o económico-,
y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:

a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en

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ejercicio de su respectiva investidura;

b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es
decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,

c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos 19.

El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que
incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de concejal.

El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de
2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.

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23

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sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o temas que
son puestos a consideración e intervención del miembro de la
corporación.

El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real
del miembro de la corporación pública hacia un tema, objeto o
aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se
aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien general 20
y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación.

La Sala Plena21 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser
entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]” 22 y como “[…] el provecho,

20
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm. único de
radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas, la
Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados
del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado
de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público […]”.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010,
número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de
1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.

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conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]” 23.

La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:

“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia
para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II,
p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo
reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de
derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando
se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de
obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de
2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su
cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”24.

El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del
interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena
ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:

“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.

No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.

El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las
normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses

24
Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004, consejero
ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y reiterado en Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente
núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade y de 22 de marzo de 2013,
Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

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privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale
decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente
incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,
ese debate o esa decisión […]”25 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

El tercer componente alude a los asuntos o temas que son sometidos
a consideración e intervención del concejal que, lejos de
circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija
los electorales, judiciales, de control político, administrativos a su
cargo o, en general, que correspondan a decisiones trascendentales,
en cuanto hacen parte de las distintas facetas en las que aquél
termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato constitucional y
legal. Por tanto, el impedimento para intervenir, siempre que lo
afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
puramente político-administrativas de la corporación pública sino
cuando también se trate de las otras funciones de ese órgano como
son las de control político, judiciales y electorales, entre otras.

Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro

25
Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero
ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994,
consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo de 1996, consejero ponente
Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Amado
Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María
Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero
ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-
00286 (PI), consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

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involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente del
mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos
funcionales; en principio, el miembro de la corporación pública está
en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le
permita al resto de sus compañeros definir o decidir el impedimento.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
habida cuenta que, de todas las circunstancias de hecho que
pudieran configurar un interés privado de índole económico o moral,
surge la obligación de manifestar el consecuente impedimento 26;
guardar silencio al respecto no impide la activación de la causal.

V.3.- El conflicto de intereses derivado de la causal de
impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral
14, de la Ley 1437

El artículo 11 de la Ley 1437 prevé el régimen de conflicto de
intereses y las causales de impedimento y recusación de los
servidores públicos que deberá observarse cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular
y directo de aquellos que deban adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas.

26
Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 marzo de
2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas.

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Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

El numeral 14 de dicha disposición establece que todo servidor
público que haya hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el
interesado, en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores, deberá
declararse impedido para intervenir, así:

“[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de
la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo
del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta
su impedimento por:
(…)
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En los términos de esta norma, se considera que el impedimento se
presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una situación
que, a su juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para
conocer de una actuación administrativa; y la recusación ocurre
cuando dicha situación se da a conocer por cualquier ciudadano en el
marco del procedimiento de que se trate y en los términos del artículo
70 de la Ley 136, que prevé que “[…] [c]ualquier ciudadano que
tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal,
que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella […]” 27.

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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La Sala en sentencia de 19 de septiembre de 2019, reiteradas en
sentencias de 3 de marzo y 11 de mayo de 2023 28, consideró que la
norma regula dos situaciones diferentes: i) haber hecho parte de
listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
inscritas por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores;
y ii) haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados
de elección popular integradas por el interesado en el período
electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de
los dos períodos anteriores. Sobre el particular, esta Sala explicó lo
siguiente:

“[…] Nótese que dicha norma emplea la letra «o», como una
conjunción disyuntiva que denota «[…] diferencia, separación o
alternativa entre dos o más personas o ideas […]» – Diccionario de
la Lengua Española [29] –, lo que indica, entonces, que existen dos
alternativas que la configuran, a saber, i) el hecho de que la lista
sea inscrita por el interesado y ii) la situación de que la lista sea
integrada por el interesado.

La palabra «inscrita» – primera alternativa de la norma – es el
participio irregular del verbo inscribir – Diccionario de la Lengua
Española [30] – siendo inscribir «[…] 2. tr. Apuntar el nombre de una
persona entre los de otras para un objeto determinado […]» [31],
que en el contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437 de 2011 – implica que el interesado en la
actuación administrativa apuntó – ante las autoridades electorales
– la lista de candidatos a cuerpos colegiados con el objeto de que
estos participaran en la contienda electoral respectiva.

La palabra «integrada» – segunda alternativa de la norma – es el
participio del verbo integrar [32] – Diccionario de la Lengua Española
– siendo integrar «[…] 1. tr. Dicho de diversas personas o cosas:

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 3 de
marzo de 2023, número único de radicación 250002315000202201015-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez y de 11 de mayo de 2023, número único de radicación
25000231500020220101601, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
29
https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu
30
https://dle.rae.es/?id=LjeeytK
31
https://dle.rae.es/?id=LjZ6dL7
32
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI

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Constituir un todo […] 2. tr. Completar un todo con las partes que
faltaban […] 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de
un todo […] 4. tr. Comprender (II contener). […]» [33], concepto
distinto a inscribir y que en el contexto de la norma analizada –
numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 – implica que el
interesado en la actuación administrativa hacía parte y constituía la
lista de candidatos a cuerpos colegiados que participarían en la
contienda electoral respectiva […]”34.

Asimismo, la Sección en sentencia de 20 de enero de 2023, consideró
“[…] repárese además que, abundante jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que el cumplimiento de este requisito no se
circunscribe a cuestiones eminentemente legislativas, sino que es
necesario que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del servidor público de elección
popular; eso significa que el impedimento no solo puede darse
en el ejercicio de funciones normativas, sino también
políticas, electorales y administrativas […]”35 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

V.4.- Del caso concreto

V.4.1.- Análisis objetivo de los elementos configurantes del
conflicto de intereses en el caso concreto

La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso 36, pudo verificar lo siguiente:

33
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de
enero de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, proceso identificado con el número único de
radicación 05001233300020220096801.
36
Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

El accionado, señor PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, junto con
el señor JUAN CARLOS HURTADO, integraron la lista de candidatos
del Partido Liberal Colombiano para el Concejo de Chía
(Cundinamarca) en las elecciones territoriales de 29 de octubre de
2023, período constitucional 2024-2027, como consta en el
Formulario E-8 CO, expedido por la REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL. El primero resultó elegido concejal en esa
oportunidad, mientras que el segundo no, según se observa en el
formulario E-26 CON de 4 de noviembre de 2023, expedido por los
miembros de la Comisión Escrutadora de la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

Conforme al acta 01 de 2 de enero de 2024 de la sesión plenaria
ordinaria de esa fecha, el accionado tomó posesión de su cargo de
concejal del municipio de Chía (Cundinamarca), para el período
constitucional 2024-2027, y fue elegido segundo vicepresidente de
la corporación para la vigencia 2024.

De acuerdo con el acta 05 de 6 de enero de 2024, en sesión plenaria
ordinaria de tal fecha, se hizo llamado a lista y verificación del
quorum, lectura, discusión y aprobación del orden del día y entrevista
y elección de secretario general para la vigencia 2024, de
conformidad con la Ley 1904, y dando cumplimiento al artículo 8º de
la Resolución 091 de 2023.

Allí fue aprobado el orden del día, se llamó a lista para votar la
proposición respecto a que la votación no fuese secreta sino nominal,
la que fue denegada 6 votos contra 9 para mantenerla secreta; se
aprobó, por 11 votos contra 4, que fueran tres preguntas para los

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candidatos a secretario general y que se efectuarían por la mesa
directiva ‘teniendo claridad que las preguntas vienen de participación
de cada uno de los concejales’.

El accionado intervino, así:

“[…] Gracias en torno de lo que plantea el concejal Salazar también
me parece muy particular la manera como se estableció el concurso,
la metodología establecida por la universidad, sin embargo, aún con
puntaje concejal Salazar ve como los concursos triste y
lamentablemente en Colombia se hacen muy direccionados aun
teniendo nosotros el 10% del puntaje, del porcentaje en la
entrevista de personero sabíamos que ya no tenía ninguna
trascendencia ese 10%, entonces, pero igual comparto su criterio
de que debería haber tenido seguramente un algún porcentaje no
solamente la capacidad de convencimiento en esta entrevista por
parte de los aspirantes, quería solamente hacer esa salvedad, bueno
y lo que decía usted de la escala salarial de si es profesional, técnico,
tecnólogo, lo que pasa es que si atendemos ese criterio resultaría,
en mi respetuoso parecer resultaría muy incierto porque entonces
tocaría valorar la escala salarial dependiendo de la formación
académica del que resultara elegido como secretario, entonces eso
lo haría incierto, pero entiendo a dónde quería llegar […]”.

En este punto, el accionado le formuló al candidato JUAN CARLOS
HURTADO, la siguiente pregunta:

“[…] HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO
CASTRO

Doctor Hurtado buenos días, la pregunta es la siguiente formulada
por los honorables concejales ¿Cómo podría abordar un asunto
complejo de la Corporación manteniendo un trato igualitario con
funcionarios y los corporados?

SEÑOR JUAN CARLOS HURTADO, POSTULADO A
SECRETARIO (A) GENERAL

Disculpe ¿en cuanto a situación compleja se refiere a cualquier tipo
de complejidad? Okey la blanda respuesta calma el enojo. Digamos,
normalmente cuando hay esas situaciones complejas hay
emociones de por medio, siempre la solución va a ser el diálogo, es

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algo que siempre busco, es algo que sé hacer, sé mediar, soy
conciliador y siempre trato de evitar el conflicto y se apaciguarlo por
experiencia […]”.

Posteriormente, por instrucción de la presidenta de la corporación,
se llamó de nuevo a lista y se efectuó la votación, así:

“[…] HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA,
PRESIDENTA

Honorables concejales le pedí el favor a las secretarias que abrieran
la cajita para que vieran que no hay nada, Luisita si quieres dale la
vuelta por favor, para que se vea que no hay ningún papel ni
ninguna votación. Se sella la caja y vamos a decretar la Comisión
Accidental que va a hacer la verificación de la votación. Decretamos
al honorable concejal Javier Moreno para que por favor después
haga la verificación de la votación, al honorable concejal Víctor
Torres y a la honorable concejal Laura García. Vamos a dar la
explicación a los candidatos que se encuentran en barras sentados,
la señora secretaria va a empezar a llamar uno por uno de los
concejales, los concejales todos tenemos un papel para poner el
voto y uno por uno vamos a ir a la parte de adelante a poner en la
urna la votación ¿algún concejal tiene alguna intervención, alguna
petición o alguna modificación? Señora secretaria por favor vamos
llamando a lista para que cada concejal se acerque a la urna e
ingrese su voto.

SEÑORA DIANA MILENA GARZÓN CORREA, SECRETARIA
GENERAL AD-HOC

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS
LAURA GISELLE GARCÍA MELO
NATALIA GIL LOAIZA
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

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Le informo señorita presidenta que los 15 Honorables concejales ya
depositaron su voto.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA, PRESIDENTA

Perfecto honorables concejales, recuerdo a la comisión que designé
para hacer la verificación de los votos: el honorable concejal Javier
Moreno, el honorable concejal Víctor Torres y la honorable concejal
Laura García; los invito por favor a que se acerquen a la urna hagan
la verificación de los votos y a una secretaria que después al
micrófono le entregue el micrófono a alguno para que por favor nos
digan cómo quedan las votaciones.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Para la comunidad
en general y para los honorables concejales informamos que hay 2
votos para la señorita Diana Catalina Salamanca, encontramos por
el doctor Jorge Castillo 6 votos y encontramos 7 votos para Juan
Carlos Hurtado. Confirmando la información, que muy
seguramente hubo confusión: 2 votos para la señorita Diana
Catalina Salamanca, encontramos por el doctor Jorge Castillo 6
votos y encontramos 7 votos para Juan Carlos Hurtado.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA, PRESIDENTA

De esta manera tenemos acá la votación de los 15
honorables concejales determinando que el secretario
general es el Dr. Juan Carlos Hurtado con 7 votos de parte
de la Corporación ya que los 15 Honorables concejales
hemos votado. Invito por favor al Dr. Juan Carlos Hurtado a
que se acerque para tomar juramento […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Posteriormente, ante la intervención de una concejal, se volvió a
efectuar la votación, nuevo trámite en el que el accionado hizo una
manifestación, así:

“[…] HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA,
PRESIDENTA

El honorable concejal Javier Valdivieso que fue quien se me acercó
a darme la claridad de la situación, quiero leerles concejales esto y
atendiendo la situación que entiendan que al no finalizarse la sesión

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podemos subsanar esto. Dice lo siguiente elección del contralor voy
a leer la Ley 1904 del 2018 que es la ley por medio de la cual
tenemos que hacer analogía:

ARTÍCULO 3. Elección del Contralor General de la República. De una
lista de diez (10) Elegibles (en este caso 3) previamente
seleccionados por la Comisión definida por esta ley el Congreso
elegirá al Contralor General de la República (en este caso al
secretario general) en el primer mes de las sesiones ordinarias, por
mayoría absoluta de los votos de sus miembros y para un periodo
institucional igual al del presidente de la República.

PARÁGRAFO 1. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga
la mayoría absoluta se realizará una segunda votación entre los dos
candidatos que obtuvieron las más altas votaciones.

En el caso en el que nos encontramos sería el Dr. Jorge Castillo y el
Dr. Juan Carlos Hurtado haciendo analogía a esta situación de la Ley
1904 Honorables concejales elevo a proposición que volvamos a
hacer la votación, ya que la norma lo especifica. Sin embargo, aclaro
que en el Reglamento Interno dice otra cosa, dice que con la
mayoría simple podemos hacer elección, pero para darle
cumplimiento a la Ley 1904 que es la ley que estamos usando en
analogía para poder cumplir con esta elección del día de hoy, elevo
a proposición y señorita secretaria le solicito por favor llame
a lista para la aprobación o no de lo siguiente: volver a hacer
la elección del secretario general teniendo cuenta que hay 2
mayores votaciones, el Dr. Jorge Castillo y el Dr. Juan Carlos
Hurtado

SEÑORA DIANA MILENA GARZÓN CORREA, SECRETARIA
GENERAL AD-HOC

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA POSITIVO
IVÁN DARIO JIMÉNEZ LA ROTTA POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO POSITIVO

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Le informo señorita presidenta que hay 15 votos positivos por la
proposición presentada por la presidencia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA, PRESIDENTA

De esta manera queda aprobada la proposición a las secretarias por
favor les solicito pasar puesto a puesto dejando el papel para la
votación, ratifico la comisión accidental para la verificación de los
votos: el honorable concejal Javier Moreno, el concejal Víctor Torres
y la honorable concejal Laura García. Después de esto cada uno que
tenga sus papeles señorita secretaria por favor llamamos a lista para
que cada uno empiece a depositar su voto en la urna, ya Luisa
nuestra secretaria también ha mostrado que no tiene
absolutamente nada dentro la urna. concejal Pablo Andrés.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidenta a sabiendas de que los conceptos no son vinculantes, sin
embargo quiero que en el acta quede expreso un concepto del
Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el
concepto 4282 de 2021 en el cual se le consulto en su momento
para que emitiera concepto sobre cuál era la normativa que se debía
tener presente, si era lo reglado en la Ley 136 del 94 o lo disciplinado
en la Ley 1904 de 2018, donde después de hacer un análisis termina
concluyendo que lo procedente es dar la aplicación a la Ley 1904 de
2018. Pero adicionalmente a eso hay un soporte jurisprudencial,
mientras terminan de marcar el sentido del voto quería ratificar que
lo que acaba de hacer usted presidenta es conforme a la ley me
parece pertinente haber subsanado y convalidado esto para evitar
inconvenientes en el futuro, muchas gracias presidenta.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA, PRESIDENTA

De esta manera señora secretaria empezamos a llamar a lista para
depositar el voto.

SEÑORA DIANA MILENA GARZÓN CORREA, SECRETARIA
GENERAL AD-HOC

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS
LAURA GISELLE GARCÍA MELO
NATALIA GIL LOAIZA
IVAN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SANCHEZ
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO

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CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN
JORGE HERNAN SALAZAR GORDILLO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Le informo señorita presidenta que los 15 Honorables concejales ya
depositaron su voto.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA, PRESIDENTA

Honorables concejales al finalizar otra vez el depósito del voto voy
a volver a leer la norma para que expliquen por qué estamos
volviendo a hacer la votación por el Dr. Jorge Castillo o por el Dr.
Juan Carlos Hurtado. Aclaro que solamente hicimos la votación por
estos dos candidatos ya que la norma menciona que: en caso de
que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta se
realizará una segunda votación entre los dos candidatos que
obtuvieron la más alta votación. Esto esta mencionado en la Ley
1904 del Artículo 3 en el Parágrafo Primero. Concejales de la
comisión por favor los invito hacer la verificación de los votos.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO

Procedemos a contar cuántos votos se depositaron en la urna 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. La votación nos arroja el
siguiente resultado: 6 votos por el Dr. Jorge Castillo y
encontramos 9 votos para el Dr. Juan Carlos Hurtado.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA, PRESIDENTA

Honorables concejales ya con la mayoría absoluta, queda
usted electo Dr. Juan Carlos Hurtado con la mayoría
absoluta, según la Ley 1904 en el Parágrafo Segundo que lo
ha solicitado así. Lo invito ahora sí a acercarse para volver a tomar
el juramento de parte de la Mesa Directiva […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Se observa, entonces, cómo el accionado contestó el llamado a lista,
participó en la entrevista y votó en el procedimiento electoral que
culminó con la elección del señor JUAN CARLOS HURTADO con 9
de 15 votos posibles, cargo del cual este tomó juramento.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00397 01
Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

A través de la resolución 05 de 7 de enero de 2024, “[…] Por medio
de la cual, se plasma, comunica y realiza nombramiento del
Secretario General del Concejo Municipal de Chía para el período fijo
comprendido entre el 07 de enero a 31 de diciembre vigencia 2024
[…]”, la mesa directiva del Concejo de Chía (Cundinamarca), con la
suscripción del accionado en calidad de segundo vicepresidente,
nombró secretario general al señor JUAN CARLOS HURTADO,
código 073, grado 02, por un período fijo en la planta global de
empleos de la corporación, a partir del 7 de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2024.

De igual forma aparece el Formato Único de Hoja de Vida del
accionado, diligenciada el 2 de enero de 2024, en el cual consta que
es bachiller y cursó 10 semestres de derecho, sin grado, con fecha
de terminación en diciembre del 2000.

Precisado lo anterior, se tiene que las decisiones judiciales de esta
Sección 37 han establecido que la ley entiende que en las situaciones
descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra comprometida
la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos, por lo que

37
Aspecto desarrollado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000-
2024-00175-02, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Ver también Cfr. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-
000-2018-00738-01(PI). Reiterada en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023.
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 11
de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-
33-000-2024-00237-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación
núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.

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Solicitante: MARÍA HERNÁNDEZ MONTES

se presenta conflicto de intereses ante la existencia de intereses
personales y directos en relación con la decisión que se pretende
adoptar.

Cabe señalar que el interés no solo es entendido, como lo indica el
apelante, como el provecho, conveniencia o utilidad, sino también
como:

“[…] La Sala Plena38 se ha pronunciado afirmando que el interés
debe ser entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al
funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma
de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que
la norma moral y la norma legal exigen […]”39 […]”40.

De esta manera, la alegación del apelante consistente en que no le
asistió interés en generar ventaja o provecho para el señor JUAN
CARLOS HURTADO y que no existió ventaja, provecho o
favorecimiento para sí o para este candidato, no permite desvirtuar,
en el presente caso, la configuración de la situación descrita en el
artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 en cabeza del accionado y la
consecuencia que deriva de encontrarse en dicha situación
consistente en la obligación de declarar el impedimento o de la
posibilidad de ser recusado si tal manifestación no se realizaba, como
en efecto no se hizo.

38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010,
número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de
1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-
15-000-2022-01014-01

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En efecto, la sentencia de 26 de septiembre de 2024 41 expone el
criterio de la Sala, así:

“[…] 108. La Sección Primera42 ha considerado que la ley entiende
que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se
encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad de los
servidores públicos, precisamente, porque el legislador deduce que
de esa situación surge un conflicto de interés ante la existencia de
intereses personales, directos y actuales en relación con la decisión
que debe adoptarse, derivados concretamente del hecho de haber
integrado la misma lista con quien tiene interés en la actuación
administrativa, en períodos electorales coincidentes.

109. La previsión del legislador tiene sentido, toda vez que las
causales de impedimento buscan precaver que el interés directo,
personal y actual del servidor público, en este caso de elección
popular, se mezcle con el interés general y prevalezca sobre este;
circunstancia que, se reitera, el legislador deduce, previa y
objetivamente, y, para el caso sub examine, la previsión ocurre en
los casos en que integrantes de una misma lista a cargos de elección
popular de las corporaciones públicas, tengan la posibilidad de
participar y/o o votar un asunto en el que tenga interés alguna
persona de aquellas con las que integró la lista, siempre que exista
coincidencia de períodos […]”.

Y es que la norma asume que, en las situaciones descritas en ese
artículo, se presenta un interés directo y particular del servidor
público que tiene a su cargo el adelantamiento o sustanciación de
actuaciones administrativas, la realización de investigaciones, la
práctica de pruebas o la emisión de decisiones definitivas y, por ello,
entiende que se presenta conflicto de intereses.

41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-
33-000-2024-00237-01.
42
Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de
septiembre de 2019. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018-
00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP. Hernando Sánchez
Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 43de esta Corporación,
con relación a la violación del régimen de conflicto de intereses ha
destacado que:

“[…] La jurisprudencia de la Sala ha reiterado la tesis ab initio
expresada respecto del conflicto de intereses, así44:

La presencia del conflicto de intereses no es en sí misma censurable.
Por lo general los hombres están expuestos a soportar y a resolver
en sus relaciones familiares, sociales y políticas, conflictos de
intereses de las más variadas características. Lo que es censurable
y lo que determina un tratamiento legal, es la forma como el
individuo resuelve el conflicto de intereses que se le presenta frente
a una situación concreta. El individuo puede, en efecto, hacer un
pacto de paz con su conciencia y admitir la resolución del conflicto
aceptando, por ejemplo, que lo que es bueno para él (sic) todo lo
es también para la parte, aún así no tome una posición
determinante en la adopción de la decisión que le favorece; pero
puede también advertir, y es su obligación moral y legal hacerlo,
que participar en la adopción de la decisión correspondiente cuando
de ella derivaría un beneficio personal particularizado, no sólo
contrariaría normas morales (en cualquier sistema ético) sino que
vulneraría disposiciones del derecho positivo (como las que aquí se
han citado).

Por ello, para evitar que se dé una participación viciada de
parcialidad en el proceso de toma de decisiones (judiciales,
legislativas, administrativas, etc.), el ordenamiento positivo
establece un mecanismo de una gran racionalidad y de una
impresionante sencillez: El juez, el legislador, el administrador, que
debiendo participar en la adopción de una determinada decisión, ya
sea mediante sentencia, ley, decreto, acto administrativo, etc., si
encuentra que su adopción es susceptible de generarle un beneficio
particular específico, debe ser separado de dicho proceso, bien en
forma voluntaria porque advertido el conflicto, lo haga manifiesto
mediante la declaratoria del impedimento, ora por iniciativa de
terceras personas, utilizando el mecanismo de la recusación […]”.

43
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve. Sentencia de 20 de octubre de 2015. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2014-
03169-00(PI).
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de marzo de 1996,
expediente AC – 3300, demandante: Emilio Sánchez Alsina, demandado: Gustavo Espinosa
Jaramillo, Consejero Ponente: Joaquín Barreto Ruiz.

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A su vez, prohijando una decisión de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de la Corporación, esta Sala 45 estableció que:

“[…] La misma Sala Plena, en reciente sentencia precisó que “el
conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda clase
de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar el
congresista, es decir, que está inhibido para participar en el trámite
de los asuntos sometidos a su consideración. Esto significa que no
puede intervenir en la deliberación ni en la votación de proyectos de
ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de otras decisiones
judiciales, electorales o políticas, siempre que lo afecten” […]”46.

Esta Sección, igualmente, se ha pronunciado en relación con la
intrascendencia, para efectos de la configuración de la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, del sentido en que se haya participado en el trámite
respectivo.

Así, en la sentencia de 18 de marzo de 2021 47, destacó que:

“[…] c) Que, a pesar de ello, el Congresista [diputado] participe
efectivamente del respectivo trámite, sin haber manifestado su
impedimento para actuar o sin haber sido recusado

De conformidad con el Acta de Sesión 3 de 7 de enero de 2020 fue
elegida Contralora Departamental encargada la ciudadana, Carmen
Lucía Bernal Niño, en la cual se consignó que la votación fue secreta
y no obra constancia de que la ciudadana Lady Patricia Bohórquez
Cuevas haya manifestado su impedimento.

Para la Sala, contrario a lo manifestado por la recurrente y como de
manera acertada lo indicó el a quo, para efectos de la configuración

45
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1). Sentencia de 30 de junio de 2017. Radicación núm.
66001-23-33-002-2016-00291-01(PI).
En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso. Sentencia de 2 de junio de 2016. Radicación núm.:
66001-23-33-000-2015-00177-01(PI).
46
Sentencia de 12 de abril de 2012, Expediente: 2010-1325, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.
47
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Radicación núm.:
85001-23-33-000-2020-00016-02(PI).

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de la causal de pérdida de investidura no interesa que haya votado
a favor de la ciudadana Carmen Lucía Bernal Niño, pues el conflicto
de interés puede darse por la participación o votación en un asunto
que conozca la asamblea, lo cual comprende la función normativa,
de control político, las administrativas, y electorales48 […]” (negrilla
del texto).

En sentencia de 11 de marzo de 202149, se resaltó que:

“[…] 70. Esta Sala de Decisión50, siguiendo los lineamientos de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, ha señalado lo siguiente en relación con la causal en
comento:
(…)

35. El conflicto de interés se configura cuando el miembro de
la corporación pública de elección popular, en este caso el
concejal, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales
y reglamentarias, participa en la discusión o votación de un
asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.

36. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal
que la participación tenga lugar únicamente durante la etapa
de discusión o en la etapa de votación en la medida en que la
sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de
desinvestidura […]”.

De esta manera, la Sala ratifica el criterio expuesto en precedencia
que proscribe la participación, votación, intervención o adopción de
decisiones por parte del servidor público -entre ellos, los concejales
municipales-, en los asuntos relacionados con sus funciones, cuando
se presente una situación que configure la violación del régimen de

48
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1° de noviembre de 2016, número de radicado:
11001-0315-000-2015-01571-00, actor: Ricardo Antonio Mazenett Cantillo, demandado: Germán
Bernardo Carlossama, MP: María Elizabeth García González.
49
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Radicación núm.:
47001-23-33-000-2020-00550-01(PI).
50
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil
veinte (2020). Radicación número: 25000-23-15-000-2019-00212-01(PI). Actor: HERNANDO
GONZÁLEZ. Demandado: ÁLVARO SERRATO ROSSI.

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conflicto de intereses, sin que sea posible tener en cuenta el sentido
en que se participe, vote, intervenga o adopte una decisión.

Con fundamento en lo expuesto, se encuentra acreditado que el
concejal PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO sí estaba incurso en el
supuesto fáctico previsto por el artículo 11, numeral 14, de la Ley
1437; y que teniendo el deber de manifestar su impedimento para
participar en el proceso de elección del secretario general51 en el que
participó el señor JUAN CARLOS HURTADO, excompañero de lista
por el Partido Liberal Colombiano que aspiró al Concejo de Chía
(Cundinamarca), para el actual período constitucional 2024-2027, no
lo hizo, razón por la cual la Sala considera que transgredió el régimen
del conflicto de interés y, por lo tanto, está probado el elemento
objetivo de la causal de la pérdida de investidura alegada, así como
comprometida la imparcialidad de su voto.

Así las cosas, se procederá con el análisis del elemento subjetivo de
la conducta desplegada por el accionado en la comisión objetiva del
referido conflicto de intereses.

V.4.2.- Análisis subjetivo de la conducta del accionado

En cuanto al análisis de culpabilidad del concejal PABLO ANDRÉS
CASTRO CASTRO, se reiteran, de forma previa, los criterios

51
Elección que está a cargo de los concejos municipales conforme lo indica el artículo 37 de la Ley
136, que al tenor señala: “[…] Articulo 37. Secretario: El Concejo Municipal elegirá un secretario
para un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará
en el primer período legal respectivo […]”.

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elaborados por la Sala en sentencia de 25 de mayo de 2017 52, que
al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública53, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura54: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades55; la indebida destinación de
dineros públicos56; el conflicto de intereses57 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado58.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado
81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
53
Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
54
Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110
constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
55
Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180,
181 y 183 de la Constitución Política.
56
Art. 183 de la Constitución Política.
57
Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
58
Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de

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investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular

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con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”59 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.60

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de

59
Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella
Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017,
radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio (E).
60
Ídem.

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Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201261 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.62 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema

61
Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
62
Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que
señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario
la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló:
“[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios,
en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una
conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción.
Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-
15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”63, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.

63
Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).

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En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las

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circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección

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a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”64
[…]65” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho contexto normativo, por ejemplo,
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la
referida inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con
el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por
el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa
que impida el reproche subjetivo de su obrar 66.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de la ley no sirve para excusar su transgresión, al tenor del artículo
9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan
el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está

64
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
65
Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.

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ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019 67, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 68, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que con su conducta dolosa o gravemente culposa
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.

Asimismo, es del caso traer a colación las sentencias de 13 de marzo
y 2 de mayo de 2025 69, las cuales se prohíjan, en las que esta Sección
al estudiar un caso similar de un conflicto de intereses de concejales
de Girardot (Cundinamarca), por haber participado y votado en la
elección de los secretarios generales de esas corporaciones, -período
constitucional 2024-2028-, a pesar de que éste había conformado la
lista de candidatos por el mismo partido al Concejo de dicho
municipio, sin declararse impedido, precisó sobre el elemento

67
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
68
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
69
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 13 de
marzo de 2025, número único de radicado 25000231500020240076901, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez y de 2 de mayo de 2025, número único de radicación
25000231500020240050201, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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subjetivo de la causal de pérdida de investidura bajo examen, lo
siguiente:

“[…] La Sección Primera70 ha considerado que la ley entiende que
en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se
encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad de los
servidores públicos, precisamente, porque el legislador deduce que
de esa situación surge un conflicto de interés ante la existencia de
intereses personales, directos y actuales en relación con la decisión
que debe adoptarse, derivados concretamente del hecho de haber
integrado la misma lista con quien tiene interés en la actuación
administrativa, en periodos electorales coincidentes.

83.2. La jurisprudencia de la Sección Primera71 ha sido consistente
al considerar que una de las formas en que se transgrede el régimen
del conflicto de interés, consiste en que el Concejal, estando incurso
en alguna de las hipótesis previstas por la ley como causal de
impedimento, de aquellas aplicables al asunto del que conoce y
decide, pese a no haber sido recusado, omite manifestarse
impedido; esto, toda vez que, los impedimentos con su
correspondiente deber de manifestación, constituyen garantía
irrestricta de la prevalencia del interés general sobre el particular o
privado del Concejal, o de su círculo cercano, familiar o de negocios.

83.3. En lo que tiene que ver con el conflicto de interés que
surge del impedimento previsto en el numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437, el deber de declarar el impedimento surge
para el concejal independientemente de que la elección del
servidor público sea producto de un concurso de méritos o
de una convocatoria pública, o de que esa elección se deba
surtir respecto de un único aspirante o de una lista de
elegibles.

83.4. Es indiferente para la configuración de la causal que la
participación tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión
o en la etapa de votación en la medida en que la sola participación

70
Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de
septiembre de 2019. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018-
00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP. Hernando Sánchez
Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).
71
Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de
septiembre de 2019. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018-
00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP. Hernando Sánchez
Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).

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en cualquiera de esas etapas estructura el conflicto de intereses y,
en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.

84. Ahora, la Sala considera que, de conformidad con la
presunción prevista en los artículos 4 de la Constitución
Política; 9.° y 18 del Código Civil; y 57 de la Ley 4 de 191372,
el concejal conocía sus deberes constitucionales, legales y
reglamentarios y, consecuencialmente, tenía el deber de
conocer si su comportamiento configuraba el conflicto de
intereses previsto en el numeral 14.º del artículo 11 de la
Ley 1437, como causal de pérdida de investidura.
(…)

95. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el
Concejal ponga de presente la convicción que tenía sobre la rectitud
o validez de su conducta, sino que es necesario que el juez de la
pérdida de investidura analice si la persona estaba, o no, en
condiciones de superar el error73, en virtud de la diligencia requerida
para el desarrollo de su actividad; en ese marco, no basta con que
se alegue por el miembro de la corporación pública de elección
popular que obró de buena fe o bajo una íntima convicción, sino que
debe acreditar la buena fe calificada, motivada por un error
invencible, ya porque actuó al amparo de la jurisprudencia vigente
para la época, o se asesoró adecuadamente, y pese a ello incurrió
en la conducta reprochable.

96. Ahora bien, no desconoce la Sala:
(…)

iii) que mediante Resolución de 1.° de abril de 2024 se revocó “[…]
el acto de entrevista y elección al cargo de Secretario General de la
vigencia 2024 que se llevó a cabo en sesión plenaria del Concejo
Municipal del pasado 08 de marzo de 2024, en donde se entrevistó
al participante CARDOZO GALEANO GERMAN, quien se identifica
con la C.C. […], el cual fue elegido por parte del H. Concejo Municipal
y se eligió como Secretario General de la corporación para la
vigencia 2024 […]” y se fijó un nuevo cronograma a partir del 2 de
abril de 2024; y iv) que Germán Cardozo Galeano renunció al
proceso de selección el 21 de junio de 2024, lo cierto es que no
logran justificar el incumplimiento de la obligación que tenía de
conocer el ordenamiento que regula el acceso, ejercicio y
permanencia en el cargo de elección popular para el que aspiró y
fue elegido; tampoco están dirigidas a demostrar acciones del
Concejal tendientes a superar un error, en la medida que:

72
“[…] Sobre régimen político y municipal […]”.
73
O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible
sustraerse.

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96.1. Mediante el medio de control de pérdida de investidura no es
procedente cuestionar la legalidad de decisiones adoptadas por los
concejales del municipio de Girardot, en razón a que este tiene por
objeto, en atención a su naturaleza sancionatoria, el juzgamiento
de la conducta de los miembros de las corporaciones de elección
popular74.

96.2. A pesar de que se revocó el acto de entrevista y
elección al cargo de secretario general de la vigencia 2024
del proceso de selección, y que conforme el nuevo
cronograma se reanudó a partir del 2 de abril de 2024, son
hechos posteriores a la configuración del elemento objetivo
de la causal […].

97. En esta misma línea, como ya lo consideró la Sala, el Concejal
no solicitó conceptos o asesorías o realizó indagaciones sobre el
régimen de conflictos de intereses que le era aplicable, con lo cual
no es posible concluir que obró con el cuidado mínimo
requerido, o que dirigió su conducta a informarse acerca de
que para los concejales municipales constituye el conflicto
de interés el previsto en el numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437; lo anterior constituye una conducta inexcusable y, en
consecuencia, gravemente culposa.

98. Tampoco se observa que el concejal hubiere actuado al
amparo de decisiones judiciales que, aplicadas al caso
particular, hubieren generado una duda razonable; mucho
menos se probó que hubiere revisado la jurisprudencia de
esta Corporación con el objeto de informarse sobre el
criterio jurisprudencial vigente en relación con la citada
causal, o respecto de los elementos que la configuran.

99. Por el contrario, se reitera que la jurisprudencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado ha sido consistente y
armónica en relación con cada uno de los supuestos
constitutivos del conflicto de intereses, en especial, al
considerar que una de las formas en que se transgrede el
régimen del conflicto de interés, consiste en que el Concejal,
estando incurso en alguna de las hipótesis previstas por la
ley como causal de impedimento, de aquellas aplicables al
asunto del que conoce y decide, pese a no haber sido
recusado, omite manifestarse impedido; esto, toda vez que,
los impedimentos con su correspondiente deber de manifestación,
constituyen garantía irrestricta de la prevalencia del interés general

74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
junio de 2024, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 50001 23 33 000
2024 00029 01.

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sobre el particular o privado del Concejal, o de su círculo cercano,
familiar o de negocios. […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que, conforme lo
sostuvo el Tribunal, el comportamiento del accionado sí estuvo
precedido de la falta de cuidado que se exhibe al no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

En efecto, el accionado, al margen de los diez semestres que en el
Formato Único de Hoja de Vida informó haber cursado en la carrera
de Derecho, sí estaba en condiciones cognitivas de comprender,
como ciudadano candidato, el hecho o la circunstancia configurativa
de la referida causal de pérdida de investidura, toda vez que, de lo
expuesto anteriormente, se advierte que el conocimiento del marco
normativo del cargo al cual aspiraba, -concejal-, es una obligación
general para aquel.

Dentro de ese marco normativo que ha debido conocer el accionado,
se encuentra precisamente el conflicto de intereses, según el cual,
conforme al artículo 70 de la Ley 136, los concejales están en la
obligación de declararse impedidos de participar en los debates o
votaciones respectivas, cuando adviertan que existe “[…] interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho
[…]”, así como el previsto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley
1437, en tanto se encuentra contenido en una disposición legal que

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hace parte del marco normativo que regula su actividad como
concejal 75.

La Sala76 ha destacado la importancia de esta obligación general en
cabeza de quien pretende desempeñar cargos de elección popular,
en la siguiente forma:

“[…] Y es que, para cualquier profesión u oficio, es indispensable
que quien quiera desempeñarlo tenga los conocimientos que se
requieren, y más cuando la profesión u oficio compromete el interés
de una colectividad. El ejercicio de un cargo de elección popular
exige entonces que quien se presente al mismo se entere de las
condiciones en que debe desempeñarlo, pues su comportamiento
compromete seriamente el bienestar de la población. Por ello,
alegar que no se incurre en culpa porque se desconoce la ley,
dada la formación que el elegido tiene, es pretender que se
admita que quien desempeña tan delicadas funciones en una
democracia llegue a ocupar el cargo sin los conocimientos
que debe tener para ello, lo que resulta inadmisible […]”
(Negrillas y subrayas fuera del texto).

Igualmente, la Sección 77 ha advertido que:

“[…] 137. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el
concejal ponga de presente la convicción que tenía sobre la rectitud
o validez de su conducta, sino que es necesario que el juez de la
pérdida de investidura analice si la persona estaba, o no, en
condiciones de superar el error78, en virtud de la diligencia requerida
para el desarrollo de su actividad; en ese marco, no basta con que
se alegue por el miembro de la corporación pública de elección
popular que obró de buena fe o bajo una íntima convicción, sino que
debe acreditar la buena fe calificada, motivada por un error
invencible, ya porque actuó al amparo de la jurisprudencia vigente
para la época, o se asesoró adecuadamente, y pese a ello incurrió
en la conducta reprochable […]”.

75
Ver sentencia de 19 de septiembre de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
76
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo
Giraldo López. Sentencia de 15 de mayo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00220-01.
77
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando
Sánchez Sánchez. Sentencia de 5 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 81001-23-39-000-2024-00014-01.
78
O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible sustraerse.

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No es posible estimar que la conducta del accionado al participar y
votar en el procedimiento administrativo llevado a cabo por el
Concejo de Chía (Cundinamarca) para elegir a quien ocuparía el
cargo de secretario general, pese a encontrarse en la situación
descrita en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, pueda estar
cobijada por la buena fe calificada, motivada por un error invencible.

En efecto, el accionado no acreditó, conforme lo han previsto las
decisiones de esta Sección, que actuó conforme a la jurisprudencia
vigente para la época en que sucedieron los hechos o que procuró
tener una asesoría adecuada frente a la situación en la que se
encontraba o que se hubiere presentado otra circunstancia que lo
haya hecho incurrir en error.

Tampoco, como se puso de presente anteriormente, resulta preciso
anotar que no se aprecian actos del concejal para conocer del
respectivo marco normativo, tales como conceptos e indagaciones
jurídicas con el propósito de establecer si por virtud de ellos podía
haber actuado con buena fe calificada, por lo que su conducta no
puede exculparse en el caso concreto.

Lo anterior pone de manifiesto que el accionado no obró con la
diligencia requerida, puesto que, se reitera, no hizo una verificación
de las normas que establecían el régimen de conflicto de intereses
del procedimiento administrativo en el que participaba y en el cual
debía adoptar una decisión, lo cual constituye una conducta

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inexcusable y, por consiguiente, gravemente culposa. Así lo ha
considerado esta Sección 79:

“[…] “[…] es la propia de las personas negligentes o de poca
prudencia […] que desconoce normas constitucionales y legales
[que] […] los concejales deben conocer, de un lado, porque la
ignorancia de la ley no sirve de excusa al tenor del artículo 9° del
Código Civil y, por el otro, porque son disposiciones que regulan
[…]”, en este caso, el ejercicio del cargo de elección popular […]”.

Se reitera que la jurisprudencia de la Sección Primera ha sido
consistente y armónica en relación con cada uno de los supuestos
constitutivos del conflicto de intereses, en especial, al considerar que
una de las formas en que se transgrede ese régimen consiste en que
el concejal, estando incurso en alguna de las hipótesis previstas por
la ley como causal de impedimento, de aquellas aplicables al asunto
del que conoce y decide, pese a no haber sido recusado, omite
manifestarse impedido; esto, toda vez que los impedimentos con su
correspondiente deber de manifestación, constituyen garantía
irrestricta de la prevalencia del interés general sobre el particular o
privado del concejal, o de su círculo cercano, familiar o de negocios.

A partir de las razones expuestas y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista en los artículos
55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en
concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numeral 14, de
la Ley 1437, esto es, por violación del régimen de conflicto de
intereses, endilgada al accionado, la Sala procederá a confirmar la
sentencia de 4 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en cuanto decretó le pérdida de

79
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando
Sánchez Sánchez. Sentencia de 1. ° de agosto de 2024. Radicación núm.: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado).

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investidura del concejal del municipio de Chía (Cundinamarca), señor
PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, elegido para el período
constitucional 2024-2027, en representación del Partido Liberal
Colombiano.

V.4.3.- Por último, se tendrá al doctor AUGUSTO HERNÁNDEZ
BECERRA como apoderado del concejal del municipio de Chía
(Cundinamarca), señor PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, de
conformidad con el poder de sustitución y los documentos anexos
visibles en el índice 00011 de SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: TENER al doctor AUGUSTO HERNÁNDEZ BECERRA,
como apoderado del concejal del municipio de Chía (Cundinamarca),
señor PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, de conformidad con el
poder de sustitución y los documentos anexos visibles en el índice
00011 de SAMAI.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 19 de febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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