Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00856-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00856-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2024-00856-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
6 de agosto de 2026
Radicación: 25000 23 15 000 2024 00856 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000 23 15 000 2024 00856 01
Solicitante: Walter Alonso Jegén Taborda
Demandado: María Victoria Vargas Silva
Tesis: No incurre en la causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses
la concejal que integra el quorum y vota el impedimento manifestado por otro
concejal con quien conformó la misma lista de candidatos en alguno de los dos
períodos constitucionales anteriores, cuando no se acredita que dicho
comportamiento obedeció a un interés directo, particular y actual distinto al interés
general propio de los asuntos sobre los cuales debe intervenir y decidir en el
ejercicio de sus funciones político-administrativas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Walter Alonso
Jegén Taborda en contra de la sentencia de 17 de marzo de 2025 proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó
la pérdida de investidura de la señora María Victoria Vargas Silva, como concejal
de Bogotá, D.C., por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-
2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
1. El ciudadano Walter Alonso Jegén Taborda, actuando en nombre propio,
solicitó decretar la pérdida de investidura de la concejal de Bogotá D.C. María
Victoria Vargas Silva, electa para el periodo 2024-2027, por la violación del
régimen del conflicto de intereses previsto en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley
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617 de 6 de octubre de 20001, en concordancia con el numeral 14 del artículo 11
de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112 (en adelante CPACA).
1.2. Presupuestos fácticos de la solicitud
2. Indicó que los señores María Victoria Vargas Silva y Juan David Quintero
Rubio se inscribieron como candidatos al Concejo de Bogotá por la lista del Partido
Liberal Colombiano en las elecciones celebradas el 27 de octubre de 2019 para el
período 2020-2023, de modo que ambos integraron la misma lista inscrita por
dicha colectividad, resultando elegida únicamente la accionada.
3. Señaló que para las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, María
Victoria Vargas Silva se inscribió como candidata al Concejo de Bogotá en la lista
del Partido Liberal Colombiano, mientras que el señor Juan David Quintero Rubio
lo hizo por la coalición Nuevo Liberalismo - En Marcha. Los dos resultaron elegidos
y tomaron posesión de sus cargos para el periodo 2024-2027.
4. Anotó que el 30 de abril de 2024 la administración distrital radicó el proyecto
de Acuerdo núm. 368 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027
«BOGOTÁ CAMINA SEGURA».
5. Expresó que el 6 de mayo de 2024 el concejal Juan David Quintero Rubio se
manifestó impedido para participar en el estudio, debate y votación de algunos
artículos del mencionado proyecto de acuerdo, unos relacionados con temas de
vivienda y construcción3 y otros concernientes al servicio de estacionamiento4.
6. Mencionó que el 7 de mayo de 2024 la bancada de la Coalición Nuevo
Liberalismo – En Marcha, con fundamento en el numeral 14 del artículo 11 del
1 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
2 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3 Artículo 14, numerales 14.1, 14.2, 14.5, 14.8 y 14.9; artículo 17, numeral 17.7; artículos 38, 77,
78, 79, 80, 81, 82; artículo 133, numerales 133.2, 133.3 y 133.4 y el artículo 164.
4 Artículo 8, numeral 8.6; artículo 16, numeral 16.7; artículo 73; artículo 113, numeral 133.3, y
artículos 149 y 168.
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CPACA, presentó impedimento para considerar y decidir el manifestado por Juan
David Quintero Rubio.
7. Expuso que en la sesión del 7 de mayo de 2024 los miembros del Concejo
de Bogotá D.C, entre ellos, la concejal perteneciente al Partido Liberal Colombiano
María Victoria Vargas Silva, aceptaron el impedimento de la bancada de la
Coalición Nuevo Liberalismo – En Marcha.
8. Dijo que en esa misma sesión el cabildo municipal negó el impedimento
presentado por el concejal Quintero Rubio, decisión de la que también participó la
concejal convocada quien votó negativamente la aceptación del impedimento.
9. Conforme con esos hechos, el demandante aseveró que la concejal
convocada violó el régimen de conflicto de interés según lo previsto en el numeral
14 del artículo 11 del CPACA, porque no se declaró impedida para deliberar y votar
el impedimento de Juan David Quintero Rubio, pese a que ambos integraron la
misma lista de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular dentro de uno
de los dos periodos anteriores, el cual corresponde al periodo 2020-2023.
10. Además, indicó que la concejal es responsable de su conducta en los
términos del artículo 63 del Código Civil, porque (i) estaba en capacidad de
comprender el hecho o circunstancia que daba lugar a la causal ya que en
oportunidades anteriores había manifestado impedimento con fundamento en lo
previsto en el artículo 11 del CPACA; (ii) le era exigible un comportamiento distinto
porque conocía que Juan David Quintero Rubio hizo parte de la misma lista de su
partido político para las elecciones efectuadas el 27 de octubre de 2019 y (iii) a
pesar de ello, no cumplió con las normas jurídicas a las que debía sujetarse, sin
que se evidencie una causal de fuerza mayor o caso fortuito que conlleve a la
exoneración de su responsabilidad.
II. LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
11. La concejal se opuso a la solicitud de pérdida de la investidura manifestando
que en el presente asunto el demandante no acreditó la ocurrencia de un conflicto
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de interés, máxime cuando el demandante en su solicitud guardó silencio sobre la
definición de esa figura contenida en el artículo 11 del CPACA.
12. Alegó que no se acreditó el requisito objetivo, en la medida en que no tenía
ningún interés directo y actual en relación con la manifestación de impedimento
del concejal Quintero Rubio, ni respecto de las disposiciones contenidas en el
proyecto de acuerdo del plan de desarrollo que eran objeto de discusión.
13. Destacó que la conformación de las listas no se realiza con la participación
concurrente de quienes las integran, sino que cada uno debe adelantar gestiones
individuales para obtener el aval e incidir en la asignación del número que le
corresponderá dentro de la respectiva lista.
14. Dijo que el solo hecho de integrar una misma lista no configura el conflicto de
interés, máxime cuando desconocía si el señor Quintero había pertenecido a la
misma lista en que ella se encontraba ya que este no resultó elegido.
15. Refirió que tampoco se probó el requisito subjetivo ya que desconocía haber
pertenecido a la misma lista que el citado cabildante. Posteriormente, citó varias
decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en las que afirmó que en
asuntos similares se negó la declaratoria de pérdida de investidura.
III. LA SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA
16. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia
proferida el 17 de marzo de 2025 resolvió negar la petición de pérdida de
investidura, con base en los argumentos que pasan a sintetizarse:
17. Luego de exponer el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial del
medio de control de pérdida de investidura, así como de la causal de conflicto de
intereses, consideró acreditado el elemento objetivo de dicha causal, en la medida
en que la cabildante participó en la deliberación y votación del impedimento
manifestado por el concejal Quintero Rubio, con quien había integrado la lista del
Partido Liberal para las elecciones del período 2019–2023.
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18. Sobre el requisito subjetivo indicó que no se probó la existencia de un interés
directo, particular y actual en cabeza de la convocada por haber participado y
votado el anotado impedimento, ni la oposición de este con el interés general, que
la obligara a apartarse de su votación.
19. Conforme con lo anterior, concluyó que no había lugar a decretar la pérdida
de la investidura por la causal de violación del régimen del conflicto de interés.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
20. El demandante pidió revocar la sentencia proferida en primera instancia y en
su lugar que se decrete la pérdida de la investidura, manifestando que la decisión
desconoció el criterio jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado
según el cual, el conflicto de interés es un concepto indeterminado que no se
refiere exclusivamente a asuntos materiales, sino que el mismo puede ser de
orden moral, político y de afinidad ideológica.
21. Argumentó que el numeral 14 del artículo 11 del CPACA establece como
causal de impedimento el haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular, inscritas o integradas también por el interesado en
el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los
dos períodos anteriores y en esa medida exige la declaración de impedimento para
garantizar que no existan situaciones en las que la relación electoral previa genere
de manera objetiva la percepción o la posibilidad de un interés particular en la
decisión de índole moral, político o de afinidad ideológica.
22. Afirmó que el interés fue consagrado objetivamente en la causal de
impedimento como consecuencia de la relación surgida por virtud de una lista
política compartida, de manera que por sí sola es suficiente para configurar la
causal de pérdida de la investidura, toda vez que ese vínculo puede generar
intereses que, aunque no sean económicos o materiales, tienen la capacidad de
afectar la independencia del servidor en el ejercicio de sus funciones, creando un
interés de solidaridad o interés de afinidad que no debe obviarse.
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23. Resaltó que el Tribunal confundió el elemento subjetivo bajo el cual debía
limitarse a valorar si la conducta era dolosa o gravemente culposa, y no a efectuar
un juicio sobre su adecuación a la norma pues dicho análisis corresponde al
elemento objetivo.
24. Por último, adujo que: (i) la participación de la concejal María Victoria Vargas
en la decisión del impedimento del concejal Juan David Quintero Rubio con quien
compartió lista electoral, no era neutral habida cuenta que está influenciada por
una afinidad política, moral y/o ideológica que podría motivar su decisión,
afectando su imparcialidad y (ii) actuó con culpa grave, en la medida en que tenía
conocimiento de la norma y de forma negligente no presentó el impedimento, como
sí lo realizó en otras oportunidades por las causales previstas en el artículo 11 del
CPACA.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
25. Por auto del 20 de mayo de 20255 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186.
26. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así:
27. La concejal a través de apoderado solicitó que la sentencia de primera
instancia sea confirmada y manifestó que en el sub examine no se configura el
conflicto de intereses, ya que no basta con ser parte de la misma lista de
candidatos a cuerpos colegiados para que se estructure la causal, sino que
además se requiere que se encuentre probado el interés particular o privado de
alguno de los miembros de la lista en el asunto sometido a su consideración.
28. Resaltó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en asuntos
similares, ha negado la pérdida de investidura al considerar que no se ha
acreditado el elemento subjetivo respecto de concejales que han intervenido en
decisiones relacionadas con presuntos impedimentos de sus compañeros de
5 Samai. Índice 00004, expediente principal de segunda instancia.
6 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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bancada. Además, indicó que esta Corporación judicial ha señalado que para la
configuración de la causal de pérdida de investidura deben estar probados los
elementos objetivo y subjetivo, sin que estos se hubieran configurado en este
asunto.
29. El Ministerio Público rindió concepto solicitando confirmar la sentencia de
primera instancia ya que no se acreditó que la accionada tuviera un interés real,
particular o actual en asunto debatido. Tampoco se encontró que tuviera un
beneficio personal, político ni económico probado.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
30. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 1507 del CPACA, el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley
617 de 9 de octubre 20008 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199,
sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo de Estado.
6.2. Del análisis de la causal de pérdida de investidura objeto de reproche
31. Teniendo en cuenta lo expuesto en el recurso de alzada, la Sala tendrá que
definir si incurre en causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses, la
concejal que integra el quorum y participa en la votación para resolver el
impedimento manifestado por otro concejal con quien conformó la misma lista de
candidatos en alguno de los dos períodos constitucionales anteriores.
7 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las
sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
8 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado
conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia
los Tribunales Administrativos.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
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32. Con miras a resolver ese interrogante, la Sala analizará si en el presente
asunto se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo de la causal
y en esa medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de investidura de la
convocada.
6.2.1. Del elemento objetivo
33. Las causales invocadas por el accionante son las previstas en el numeral 1°
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley
136 de 1994 que indican, en lo pertinente, que los concejales perderán su
investidura cuando trasgredan el régimen de conflicto de intereses; veamos:
«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de
juntas administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general» (Subrayas de la Sala).
«Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán
su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto
de intereses» (Subrayas de la Sala).
34. El artículo 70 de la Ley 136 de 1994, que es la norma especial que regula el
conflicto de interés para los concejales distritales y municipales, dispone:
«Artículo 70. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de
participar en los debates o votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier
ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún
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concejal, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella».
35. Ahora bien, el demandante también invocó como sustento de su petición de
desinvestidura por conflicto de intereses la causal consagrada en el numeral 14
del artículo 11 del CPACA, que es del siguiente tenor:
«Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y
recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en
conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar
actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:
(…)
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de
elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el período
electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores» (Subrayas de la Sala).
36. Ahora bien, en lo que hace al primer elemento anotado, es decir, sobre el
alcance del conflicto de intereses la Sala Plena de esta Corporación en sentencia
del 28 de noviembre de 2017, señaló:
«podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público,
contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular
prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una
decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho
suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello,
la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y
los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la
manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial»10
(Subrayas de la Sala).
37. Por su parte, la Corte Constitucional prohijando la jurisprudencia del Consejo
de Estado en la materia, ha dicho que el conflicto de intereses se configura
«cuando existe una concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia de 28 de
noviembre de 2017, número único de radicación 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ), Consejero
Ponente César Palomino Cortés.
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público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba
tomarla»11.
38. En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha
delimitado los presupuestos que son necesarios para establecer la configuración
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses12. En particular, ha precisado que deben acreditarse de manera
concurrente los siguientes elementos: (i) la calidad del sujeto activo; (ii) la
existencia de un interés directo, particular y actual, de naturaleza moral o
económica; y (iii) la participación efectiva del servidor en el trámite, pese a la
existencia de dicho interés, sin haber manifestado impedimento o sin haber sido
apartado mediante recusación13.
39. Respecto al primer presupuesto será necesario constatar que el accionado
o accionada en efecto fue electo en el cargo de concejal y que no existe
controversia sobre este aspecto ni sobre su posesión.
40. En relación con el segundo presupuesto, la jurisprudencia ha precisado que
el interés que da lugar a la desinvestidura debe ser de naturaleza particular, esto
es, que debe proyectarse directamente sobre el concejal, de modo que el asunto
sometido a debate o decisión repercuta en su esfera subjetiva o en la de su
cónyuge o compañero(a) permanente, sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o sus socios. Debe ser
además directo lo que implica que la eventual afectación del concejal, de sus
allegados o de sus socios debe provenir del mismo asunto del que debe conocer,
o dicho en otros términos, cuando su fuente es el asunto sometido a consideración
y/o votación. Y, finalmente, debe ser actual o inmediato, lo que significa que tiene
lugar cuando se presenta al momento de la actuación, de manera que no puede
ser hipotético, futuro o puramente eventual, sino que debe comportar un impacto
real y contemporáneo en el cabildante municipal, sus familiares o sus socios14.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-625/2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
12 Consejo de Estado, sentencia del 1 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01571-
00, C.P. María Elizabeth García González.
13 Ibidem.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
primero 1 de febrero de 2018. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 66001-23-33-000-2017-
00089-01(PI Sentencia del 18 de febrero de 2021, expediente 85001 2333 000 2020 00012 02. MP.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
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41. Así las cosas, el conflicto de interés que da lugar a la pérdida de investidura
es una situación especialísima en la que se encuentra inmerso el concejal cuando
su interés particular, moral o económico o el de su círculo cercano, resulta
incompatible con el interés general que debe privilegiar siempre en el ejercicio de
las funciones como cabildante. Y ello es así porque de las decisiones de esos
asuntos concretos, el concejal deriva o puede derivar un provecho (económico o
moral) para si o para los mencionados terceros, con la consecuente afectación de
la moralidad administrativa, la confianza legítima de los electores y la probidad
exigida a los servidores de elección popular.
42. Ahora bien, en relación con el tercer presupuesto, esto es, el relacionado
con la participación en el trámite o en el asunto sin haber manifestado impedimento
o haber sido separado por recusación, resultan pertinentes las consideraciones
que siguen en relación con la naturaleza de estas dos figuras y sus diferencias con
el interés particular, directo y actual que configura el conflicto.
43. En primer lugar, cabe destacar que la manifestación de impedimento busca
poner en evidencia la existencia de un conflicto, es decir, exteriorizar la eventual
afectación de la imparcialidad para la adopción de decisiones. Lo que se pretende
al invocar una causal de impedimento es asegurar la independencia y
transparencia que debe presidir la actividad de los servidores públicos, con el fin
de evitar toda sospecha en torno a la gestión desarrollada y garantizar el
adelantamiento de las actuaciones con un máximo de equilibrio.
44. En este orden de ideas, la manifestación de impedimento es concebida como
la herramienta para cumplir los mandatos constitucionales y al mismo tiempo
blindar al servidor de futuras recusaciones. El concepto del 28 de abril de 2004
emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, precisa el
carácter instrumental del impedimento y el alcance del conflicto de intereses en los
siguientes términos:
«2. El conflicto de intereses. Es una institución de transparencia democrática
que por su alcance y fundamento debe analizarse en forma concreta.
Sentencia del 9 de noviembre de 2016. MP. William Hernández Gómez, expediente. 11001-03-15-
000-2014-03117-00 (PI); entre otras.
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2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de concurrencia
antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión
a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla.
2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de impedir que
prevalezca el interés privado del congresista sobre los intereses públicos, el
cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o
para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los relativos al
bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y
distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto
inherente al fuero interno del congresista, a un aspecto esencialmente
subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da
lugar a la recusación.
2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento radica en que:
a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión -para el caso, la
motivación del voto-. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma
inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de
conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión
sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público.
2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala estima
conveniente advertir que el tema, de por sí complejo, requiere para su
tratamiento del análisis de cada caso concreto, pues la conducta humana
admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de
intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser valorado con especial
cuidado para no vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los
alcances de la ley.
3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses en el caso
de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto se configura por la
concurrencia de interés privado e interés público, se hace indispensable tener
en cuenta, entre otros, los siguientes requisitos:
3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto, resulta
indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que comprometa
objetivamente la intangibilidad del interés general perseguido, para lo cual la
Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones:
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia para la
satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual
acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos representados en
derechos subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como
indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo (reparación de
gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas
(exoneración de obligaciones, cargas, etc.).
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de ordinario, pero
con la aptitud de afectar la transparencia, debido a que siendo actual y estando
amparado por la ley puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su
propio favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual,
cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste
(sic) requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
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encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés originado en
el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para generar
conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando puede extinguirse o modificarse
el que se tiene. En cambio, no se da cuando el interés es inalienable (v. gr. La
vida).
c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de manera
inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa movido por el interés
público o general -regulación abstracta en general-. El interés puede ser
individual o colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la propiedad
particular y, en el segundo, al interés común de los propietarios en una
urbanización.
d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este caso
entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio.
3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente. Para que este
interés público concurrente pueda verse menoscabado, también se hace
indispensable tener en cuenta aquellos aspectos que puedan afectar que sea
el único determinante de la decisión; lo cual implica que en la misma persona
que tiene un interés privado, también concurran estos requisitos:
a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar pueda afectar
el interés directo del congresista, arriba mencionado.
3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos intereses
mencionados puede desprenderse inequívocamente la existencia de un
conflicto de interés como causal de impedimento o recusación. En tanto que
este fenómeno no se estructuraría, de una parte, cuando no concurra alguno
de los requisitos mencionados para los referidos intereses, y, de otro, cuando
simplemente se trata de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento
en elementos objetivos»15 (Subrayas de la Sala).
45. En el mismo sentido la Sala Especial de Decisión núm. 27 en sentencia de 8
de septiembre de 2021, indicó que los impedimentos y los conflictos de interés no
son equivalentes por las siguientes razones:
«Los impedimentos y el conflicto de intereses no son figuras jurídicas
equivalentes
Los impedimentos y las recusaciones
La finalidad y propósito de estas instituciones procesales, impedimentos
y recusaciones, consiste en asegurar la independencia e imparcialidad
del juez, quien debe apartarse del proceso sometido a su conocimiento
15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación núm.
1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
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cuando se configura, en su caso específico, alguna de las causales
taxativamente señaladas en la ley.
Por esta razón, cuando el funcionario judicial no manifiesta su impedimento
puede ser recusado. Concretamente, la Corte Constitucional ha establecido
que los impedimentos y recusaciones protegen dos garantías esenciales del
poder judicial y que resultan distintas entre sí, una es la independencia y otra
la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial.
[…]
Tanto el impedimento como la recusación permiten asegurar la transparencia
de la administración de justicia y autorizan a los funcionarios judiciales para
separarse o ser separados del conocimiento de un asunto, cuando en ellos
concurren circunstancias objetivas y/o subjetivas que podrían afectar su
imparcialidad, independencia u objetividad en la toma de sus decisiones
judiciales16.
La independencia que se pretende salvaguardar en el juez se entiende como
la libertad de obrar sin presiones ni injerencias de ninguna persona, y la
imparcialidad, como la igualdad de trato a los sujetos procesales, la rectitud y
la ecuanimidad, para que sus decisiones estén desprovistas de circunstancias
que puedan perturbar su ánimo o menguar su serenidad, como el interés
personal, el afecto, la animadversión, la predeterminación, por citar algunos
ejemplos.
Conforme con ello, el legislador, en ejercicio de la facultad de configuración
normativa incorporó en el ordenamiento jurídico las instituciones procesales
de impedimentos y las recusaciones, con miras a garantizar la independencia
e imparcialidad del funcionario judicial, quien oficiosamente o por haber sido
recusado, debe apartarse del proceso que conoce cuando se configura, para
su caso particular, alguna o varias de las causales que se encuentran descritas
en la ley.
Como los impedimentos y la recusación son institutos de aplicación
excepcional en tanto conducen a declinar o exceptuar el cumplimiento de la
función jurisdiccional a cargo del funcionario judicial, las circunstancias que
dan lugar a ellos deben estar consagradas de manera taxativa en la ley y su
alcance ha de establecerse a partir de una interpretación restrictiva.
Por esto, el juez que considere estar impedido y realice la manifestación
respectiva, debe expresar la causal que invoca e indicar suficientemente los
hechos o motivos con base en los cuales considera estar inmerso en una de
aquellas hipótesis que lo llevarían a ser separado del conocimiento del asunto,
mientras que si es recusado, quien lo hace está impelido a demostrar la
concurrencia de esos eventos expresos, objetivos o subjetivos, en relación con
el juez al que recusa.
2.6.1.2 El conflicto de intereses
En el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política se consagró como
causal de pérdida de investidura la violación del “régimen de conflicto de
16Ver la sentencia C-365 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Posición reiterada en la
sentencia C-600 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa) y Sentencia C-496 del 14.09.16. M.P.
María Victoria Calle Correa
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intereses” a que se refiere el artículo 18217 superior, sin que se definiera en
forma precisa su contenido normativo, dando cabida a la existencia de un
“concepto jurídico indeterminado”, como lo ha establecido en su jurisprudencia
la Sala Plena de esta Corporación18.
Como la Constitución Política de 1991 no definió en forma precisa el contenido
normativo del conflicto de intereses sino que describió algunas situaciones en
que pueden encontrarse los congresistas en el marco de sus funciones, que
develan un provecho o ventaja personal en favor del parlamentario o de su
círculo cercano, corresponde al interprete establecerlo en cada caso concreto,
de acuerdo con la situación fáctica puesta en conocimiento y a la apreciación
en conjunto de las pruebas allegadas al expediente.
Para dotar de contenido el mencionado concepto, esta Corporación19 ha
venido dando aplicación a los siguientes tres principios: i) la moralidad ii) la
protección a la confianza legítima depositada por los ciudadanos en sus
elegidos iii) el resguardo de una conducta proba en el ejercicio de los cargos
de elección popular. Además, ha indicado que el interés debe ser de carácter
moral o económico y respecto de éste debe acreditarse el beneficio o provecho
que se obtiene o se obtendría en relación con el funcionario del que se predica
su existencia.
A su turno, el artículo 182 de la Constitución Política señala el deber que tienen
los congresistas de informar sobre los posibles conflictos de dicha índole -
moral o económico- que se presenten en el ejercicio de las funciones que les
corresponden, esto significa que el conflicto de intereses se puede presentar
tanto en el desarrollo de las funciones legislativas, como en las de control
político y en la judicial, asignadas constitucional y legalmente al Congreso de
la República.
De acuerdo con lo expuesto sobre los institutos procesales del
impedimento, la recusación y la figura del conflicto de intereses, es claro
que los dos primeros obedecen a la taxativa predeterminación del
legislador respecto de algunas situaciones, eventos o condiciones que,
cuando concurren en el funcionario judicial, constituyen per se un riesgo
a su imparcialidad e independencia respecto de los asuntos que tramita
y decide.
Mientras que, el conflicto de intereses, censura la incompatibilidad entre
el interés particular del parlamentario y el interés general contenido en
los asuntos de los que debe participar, conocer y decidir en el ejercicio
de cualquiera de las funciones congresales, porque de su decisión, en
un sentido u otro, el congresista deriva o podría derivar un provecho o
ventaja personal o para sus círculos cercanos, con la consecuente
17 CP. Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las
situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los
asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de
intereses y las recusaciones.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 12.04.11. Rad.
11001-03-15-000-2010-01325-00(PI). M.P. Enrique Gil Botero y Sentencia del 9.11.16. M.P.
William Hernández Gómez. Rad. 11001-03-15-000-2014-03117-00(PI).
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de mayo de
2012, Expediente No. 11001-03-15-000-2010-01329-00(PI), M.P. Danilo Rojas Betancourth.
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afectación de la moralidad, la confianza legítima de sus electores y
probidad exigidas de los congresistas»20 (Subrayas y negrillas de la Sala)
46. En esta misma la misma línea, y en atención al carácter sancionatorio y
restrictivo de la pérdida de investidura, que implica la inhabilidad indefinida para el
ejercicio de derechos políticos de elección popular, la Sala Plena del Consejo de
Estado ha afirmado que la sola omisión del deber de declararse impedido no
constituye causal de pérdida de investidura. La jurisprudencia sobre la causal de
los congresistas por violación del régimen del conflicto de intereses ha sido
pacífica en indicar que el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política no
sanciona la omisión del anuncio del impedimento, sino la participación en una
decisión en la que efectivamente concurra un conflicto de intereses 21, de modo
que “[…] es necesario que en la sentencia se pueda establecer que ocurrió la
violación del régimen del conflicto de intereses en cuanto que el Congresista votó
anteponiendo intereses personales a los intereses públicos y no solamente que el
Congresista no se haya declarado impedido»22.
47. De acuerdo con la jurisprudencia citada, el conflicto de intereses censura la
incompatibilidad entre el interés particular del concejal y el interés general inmerso
en los asuntos sobre los cuales debe participar y decidir en ejercicio de las
funciones político-administrativas que le corresponden como miembro del cabildo
municipal, pues de su decisión puede derivarse un provecho, utilidad o ventaja
personal o en favor de terceros cercanos, en desmedro del deber constitucional
de hacer prevalecer el interés general como principio ordenador del ejercicio de la
función pública que le fue confiada democráticamente. Por contraste, los institutos
procesales del impedimento y la recusación obedecen a la taxativa
predeterminación del Legislador respecto de situaciones que constituyen per se
20 Consejo de Estado. Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia del 8 de septiembre de
2021. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2021 00068 00. Consejero Ponente: Rocío
Araújo Oñate.
21 Es criterio jurisprudencial que la sola ausencia de declaración de impedimento, per se, no
constituye causal de pérdida de la investidura. Particular énfasis se hizo sobre este punto en la
sentencia dictada por la Sala Plena el 23/03/2010. MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Radicación: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo de
2012, expediente 11001-03-15-000-2010-01329-00(PI), MP. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de
Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 9 de noviembre de 2016. MP.
William Hernández Gómez, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00(PI). Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Espacial de Decisión de PI. Sentencia de 8
de septiembre de 2021. MP. Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00(PI).
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un riesgo para la imparcialidad del servidor público frente a los asuntos sometidos
a su consideración, lo que impone al concejal el deber de manifestarse impedido
y, en caso de omisión, se habilita la recusación.
48. La anterior distinción no es meramente conceptual, sino que presenta
repercusiones en el ámbito sancionatorio, en la medida en que la pérdida de
investidura constituye una consecuencia excepcional que comporta la inhabilidad
perpetua para el ejercicio de derechos políticos. Por ello, su aplicación debe estar
regida por los principios de taxatividad y de interpretación restrictiva de la sanción
previstos en el artículo 29 Superior, lo que exige que la conducta reprochada se
subsuma de manera estricta en los supuestos previstos por el Legislador para esos
efectos; en el caso concreto, en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000
y el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 14 del artículo
11 del CPACA.
49. Ahora bien, en relación con la verificación de los tres presupuestos
explicados anteriormente para la configuración de la causal de pérdida de
investidura por conflictos de intereses, esta Sección fijó inicialmente su posición
en la sentencia del 19 de septiembre de 201923, en la que determinó lo siguiente:
“En vista de la aplicación de las normas sobre impedimentos y recusaciones
prevista en la Ley 1437 de 2011, debe mencionarse que el impedimento se
presenta cuando la autoridad pone de manifiesto una situación que, a su juicio,
afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para conocer de una actuación
administrativa o de un proceso judicial y la recusación ocurre, por el contrario,
cuando dicha situación es dada a conocer por parte de alguno de los sujetos
procesales. Al respecto, se ha señalado que los impedimentos y las
recusaciones:
«[…] son instituciones de naturaleza procedimental concebidas con el
propósito de asegurar varios de los principios sustantivos que gobiernan el
cumplimiento de la función pública, como la moralidad, la imparcialidad y la
transparencia, entre otros (art. 209 C.P.). Con ellos se pretende garantizar
las condiciones de imparcialidad y transparencia que debe reunir quien
tiene a su cargo el trámite y decisión de un asunto, bajo la convicción de
que solo de esta forma puede hacerse realidad el postulado de igualdad de
las personas ante la ley […]»24.
23 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Exp: 13001-
23-33-000-2018-00738-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
24 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente:
ÁLVARO NAMÉN VARGAS. Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016).
Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00065-00(C). Actor: CORPOAMAZONIA.
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El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en su artículo 11, estableció, de manera general, que cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés público del servidor
público, este debe declararse impedido y, además, prevé una serie de
situaciones en las cuales consideró que los servidores públicos que deben
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, tienen comprometido su
interés particular y directo y, en consecuencia, podrían ser recusados si no
manifiestan su impedimento. Entre dichas situaciones se encuentra la
consistente en:
«[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados
de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el
período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno
de los dos períodos anteriores […]»”. (Subrayas de la Sala)
50. Bajo ese entendimiento, la Sección consideró que el artículo 11 del CPACA
establecía las circunstancias de las cuales se desprendía que el servidor público
tenía un interés particular en conflicto con el interés general propio de su
investidura.
51. Entre las circunstancias que podían implicar el mencionado conflicto de
intereses y el deber de manifestar impedimento en cabeza de los servidores
públicos, está la prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, esto es, que
el servidor público que debiera adelantar o sustanciar una actuación
administrativa, realizar una investigación, practicar una prueba o pronunciar una
decisión definitiva, hubiera sido compañero de lista o hubiera integrado la misma
lista de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular con el interesado en
dicha actuación tanto en el mismo periodo en que la actuación tenga lugar como
en algunos de los dos periodos anteriores.
52. Sobre este punto, en la misma sentencia del 19 de septiembre de 2019 esta
Sección precisó que el numeral 14 del artículo 11 del CPACA no consagra un único
supuesto, sino dos hipótesis diferentes: i) haber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas por el interesado; y
ii) haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular integradas también por el interesado. En ambas hipótesis la norma exige
que la coincidencia en la lista se haya dado en el período electoral concurrente
con la actuación administrativa, o en alguno de los dos períodos electorales
anteriores a esta.
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53. Así, a partir de la sentencia del 19 de septiembre de 2019, esta Sección
sostuvo que las causales establecidas en el artículo 11 del CPACA eran
circunstancias que comprometían la imparcialidad y objetividad del servidor
público, en los siguientes términos:
«55. Visto el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, sobre conflicto de
interés y causales de impedimento y recusación, cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo
del servidor público, este deberá declararse impedido. Asimismo, todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá
ser recusado si no manifiesta su impedimento por, entre otros, “[…] [h]aber
hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores […]”.
56. En los términos de la norma indicada supra, se considera que el
impedimento se presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una
situación que, a su juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para
conocer de una actuación administrativa; y la recusación ocurre cuando dicha
situación es da a conocer por cualquier ciudadano en el marco del
procedimiento de que se trate y en los términos del artículo 70 de la Ley 136,
que prevé que “[…] [c]ualquier ciudadano que tenga conocimiento de una
causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]”»25
54. Igualmente, esta Sección precisó que cuando el servidor público encargado
de adelantar la actuación incurría en alguna de las situaciones descritas en el
artículo 11 del CPACA, la norma le atribuía, por esa sola circunstancia, un interés
directo y particular26:
«Precisado lo anterior, se tiene que las decisiones judiciales de esta Sección27
han establecido que la ley entiende que en las situaciones descritas en el
25 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 11 de mayo de 2023. Exp:
25000231500020220101601, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
26 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 19 de febrero de 2026. Exp:
25000231500020250039701, C.P. Nubia Margot Peña Garzón.
27 Aspecto desarrollado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000
2024-00175-02, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Ver también Cfr. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33
000-2018-00738-01(PI). Reiterada en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de
2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-
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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00856 01
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artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra comprometida la imparcialidad y
objetividad de los servidores públicos, por lo que se presenta conflicto de
intereses ante la existencia de intereses personales y directos en relación con
la decisión que se pretende adoptar.
[…]
Y es que la norma asume que, en las situaciones descritas en ese artículo, se
presenta un interés directo y particular del servidor público que tiene a su cargo
el adelantamiento o sustanciación de actuaciones administrativas, la
realización de investigaciones, la práctica de pruebas o la emisión de
decisiones definitivas y, por ello, entiende que se presenta conflicto de
intereses».
55. En esta línea, de manera más reciente, tratándose de la causal invocada,
esta Sección señaló que fue el propio legislador quien, al establecer la causal de
impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, entendió
comprometida la imparcialidad del servidor público que incurriera en ella28:
«86. La Sección Primera, a partir de la referida sentencia de 19 de septiembre
de 2019, se ha pronunciado en relación con el conflicto de intereses derivado
de la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437.
87. Así lo evidencian, entre otras, las sentencias de 19 de septiembre de
201929, 3 de marzo de 202330, 11 de mayo de 202331, 14 de septiembre de
202332, 6 de marzo de 202533, 2 de mayo de 202534, 24 de julio de 202535; 28
de agosto de 202536 y 30 de octubre de 202537, entre otras, en las cuales se
ha señalado de manera consistente y pacífica que resulta posible acudir a la
000-2022-01014-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024.
Radicación núm.: 05001-23 33-000-2024-00237-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 6
de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
28 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 19 de marzo de 2026. Exp. 17001-23-33-
000-2025-00276-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
29 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de septiembre de 2019. Exp. 13001-23-
33-000-2018-00738-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
30 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de marzo de 2023. Exp. 25000-23-15-000-
2022-01015-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
31 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de mayo de 2023. Exp. 25000-23-15-000-
2022-01016-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
32 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de septiembre de 2023. Exp. 25000-23-
15-000-2022-01014-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
33 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 6 de marzo de 2025. Exp. 50001-23-33-000-
2024-00321-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
34 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 2 de mayo de 2025. Exp. 25000-23-15-000-
2024-00502-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
35 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de julio de 2025. Exp. 05001-23-33-000-
2024-01329-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de agosto de 2025. Exp. 23001-23-33-
000-2024-00197-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón
37 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de octubre de 2025. Exp. 05001-23-33-
000-2025-00218-01, C.P.(E) Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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causal de impedimento prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437, en cuanto este enunciado normativo está dirigido a todos los servidores
públicos que deban adelantar actuaciones administrativas, dentro de los
cuales se encuentran cobijados los miembros de las corporaciones públicas
de elección popular, y la elección del secretario del concejo constituye un
procedimiento administrativo especial que se encuentra regulado en el artículo
2.2.27.1 del Decreto núm. 1083 de 26 de mayo de 201538, el cual debe
adelantarse con sujeción a los principios de transparencia e imparcialidad.
88. En esta conducta prevista por el legislador se entiende que se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y se
presenta un interés directo, particular y actual en relación con la decisión que
se pretende adoptar».
56. En el reciente fallo de unificación -SU-082- proferido el 15 de abril de 2026,
la Corte Constitucional al abordar el estudio de la causal de impedimento
establecida en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA y del conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura, expuso de manera clara que el análisis en
el régimen de pérdida de investidura no puede limitarse a constatar la ocurrencia
de la causal de impedimento sino que debe estar orientada a probar la existencia
del interés directo, particular y actual que es el factor objetivo o material que
determina la desinvestidura como sanción:
«246. De tal manera que, en la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses, el elemento objetivo alude a la
verificación fáctica del supuesto de hecho de la causal, esto es, constatar si,
en un asunto sometido a la competencia funcional del miembro de la
corporación pública de elección popular, concurrió objetivamente en los
presupuestos que configuran el conflicto y en su actuación institucional en ese
asunto […]
247. En paralelo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
enfatizado que no basta con constatar “un factor objetivo” en abstracto. Para
hablar de conflicto de interés, el juez debe verificar, como base, la
presencia de un interés directo, particular y actual, real y no aleatorio, en
la decisión sometida a consideración del funcionario39.
248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo referente a la
causal de conflicto de interés por haber incurrido en una causal de
impedimento, es necesario precisar que el conflicto de intereses como
causal de pérdida de investidura no puede reducirse a la mera
configuración formal de una causal de impedimento, pues esta última
opera como un parámetro preventivo de abstención, pero no sustituye la
verificación del presupuesto material de la sanción40. La jurisprudencia ha
38 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
39 Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
40 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo
de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15- 000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-
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sido enfática en que la sola subsunción fáctica en una hipótesis de
impedimento resulta insuficiente para estructurar la causal sancionatoria si no
se acredita, de manera cierta y concreta, la existencia de un interés directo,
particular y actual que se proyecte sobre el asunto decidido y sea susceptible
de generar un beneficio personal o de sus allegados41»42. (Negrillas de la Sala)
57. Se tiene entonces que tanto para la Corte Constitucional como para el
Consejo de Estado la sola omisión de manifestar el impedimento no es causal de
pérdida de investidura, pues precisamente en esta clase de procesos
sancionatorios es necesario que se demuestren, en su orden, los elementos
objetivo y subjetivo. Sin el ánimo de redundar la Corte Constitucional también
afirmó en el fallo recientemente proferido:
«250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento no
produce, por sí sola, la pérdida de investidura, pues las normas que
prevén esta sanción exigen la verificación tanto del elemento objetivo
como del subjetivo. Por ello, aunque actuar estando impedido o abstenerse
de declarar el impedimento cuando existe el deber de hacerlo sí configura una
falta disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al fenómeno del conflicto
de intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto este último se
refiere específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular y el
interés general involucrado en el asunto sometido a su decisión43. Esto exige,
entonces, la demostración de un “genuino conflicto de intereses” y no la sola
constatación de la concurrencia de la causa de impedimento, en tanto esto
implicaría desnaturalizar su carácter excepcional como máxima sanción
político-disciplinaria»44. (Negrillas de la Sala)
58. De lo expuesto se desprende que, para que se configure la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, no basta con
acreditar que la concejal incurrió en una causal de impedimento sin manifestarla –
como la prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA–, sino que resulta
indispensable demostrar que existía un interés directo, particular y actual en su
cabeza o en la de su círculo cercano y que este además es incompatible con el
2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre
de 2025, expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado
por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-000- 2025-00218-01.
41 Ibidem
42 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2026. MP. Vladimir Fernández Andrade.
43 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo
de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15- 000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-
2024-01431-00. También, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba
Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado en el expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
44 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2026. MP. Vladimir Fernández Andrade
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interés general propio de la investidura. La Corte Constitucional expuso sobre este
punto lo siguiente:
«251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta causal se orienta
a establecer, desde una perspectiva material, si la actuación del integrante de
la corporación pública se desarrolló en un escenario que comprometía su
deber de imparcialidad, por la concurrencia de una situación personal capaz
de incidir en la decisión adoptada dentro del ámbito de sus funciones. Este
examen permite identificar si el ejercicio del cargo se vio afectado por una
circunstancia incompatible con la finalidad pública que debe guiar la actuación
del elegido, en tanto se quebranta la exigencia de transparencia que rige el
desempeño de la función representativa. Todo ello a partir de la constatación
fáctica de la actuación endilgada y su confrontación con los supuestos
descritos en la ley»45.
59. Ahora bien, de lo señalado por la Corte respecto de la causal de
desinvestidura por conflicto de intereses, no puede interpretarse, en modo alguno,
que los servidores públicos eventualmente pueden desentender el deber de
declarar sus impedimentos en los supuestos previstos en la ley, pues como atrás
se expresó este mecanismo permite hacer efectivo los principios de imparcialidad
y de transparencia de la función pública y protege al servidor en el desempeño de
las funciones a su cargo. Tampoco significa que, existiendo la causal respectiva,
los terceros estén imposibilitados de presentar la recusación correspondiente.
60. Sobre este punto debe precisarse que, aunque la omisión de la declaración
del impedimento no genera per se la pérdida de investidura, ello no significa que
este hecho no tenga otros efectos y consecuencias jurídicas –de carácter
disciplinario o en otros regímenes de responsabilidad–, ni que el servidor pueda
desatender este que es un deber legal a su cargo.
61. Teniendo en cuenta el marco anterior corresponde establecer si en el asunto
sub judice se hallan acreditados los siguientes elementos o presupuestos: (i) la
calidad del sujeto activo; (ii) la existencia de un interés directo, particular y actual,
de naturaleza moral o económica; y (iii) la participación efectiva del servidor en el
trámite, pese a la existencia de dicho interés, sin haber manifestado impedimento
o sin haber sido apartado mediante recusación.
45 Ibidem.
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62. En relación con el primer presupuesto, la Sala observa que de acuerdo con
las actas de escrutinio E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil
aportadas por el accionante, no existe controversia en que María Victoria Vargas
Silva fue elegida y adquirió la calidad de concejal de Bogotá D.C. para el periodo
constitucional 2024-2027.
63. Respecto del tercer presupuesto, esto es, la participación efectiva de la
concejal accionada en el trámite del impedimento manifestado por el también
concejal Juan David Quintero Rubio, con quien integraron la misma lista electoral
para el periodo 2020-2023, obran en el expediente las siguientes pruebas46:
63.1. Copia simple del formulario E-8, lista definitiva de candidatos inscritos por
el Partido Liberal Colombiano para las elecciones del 27 de octubre de
2019, que acredita la integración de la lista del Partido Liberal en la que
figura María Victoria Vargas Silva y Juan David Quintero Rubio.
63.2. Copia simple del formulario E-8, lista definitiva de candidatos inscritos por
el Partido Liberal Colombiano para las elecciones del 29 de octubre de 2023
que acredita la integración de la lista del Partido Liberal dentro de la cual
figura María Victoria Vargas Silva.
63.3. Copia simple del formulario E-8, lista definitiva de candidatos inscritos por
la coalición Partido Nuevo Liberalismo - En marcha para las elecciones del
29 de octubre de 2023, dentro de la cual figura Juan David Quintero Rubio.
63.4. Copia Simple del Acuerdo No 002 del 2019, ¨Por medio del cual se resuelve
el desacuerdo declarado mediante la Resolución No 008 del 25 de
noviembre de 2019 por los delegados del Consejo Nacional Electoral y se
declara la elección de los concejales de Bogotá D.C. periodo 2020 -2023.
63.5. Copia Simple del Acta de escrutinio general del Concejo E - 26 por la cual
se declara la elección como concejal de Bogotá D.C. para el periodo
Constitucional 2024 – 2027 de María Victoria Vargas Silva por el Partido
Liberal y de Juan David Quintero Rubio por la Coalición Nuevo liberalismo -
En Marcha.
63.6. Copia simple del Impedimento del 6 de mayo de 2024 presentado por el
concejal Juan David Quintero Rubio.
46 Visible a Índice 2 de SAMAI, Cuaderno Principal, Documento
003ED_DTEWALTERALONSOJEGEN.
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64. Igualmente consta en el expediente el Acta de llamado lista y registro de
concejales en la sesión del 7 de mayo de 2024, la cual acredita la asistencia de la
concejal María Victoria Vargas Silva a dicha sesión47. Asimismo, obra un
impedimento presentado por la concejal en el curso de 2024, el cual no
corresponde a la sesión del 7 de mayo de 202448.
65. También consta en el plenario copia del acta de registro de votación del
impedimento presentado por el concejal Juan David Quintero Rubio y el voto de la
accionada49, así:
«
47 Visible a Índice 2 de SAMAI, Cuaderno Principal. Documento
033RECIBEMEMORIAL_Llamadolista07052024
48 Visible a Índice 2 de SAMAI, Cuaderno Principal, documento
031RECIBEMEMORIAL_IMPEDIMENTOHCMARIAVI
49 Visible a Índice 2 de SAMAI, Cuaderno Principal
030RECIBEMEMORIAL_VotacionJuanDavidQui
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»
66. Tal como acaba de verse, a juicio de la Sala tanto la argumentación del
accionante como los elementos probatorios que se allegaron con la demanda y
que fueron solicitados como prueba, claramente pretendían vislumbrar la omisión
de la concejal María Victoria Vargas Silva al no haber manifestado impedimento
alguno para resolver el formulado por Juan David Rubio, Quintero a pesar de que
ambos hubieran integrado la misma lista electoral para el periodo 2020-2023.
67. Si bien el análisis de los elementos probatorios reseñados anteriormente
evidenciaría que la concejal accionada participó en el quorum y en la votación del
impedimento presentado por Juan David Rubio Quintero, dicha circunstancia por
sí sola, tal como lo dispuso la Corte Constitucional y lo ha señalado con
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anterioridad la Sala Plena del Consejo de Estado50, no implica la existencia de un
conflicto de intereses, toda vez que la comprobación de este no puede agotarse
en la verificación o constatación de la existencia de la casual de impedimento.
68. Precisamente por lo anterior, corresponde a la Sala centrar su análisis en el
segundo de los presupuestos, esto es, en determinar si en el caso concreto,
además de haber compartido lista electoral con el concejal que formuló
impedimento (Juan David Rubio Quintero), existió en cabeza del concejal
accionado un interés directo, particular y actual incompatible con el interés general
propio de su investidura.
69. Al respecto la Sala observa que en el presente asunto el demandante no
acreditó que la cabildante tuviera un interés particular, directo y actual, de carácter
moral o económico, que la afectara de manera personal y concreta, ni a ella ni a
su círculo familiar cercano o a sus socios, como consecuencia de haber
considerado y votado el impedimento presentado por el concejal Juan David
Quintero Rubio de la coalición Nuevo Liberalismo–En Marcha en la sesión del 7
de mayo de 2024.
70. No obra en el expediente prueba alguna de la existencia de un vínculo
personal, familiar, de amistad o de sociedad de hecho o de derecho entre María
Victoria Vargas Silva y David Quintero Rubio más allá del hecho mismo de haber
integrado conjuntamente la misma lista electoral para el periodo 2020-2023.
71. Para la Sala la coincidencia en la mencionada lista, por su propia naturaleza
es un hecho formal que no revela por sí mismo ningún grado de cercanía afectiva
o patrimonial entre quienes la integran, ni evidencia la existencia de un interés
particular del accionado contrario al interés público sino más bien una discusión
acerca de si se debió o no declararse impedido, lo que no es suficiente para la
configuración estricta y concreta de un conflicto de intereses.
50 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo
de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15- 000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00;Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-
2024-01431-00.
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72. En este punto resulta de la mayor importancia volver sobre las
consideraciones hechas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-082 de
2026:
«445. Recuérdese que, tal como lo ha reseñado el propio Consejo de Estado,
para la configuración de un conflicto de intereses como causal de pérdida de
investidura no es pertinente partir de generalizaciones, en tanto debe
constatarse en cada caso concreto si en efecto se reproduce una situación
sancionable. En particular, porque lo que busca prevenirse es la tensión entre
el interés que habita la función pública y el interés particular que puede gravitar
en quien decide o participa en la toma de una decisión, bajo el entendido de
que, cuando ambos intereses confluyen en un mismo punto, la finalidad
pública corre el riesgo de fracturarse, de tal manera que la decisión deja de
orientarse exclusivamente al bien colectivo y puede inclinarse hacia una
utilidad distinta que compromete el deber institucional y la legitimidad del
cargo. Por consiguiente, no basta con conocer un listado general de
situaciones catalogadas como generadoras de un quebrantamiento del
principio de imparcialidad -como son las causas de impedimento-, sino que,
tratándose de pérdida de investidura, el análisis debe ocuparse por corroborar
que, además de evidenciar que ocurrió la situación marcada como causal de
impedimento, esté comprometido genuinamente un interés confluyente que
pueda llegar a perjudicar el interés público
[…]
447. Bajo esa lógica, está claro que el laborío probatorio fue deficiente porque,
por un lado, el análisis efectuado se concentró solo en la verificación de una
causal de impedimento, sustituyendo así la exigencia probatoria propia de
la causal de pérdida de investidura que determina la necesidad de
acreditar (no presumir) un interés directo, actual, concreto y particular;
y, por otro lado, se omitió la valoración de unos elementos materiales
probatorios con los cuales se pretendía acreditar el contexto de la elección a
efectos de descartar el interés, los cuales se relacionan a continuación»51.
73. En síntesis, no existen dentro del plenario pruebas que acrediten que el
interés público propio de la función de la cabildante María Victoria Vargas Silva
hubiese entrado en conflicto con un interés personal al momento de votar el
impedimento de quien, si bien fue su compañero de lista en un periodo electoral
pasado, no tenía con ella ningún vínculo de amistad, familiar o económico.
74. Ahora bien, más allá de la ausencia de prueba de un vínculo personal, familiar
o de negocios, la Sala evidencia que en el periodo electoral 2024-2027 la
accionada y el señor Juan David Quintero Rubio se presentaron a los procesos
electorales en representación de dos agrupaciones políticas distintas, la primera
51 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2026. MP. Vladimir Fernández Andrade
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por el Partido Liberal Colombiano y el segundo por la Coalición Nuevo Liberalismo
– En Marcha, lo que demuestra aún más la inexistencia de lazos o vinculaciones
estrechas que pudieran dar lugar a la existencia del conflicto de intereses en
cabeza de la accionada.
75. Es importante anotar que el análisis anterior, guarda consonancia con la
naturaleza misma del proceso de pérdida de investidura que tal y como lo señalado
de manera reiterada la jurisprudencia de la Corporación52 tiene carácter
sancionatorio y como tal está regido por las garantías propias del derecho al debido
proceso.
6.2.2. Del elemento subjetivo
76. De acuerdo con la estructura de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 1 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, la verificación del elemento subjetivo supone, en primer
lugar, la acreditación del elemento objetivo, en tanto ambos presupuestos son
concurrentes y se encuentran estrechamente relacionados. Al respecto la Corte
Constitucional en la sentencia SU-082 de 2026 señaló:
«442. Metodológicamente, el escrutinio para la averiguación de la posible
ocurrencia de una causa de pérdida de investidura debe seguir ese orden, es
decir, primero la verificación objetiva del supuesto típico y solo después, si
aquel se acredita, el examen subjetivo. En efecto, tal como se explicó líneas
atrás, si el elemento objetivo no se configura, el análisis de culpabilidad carece
de razón jurídica, dado que no existiría una conducta material delimitada sobre
la cual pueda recaer un reproche sancionatorio».
77. En el caso concreto, al no acreditarse la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza de la accionadas, no resulta procedente abordar el
análisis del elemento subjetivo de la conducta.
52 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, Sentencia del 19 de febrero de 2019 rad.11001-03-15-000-
2018-02417-00(PI). Igualmente, ver Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencias del 11 de
diciembre de 2007 (exp. 11001-03- 15-000-2006-01308-00 [PI]), del 12 de septiembre de 2023
(exp. 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]), del 8 de septiembre de 2020 (exp. 11001-03-15-000-
2019-04145-01 [PI]) y del 11 de octubre de 2021 (11001-03-15-000-2019-01599-00 [PI]). Asimismo
puede verse Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 25 de mayo de 2017, expediente
rad. 81001-23-39-000- 2015-00081-01(PI), 25 de mayo de 2017; reiterada en Sentencia rad.
15001-23-33-000-2020-00065-01, 11 de marzo de 2021.
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78. En suma, la Sala confirmará la sentencia apelada.
79. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no
se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura es
una acción pública en la que se ventila un interés general.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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