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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00321-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
22 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00321-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta que decretó la pérdida de investidura del Concejal del Municipio de Acacías (Meta) Arnold Mauricio Pinilla Triana, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal Administrativo del Meta.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2024-00321-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 50001 23 33 000 2024 00321 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
Concejal: Arnold Mauricio Pinilla Triana1

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por Arnold Mauricio
Pinilla Triana contra la sentencia de 28 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, en primera instancia.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. José Enrique Molina Rojas –en adelante el Solicitante– pidió, en ejercicio del
respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura de Arnold
Mauricio Pinilla Triana –en adelante el Concejal–, porque, a su juicio, incurrió en la
causal prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19942,
por violación del régimen de conflicto de intereses.

Pretensión

2. El Solicitante fundamentó la solicitud de pérdida de investidura en la siguiente
pretensión3:

1
Cfr. Índice 1 Samai.
2
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
3 Cfr. Índice 1 de SAMAI escrito de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Núm. Único de radicación: 50001233300020240032101

“[…] PRIMERA: DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del concejal ARNOLD
MAURICIO PINILLA TRIANA periodo constitucional 2020-2023, identificado con la
cédula […] por violar el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses de conformidad con lo
probado en los hechos y los soportes adjuntos.

SEGUNDA: ordenar notificar de la decisión al concejo municipal de Acacías-Meta, a
la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral para lo de su competencia
[…]”

Presupuestos fácticos

3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos y argumentos para
fundamentar su pretensión4:

3.1. Arnold Mauricio Pinilla Triana y Wilder Nodier Urbano Rozo se inscribieron
como candidatos al Concejo Municipal de Acacías (Meta) por el mismo partido
político para el periodo constitucional 2020-2023.

3.2. Arnold Mauricio Pinilla Triana fue elegido Concejal del Municipio de Acacías
(Meta) y tomó posesión del cargo el 2 de enero de 2020.

3.3. El Concejo Municipal de Acacías (Meta) en la sesión realizada el 3 de enero de
2020 realizó la entrevista, calificación y elección de los aspirantes al cargo de
Secretario General del Concejo Municipal de Acacías, en la cual participó el
Concejal Arnold Mauricio Pinilla Triana sin hacer manifestación alguna respecto de
estar incurso en un conflicto de intereses para participar en las deliberaciones y
votaciones para la referida elección, donde se encontraba como aspirante Wilder
Nodier Urbano Rozo quien fue su excompañero de lista al concejo.

Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura

4. Citó la causal de pérdida de investidura prevista en prevista en el numeral 2.° del
artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19945, en concordancia con el numeral
1.° del artículo 48 de la Ley 617 y con el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437,
según las cuales los concejales perderán su investidura por violación del régimen
de conflicto de intereses.

5. Afirmó que se cumplieron los requisitos previstos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado para que se configure la causal, en la medida que: i) el Concejal

4 Cfr. Índice 1 de SAMAI escrito de la demanda.
5
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
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3

Núm. Único de radicación: 50001233300020240032101

hizo parte de la lista para la elección de Concejal, periodo 2020-2023, junto con
Wilder Nodier Urbano Rozo por el mismo partido político y quien participó en el
proceso de elección de Secretario General del Concejo Municipal para el año 2020;
y ii) a pesar la coincidencia en la lista electoral, el Concejal no se declaró impedido
para votar en la sesión de entrevista y elección de Secretario.

Contestación de la solicitud de pérdida de investidura

6. El Concejal, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se refirió a la
solicitud de pérdida de investidura y solicitó que se negaran sus pretensiones6, así:

6.1. Aseguró que las pretensiones de la demanda son infundadas y contrarias a
derecho, toda vez que no se configura la causal de conflicto de intereses, en la
medida que la elección del Secretario General del Concejo Municipal de Acacías
(Meta) correspondía a las funciones constitucionales y legales de los concejos
municipales.

6.2. Señaló que: i) no le constaba que Wilder Nodier Urbano Rozo estuviera en la
lista de candidatos para la elección de Secretario General de la Corporación para el
periodo 2020 ni que fuera su compañero de partido político en la misma lista para
el Concejo Municipal en el mismo periodo; y ii) en la sesión de 3 de enero de 2020,
en la cual se eligió al Secretario General de la Corporación, no realizó ninguna
intervención, no solicitó el uso de la palabra y no admitió que Wilder Nodier Urbano
Rozo formaba parte de la lista de elegibles al cargo de Secretario General.

6.3. Adujo que actuó con el convencimiento indiscutible de estar actuando en
cumplimiento de un deber legal, precisando, que en el proceso de elección del
Secretario General para el periodo 2020 le dieron certeza de estar actuando bajo el
convencimiento indiscutible del cumplimiento de una función inaplazable, toda vez
que la Comisión Accidental, conformada por concejales con más periodos
constitucionales, realizó la verificación de las hojas de vida sin informar presuntos
conflictos de intereses de los concejales, generándole un grado de confianza.

6.4. Argumentó que no obró con dolo o culpa grave: i) no tiene experiencia
profesional, en la medida que es bachiller; ii) no contaba con experiencia en el sector
público que le avizorara una presunta irregularidad de su conducta, comoquiera que
era su primer periodo como concejal; iii) cuando se realizó la sesión de elección solo
contaba con un día como concejal; y iv) su partido político no lo tenía en cuenta para

6 Cfr. Índice 9 SAMAI del Tribunal.

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Núm. Único de radicación: 50001233300020240032101

las reuniones de bancadas para conocer cuáles eran las directrices del partido o al
menos conocer quienes conformaban la lista, por lo cual, conforme a “[…] los
principios de culpabilidad, antijuridicidad, ilicitud sustancial, del derecho disciplinario
está probado que, en el caso particular, el suscrito NO era consciente, NO conocía
que esos actos que iban a ejecutar eran prohibidos, Maxime que NO contaba con
la formación profesional, ni con la experiencia en el sector público que me avizora
alguna irregularidad […]”.

6.5. Por último, solicitó aplicar los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado 7
que, a su juicio, son determinantes para la no configuración de la causal.

La audiencia pública prevista por el artículo 12 de la Ley 1881

7. La audiencia pública tuvo lugar el 6 de noviembre de 20248 con la asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura; el apoderado del Concejal;
y el Ministerio Público.

Sentencia proferida, en primera instancia

8. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 28 de noviembre de
20249, en primera instancia, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor ARNOLD
MAURICIO PINILLA TRIANA, concejal del Municipio de Acacías (Meta) del periodo
constitucional 2020-2023, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia […]”.

Consideraciones del Tribunal

9. El Tribunal Administrativo del Meta consideró que el problema jurídico consistía
en determinar:

“[…] si el señor ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA en su calidad de Concejal
del Municipio de Acacías, Meta, para el periodo constitucional 2020- 2023, incurrió
en la causal de pérdida de investidura consagrada en el numeral 2 del artículo 55
de la Ley 136 de 1994, esto es, si vulneró el régimen de conflicto de intereses al no
declararse impedido para participar en la elección del Secretario General del
Concejo Municipal de Acacías, Meta, para la vigencia 2020 llevada a cabo el 03 de
enero de 2020, pues, en dicho concurso se encontraba como aspirante el señor
Wilder Nodier Urbano Rozo, quien fue su compañero de lista al Concejo Municipal
de Acacías, Meta, por el Partido Cambio Radical periodo 2020-2023 […]”.

7
Sentencia de 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001233300020190009101 y de 22 de febrero
de 2023, número único de radicación 11001031500020220555600.
8
Cfr. Índice 31 SAMAI del Tribunal.
9
Cfr. Índice 37 SAMAI del Tribunal.
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Núm. Único de radicación: 50001233300020240032101

10. Luego de explicar el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial del medio
de control de pérdida de investidura, así como de la causal relativa al conflicto de
intereses consideró que, conforme los criterios jurisprudenciales de la Sección
Primera del Consejo de Estado, el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 es
aplicable a los sujetos de acción de pérdida de investidura cuando incurren en
conflicto de intereses, en la medida que la violación del régimen de conflicto de
intereses prevista en el artículo 48 de la Ley 617, constituye una norma de remisión.

Sobre el elemento objetivo de la causal

11. Consideró que se encontraba probado el elemento objetivo de la causal prevista
en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, toda vez que, una vez realizado el
análisis y valoración probatoria, concluyó que:

11.1. Arnold Mauricio Pinilla Triana fue elegido Concejal del Municipio de Acacías
(Meta) para el periodo constitucional 2020-2023.

11.2. Wilder Nodier Urbano Rozo y Arnold Mauricio Pinilla Triana hicieron parte de
la Lista Definitiva de Candidatos Inscritos por el mismo partido político para el
Concejo Municipal de Acacías, Meta, periodo constitucional 2020- 2023, como
consta en el Formulario E-8 CO.

11.3. Wilder Nodier Urbano Rozo, fue aspirante al cargo de Secretario General del
Concejo Municipal de Acacías, Meta, para el periodo 2020, como consta en el Acta
de sesión plenaria del concejo núm. 02 de 3 de enero de 2020, en donde se eligió
dicho cargo con la participación del Concejal.

11.4. En esa medida, el Concejal Arnold Mauricio Pinilla Triana, en ejercicio de su
investidura, participó en la elección del Secretario General del Concejo Municipal de
Acacías (Meta), conformó el quorum e intervino en el debate del asunto al participar
en la entrevista, otorgando calificación a los participantes y al ejercer su derecho al
voto, con lo que se concluyó que participó activamente en el trámite de elección, sin
haber manifestado su impedimento, a pesar de que Wilder Nodier Urbano Rozo
conformó la misma lista de candidatos al Concejo del Municipio por el mismo partido
político, configurándose el interés directo, particular y real.

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Núm. Único de radicación: 50001233300020240032101

Sobre el elemento subjetivo de la causal

12. Consideró que se encontraba probado el elemento subjetivo de la causal, en la
medida que el Concejal “[…] actuó de manera descuidada y negligente, pues, de
acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, no resulta aceptable que al
encontrarse como aspirante para el cargo de Secretario General del Concejo el
señor Wilder Nodier Urbano Rozo quien fue su compañero de lista de candidatos al
concejo por su mismo partido político, no infiriera que podría existir algún tipo de
impedimento y proceder a plantearlo a la plenaria o buscar asesoría sobre si dicha
situación le generaba algún inconveniente, no obstante, no realizó ninguna
manifestación y participó de manera activa en el procedimiento que se llevó a cabo
en la sesión plenaria del 3 de enero de 2020, conformando el quorum y calificando
cada uno de los concursantes entre ellos al referido ex compañero […]”.

13. Respecto al argumento según el cual “[…] no tenía conocimiento de quién hacía
parte de la lista de candidatos al Concejo Municipal de Acacías, para el periodo
2020-2023 por el Partido […], precisando, que nunca participó en reuniones del
mencionado partido porque no fue invitado […]”, consideró que en la Sesión de 3
de enero de 2020 tuvo conocimiento de que Wilder Nodier Urbano Rozo era su
excompañero de lista por el mismo partido, razón más que suficiente para que,
inicialmente auscultara qué implicaba lo anterior y, seguidamente, expusiera ante la
plenaria su posible impedimento para participar en la elección, máxime cuando se
encontraban adelantando las rondas de preguntas a cada uno de los candidatos, es
decir, se encontraban en la etapa inicial de la entrevista y calificación.

14. Indicó que se encontraba probado que el Concejal actuó de manera negligente,
sin el debido cuidado, diligencia y prudencia, toda vez que:

14.1. A pesar de sus condiciones personales y de la existencia de la comisión
accidental, según el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado “[…] es una
obligación general para quien pretende acceder a la función pública, la revisión del
marco normativo que rige el cargo que desempeña, incluso en los eventos de
elección popular, precisándose, que el hecho de tener el grado de bachiller no
puede ser óbice, como ya se dijo, para que manifestara ante la plenaria la
posibilidad de tener algún impedimento para participar en la elección del secretario
general, pues, ya estaba suficientemente claro que uno de los candidatos era su
excompañero de lista al cargo de concejal en la cual él obtuvo la curul; incluso, pudo
pedir a la plenaria el apoyo para que lo asesoran sobre el tema, situaciones que no
se dieron sino que tomó una actitud pasiva y continuó participando en la sesión […]”.

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Núm. Único de radicación: 50001233300020240032101

14.2. Toda vez que el concejal argumentó que no tenía conocimientos sobre el
cargo por no ser profesional ni tener experiencia como servidor público, le
correspondía probar que no recibió capacitación previa a posesionarse en el cargo,
situación que no fue alegada en sus intervenciones, razón suficiente para
desestimar el argumento.

14.3. Por último, señaló que las sentencias del Consejo de Estado10 que el Concejal
solicitó aplicar al caso sub examine, no guardaban identidad fáctica, comoquiera
que en ellas se estudió la configuración de los elementos objetivo y subjetivo de
otras causales de pérdida de investidura.

Recurso de apelación y sus fundamentos

15. El Concejal presentó recurso de apelación11, en el cual solicitó revocar la
sentencia proferida, en primera instancia, argumentando que no se configuró el
elemento subjetivo de la causal, toda vez que no se probó que su conducta fue
dolosa o culposa, a lo sumo leve, en el entendido que actuó bajo el convencimiento
inequívoco e invencible de estar cumpliendo una función constitucional y legal.

16. Asimismo, indicó que existe un vacío jurisprudencial sobre la configuración del
elemento subjetivo, comoquiera que por su formación personal y su capacidad de
entendimiento en el momento de los hechos le impedían conocer que su conducta
era irregular, generándose una duda razonable que debía ser decidida a su favor,
toda vez que:

“[…] I) El suscrito procede de una familia de origen humilde criado en la vereda
chichimene de Acacías con una situación económica de difíciles oportunidades, por
lo que no me fue posible acceder a la educación superior.

II) El suscrito para la fecha de los hechos solo contaba con el título de bachiller
académico graduado en el año 2006.

III) El suscrito toda su vida se ha desempeñado en la actividad como auxiliar de trabajo
pesado en diferentes expresas privadas.

IV) Para la fecha de los hechos (3 de enero de 2020 antes de la pandemia) no contaba
con estudios en uso de herramientas tecnológicas.

V) NO existe prueba de la intensión manifiesta de violar el régimen de inhabilidades
e incompatibilidades por parte del suscrito.

VI) Para el día de los hechos el suscrito cumplía su primer día como servidor público.

10
Sentencia de 16 de abril de 2020, número único de radicación 540012333000201900091201 y de 22 de
febrero de 2023, número único de radicación 11001031500020220555600.
11 Cfr. Índice 41 SAMAI del Tribunal.

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VII) Las directivas del partido cambio radical, nunca tuvieron en cuenta al suscrito
para las reuniones de bancada y dar conocer las directrices o decisiones tomadas y
como estaba integrada la lista al concejo.

VIII) Durante la sesión del día 3 de enero y en desarrollo de la elección de secretario
general, no se presentó ningún tipo de recusación contra concejal alguno por
inhabilidades o incompatibilidades que me permitiese inducir un grado mínimo de
diligencia de estar inmerso en una situación similar y poder avizorar una situación
similar […]”

17. Por último, solicitó: i) aplicar la regla de exclusión de la responsabilidad
disciplinaria prevista en la Ley 1952 de 28 de enero de 201912, a su juicio,
procedente para los procesos de perdida de investidura; y ii) ante la falsedad
procesal del Solicitante se debe dar aplicación al artículo 15 de la Ley 1881 para
que se compulsen copias de toda la actuación a las autoridades competentes para
las investigaciones y sanciones correspondientes.

Traslado del recurso de apelación

18. Surtido el traslado del recurso de apelación, el Solicitante reiteró los argumentos
de la solicitud de pérdida de investidura13. A su vez, el Concejal y el Ministerio
Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen del conflicto de interés; vi) el conflicto de intereses derivado de
las causales de impedimento y recusación previstas en el numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437; vii) el análisis del caso concreto; y viii) las conclusiones.

Competencia de la Sala

20. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de concejales

12
“Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
13 Cfr. Índice 8 SAMAI.

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y diputados; iii) el artículo 1314 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201915; y iv) el
artículo 15016 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda
instancia y cambio de radicación: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto.

21. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de que
trata este asunto sin que se observe vicios que puedan invalidar lo actuado, se
procede a decidir el caso sub examine.

22. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 17, la Sala
procederá a pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o reparos
formulados por el apelante18.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar si el Concejal incurrió o no en la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 de 2
de junio de 199419, en concordancia con el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617
de 6 de octubre de 200020 y el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 201121, por violación del régimen del conflicto de intereses, en especial, si
se configuró el elemento subjetivo, por razón de su participación en la elección del
Secretario General del Concejo Municipal de Acacías (periodo 2020), con quien
integró la lista inscrita por el mismo partido político, para las elecciones al Concejo
Municipal, periodo 2020-2023.

24. En ese orden, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 28 de
noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en primera
instancia.

14
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89 y 90”.
15 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
16 Modificado por el artículo 25 de la Ley 2080.
17 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
18
El recurso de apelación es procedente en los términos de los artículos 14 y 22 de la Ley 1881, en la medida
que fue presentado y sustentado por el Solicitante de forma oportuna.
19
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
20 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
21 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo .

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La calificación habilitante

25. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 188122, la Sala encuentra probado que
Arnold Mauricio Pinilla Triana fue elegido como Concejal del Municipio de Acacías,
según consta en el formulario E-26 de 27 de octubre de 201923, por medio del cual
se declaró su elección como Concejal de dicho municipio, para el período 2020-
2023.

26. En ese orden de ideas, la investidura del Concejal se tiene por cierta en la
medida en que el documento indicado anteriormente constituye prueba de dicha
calidad, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de investidura.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura

27. Vistos los artículos 184 de la Constitución Política; 14324 de la Ley 1437 y las
leyes 136, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un
proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio25 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.

29. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo
público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre
sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio,
al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.

22 “[…] Cuando la solicitud [de pérdida de investidura] sea presentada ante el Consejo de Estado por un
ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su
acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]”.
23
Cfr. Índice 00002 de Samai del expediente del Tribunal.
24 Ley 1437. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente

o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de
investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
25 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-

15000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
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11

Núm. Único de radicación: 50001233300020240032101

30. La Sala Plena26 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de la
pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i) constituye
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de
carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida
exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción
más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de
las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por
expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente
para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de pérdida de investidura limitan
o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de
ser elegido.

31. En esa misma orientación, la Corte Constitucional27 consideró que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.

32. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 2010 21. En ese orden,
las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el
juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo
cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.

33. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular,

26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,

Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
27 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado,

expedientes T-3.331.156 y T-4.524.335.
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en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in
dubio pro reo, y de legalidad.

34. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con la
jurisprudencia de las altas cortes28, una vez verificada la configuración del elemento
objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo29.

35. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio de
pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”30.

36. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento en
ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma que
establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se configura
o no el elemento subjetivo31.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses

37. Visto el numeral 2. º del artículo 55 de la Ley 136, “[…] [l]os concejales perderán
su investidura por: […] 2. Por violación del régimen de […] conflicto de intereses.
[…]”.

28 Ibidem.
29 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la

conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
30 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con

el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en
lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
31 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso

sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
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38. Visto el artículo 70 de la Ley 136, sobre el conflicto de interés, que señala “[…]
cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de
alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
o primero civil, o a su socio o socios de derecho o, de hecho, deberá declararse
impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. […]”.

39. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses32 “[…] como aquella conducta
en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido
por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse
impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o
cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es
la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial […]”.

40. Esta Sección32 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta
“[…] solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto
objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones
[…]”; y agregó que “[…] la Sala Plena33 ha sido enfática en sostener que si el interés
se confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en
igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en
interés de la colectividad y no en el suyo propio […]”.

41. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o votación de
un asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.

42. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación en
la medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de

marzo de 2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15000-
2006-00003-01.
33 Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y Concepto

de 27 de mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
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43. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los
siguientes supuestos: i) la calidad de concejal; ii) la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza del concejal o de su cónyuge, compañero permanente
o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, en un asunto que el
concejal conozca en razón de sus funciones constitucionales y legales; y iii) que el
concejal participe en el debate o votación del asunto, sin manifestar impedimento
frente al asunto que configura el interés.

El conflicto de intereses derivado de la causal de impedimento y recusación
prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437

44. Visto el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, sobre conflicto de interés y
causales de impedimento y recusación, cuando el interés general propio de la
función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público, este deberá declararse impedido. Asimismo, todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no
manifiesta su impedimento por, entre otros, “[…] [h]aber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa
o en alguno de los dos períodos anteriores […]”.

45. En los términos de la norma indicada supra, se considera que el impedimento
se presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una situación que, a su
juicio, afecta su imparcialidad y lo imposibilita para conocer de una actuación
administrativa; y la recusación ocurre cuando dicha situación es dada a conocer por
cualquier ciudadano en el marco del procedimiento de que se trate y en los términos
del artículo 70 de la Ley 136, que prevé que:“[…] [c]ualquier ciudadano que tenga
conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]”34.

46. El Consejo de Estado, mediante sentencia de 19 de septiembre de 201935,
consideró que la norma regula dos situaciones diferentes: i) haber hecho parte de

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de septiembre

de 2019. Proceso identificado con el NUR 130012333000201800738-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato
Valdés.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de septiembre

de 2019. Proceso identificado con el NUR 130012333000201800738-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas también por
el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores; y ii) haber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores. Sobre el particular, esta Sala explicó lo
siguiente:

“[…] Nótese que dicha norma emplea la letra «o», como una conjunción disyuntiva
que denota «[…] diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas o
ideas […]» – Diccionario de la Lengua Española[36] –, lo que indica, entonces, que
existen dos alternativas que la configuran, a saber, i) el hecho de que la lista sea
inscrita por el interesado y ii) la situación de que la lista sea integrada por el
interesado.

La palabra «inscrita» – primera alternativa de la norma – es el participio irregular del
verbo inscribir – Diccionario de la Lengua Española [37] – siendo inscribir «[…] 2. tr.
Apuntar el nombre de una persona entre los de otras para un objeto determinado
[…]»[38], que en el contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011 – implica que el interesado en la actuación administrativa apuntó
– ante las autoridades electorales – la lista de candidatos a cuerpos colegiados con
el objeto de que estos participaran en la contienda electoral respectiva.

La palabra «integrada» – segunda alternativa de la norma – es el participio del verbo
integrar [39] – Diccionario de la Lengua Española – siendo integrar «[…] 1. tr. Dicho
de diversas personas o cosas: Constituir un todo […] 2. tr. Completar un todo con las
partes que faltaban […] 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un
todo […] 4. tr. Comprender ( II contener). […]»[40], concepto distinto a inscribir y que
en el contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de
2011 – implica que el interesado en la actuación administrativa hacía parte y
constituía la lista de candidatos a cuerpos colegiados que participarían en la
contienda electoral respectiva […]”.

47. Asimismo, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia de 20 de enero
de 202341, consideró “[…] [r]epárese además que, abundante jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que el cumplimiento de este requisito no se circunscribe
a cuestiones eminentemente legislativas, sino que es necesario que esa
participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional del servidor
público de elección popular; eso significa que el impedimento no solo puede darse
en el ejercicio de funciones normativas, sino también políticas, electorales y
administrativas […]”.

36
https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu
37 https://dle.rae.es/?id=LjeeytK
38 https://dle.rae.es/?id=LjZ6dL7
39 https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
40 https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de enero de

2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 05001233300020220096801(PI).
Reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de mayo de 2023,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000231500020220101601(PI).
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Principio de favorabilidad

48. Visto el artículo 29 de la Constitución Política establece que “[…] [n]adie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio […]” y que, “[…] [e]n materia penal [entiéndase sancionatoria], la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable […]”.

49. El principio de favorabilidad ha sido entendido como aquella excepción que
permite la aplicación de las normas sustanciales y procesales posteriores cuando
“[…] son más favorables al sancionado que las anteriores […]”42.

50. La Corte Constitucional ha considerado que el principio de favorabilidad es
aplicable al medio de control de pérdida de investidura. En efecto, de las sentencias
C-475 de 25 de septiembre de 199743, C-207 de 11 de marzo de 200344, C-922 de
29 de agosto de 200145 , SU-515 de 1 de agosto de 201346 y SU-516 de 30 de
octubre de 201947 se deriva que, en criterio de la Corte, el medio de control de
desinvestidura es de naturaleza sancionatoria y, en consecuencia, le son aplicables
los principios que gobiernan el ejercicio del ius puniendi del Estado, entre ellos el de
favorabilidad. Lo anterior en la medida en que según señala la alta Corte, “[…] el
principio de favorabilidad no puede tener un carácter relativo, sino que por el
contrario, su contenido es absoluto, es decir, no admite restricciones en su
aplicabilidad, como elemento fundamental del debido proceso […]”.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura

51. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003
de 19 de noviembre de 201948, el elemento subjetivo de la causal de pérdida de
investidura solamente se configura por conductas dolosas o gravemente culposas.

52. Vistos los artículos 9.º y 18 del Código Civil, “[…] la ignorancia de las leyes no
sirve de excusa […]”49 y “[…] [l]a ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los

42
Corte Constitucional. Sentencia C-922 de 29 de agosto de 2001. M.P. doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
43 M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
44 M.P. doctor Rodrigo Escobar Gil.
45 M.P. doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
46 M.P. doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
47 M.P. doctor Antonio José Lizarazo Ocampo.
48 “[…] por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
49 Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-651 de 3 de diciembre de 1997, señaló

sobre el artículo 9 del Código Civil, lo siguiente: “[…] Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale
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extranjeros residentes en Colombia […]”. Asimismo, visto el artículo 57 de la Ley 4
de 20 de agosto de 1913, “[…] [s]obre régimen político y municipal […]”, “[…] [l]as
leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive los extranjeros, sean
domiciliados o transeúntes, salvo, respecto de éstos, los derechos concedidos por
los tratados públicos […]”.

53. Al respecto, es preciso indicar que el elemento subjetivo de la causal de pérdida
de investidura ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por el Consejo de Estado
y por la Corte Constitucional. En ese sentido, la Sala procede a enunciar algunos
de los principales pronunciamientos proferidos al respecto.

Sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 2016

54. La Corte Constitucional, en sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 201650,
consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura se debía
determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de quien ostentaba
la dignidad, porque el juicio de responsabilidad contenía un elemento objetivo y un
elemento subjetivo que atendía “[…] a las circunstancias particulares en las que se
presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la
actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”.

55. Lo anterior, porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este
proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un Estado
de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no
pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se
adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta
regulada en la ley […], contraria al ordenamiento jurídico […] y culpable […]”.

56. Asimismo, señaló que: i) por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de
la Constitución Política; ii) “[…] el juicio constitucional de pérdida de investidura
analiza la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con
culpa del demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado) […]”, y iii) era

a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico […]. Es
claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible a cargo
del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las
consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia. […].
No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del
derecho y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para
evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante en
la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades para
conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser
relevados de cumplirlos […]” (Destacado fuera de texto).
50 Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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necesario verificar la culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer la
inhabilitación para ser elegido a perpetuidad.

Sentencia de 25 de mayo de 2017

57. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 201751, indicó que para
definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían analizar los
elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
correspondían al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el
sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

58. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y el
marco normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación general
para el candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía analizarse de

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de

2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01. Las
consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo De
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2017, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 050012333000201601908-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017,
C.P. María Elizabeth García González, Radicación Número: 760012333004201601077-01. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017. C.P. María
Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2017, C.P. Oswaldo
Giraldo López, Número único de radicación: 540012333000201600346-01. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de octubre de 2017, Número único de radicación: 680012333000201601393-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 20 de octubre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 440012331001201600055-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 20 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 760012333004201601478-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 27 de octubre de
2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 250002342000201506456-01. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre de 2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333002201600055-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 1 de febrero de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 660012333000201700089-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de abril de 2018,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación 130012333000201700277-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 170012333000201600473-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de mayo de 2018,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 700012333000201600274-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333000201600080-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de
2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 760012333000201800572-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de junio de 2019,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 050012333000201800666-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre de
2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 130012333000201800738-01.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de marzo de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 440012340000202000232-01.

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Núm. Único de radicación: 50001233300020240032101

acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación,
su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o
asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta
es culposa o si, por el contrario, se estaba ante una situación de buena fe exenta
de culpa que impidiera el reproche subjetivo de su obrar.

59. De igual forma, precisó que las calidades o requisitos positivos y negativos con
los que debía contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal eran de
obligatoria observancia, revisión y análisis previo, por cuanto “[…] [e]sa, es una
diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de
inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la
certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de
Cabildante. […]”.

60. De igual forma, consideró que el proceso de pérdida de investidura exige la
observancia del debido proceso y, particularmente, de los principios pro homine, in
dubio pro reo, legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad
y culpabilidad.

61. En ese sentido, la Sala señaló como parámetros para realizar el estudio del
elemento subjetivo, lo siguiente:

“[…] Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el
sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su
comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos
ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un
grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el
sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba
contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.

[…]

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En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la
celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la
ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, al
menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para
la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar. […].

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos señalados
en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido,
sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable
de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse
frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello,
determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es
culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de
culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017

62. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre de
201752, consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben valorar
en los procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión, aspecto que implica verificar si se está ante una situación

52 Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; MP. José Fernando Reyes Cuartas.

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Núm. Único de radicación: 50001233300020240032101

de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que
permita descartar la culpa […]”.

Sentencia de 10 de mayo de 2018

63. Esta Corporación, en sentencia de 10 de mayo de 2018 53, consideró que la
omisión del deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar un
candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que le
impiden serlo derivaba en “[…] una conducta negligente de su parte […]”54.

64. En ese sentido, concluyó que “[…] el demandado, por elemental cautela y
cuidado, ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables al
cargo al cual pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que actuó de
forma diligente […]”.

Sentencia de 11 de junio de 2020

65. Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 202055, hizo referencia al
artículo 4 de la Constitución Política, según el cual “[…] [e]s deber de los nacionales
[…] acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades […]”
y reiteró el contenido del artículo 9.º del Código Civil, en el cual se indica que “[…]
la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.

66. Asimismo, resaltó que el estudio del elemento subjetivo requería el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de

2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 170012333000201600473-01.
54 Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01; providencia en la cual
se consideró que “[…] El proceder del demandado deriva en negligente, habida cuenta que no verificó el régimen
de inhabilidades que rodeaba el cargo al cual aspiró, pues ello le hubiera permitido percatarse que en su persona
se erigía una prohibición para aspirar y ser elegido Concejal Municipal […]”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García
González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01; providencia en la cual se consideró que
“[…] está claramente establecido en este proceso que no obstante su deber de conocer estas normas y que el
desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la correspondiente responsabilidad […]”; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01 y Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 760012333000201800572-01; providencias en las cuales se
consideró que “[…] No hay prueba en el expediente que permita determinar que el Concejal demandado obró
con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación
de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar. Al respecto, cabe precisar que el
artículo 9.º del Código Civil, según el cual, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de junio de

2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 170012333000201800611-02. Las
consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de agosto de 2021, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 630012333000202000417-01.
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jurídico; entretanto, la segunda atañía a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.

67. En ese sentido, concluyó que para llegar a definir si una conducta era dolosa o
gravemente culposa se debían analizar los elementos que constituían el aspecto
subjetivo de la misma, los cuales correspondían al conocimiento tanto de los hechos
como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debía determinar si el sujeto conocía
o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento
jurídico.

68. De igual forma, indicó que, por un lado, en los casos en los cuales se probara
que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de
una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad
doloso; y por el otro, en aquellos eventos en los que se concluyera que el sujeto no
conocía la ilicitud de su conducta pero, en virtud de la diligencia requerida para el
desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho
y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento
culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

Sentencia de 11 de marzo de 2021

69. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 202156, consideró que “[…]
no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es
acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida de
investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una
inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por
superada la censura de su conducta. Precisamente […] el análisis de la culpabilidad
del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación de auscultar las
singularidades de cada caso en aras de calificar el comportamiento desplegado por
el demandado […]”.

70. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías jurídicas
requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la formulación
correcta y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser necesario, de
la documentación y elementos que permitan su debida comprensión, inquietud que

56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de 2021,

C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
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debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos motivos de
duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de investidura; y de la
respuesta del asunto que se ha encomendado, las apreciaciones o
recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías deben ser
conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad, congruencia, pertinencia y
sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que de estos se desprenda
un convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar incurso en una
conducta constitutiva de pérdida de investidura.

La conducta dolosa o gravemente culposa

71. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003.

72. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta
en este caso, haber incurrido en conflicto de interés se encontraba prohibida por la
Constitución Política y la ley; y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a
realizar la acción contraria a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.

73. Asimismo, la pérdida de investidura tendrá lugar si la conducta es “gravemente
culposa”, lo que conlleva a que debe ser inexcusable.

Los conceptos propios del derecho disciplinario o penal y las causales de
exoneración de responsabilidad disciplinaria no son invocables en el proceso
de pérdida de investidura

74. La jurisprudencia de la Sección Primera de manera reiterada57, ha considerado
que los conceptos propios del derecho disciplinario o penal y las causales de
exoneración de responsabilidad disciplinaria no son invocables en el proceso de
pérdida de investidura por considerar que “[…] incluso desde la vigencia de la Ley
200 de 28 de julio de 1995, Código Disciplinario Único anterior a la Ley 734, que la
infracción de aquellas conductas y/o circunstancias previstas como prohibidas o
incompatibles en materia disciplinaria se mantienen al margen del estudio
jurisdiccional del proceso de pérdida de investidura […]”, en la medida que por

57 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

11 de julio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación
68001233300020230073902; y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 25 de marzo de 2022, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
44001234000020210013601.
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cuanto si bien ambos procesos implican la manifestación del poder punitivo del
Estado, responden a actuaciones autónomas de distintas naturaleza y finalidad.

Análisis del caso concreto

75. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de la sentencia: la Sala procede a apreciar y a
valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las reglas
de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados
hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda para, en
aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Sobre el elemento objetivo

76. La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Meta declaró probado este
elemento, toda vez que, conforme el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 y
los criterios jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado, se
configuró el conflicto de intereses por cuanto el Concejal no se declaró impedido
para votar en la elección de Secretario General del Concejo Municipal de Acacías
(Meta), a pesar de que Wilder Nodier Urbano Rozo conformó la lista de candidatos
al Concejo del Municipio, por el mismo partido político por el mismo período, lo cual,
no fue objeto de apelación por parte del Concejal.

77. Por lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que, conforme se indicó
supra, se encuentra probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por vulneración del régimen de conflicto de intereses, esta Sala
procederá a realizar el estudio del elemento subjetivo.

Sobre el elemento subjetivo

78. La Sala analizará el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
en el caso sub examine, entre otros, con fundamento en los parámetros previstos
por la Sala en la sentencia de 25 de mayo de 201758, referida en el correspondiente
marco normativo y jurisprudencial de esta providencia.

79. El Tribunal consideró probado el elemento subjetivo comoquiera que: i) el
Concejal actuó de manera negligente, porque no declaró su impedimento para la

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de

2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
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elección del Secretario General de la Corporación para el año 2020 a pesar de
encontrarse probado que tenía conocimiento de que Wilder Nodier Urbano Rozo,
quien fue su compañero de lista de candidatos al concejo por su mismo partido
político por el mismo periodo, se encontraba en dicho proceso de selección; ii) no
solicitó conceptos ni asesorías sobre el presunto conflicto de intereses; iii) a pesar
de sus condiciones personales y de la existencia de la comisión accidental tenía la
obligación de conocer el marco normativo que rige el cargo que desempeñaba; y iv)
no se demostró que no recibió capacitación previa a posesionarse en el cargo.

80. El Concejal, en el recurso de apelación, afirmó que no se configura el elemento
subjetivo de la causal, toda vez que: i) actuó bajo el convencimiento inequívoco e
invencible de estar cumpliendo una función constitucional y legal; ii) debido a su
formación personal y profesional, así como su capacidad de entendimiento en el
momento de los hechos le impedían conocer la irregularidad de su conducta, lo que
generaba una duda razonable que debía ser decidida a su favor; iii) solicitó aplicar
la regla de exclusión de la responsabilidad disciplinaria prevista en la Ley 1952 de
28 de enero de 201959; y iv) ante la falsedad procesal del Solicitante se debe dar
aplicación al artículo 15 de la Ley 1881 para que se compulsaran copias de toda la
actuación a las autoridades competentes para las investigaciones y sanciones
correspondientes.

81. Determinado lo anterior, la Sala considera que para el estudio del elemento
subjetivo se requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la
intención positiva de lesionar un interés jurídico y la segunda, atinente al concepto
de la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

82. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta;
es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico, ello, entre otras, de
acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación,
su profesión, las circunstancias que lo rodearon.

83. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que el estudio del elemento subjetivo debe realizarse
de acuerdo con las condiciones personales del sujeto y las circunstancias
particulares de cada caso, por tanto, en el caso sub examine, en relación con las

59
“Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
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condiciones personales del Concejal, se encuentra probado que es Bachiller
Académico60 y que fue elegido por primera vez como Concejal del citado Municipio
para el periodo 2020-202361.

84. Asimismo, indicó que fue criado y que reside en una vereda del Municipio de
Acacías (Meta) y que para el momento de los hechos no contaba con estudios en
uso de herramientas tecnológicas y tenía poca experiencia en el servicio público.

85. La Sala considera que las calidades personales señaladas, dotan a Arnold
Mauricio Pinilla Triana de la capacidad de discernir y entender que para el ejercicio
del cargo como Concejal del municipio requería cumplir los requisitos que para el
efecto exige el ordenamiento jurídico, y que, en esa medida, como cualquier otra
persona con las mismas condiciones, tenía la obligación mínima de consultar la
normativa y de verificar si se configuraba o no la causal de pérdida de investidura
por conflicto de intereses, en los términos del numeral 14 del artículo 11 de la Ley
1437.

86. Para la Sala, la conducta de Arnold Mauricio Pinilla Triana no cumple con ese
mínimo estándar obligatorio de diligencia y cuidado; máxime cuando se encuentra
probado que fue elegido Concejal y que junto con Wilder Nodier Urbano Rozo se
encontraban inscritos como candidatos para el Concejo Municipal de Girardot por el
mismo partido político para el periodo 2020-2023, como consta en el formulario E -
8 CO62, así:

60 Cfr. Índice 1 Samai del Tribunal.
61 Cfr. Índice 1 Samai del Tribunal.
62 Cfr. índice 2 Samai del Tribunal.

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87. Asimismo, se encuentra probado que Wilder Nodier Urbano Rozo participó de
la convocatoria pública para la elección de Secretario General del Concejo Municipal
de Acacías (Meta) y que en el Acta de la sesión de 3 de enero de 2020 se llevó a
cabo la elección con la participación y votación del Concejal, así:

“[…] ACTA No. 02 (ENERO 03 DE 2020). LA CUAL SE REALIZO EL DÍA VIERNES
TRES (3) DE ENERO DE 2020. En Acacías siendo las siete y veinticinco (7:25) de la
mañana de del día viernes tres (3) de Enero del año 2020, en el salón de sesiones
del Honorable Concejo Municipal de Acacías-Meta, se reunieron sus integrantes bajo
la presidencia del Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, y como secretaria
provisional la señora MARYURY VEGA CONTRERAS, según el artículo 26 del
Reglamento Interno del Concejo Municipal. El presidente ORLANDO GRANADOS
ACEVEDO, presenta un cordial saludo a los Concejales y a las demás personas que
hacen presencia el día de hoy, luego solicita a la secretaria provisional hacer el
llamado a lista. La secretaria provisional señora MARYURY VEGA CONTRERAS,
procede a llar a lista y verificar el quórum, así: CONCEJALES PRESENTES:

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ
WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA
FERLEY CARVAJAL REY
ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ
JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA
JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

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ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS
HECTOR REYES RATIVA
LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES
GILDARDO SANTOS CHAPARRO
ALEXANDER VALERO
[…]
Hecho el llamado a lista con la asistencia de Quince (15) Concejales, se le informa a
la presidente que hay quórum para deliberar y decidir. Luego solicita a la secretaria
provisional da lectura al orden del día propuesto así:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS PRESELECCIONADOS A LA PERSONERIA
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META, PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL 2020-
2024.
4. ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES PARA EL CARGO DE SECRETARIO (A)
GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS, PARA LA VIGENCIA 2020. 5.
PROPOSICIONES Y VARIOS

[…]

Se procede con el sorteo de los nombres, para saber el orden para pasar a responder
las preguntas que les corresponden, para lo cual se introduce en un sobre los
papelitos con el nombre de los 7 participantes, quedando así:

1. JULIANA XIOMARA ARBOLEDA MONTOYA
2. OLGA LUCIA CASTRO VILLA
3. YEIMY YULIED ESPITIA GOMEZ
4. WILDER NODIER URBANO ROZO
5. LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA
6. NINI JOHANAAYALA MANCHEGO
7. LINA MARCELA SANCHEZ FIGUEREDO

Luego se deposita en una urna las 14 preguntas, a fin de que cada participante saque
al azar su pregunta.

[…]

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, de esta manera damos
por concluido la primera parte de las preguntas aleatorias, y vamos a proceder a hacer
una pregunta genérica, que va ser la misma pregunta para cada uno de los
candidatos.

Se le concede el uso de la palabra al Concejal FARLEY CARVAJAL REY, para una
moción de observación. En aras de la transparencia y de las cosas claras que hemos
venido pregonando, me preocupa mucho lo de la señorita JULIANA XIOMARA
ARBOLEDA MONTOYA, quien nos explicó claramente que esto ya estaba amarrado,
que no ha habido transparencia y ustedes saben que por las redes sociales salimos
a denunciar el tema de los Personeros porque veníamos que había inconsistencia.
Me gustaría que durante la siguiente pregunta nos hiciera claridad al respecto, porque
me sentí un poco asaltado en mi buena fe, porque no tengo preferencias por ninguno,
con Wilder fue compañero de lista de Cambio Radical, estoy tomando atenta nota de
cada una de las preguntas y a cada uno les estoy dando un valor y eso lo voy a sumar
y lo voy a plasmar, entonces no veo cual sería la razón para que nos diga que está
amarrado el proceso, quisiera saberlo para poderlo denunciar, porque si llegase a ser
así estaríamos incurriendo en una falta disciplinaria, de pronto nosotros no, pero si
quien lo hizo […]”63.

63 Cfr. Índice 1 Samai del Tribunal.

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88. Asimismo, la Sala advierte que las condiciones relativas a ser residente de una
zona rural, con poco conocimiento de acceso a las tecnologías no fueron obstáculo
para lograr el aval de su partido político, realizar la inscripción de su candidatura
ante la organización electoral o le impidieron ser elegido Concejal para el periodo
2020-2023 y, en esa medida, dichas circunstancias tampoco tenían la virtualidad o
capacidad de impedirle tomar conocimiento de las exigencias que el ordenamiento
tiene previstas para lograr la dignidad de Concejal por voto popular.

89. En consecuencia, el Concejal no solo contaba con la capacidad cognitiva y de
entendimiento suficiente para discernir que, ante su conocimiento de la participación
del señor Wilder Nodier Urbano Rozo en la convocatoria para la elección de
Secretario General de la Corporación, incluso desde antes de la entrevista, y su no
declaratoria de impedimento se configuraba la causal de pérdida de investidura por
conflicto de intereses, ante lo cual; también, pudiendo informarse, consultar o
asesorarse, optó por seguir en el conocimiento del trámite.

90. Al respecto, la Sala debe señalar que en el expediente no se encuentra probado
que el Concejal hubiere realizado algún ejercicio informativo, de indagaciones o de

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consultas jurídicas o de cualquier otra clase, con el objeto de establecer, si su
conducta le generaba algún tipo de conflicto de interés.

91. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el Concejal ponga de
presente la convicción que tenía sobre la rectitud o validez de su conducta, sino que
es necesario que el juez de la pérdida de investidura analice si la persona estaba,
o no, en condiciones de superar el error64, en virtud de la diligencia requerida para
el desarrollo de su actividad; en ese marco, no basta con que se alegue por el
miembro de la corporación pública de elección popular que obró de buena fe o bajo
una íntima convicción, sino que debe acreditar la buena fe calificada, motivada por
un error invencible, ya porque actuó al amparo de la jurisprudencia vigente para la
época, o se asesoró adecuadamente, y pese a ello incurrió en la conducta
reprochable.

92. Ahora bien, el Concejal indicó que tenía poca experiencia en la función pública,
que en la Sesión otro concejal en su misma situación no se declaró impedido y que
las directivas de su partido nunca lo tuvieron en cuenta para “[…] dar conocer las
directrices o decisiones tomadas y como estaba integrada la lista al concejo […]”, lo
cierto es que no logran justificar el incumplimiento de la obligación que tenía de
conocer el ordenamiento que regula el acceso, ejercicio y permanencia en el cargo
de elección popular para el que aspiró y fue elegido; comoquiera que, conforme lo
ha considerado esta Sección65 la inexperiencia en los asuntos públicos alegada por
el apelante le demandaba una conducta prudente al abordar las proposiciones que
involucraban a un copartidario suyo, poniendo dicha situación al conocimiento del
concejo municipal, lo cual, se insiste, no ocurrió y tampoco están dirigidas a
demostrar acciones del Concejal tendientes a superar un error, en la medida que,
se reitera, tuvo conocimiento de la participación del señor Wilder Nodier Urbano
Rozo en el proceso de selección.

93. En esta misma línea, como ya lo consideró la Sala, el Concejal no solicitó
conceptos o asesorías o realizó indagaciones sobre el régimen de conflictos de
intereses que le era aplicable, con lo cual no es posible concluir que obró con el
cuidado mínimo requerido, o que dirigió su conducta a informarse acerca de que
para los concejales municipales constituye el conflicto de interés el previsto en el
numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437; lo anterior constituye una conducta
inexcusable y, en consecuencia, gravemente culposa.

64 O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible sustraerse.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de

2024, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 50001 23 33 000 2024 00029 01
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94. Tampoco se observa que el Concejal hubiere actuado al amparo de decisiones
judiciales que, aplicadas al caso particular, hubieren generado una duda razonable
o que exista normativa que le resulte aplicable y que le sea favorable; mucho menos
se probó que hubiere revisado la jurisprudencia de esta Corporación con el objeto
de informarse sobre el criterio jurisprudencial vigente en relación con la citada
causal, o respecto de los elementos que la configuran.

95. Por el contrario, se reitera que la jurisprudencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado ha sido consistente y armónica en relación con cada uno de los
supuestos constitutivos del conflicto de intereses, en especial, al considerar que una
de las formas en que se transgrede el régimen del conflicto de intereses, consiste
en que el Concejal, estando incurso en alguna de las hipótesis previstas por la ley
como causal de impedimento, de aquellas aplicables al asunto del que conoce y
decide, pese a no haber sido recusado, omite manifestarse impedido; esto, toda vez
que, los impedimentos con su correspondiente deber de manifestación, constituyen
garantía irrestricta de la prevalencia del interés general sobre el particular o privado
del Concejal, o de su círculo cercano, familiar o de negocios.

96. Asimismo, conforme a los criterios jurisprudenciales indicados supra la Sala
reitera que las disposiciones contenidas en el estatuto disciplinario, incluidas no solo
las que instituyen faltas o prohibiciones sino también, como en el caso sub examine,
que establecen causales exonerativas de responsabilidad disciplinaria, no operan
con fines de pérdida de investidura por cuanto si bien ambos procesos implican la
manifestación del poder punitivo del Estado, responden a actuaciones autónomas
de distintas naturaleza y finalidad, uno se desarrolla en sede administrativa y otro
en jurisdiccional, no está previsto que la inobservancia de las normas disciplinarias
acarree la desinvestidura de los corporados, y el principio de taxatividad que
gobierna a este proceso judicial no admite interpretaciones extensivas o analógicas
en el análisis de sus causales.

97. Por último, no hay lugar a aplicar el artículo 15 de la Ley 1881, en la medida que
no se probó la existencia de la falsedad alegada por el Concejal.

Conclusiones de la Sala

98. La Sala considera que se probaron los elementos objetivo y subjetivo de la
causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses del Concejal Arnold
Mauricio Pinilla Triana. En esa medida, se confirmará la sentencia proferida, en
primera instancia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta que decretó la pérdida de investidura del Concejal
del Municipio de Acacías (Meta) Arnold Mauricio Pinilla Triana, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal Administrativo del Meta.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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