Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2025-00339-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2025-00339-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 17001-23-33-000-2025-00339-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Pérdida de investidura
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
Accionados: José Reinerio Velásquez Ruiz y Juan David
Figueredo Rojas
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como
causal de pérdida de investidura de los concejales
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por los accionados contra la
sentencia de 16 de febrero de 2026, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Caldas.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda1
1. El señor Sergio Ricardo Rojas Cárdenas, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:
“[…] II. PRETENSIONES
1. Se la [sic] PÉRDIDA DE INVESTIDURA de los señores JOSÉ REINERIO
VELÁSQUEZ (…) y JUAN DAVID FIGUEREDO ROJAS (…) actuales concejales del
municipio de Marquetalia, Caldas, en representación del partido conservador
colombiano [sic] por incurrir en conflicto de intereses según lo dispuesto por el
Numeral [sic] 1 del artículo 48 de la Ley 617, al no declararse impedidos para la
elección de secretario general del concejo municipal de la Marquetalia [sic], Caldas,
lo anterior de conformidad con el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
[…]” (negrilla del texto)
I.1.1.- Los hechos
2. Afirmó que los accionados fueron declarados electos concejales del municipio de
Marquetalia (Caldas) para el período constitucional 2024-2027.
1
Cfr. Índices 3 y 9 (subsanación), SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
3. Adujo que mediante la Resolución núm. 23 de 19 de noviembre de 2024 se realizó
la convocatoria para la elección del secretario general del Concejo Municipal de
Marquetalia para el período 2025.
4. Aseguró que el 23 de noviembre de 2024 fue elegida como secretaria general del
Concejo Municipal de Marquetalia para el período 2025, la señora Mery Paola
Quintero Velásquez, quien tomó posesión del cargo el 13 de diciembre de 2024,
elección a la cual asistieron la totalidad de los concejales.
5. Aseveró que la señora Mery Paola Quintero Velásquez hizo parte de la lista de
candidatos al Concejo Municipal de Marquetalia por el Partido Conservador
Colombiano en la que se encontraban los accionados.
6. Mencionó que los accionados no se declararon impedidos en la votación para
elegir al secretario general del Concejo Municipal de Marquetalia para el período
2025.
7. Señaló que los accionados incurrieron en conflicto de intereses derivado de la
causal de impedimento y recusación previsto en el numeral 14. del artículo 11 de la
Ley 1437.
I.1.2. La causal de pérdida de investidura
8. El accionante fundamentó su solicitud en los artículos 55, numeral 2., y 70 de la
Ley 136 de 2 de junio de 19943; 48, numeral 1., de la Ley 617 de 6 de octubre de
20004; y el artículo 11, numeral 14., de la Ley 1437.
9. Expuso que el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 era claro al disponer que
los servidores públicos debían declararse impedidos cuando hayan formado parte
de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas
igualmente por la persona interesada en la actuación administrativa.
10. Mencionó que el citado numeral buscaba evitar que los servidores públicos
favorecieran a alguien con quien tuvieran vínculos electorales directos, pues esto
comprometía la imparcialidad de la decisión.
11. Estimó que en el presente asunto, los concejales accionados, al hacer parte de
la misma lista que el candidato elegido para ocupar el cargo de secretario general
del Concejo Municipal de Marquetalia, debieron declararse impedidos como lo exige
la mencionada disposición legal.
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”
3
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
12. Aseguró que la no declaración de impedimento configuró una violación directa
del numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, lo cual vulneró el principio de
imparcialidad y transparencia que debe regir el ejercicio de funciones públicas.
13. Aludió a los numerales 3. y 8. del artículo 3° de la Ley 1437 relativos a los
principios de imparcialidad y transparencia, y señaló que la participación de los
accionados en la elección del secretario general del Concejo Municipal de
Marquetalia contravino esos principios, puesto que existía “[…] un claro conflicto de
intereses derivado de su participación en la misma lista electoral. […]”.
14. Se refirió a la acreditación del elemento subjetivo y adujo que la conducta de los
accionados fue imprudente y negligente, si se tenía en cuenta que “[…] omitieron el
conocimiento mínimo requerido para evitar incurrir en una falta de tal magnitud. […]”.
15. Indicó que esta corporación había precisado que:
“[…] un concejal incurre en un conflicto de intereses no solo cuando participa en
actos administrativos que le afecten directamente, sino también cuando interviene en
procesos de elección de cargos públicos dentro de la corporación en la que tiene
intereses personales, como es el caso de los concejales demandados, quienes
postularon y votaron por un candidato que había integrado la misma lista. (…)
(…)
De esta forma existe un deber de abstención y declaración de impedimento debido a
que cuando un concejal tiene un interés directo en una decisión, debe abstenerse
de participar en su deliberación y votación, declarando previamente su impedimento.
Este deber de abstención es de carácter obligatorio y no depende de la naturaleza
administrativa o electoral de la decisión.
(…)
Con todo, la falta de declaración de impedimento se configura como una causal de
pérdida de investidura debido a que el Consejo de Estado ha indicado que la falta de
declaración de impedimento de un concejal constituye una causal objetiva de
pérdida de investidura. Esto es aplicable independientemente de que el concejal
haya actuado de buena fe, ya que la omisión de abstenerse de participar es suficiente
para declarar la pérdida de investidura.
Con todo [sic], la jurisprudencia ha establecido que las reglas sobre conflicto de
intereses se aplican igualmente a las elecciones de cargos dentro de la misma
corporación. Los concejales deben declararse impedidos cuando el proceso electoral
involucra a un compañero de lista o de partido, con quien tienen un interés directo
que compromete la objetividad de su voto. […]” (negrilla del texto)
I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura5
16. Los concejales accionados, a través de apoderado, dieron contestación a la
solicitud formulada en su contra y se opusieron a la prosperidad de la pretensión de
pérdida de investidura.
5
Cfr. Índices 16, 17 y 18, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
4
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
17. Manifestaron que no incurrieron en conflicto de intereses “[…] en los actos de
naturaleza electoral en los que resultó elegida la señora Mery Quintero en el cargo
de secretaria general del Concejo Municipal de Marquetalia. […]”.
18. Estimaronque la actuación que se les reprochaba se enmarcaba en un
procedimiento de naturaleza electoral:
“[…] precedido en todo caso de convocatoria pública que hiciere la corporación para
que cualquier persona cumpliendo los requisitos del cargo de Secretario General del
concejo se pudiera postular, y que de forma posterior, agotados los formalismos y
procedimientos propios de la convocatoria, en el momento oportuno los concejales
pudieran elegir agotado un ejercicio intrínseco de examen y ponderación racional de
principios, ideologías y moral. […]”
19. Mencionaron que el artículo 11 de la Ley 1437 disponía que todo servidor público
que debía adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podría ser
recusado si no manifestaba su impedimento y aludió al numeral 14. de dicha
disposición.
20. Sostuvieron que del contenido de las normas mencionadas no era posible la
aplicación del numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 a las actuaciones de los
servidores públicos en ejercicio de funciones de naturaleza electoral, mencionando
que la elección del secretario general del concejo municipal no podía encuadrarse
dentro de las actuaciones administrativas a las que se refería ese artículo y que
constituía un acto administrativo de naturaleza electoral.
21. Advirtieron que en el “[…] hipotético caso que lo pretendido por el demandante
tuviera asidero en la norma antes expuesta […]”, debían precisar que sus
actuaciones se enmarcaron en la evaluación objetiva de las hojas de vida de las
personas que aspiraron al cargo de secretario general del Concejo Municipal de
Marquetalia y que la elección fue el resultado de un análisis crítico de los
antecedentes laborales de los aspirantes y de la evaluación y ponderación objetiva
de la entrevista con los concejales.
22. Señalaron que actuaron el ejercicio de su función electoral, sin buscar beneficio
personal o económico o impulsados por una relación familiar y/o personal
jurídicamente relevante para la decisión. Afirmaron que “[…] no existe hasta la fecha
parentesco, sociedad comercial o contractual, interés económico, compromiso
previo (que fuera demostrado siquiera con prueba sumaria), o beneficio personal de
alguno de mis representados con la persona elegida en el cargo.[…]”.
23. Formularon como excepciones de fondo la buena fe y la duda razonable.
24. Explicaron frente a la excepción de buena fe que consistía en el hecho que no
estaba demostrado que hayan actuado con la intención de defraudar la fe pública o
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Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
el principio de transparencia o que hayan actuado de forma predeterminada o
planeada.
25. Adujo respecto de la excepción de duda razonable que, de existir duda en la
configuración de la causal de pérdida de investidura invocada por la parte
accionante, debía prevalecer la conservación de su investidura.
I.3. La sentencia de primera instancia6
26. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia de 16
de febrero de 2026 resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de “buena fe” y “duda
razonable” propuestas por los demandados, conforme lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA de los concejales José
Reineiro [sic] Velásquez Ruiz (…) y Juan David Figueredo Rojas (…) concejales
electos del municipio de Marquetalia – Caldas para el período constitucional 2024-
2027, en representación del Partido Conservador Colombiano, según lo plasmado en
las consideraciones de este fallo. […]” (negrilla del texto)
27. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el consistente en determinar si:
“[…] ¿Incurrieron José Reineiro [sic] Velásquez Ruiz y Juan David Figueredo Rojas,
concejales del municipio de Marquetalia, en una violación al régimen de conflicto de
intereses por haber participado en la elección del secretario general de la misma
corporación sin declararse impedidos, pese a que la elegida hizo parte de la lista de
candidatos por el Partido Conservador Colombiano al concejo en las elecciones del
29 de octubre de 2023, la cual también estaba integrada por los señores
mencionados?[…]”
28. Señaló que sostendría la tesis consistente en que:
“[…] La Sala Plena defenderá la tesis que debe declararse la pérdida de la
investidura de los concejales José Reineiro [sic] Velásquez Ruiz y Juan David
Figueredo Rojas al acreditarse los elementos objetivo y subjetivo de la causal
endilgada, esto es, incurrir en el régimen de conflicto de intereses por haberse
configurado el supuesto de hecho de que trata el numeral 14 del artículo 11 del
CPACA y no haber declarado impedimento para participar en la elección del
secretario del concejo municipal de Marquetalia. […]”(negrilla del texto).
29. Abordó el caso concreto y se refirió a los requisitos para la configuración del
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por la violación del régimen
de conflicto de intereses.
30. Indicó que estaba probado que los accionados fueron elegidos concejales del
municipio de Marquetalia para el período 2024-2027 por el Partido Conservador
Colombiano.
6
Cfr. Índice 29, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
6
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
31. Mencionó, respecto del interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza
de los concejales accionados, que estaba acreditado que estos y la señora Mery
Paola Quintero Velásquez se inscribieron como candidatos al Concejo Municipal de
Marquetalia para las elecciones del 29 de octubre de 2023.
32. Indicó que mediante la Resolución núm. 23 de 19 de noviembre de 2024 -
convocatoria 02- se abrió el procedimiento para proveer el cargo de secretario
general del Concejo Municipal de Marquetalia para el período 2025.
33. Describió lo acontecido en la sesión del Concejo Municipal de Marquetalia de 23
de noviembre de 2024 en lo relativo a la elección del secretario general de la
corporación, así:
“[…] De acuerdo con el acta nro. 63 de 2024 del concejo municipal, sesión 63 del
sábado 23 de noviembre de 2024, punto 4, se incluyó la elección del secretario para
el año 2025. Entre los asistentes a la sesión de ese día, conforme el llamado a lista,
se verificó la presencia del señor José Reineiro [sic] Velásquez Ruiz y Juan David
Figueredo Rojas.
Frente a la elección se inició con la lectura de las hojas de vida de las aspirantes,
Yerly Marulanda, Mery Paola Quintero y Erika Dayana Olaya. Seguidamente, se les
concedió un espacio para que se presentaran, interviniendo solo Yerly Marulanda y
Mery Paola Quintero.
A continuación, se inició la votación de manera nominal, dejando la constancia en el
acta que los señores José Reineiro [sic] Velásquez Ruiz y Juan David Figueredo
Rojas votaron por Mery Paola Quintero. La votación quedó a favor de esta con 6
votos, ya que 5 votos fueron para la señora Yerly Marulanda. Se declaró como elegida
a la señora Quintero Velásquez.[…]”
34. Concluyó que no había duda de que los accionados participaron en la elección
del secretario general del Concejo Municipal de Marquetalia y votaron por la señora
Mery Paola Quintero Velásquez, sin que constara alguna manifestación de
impedimento, por lo cual encontró que la situación de hecho encuadraba en la
causal de impedimento prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.
35. Indicó que si bien los accionados señalaron que no se estaba frente a una
actuación administrativa sino a una electoral, también lo era que esta corporación7
había indicado que los procedimientos relacionados con la elección de funcionarios
a cargo de las corporaciones públicas municipales y distritales eran procedimientos
administrativos especiales y que, en aquellos eventos en los que la reglamentación
especial nada señalara frente a impedimentos y recusaciones, se aplicaban los
artículos 11 y 12 de la Ley 1437, en virtud de los previsto en el inciso tercero del
artículo 2° de la señalada norma.
7
Mencionó la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
19 de septiembre de 2019, número único de radicación 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI), consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés.
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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
36. Aseveró que la situación en la que se encontraban los accionados de participar
y tener la posibilidad de elegir como secretario general de la corporación a un
militante de su partido implicaba un interés directo, particular y actual en beneficio
de un copartidario político, lo cual estaba en contravía del interés general que debía
garantizar el servidor público.
37. Manifestó que esta corporación había considerado consistentemente que “[…]
tratándose de la causal señalada en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de
2011, el elemento central para acreditar el interés directo, particular y actual es
haber formado parte de la misma lista de candidatos a cuerpos colegiados de
elección popular junto con la persona interesada en la actuación administrativa,
especialmente si esto ocurre en el mismo período electoral coincidente8 […]”.
38. Puso de presente que el legislador entendió que en las situaciones descritas en
el artículo 11 de la Ley 1437 se encontraba comprometida la imparcialidad y
objetividad de los servidores públicos y, en ese sentido, determinó que se
presentaba conflicto de intereses ante la existencia de intereses personales y
directos en relación con la decisión que se pretendía adoptar, lo cual relevaba al
“[…] intérprete de analizar si frente a cada caso existe un interés directo y particular,
pues la ley es quien le asigna esta consecuencia. […]”.
39. Concluyó, frente al elemento objetivo, que “[…] es claro que se satisface este
presupuesto de configuración de la causal de pérdida de investidura, ya que la ley
simplemente exige la configuración de un supuesto de hecho. […]”.
40. Se refirió al elemento subjetivo y precisó que el reproche que se le hizo a los
accionados era la omisión en presentar impedimento para participar en la elección
del secretario general del Concejo Municipal de Marquetalia en el que estaba como
aspirante un integrante de la misma lista a esa corporación por el Partido
Conservador Colombiano en las elecciones realizadas en octubre de 2023, por lo
que el resultado de la elección era irrelevante para las finalidades preventivas de la
causal atribuida, “[…] pese a que en este asunto se probó que sí resultó elegida su
copartidaria. […]”.
41. Aseguró que la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses era clara y no requería estudios y razonamientos complejos
para entenderla.
42. Aseveró que a los accionados les era exigible, al ostentar un cargo público en
virtud del voto ciudadano, conocer la normativa que regulaba sus funciones y no
hacerlo defraudaba la voluntad popular, agregando que el desconocimiento de la
ley no era causal de exoneración de responsabilidad como lo indicaría el artículo 9°
del Código Civil.
8
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 26 de septiembre de 2024. Radicado No. 050012333000202400237-
01.
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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
43. Aclaró que la remisión a la causal de impedimento señalada en el numeral 14.
del artículo 11 de la Ley 1437 no debía verse exclusivamente como la norma
aplicable al caso sino que “[…] deja claro una circunstancia en la que el interés
particular entra en conflicto con el interés general y, de ahí la importancia de
manifestar el impedimento. Ello, porque el legislador ha enlistado objetivamente
unas situaciones en las que se entiende que los servidores públicos tienen
comprometida su imparcialidad. […]”.
44. Sostuvo, conforme a lo anterior, que la conducta de los accionados era
gravemente culposa puesto que actuaron de manera imprudente y negligente al
violar “[…] una norma que les era exigible conocer, como es la de conflicto de
intereses, y ante una falta de diligencia por no declararse impedidos. […]”, lo cual
descartaría el argumento de los accionados relativo a que la lista que integraron con
la aspirante al cargo de secretario general del concejo municipal era con voto
preferente, reiterando en que los accionados votaron por esa aspirante.
45. Consideró que no era de recibo el argumento consistente en que no recibieron
dádivas o contraprestación por el voto a la señora Quintero Velásquez, puesto que
el interés podía traducirse en muchas otras situaciones incluso no tangibles o en
beneficio de terceros, reiterando que la causal de pérdida de investidura “[…] trata
de cercenar la posibilidad de que, como en este caso, los concejales puedan o
pretendan, con ciertas decisiones, obtener ventajas o privilegios en detrimento de
la comunidad, dejando de lado el interés general que debe regir sus funciones. […]”.
46. Insistió en que la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo
al cual se aspira, constituía una obligación general para quien pretendiera acceder
a la función pública, no obstante, su entendimiento debía analizarse de acuerdo con
las condiciones personales del sujeto así como con los actos realizados para
conocer dicho marco normativo.
47. Conforme lo expuesto, se refirió a las condiciones personales de los accionantes.
Frente el señor José Reinerio Velásquez Ruiz mencionó que en la audiencia pública
realizada en el proceso había manifestado que era su quinto período constitucional
como concejal, lo cual reforzaba la presunción de conocimiento que debía tener del
marco normativo aplicable a sus funciones.
48. Respecto del señor Juan David Figueredo Rojas señaló que pese a que llevaba
diez (10) meses como concejal y que no tenía formación jurídica, no se había
aportado prueba que permitiera acreditar la existencia de un eximente de la
responsabilidad que le asistía de conocer y asesorarse adecuadamente de los
deberes que el cargo que desempeñaría le imponían.
49. Precisó que conforme a la jurisprudencia de esta corporación, “[…] la causal de
impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 es
clara y no requiere de mayores razonamientos y juicios para entenderla. […]”,
jurisprudencia que era consistente y no había tenido modificaciones sobre “[…] el
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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
alcance y aplicación del régimen de impedimentos como hipótesis que da lugar a la
causal de pérdida de la investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses de los concejales […]”.
50. Reiteró que la conducta de los accionados era gravemente culposa por omitir la
manifestación de impedimento pese a la claridad de la situación en la que se
encontraban, la existencia de un vínculo relevante con la aspirante a ocupar la
secretaría general del Concejo Municipal de Marquetalia y la correspondencia de
los hechos con el supuesto normativo que les exigía abstenerse de intervenir en la
decisión, esto es, el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.
51. Sostuvo que la manifestación de impedimento era la conducta que se esperaba
de los accionados, independientemente de que no fueran expertos en la materia y
de que la elección del secretario general fuera el resultado de una convocatoria
pública.
I.4. El recurso de apelación9
52. Los accionados presentaron recurso de apelación con el cual pretenden que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se niegue la totalidad de
las pretensiones de la solicitud.
53. Formularon los cargos de i) defecto fáctico por omisión probatoria – violación del
debido proceso y del derecho fundamental a la prueba; ii) interpretación errónea y
excesiva del numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 en el contexto de listas con
voto preferente – inexistencia del elemento objetivo; y iii) ausencia de culpa grave –
responsabilidad subjetiva, error de prohibición y principio pro homine.
54. Respecto del defecto fáctico por omisión probatoria – violación del debido
proceso y del derecho fundamental a la prueba, manifestaron que la primera
instancia había incurrido en este defecto porque que se negó a practicar el
testimonio de la señora Mery Paola Quintero Velásquez pese a que resultaba
esencial para la solución del presente asunto, por ser la única persona capaz de
confirmar o desvirtuar la existencia del interés moral que sustentó la decisión.
55. Indicaron que la doctrina en el derecho administrativo ha mencionado que los
“[…] juicios sobre el fuero interno del servidor público -como la existencia de un
interés moral, un favoritismo o una deuda de gratitud- no pueden fundarse en
presunciones abstractas, sino que exigen prueba directa y específica, so pena de
sustituir la verdad material por una verdad oficial basada en conjeturas y tarifas
legales encubiertas […]”.
56. Sostuvo que la Corte Constitucional -sin identificar una decisión judicial en
específico- habría indicado que se configuraba defecto fáctico por omisión cuando
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Cfr. Índice 32, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
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Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
el juez se niega a decretar o a valorar una prueba que es determinante para
esclarecer los hechos controvertidos y para garantizar el pleno ejercicio de derecho
de defensa, especialmente en procesos sancionatorios como el medio de control de
pérdida de investidura.
57. Recordó que la primera instancia habría calificado el vínculo derivado de haber
integrado una misma lista de candidaturas como interés moral, coligiendo que esta
situación generaba un compromiso subjetivo de lealtad o gratitud, no obstante,
habría clausurado el debate probatorio respecto de este aspecto al negar el
testimonio de la beneficiaria del acto quien podía “[…] afirmar si existía revalidad,
distanciamiento o mera coincidencia partidaria, hipótesis suficientes para desplomar
la presunta existencia de dicho interés moral […]”.
58. Consideró que existía una contradicción lógica y jurídica que vulneraba el debido
proceso, en la medida que se juzgaba el ánimo de los concejales sin permitir la
prueba de este “[…] creando una dicotomía insalvable: se afirma el interés moral y
se prohíbe probarlo […]”.
59. En lo que se refiere a la interpretación errónea y excesiva del numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437 en el contexto de listas con voto preferente -inexistencia
del elemento objetivo-, adujo que la primera instancia había realizado una
interpretación meramente formal, objetiva y extensiva de la mencionada norma, “[…]
al considerar que el simple hecho de haber integrado la misma lista genera, ipso
facto, [sic] un conflicto de intereses, desconociendo la naturaleza del sistema de
listas abiertas con voto preferente y la doctrina electoral sobre la fractura del interés
asociativo. […]”.
60. Mencionó que en las listas cerradas el éxito electoral de un candidato dependía
del resultado global de la lista, lo que podría generar un proyecto común estable y
un interés compartido que se proyecte a decisiones posteriores.
61. Afirmaron que en las listas con voto preferente como la del Partido Conservador
Colombiano en el municipio de Marquetalia, los candidatos son:
“[…] son competidores directos, disputan el mismo nicho electoral y la dinámica propia
del sistema abre espacio a rivalidades internas y distanciamientos, antes que a una
coadyuvancia permanente.
La doctrina electoral ha destacado que el voto preferente “fractura el interés
asociativo” y desdibuja la idea de un bloque monolítico de candidatos, de modo que
no resulta razonable presumir un interés moral homogéneo o automático entre
quienes, en la práctica, compiten entre sí.[…]”
62. Agregaron que:
“[…] Adicionalmente, el propio Consejo de Estado ha precisado que los
procedimientos de elección de funcionarios a cargo de corporaciones territoriales
constituyen procedimientos administrativos especiales, en los cuales la aplicación de
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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
los artículos 11 y 12 del CPACA es supletoria y debe realizarse de forma restrictiva,
sin extender de manera analógica o expansiva las causales de conflicto de intereses
a supuestos no expresamente previstos por el legislador.
Al absolutizar el solo dato de la lista común y convertirlo en un interés directo,
particular y actual, el Tribunal:
Transmuta una presunción simple en una presunción de derecho.
Renuncia al examen concreto del beneficio real.
Y desconoce que la jurisprudencia del Consejo del Estado exige la demostración de
un interés específico -económico o moral- que trascienda el campo de las meras
suposiciones.
En suma, no se verificó un interés directo, particular y actual en cabeza de los
concejales; se erigió en su lugar un estándar objetivo rígido, contrario al carácter
indeterminado del concepto de conflicto de intereses y a la necesidad de un análisis
casuístico. Por ello, el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura no se
encuentra configurado.[…]”
63. En lo atinente a la ausencia de culpa grave -responsabilidad subjetiva, error de
prohibición y principio pro homine-, señalaron que el medio de control de pérdida de
investidura, por mandato de la Ley 1881 de 15 de enero de 201810, es un juicio de
responsabilidad subjetiva y que la Corte Constitucional, en la sentencia SU 424 de
2016, reiteró que en este tipo de juicios deben verificarse la tipicidad, la
antijuridicidad y la culpabilidad, con pleno respeto de los principios pro homine, in
dubio pro reo y favorabilidad.
64. Abordaron el caso concreto e indicaron, frente al concejal accionado Juan David
Figueredo Rojas, que había actuado en un contexto de inexperiencia y sin
capacitación previa específica sobre el alcance del numeral 14. del artículo 11 de la
Ley 1437 en “[…] elecciones de secretario general, y bajo la convicción de que
cumplía una función electoral ordinaria de provisión de un cargo administrativo, sin
beneficio personal, económico o familiar. […]”.
65. Respecto del concejal accionado José Reinerio Velásqez Ruiz, sostuvieron que
contaba “[…] con varios períodos de experiencia, se apoyó en la práctica histórica
del Concejo, donde nunca se había interpretado que el hecho de compartir lista con
voto preferente configurara impedimento para participar en la elección interna de
secretario, circunstancia que alimenta una legítima confianza en la regularidad de
su actuación.[…]”.
66. Se refirieron a la doctrina del error de prohibición y que esta protegía a quien
actuaba baja la convicción de que su conducta es conforme a derecho, máxime si
se trataba de decisiones adoptadas en sesiones públicas, sin contraprestaciones y
sin ventaja demostrada.
10
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”.
12
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
67. Mencionaron que la buena fe exenta de culpa se acreditaba no solo con la
conciencia de haber obrado correctamente, sino con la constatación de que el sujeto
obró conforme a la práctica institucional y sin señales objetivas de ilicitud.
68. Puso de presente que a la luz de los estándares de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en los casos Petro Urrego vs Colombia y López Mendoza vs
Venezuela, las restricciones a derechos políticos deben ser interpretadas de manera
estricta, aplicadas en forma excepcional y sustentadas en una culpabilidad
demostradas, no en interpretaciones automáticas de normas sancionatorias ni en
presunciones extensivas.
69. Expuso que en el presente asunto no se había probado la culpa grave, y se
estaría ante un error en la interpretación del alcance de la causal de impedimento
en un escenario electoral de voto preferente, lo que hace desproporcionada la
sanción impuesta, agregando que frente a la duda razonable que suscita la
valoración del elemento subjetivo, debía operar el principio pro homine y el in dubio
pro reo, lo que traería como consecuencia la absolución de los accionados.
I.5. Trámite del recurso de apelación
70. Mediante auto de 9 de marzo de 202611, el magistrado sustanciador en primera
instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por los accionados en contra
de la sentencia de 16 de febrero de 2026.
71. En auto de 24 de abril de 202612 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por los accionados y se ordenó correr traslado del citado proveído a la parte
accionante y al agente del Ministerio Público. Ninguno de los sujetos procesales
intervino dentro del citado traslado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
72. Esta Sala de Decisión, para efectos de resolver la presente controversia,
abordará: i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejales
respecto de los accionados; iii) el problema jurídico; y iv) los cargos formulados por
los apelantes contra la sentencia de primera instancia.
II.1. La competencia
73. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
11
Cfr. Índice 34, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
12
Cfr. Índice 4, SAMAI.
13
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201913, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15014 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de concejal
74. La condición de los accionados José Reinerio Velásquez Ruiz y Juan David
Figueredo Rojas como concejales del municipio de Marquetalia (Caldas) para el
período 2024-2027 se encuentra acreditada con la copia del formulario E26 CON15
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el cual se declaró la elección
de los concejales de ese municipio.
75. Se precisa que la condición de los accionados como concejales del municipio de
Marquetalia, período 2024-2027, no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de
apelación.
II.3. El problema jurídico
76. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201216, aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 y el
artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que debe resolver, siguiendo
el recurso de apelación formulado por los accionados, se contrae a determinar si
debe revocarse la sentencia de 16 de febrero de 2026 proferida por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se decretó la pérdida de
investidura de los concejales accionados del municipio de Marquetalia para el
período 2024-2027, por violar el régimen de conflicto de intereses, causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral
1. del artículo 48 de la Ley 617, toda vez que no se encuentran reunidos los
elementos objetivo y subjetivo para su configuración.
77. Los accionados estiman que la primera instancia incurrió en defecto fáctico por
omisión probatoria y desconoció el debido proceso y el derecho fundamental;
interpretó de forma errónea y excesiva el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437;
y que habría encontrado acreditado el elemento subjetivo, no estándolo,
atribuyéndoles una conducta gravemente culposa.
13
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
14
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
15
Cfr. Índices 3 y 9 (subsanación), SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
16
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
14
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
II.4. Los cargos formulados por los apelantes en contra de la sentencia de
primera instancia
La primera instancia interpretó de forma errónea y excesiva el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437
78. Los apelantes señalaron que la primera instancia realizó una interpretación
meramente formal, objetiva y extensiva del numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437
al considerar que por el simple hecho de haber integrado la misma lista al Concejo
Municipal de Marquetalia para las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023 y
correspondientes al período 2024-2027 se configuró un conflicto de intereses,
desconociendo la naturaleza del sistema de listas abiertas con voto preferente.
79. Indicaron que los candidatos que conforman las listas con voto preferente como
la del Partido Conservador Colombiano en el municipio de Marquetalia son
competidores directos, lo cual genera rivalidades y distanciamiento de tal manera
que no resulta razonable presumir un interés moral entre quienes compiten.
80. Mencionaron que esta corporación habría precisado que los procedimientos de
elección de funcionarios a cargo de las corporaciones públicas territoriales
constituían procedimientos administrativos especiales en los cuales la aplicación de
los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 era supletoria y restrictiva, sin que fuera posible
extender “[…] de manera analógica o expansiva las causales de conflicto de
intereses a supuestos no expresamente previstos por el legislador […]”.
81. Indicó que la primera instancia, al convertir el hecho de haber integrado la misma
lista en conflicto de intereses, transformó una “[…] presunción simple […]” en una
presunción de derecho; renunció al examen concreto del beneficio real; y
desconoció la jurisprudencia de esta corporación que exige la demostración de un
interés específico, de índole económico o moral, que trascienda las meras
suposiciones.
82. Concluyó señalando que no se verificó la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza de los concejales accionados, erigiéndose un “[…]
estándar objetivo rígido, contrario al carácter indeterminado del concepto de
conflicto de intereses y a la necesidad de un análisis casuístico […]”, por lo cual no
se acreditó el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura que se les
atribuyó.
83. Se precisa que la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses se encuentra prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la
Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617.
15
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
84. El numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 señala que los concejales perderán
su investidura, entre otros, “[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”.
85. El numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 indica que, entre otros, los concejales
municipales y distritales perderán su investidura “[…] 1. Por violación del régimen
de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado
en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]”.
86. Adicionalmente, el artículo 70 de la Ley 136 expuso que:
“[…] Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte
de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido
de participar en los debates o votaciones respectivas. […]”
87. Esta Sección17 ha señalado que, para la configuración del elemento objetivo de
esta causal se requiere de la presencia de los siguientes elementos:
“[…] 59. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los
siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre
la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones
constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o votación del
asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el interés. […]”
88. Asimismo, se ha precisado respecto del interés directo, particular y actual18 que:
“[…] Es directo, cuando “[…] el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su
fuente en el asunto que fue conocido por el legislador […]19”, en este caso la concejal.
84. Es particular cuando la participación en el asunto le confiere un “[…] derecho
exorbitante, de rango superior, que pugna con el principio de igualdad que ampara a
todos los colombianos en el disfrute de sus derechos en el Estado Social de Derecho.
[…]”20, bien sea que le beneficia de manera directa a él o su cónyuge o compañera
permanente o a alguno de sus parientes en los grados previstos en el artículo 70 de
la Ley 136, o alguno de sus socios de derecho o de hecho.
(…)
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 31 de marzo de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 01141-01.
18
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 28 de mayo de 2026. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00266-01.
19
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión nro. 6. Sentencia del 15 de
octubre de 2024. C.P.: Omar Joaquín Barreto Suárez. Expediente nro. 11001-03-15-000-2024-03204-00.
20
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2042 de 21 de octubre de 2010, C.P. doctor Augusto
Hernández Becerra, radicado núm. 11001-03-06-000-2010-00112-00.
16
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
86. Es actual o inmediato cuando se presenta al momento de la participación o
votación del asunto que deba conocer, sin necesidad de regulaciones
complementarias, quedando excluidos los “[…] sucesos contingentes, futuros o
imprevisibles21 […]”. […]”
89. El artículo 11 de la Ley 1437, norma que sustentó en el presente asunto la
violación del régimen de conflicto de intereses de los accionados, establece que
cuando el interés propio de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, éste deberá declararse impedido.
90. La norma señala, asimismo, que todo servidor público que deba adelantar o
sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas
o pronunciar decisiones definitivas podría ser recusado si no manifiesta su
impedimento por las causales que esta enuncia.
91. Dentro de las causales que enuncia la norma se encuentra:
“[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]”
92. Esta Sección, en la sentencia de 19 de septiembre de 201922 puso de presente
que el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 reguló dos hipótesis distintas: i)
haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
inscritas por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores y ii) haber hecho parte de
listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa
o en alguno de los dos períodos anteriores, siendo aplicable al presente asunto la
segunda hipótesis de la norma.
93. Esa decisión judicial estableció, en lo atinente a la configuración de la violación
del régimen de conflicto de intereses por incurrir en la conducta prevista en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, lo siguiente:
“[…] El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en su artículo 11, estableció, de manera general, que cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés público del servidor público, este
debe declararse impedido y, además, prevé una serie de situaciones en las cuales
consideró que los servidores públicos que deben adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, tienen comprometido su interés particular y directo y, en consecuencia,
podrían ser recusados si no manifiestan su impedimento. Entre dichas situaciones se
encuentra la consistente en:
21
Ibidem.
22
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
17
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
«[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]».
(…)
La Sala encuentra que los acusados debieron declararse impedidos para participar
en la elección y nombramiento de la ciudadana Zaira Steffany Jabba Vergara en el
cargo de personera municipal de Zambrano para el período 2016 – 2020, al haberse
configurado la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011, lo cual tiene una incidencia central en la causal de desinvestidura
que se analiza.
Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad [sic] de los
servidores públicos, entendiendo que se presenta conflicto de intereses ante la
existencia de intereses personales y directos en relación con la decisión que se
pretende adoptar. […]”
94. La mencionada providencia judicial, igualmente, explicó que los procedimientos
relacionados con la elección de funcionarios a cargo de las corporaciones públicas
municipales y distritales -como sucede con la de secretarios- son procedimientos
especiales y, en virtud de lo previsto en el inciso final del artículo 2° de la Ley 1437,
era posible acudir por remisión a las causales de impedimento previstas en el
artículo 11 de la citada norma23.
95. La Sección Primera de esta corporación, a partir de la sentencia de 19 de
septiembre de 201924, ha sostenido de manera reiterada que para efectos de la
configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, resultaba posible acudir a la causal de impedimento y
23
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de Septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
24
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 2 de mayo de 2025. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00502-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-01329-02.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001-23-33-000-2024-00197-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de octubre de 2025, Consejero
ponente (E): Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2026, Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
18
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
recusación contenida en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, en la medida
en que está dirigida a todos los servidores públicos que deben adelantar
actuaciones administrativas, entre los que se encuentran los miembros de las
corporaciones públicas de elección popular, señalando que:
“[…] En esta conducta prevista por el legislador se entiende que se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y se presenta
un interés directo, particular y actual en relación con la decisión que se pretende
adoptar. […]”25
96. La Sala igualmente afirmó que:
“[…] Ahora, es pertinente precisar que no le asiste razón al tribunal cuando para
descartar la configuración de este requisito señala que las causales dispuestas en el
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, no constituyen en sí, situaciones que conlleven a
la configuración de un conflicto de intereses; lo dicho, porque en reiterada
jurisprudencia26, esta Sección ha señalado que el artículo 11 del CPACA enlista las
circunstancias de conflicto de interés y causales de impedimento y recusación para
todo servidor público, luego, como el artículo 12327 de la Constitución Política
establece que los concejales son servidores públicos, les asiste el deber de
manifestar su impedimento cuando se encuentren incursos en las circunstancias
previstas en el mencionado artículo 11 del CPACA.
A este respecto, la Sala observa que tal remisión resulta oportuna, no simplemente
porque en ella se establezca una causal de impedimento, sino también porque le
indica al juez en qué momento puede un servidor encontrar su imparcialidad
comprometida para actuar, que es presupuesto de la configuración del conflicto de
intereses que tiene como consecuencia la pérdida de investidura. Entonces, lo que
debe tenerse en cuenta en el caso que se analiza, es que la remisión que se hace al
numeral 14 del artículo 11 del CPACA no lo es simplemente porque sea la disposición
aplicable al caso que ha de resolverse, sino también porque deja clara la circunstancia
en que puede encontrarse cualquier servidor público cuando su interés particular
entra en conflicto con el interés general. […]”28
97. La Corte Constitucional profirió la sentencia SU 082 de 2026 29, mediante la cual
dejó sin efectos el fallo de 24 de septiembre de 2024 proferido por esta Sección en
el expediente núm. 05001-23-33-000-2024-00237-00, este último en el cual se
consideró el conflicto de intereses previsto en el numeral 14. del artículo 11 de la
Ley 1437.
25
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
26
Al respecto, pueden verse, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 19 de septiembre de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 13001 23 33 000
2018 00738 01; sentencia del 3 de marzo de 2023. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 25 000 23
15 000 2022 01015 01; sentencia del 14 de septiembre de 2023. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación
nro. 25 000 23 15 000 2022 01014 01.
27
“ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (…)”.
28
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente (E): Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026. M.P. Vladimir Fernández Andrade.
19
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
98. La Corte Constitucional, para adoptar su decisión, se refirió al elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, señalando que:
“[…] 247. En paralelo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
enfatizado que no basta con constatar “un factor objetivo” en abstracto. Para hablar
de conflicto de interés, el juez debe verificar, como base, la presencia de un interés
directo particular y actual, real y no aleatorio, en la decisión sometida a consideración
del funcionario30.
248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo referente a la causal de
conflicto de interés por haber incurrido en una causal de impedimento, es necesario
precisar que el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura no puede
reducirse a la mera configuración formal de una causal de impedimento, pues esta
última opera como un parámetro preventivo de abstención, pero no sustituye la
verificación del presupuesto material de la sanción31. La jurisprudencia ha sido
enfática en que la sola subsunción fáctica en una hipótesis de impedimento resulta
insuficiente para estructurar la causal sancionatoria si no se acredita, de manera cierta
y concreta, la existencia de un interés directo, particular y actual que se proyecte sobre
el asunto decidido y sea susceptible de generar un beneficio personal o de sus
allegados32.
(…)
250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento no produce, por sí sola,
la pérdida de investidura, pues las normas que prevén esta sanción exigen la
verificación tanto del elemento objetivo como del subjetivo. Por ello, aunque actuar
estando impedido o abstenerse de declarar el impedimento cuando existe el deber de
hacerlo sí configura una falta disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al
fenómeno del conflicto de intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto
este último se refiere específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular
y el interés general involucrado en el asunto sometido a su decisión33. Eso exige,
entonces, la demostración de un “genuino conflicto de intereses” y no la sola
constatación de la concurrencia de la causa de impedimento, en tanto esto implicaría
desnaturalizar su carácter excepcional como máxima sanción político-disciplinaria34.
251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta causal se orienta a
establecer, desde una perspectiva material, si la actuación del integrante de la
corporación pública se desarrolló en un escenario que comprometía su deber de
imparcialidad, por la concurrencia de una situación personal capaz de incidir en la
decisión adoptada dentro del ámbito de sus funciones. Este examen permite
identificar si el ejercicio del cargo se vio afectado por una circunstancia incompatible
con la finalidad pública que debe guiar la actuación del elegido, en tanto quebranta la
exigencia que rige el desempeño de la función representativa. Todo ello a partir de la
30
Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
31
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025,
expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés
Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
32
Ibidem.
33
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a
la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-
33-000-2025-00218-01.
34
Ibidem.
20
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
constatación fáctica de la actuación endilgada y su confrontación con los supuestos
descritos en la ley. […]”
99. Dicha corporación, asimismo, se refirió al análisis probatorio que debe
adelantarse en el juicio de pérdida de investidura tratándose de la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, así:
“[…] 442. Metodológicamente, el escrutinio para la averiguación de la posible
ocurrencia de una causa de pérdida de investidura debe seguir ese orden, es decir,
primero la verificación objetiva del supuesto típico y solo después, si aquel se acredita,
el examen subjetivo. En efecto, tal como se explicó líneas atrás, si el elemento objetivo
no se configura, el análisis de culpabilidad carece de razón jurídica, dado que no
existirá una conducta material delimitada sobre la cual pueda recaer un reproche
sancionatorio.
(…)
444. Para la Sala, tal discernimiento obvió el análisis fáctico sobre la acreditación
fehaciente de un interés directo, particular, actual y concreto35. Obsérvese que las
decisiones judiciales se redujeron a especificar la ocurrencia de la causa de
impedimento y la ausencia de la manifestación de parte de las accionantes para
separarse de la votación, constituyendo ello la razón que provocó la sanción por
pérdida de investidura. En otras palabras, la valoración probatoria se orientó a
confirmar la subsunción en un impedimento, pero dejó en segundo plano la
demostración del interés jurídicamente relevante que convierte ese escenario en
conflicto de intereses sancionable en el marco del proceso de pérdida de investidura.
445. (…) Por consiguiente, no basta con conocer un listado general de situaciones
catalogadas como generadoras de un quebrantamiento del principio de imparcialidad
-como son las causas de impedimento-, sino que, tratándose de pérdida de
investidura, el análisis debe ocuparse por corroborar que, además de evidenciar que
ocurrió la situación marcada como causal de impedimento, este comprometido [sic]
genuinamente un interés confluyente que pueda llegar a perjudicar el interés
público36.
446. Así lo ha recalcado la Sala Plena del Consejo de Estado al afirmar que “la sola
ausencia de la declaración de impedimento por parte del congresista no constituye
causal de pérdida de investidura, porque [las normas sobre pérdida de investidura] no
sanciona[n] la omisión del deber de declararse impedido, sino la participación en una
decisión en la cual se configure un genuino conflicto de intereses” 37.
447. Bajo esa lógica, está claro que el laborío fue deficiente porque, por un lado, el
análisis efectuado se concentró solo en la verificación de una causal de impedimento,
sustituyendo así la exigencia probatoria propia de la causal de pérdida de investidura
que determina la necesidad de acreditar (no presumir) un interés directo, actual,
concreto y particular; y, por otro lado, se omitió la valoración de unos elementos
35
Exigencia probatoria que esta Corporación ha precisado en Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024. Ver también:
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025,
expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés
Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
36
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00.
37
Ibidem.
21
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
materiales probatorios con los cuales se pretendía acreditar el contexto de la elección
a efectos de descartar el interés, los cuales se relacionan a continuación. […]”
100. De acuerdo con lo anterior, se acogerán los planteamientos expuestos por la
Corte Constitucional en la citada sentencia SU 082 de 2026 y se modificará el criterio
sostenido por la Sección a partir de la sentencia de 19 de septiembre de 201938, de
tal forma que la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses debe orientarse a
acreditar de manera cierta y concreta la existencia de un interés directo, actual,
concreto y particular que se proyecte sobre el asunto decidido y sea susceptible de
generar un beneficio personal o de sus allegados, esto es, que origine un conflicto
de intereses.
101. Siguiendo los planteamientos expuestos, para establecer la presencia de los
requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
violación del régimen de conflicto de intereses en el presente asunto, se allegaron
al expediente, las siguientes pruebas:
101.1. Copia del formulario E-6CO39, correspondiente a la solicitud para la inscripción
de candidatos y constancia de aceptación de candidaturas de partidos o
movimientos políticos con personería jurídica, en este caso, del Partido
Conservador Colombiano, para las elecciones territoriales de 29 de octubre de
2023:
38
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
39
Cfr. Índices 3 y 9 (subsanación), SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
22
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
101.2. En el mencionado formulario consta que la inscripción de los candidatos de
esa lista se realizó el 29 de julio de 2023.
101.3. Copia de la Resolución núm. 23 de 19 de noviembre de 2024 40, por medio de
la cual se realizó la convocatoria para la elección del secretario general del Concejo
Municipal de Marquetalia para la vigencia 2025.
101.4. Enesa resolución se fijaron i) los requisitos para los aspirantes; ii) los
documentos que debían allegarse para la inscripción; iii) la fecha, hora y lugar de
recepción de los documentos; iv) la modalidad de selección; v) la fecha de cierre de
la convocatoria; y, v) la fecha de la elección -23 de noviembre de 2024-.
101.5. Copia del acta núm. 6341 que da cuenta de la sesión plenaria del Concejo
Municipal de Marquetalia realizada el 23 de noviembre de 2024, en la que consta
que en el orden del día de la sesión se encontraba “[…] 4. Elección de secretaria
para el año 2025 […]”.
40
Cfr. Índices 3 y 9 (subsanación), SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
41
Cfr. Índices 3 y 9 (subsanación), SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
23
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
101.6. En la citada acta se advierte que en la sesión plenaria de 23 de noviembre de
2024: i) se leyeron las hojas de vida de las aspirantes a ocupar el cargo de secretaria
del Concejo Municipal de Marquetalia, entre las que se encontraba la señora Mery
Paola Quintero, quien intervino en la sesión y ii) se procedió a la votación nominal
para elegir a quien ocuparía tal cargo, así:
101.7. Copia del acta de posesión de la señora de Mery Paola Quintero Velásquez
como secretaria general del Concejo Municipal de Marquetalia, con fecha 13 de
diciembre de 202442.
101.8. Copia de la respuesta a un derecho de petición por parte del presidente del
Concejo Municipal de Marquetalia de fecha 4 de diciembre de 202543, en el cual i)
se anexaron copias de documentos solicitados relacionados con la elección del
secretario general de esa corporación para la vigencia 2025; ii) se indicó que las
hojas de vida de los concejales electos pertenecientes al Partido Conservador
Colombiano hacían parte de expedientes administrativos “[…] que contienen datos
personales, por lo cual su entrega se encuentra sujeta a las disposiciones sobre
protección de datos personales, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y demás
normas concordantes. […]”; y iii) se informó lo siguiente:
“[…] Los Honorables Concejales que votaron por la Hoja de vida de la candidata Mery
Paola Quintero Velásquez como lo sugiere en el Derecho de Votación son los
siguiente [sic]:
42
Cfr. Índices 3 y 9 (subsanación), SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
43
Cfr. Índices 3 y 9 (subsanación), SAMAI. Expediente digital 17001233300020250033900.
24
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
JOSE NORBERTO BUITRAGO AGUIRRE
JOSÉ REINERIO VELASQUEZ
PEDRO NEL RAMIREZ BETANCUR
JUAN DAVID FIGUEREDO ROJAS
HUGO HERNÁN GONZALES MEDINA
HECTOR ANDRES MUÑOZ RAMÍREZ […]” (negrilla del texto)
102. Respecto de la existencia de los requisitos para la configuración objetiva de la
violación del régimen de conflicto de intereses se acreditó que los accionados José
Reinerio Velásquez Ruiz y Juan David Figueredo Rojas fueron elegidos concejales
del municipio de Marquetalia para el período 2024-2027.
103. En lo que se refiere a la existencia de un interés directo, particular y actual en
cabeza de los concejales, sus parientes en los grados establecidos en el artículo 70
de la Ley 136 o de sus socios de derecho o de hecho, en un asunto que el concejal
conozca debido a sus funciones constitucionales y legales, se encuentra acreditado
que los accionados y la señora Mery Paola Quintero Velásquez hicieron parte de la
lista de candidatos por el Partido Conservador Colombiano para el Concejo
Municipal de Marquetalia, período 2024-2027, cuya elección se llevó a cabo el 29
de octubre de 2023.
104. Asimismo, está probado que la señora Mery Paola Quintero Velásquez fue
aspirante a ocupar el cargo de secretario general del Concejo Municipal de
Marquetalia en el período 2025, siendo elegida para ocupar dicho cargo y del cual
tomó posesión.
105. Está demostrado que los señores José Reinerio Velásquez Ruiz y Juan David
Figueredo Rojas, concejales del municipio de Marquetalia para el período 2024-
2027, participaron y votaron, sin declararse impedidos, en el proceso de elección de
quien ocuparía el cargo de secretario del concejo municipal de ese ente territorial
para el período 2025, elección que se llevó a cabo en la sesión de esa corporación
de 23 de noviembre de 2024 y que está a cargo de los concejos municipales
conforme lo indica el artículo 37 de la Ley 136, que al tenor señala:
“[…] ARTICULO 37. SECRETARIO: El Concejo Municipal elegirá un secretario para
un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección
se realizará en el primer período legal respectivo […]”
106. La conducta de los accionados señores José Reinerio Velásquez Ruiz y Juan
David Figueredo Rojas, concejales del municipio de Marquetalia para el período
2024-2027, se encuadra en la causal de impedimento y recusación prevista en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.
107. Enaplicación de los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU 082 de 2026, es necesario probar, además de que la conducta de los
accionados se encuadre en la causal de impedimento y recusación prevista en el
25
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, la existencia de un interés directo, actual,
concreto y particular en cabeza de estos.
108. Las pruebas allegadas al plenario no permiten acreditar la existencia de un
interés directo, particular y actual o inmediato de los accionados en la elección de
la señora Mery Paola Quintero Velásquez como secretaria del Concejo Municipal
de Marquetalia para el período 2025, si se tiene en cuenta que la actividad
probatoria desplegada en este medio de control se limitó a acreditar la configuración
de la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11
de la Ley 1437.
109. De esta manera, que los accionados y la señora Quintero Velásquez hayan
integrado la lista por el mismo partido político para las elecciones al Concejo
Municipal de Marquetalia realizadas el 29 de octubre de 2023, período 2024-2027,
es un hecho que en sí mismo y con independencia de las reglas a las cuales se
sometió esa lista, no es suficiente para tener por probado el interés directo,
particular y actual, de carácter económico o moral, requerido para la configuración
objetiva de la violación del régimen de conflicto de intereses.
110. Se insiste, conforme lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU 082
de 2026, la actividad probatoria exige no solo la constatación de la ocurrencia de la
causal de impedimento y recusación y la ausencia de manifestación de
impedimento, sino la demostración del interés jurídicamente relevante que convierte
esa situación en conflicto de intereses sancionable en el marco del medio de control
de pérdida de investidura.
111. No se allegaron los medios de prueba que permitieran establecer que el asunto
sometido al estudio de los concejales accionados, en este caso, la elección del
secretario del Concejo Municipal de Marquetalia para el período 2025, materializara
un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia que pusiera en tensión el
interés general de la función pública y el interés particular de quienes participaban
en la decisión.
112. De esta manera, ante la prosperidad del cargo formulado por los accionados, la
Sala se abstendrá de analizar los demás cargos del recurso de apelación44, así
como el elemento subjetivo de culpabilidad, toda vez que no se encontró acreditada
la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
atribuida a estos.
II.5. Conclusión
113. La Sala no encontró configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral
1. del artículo 48 de la Ley 617, esto es, la violación del régimen de conflicto de
44
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 7 de noviembre de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01.
26
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00339-01
Accionante: Sergio Ricardo Rojas Cárdenas
intereses y, en consecuencia, revocará la sentencia de 16 de febrero de 2026,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual
se declaró la pérdida de investidura de los señores José Reinerio Velásquez Ruiz y
Juan David Figueredo Rojas, concejales del municipio de Marquetalia, período
2024-2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de febrero de 2026, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, DENEGAR la solicitud
de pérdida de investidura presentada en contra de los señores José Reinerio
Velásquez Ruiz y Juan David Figueredo Rojas, concejales del municipio de
Marquetalia, período 2024-2027, conforme con las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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