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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2025-00276-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2025-00276-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2025-00276-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: LINA BEATRIZ GÓMEZ MARTÍNEZ
Accionados: DANIEL BEDOYA OSPINA, LILIANA OSORIO MARTÍNEZ Y
YENI PAOLA RAMÍREZ OROZCO
Tema: Causal de pérdida de investidura por violación del régimen del
conflicto de intereses derivado de la causal de impedimento y recusación
prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los accionados contra la
sentencia de 19 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura de
Liliana Osorio Martínez, Yeni Paola Ramírez Orozco y Daniel Bedoya Ospina como
concejales del municipio de Risaralda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1. La señora Lina Beatriz Gómez Martínez, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:

“[…] PRIMERA: Se declare la PERDIDA DE INVESTIDURA de los señores DANIEL
BEDOYA OSPINA, LILIANA OSORIO MARTINEZ y YENI PAOLA RAMIREZ
OROZCO, actuales concejales del municipio de la Risaralda, Caldas, en
representación del partido político PARTIDO DE LA UNION POR LA GENTE-
PARTIDO DE LA U por incurrir en conflicto de intereses según lo dispuesto por el
Numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 del 2000, al no declararse impedidos para la
elección de secretario general del concejo municipal de la Risaralda, Caldas, lo
anterior de conformidad con el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
[…]”. (Negrilla del texto).

I.1.1. Los hechos

2.Señaló que el señor Daniel Bedoya Ospina y las señoras Liliana Osorio Martínez
y Yeni Paola Ramírez Orozco resultaron elegidos concejales del municipio de
Risaralda (Caldas), por el Partido de la Unión por la Gente – Partido de la U en las

1
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, para el período constitucional 2024-
2027.

3. En la lista del partido político integrada por los accionados se encontraba
igualmente como candidato el señor Edier de Jesús Sánchez Uribe.

4. Explicó que el 2 de noviembre de 2023, el concejo municipal de Risaralda expidió
la Convocatoria Pública núm. 002 de 2 de noviembre de 2023, por medio de la cual
abrió la convocatoria pública para proveer el cargo de secretario general del
concejo municipal para el periodo 2024.

5.Relató que, mediante Resolución núm. 045 de 11 de noviembre de 2023 se
estableció el listado preliminar de aspirantes admitidos y no admitidos para
participar en la convocatoria pública para la provisión del cargo de secretario
general del concejo, en el sentido de admitir a tres personas, entre ellos a Edier de
Jesús Sánchez Uribe.

6. Posteriormente, mediante Resolución núm. 055 de 4 de diciembre de 2023 se
estableció “[…] la lista definitiva de elegibles en estricto orden de mérito dentro del
proceso de convocatoria pública no. 002 de 2023, como resultado de los criterios
de mérito aplicados dentro del proceso, se integra una terna definitiva y se dictan
otras disposiciones […]”, definiendo la terna de la siguiente forma:

“[…]

Resultado final
No. Nombre y Apellido Candidato Cédula
Puntos Porcentaje
Totales Total
01 EDIER DE JESUS SANCHEZ URIBE […] 664 46.5
02 JENNIFER ANDREA GONZÁLEZ CARONA […] 637 44.5
03 ADRIANA PATRICIA SUAREZ BERMUDEZ […] 756 50.8
[…]”.

7. En la sesión de 2 de enero de 2024, se realizó la posesión e instalación de los
concejales del municipio de Risaralda, elegidos para el periodo constitucional 2024
– 2027. En ella tomaron posesión los accionados y posteriormente se eligió como
secretario general del concejo municipal al señor Edier de Jesús Sánchez Uribe
con la votación positiva de, entre otros, el señor Daniel Bedoya Ospina y las señoras
Liliana Osorio Martínez y Yeni Paola Ramírez Orozco.

8. Adujo que los accionados tenían el deber de declararse impedidos para participar
en el acto de elección del secretario general para la vigencia 2024, toda vez que el
señor Edier de Jesús Sánchez Uribe se había inscrito en la misma lista de
candidatos al concejo municipal de Risaralda en las elecciones realizadas en el año
2023 y, por ende, les asistía un interés directo, particular y actual en participar en
dicho asunto, de conformidad con el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.

3

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

9. Expresó que los concejales han participado en elecciones y votaciones
posteriores para mantener en forma prorrogada al señor Edier de Jesús Sánchez
Uribe como secretario del Concejo Municipal de Risaralda para el año 2025, como
ocurrió en la sesión ordinaria de 15 de agosto de 2024, sin realizar convocatoria
previa o concurso de méritos, transgrediendo con ello el artículo 126 de la
Constitución Política y el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, lo que en su
criterio demuestra el elemento subjetivo de la conducta.

I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura

10. La solicitante sostuvo que los accionados incurrieron en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20003 y en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19944,
sobre violación del régimen de conflicto de intereses, por la conducta prevista en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.

11. La solicitud de pérdida de investidura se fundamentó en que los accionados
participaron, sin manifestar su impedimento, en la elección del secretario general
de esa corporación para el período 2024, pese a que dentro de los aspirantes a ese
cargo se encontraba el señor Edier de Jesús Sánchez Uribe, quien integró con los
concejales accionados la lista de candidatos a ese concejo municipal por el mismo
partido político, en las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023 para el
periodo constitucional 2024 - 2027.

12. Destacó que la jurisprudencia del tribunal y del Consejo de Estado ha sido
pacífica y coincidente en torno a que los concejales tienen la obligación de
manifestar impedimento en aquellos eventos descritos en el artículo 11 de la Ley
1437, debido a que se encuentra comprometida su imparcialidad y objetividad.

13. Resaltó que se demostró el elemento subjetivo o de culpabilidad, al considerar
que constituye una obligación general para quien pretende acceder a la función
pública la revisión del marco normativo que rige al cargo al cual se postula, incluidos
los cargos de elección popular, para lo cual señaló que la conducta fue imprudente
y negligente puesto que, ante la duda, no solicitaron conceptos ni realizaron
actuaciones tendientes a lograr convencimiento sobre su conflicto de interés.

I.2. Oposición de los concejales

14.Los concejales Daniel Bedoya Ospina5, Liliana Osorio Martínez6 y Yeni Paola
Ramírez Orozco7 a través de un mismo apoderado y en escritos diferentes, dieron

3
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
5
Cfr. Índice 30 del expediente digita de primera instancia. Documento 26.
6
Cfr. Índice 30 del expediente digita de primera instancia. Documento 27.
7
Cfr. Índice 30 del expediente digita de primera instancia. Documento 28.

4

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

respuesta a la solicitud de pérdida de investidura y pidieron que no se accediera a
sus pretensiones y se declararan probadas las excepciones formuladas.

15. Luego de pronunciarse sobre los hechos expuestos en la demanda, indicaron
en forma coincidente que la mayoría de los hechos correspondía a apreciaciones
subjetivas de la accionante y que no obra en el proceso prueba sobre ellos, en
especial, sobre la conducta dolosa o gravemente culposa de los concejales.

16. Se explicó que Daniel Bedoya Ospina tiene formación académica hasta quinto
de primaria y que las señoras Liliana Osorio Martínez y Yeni Paola Ramírez Orozco
son bachilleres.

17. Agregaron que desconocían la existencia de la causal de impedimento por “[…]
su limitada formación académica […]” y que ello restringió la capacidad de cada
uno de interpretar, sin asesoría, un régimen jurídico altamente complejo,
sancionatorio y de interpretación estricta, teniendo en cuenta además que el
concejo municipal no cuenta con asesor jurídico permanente que permitiera
identificar el supuesto conflicto de interés.

18. Indicaron que con la expedición de la Ley 1881 de 15 de enero de 20188 el juicio
de pérdida de investidura requiere que se pruebe, no solo el elemento objetivo, sino
también la responsabilidad subjetiva del accionado y, en especial, que la conducta
tuvo lugar con dolo o culpa grave.

19. Afirmaron que en este caso no se configuró el elemento subjetivo de la
responsabilidad, toda vez que no está probado en relación con ninguno de los
accionados ni el dolo ni la culpa grave. Al respecto, indicaron que “[…] No se allegó
al proceso una sola evidencia que permita sostener la existencia de un interés
particular, directo o indirecto, que hubiese determinado su voto o actuación
funcional. Tampoco se evidencia una desatención grosera a los deberes públicos,
pues las decisiones adoptadas fueron el resultado de un procedimiento institucional
promovido por la mesa directiva y replicaron una tradición administrativa estable,
sin antecedentes de reproche por parte de órganos de control (como puede
demostrarse si se solicitan las actas de elección del año 2023). […]”.

20. Anotaron que los concejales accionados tienen “[…] una formación académica
básica e incompleta […]”, lo que hace desproporcionado exigirle un entendimiento
técnico pleno sobre la compleja estructura normativa del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de intereses, el cual, según señalan es objeto de una
permanente evolución legislativa e institucional.

21. Agregaron que ello se agrava en la medida que el concejo municipal de Risaralda
no contó en los años 2024 y 2025 con asesor jurídico, impidiendo a los concejales
identificar situaciones prohibidas en el ejercicio del cargo. Por ende, manifestaron

8
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”.

5

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Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

que estamos en presencia de un error invencible, no imputable a título de dolo o
culpa grave y que actuaron amparados en la confianza legítima de prácticas
históricamente convalidadas en el concejo municipal, sin advertencias previas ni
señalamiento alguno por parte de la administración pública o de los sistemas de
control político o disciplinario.

22. Refirieron que la gravedad de la sanción exige un estándar probatorio reforzado
y la aplicación de diversos principios, entre ellos los de presunción de inocencia, el
pro homine, el in dubio pro reo y de favorabilidad y que decretar la pérdida de
investidura sin prueba suficiente vulnera igualmente los derechos del electorado.

I.3. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

23. Mediante auto de 29 de septiembre de 20259 se inadmitió la solicitud de pérdida
de investidura y, una vez subsanados los requisitos por la accionante10, en auto de
8 de octubre de 202511 se admitió, ordenándose la notificación a los accionados y
al agente del Ministerio Público y corriéndose traslado para que los acusados
contestaran la solicitud, aportaran y solicitaran la práctica de pruebas.

24. Los accionados se pronunciaron sobre la solicitud de pérdida de investidura.

25. En auto de 5 de noviembre de 202512 se resolvió sobre: i) las solicitudes
probatorias presentadas por la solicitante de la pérdida de investidura y los
accionados; y ii) se fijó fecha para realizar la audiencia pública a que se refieren los
artículos 11 y 12 de la Ley 1881.

26. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 se realizó el día 12
de noviembre de 202513, con la asistencia e intervención de: la apoderada de la
accionante; el Ministerio Público; y los concejales y su apoderado.

26.1. La accionante, por intermedio de apoderada, y el Ministerio Público
solicitaron que se decrete la pérdida de investidura de los concejales por violación
del régimen de conflicto de intereses al encontrar probados los elementos objetivo
y subjetivo, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado.

26.2. El señor Daniel Bedoya Ospina indicó que no conocía la existencia de la
norma que establece el impedimento que fundamenta la solicitud de pérdida de
investidura, que es la primera vez que participa en política y es concejal porque fue
impulsado por un grupo de campesinos y que no ha tenido abogados que los
capaciten en lo jurídico.

9
Cfr. Índice 9 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 14 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. Índice 16 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 32 del expediente digital de primera instancia.
13
Cfr. Índice 39 del expediente digital de primera instancia.

6

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

26.3. La señora Liliana Osorio Martínez manifestó: i) que ha sido concejal durante
tres periodos; ii) que ha participado en las capacitaciones y foros dictados por la
ESAP y por otras entidades pero que en ninguna oportunidad le han hablado sobre
la causal de impedimento que fundamenta la demanda de la referencia y que la
desconocía; iii) que si hubiese conocido sobre la causal de impedimento, la habría
manifestado; iv) que es técnico en enfermería y en farmacología; v) que no tenía
ningún interés por dar su voto en favor del señor Edier de Jesús Sánchez Uribe; y
que lo único que hizo fue revisar la hoja de vida del aspirante y observó que por su
experiencia y condiciones profesionales, podía apoyar el municipio de sexta
categoría; vi) que en todo caso, si hubiere manifestado impedimento, el concejo
habría elegido igualmente al señor Sánchez Uribe.

26.4. La señora Yeni Paola Ramírez Orozco indicó que, si bien, el
desconocimiento de la ley no la exonera, se debía tener en cuenta que era su primer
periodo como concejal, que la elección del secretario se realizó el mismo día en
que tomó posesión y que, si bien, conocía al señor Sánchez Uribe dado que
compartieron como integrantes de la lista al concejo, de su parte no había tenido
buena relación con él, no lo postuló al cargo ni existió ningún interés o beneficio por
su elección. Agregó que el voto de ella o de sus compañeros no fue relevante,
teniendo en cuenta que el secretario fue elegido con diez votos y que no conocía la
existencia del impedimento legal.

26.5. El apoderado de los accionados reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda en torno a que no estaban probados los elementos
objetivo y subjetivo. En especial, indicó que no se probó la existencia de un interés
directo, particular y actual de los accionados, que una norma legal no podía
establecer una causal de pérdida de investidura; y que teniendo en cuenta: i) la
tradición del concejo municipal y la ausencia de asesor jurídico permanente; y ii)
las condiciones personales, sociales, profesionales de los accionados, estos
actuaron de buena fe amparados en un error invencible.

I.4. La sentencia de primera instancia14

27. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 19
de noviembre de 2025, decretó la pérdida de investidura de los accionados.

28. El tribunal explicó el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales sobre
el medio de control de pérdida de investidura y la violación del régimen de conflicto
de intereses como causal de pérdida de investidura.

29. Señaló que el problema jurídico consistía en determinar si “[…] ¿Procede la
pérdida de investidura de DANIEL BEDOYA OSPINA, LILIANA OSORIO
MARTÍNEZ Y YENI PAOLA OROZCO (sic), concejales del municipio de Risaralda
• Caldas, por violación al régimen de conflicto de intereses, de acuerdo con el
artículo 55-2 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 48-1 de la Ley 617 de 2000, en

14
Cfr. Índice 43 del expediente digital de primera instancia.

7

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Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

concordancia con el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, al haber
participado en la elección del Secretario General de la misma corporación, sin
declararse impedidos, pese a que el elegido hizo parte de la lista de candidatos del
Partido de la Unión por la Gente- Partido de la U, integrada también por los
concejales interesados, en las elecciones del 29 de octubre de 2023? […]”.

I.4.1. Análisis del elemento objetivo por el tribunal

30. En relación con el elemento objetivo afirmó que estaba probado que los
accionados fueron elegidos concejales del municipio de Risaralda para el periodo
2024-2027.

31. Sostuvo que estaba probado el interés directo, particular y actual o inmediato
en cabeza de los concejales, en tanto que participaron en la elección del secretario
general del concejo municipal, sin tener en cuenta que uno de los integrantes de la
terna, el señor Edier de Jesús Sánchez Uribe, pertenecía al mismo partido político
de los accionados e hizo parte de la misma lista de candidatos al concejo para el
periodo 2024-2027.

32. Agregó a lo anterior que la interpretación del numeral 14. del artículo 11 de la
Ley 1437 en torno a la existencia del interés directo, particular y actual ha sido
pacífica tanto en el tribunal como en el Consejo de Estado y que en este caso el
conflicto y el interés calificado se derivan directamente de la ley y se podría traducir
en la intención contraria al interés general de beneficiar a un copartidario político o
de su partido.

33. Adujo que estaba probado que los accionados participaron y votaron en la
deliberación para la designación y elección de Edier de Jesús Sánchez Uribe como
secretario general del Concejo Municipal de Risaralda, sin manifestar impedimento
y que, por ello, estaba configurado el elemento objetivo.

34. Indicó que no era de recibo el argumento planteado por los accionados en la
audiencia pública, relativo a que su participación fue mediante voto secreto y que
por ende se le debía aplicar la normativa de diputados y congresistas en el marco
de la igualdad y la favorabilidad. Ello por cuanto las normas que excluyen el conflicto
de interés por voto secreto regulan la organización y funcionamiento de otros
cuerpos colegiados y no de los concejos municipales, sin que se pueda considerar
la existencia de un vacío.

35. Explicó que el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 regula el conflicto de
intereses aplicable a todos los servidores públicos y por ende se trata de una norma
aplicable a concejales, diputados y congresistas, en igualdad de condiciones, sin
que sea procedente argumentar la existencia de un régimen más favorable que
otro.

8

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

I.4.2. Análisis del elemento subjetivo por el tribunal

36. El tribunal resaltó que por la condición de servidores públicos de elección
popular, a los accionados les es exigible que conozcan la normativa que regula sus
funciones, puesto que de no hacerlo se defrauda la voluntad popular, sumado a que
el desconocimiento de la ley no es causal de exoneración de responsabilidad.

37. Sostuvo que la conducta de los accionados fue gravemente culposa, en razón
a que vulneraron una norma que tenían la obligación de conocer, en atención a que
la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira
constituye una obligación general para quien pretende acceder a la función pública,
incluso en los eventos de elección popular.

38. En relación con la concejal Liliana Osorio Martínez explicó que esta había
ejercido previamente el cargo de concejal del municipio de Risaralda, lo cual
refuerza la presunción de conocimiento del marco normativo aplicable al ejercicio
de sus funciones.

39. Respecto de los concejales Yeni Paola Ramírez Orozco y Daniel Bedoya
Ospina explicó que, si bien, es la primera vez que ostentan un cargo en corporación
pública de elección popular, no se aportó al proceso ninguna prueba que permita
acreditar la existencia de una situación eximente de responsabilidad y por ende
debían conocer o ante la duda asesorarse adecuadamente sobre los deberes que
el cargo les imponía.

40.Argumentó que el señor Edier de Jesús Sánchez Uribe no era el único
candidato e incluso en la terna había candidatos con mayor puntaje que la persona
que resultó elegida.

41. Expresó que la causal de impedimento prevista en el numeral 14. del artículo
11 de la Ley 1437 es clara y no requiere de mayores razonamientos y juicios para
entenderla. Asimismo, que la jurisprudencia ha sido consistente y no ha tenido
modificaciones sobre el alcance y aplicación del régimen de impedimentos, como
hipótesis que da lugar a la causal de pérdida de la investidura por violación del
régimen del conflicto de intereses de los concejales.

42. Señaló que la manifestación de impedimento era la única actuación esperable
de los concejales accionados, independientemente de que no fueran expertos en
la materia y que la elección del cargo de secretario general hubiese sido producto
de un concurso de méritos o de una convocatoria pública.

43. Concluyó que estaban probados los elementos objetivo y subjetivo de la causal
de pérdida de investidura y que por ello era procedente decretar la pérdida de
investidura de los accionados.

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

I.5. El recurso de apelación15

44. Los accionados, mediante apoderado y en escrito conjunto, solicitaron que se
revoque integralmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la demanda.

45. Señalaron en forma general, que el tribunal no realizó un examen individual de
culpabilidad ni de las circunstancias personales y administrativas de cada uno de
los concejales, que permitiera encontrar probado el elemento subjetivo de la causal
de pérdida de investidura.

46. Indicaron que la sentencia incurrió en “[…] Violación del principio de tipicidad
estricta y del artículo 183 constitucional […]” y alegaron que “[…] La causal
invocada no tiene rango constitucional […]”. Agregaron que, de conformidad con
el artículo 183 de la Constitución Política, la pérdida de investidura solo procede
por causales constitucionales, taxativas y de interpretación restrictiva. (Negrilla del
texto).

47. Adujeron que el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 no establece una
causal de pérdida de investidura sino de impedimento o recusación que puede
llevar a responsabilidad disciplinaria pero no a la pérdida de investidura. Agregaron
que, en este caso, el tribunal creó una nueva causal de pérdida de investidura, lo
cual es incompatible con el principio de legalidad en materia sancionatoria, debido
a que las causales de pérdida de investidura solo pueden ser de creación
constitucional en tanto restringen derechos políticos de forma vitalicia.

48. Refirieron que el tribunal incurrió en “[…] Aplicación indebida de
jurisprudencia aislada y no vinculante […]”, por cuanto asumió que una
providencia reciente del Consejo de Estado constituye una regla general que podía
ser aplicada y fundamentar el decreto de la pérdida de investidura. (Negrilla del
texto).

49. Manifestaron que no existe una línea jurisprudencial consolidada o uniforme y
que la sentencia en que se fundamentó la decisión del tribunal no es aplicable, toda
vez que no se analizó el elemento subjetivo. Asimismo, porque los supuestos
fácticos de esa sentencia son diferentes a los de este caso.

50. Insistieron en que la sentencia apelada convierte una solución casuística en un
precedente obligatorio, creando un estándar inexistente para corporaciones
municipales y que el uso fragmentado del precedente vulnera el artículo 230 de la
Constitución y la jurisprudencia sobre precedente horizontal y vertical.

51.Esgrimieron que el tribunal incurrió en “[…] Omisión total del análisis del
elemento subjetivo […]” y “[…] falsa motivación por omitir valoración de

15
Cfr. Índice 70 del expediente del tribunal.

10

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Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

pruebas […]”, en atención a que, al proferir la sentencia y, en especial, determinar
si estaba o no probado el elemento subjetivo, omitió valorar los siguientes
supuestos: i) que Daniel Bedoya Ospina tiene un grado de escolaridad hasta
primaria; ii) que Liliana Osorio Martínez solo tiene formación técnica en enfermería;
iii) que el periodo constitucional 2024-2027 de Yeni Paola Ramírez Orozco es su
primer periodo como concejal; iv) que en el Concejo Municipal de Risaralda no
contaba con el apoyo de un asesor jurídico que los orientara; v) que la participación
de los concejales en la elección del secretario general del concejo municipal siguió
una tradición administrativa en el municipio, reiterada sin consecuencias en
periodos anteriores; vi) que no hubo advertencia de algún ente de control; y vii) que
no se probó un beneficio personal, utilidad o ventaja para alguno de los concejales
accionados. (Negrilla del texto).

52. Agregaron que el tribunal incurrió en falsa motivación por omitir la valoración
de pruebas, entre ellas: los certificados de escolaridad aportados al proceso, la
certificación del concejo municipal sobre ausencia de asesor jurídico, las pruebas
de la tradición administrativa del concejo, los “[…] Testimonios que demostraron
ausencia de intención […]” y los documentos que prueban la ausencia de
advertencias por parte de entes de control sobre la problemática.

53. Adujeron que la sentencia “[…] confundió impedimento legal con conflicto
de interés constitucional […]”, directo, particular y actual. Al respecto, indicaron
que no está probada ni la utilidad ni el beneficio propio o de terceros, ni la influencia
indebida en la decisión, ni la afectación comprobada por imparcialidad. (Negrilla del
texto).

54. Explicaron que los concejales accionados no tenían relación económica o
personal con el secretario elegido, no recibieron beneficio alguno, no buscaron
influir indebidamente y solo votaron dentro de un procedimiento ordinario del
concejo. Además, que el tribunal sancionó con pérdida de investidura una conducta
formal y no un conflicto de interés material y probado.

55. Resaltaron que el tribunal incurrió en “[…] Violación del principio de igualdad
[…]”, en tanto que crea un estándar más severo para concejales que para
congresistas y diputados, en contravía del artículo 13 de la Constitución Política.
(Negrilla del texto).

56. Explicaron que en las corporaciones públicas de elección popular se aplican
mecanismos de voto secreto o reservados y que aplicar un conflicto de interés
automático derivado de la coincidencia en listas electorales implicaría que la
mayoría de los actos de estas corporaciones públicas fueren inválidos e impediría
a congresistas, diputados y concejales votar elecciones internas.

11

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

I.6. Trámite del recurso de apelación

57. Mediante auto de 16 de enero de 202616, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por los accionados en contra de la sentencia de 19 de noviembre de
2025.

58. En auto de 27 de enero de 202617, se resolvió admitir el recurso de apelación y
correr traslado del auto admisorio del recurso de apelación a la accionante y al
agente del Ministerio Público por el término de tres (3) días.

59. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

60. La Sala, para resolver la presente controversia, se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de los
concejales; iii) el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen del conflicto de interés; v) el conflicto de intereses derivado
de la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11
de la Ley 1437; vi) el estudio del caso concreto y; vii) conclusiones.

II.1. La competencia

61. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. Del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15019 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de los concejales

62. La condición de los accionados, señor Daniel Bedoya Ospina y señoras Liliana
Osorio Martínez y Yeni Paola Ramírez Orozco, como concejales del municipio de
Risaralda (Caldas) para el periodo 2024 – 2027, se encuentra probada con la copia
del formato E-26 CON, correspondiente al “[…] ACTA DEL ESCRUTINIO
MUNICIPAL […] CONCEJO […]” de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de
las elecciones de autoridades territoriales realizadas el 29 de octubre de 202320.
Asimismo, con la copia del acta núm. 001 de 2 de enero de 2024, en la que se
realizó la sesión de posesión e instalación del Concejo Municipal de Risaralda
Caldas para el periodo constitucional 2024 – 202721.

16
Cfr. Índice 54 del expediente digital de primera instancia.
17
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
18
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
19
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
20
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Página 82.
21
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Páginas 55 a 62.

12

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

63. Se precisa que la condición de los accionados como concejales del municipio de
Risaralda para el periodo 2024 – 2027 no fue objeto de cuestionamiento en el
recurso de apelación.

II.3. El problema jurídico

64. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201222, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y
306 de la Ley 1437, observa lo siguiente:

65. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia de 19 de
noviembre de 2025 consideró que estaban probados los elementos objetivo y
subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses establecida en los numerales 1. del artículo 48 de la Ley 617
y 2. del artículo 55 de la Ley 136, en consideración a que los concejales accionados
habían incurrido en la conducta prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437.

66. Los accionados en el recurso de apelación estiman que: i) las causales de
pérdida de investidura solamente pueden ser establecidas por la Constitución
Política y no por la ley; ii) el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 establece
una causal de impedimento o recusación que puede llevar a responsabilidad
disciplinaria pero no a la pérdida de investidura; iii) la sentencia apelada vulnera el
principio de igualdad, ya que crea un estándar más severo para concejales que
para congresistas y diputados; iv) no existe jurisprudencia consolidada y uniforme
en torno a la posibilidad de decretar la pérdida de investidura por incurrir en la
conducta prevista en el numeral 14. del artículo 11 ibidem; y v) la sentencia que
fundamentó la decisión del tribunal no es aplicable al caso concreto por ser aislada,
tener presupuestos fácticos diferentes y porque en ella no se analizó el elemento
subjetivo; y v) no está probado el interés directo, particular y actual de los
accionados, la afectación a la imparcialidad, ni el beneficio ni la influencia indebida
en la decisión adoptada.

67. En relación con el elemento subjetivo, los accionantes indicaron que la sentencia
del tribunal omitió su análisis, pues no se realizó un estudio individual de
culpabilidad ni de las circunstancias personales y administrativas que rodearon los
hechos y agregaron que se dejaron de valorar las pruebas aportadas, que
permitirían evidenciar la ausencia de una conducta dolosa o gravemente culposa.

68. El problema jurídico en este caso consiste en definir:

22
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

13

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

69. Si se configuran o no los elementos objetivo y subjetivo que permitan decretar la
pérdida de investidura de los concejales de Risaralda (Caldas), señor Daniel
Bedoya Ospina y señoras Liliana Osorio Martínez y Yeni Paola Ramírez Orozco,
elegidos para el período constitucional 2024 - 2027, por haber transgredido el
régimen del conflicto de intereses, derivado de su participación en la sesión del
concejo de 2 de enero de 2024, en la cual se efectuó la votación y elección del
señor Edier de Jesús Sánchez Uribe como secretario general del concejo municipal,
quien había integrado la misma lista de los accionados por el Partido de la Unión
por la Gente – Partido de la U para aspirar a esa corporación pública en el período
constitucional 2024-2027, elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023,
configurándose así la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses establecida en los numerales 1. del artículo 48 de la Ley 617
y 2. del artículo 55 de la Ley 136, por incurrir en la conducta constitutiva de
impedimento prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.

70. En consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 19
de noviembre de 2025 proferida en primera instancia.

II.4. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses

71. Esta causal encuentra sustento en el artículo 133 de la Constitución Política, que
señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular
representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.
Igualmente, en el artículo 11 de la Ley 1437, que indica que cuando el interés propio
de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo, el servidor
público deberá declararse impedido.

72. Esta conducta se encuentra prevista como causal de pérdida de investidura para
los concejales en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 y en el numeral 2. del
artículo 55 de la Ley 136, cuyo contenido es el siguiente:

73. Numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”.

74. Numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136:

“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por:

14

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

[…]

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses. […]”.

75. En efecto, el artículo 70 de la Ley 136 establece que cuando para los concejales
exista interés directo en la decisión, bajo el entendido que esta le afecte o beneficie
de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá
declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.

76. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el conflicto de interés se
presenta cuando el servidor público de elección popular movido por un interés
particular “[…] toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones
o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues
es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial 23 […]”.

77. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 1.° de noviembre de
201624, al igual que esta Sección, han señalado que para la configuración del
conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura deben concurrir los
siguientes requisitos:

“[…] a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de
conflicto de intereses, ejerza o haya ejercido la investidura de Congresista de la
República;

b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista, ya sea de
orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo
del Congreso; y,

c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del respectivo trámite,
sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado para los
efectos. [...]”.

78. Frente al presupuesto a), la mencionada sentencia precisó lo siguiente:

“[…] El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura, exige para
este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que incurrió en un conflicto de
intereses mediante el ejercicio irregular de su investidura congresional, esto es, que
debe acreditarse su condición de Senador o Representante a la Cámara […]”.

23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, C.P. César
Palomino Cortés, radicado núm.: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
24
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571
00(PI), MP: María Elizabeth García González.

15

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

79. En lo que atañe al presupuesto b) asociado a que se esté en presencia de un
interés directo, particular y actual, ya sea de orden moral o económico, la sentencia
supra indicó lo siguiente:

“[…] El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben destacarse:
el interés directo, particular y actual; su esencia moral o económica; y los asuntos o
temas que son puestos a consideración e intervención del Congresista.

El primero, consiste en la presencia de una inclinación real del Congresista hacia un
tema, objeto o aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones congresionales, con el ánimo
de materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de su cónyuge,
familiares o socios, que se aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien
general25 y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación […]”.

80. Finalmente, y frente al requisito c) relativo a que se demuestre la participación
efectiva del respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento o sin haber
sido recusado, la citada sentencia señaló:

“[…] El tercero alude a los asuntos o temas que son sometidos a consideración e
intervención del Congresista, que lejos de circunscribirse de forma exclusiva a los
legislativos, también cobija los electorales, judiciales, de control político e incluso
administrativos a su cargo, en cuanto hacen parte de las distintas facetas
congresionales en las que aquél termina interfiriendo inevitablemente por mandato
constitucional y legal.

[…]

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio, decisión, debate,
votación, censura y/o intervención en los asuntos congresionales; en principio, “el
congresista está en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le permita a la comisión
o corporación legislativa correspondiente definir o decidir el impedimento. No se trata,
como es obvio, de una decisión puramente discrecional del congresista. De todas las
circunstancias de hecho que pudieran configurar un interés privado de índole
económico o moral debe surgir la obligación del congresista de manifestar el
impedimento26”, por lo que de guardar silencio al respecto quedaría activada la causal
[…]”.

81. Conforme con lo anterior, esta Sección27 ha considerado que el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto
de intereses requiere que se prueben los siguientes presupuestos o requisitos
concurrentes: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre la
existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su

25
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo
Fernando Bastidas- la Sala Plena indicó: “No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los miembros de
los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
De modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés público inmerso en el debate, en
la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento
o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de la función para
el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o particular del congresista no subordine al
interés público.”.
26
Sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 18 de febrero de 2021.
Expediente radicado nro. 85001 2333 000 2020 00012 02. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés y sentencia de 7 de
noviembre de 2025. Radicado núm. 50001-23-33-000-2024-00319-01. C.P. doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

16

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus
funciones constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o
votación del asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el
interés.

II.5. El conflicto de intereses derivado de la causal de impedimento y
recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437

82. El artículo 11 de la Ley 1437 indica que cuando el interés propio de la función
pública entre en conflicto con el interés particular y directo, todo servidor público
que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, deberá
manifestar su impedimento por las causales enunciadas en esa norma.

83. El legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, contempló
como una de las hipótesis la prevista en el numeral 14 ibidem relativa a haber hecho
parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o
integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores, así:

“[…] ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y
recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto
con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse
impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

[…]

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores. […]”. (Negrilla fuera del texto).

84. Esta Sección, en sentencia de 19 de septiembre de 2019 28 precisó que este
enunciado normativo regula dos situaciones diferentes: i) la primera, por haber
hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
inscritas por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores y; ii) la segunda, por haber
hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. En efecto, en
el referido fallo se anotó lo siguiente:

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, CP:
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01.

17

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

“[…] En relación con este numeral – numeral 14 – del artículo 11 de la Ley 1437 de
2011, se considera que, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, la norma regula dos situaciones diferentes: i) la primera, haber hecho parte
de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores y ii) la segunda, haber hecho parte de listas
de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores.

Nótese que dicha norma emplea la letra «o», como una conjunción disyuntiva que
denota «[…] diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas o ideas
[…]» – Diccionario de la Lengua Española29 –, lo que indica, entonces, que existen
dos alternativas que la configuran, a saber, i) el hecho de que la lista sea inscrita por
el interesado y ii) la situación de que la lista sea integrada por el interesado.

La palabra «inscrita» – primera alternativa de la norma – es el participio irregular del
verbo inscribir – Diccionario de la Lengua Española30 – siendo inscribir «[…] 2. tr.
Apuntar el nombre de una persona entre los de otras para un objeto determinado
[…]»31, que en el contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011 – implica que el interesado en la actuación administrativa apuntó –
ante las autoridades electorales – la lista de candidatos a cuerpos colegiados con el
objeto de que estos participaran en la contienda electoral respectiva.

La palabra «integrada» – segunda alternativa de la norma – es el participio del verbo
integrar32 – Diccionario de la Lengua Española – siendo integrar «[…] 1. tr. Dicho de
diversas personas o cosas: Constituir un todo […] 2. tr. Completar un todo con las
partes que faltaban […] 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo
[…] 4. tr. Comprender (II contener). […]»33, concepto distinto a inscribir y que en el
contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011
– implica que el interesado en la actuación administrativa hacía parte y constituía la
lista de candidatos a cuerpos colegiados que participarían en la contienda electoral
respectiva.

En particular la causal de impedimento que se le imputa a los acusados es la
consistente en haber hecho parte de la lista de candidatos a cuerpos colegiados – al
concejo municipal por el partido Centro Democrático – que inscribió34 la interesada35
en la actuación administrativa36 en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.

[…]

Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad de los
servidores públicos, entendiendo que se presenta conflicto de intereses ante la
existencia de intereses personales y directos en relación con la decisión que se
pretende adoptar. […]”. (Negrilla y subrayado del texto).

85. Igualmente, la referida sentencia indicó que los procedimientos relacionados
con la elección de funcionarios a cargo de las corporaciones públicas -como sucede

29
https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu
30
https://dle.rae.es/?id=LjeeytK
31
https://dle.rae.es/?id=LjZ6dL7
32
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
33
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
34
Apuntar ante la autoridad electoral.
35
Zaira Steffany Jabba Vergara en su condición de aspirante al ocupar el cargo de personera.
36
Que corresponde al concurso público de méritos para elegir el personero de ese municipio para el período 2016 – 2020.

18

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

con la de secretarios- son procedimientos especiales y, además, en virtud de lo
previsto en el inciso final del artículo 2.° de la Ley 1437, norma que dispone que las
disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se aplican en lo no previsto por los procedimientos regulados en
leyes especiales, era posible acudir por remisión a las causales de impedimento
previstas en el artículo 11 de la Ley 1437. Sobre el particular, el fallo aludido
sostuvo:

“[…] El Decreto 2485 de 2014, compilado en el Decreto 1083 de 2015, señaló que el
personero municipal o distrital sería elegido de la lista que resultara del proceso de
selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital, esto es, lo
concibió como un procedimiento administrativo – artículo 2.2.27.1 del Decreto
1083 de 2015 –, que está sujeto al cumplimiento de mínimo las etapas de: i)
convocatoria; ii) reclutamiento; y iii) pruebas – artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de
2015 –, el cual debe adelantarse atendiendo los criterios de objetividad,
transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los
aspirantes para el ejercicio de las funciones – artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de
2015 –.

[…]

El concurso público de méritos, en consecuencia, se adelanta “[…] de conformidad
con las disposiciones legales sobre la materia en especial el Decreto 1083 de 2015 y
por las reglas contenidas en la presente Resolución […]” – Artículo 2°, Res. 070 de
2015 – y se rige “[…] de manera especial, por lo establecido en el artículo 313 de la
Constitución Nacional, las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, el Decreto 2485 de
2014, Decreto 1083 de 2015 y la presente resolución […]” – Artículo 6°, Res. 070 de
2015 – (subrayado y resaltado fuera de texto).

[…]

En la medida en que se trata de un procedimiento especial, el concurso público de
méritos para la elección de personero municipal o distrital, se regirá por sus normas
especiales – como lo indicó el artículo 6° de la Resolución 070 de 2015 – y, en lo no
previsto en ellas, se aplicarán las normas de la Ley 1437 de 2011, por así disponerlo
su artículo 2° que al tenor destaca que “[…] Las autoridades sujetarán sus
actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de
los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se
aplicarán las disposiciones de este Código […]”.

Lo anterior impone concluir que a este procedimiento especial, le son aplicables las
normas sobre impedimentos y recusaciones allí previstas – artículos 11 y 12, Ley
1437 de 2011 –, puesto que: i) la reglamentación especial nada señala al respectivo;
ii) los concejales en dicho procedimiento toman decisiones definitivas; y iii) el mismo
debe adelantarse bajo el criterio de imparcialidad37 – artículo 2.2.27.1 del Decreto
1083 de 2015 y artículo 5°, Res. 070 de 2015 –38. […]”. (Negrilla y subrayado del
texto).

37
El artículo 5° de la Resolución 070 de 2015, acto administrativo por el cual se convocó el concurso de méritos para proveer
el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar), para el período constitucional 2016-2020, al referirse a los principios
orientadores del proceso de selección indicó: «[…] ARTÍCULO 5° PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las
diferentes etapas de la convocatoria estarán sujetas a los principios de […] transparencia, imparcialidad […]».
38
El artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, define el principio de imparcialidad, en la siguiente forma: «[…] 3. En virtud del
principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste
en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva […]».

19

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

86. La Sección Primera, a partir de la referida sentencia de 19 de septiembre de
2019, se ha pronunciado en relación con el conflicto de intereses derivado de la
causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la
Ley 1437.

87. Así lo evidencian, entre otras, las sentencias de 19 de septiembre de 201939, 3
de marzo de 202340, 11 de mayo de 202341, 14 de septiembre de 202342, 6 de marzo
de 202543, 2 de mayo de 202544, 24 de julio de 202545; 28 de agosto de 202546 y 30
de octubre de 202547, entre otras, en las cuales se ha señalado de manera
consistente y pacífica que resulta posible acudir a la causal de impedimento prevista
en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, en cuanto este enunciado normativo
está dirigido a todos los servidores públicos que deban adelantar actuaciones
administrativas, dentro de los cuales se encuentran cobijados los miembros de las
corporaciones públicas de elección popular, y la elección del secretario del concejo
constituye un procedimiento administrativo especial que se encuentra regulado en
el artículo 2.2.27.1 del Decreto núm. 1083 de 26 de mayo de 2015 48, el cual debe
adelantarse con sujeción a los principios de transparencia e imparcialidad.

88. En esta conducta prevista por el legislador se entiende que se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y se presenta
un interés directo, particular y actual en relación con la decisión que se pretende
adoptar.

II.6. Estudio del caso concreto

89. La Sala procederá al estudio de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. Para el efecto, abordará en primera medida aquellos relacionados con
la conducta prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 y su aptitud
constitutiva de conflicto de interés para los concejales y consecuencialmente causal
de pérdida de investidura en los términos de los numerales 1. del artículo 48 de la
Ley 617 y 2. del artículo 55 de la Ley 136.

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001 23 33 000 2018 00738 01(PI).
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01015 01.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01016 01.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01014 01.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001 23 33 000 2024 00321 01.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 2 de mayo de 2025. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2024 00502 01.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación núm.: 05001 2333 000 2024 01329 02.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001 2333 000 2024 00197 01.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente (e): Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
48
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. […]”.

20

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

90. Posteriormente, se abordará el estudio de los supuestos que configuran los
elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses.

II.6.1. Las causales de pérdida de investidura de orden legal y el conflicto de
interés para los concejales por la conducta prevista en el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437

91. En su recurso de apelación los accionados argumentan que las causales de
pérdida de investidura solamente pueden ser establecidas por la Constitución
Política y no por la ley y que el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 establece
una causal de impedimento o recusación que puede llevar a responsabilidad
disciplinaria pero no a la pérdida de investidura, lo que en su criterio implica violación
del principio de tipicidad estricta y del artículo 183 de la Constitución Política que
establece un catálogo taxativo y estricto de causales de pérdida de investidura.

92. Asimismo, indicaron que no existe jurisprudencia consolidada y uniforme en
torno a la posibilidad de decretar la pérdida de investidura por violación del régimen
de conflicto de intereses con fundamento en la conducta prevista en el precitado
numeral 14.

93. Para resolver, la Sala resalta que la Corte Constitucional en la sentencia C-473
de 25 de septiembre de 199749 explicó que, en el marco de la cláusula general de
competencia, el Congreso de la República está facultado para dictar leyes en todos
aquellos asuntos que puedan ser materia de legislación, cuya regulación no haya
sido atribuida a otra rama u órgano independiente; y que la Constitución Política
autoriza explícitamente al legislador para establecer mediante ley nuevas causales
de pérdida de investidura aplicables a los concejales50.

94. Así las cosas, las causales de pérdida de investidura de los concejales no se
encuentran limitadas a las previstas en el artículo 183 de la Constitución Política,
sino que pueden ser objeto de desarrollo legal como en efecto ocurre con los
artículos 55 de la Ley 136 y 48 de la Ley 617.

49
M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. En dicha sentencia la Corte Constitucional analizó la exequibilidad de, entre otros,
algunos numerales del artículo 55 de la Ley 136.
50
En dicha sentencia se explicó lo siguiente:
“[…] 13. El demandante plantea en su escrito que el Congreso no puede legislar sobre temas que no le estén expresamente
asignados en la Constitución y que en la Carta no existe ninguna disposición que lo autorice para establecer nuevas causales
de pérdida de investidura para los concejales. La primera tesis del actor ya fue refutada a través de la explicación relativa a
la cláusula general de competencia de que goza el Congreso.

En relación con el segundo punto, es importante destacar que el instituto de la pérdida de investidura constituye una sanción
disciplinaria. A partir de ella, y atendiendo a lo preceptuado por el artículo 293 de la Carta - cuyo contenido es reiterado en lo
dispuesto en los incisos 3° del artículo 299 y 2° del artículo 312 de la Constitución -, se llega necesariamente a la conclusión
de que, en contra de lo sostenido por el actor, la Constitución sí autoriza explícitamente al Legislativo para que instituya
nuevos motivos para la declaración de la pérdida de investidura de concejal.

[…]

14. De lo anterior se infiere que la ley sí puede consagrar causales adicionales para la declaración de la pérdida de investidura
de concejal. […]”.

21

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

95. Dado que la tipicidad en los procesos de pérdida de investidura se refiere a que
determinada conducta del accionado se adecúe o no a una causal taxativamente
señalada en la ley o en la Constitución51, se debe resaltar que en este caso la causal
de pérdida de investidura invocada es la prevista en los numerales 2. del artículo 55
de la Ley 136 y 1. del artículo 48 de la Ley 617, sobre violación del régimen de
conflicto de intereses, la cual, como se indicó en sentencias de 24 de julio de 202552
y 31 de julio de 202553, no fue determinada por el legislador en la misma norma que
previó la causal para los concejales, sino que atiende: i) a la existencia de un interés
directo, particular y actual del miembro de la corporación pública de elección popular
o de los parientes o personas establecidas en la ley, en un asunto que conozca en
razón de sus funciones constitucionales y legales, conforme el artículo 70 de la Ley
136 y la jurisprudencia de esta Corporación; o ii) a una situación prevista por el
legislador en otras normas, en las cuales se entiende comprometida la imparcialidad
y objetividad del servidor público, como ocurre, por ejemplo, en los eventos descritos
por el artículo 11 de la Ley 1437.

96. Partiendo de lo explicado anteriormente, en el acápite conflicto de intereses
derivado de la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437 de esta providencia, se reitera que esta Sección explicó
en la sentencia de 24 de julio de 2025 que la ley entiende que en las situaciones
descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 -entre ellas la prevista en el numeral 14.-
se encuentra comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos,
debido a que el legislador deduce que de esa situación surge un conflicto de interés
ante la existencia de un interés directo, particular y actual en relación con la decisión
que debe adoptarse. En dicha providencia se señaló:

“[…] Ahora, la Sección Primera54 ha considerado que la ley entiende que en las
situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra comprometida la
imparcialidad y objetividad de los servidores públicos, precisamente, porque el
legislador deduce que de esa situación surge un conflicto de interés ante la existencia
de intereses personales, directos y actuales en relación con la decisión que debe
adoptarse, derivados concretamente del hecho de haber integrado la misma lista con
quien tiene interés en la actuación administrativa, en períodos electorales
coincidentes. […]”.

97. Por lo anterior, no les asiste razón a los accionados en cuanto indicaron en su
recurso de apelación que las causales de pérdida de investidura solamente pueden
ser establecidas por la Constitución Política y no por la ley.

51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2025. Radicación
núm. 27001-23-33-000-2024-00031-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación
núm. 05001-23-33-000-2024-01329-02. C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2025. Radicación
núm. 27001-23-33-000-2024-00031-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López.
54
Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de septiembre de 2019. MP.
Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018 00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP.
Nubia Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP. Hernando
Sánchez Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia Margoth Peña
Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).

22

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

98. Tampoco, que la violación del régimen de conflicto de intereses como causal de
pérdida de investidura establecida en los artículos 55 de la Ley 136 y 48 de la Ley
617, por incurrir en la conducta prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437, se constituya en violación del principio de tipicidad o que el tribunal creó una
nueva causal de pérdida de investidura o que aplicó al caso una sentencia del
Consejo de Estado, aislada y que no constituye precedente.

99. Por lo tanto, la violación del régimen de conflicto de intereses por incurrir en la
conducta prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, se constituye en
una causal de pérdida de investidura de orden legal, lo cual ha sido reiterado en
forma pacífica y uniforme por esta Sección, desde el año 201955.

II.6.2. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses

100. LaSala, teniendo en cuenta los argumentos planteados en el recurso de
apelación, analizará los requisitos concurrentes que se exigen para estructurar el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.

a) La cualidad de los concejales como sujetos activos de la conducta

101. Se encuentra probado que el señor Daniel Bedoya Ospina y las señoras Liliana
Osorio Martínez y Yeni Paola Ramírez Orozco resultaron elegidos concejales del
municipio de Risaralda (Caldas), para el periodo 2024 – 2027, según se indicó
anteriormente.

102. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura.

b) La existencia de un interés directo, particular y actual de los concejales
o de alguna de las personas señaladas en la ley, de orden moral o
económico

103. En el expediente se encuentra probado que los señores Daniel Bedoya Ospina
y Edier de Jesús Sánchez Uribe; y las señoras Liliana Osorio Martínez y Yeni Paola
Ramírez Orozco se inscribieron como candidatos al Concejo Municipal de Risaralda

55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001 23 33 000 2018 00738 01(PI). Posteriormente, ver
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01015 01. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 11 de mayo
de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01016 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.:
25000 23 15 000 2022 01014 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero
ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001 23 33 000 2024 00321 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Sentencia de 2 de mayo de 2025. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2024 00502 01. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 24 de julio de
2025. Radicación núm.: 05001 2333 000 2024 01329 02. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001 2333
000 2024 00197 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente (e):
Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.

23

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

en la misma lista y por el mismo partido político, para las elecciones de autoridades
territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023, correspondientes al periodo
constitucional 2024 - 2027, según consta en los siguientes documentos: i) el
formato E-24 CON56 (cuadro resultados del escrutinio concejo); y, en especial, ii) el
formato E-26 CON (acta del escrutinio municipal de 29 de octubre de 2023)57.

104. En este último documento se evidencia lo siguiente:

“[…]

[…]”.

105. Igualmente, se encuentra probado que el 2 de noviembre de 2023, el Concejo
Municipal de Risaralda expidió la convocatoria pública núm. 002 de 2023 para
proveer el cargo de secretario general del concejo municipal para el periodo 202458.

106. En dicho acto se indicó que el cronograma estaría integrado, entre otras, por
las siguientes etapas: i) la convocatoria y divulgación; ii) la inscripción de aspirantes
– reclutamiento; iii) la verificación de requisitos mínimos y admisión de aspirantes;
iv) la aplicación de criterios de mérito para la elección, que incluye valoración de
estudios, experiencia y entrevista; y v) conformación de la lista y publicación de la
terna.

107. Se encuentra probado que el Concejo Municipal de Risaralda, una vez agotado
el anterior cronograma, expidió la Resolución núm. 055 de 4 de diciembre de
202359, por medio de la cual estableció la lista definitiva de elegibles y la terna
definitiva de aspirantes60, en el siguiente sentido:

“[…] ARTICULO PRIMERO. Lista definitiva de elegibles. Conformar, en estricto
orden de mérito, la lista definitiva de elegibles como resultado de las pruebas
aplicadas dentro de la Convocatoria Pública No. 002 de 2023 para proveer el cargo
de Secretaria(o) General del Concejo Municipal adelantado por el Concejo Municipal
de Risaralda Caldas en los términos, condiciones y procedimientos establecidos en
la Resolución No.042 de 2023 y el Aviso de Convocatoria No. 002 de 2023, de

56
Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Páginas 68 a 75.
57
Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Páginas 76 a 82.
58
Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Páginas 19 a 42.
59
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA LISTA DEFINITIVA DE ELEGIBLES EN ESTRICTO ORDEN DE
MÉRITO DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 de 2023, COMO RESULTADO DE LOS
CRITERIOS DE MÉRITO APLICADOS DENTRO DEL PROCESO, SE INTEGRA UNA TERNA DEFINITIVA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES […]”.
60
Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Páginas 47 a 53. Asimismo, Cfr. Índice 30 del expediente digital de
primera instancia. Documentos 26, 27 y 28. Páginas 25 a 31.

24

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. La
lista de elegibles quedará integrada de la siguiente manera:

ARTÍCULO SEGUNDO. Terna definitiva de elegibles. Integrar la terna definitiva de
aspirantes que participarán en la sesión plenaria para la elección del secretario
general del concejo municipal. La terna quedará integrada con los tres primeros
aspirantes que por estricto orden de mérito ocupan los primeros tres puestos en la
lista de elegibles. La terna de elegibles queda integrada así:
TERNA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ELEGIBLES

ARTÍCULO TERCERO. Sesión de elección. Informar a los aspirantes que hacen parte
de la terna que la elección se llevará a cabo dentro de los primeros diez (10) días del
mes de enero del año 2024 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 y 37 de
la Ley 136 de 1994, según se informe a los aspirantes por el presidente del Concejo
Municipal del año 2024. En esta etapa del proceso no es obligatoria la asistencia del
aspirante. Será elegido en el cargo el aspirante que integre la terna de elegibles y
obtenga la mitad más uno de los votos de los Concejales presentes en la sesión de
elección. […]”.

108. Consta en el acta núm. 001 de 202461 que el 2 de enero de esa anualidad se
realizó la sesión para posesión e instalación de los concejales del municipio de
Risaralda, con la participación de los concejales Daniel Bedoya Ospina, Yeni Paola
Ramírez Orozco y Liliana Osorio Martínez.

109. En dicha sesión se eligió a la concejal Liliana Osorio Martínez como presidenta
del concejo municipal para el año 2024 y en el punto 14 se procedió a la elección
del secretario general del concejo municipal para el año 2024. En el acta núm. 001
de 2024 se registró la elección y el voto de los accionados de la siguiente forma:

“[…] 13. Palabras del presidente del H.C. M 2024.

Con un efusivo discurso la presidente H. concejal Liliana Osorio agradece su apoyo
a la presidencia 2024 (sic)

14. Elección de secretario general para el año 2024.

61
Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Páginas 55 a 62. Asimismo, ver índice 30 del expediente digital de
primera instancia. Páginas 12 a 19.

25

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

La honorable Presidenta da a conocer el cronograma que fue agotado desde el mes
de noviembre y diciembre del año anterior dando tramite a las normas de ley que así
lo establecen como fue la convocatoria, los documentos tanto de experiencia como
formación académica y finalmente la entrevista a los candidatos de donde salió
una terna de los cuales hoy por mayoría de votación se elegirá el secretario
general de esta corporación y coloca a consideración para la secretaria al señor
Edier de Jesús Sánchez Uribe (sic)

La honorable concejal Martha gloria Sánchez dice que por respeto a la señora
Adriana Suarez quien saco más votos en la entrevista debería postularse de primera
(sic)

Toma la palabra el H. concejal Hugo Fernando Castañeda y pregunta por el apellido
de la señora Adriana para postularla como secretaria y así darle gusto a la H. concejal
Martha gloria Sánchez (sic)

La honorable presidente argumenta que no tiene importancia el orden en que
se coloque a consideración el nombre de cada uno de los que conforma la
terna, ya que el año anterior se agotó todo el trámite.

Seguidamente la presidenta coloca a consideración el nombre del señor Edier
de Jesús Sánchez Uribe para secretario de la corporación, nombre puesto a
consideración es aprobado por mayoría de 10 votos de la corporación siendo
estos, los honorables concejales

BEDOYA OSPINA DANIEL
BEDOYA VILLADA EDILIO DE JESUS
CORTES MONTOYA GUILLERMO ANTONIO
FLOREZ RAIGOZA LUISA NATALIA
GARCIA AREVALO LEIDY YOHANA
OSORIO MARTINEZ LILIANA
RAMIREZ OROZCO YENI PAOLA
RIOS CARO JOSE LEONAR
SANCHEZ OSPINA MARTHA GLORIA
CASTAÑEDA OSPINA HUGO FERNANDO

No vota la H. C Castrillón Vélez Ana Milena

Seguidamente la presidente coloca a consideración el nombre de Adriana Suarez
(sic) pero la H. concejal Martha gloria Sánchez argumenta que ya no hay necesidad
de ponerla a consideración ya que el anterior candidato saco la mayoría de votos
(sic)

Continúa la señora presidenta tomando el juramento de posesión al secretario
con estas palabras

“¿Juráis ante Dios y prometéis al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y
las Leyes de Colombia?” a lo cual respondió si juro.

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

110. En su recurso de apelación, los accionados manifestaron que la sentencia del
tribunal confundió impedimento legal con conflicto de interés y que una cosa son las
causales de impedimento y otra la existencia de un interés directo, particular y actual
que genere un beneficio particular o en favor de terceros.

26

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

111. Agregaron que en este caso no estaba probado que los accionados hubieren
tenido una relación económica o personal con el secretario elegido, ni buscaron una
influencia indebida, y que en este caso se sanciona una conducta formal y no un
conflicto de interés real.

112. Según se indicó, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el
legislador previó un listado de conductas que generan conflicto de interés para todos
los servidores públicos, incluidos los de elección popular, con el propósito de lograr
la moralización, la idoneidad, la probidad, la imparcialidad y la eficacia como
principios que deben gobernar el ejercicio de la función pública y una de las formas
en que se materializa este interés se encuentra prevista en el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437.

113. Se reitera, en este caso, el interés del miembro de la corporación pública de
elección popular fue previsto directamente por el legislador en una situación que
compromete la imparcialidad y objetividad del servidor público.

114. El interés resulta directo, esto es, encuentra su fuente en el ejercicio de una
función que le fue encomendada a los concejales accionados.

115. Asimismo, resulta actual e inmediato, porque concurren al momento en que
los accionados participan en la elección para proveer el cargo de secretario general
en la sesión de 2 de enero de 2024, en cuya lista se encontraba el señor Edier de
Jesús Sánchez Uribe, compañero de lista por el mismo partido político en las
elecciones al concejo municipal para el período constitucional 2024-2027.

116. Se debe resaltar que en este caso los accionados no controvierten los hechos
relativos a que fueron elegidos como concejales municipales por un mismo partido
político, que el señor Edier de Jesús Sánchez Uribe hizo parte de la misma lista
para las elecciones al concejo municipal y que posteriormente participó en la
convocatoria para la elección del secretario general del concejo, siendo elegido por
los accionados sin que manifestaran impedimento.

117. Como se explicó en sentencia de 31 de julio de 202562, las circunstancias
que están demostradas en el expediente y que no fueron controvertidas encuadran
en la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11
de la Ley 1437.

118. Así las cosas, se presentó en los concejales Daniel Bedoya Ospina, Yeni
Paola Ramírez Orozco y Liliana Osorio Martínez una pugna entre el interés
partidista con el general que debe privilegiarse en el ejercicio de sus funciones como
concejales, de tal manera que tenían el deber de manifestar su impedimento ante
la corporación pública para evitar que su participación en la sesión en la que tuvo
lugar la elección del secretario se realizara contraviniendo los principios de

62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2025. Radicación
núm. 27001-23-33-000-2024-00031-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López.

27

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

transparencia, objetividad e igualdad entre los participantes y candidatos, y así
evitar que su participación en este proceso electoral: i) rompa el equilibrio
institucional y; ii) genere desequilibrios en la contienda para proveer el cargo de
secretario.

c) Que la concejal participe efectivamente del respectivo trámite, sin haber
manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusada para
los efectos en un asunto de su competencia

119. Los concejales Daniel Bedoya Ospina, Yeni Paola Ramírez Orozco y Liliana
Osorio Martínez participaron en la sesión de 2 de enero de 2024, en la cual se
efectuó la elección del secretario general para la vigencia 2024, según consta con
el acta núm. 001 de 2024, contestando el llamado a lista, contribuyendo a la
conformación del cuórum decisorio y votando por quien había sido su compañero
de lista, sin haber manifestado su impedimento.

120. Los concejos municipales, por mandato expreso del artículo 313 de la
Constitución Política, en armonía con el artículo 32 de la Ley 136, modificado por
el artículo 19 de la Ley 1551 de 6 de julio de 201263 ejercen funciones normativas,
de control político, electorales y administrativas. En este sentido, conforme lo ha
indicado la Sala Plena y esta Sección, el conflicto de interés no se circunscribe a
asuntos de naturaleza normativa, sino también a otras materias como las de
naturaleza electoral y administrativa64.

121. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia “[…] el impedimento no solo puede
darse cuando se trate del ejercicio de las funciones puramente legislativas del
Congreso sino cunado de trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las electorales.
[…]”65.

122. Los accionados manifestaron en su recurso de apelación que la sentencia crea
un estándar más severo para concejales que para diputados y congresistas
teniendo en cuenta que en las corporaciones públicas de elección popular se
establecen “[…] mecanismos secretos o reservados en determinados actos […]” y
que se debe tener en cuenta que “[…] Si la coincidencia en listas electorales
generara automáticamente conflicto de interés la mayoría de actos colegiados del
país serían inválidos y ningún concejal, diputado o congresista podría votar
elecciones internas […]”.

123.La Sala considera que en este caso la elección del secretario general del
concejo no fue mediante voto secreto y, en todo caso, esta situación no hace
desaparecer el conflicto de interés como lo interpreta la parte accionada.

63
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
64
Sobre el particular: Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 10 de noviembre de 2009, expedientes Acumulados
No. 2008-01180 y 2008- 01367; C.P. Dra Marta Teresa Briceño de Valencia.
65
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de noviembre de 2016, CP: María
Elizabeth García González, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571-00(PI).

28

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

124. En efecto, la constatación del conflicto de interés se da por la participación o
votación en el trámite de los asuntos sometidos a consideración del servidor
público, sin que interese el sentido del voto en el trámite respectivo, pues de
conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política “[…] Los congresistas
deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter
moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos
sometidos a su consideración. […]”. (negrilla fuera del texto).

125. Por lo tanto, el régimen de conflicto de intereses censura la participación,
votación, intervención o adopción de decisiones por parte del servidor público en
los asuntos relacionados con sus funciones, cuando se presente una situación que
configure la violación del régimen de conflicto de intereses, sin que sea posible
tener en cuenta el sentido en que se participe, vote, intervenga o adopte una
decisión66.

126. Una interpretación en tal sentido haría desaparecer el sentido de la causal y
con ello poner en riesgo las finalidades que persigue proteger esta institución como
son los principios de imparcialidad, la transparencia y la moralidad.

127. Tampoco se establece un estándar más severo para los concejales, en relación
con los diputados y congresistas, en atención a que, como se indicó anteriormente,
la conducta prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 implica que
todo “servidor público” que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, debe manifestar impedimento en el evento de “[…] Haber hecho parte
de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o
integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. […]”; y de
conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política, “[…] Son servidores
públicos los miembros de las corporaciones públicas […]”, entre ellos los
integrantes del Congreso de la República, las asambleas departamentales y los
concejos municipales67. (Negrilla fuera del texto).

128. Así las cosas, al haberse demostrado el elemento objetivo, la Sala entrará a
analizar el elemento subjetivo con el propósito de determinar si la conducta de los
accionados fue dolosa o gravemente culposa.

II.6.3. El estudio del elemento subjetivo

129. El artículo 1. de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003 de 19
de noviembre de 201968, establece que el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura “[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2025, MP:
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicado núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02.
67
Frente a este aspecto, se recuerda que el inciso final del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 establece que las “[…] asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales son corporaciones administrativas de elección popular que cumplen
las funciones que les señalan la Constitución Política y la ley. […]”.
68
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.

29

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas
en la Constitución […]”. Para establecer el grado de responsabilidad es necesario
demostrar el dolo o la culpa grave.

130. La Corte Constitucional, a partir de la sentencia SU-424 de 201669 indicó que
en los procesos de pérdida de investidura queda proscrita la responsabilidad
objetiva, toda vez que se trata de un juicio de naturaleza sancionatoria que debe
estar gobernado por los principios que forman parte integrante del debido proceso:

“[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de
pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que
implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un
sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio
del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley
(principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el juez de
pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se configura
la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito
o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la
culpa […]”. (Negrilla fuera del texto).

131. La jurisprudencia del Consejo de Estado, desde la sentencia de 25 de mayo de
2017, se ha ocupado de definir los parámetros que deben tenerse en cuenta en el
estudio de la culpabilidad en procesos de pérdida de investidura, los cuales fueron
reiterados en la sentencia de 19 de abril de 202170, cuyos apartes más relevantes
merece la pena transcribir:

“[…] El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura

124. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003
de 19 de noviembre de 2019, “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra
de los […] [miembros de las corporaciones públicas de elección popular] que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]” (Destacado fuera de
texto).

[…]

69
Corte Constitucional, SU 424 de 2016, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 19 de abril de 2021, radicado núm.: 44001-23-40-000-2020-00030-01(PI).

30

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

126. Esta Corporación ha considerado que “[…] [e]l análisis subjetivo del juicio que
debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su carácter
sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un análisis
de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina constitucional ha
interpretado como la proscripción de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del jus
puniendi del Estado […]”.

127. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que en el marco de las
solicitudes de pérdida de la investidura se debía determinar en cada caso si se
configuraba o no el elemento subjetivo de culpabilidad de quien ostenta la dignidad
porque el juicio de responsabilidad contiene un elemento objetivo, sobre la
adecuación típica de la conducta, y un elemento subjetivo que “[…] atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]” (Destacado fuera de texto).

[…]

130. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta;
es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

131. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la
misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el otro, en aquellos
eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su
conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su
actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las
medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento culposo,
de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]

La conducta dolosa o gravemente culposa

133. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003.

134. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta -
en este caso, haber incurrido en conflicto de intereses- se encontraba prohibida por
la Constitución Política y la ley.

135. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria
a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención
en la misma.

136. Asimismo, la pérdida de investidura solamente tendrá lugar si la conducta es
“gravemente culposa”, lo que conlleva que debe ser inexcusable. […]”. (Negrilla fuera
del texto).

132. A partir de los anteriores lineamientos, el estudio del aspecto subjetivo exige
analizar tanto los hechos como la ilicitud de la conducta; es decir, se debe
determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico.

31

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

133. Así las cosas, pueden presentarse dos hipótesis: la primera de ellas, si se
comprueba que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era
constitutivo de una causal de pérdida de investidura, se estaría en presencia de una
situación de total intención en la realización de esta, por ende, de un grado de
culpabilidad a título de dolo. La segunda hipótesis, cuando la persona no conozca
la ilicitud de la conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida para el
desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho
y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento
culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

134. Además de ello, el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse según
las condiciones personales del sujeto, el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon y los actos realizados para conocer dicho marco
normativo, entre ellos, solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración de
la conducta, para determinar si se obró o no con el cuidado requerido y definir si la
conducta del infractor de la norma fue dolosa o gravemente culposa o, si, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de
su actuar.

135. Por otro lado, existen situaciones que pueden justificar la configuración de la
conducta prohibida, cuando se actúa bajo el amparo de la buena fe cualificada, por
ejemplo: i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y luego
modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima y; ii)
cuando la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal, ello
siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura.

136. En el presente caso, la parte accionada alegó que el tribunal omitió en la
sentencia un análisis individual de la culpabilidad y que no tuvo en cuenta las
circunstancias personales y administrativas probadas que rodearon los hechos, en
especial, la formación de los accionados, la ausencia de asesor jurídico en el
concejo municipal, la tradición administrativa del municipio en torno a la elección
del secretario del concejo municipal y la ausencia de advertencias por parte de los
entes de control.

137. En relación con el elemento subjetivo, en el expediente se aportaron las
siguientes pruebas:

138. Certificación expedida el 28 de octubre de 202571 por el Presidente del Concejo
Municipal de Risaralda para el periodo 2025, sobre la información académica y
profesional que consta en las hojas de vida de los accionados, obrantes en la
entidad:

71
Cfr. Índice 30 del expediente digital de primera instancia. Documentos 26, 27 y 28. Página 10.

32

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

“[…] según las hojas de vida que reposan en los archivos de esta corporación, los
Honorables concejales que se relacionan a continuación, cuentan con el siguiente
nivel de formación académica:

• Daniel Bedoya Ospina, CC […] tiene aprobado el quinto grado de educación
primaria.

• Yeni Paola Ramírez Orozco, CC […], posee el título de Bachiller.

• Liliana Osorio Martínez, CC […] cuenta con formación como Auxiliar de
Enfermería. […]”. (Negrilla del texto).

139. Certificación expedida el 28 de octubre de 202572 por el Presidente del Concejo
Municipal de Risaralda para el periodo 2025 en la que hace constar que “[…]
revisados los registros presupuestales y administrativos de la Corporación, durante
las vigencias fiscales 2024 y 2025 el Concejo Municipal no ha contado con
recursos asignados ni disponibles para la contratación de un Asesor Jurídico.
[…]”. (Negrilla del texto).

140. Documento denominado “CERTIFICACIÓN”, suscrito por el señor Edier de
Jesús Sánchez Uribe el 28 de octubre de 202573, en su condición de secretario del
Concejo Municipal de Risaralda, en la que indica que: i) el proceso de su elección
como secretario surtió las etapas establecidas en la convocatoria y producto de ella
se eligió una terna; ii) como integrante de la terna, fue elegido por el voto favorable
de 10 de los 11 concejales de la corporación pública; y iii) “[…] durante el proceso
de elección y reelección no se presentaron advertencias específicas relacionadas
con los conflictos de interés contemplados en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), toda
vez que los concejales participantes conocían y aplicaban únicamente las
disposiciones sobre conflicto de intereses establecidas en el artículo 60 de la Ley
136 de 1994, norma tradicionalmente utilizada para el manejo de este tipo de
situaciones en las corporaciones públicas municipales. […]”.

141. Para resolver, la Sala resalta que no le asiste razón a la parte recurrente cuando
señaló que el tribunal omitió el análisis particular de las situaciones personales de
los acusados.

142. El tribunal consideró que, si bien los concejales no ostentaban conocimientos
jurídicos y la concejal Liliana Osorio Martínez ya habían ejercido previamente el
cargo de concejal del municipio de Risaralda, lo que implicaba mayor
responsabilidad, y que los concejales Yeni Paola Ramírez Orozco y Daniel Bedoya
Ospina era la primera vez que ostentaban el cargo de concejal, ninguna de esas
circunstancias justificaba ni el desconocimiento de la ley ni constituía un eximente
de responsabilidad, por cuanto les asistía el deber de conocer los requisitos para el
ejercicio del cargo o al menos asesorarse adecuadamente, lo cual no ocurrió o al
menos no se probó.

72
Cfr. Índice 30 del expediente digital de primera instancia. Documentos 26, 27 y 28. Página 11.
73
Cfr. Índice 30 del expediente digital de primera instancia. Documentos 26, 27 y 28. Páginas 36 y 37.

33

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

143. Adicional a lo anterior, el tribunal explicó que el supuesto normativo que les
exigía manifestar impedimento para intervenir en la elección del secretario general
era claro y por ende era la única manifestación esperable de los concejales
accionados, independientemente de que no fueran expertos en la materia.

144. Es de resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.° del Código
Civil, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para eludir su transgresión de las
normas, por lo que no es de recibo que los accionados argumenten que no está
configurado el elemento subjetivo de la causal, con ocasión de: i) la formación
académica de cada uno de ellos; ii) la falta de experiencia en el cargo; iii) la falta de
un asesor jurídico que los orientara en el concejo municipal o la inexistencia de
llamados por los órganos de control; ni por iv) la existencia de una tradición
administrativa en ese concejo que, por demás, no fue probada.

145. La Sala considera que las calidades personales del señor Daniel Bedoya
Ospina y de las señoras Liliana Osorio Martínez y Yeni Paola Ramírez Orozco los
dotan de la capacidad de discernir y entender que para el ejercicio del cargo de
concejal de un municipio requerían cumplir los requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico y que, en esa medida, como cualquier otra persona con las
mismas condiciones, tenía la obligación mínima de consultar la normativa y verificar
si se configuraba o no un impedimento constitutivo de conflicto de interés en los
términos del numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.

146. Para la Sala, la conducta de los accionados no cumple con ese mínimo
estándar obligatorio de diligencia y cuidado, en razón a que, como se explicó en
sentencia de 6 de marzo de 202574, las condiciones relativas a ser residente de una
zona rural o de ostentar estudios de primaria, en el caso del señor Daniel Bedoya
Ospina; o la condición de bachiller de la señora Yeni Paola Ramírez Orozco; la
condición de enfermera de la señora Liliana Osorio Martínez, o el hecho de ser el
primer periodo como concejales de Daniel Bedoya Ospina y Yeni Paola Ramírez
Orozco, no fueron obstáculo para lograr el aval de su partido político, realizar la
inscripción de su candidatura ante la organización electoral ni impidió a ninguno de
ellos ser elegido concejal para el periodo 2024-2027.

147. En esa medida, dichas circunstancias no tienen la aptitud o capacidad de
impedirles tomar conocimiento de las exigencias que el ordenamiento tiene
previstas para lograr la dignidad de concejal por voto popular, máxime si se tiene
en consideración que el impedimento establecido por el numeral 14. del artículo 11
de la Ley 1437 es claro, no ofrece mayores interpretaciones, no requiere de
mayores razonamientos ni juicios para entenderla y adicionalmente ha sido objeto
de estudio e interpretación consistente y pacífica por esta Corporación desde el año
2019.

74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 50001-23-33-000-2024-
00321-01. C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.

34

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

148. Los accionados no solo contaban con la capacidad cognitiva y de entendimiento
suficiente para discernir que, ante la participación del señor Edier de Jesús Sánchez
Uribe, en la convocatoria para la elección de secretario general del concejo
municipal, tenían la obligación legal de manifestar impedimento y que no hacerlo
podía configurar un conflicto de intereses; sino que ante la duda pudieron
informarse, consultar o asesorarse ante profesionales competentes, lo cual no
ocurrió, sin que sea de recibo para esta Sala -se reitera- los argumentos relativos a
la existencia o no de un asesor jurídico en el concejo municipal o la existencia de
una presunta tradición en el concejo, puesto que dichas circunstancias no relevan
a los accionados de su obligación de conocer o al menos buscar en forma activa
informarse sobre los requisitos para el acceso y ejercicio del cargo público, con el
objeto de garantizar la moralidad del ejercicio de su investidura.

149. Adicionalmente no se encuentra probado que los concejales accionados
hubieren realizado algún ejercicio informativo, de indagación o de consulta jurídica
o de cualquier otra clase, con el objeto de establecer la legalidad de su conducta o,
al menos, determinar si se encontraban incursos en conflicto de interés.

150. En ese sentido, se advierte que no alegaron ni probaron que hubiesen acudido
a la asesoría de un profesional idóneo para aclarar algún punto dudoso en relación
con los elementos del conflicto de interés objeto de estudio ni de la causal de
pérdida de investidura. Tampoco indagaron la jurisprudencia con el objeto de
evidenciar variaciones en la interpretación de la causal que hubieren podido
generar un error excusable por actuar amparados en la buena fe cualificada.

151. La interpretación de la causal de pérdida de investidura por violación del
régimen de conflicto de intereses derivada de la conducta prevista en el numeral
14. del artículo 11 de la Ley 1437 ha sido pacífica y uniforme desde el año 2019,
por lo que su actuar no estuvo justificado en la buena fe calificada producto de un
error invencible, sino que fue descuidada e inexcusable.

152. Por ello, no es suficiente que el concejal ponga de presente la convicción que
tenía sobre la rectitud o validez de su conducta, como ocurrió en la contestación de
la demanda y en el escrito particular anexo aportado por cada uno de los
accionados75, sino que es necesario que el juez de la pérdida de investidura analice
si la persona estaba, o no, en condiciones de superar el error, en virtud de la
diligencia requerida para el desarrollo de su actividad.

153. Además, no basta con que se alegue por el miembro de la corporación pública
de elección popular obró de buena fe o bajo una íntima convicción, sino que debe
acreditar la buena fe calificada, motivada por un error invencible, bien por actuar al
amparo de la jurisprudencia vigente para la época, o porque se asesoró
adecuadamente, y que pese a ello incurrió en la conducta reprochable, lo cual no
ocurrió.

75
Cfr. Índice 30 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “OFICIO DE DECLARACIÓN”, visible en
documentos núms. 26, 27 y 28. Página 38 de cada uno.

35

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

154. De otro lado, los accionados indicaron que el municipio de Risaralda está
clasificado como de sexta categoría y que no cuentan con recursos que permitan
la contratación de asesores jurídicos que les aclare si se encuentran incursos o no
en situaciones que impliquen la existencia de conflicto de interés.

155. La Sala considera que dicha situación no desvirtúa la configuración del
elemento subjetivo, teniendo en cuenta que, como se explicó, la culpabilidad implica
un juicio de reproche sobre la conducta del accionado, de manera que, no es de
recibo pretender justificar su actuar en una circunstancia externa a su
comportamiento como la precitada ausencia de un asesor jurídico en el concejo
municipal, la existencia de una presunta tradición administrativa en el concejo
municipal o la ausencia de requerimientos por parte de los órganos de control.

156. Ello porque en este caso lo que se reprocha es la ilicitud de la conducta, la
inacción inexcusable de los accionados, la imprudencia y, por ende, la conducta
gravemente culposa de estos.

157. En consecuencia, la Sala considera que los concejales accionados violaron el
régimen del conflicto de interés y que la conducta de cada uno de ellos fue
gravemente culposa puesto que, ante la claridad del supuesto fáctico en el que se
encontraban y su correspondencia con el supuesto normativo que les exigía
manifestar sus impedimentos, so pena de violar el régimen del conflicto de interés,
omitieron dirigir su conducta en dicho sentido, sin que se haya probado un actuar
amparado en la buena fe calificada proveniente de un error invencible.

158. Al respecto, se reitera que los accionados no allegaron al proceso prueba
alguna que permita acreditar la existencia de un eximente de la responsabilidad y
por ende les asistía el deber de conocer o, ante la duda, asesorarse
adecuadamente sobre los deberes que el cargo les imponía.

159. Con fundamento en las razones expuestas y al encontrarse demostrados los
elementos objetivo y el subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la
Ley 617, en concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437, esto es, por violación del régimen del conflicto de
intereses, la Sala confirmará la sentencia de 19 de noviembre de 2025, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas, que decretó la pérdida de
investidura del señor Daniel Bedoya Ospina y de las señoras Yeni Paola Ramírez
Orozco y Liliana Osorio Martínez, quienes resultaron elegidos concejales del
municipio de Risaralda (Caldas), para el período constitucional 2024-2027.

II.7. Conclusiones

160. A partir de una valoración integral de los medios de prueba que reposan en el
expediente, se demostró que los concejales del municipio de Risaralda para el
periodo 2024 - 2027, señor Daniel Bedoya Ospina y señoras Yeni Paola Ramírez

36

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01
Accionante: Lina Beatriz Gómez Martínez

Orozco y Liliana Osorio Martínez, incurrieron en los elementos objetivo y subjetivo
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1.
del artículo 48 de la Ley 617, por incurrir en la conducta establecida en el numeral
14. del artículo 11 de la Ley 1437.

161. Por estas razones, la Sala confirmará la sentencia de 19 de noviembre de
2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto
decretó la pérdida de investidura de los accionados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de noviembre de 2025, proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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