Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2024-00197-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2024-00197-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 23001-23-33-000-2024-00197-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 230012333000202400197011
Recurso de apelación contra la sentencia de 18 de febrero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE DECRETÓ LA PÉRDIDA DE
INVESTIDURA DE CONCEJALES POR INCURRIR EN VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN
DE CONFLICTO DE INTERESES AL PARTICIPAR Y VOTAR, SIN DECLARARSE
IMPEDIDOS, EN LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO, CON
QUIEN INTEGRARON LA LISTA DEL MISMO PARTIDO POLÍTICO, PARA LAS
ELECCIONES AL ACTUAL PERÍODO CONSTITUCIONAL (2024-2027).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante
contra la sentencia de 18 de febrero de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual
declaró la pérdida de investidura de los concejales del municipio de
Montelíbano (Córdoba), señores UBER EDUARDO CORREA
ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL
AUGUSTO VILLARREAL JORGE.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, podrán confrontarse de forma virtual.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ,
actuando por conducto de apoderado judicial, solicitó decretar la
pérdida de la investidura de los señores UBER EDUARDO CORREA
ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL
AUGUSTO VILLARREAL JORGE, concejales de Montelíbano
(Córdoba), al considerar que incurrieron en la causal prevista en el
artículo 55, numeral 2, de la Ley 136 de 2 de junio de 19942 en
concordancia con el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de
octubre de 20003, y con el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437
de 18 de enero de 20114, esto es, por violación al régimen de
conflicto de intereses.
I.2.- En apoyo de su pretensión, el solicitante adujo que los señores
UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO
MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE se
inscribieron como candidatos al concejo municipal de Montelíbano
(Córdoba), para el período 2024-2027, por el Partido Social de
Unidad Nacional (Partido de la U).
Señaló que en las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023,
los accionados resultaron elegidos concejales del municipio de
Montelíbano (Córdoba), para el periodo 2024-2027, y tomaron
posesión de sus cargos el día 1o. de enero de 2024.
2 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios».
3 «[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]».
4 «[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]».
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Indicó que el Concejo Municipal adelantó un concurso público para la
elección del secretario de la corporación, conforme a la convocatoria
pública 001 de 2024 y, como resultado del proceso, se conformó la
lista de elegibles, mediante la Resolución 014 de 26 de febrero de
2024, integrada por los señores EMILIO ENRIQUE MENDOZA
JEREZ y MARÍA NELLY PASTRANA PADRÓN.
Expresó que los concejales participaron en la elección del señor
EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ como secretario del Concejo,
lo cual se evidencia en el acta de 29 de febrero de 2024, en la que
consta que se hicieron presentes en la sesión y que no se ausentaron
en el momento de la votación.
Sostuvo que los accionados intervinieron activamente en la sesión
del Concejo, conformando el quorum, debatiendo y tomando
decisiones en el proceso de elección del cargo de secretario general,
sin declararse impedidos, pese a tener un evidente conflicto de
intereses, toda vez que el secretario electo había integrado la lista
para las elecciones al Concejo Municipal celebradas el 29 de octubre
de 2023, por el mismo partido político que el de aquellos.
Concluyó que están dados los elementos que configuran la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 55, numeral 2, de la
Ley 136, esto es, por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
I.3.- Los concejales UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ y
MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE5, actuando en nombre
propio, contestaron la solicitud en sendos escritos y en idénticos
términos, oponiéndose a la desinvestidura, para lo cual aseguraron
que el actor pretende equiparar el presente caso con el proceso de
radicación 05001-23-33-000-2024-00237-01, correspondiente a la
pérdida de investidura de unos concejales del municipio de Itagüí, lo
cual resulta improcedente, al tratarse de supuestos fácticos y
jurídicos diferentes, pues en dicho proceso los accionados actuaron
con conocimiento de la posible transgresión del ordenamiento
jurídico, mientras que en el caso bajo estudio, los concejales obraron
con la convicción errada pero invencible de que su conducta se
ajustaba plenamente a derecho, sin que existiera en ningún
momento intención o voluntad de infringir la ley; y que no poseen
formación jurídica, lo cual refuerza la ausencia de dolo o culpa en su
actuar.
Mencionaron que en el citado caso del Tribunal Administrativo de
Antioquia existen salvamentos de voto de 5 magistrados que
consideraron que las pretensiones de la solicitud no debían
prosperar, al estimar que la actuación de los accionados se
encontraba ajustada a derecho, por lo que solicitan que «se de
aplicación de la analogía in bonam partem al caso de autos» y se
tenga en consideración que «la causal de impedimento, de
recusación o de conflicto de intereses que en concreto se invocó en
este proceso, no reúne los requisitos del artículo 70 de la Ley 136 de
1994».
5 Expediente digital, cuaderno del Tribunal, índices 9 y 10.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Por su parte, el concejal RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA no
contestó la solicitud de pérdida de investidura.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA6
El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 18 de
febrero de 2025, decretó la pérdida de investidura de los concejales
de Montelíbano (Córdoba), señores UBER EDUARDO CORREA
ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL
AUGUSTO VILLARREAL JORGE, con fundamento en que en el
expediente se encuentra acreditado que tanto estos, como EMILIO
ENRIQUE MENDOZA JEREZ, se inscribieron como candidatos al
Concejo de Montelíbano (Córdoba) para el período constitucional
2024-2027 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil e hicieron
parte de la lista de avalados por el Partido Político de la Unión por la
Gente–Partido de la U, tal y como se acreditó con los formularios E6-
CO y E8-CO expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Mencionó que los señores UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ,
RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO
VILLARREAL JORGE resultaron elegidos concejales para el periodo
2024-2027, no así el señor EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ,
quien luego resultaría elegido secretario de esa corporación para el
mismo período, según se observa en la Resolución 013 de 26 de
febrero de 2024, a través de la cual se integró la lista de elegibles y
el Acta 018 del mismo mes y año, mediante el cual se eligió al
mencionado secretario.
6 Expediente digital, índice 41, cuaderno del Tribunal.
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Agregó que en el expediente no obra prueba que demuestre que los
concejales MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE, UBER
EDUARDO CORREA ÁLVAREZ y RAFAEL ANTONIO MENDOZA
VEGA se hubiesen declarado impedidos durante el trámite del
procedimiento administrativo que dio lugar a la elección del
secretario del Concejo Municipal de Montelíbano (Córdoba), sino que,
por el contrario, los mismos accionados, en las declaraciones
judiciales rendidas en el proceso, manifestaron no haberlo hecho.
Afirmó, en relación con la participación en la elección del secretario,
que el concejal RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA, en su calidad
de segundo vicepresidente del Concejo Municipal de Montelíbano
(Córdoba), participó activamente en dicho proceso electoral con la
firma de la resolución que abrió la convocatoria pública y la revisión
de las hojas de vida de los aspirantes (incluida la de EMILIO
ENRIQUE MENDOZA JEREZ); asimismo, los concejales participaron
en la elección de este como secretario, en la sesión ordinaria de 29
de febrero de 2024, como consta en el acta 018 de 29 de febrero de
2024.
Indicó que, al no haberse declarado impedidos para adelantar el
trámite de elección de EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ como
secretario general del Concejo Municipal de Montelíbano (Córdoba),
se configuró para los concejales un interés directo, particular, actual
e inmediato, sin que hubiesen aportado prueba alguna tendiente a
acreditar que la mencionada elección se llevó a cabo por razones
distintas a la de impulsar y elegir a su aliado político.
Sostuvo, frente al elemento subjetivo de la conducta, que los
accionados no actuaron con la diligencia debida para el desarrollo de la
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
actividad pública para la que fueron elegidos por el voto popular, toda vez
que estaban obligados a indagar y conocer las normas que regían sus
funciones de concejales, máxime cuando el ejercicio de un empleo público
acarrea una exigencia superior a las otras actividades, en la medida en
que solo se puede desarrollar o ejecutar lo que la Constitución, la ley y el
reglamento les permite.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS
III.1. El concejal UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ7, por
intermedio de apoderada judicial, impugnó la sentencia y manifiesta
que no se reúnen los elementos objetivos y subjetivos para la
configuración de la causal de pérdida de investidura endilgada por el
a quo.
Alega que no se demostró el vínculo de amistad entre el concejal y
el secretario elegido y, por ende, el interés directo en la elección de
este, pues «el hecho de estar en una lista por una curul a un cargo
de elección popular no garantiza que los participantes sean amigos»,
aunado a que la elección del secretario se ejecutó en cumplimiento
de sus funciones como concejal y en observancia del reglamento
interno de la corporación, toda vez que se efectuó por concurso
público eligiendo a quien había superado todas las pruebas y
satisfacía los requisitos para dicha elección.
Señala que no se demostró la configuración de una conducta dolosa,
por cuanto ninguna de las pruebas obrantes en el expediente permite
acreditar que tuviese pleno conocimiento de que, mediante el trámite
7 Expediente digital, índice 51, cuaderno del Tribunal.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
de elección del secretario del Concejo Municipal —EMILIO ENRIQUE
MENDOZA JEREZ— se estaba incurriendo en un conflicto de interés
susceptible de configurar una causal de pérdida de investidura.
Asevera que el razonamiento que plantea el Tribunal es desacertado,
al sostener que el interés surge exclusivamente del hecho de que el
secretario del Concejo percibe un salario, pues dicha afirmación
carece de un nexo de causalidad suficiente respecto del requisito de
beneficio personal.
III.2. El concejal MISAEL AUGUSTO VILLAREAL JORGE8, por
intermedio de apoderado judicial, impugna la decisión y solicita
revocarla por estimar que vulnera el principio de congruencia de la
sentencia, toda vez que, a su juicio, el fallador de primera instancia
no resolvió todos los argumentos que fueron expuestos
oportunamente en la contestación de la solicitud.
Sostiene que, para oponerse a las pretensiones de la solicitud,
requirió al Tribunal tener en cuenta los salvamentos de voto
efectuados a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en el proceso de radicación 05001-23-33-000-2024-
00237-00, en especial, lo referente a «la analogía in bonam partem»
y a «no reunirse los requisitos del artículo 70 de la Ley 136 de 1994»;
y que, sin embargo, su argumento no fue analizado por el a quo.
Menciona que la elección del secretario del Concejo no se regula por
el CPACA y, por lo tanto, tampoco le es aplicable el régimen de
conflictos de interés y de impedimentos del artículo 11 ibidem. Y que
8 Expediente digital, índice 52, cuaderno del Tribunal.
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Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de los
concejales es diferente a las causales generales de impedimento de
los servidores públicos, las que no dan lugar a la consecuencia
sancionatoria de la desinvestidura.
Insiste en que a los concejales se les debe aplicar la misma excepción
al régimen de conflicto de intereses prevista por el ordenamiento
para congresistas y diputados, cuando participan en elecciones de
otros servidores mediante el voto secreto, en virtud de la aplicación
de la analogía in bonam partem.
Señala que existe un conflicto de normas en el tiempo, entre las leyes
136 de 1994 y 1437 de 2011, teniendo en cuenta que esta última es
una normativa ordinaria general y posterior que: i) no suprimió o
modificó la primera y, además, al guardar silencio sobre el tema
correspondiente a los requisitos del conflicto de intereses, no
modificó, subrogó, ni derogó la ley ordinaria especial y previa.
III.3. El concejal RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA9 apela la
decisión y solicita su revocatoria, por falta de concurrencia del
elemento objetivo en el caso concreto, pues si bien el fallo de primera
instancia hace referencia a la existencia de un interés directo,
particular, actual o inmediato por parte del concejal o de su círculo
cercano, como requisito objetivo derivado del artículo 11, numeral
14, del CPACA, su análisis y fundamentación carecen de la
consideración de aspectos favorables, tales como la analogía del
régimen de conflicto de intereses aplicable a los diputados y
9 Expediente digital, índice 53, cuaderno del Tribunal.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
congresistas, teniendo en cuenta que se trata de funciones similares
sobre sus facultades de elegir a otros servidores públicos.
Asevera que la falta de armonización en la aplicación de este criterio
para los concejales implica una sanción desproporcionada que
desconoce las garantías establecidas para otros cuerpos colegiados
y conlleva la «vulneración de los principios de razonabilidad,
proporcionalidad e igualdad, esenciales en un Estado Social de
Derecho».
Manifiesta que es desacertada la afirmación del Tribunal referida a
que «no es posible deducir una regla especial aplicable al trámite de
los impedimentos y recusaciones de las leyes 136 y 1904 de 2018»,
pues lo cierto es que el artículo 70 de la Ley 136 establece una regla
especial para los conflictos de interés en el caso de los concejales,
exigiendo la configuración de un interés directo, particular e
inmediato del concejal o de su círculo familiar cercano; y que,
mientras que Ley 1904 de 27 de junio de 201810, que regula la forma
en que el Congreso de la República elige al contralor general,
establece que sus disposiciones también pueden ser aplicadas a la
elección de contralores departamentales, distritales y municipales y,
comoquiera que en dicha ley no se aborda el tema del conflicto e
intereses, se debe aplicar la Ley 5ª de 17 de junio de 199211 que
expresamente prevé que no hay conflicto de intereses cuando los
miembros de una corporación pública votan de forma secreta para
elegir a otros funcionarios, siendo la única excepción el parentesco
con alguno de los candidatos.
10 “[…] Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de contralor
general de la República por el Congreso de la República […]”.
11 “[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
[…]”.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Menciona que el fallo impugnado también desconoce lo dispuesto en
el artículo 56 de la Ley 2200 de 8 de febrero de 202212, relativo al
conflicto de intereses de los diputados, pues, al igual que los
concejales, aquellos son miembros de corporaciones públicas de
elección popular que hacen parte de la rama ejecutiva del poder
público y respecto de los cuales debe probarse el beneficio particular,
actual y directo para decretar su desinvestidura.
Puntualiza que las leyes 5ª para los congresistas y 2200 para los
diputados, establecen criterios claros y más amplios sobre lo que
constituye un conflicto de intereses, de manera que resultan
aplicables a los concejales por analogía «in bonam partem», en
armonía con el principio de favorabilidad en materia sancionatoria,
debido a la naturaleza análoga de las funciones que desempeñan en
sus respectivos niveles territoriales, especialmente en lo que
respecta a la elección de servidores públicos.
Indica, respecto a los principios de «debido proceso, igualdad,
tipicidad, prohibición de responsabilidad objetiva, especialidad y
subsidiariedad», que solo pueden ser sancionadas las conductas
descritas con claridad en la norma, por lo que no es suficiente que se
argumente un supuesto conflicto de intereses si no existe prueba de
que haya obtenido un beneficio particular, actual y directo, que
implique dolo o culpa y sin un análisis jurídico que privilegie normas
específicas aplicables al caso concreto.
12 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los departamentos […]”.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Resalta que, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 153 de 24
de agosto de 188713, las leyes posteriores deben prevalecer sobre
normas anteriores cuando regulan aspectos favorables o
complementarios y exista duda en la interpretación de la norma; y
que, por tanto, en el caso particular debió aplicarse el régimen de
conflicto de intereses dispuesto para diputados en la Ley 2200 y no
las normas de la Ley 1437 por ser esta última anterior y general.
Anota que el conflicto de intereses que se debía resolver en el caso
concreto debió considerar el control de convencionalidad, en aras de
salvaguardar principios de la Convención Americana de Derechos
Humanos, tales como el derecho al debido proceso (artículo 8), la
igualdad ante la ley (artículo 24) y derechos políticos (artículo 23).
Cuestiona que la sentencia apelada señalara que «no aportaron
pruebas que acreditaran que la elección del secretario se realizó por
razones distintas a impulsar y elegir a un aliado político», pues, por
el contrario, no se ha demostrado que con la elección del señor
EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ, como secretario del Concejo,
hubiese obtenido un beneficio personal, ni que existan vínculos
familiares, económicos o de otra índole que lo relacionen
directamente con el elegido, aunado a que la pertenencia al mismo
partido político no configura, por sí sola, un conflicto de intereses.
Menciona que la postura del Tribunal implicó la inversión de la carga
de la prueba pues se exigió demostrar la inexistencia de un interés
indebido, cuando en realidad corresponde a la parte acusadora
probar de manera clara y contundente la existencia de dicho interés.
13 “[…] Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887 […]”.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Aduce que pese a que en la sentencia no se encontró acreditado el
actuar doloso porque, según lo señalado en el fallo impugnado, no
hubo intención deliberada de lesionar derechos o de privilegiar un
interés personal, procedió a imputar la conducta culposa porque los
accionados no actuaron con la diligencia debida en el desempeño de
sus funciones públicas; y que, sin embargo, tal postura es
contradictoria, en la medida en que al no acreditarse
probatoriamente la concurrencia de un interés personal, resulta
insuficiente fundamentar la declaratoria de pérdida de investidura en
dicho argumento.
Arguye que no hay lugar a estimar configurada la culpa grave con
fundamento, únicamente, en un supuesto desconocimiento de las
normas aplicables, cuando ello no evidencia una negligencia extrema
ni un incumplimiento inexcusable de sus deberes, sino una posible
falta de información o capacitación, más aun teniendo en cuenta que
en materia disciplinaria la culpa grave requiere demostrar que la falta
de diligencia sea manifiesta y reprochable a un nivel que trascienda
el simple error o descuido.
Por último, señala que la falta de pruebas que acrediten un interés
directo, particular, actual o inmediato en cabeza de los accionados
refuerza la inexistencia de un conflicto de intereses, elemento sin el
cual cualquier imputación de responsabilidad carece de fundamento
que permita justificar la sanción.
IV.- TRASLADO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
IV.1.- Durante el traslado de los recursos de apelación, el actor
guardó silencio.
IV.2.- El procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado14
rindió concepto solicitando confirmar la sentencia de primera
instancia, para lo cual señaló que en el proceso quedó demostrado
que los concejales estaban obligados a conocer el marco normativo
que regula o restringe sus funciones, de lo cual se infiere que debían
acatar lo dispuesto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 y,
en consecuencia, haberse declarado impedidos para participar en la
elección del secretario del Concejo Municipal, so pena de incurrir en
conflicto de intereses y así en la pérdida de su investidura por la
casual descrita en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos de los
recursos de apelación interpuestos por los accionados y, en
consonancia con la solicitud inicial, si los concejales de Montelíbano
(Córdoba), señores UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ, RAFAEL
ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL
JORGE, incurrieron en la causal prevista en los artículos 55, numeral
2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en concordancia
con los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numerales 14 y 15 de la Ley
1437, esto es, por violación del régimen de conflicto de intereses, al
participar y votar, sin declararse impedidos, en la elección del señor
EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ como secretario general de
14 Expediente digital, índice 8, cuaderno del recurso de apelación.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
ese concejo municipal, —período 2024-2027—, con quien integraron
la lista inscrita por el mismo partido político para las elecciones a
dicha corporación en el período actual.
V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales15
En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:
“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses [...]” (Resaltado fuera del texto
original).
“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando
se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]”
(Resaltado fuera del texto original).
15 Sobre el marco jurídico que se expone en la presente providencia, se puede consultar las siguientes
sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de
radicación 47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701.
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En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136, previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:
«[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]» (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
A su vez, el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, en cuanto a
conflictos de interés, determina lo siguiente:
«[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:
[…]
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores […]». (Destacado fuera de texto).
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La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo de esta corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la república,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.
Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011 de la Sala Plena 16, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:
«[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:
i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.
ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.
En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de abril de 2011,
número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente Enrique Gil
Botero.
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para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”
iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.
De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena[17], los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala [18], que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-
En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
[17] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre
de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
[18] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de
2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
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intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.
Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.
La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 2008[19], y así se concluyó en ese dictamen. -sentencia
del 23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
CP. Hugo Fernando Bastidas-
En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates [20], así sea
simplemente integrando el quorum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo[21].” ⎯Sala Plena, sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez⎯.
iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
[19] «[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones
respecto del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado,
porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación
preliminar por actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos
normativos y los hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que
proceda a declarar su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida
sobre el mismo. En caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto
de Acto legislativo, ¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de
investidura? De acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare
su impedimento ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del
proyecto, además de la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar
a que se le iniciara una investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual
proceso de pérdida de investidura […]».
[20] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de
2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
[21] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
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ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.
v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.
vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]» [22].
A su vez, esta Sección23 ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de 2004 de la
Sala de Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad,
fundamento y características que debe reunir el conflicto de interés,
en el cual se plasmaron las siguientes consideraciones:
«[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.
2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.
2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
[22] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de
2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García González. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18
de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
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caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.
2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión ⎯para el caso, la motivación del voto⎯. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto, se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.
2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,
por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.
3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:
3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
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derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).
c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.
d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.
3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:
a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.
3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
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de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]»24.
A partir de estos precisos elementos de juicio la Sección25 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.
El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.
La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación
número 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. Consideraciones que también fueron expuestas en la
sentencia de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación 50001-23-33-000-2013-00027-
02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González, en tratándose de la pérdida de
investidura de diputados.
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asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, -ya sean de orden moral y/o económico-,
y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.
En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de interés
se deben acreditar los siguientes supuestos: i) la calidad de concejal;
ii) la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza
del concejal o de su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, en un
asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones
constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate
o votación del asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto
que configura el interés.
V.3.- El conflicto de intereses derivado de la causal de
impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral
14, de la Ley 1437
El artículo 11 de la Ley 1437 prevé el régimen de conflicto de
intereses y las causales de impedimento y recusación de los
servidores públicos que deberá observarse cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular
y directo de aquellos que deban adelantar o sustanciar actuaciones
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administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas.
El numeral 14 de dicha disposición establece que todo servidor
público que haya hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el
interesado, en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores, deberá
declararse impedido para intervenir, así:
«[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de
la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo
del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta
su impedimento por:
(…)
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores […]» (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En los términos de esta norma, se considera que el impedimento se
presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una situación
que, a su juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para
conocer de una actuación administrativa; y la recusación ocurre
cuando dicha situación se da a conocer por cualquier ciudadano en el
marco del procedimiento de que se trate y en los términos del artículo
70 de la Ley 136, que prevé que «[…] [c]ualquier ciudadano que
tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal,
que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella […]».
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La Sección Primera, en sentencia de 19 de septiembre de 201926,
reiterada en sentencias de 3 de marzo y 11 de mayo de 202327,
consideró que la norma regula dos situaciones diferentes: i) haber
hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores; y ii) haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular integradas también por el interesado
en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores. Sobre el particular, esta
Sala explicó lo siguiente:
«[…] Nótese que dicha norma emplea la letra “o”, como una
conjunción disyuntiva que denota “diferencia, separación o
alternativa entre dos o más personas o ideas” ⎯Diccionario de la
Lengua Española [28] ⎯, lo que indica, entonces, que existen dos
alternativas que la configuran, a saber, i) el hecho de que la lista
sea inscrita por el interesado y ii) la situación de que la lista sea
integrada por el interesado.
La palabra “inscrita” ⎯primera alternativa de la norma⎯ es el
participio irregular del verbo inscribir ⎯Diccionario de la Lengua
Española [29] ⎯ siendo inscribir “[…] 2. tr. Apuntar el nombre de
una persona entre los de otras para un objeto determinado […]”
[30], que en el contexto de la norma analizada ⎯numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011⎯ implica que el interesado en la
actuación administrativa apuntó ⎯ante las autoridades
electorales⎯ la lista de candidatos a cuerpos colegiados con el
objeto de que estos participaran en la contienda electoral respectiva.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 3 de
marzo de 2023, número único de radicación 250002315000202201015-01 y de 11 de mayo de
2023, número único de radicación 25000231500020220101601, consejero ponente Hernando
Sánchez Sánchez.
28 https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu
29 https://dle.rae.es/?id=LjeeytK
30 https://dle.rae.es/?id=LjZ6dL7
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
La palabra “integrada” ⎯segunda alternativa de la norma⎯ es el
participio del verbo integrar [31] ⎯Diccionario de la Lengua
Española⎯ siendo integrar “[…] 1. tr. Dicho de diversas personas o
cosas: Constituir un todo […] 2. tr. Completar un todo con las partes
que faltaban […] 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte
de un todo […] 4. tr. Comprender (II contener). […]” [32], concepto
distinto a inscribir y que en el contexto de la norma analizada
⎯numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011⎯ implica que
el interesado en la actuación administrativa hacía parte y constituía
la lista de candidatos a cuerpos colegiados que participarían en la
contienda electoral respectiva […]»33.
Asimismo, la Sección en sentencia de 20 de enero de 2023,
consideró: «[…] repárese, además, que abundante jurisprudencia de
esta corporación ha señalado que el cumplimiento de este requisito
no se circunscribe a cuestiones eminentemente legislativas, sino que
es necesario que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del servidor público de elección popular; eso
significa que el impedimento no solo puede darse en el ejercicio de
funciones normativas, sino también políticas, electorales y
administrativas […]»34.
Ahora, también la jurisprudencia de esta Sección35 ha sostenido de
manera reiterada que una de las formas en que se transgrede el
régimen del conflicto de interés consiste en que el concejal, estando
incurso en alguna de las hipótesis previstas por la ley como causal
31 https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
32
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
enero de 2023, número único de radicación 05001233300020220096801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
35 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencias de 19 de septiembre de 2019, número único de radicación 13001-23-33-000-2018-
00738-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; de 27 de abril de 2023, número
único de radicación 25000231500020220092701(PI), consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón; de 11 de mayo de 2023, número único de radicación 25000231500020220101601,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; y de 10 de agosto de 2023, número único de
radicación 25000231500020220092601(PI), consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
de impedimento aplicable al asunto que conoce o decide, omite
manifestarse impedido; esto, toda vez que los impedimentos con su
correspondiente deber de manifestación operan como herramienta
clave para garantizar la prevalencia del interés general sobre el
particular o privado del concejal, o de su círculo cercano, familiar o
de negocios.
Así lo sostuvo la Sección Primera, entre otras, en la sentencia de 26
de septiembre de 2024, en la que, a partir del contenido normativo
de los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numeral 14, de la Ley 1437,
concluyó:
«[…] 98. La Sala considera que para efectos de la configuración de
la violación del régimen del conflicto de interés previsto en el artículo
70 de la Ley 136, cuando la circunstancia o condición en la que se
encuentra el concejal se subsume en el supuesto fáctico que la
norma aplicable prevé como causal de impedimento y recusación,
no manifestar la situación conflictiva, a pesar de no haber sido
recusado, y aun así participar del conocimiento, deliberación o
votación del asunto, constituye un conflicto de intereses susceptible
de activar la causal de pérdida de investidura de los concejales.
99. En estas circunstancias, y en lo que tiene que ver con el conflicto
de interés que surge del impedimento previsto en el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437, el deber de declarar el impedimento
surge para el concejal independientemente de que la elección del
servidor público sea producto de un concurso de méritos o de una
convocatoria pública, o de que esa elección se deba surtir respecto
de un único aspirante o de una lista de elegibles […]».36
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
septiembre de 2024, número único de radicación 05001-23-31-000-2024-00237-01(PI), C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
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Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
V.4.- Del caso concreto
V.4.1. Análisis del elemento objetivo de la causal prevista en
el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437
En el presente caso, el fallador de primera instancia halló probado el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, por
violación del régimen de conflicto de intereses, respecto de la causal
establecida en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, al estimar
que los concejales participaron en la elección del señor EMILIO
ENRIQUE MENDOZA JEREZ como secretario general del Concejo
Municipal de Montelíbano (Córdoba), sin declararse impedidos, a
pesar de que habían hecho parte de la misma lista de candidatos del
Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) para el cargo de
elección del mencionado Concejo, así:
«[…] se encuentra acreditado que sólo los señores Misael Augusto
Villarreal Jorge, Uber Eduardo Correa Álvarez, y Rafael Antonio
Mendoza Vega resultaron elegidos como concejales del municipio
de Montelíbano para el periodo 2024-202713, y que vienen
ejerciendo su función como Concejales de dicho municipio
conforme al acta No. 001 de 2 de enero de 2024, y demás
documentos aportados, incluso fue manifestado por ellos en el
interrogatorio de parte practicado dentro del presente proceso el
20 de enero de 2025.
También se encuentra acreditado que Emilio Enrique Mendoza
Jerez estuvo interesado, participó y resultó electo como
Secretario del Concejo Municipal de Montelíbano para el periodo
2024 (el cual es coincidente con el periodo de los concejales
electos para el periodo 2024-2027), tal y como consta entre otros
en la Resolución No. 013 de 26 de febrero de 2024 mediante el
cual se integró la lista de elegibles, y el Acta No. 018 de 29 de
febrero 2024 mediante el cual se eligió al mencionado secretario.
(…)
En el expediente no obra prueba que dé cuenta que los concejales
Misael Augusto Villarreal Jorge, Uber Eduardo Correa Álvarez, y
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Rafael Antonio Mendoza Vega se hubieran declarado impedidos
durante el trámite del procedimiento administrativo que dio lugar
a la elección como secretario del Concejo Municipal de
Montelíbano a Emilio Enrique Mendoza Jerez (…)
(…)
Los demandantes no aportaron ninguna prueba tendiente a
acreditar que la elección del secretario se llevó a cabo por razones
distintas a la de impulsar y elegir a su aliado político, en la medida
en que, al comulgar en el mismo partido de la U con el aspirante
y posteriormente elegido secretario, resulta factible que se
quisiera favorecer en el procedimiento de elección, lo cual
colocaría en desventaja o desigualdad frente a la otra persona que
participó y conformó la lista de elegibles.
Así las cosas, más allá del tipo de funciones que vaya a desarrollar
un secretario de un concejo municipal, y de las ventajas que
pueda propiciar en sus trámites, no hay que perder de vista que
con el sólo hecho de permitirle acceder a un cargo público
remunerado, surge un beneficio de aquella persona, que como en
el presente caso, pertenece a una misma línea política. […]».
En orden a la verificación de los requisitos para la configuración de
la causal en estudio, se tiene que:
• Sobre la calidad de concejales de los accionados
Está acreditado que los señores UBER EDUARDO CORREA
ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL
AUGUSTO VILLARREAL JORGE se inscribieron como candidatos al
Concejo de Montelíbano (Córdoba) para el período constitucional
2024-2027 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, como
parte de la lista de avalados por el Partido Político de la Unión por la
Gente – Partido de la U (formulario E6- CO, y E8-CO)37. Asimismo,
se acreditó que los accionados fueron declarados concejales electos
de Montelíbano (Córdoba), en representación del referido partido,
para el período constitucional 2024-2027, según consta en el
37 Visible a folios 135 a 138 de los anexos de la solicitud.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Formulario E-24 de 29 de octubre de 2023, expedido por la Comisión
Escrutadora Municipal, de acuerdo con los resultados de las
elecciones que se llevaron a cabo en dicha fecha38.
• Sobre el interés directo, particular y actual de los
concejales o alguna de las personas señaladas en la ley, de
orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación
pública
En relación con este aspecto, se encuentra demostrado en el proceso
que los señores UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ, RAFAEL
ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL
JORGE se inscribieron en la lista de aspirantes al Concejo Municipal
de Montelíbano (Córdoba), para el período 2024-2027, en la misma
lista y por el mismo partido que el señor EMILIO ENRIQUE
MENDOZA JEREZ, conforme consta en los numerales 1, 5, 11 y 15
de la lista definitiva de candidatos inscritos por el Partido de la U
contenida en el formulario E - 8 CO, correspondiente a las elecciones
de 29 de octubre de 202339.
Se encuentra probado también que el Concejo Municipal de
Montelíbano (Córdoba), mediante Resolución 005 de 2024 ordenó la
apertura de la convocatoria pública 001 de 2024 para «PROVEER EL
CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
MONTELÍBANO – CÓRDOBA»; con Resolución 013 de 2024 integró la
lista de elegibles; y a través del Acta 018 de 29 de febrero 2024
38 Folios 139 y ss. idem.
39 Folio 138 idem.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
declaró la elección del señor EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ
como secretario del cabildo40.
Igualmente, se observa que los concejales UBER EDUARDO
CORREA ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y
MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE estuvieron presentes en
la sesión de elección del secretario y no se ausentaron de la
votación41, por lo que participaron en la votación y elección del señor
EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ como secretario general del
Concejo Municipal de Montelíbano (Córdoba) para el período 2024-
2027. Tampoco hay constancia de que los mencionados concejales
se hubiesen declarado impedidos para participar en la votación, y así
lo corroboraron en la diligencia de testimonio rendida en primera
instancia.
Ahora, los recurrentes alegan que, en el presente caso, no está
demostrado el interés directo como elemento constitutivo de la
causal prevista en el artículo 70 de la Ley 136, en la medida en que:
no se demostró el vínculo de amistad con el señor EMILIO ENRIQUE
MENDOZA JEREZ, ni que se haya obtenido un beneficio personal o
que existan vínculos familiares, económicos o de otra índole que lo
relacionen directamente con el elegido; la elección del secretario se
efectuó por concurso público; la elección cuestionada no se rige por
las normas de la Ley 1437 y, por ende, no le es aplicable el régimen
de conflicto de interés de su artículo 11; y la causal de pérdida de
40 Folio 302 idem y Acta 018 de 2024, visible en los anexos del cuaderno del Tribunal:
«16Memorialrecibi_Radicacion2300123330(.pdf) NroActua 18».
41 Concejales ausentados: JHON FREDU POSADA CUARTAS, ANDRÉS DANIEL DELGADO
DOMINGUEZ, CARMEN ADELFA GUETO LÓPEZ, LEONARDO FAVIO PATIÑO DÍAZ y YANILSON DE
JESÚS ROMERO MACEA. Acta 018 de 2024.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses es
diferente a las causales de impedimento de los servidores públicos.
Sobre la falta de acreditación del interés directo por la no
demostración del vínculo de amistad o del interés particular en la
reprochada actuación, se observa que los accionados no
controvierten que resultaron elegidos como concejales del municipio
de Montelíbano (Córdoba) por el Partido de la U en los comicios de
octubre de 2023, como parte de la misma lista integrada por el
aspirante y elegido secretario de ese cabildo para el mismo período
electoral, elección en la que participaron sin declararse impedidos.
Siendo ello así, forzoso resulta concluir que las circunstancias que
están demostradas en el expediente encuadran en la causal de
impedimento prevista por el artículo 11, numeral 14, del CPACA que
establece que «cuando el interés general propio de la función pública
entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público, éste deberá declararse impedido. Todo servidor público que
deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas
podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: (…) 14.
Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de
elección popular inscritas o integradas también por el interesado en
el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
algunos de los dos períodos anteriores».
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Ahora, la jurisprudencia de la Sección Primera42 ha considerado que
los procedimientos relacionados con la elección de funcionarios a
cargo de las corporaciones públicas municipales y distritales son
procedimientos administrativos especiales, y que, en aquellos
eventos en los que la reglamentación especial nada señala,
especialmente, sobre los impedimentos y recusaciones, se aplicarán
los artículos 11 y 12 de la Ley 1437, en virtud de lo previsto en el
inciso tercero de su artículo 2°, así: «[…] Las autoridades sujetarán
sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este
Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes
especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las
disposiciones de este Código […]».
Asimismo, ha estimado que la ley entiende que en las situaciones
descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra comprometida
la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos,
precisamente, porque el legislador deduce que de esa situación surge
un conflicto de interés ante la existencia de intereses personales,
directos y actuales en relación con la decisión que debe adoptarse,
derivados concretamente del hecho de haber integrado la misma lista
con quien tiene interés en la actuación administrativa, en períodos
electorales coincidentes43.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2019, número único de radicación 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
43 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencias de 19 de septiembre de 2019, número único de radicación 13001-23-33-000-2018-
00738-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; de 27 de abril de 2023, número
único de radicación 25000231500020220092701(PI), consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón; de 11 de mayo de 2023, número único de radicación 25000231500020220101601,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; y de 10 de agosto de 2023, número único de
radicación 25000231500020220092601(PI), consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
En este orden, y en virtud de lo señalado en el artículo 70 de la Ley
136, la configuración de un conflicto de intereses como causal de
pérdida de investidura se materializa cuando el concejal,
encontrándose en una situación subsumible en una causal de
impedimento o recusación —como la prevista en el artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011— omite manifestar dicha circunstancia y, no
obstante, participa en el trámite, deliberación o decisión del asunto
correspondiente. Tal conducta vulnera el régimen de conflicto de
intereses, independientemente de que no haya mediado recusación
formal, dado que la ley presume comprometida la imparcialidad del
servidor público en tales condiciones.
Sobre la aplicación de las casuales previstas en el artículo 11 del
CPACA, la Sala advierte, tal como se ha precisado en reiterada
jurisprudencia, que la mencionada norma enlista las circunstancias
de conflicto de interés y causales de impedimento y recusación para
todo servidor público y, por tanto, que la misma cobija los eventos
en los que los concejales, como servidores públicos de acuerdo a la
definición del artículo 122 Superior, les asiste el deber de manifestar
su impedimento cuando se encuentren incursos en las circunstancias
allí previstas44.
En lo que concierne a la imposibilidad de configurarse un conflicto de
intereses, cuando la actuación reprochada se hizo mediante concurso
público, en este caso, la elección del secretario del Concejo, la Sala
advierte que tal circunstancia no descarta per se el surgimiento de
44 Al respecto, pueden verse, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencias de 19 de septiembre de 2019, número único de radicación 13001 23 33
000 2018 00738 01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; de 3 de marzo de 2023,
número único de radicación 25000 23 15 000 2022 01015 01, consejero ponente Hernando Sánchez
Sánchez; de 14 de septiembre de 2023, número único de radicación 25 000 23 15 000 2022 01014
01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
un conflicto de intereses en los concejales que deben elegir dicho
cargo de la lista de elegibles, por cuanto si bien el concurso garantiza
la idoneidad del aspirante, no elimina automáticamente la posibilidad
de que los concejales tenga interés personal, directo y actual en el
nombramiento, especialmente si tienen vínculos políticos, familiares
o económicos con quien ocupa el primer lugar en la lista de
elegibles45.
Bajo estas circunstancias, para la Sala no hay duda del interés
particular que les asistía a los accionados al participar en la
deliberación y votación de quien ocuparía el cargo de secretario del
Concejo y que otrora había sido su compañero de lista en la
aspiración al mismo recinto y por el mismo período electoral en el
que resultaron elegidos como concejales.
• Que los concejales participen efectivamente del respectivo
trámite, sin haber manifestado su impedimento para actuar
o sin haber sido recusados para el efecto
En cuanto a su participación en la actuación que dio lugar a la
elección del señor EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ como
secretario general del Concejo Municipal de Montelíbano (Córdoba),
en los recursos se alegó que la sentencia impugnada no resolvió
todos los argumentos que fueron expuestos, oportunamente, en la
contestación de la solicitud, por cuanto, para oponerse a las
pretensiones del actor, solicitó al Tribunal tener en cuenta los
salvamentos de voto a la sentencia proferida por el Tribunal
45 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 13 de marzo de 2025, número único de radicación 25000 23 15 000 2024 00769 01,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Administrativo de Antioquia, en el proceso de radicación 05001-23-
33-000-2024-00237-00, en lo concerniente a (i) la analogía in
bonam partem y a (ii) la improcedencia de la causal de impedimento,
de recusación o de conflicto de intereses prevista en el artículo 70 de
la Ley 136.
Conviene precisar que el referido argumento, que a juicio del
recurrente no fue considerado por el Tribunal, quedó consignado en
el escrito de contestación de la solicitud, como se transcribe a
continuación:
«Así mismo, para nuestra defensa solicitamos se tengan en
cuenta los salvamentos de voto del fallo de primera instancia
del Tribunal de Antioquia dentro del radicado antes citado,
como son entre otras (i) Se dé aplicación de la analogía in
bonam partem al caso de autos; (ii) La causal de impedimento,
de recusación o de conflicto de intereses que en concreto se
invocó en este proceso, no reúne los requisitos del artículo 70
de la Ley 136 de 1994»
Si bien se destaca que los mencionados argumentos defensivos no
fueron desarrollados y que el accionado se limitó a indicar el número
del radicado del proceso del Tribunal, sin llegar a desarrollar una
argumentación propia, articulada y específica, la Sala, en aras de la
prevalencia del derecho sustancial y del derecho de contradicción,
procederá a referirse a ellos.
Los recurrentes argumentan que según el artículo 56 de la Ley 2200,
no hay conflicto de intereses para los diputados cuando participan en
la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto,
salvo que se presente una causal de inhabilidad en relación con el
candidato; y que esta misma regla aplica en la Ley 5ª para los
congresistas.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Así, estiman que se debe aplicar la misma excepción al régimen de
conflicto de intereses prevista para congresistas y diputados, cuando
participan en elecciones de otros servidores mediante el voto secreto,
en virtud de la aplicación de la analogía in bonam partem y en
armonía con el principio de favorabilidad.
Para resolver, se advierte que los artículos invocados por los
recurrentes señalan:
«[…] Artículo 56. Conflicto de intereses. Todos los diputados
deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en
ejercicio de sus funciones. Se entiende como conflicto de interés una
situación donde la discusión o votación de un proyecto de
ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y
directo a favor del diputado.
(…)
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés
en las siguientes circunstancias:
(…)
e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que
se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los
candidatos […]». (Resaltado fuera del texto)
«[…] Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los
congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los
conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus
funciones.
Se entiende como conflicto de interés una situación donde la
discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o
artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a
favor del congresista.
(…)
f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que
se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los
candidatos […]». (Resaltado fuera de texto)
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Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Sobre la aplicación de las referidas normas al régimen de conflicto de
intereses de los concejales, cabe señalar que la Ley 2200 de 2022
contiene normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los departamentos; y su artículo 56, cuya
aplicación deprecan los concejales, está dirigido a los diputados,
como se advierte de la literalidad de su texto:
«[…] Artículo 56. Conflicto de intereses. Todos los diputados
deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en
ejercicio de sus funciones. Se entiende como conflicto de interés una
situación donde la discusión o votación de un proyecto de
ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y
directo a favor del diputado.
(…)
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés
en las siguientes circunstancias:
(…)
e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que
se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los
candidatos […]». (Resaltado fuera del texto original).
(…)
En ese sentido, no resulta procedente la aplicación del citado
precepto normativo al caso sub judice, toda vez que está dirigido,
exclusivamente, a la organización y funcionamiento de los
departamentos como entidades territoriales, conforme a lo
establecido en el artículo 1°46 de la misma ley. En consecuencia, al
tratarse en este caso de actuaciones relacionadas con los miembros
del concejo municipal, resulta improcedente extender los efectos de
una norma que no prevé dentro de su ámbito al órgano colegiado del
municipio.
46 «Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen político y
administrativo que rige a los departamentos como entidades territoriales, autónomas y
descentralizadas que hacen parte de la República unitaria».
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No puede hacerse extensivo, por analogía, el contenido del
mencionado artículo 56, -ni el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992-, por
cuanto no existe vacío normativo en el caso de los concejales,
quienes cuentan con regulación expresa prevista en los artículos 55
de la Ley 136 y 48 de la ley 617, en consonancia con el artículo 11,
numeral 14, del CPACA, normas que establecen con precisión que
habrá lugar a la pérdida de investidura del cabildante que haya
violado el régimen de conflicto de intereses, el cual, a su vez, surge
por disposición legal expresa cuando han conformado listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o
integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa, o en alguno de los dos
períodos anteriores, y, aún así, aquel no se declara impedido.
En este orden de ideas, la Sala encuentra improcedente la aplicación
por analogía del artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 —dirigido
exclusivamente a los diputados en el marco de la organización y
funcionamiento de los departamentos— a los concejales en materia
de conflicto de intereses, habida cuenta que no se configura un vacío
legal que justifique la analogía, por cuanto, como lo precisó la Sala
en la sentencia transcrita, los concejales cuentan con un régimen
normativo específico y vigente, previsto en los artículos 55 de la Ley
136, 48 de la Ley 617 y 11, numeral 14, del CPACA47.
Seguidamente, tambien se reprocha que en el fallo impugnado no se
aludió al cumplimiento de los requisitos para que se configure la
47 Criterio que también fue sostenido por la Sala en la sentencia de 31 de julio de 2025, número
único de radicación 27001 23 33 000 2024 00031 01, consejero ponente Oswaldo Giraldo López, al
indicar «[…] además, tampoco puede perderse de vista que la Ley 2200 de 2022, por ser norma
especial para los diputados, no puede ser aplicable al presente asunto; por lo tanto, este reproche
tampoco tiene vocación de prosperidad […]».
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causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses previstos
en el artículo 70 de la Ley 136 de 1994.
Al respecto, se observa que la sentencia del Tribunal indicó:
«[…] En cuanto el conflicto de intereses tenemos que se ha indicado
que es la institución jurídica que busca garantizar la prevalencia del
interés general sobre el particular. Así, cuando ello exista obliga al
servidor a declararse impedido.
El numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, respecto de la
pérdida de investidura de los concejales por conflicto de interés
establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los
concejales perderán su investidura por:
(…).
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o
de conflicto de intereses”.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, la
mantuvo en similares términos respecto de los concejales, pero
detalló de manera clara cuando no habría lugar a un conflicto de
intereses así:
“ARTICULO 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. <Ver Notas del Editor> Los
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de
juntas administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto
de intereses.
No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general”.
El numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 respecto del
conflicto de interés, estableció las causales, dentro de las cuales se
encuentra, haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. La norma
expone:
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“ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE
IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de
la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo
del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta
su impedimento por:
(…).
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados
de elección popular inscritas o integradas también por el interesado
en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores”.
Esta norma impone que el servidor público que se encuentre
inmerso en un conflicto de intereses al entrar en confrontación el
interés general con el particular debe declararse impedido para
conocer del asunto, so pena de incurrir en causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617
de 2000.
(…)
Al establecer el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011
como causal de conflicto de interés e impedimento “Haber hecho
parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el
período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores”, no otra puede ser la
interpretación que lo pretendido por ella es evitar que los intereses
personales se antepongan ante el interés general. Así, al no haberse
declarado impedidos los concejales Misael Augusto Villarreal Jorge,
Uber Eduardo Correa Álvarez, y Rafael Antonio Mendoza Vega para
adelantar el trámite de elección de Emilio Enrique Mendoza Jerez
como Secretario General del Concejo Municipal de Montelíbano para
el periodo del año 2024, objetivamente se configura en un interés
personal de los demandados su elección, pues, el legislador al
imponer en la norma que debían declararse impedido, es poque en
ese evento podía anteponerse el interés personal, sobre el general
[…]».
De las consideraciones del Tribunal se extrae, de manera diáfana,
que sí se ocupó de señalar cuáles eran las motivaciones que
encausaban el comportamiento de los accionados en la violación del
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régimen de conflicto de intereses; de ahí que el argumento en estudio
no tenga vocación de prosperidad.
Sostienen los recursos, de igual forma, que existe un conflicto de
normas en el tiempo, entre las leyes 136 y 1437, teniendo en cuenta
que esta última es una normativa ordinaria general y posterior que
i) no suprimió o modificó formalmente (expresa o tácitamente) la
anterior (Ley 136); y, además, al guardar silencio sobre el tema
correspondiente a los requisitos del conflicto de intereses, no
modificó, subrogó, ni derogó la ley ordinaria especial y previa.
Al respecto la Sala reitera que lo que la Ley 1437 prevé en su artículo
11, son eventos que constituyen un interés particular y directo del
servidor público, que debieron ser advertidos por los concejales, en
tanto que sí generan un conflicto con el interés general propio de la
función pública que están obligados a cumplir, razón por la que, lejos
de lo aducido en este punto por los apelantes, se constituye en una
disposición cuya inobservancia es susceptible de transgredir, a su
vez, el régimen de conflicto de intereses censurado en los artículos
55, numeral 2, y 48, numeral 1, de la Ley 617, sin que la naturaleza
de un estatuto como el CPACA, o su promulgación posterior a estas,
condicione su aplicación.
A su vez, el artículo 11 de la Ley 1437, en efecto, no modificó,
subrogó ni derogó las previsiones de las leyes 136 y 617, pues,
precisamente, lo que permitió fue complementarlas, al describirle, de
forma anticipada a los concejales, aquellas conductas que debían ser
materia de declaratoria de impedimento o recusación, por cuanto
implican el referido conflicto de intereses de servidores públicos.
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Igualmente se manifestó en los recursos que, de conformidad con lo
preceptuado en la Ley 153 de 1887, las leyes posteriores, cuando
regulan aspectos favorables o complementarios, deben prevalecer
sobre normas anteriores cuando quiera que exista duda en la
interpretación de la norma; y que, por tanto, en el caso particular
debió aplicarse el régimen de conflicto de intereses dispuesto para
diputados en la Ley 2200 y no en la ley 1437 de 2011 por ser esta
última anterior y general.
Frente a este argumento, la Sala reitera, in extenso, las mismas
consideraciones que impiden aplicar al caso de los concejales, los
elementos regulatorios que condicionan la verificación del régimen
de conflicto de intereses en el caso de los diputados, a quienes, en
la codificación prevista exclusivamente para el funcionamiento de las
asambleas, se les establece que no hay conflicto de intereses cuando
participan en la elección de otros servidores públicos mediante el
voto secreto; conclusión esta que, por demás, permanece inalterada
por el principio de favorabilidad de una norma posterior que, no
siendo aplicable al caso concreto, tampoco es de recibo en el sentido
propuesto en los recursos de apelación.
En este mismo sentido, no es procedente, en sentido material,
control de convencionalidad alguno en el asunto bajo examen, pues
del análisis de la sentencia apelada, no están en riesgo principios de
la Convención Americana de Derechos Humanos, tales como el
derecho al debido proceso (artículo 8), la igualdad ante la ley
(artículo 24) y los derechos políticos (artículo 23), que deban ser
objeto de especial protección y salvaguarda. Contrario a lo sostenido
en los recursos, la Sala itera que no hay una norma más favorable
que hubiera podido aplicarse en aras de eximir de responsabilidad a
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los concejales, habida cuenta que, las disposiciones previstas en la
Ley 2200 para los diputados, permanecen ajenas al régimen de
conflicto de intereses que gobierna a los cabildantes, sin que, por lo
mismo, surja violación alguna de normas convencionales.
En conclusión, para la Sala se encuentra acreditado que los
concejales UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ, RAFAEL
ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL
JORGE estaban incursos en el supuesto fáctico previsto en el artículo
11, numeral 14, de la Ley 1437, pues debiendo haber manifestado
su impedimento para participar en la votación y elección del
secretario de la corporación con quien habían integrado la lista de
candidatos al Concejo Municipal de Montelíbano (Córdoba), para el
período 2024-2027, por el Partido Social de Unidad Nacional (Partido
de la U), no lo hicieron, por lo que está probado el elemento objetivo
de la causal de la pérdida de investidura invocada.
A partir de lo expuesto, y comoquiera los recurrentes no lograron
desvirtuar los requisitos para la configuración del elemento objetivo
de la causal endilgada, la Sala descenderá al estudio del elemento
subjetivo.
V.4.2.- Análisis del elemento subjetivo en la conducta de los
concejales
El Tribunal encontró acreditado que los accionados no actuaron con
la diligencia debida para el desarrollo de la actividad pública para la
que fueron elegidos por el voto popular, pues, dada su calidad de
concejales, al ostentar tal dignidad, estaban obligados a indagar y
conocer las normas que regían sus funciones.
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Respecto del desconocimiento de la ley alegado por los accionados,
el a quo adujo que «[…] al ostentar los demandados un cargo público
en virtud de los votos de los ciudadanos, con mayor razón le es
exigible que conozcan la normativa que regula sus funciones, pues
no hacerlo defrauda la voluntad popular […]».
Sobre el elemento subjetivo que estructura las causales de pérdida
de investidura, conviene referirse a lo señalado por esta Sección en
la sentencia de 25 de mayo de 201748, que al tenor indicó:
“[…] [L]a Corte Constitucional en su sentencia SU-424 de 2016
[señaló] que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues
en un Estado de derecho los juicios que implican un reproche
sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema
de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya
la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado
de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté
ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado
81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
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general exista alguna circunstancia que permita descartar la
culpa.
(…)
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación
de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un
grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta,
pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su
actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho,
se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar […]».
La definición legal del dolo y culpa grave está prevista en el artículo
63 del Código Civil, así:
«[…] Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de
culpa o descuido.
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Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
(…)
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro […]».
Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201949, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y
la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de
las causales constitucionales de pérdida de investidura. Esta
caracterización resulta especialmente relevante al analizar el
comportamiento de los miembros de las corporaciones públicas
territoriales, en quienes también deben concurrir elementos de dolo
o culpa grave.
Descendiendo al caso concreto, se observa que para argumentar que
en el presente caso no se configuró el elemento subjetivo de la
responsabilidad, los concejales señalaron, en el recurso de apelación
lo siguiente:
El concejal UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ sostuvo que no se
demostró la configuración de una conducta dolosa, por cuanto
ninguna de las pruebas obrantes en el expediente permite acreditar
que tuviese pleno conocimiento de que, mediante el trámite de
elección del secretario del Concejo Municipal —EMILIO ENRIQUE
49 «[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]».
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MENDOZA JEREZ— se estaba incurriendo en un conflicto de interés
susceptible de configurar una causal de pérdida de investidura.
Al respecto, se debe indicar, como acertadamente lo concluyó el
Tribunal, que en el caso sub examine, la conducta endilgada a los
concejales fue a título de culpa grave, en tanto no es posible advertir
que conocían plenamente que su comportamiento era constitutivo de
una causal de pérdida de investidura. Luego, no le asiste razón al
recurrente al oponerse a la calificación de culpabilidad dolosa que, se
insiste, no ocurrió.
Cabe señalar en este punto que la revisión de los requisitos y el
marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, constituye una
obligación general para quien pretende acceder a la función pública,
incluso en los eventos de elección popular. Sin embargo, como lo ha
precisado la jurisprudencia de la Sección, «el entendimiento de
dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar».
En el caso, particular se observa que el concejal UBER EDUARDO
CORREA ÁLVAREZ, al igual que el concejal MISAEL AUGUSTO
VILLARREAL JORGE, ya habían ejercido previamente el cargo de
concejales del municipio de Montelíbano (Córdoba), lo cual refuerza
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la presunción de conocimiento del marco normativo aplicable a sus
funciones. En ese sentido, resulta aún menos justificable alegar
desconocimiento de la ley, especialmente cuando es razonable
suponer que participaron en procesos de elección de secretario de la
corporación durante dichos períodos.
Expone el concejal RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA, en su
recurso de alzada, que no hay lugar a estimar configurada la culpa
grave con fundamento, únicamente, en un supuesto desconocimiento
de las normas aplicables, cuando ello no evidencia una negligencia
extrema ni un incumplimiento inexcusable de los deberes de los
concejales. No obstante, la Sala observa que, si bien ostenta por
primera vez el cargo de concejal, no allegó al proceso prueba alguna
—distinta de su propia declaración— que permita acreditar la
existencia de un eximente de la responsabilidad que le asistía en
conocer y asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le
imponía.
Sobre este asunto en particular, conviene mencionar lo dicho por la
Sala en la sentencia de 31 de julio de 2025, citada ut supra:
«[…] Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la
buena fe simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de
elección popular está en la obligación de conocer y asesorarse
adecuadamente de los deberes que el cargo le impone, cuáles son
las causales de inhabilidad, incompatibilidad y de conflicto de
intereses, más cuando se trata de verificar que no se incurra en
conductas que tienen como consecuencia la nulidad de la elección,
o la pérdida de investidura.
Es esa la razón por la cual la Sala exige que, para acreditar esta falta
de conocimiento, el acusado no alegue simplemente que obró de
buena fe, sino que debe acreditar que obró de buena fe calificada,
motivado por un error invencible, en la medida en que actuó́ de
conformidad con la jurisprudencia que estaba vigente para la época,
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o que se asesoró́ adecuadamente de abogados idóneos, no
obstante, lo cual incurrió en la conducta reprochable.
En este caso, los acusados no expusieron ningún argumento para
demostrar que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia
de esta Corporación o que hubiesen solicitado conceptos y asesorías
y éstas fueran idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo
amparado en la buena fe calificada proveniente de un error
invencible […]».
También, en la sentencia de 13 de marzo de 202550, la Sala indicó:
«[…] 84. Ahora, la Sala considera que, de conformidad con la
presunción prevista en los artículos 4° de la Constitución Política; 9°
y 18 del Código Civil; y 57 de la Ley 4ª de 1913[51], el concejal
conocía sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios y,
consecuencialmente, tenía el deber de conocer si su
comportamiento configuraba el conflicto de intereses
previsto en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437,
como causal de pérdida de investidura.
[…]
95. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el
concejal ponga de presente la convicción que tenía sobre la
rectitud o validez de su conducta, sino que es necesario que el
juez de la pérdida de investidura analice si la persona estaba o no
en condiciones de superar el error[52] , en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad; en ese marco, no
basta con que se alegue por el miembro de la corporación pública
de elección popular que obró de buena fe o bajo una íntima
convicción, sino que debe acreditar la buena fe calificada,
motivada por un error invencible, ya porque actuó al
amparo de la jurisprudencia vigente para la época, o se
asesoró adecuadamente, y pese a ello incurrió en la
conducta reprochable.
[…]
97. En esta misma línea, como ya lo consideró la Sala, el Concejal
no solicitó conceptos o asesorías o realizó indagaciones sobre el
régimen de conflictos de intereses que le era aplicable, con lo cual
no es posible concluir que obró con el cuidado mínimo
requerido, o que dirigió su conducta a informarse acerca
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
marzo de 2025, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicado 25000 23 15 000 2024
00769 01 (PI).
51 “[…] Sobre régimen político y municipal […]”.
[52] O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible
sustraerse.
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de que para los concejales municipales constituye el
conflicto de interés el previsto en el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437; lo anterior constituye una conducta
inexcusable y, en consecuencia, gravemente culposa.
98. Tampoco se observa que el concejal hubiere actuado al
amparo de decisiones judiciales que, aplicadas al caso particular,
hubieren generado una duda razonable; mucho menos se probó
que hubiere revisado la jurisprudencia de esta Corporación con el
objeto de informarse sobre el criterio jurisprudencial vigente en
relación con la citada causal, o respecto de los elementos que la
configuran.
99. Por el contrario, se reitera que la jurisprudencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado ha sido consistente
y armónica en relación con cada uno de los supuestos
constitutivos del conflicto de intereses, en especial, al
considerar que una de las formas en que se transgrede el
régimen del conflicto de interés consiste en que el
concejal, estando incurso en alguna de las hipótesis
previstas por la ley como causal de impedimento, de
aquellas aplicables al asunto del que conoce y decide, pese
a no haber sido recusado, omite manifestarse impedido;
esto, toda vez que los impedimentos con su correspondiente
deber de manifestación, constituyen garantía irrestricta de la
prevalencia del interés general sobre el particular o privado del
Concejal, o de su círculo cercano, familiar o de negocios. […]»
(Destacado fuera de texto).
Es importante mencionar que esta conclusión no deriva en una
inversión de la carga de la prueba, como lo alega en su recurso el
concejal RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA, pues, en tratándose
de un juicio de responsabilidad, es deber del juez determinar si se
configura la causal endilgada y si a pesar de que ésta aparezca
acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la
responsabilidad del sujeto, circunstancia que, se insiste, no fue
acreditada en el proceso.
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Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01
Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Adicional a lo anterior, esta Sala precisa que, conforme lo ha
sostenido la jurisprudencia de la Sección53, la causal de impedimento
prevista en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, es clara y no
requiere de mayores razonamientos y juicios para entenderla. En esa
línea, la jurisprudencia ha sido consistente y no ha tenido
modificaciones sobre el alcance y aplicación del régimen de
impedimentos como hipótesis que da lugar a la causal de pérdida de
la investidura por violación del régimen del conflicto de intereses de
los concejales.
En este orden de ideas, la Sala estima que le asistió razón al fallador
de primera instancia al señalar que la conducta asumida por los
concejales UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ, RAFAEL
ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL
JORGE configura una falta gravemente culposa. Ello, se insiste, por
cuanto omitieron manifestar su impedimento pese a la claridad del
supuesto fáctico en que se encontraban -esto es, la existencia de un
vínculo relevante con el aspirante a secretario del Concejo- y su
evidente correspondencia con el supuesto normativo que exigía
abstenerse de intervenir en la decisión, omisión que implicó la
violación del régimen de conflicto de intereses como causal de
pérdida de investidura.
La manifestación de impedimento, desde la anterior perspectiva, era
la única manifestación esperable de los concejales implicados,
independientemente de que no fueran expertos en la materia y que
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
septiembre de 2024, número único de radicación 05001-23-31-000-2024-00237-01(PI), C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
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Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
la elección del cargo de secretario general hubiese sido producto de
un concurso de méritos o de una convocatoria pública.
A partir de las razones expuestas y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista en los artículos
55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en
concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numeral 14, de
la Ley 1437, esto es, por violación del régimen de conflicto de
intereses, endilgada a los accionados, la Sala confirmará la sentencia
de primer grado, en cuanto decretó la pérdida de investidura de los
señores UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO
MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE,
concejales del municipio de Montelíbano (Córdoba), para el período
constitucional 2024-2027, en representación del el Partido Social de
Unidad Nacional (Partido de la U).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 28 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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