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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2025-00194-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2025-00194-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, DENEGAR la solicitud de pérdida de investidura presentada en contra de los señores María Antonia Martínez Rodríguez y Fredy Gaitán Restrepo, concejales del municipio de La Dorada, período 2024-2027, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2025-00194-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Pérdida de investidura
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo
Accionados: Fredy Gaitán Restrepo y María Antonia Martínez
Rodríguez
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como
causal de pérdida de investidura de los concejales

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por los accionados contra la
sentencia de 16 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda1

1. El señor Julio Cesar Caro Salcedo2, en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, solicitó:

“[…] II. PRETENSIONES

1. Se declare la PÉRDIDA DE INVESTIDURA de los señores FREDY GAITAN
RESTREPO (…) y la señora MARIA ANTONIA MARTINEZ RODRIGUEZ (…)
actuales concejales del municipio de la Dorada, Caldas, en representación del partido
liberal colombiano por incurrir en conflicto de intereses según lo dispuesto por el
Numeral [sic] 1 del artículo 48 de la Ley 617, al no declararse impedidos para la
elección de secretario general del concejo municipal de la Dorada, Caldas, lo anterior
de conformidad con el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. […]”(negrilla
del texto).

I.1.1.- Los hechos

2. Afirmóque los accionados fueron declarados electos como concejales del
municipio de La Dorada (Caldas) para el período constitucional 2024-2027.

1
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
2
Actúa mediante apoderado.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

3. Adujo que el día 10 de enero de 2024 fue elegido secretario general del Concejo
Municipal de La Dorada para el período 2024, el señor Jairo Perdomo Ortiz.

4. Aseguró que a la sesión en la cual se realizó la elección del secretario general de
esa corporación asistieron, entre otros, los accionados, por lo cual existía cuórum
para la elección.

5. Aseveró que el señor Jairo Perdomo Ortiz participó como candidato al concejo
municipal en las elecciones que se realizaron en el año 2023 por el Partido Liberal
Colombiano.

6. Expuso que el señor Jairo Perdomo Ortiz hizo parte de la lista de candidatos al
concejo municipal por el Partido Liberal Colombiano, en la cual se encontraban
igualmente los concejales accionados.

7. Mencionó que los accionados no formularon impedimento alguno en la votación
para elegir a quien ocuparía el cargo de secretario general del Concejo Municipal
de La Dorada para el período 2024, por lo que habrían incurrido en conflicto de
intereses derivado de la causal prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437.

8. Manifestó que mediante la Resolución núm. 99 de 12 de noviembre de 2024, el
Concejo Municipal de La Dorada convocó la elección del secretario general de esa
corporación para el período 2025.

9. Indicó que la accionada María Antonia Martínez Rodríguez integró la comisión de
acreditación documental para la revisión de los requisitos que debían cumplir los
aspirantes a ocupar el cargo de secretario general del Concejo Municipal de La
Dorada para el período 2025.

10. Puso de presente que la comisión de acreditación documental elaboró informe
de revisión respecto de los aspirantes Jairo Perdomo Ortiz y “[…] John Harvy Galvis
Olaya […]”, indicando que cumplían los requisitos establecidos en la Ley 136 y en
la Resolución núm. 99 de 12 de noviembre de 2024 y que la accionada María
Antonia Martínez Rodríguez no manifestó impedimento para realizar dicha revisión.

11. Señaló que a la sesión plenaria del Concejo Municipal de La Dorada de 22 de
noviembre de 2024 asistieron, entre otros, los concejales accionados y que existía
cuórum para llevar a cabo la elección del secretario general de la corporación.

12. Afirmó que en la sesión plenaria de 22 de noviembre de 2024, los accionados no
manifestaron impedimento alguno y con ello desconocieron lo dispuesto en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 y que en esta sesión fue elegido
secretario general del Concejo Municipal de La Dorada para el período 2025, el
señor Jairo Perdomo Ortiz, elección que se materializó por la Resolución núm. 108
de 22 de noviembre de 2024.

3

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

I.1.2. La causal de pérdida de investidura

13. El accionante fundamentó su solicitud en los artículos 55, numeral 2., y 70 de la
Ley 136 de 2 de junio de 19944; 48, numeral 1., de la Ley 617 de 6 de octubre de
20005; y el artículo 11, numeral 14., de la Ley 1437.

14. Aseveró que en el presente asunto, los concejales accionados participaron en la
elección del secretario general del Concejo Municipal de La Dorada sin haber
manifestado impedimento pese a que uno de los candidatos había sido parte de la
misma lista electoral.

15. Se refirió a la acreditación del elemento subjetivo y adujo que la conducta de los
accionados fue imprudente y negligente, si se tenía en cuenta que eran concejales
experimentados y debían conocer la normativa sobre conflicto de intereses.

16. Indicó que se demostraba la falta de diligencia en que no se solicitó un concepto
legal adecuado ni se presentó impedimento, lo cual evidenciaba una conducta
gravemente culposa.

17. Añadió que la situación se agravaba por el hecho de que los accionados habrían
participado en la elección del secretario general del Concejo Municipal de La Dorada
para los años 2024 y 2025, en las cuales se nombró a la misma persona, Jairo
Perdomo Ortiz, quien integró la misma lista del Partido Liberal Colombiano a la
pertenecieron los accionados.

I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura6

18. Los concejales accionados, a través de apoderado, dieron contestación a la
solicitud formulada en su contra y se opusieron a sus pretensiones.

19. Manifestaron que no habían incurrido en la causal de conflicto de intereses
descrita en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, pues no existía interés
particular ni directo que entrara en pugna con el interés general que reviste la
elección del secretario general del Concejo Municipal de La Dorada.

20. Aseguraron que tampoco obraba en el expediente prueba alguna que acreditara
el interés particular y directo de los accionados y señaló que no podía presumirse o
suponerse por la afinidad que generaba pertenecer al mismo partido político en un
asunto que estos conozcan o participen, de tal forma que no les era exigible
declararse impedidos.

4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”
5
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”
6
Cfr. Índice 28, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.

4

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

21. Formularon igualmente excepciones de mérito, la cuales se desarrollan a
continuación.

i) “[…] INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES POR
PREDETERMINACIÓN LEGAL EN CASO DE VOTACIÓN SECRETA /
DEBER DE APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE,
FAVORABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD […]” (negrilla del texto).

22. Citaron el literal f) del artículo 1° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019 7 y
el literal e) del artículo 56 de la Ley 2200 de 8 de febrero de 2022 8, normas que
disponen que no hay conflicto de intereses cuando un congresista o un diputado
participan en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto.

23. Indicaron que en relación con concejales existía un vacío normativo y solicitaron
que en virtud de los principios pro homine, de favorabilidad, de proporcionalidad e
igualdad, se haga extensiva a los concejales las disposiciones mencionadas.

24. Señalaron que haciendo extensiva la aplicación de las mencionadas normas se
colegía que no existió conflicto de intereses en la actuación de los accionados
puesto que su participación en la elección del secretario general del municipio de
La Dorada se dio mediante el voto secreto.

25. Mencionaron que siguiendo los criterios de jerarquía, cronología y especialidad
era posible la aplicación de las normas citadas al presente asunto, en razón a que
i) se trataba de leyes ordinarias, ii) era posteriores al artículo 11 de la Ley 1437 y iii)
prevalecían sobre esta.

ii) “[…] EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN GARANTÍA DEL
PRINCIPIO DE IGUALDAD (Artículo 13 de la Constitución Política
[…]” (negrilla del texto).

26. Manifestaron que si se seguía considerando como marco normativo aplicable a
los accionados el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, debía acudirse a la
excepción de inconstitucionalidad, dado que era evidente la desigualdad y
desventaja en la que se encontraban los concejales frente a los diputados y
congresistas.

27. Adujeron que debía aplicarse el artículo 13 de la Carta Política sobre el numeral
14. del artículo 11 de la Ley 1437, de tal forma que si los diputados y congresistas
podían mediante votación secreta participar en la elección de otros servidores
públicos sin incurrir en conflicto de intereses, los concejales también lo podían
hacer.

7
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
8
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos. […]”.

5

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

iii) “[…] INEXISTENCIA DE INTERÉS DIRECTO Y PARTICULAR COMO
PRESUPUESTO DE LA CONFIGURACIÓN DEL CONFLICTO DE
INTERÉS POR PARTE DE LOS DEMANDADOS […]” (negrilla del texto).

28. Citaron los artículos 70 de la Ley 136, 48 de la Ley 617, 11, numeral 14., de la
Ley 1437 y 56 de la Ley 2200, para advertir que los accionados no obtuvieron
beneficio particular, actual o directo de la elección en la que participaron.

29. Aseguraron que no estaban en la obligación de declararse impedidos en la
elección del secretario general del Concejo Municipal de La Dorada, en tanto que
no les asistía ningún interés particular ni directo que entrara en pugna con el interés
general propio de la función pública ni existía prueba alguna de este.

iv) “[…] INEXISTENCIA DEL ELEMENTO OBJETIVO DE LA CAUSAL
ENDILGADA […]”, (negrilla del texto)

30. Sostuvieron que para que se estructure objetivamente la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses conforme el numeral
14. del artículo 11 de la Ley 1437 se requería demostrar i) la existencia de un interés
directo, particular y actual en cabeza del concejal que le genere conflicto o pugna
con el interés general propio de la función pública; ii) su participación en el debate
o votación del asunto sin manifestar impedimento y iii) que el concejal haya hecho
parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o
integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.

31. Analizaron cada uno de los elementos expuestos y llegaron a la conclusión
consistente en que obraba en el expediente prueba de la participación en la votación
respectiva y que, con el interesado en la actuación administrativa, hicieron parte de
la lista de candidatos a una corporación de elección popular, sin embargo, no estaba
acreditado el interés particular y directo, el cual no podía presumirse ni suponerse.

v) “[…] INEXISTENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA CAUSAL DE
INHABILIDAD ENDILGADA EN LOS CASOS DE PÉRDIDA DE
INVESTIDURA […]” (negrilla del texto).

32. Estimaron que en el presente asunto, la parte accionante no había realizado
ningún esfuerzo argumentativo o probatorio para tener por cumplido el elemento
subjetivo, toda vez que habría argumentado que este se encontraba implícito en la
verificación objetiva de la causal atribuida.

33. Insistieron en que las pruebas que obraban en el expediente no permitían tener
por acreditada la existencia de un interés directo y particular ni de que hayan
obtenido algún provecho o utilidad por su participación en la elección del secretario
general del Concejo Municipal de La Dorada, por lo que era forzoso concluir la
inexistencia del elemento subjetivo.

6

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

34. Manifestaron que el elemento subjetivo no podía circunscribirse única y
exclusivamente a la afirmación consistente en que, debido a sus calidades,
trayectoria y formación, debían saber que obrar en la forma en que lo hicieron
implicaba violar el régimen de conflicto de intereses, si se tenía en cuenta que debía
comprobarse cuál era el interés particular y directo.

35. Indicaron que no eran profesionales del derecho y que de manera previa a la
votación para elegir al secretario general del Concejo Municipal de La Dorada para
las vigencias 2024 y 2025, optaron por asesorarse de un abogado con amplia
experiencia para que les indicara si recaía o no sobre ellos alguna inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de intereses que les impidiera participar.

36. Mencionaron que el abogado les manifestó que no estaban en obligación de
declararse impedidos ante la inexistencia de un interés particular y directo en
conflicto con el interés general propio de la función pública que los hiciera incurrir
en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, motivo por el cual
participaron en la elección.

vi) “[…] INAPLICABILIDAD DEL NUMERAL 14 DEL ARTÍCULO 11 DE LA
LEY 1437 DE 2011 DADO QUE EL VOTO SECRETO NO ES UNA
DECISIÓN DEFINITIVA […]” (negrilla del texto).

37. Expresaron que de la lectura del numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 se
podía colegir que el verbo rector del conflicto de intereses era el de pronunciar
decisiones definitivas, razón por la que, en el mecanismo de voto secreto, el voto
de cada uno de ellos no constituía una decisión definitiva, pues solo quien cumpliera
con la mayoría de los votos resultaría elegido.

vii) “[…] EXCEPCIÓN GENÉRICA […]”(negrilla del texto).

38. Finalmente, solicitó que se declararan todas las excepciones cuyos presupuestos
de hecho y de derecho se llegaren a configurar en el curso del proceso.

I.3. La sentencia de primera instancia9

39. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 16
de septiembre de 202510, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones planteadas en la
contestación a la demanda, en consecuencia:

SEGUNDO: DECLARAR la pérdida de investidura de los concejales María Antonia
Martínez Rodríguez (…) y Fredy Gaitán Restrepo (…) quienes habían sido declarados

9
Cfr. Índice 53, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
10
Cfr. Índice 58, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas,
en auto de 8 de octubre de 2025, negó la solicitud de adición de la sentencia de 16 de septiembre de 2025 presentada por
los accionados.

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

concejales electos del municipio de La Dorada (Caldas) para el período constitucional
2024-2027, en representación del partido Liberal Colombiano. […]” (negrilla del texto).

40. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el consistente en determinar:

“[…] si procede la pérdida de investidura de María Antonia Martínez Rodríguez y
Fredy Gaitán Restrepo, concejales del municipio de la Dorada, por violación al
régimen de conflicto de intereses, de acuerdo con el artículo 55-2 de la Ley 136 de
1994 y el artículo 48-1 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, al haber participado en la elección del Secretario
General de la misma corporación, sin declararse impedidos, pese a que el elegido
hizo parte de la lista de candidatos del partido Liberal Colombiano al concejo
municipal integrada también por los concejales interesados, en las elecciones del 29
de octubre de 2023? […]”

41. Señaló que sostendría la tesis consistente en que:

“[…] con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, responde que,
acreditada la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura de los demandados, así mismo del elemento subjetivo que permite
establecer la culpa de los demandados al participar en la elección del secretario
general del concejo sin manifestar su impedimento, ante la concurrencia de interés
directo, procede la pérdida de investidura. […]”

42. Abordó el caso concreto y se refirió a los requisitos para la configuración del
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por la violación del régimen
de conflicto de intereses.

43. Indicó que estaba probado que i) los accionados fueron elegidos concejales del
municipio de La Dorada para el período 2024-2027; ii) tomaron posesión del cargo
en enero de 2024 y iii) participaron en la discusión y votación para la elección del
secretario general del concejo municipal para los períodos 2024 y 2025.

44. En lo que tenía que ver con el interés directo, particular y actual o inmediato de
los accionados, encontró acreditado que estos y el señor Jairo Perdomo Ortiz
pertenecieron al mismo partido político e hicieron parte de la misma lista de
candidatos al Concejo Municipal de La Dorada en las elecciones realizadas el 29 de
octubre de 2023.

45. Tuvo por demostrado, asimismo, que el señor Jairo Perdomo Ortiz se inscribió
en la convocatoria para la elección del secretario general del Concejo Municipal de
La Dorada, para los períodos 2024 y 2025.

46. Explicó que la situación descrita en la que se encontraban los accionados como
lo era participar y tener la posibilidad de elegir como secretario general del Concejo
Municipal de La Dorada a un militante de su partido implicaba la existencia de un
interés directo, particular y actual en beneficio de “[…] un copartidario o al menos
de su partido, lo que va en contravía del interés general que debe seguir la actuación
administrativa del servidor público […]”.

8

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

47. Aseguró que las decisiones judiciales de esta corporación habían sido pacíficas
y consistentes al establecer que tratándose de la causal señalada en el numeral 14.
del artículo 11 de la Ley 1437, el elemento central para acreditar el interés directo,
particular y actual era haber formado “[…] parte de la misma lista de candidatos a
cuerpos colegiados de elección popular junto con la persona interesada en la
actuación administrativa, especialmente si esto ocurre en el mismo período electoral
coincidente […]”.

48. Puso de presente, con fundamento en las decisiones judiciales de esta
corporación, que el legislador entendió que en las situaciones descritas en el artículo
11 de la Ley 1437 se encontraba comprometida la imparcialidad y objetividad de los
servidores públicos y que se presenta conflicto de intereses ante la existencia de
intereses personales y directos en relación con la decisión que se pretendía adoptar,
lo cual “[…] releva al intérprete de analizar si frente a cada caso existe un interés
directo y particular, pues la ley es quien [sic] le asigna esta consecuencia. […]”.

49. Tuvo por probado que los accionados participaron en las votaciones mediante
las cuales fue elegido el señor Jairo Perdomo Ortiz como secretario general del
Concejo Municipal de La Dorada para los períodos 2024 y 2025 sin que hubiesen
manifestado impedimento alguno.

50. Consideró que no era admisible el argumento de los accionantes referido a que
su participación se dio mediante voto secreto y que la normativa aplicable a los
congresistas y diputados en la cual no se configura conflicto de intereses en esa
situación debía extenderse en virtud del principio de igualdad y favorabilidad.

51. Indicó que las Leyes 2003 y 2200 que excluían el conflicto de intereses en
votaciones secretas, regulaban la organización y funcionamiento de otras
corporaciones de elección popular y no era aplicables a los concejales, agregando
que no existía vacío normativo en el caso particular puesto que los concejales
cuentan con una regulación expresa prevista en los artículos 48 de la Ley 617 y en
el artículo 11, numeral 14., de la Ley 1437.

52. Precisó que el artículo 11, numeral 14., de la Ley 1437 estableció una causal
específica en la que se configura conflicto de intereses, la cual es aplicable de forma
general, impersonal y abstracta a aquellos que hicieron parte de listas de candidatos
a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el
interesado, entre estos, a los congresistas, diputados y concejales como a cualquier
otro servidor público que se encuentre en este supuesto.

53. Señaló, por lo expuesto, que no podía afirmarse que existiera un régimen más
gravoso para los concejales respecto de congresistas y diputados ni hablarse de
trato desigual.

9

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

54. Adujo que esta corporación, en sentencia de 24 de julio de 2025, expediente
núm. 05001-23-33-000-2024-01329-02, estimó que las disposiciones de la Ley 2200
no podían aplicarse por analogía a los concejales.

55. Concluyó que:

“[…] no cabe duda que se encuentra configurada la causal de pérdida de investidura
por conflicto de interés en los términos del artículo 55 de la ley 136 de 1994 y el
artículo 48 de la ley 617 de 2000, concordante con el artículo 11-14 del CPACA, al
existir un interés directo, particular y actual de los demandados, al no manifestar los
concejales María Antonia Martínez Rodríguez y Fredy Gaitán Restrepo, su
impedimento para participar y votar en la elección del secretario general del Concejo
de La Dorada, quien pertenece al mismo partido de los demandados y además
conformó la lista de candidatos al concejo avalados por el Partido Liberal, en las
elecciones de octubre de 2023, actuación que se adelantó en cumplimiento de una
competencia asignada por la ley a los concejos municipales. […]”

56. Se refirió al elemento subjetivo y precisó que el reproche que se le hizo a los
accionados era la omisión en presentar impedimento para participar en la elección
del secretario general del Concejo Municipal de La Dorada en el que estaba como
aspirante un integrante de la misma lista a esa corporación por el Partido Liberal
Colombiano en las elecciones realizadas en octubre de 2023, por lo que el resultado
de la elección era irrelevante para las finalidades preventivas de la causal atribuida.

57. Encontró que los concejales accionados estaban enterados del contenido de la
causal de conflicto de intereses prevista en el artículo 11, numeral 14., de la Ley
1437 y que estaban en condiciones de comprender el hecho o la circunstancia
configurativa de la causal de pérdida de investidura.

58. Puso de presente que los accionados consultaron a un profesional del derecho
respecto de la posibilidad de votar la elección del secretario general del Concejo
Municipal de La Dorada pese a que habían sido parte de la lista por el Partido Liberal
Colombiano a las elecciones realizadas en octubre de 2023.

59. Mencionó que reiteradamente el Consejo de Estado había indicado que la causal
de pérdida de investidura por la violación del régimen de conflicto de intereses es
clara y no requiere estudios y razonamientos complejos para entenderla, por lo que
no resultaba suficiente la obtención de un concepto o asesoría jurídica para justificar
la participación y votación en el proceso de elección del secretario del Concejo
Municipal de La Dorada.

60. Insistió en que no era suficiente que los concejales pusieran de presente la
convicción que tenían sobre la rectitud de su conducta y de la diligencia que tuvieron
al solicitar el concepto de un profesional del derecho puesto que, adicional a la
manifestación de que su actuación estuvo amparada por la buena fe, se requiere
acreditar la buena fe cualificada por recibir asesoría adecuada o haber actuado al
amparo de la jurisprudencia vigente para la época y pese a ello incurrir en la
conducta reprochada.

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

61. Expuso que en el curso del proceso fue recibida la declaración del abogado
Ricardo Suaza Jiménez, quien manifestó haber brindado asesoría jurídica a los
concejales accionados de manera verbal y que solo se le preguntó si los concejales
estaban inmersos en alguna inhabilidad, nulidad o restricción en la elección del
secretario del concejo, cargo al que estaba aspirando otro integrante de la lista del
partido por el cual habían sido elegidos los demandados.

62. Anotó que el testigo había mencionado respecto del concepto entregado que i)
fue rendido en los primeros días de enero de 2024 y que no se elaboró concepto
para la elección del secretario general del Concejo Municipal de La Dorada para el
año 2025; ii) no se informó si existió remuneración por su elaboración; y iii) que para
su elaboración se tomó aproximadamente una semana y se estudió el reglamento
interno de la corporación, las leyes 136, 2003, 2200 y 5ª de 17 de junio de 1992 11,
así como las decisiones judiciales de esta corporación.

63. Añadió que el testigo, en relación con el conflicto de intereses originado en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, indicó que si bien el aspecto objetivo de
haber compartido lista existió, él lo había interpretado desde el ánimo subjetivo y la
intención volitiva de las personas y al no evidenciar en los concejales un interés
individual que se contrapusiera al interés general, no consideró que haya
configurado el impedimento y por ello recomendó participar y votar en la elección
sin declararse impedidos.

64. La primera instancia consideró que el concepto jurídico de un abogado particular
puede servir de apoyo o consulta, pero no era un “[…] salvoconducto […]” para la
actuación de un servidor público, quien seguía siendo responsable de asegurarse
que sus acciones fueran legales, éticas y en beneficio del interés público.

65. Explicó que no cualquier recomendación podía ser eximente de responsabilidad
pues los conceptos o asesorías debían contener medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración.

66. Evidenció que al revisar lo expresado por el testigo en su declaración pudo
constatar que no se había realizado un estudio serio y completo de las normas y
jurisprudencia aplicables, toda vez que i) el concepto fue rendido en forma verbal,
ii) solo fueron enunciadas algunas normas sin precisar su alcance, iii) se desconoce
cuál fue la jurisprudencia consultada y iv) partió de considerar que no resultaba
aplicable el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, a pesar de que no existía
duda en la aplicación de esa normatividad.

67. Agregó la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado vigente
para la época de los hechos era clara en señalar que se entiende que en las
situaciones descritas en dicha norma comprometen la imparcialidad y objetividad de
los servidores públicos, precisamente porque el legislador deduce que de esa

11
“[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. […]”.

11

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

situación surge un conflicto de intereses ante la existencia de intereses personales,
directos y actuales en relación con la decisión que debe adoptarse derivados del
hecho de haber integrado la misma lista con quien tiene interés en la actuación
administrativa.

68. Estimó que no podía desvirtuarse la configuración del elemento subjetivo porque
la conducta de los accionados no estuvo amparada en la jurisprudencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado la cual no era contradictoria ni sometida a
rectificaciones, ni se demostró que se hubiesen solicitado conceptos idóneos ni que
se hayan informado respecto del criterio jurisprudencial vigente en relación con la
aplicación de las causales de impedimento y recusación contenidas en la Ley 1437
y el deber que les asistía de declararse impedidos, por lo que su conducta no estuvo
amparada por la buena fe calificada proveniente de un error invencible.

69. Aseveró que la conducta esperable de los accionados era la presentación del
respectivo impedimento, pues existía una obligación general y un deber de
diligencia mínimo de quienes aspiran, acceden y se posesionan en cargos públicos,
incluidos los de elección popular, de conocer el régimen normativo que los rige y la
ignorancia de la ley no sirve de excusa. Puso de presente que la búsqueda de
asesoría era parte de ese deber pero no se eximía de responsabilidad si tal asesoría
era deficiente o si la norma, en sí misma, era inequívoca.

70. Señaló que en el caso del accionado Fredy Gaitán Restrepo, la obligación
expuesta era más evidente, si se tiene en cuenta que, en su condición de presidente
del Concejo Municipal de La Dorada en el período 2024, debía conocer con mayor
rigurosidad las normas que contenían las causales de conflicto de intereses para
los concejales para poder dirigir adecuadamente esa corporación.

71. Anotó que no podía considerarse, como lo indicaron los accionados, que el voto
secreto individual no constituía una decisión definitiva como lo exigía la Ley 1437
con sustento en la sentencia de 19 de septiembre de 2019 proferida en el expediente
núm. 13001-23-33-000-2018-00738-01 y reiteró que al procedimiento especial de
elección del secretario general del Concejo Municipal de La Dorada le eran
aplicables las normas previstas en dicha ley sobre impedimentos y recusaciones.

72. Advirtió que la conducta prevista en el artículo 11, numeral 14., de la Ley 1437
se configuraba por el solo hecho de participar, con independencia de si votó o no a
favor del candidato que salió electo y si este finalmente ocupó el cargo.

73. La primera instancia sostuvo que la conducta de los accionados fue gravemente
culposa al integrar el cuórum, participar y votar en las elecciones del secretario
general del Concejo Municipal de La Dorada realizadas el 10 de enero y 22 de
noviembre de 2024, conociendo que habían incurrido en la causal de impedimento
prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, sin manifestar impedimento
y sin acreditar una circunstancia que justificara la conducta contraria al
ordenamiento.

12

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

I.4. El recurso de apelación12

74. Los accionados presentaron recurso de apelación con el cual pretenden que se
revoque la sentencia de 16 de septiembre de 2025 proferida por la Sala Plena del
Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, se niegue la totalidad de las
pretensiones de la solicitud.

75. Cuestionaron la posición de la primera instancia frente a la no aplicación de los
principios pro homine, de favorabilidad y de proporcionalidad, debido a que en su
concepto, sí existía un régimen más gravoso y un trato desigual para los concejales,
respecto de los diputados y los congresistas, así como un vacío normativo en cuanto
a las excepciones para la configuración del conflicto de intereses.

76. Señalaron que las excepciones previstas para los congresistas y los diputados
se establecieron en las recientes leyes 2003 y 2200 y que estas no estarían
previstas para los concejales puesto que la Ley 617 era una norma antigua, por lo
que existía un vacío normativo al respecto y un régimen más gravoso toda vez que
ninguna otra norma se ha referido a tales excepciones en relación con los
concejales, lo cual sería motivo suficiente para la aplicación de tales principios.

77. Manifestaron que existía un trato desigual porque si bien era cierto que el numeral
14. del artículo 11 de la Ley 1437 era aplicable a los concejales, diputados y
congresistas por igual, en una situación de similares características, las
consecuencias no serían las mismas para todos por cuanto los diputados y
congresistas podrían alegar las excepciones contenidas en los artículos 1, literal f),
de la Ley 2003 -para los congresistas- y 56, literal e) de la Ley 2200 -para los
diputados-, mientras que los concejales no podrían optar por opción alguna pues la
Ley 617 no las establece.

78. Adujeron que para superar el conflicto normativo debía acudirse a los criterios de
jerarquía, cronología y de especialidad, cuya aplicación arrojó como conclusión que
las leyes 2003 y 2200 prevalecerían sobre la Ley 1437 por tratarse de normas
posteriores y regular los eventos en que se configura y no se configura el conflicto
de intereses para cargos de elección popular.

79. Advirtieron que si se consideraba como marco normativo imperante el numeral
14. del artículo 11 de la Ley 1437, debían aplicarse los principios pro homine, de
favorabilidad y proporcionalidad, así como la excepción de inconstitucionalidad, al
resultar palmaria la desigualdad y desventaja en la que se encontrarían los
concejales, frente a los congresistas y diputados, privilegiando la aplicación del
artículo 13 de la Carta Política.

80. Expusieron que si los diputados y congresistas podían mediante votación secreta
participar en la elección de otros servidores públicos sin incurrir en conflicto de

12
Cfr. Índice 68, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.

13

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

intereses, lo acorde con los criterios de igualdad y debido proceso previstos en la
Constitución Política era que los concejales también podían hacerlo.

81. Solicitaron, en consecuencia, que se hiciera extensiva para los concejales las
excepciones contenidas en los artículos 1, literal f), de la Ley 2003 y 56, literal e) de
la Ley 2200, de tal forma que no habría conflicto de intereses en la actuación de los
concejales accionados al participar en la elección del secretario general del Concejo
Municipal de La Dorada mediante voto secreto y no puede tenerse por configurado
el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura atribuida.

82. Alegaron, asimismo, que no comprendían como la primera instancia y el Consejo
de Estado conocían la intención que el legislador le quiso dar al artículo 11 de la
Ley 1437 y entendieron que era relevar al intérprete de analizar si frente a cada
caso existía un interés directo y particular, esto es, presumir que en todas las
causales dispuestas en el artículo 11 de la citada norma existía dicho interés, pues
en ningún apartado del artículo en mención se hace referencia a esto.

83. Citaron el concepto de 28 de abril de 2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado y señalaron que allí se había desarrollado el concepto de
interés como elemento configurativo del conflicto de intereses, aseverando que su
estudio debía ser objetivo y por ende probado, por cuanto, si el interés particular y
directo se presumiera, en todas las situaciones previstas en el artículo 11 de la Ley
1437 se configuraría por sí solo el conflicto de intereses y esa no habría sido la
intención del legislador al no haberse indicado en la norma.

84. Mencionaron que el legislador dispuso en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437 que cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto
con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse
impedido, pero nunca presumió que el interés particular y directo del servidor público
existiera en las situaciones planteadas en las causales, pues del texto no se puede
extraer tal afirmación.

85. Consideraron que no se encontraba probado que los accionados hayan obtenido
algún beneficio particular, actual o directo, con la elección en la que participaron y
aseveró que:

“[…] la norma (numeral 14 del artículo 11 del CPACA), es tan clara y precisa al
imponer la obligación al servidor público de declararse impedido ante alguna de las
hipótesis descritas en los numerales 1 al 16, solamente cuando existe un interés
particular y directo en conflicto con el interés general propio de la función
pública, es decir, la norma no obliga a los servidores públicos a declararse impedidos
ante la inexistencia de ese interés particular y directo, y una interpretación diferente
haría extensiva las sanciones a una conducta que el legislador NO estableció,
vulnerando además el principio de interpretación restrictiva de las causales de
pérdida de investidura. […]” (negrilla del texto).

14

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

86. Aseguraron que no existía prueba alguna que acreditara el interés particular o
directo de los accionados al momento de la elección del secretario general del
Concejo Municipal de La Dorada.

87. Reiteraron que los intereses particulares o beneficios que obtuvieron o iban a
obtener los accionados debían ser demostrados y no podían ser inciertos o el
producto de conjeturas o suposiciones.

88. Señalaron que la parte accionante no había realizado ningún esfuerzo
argumentativo o probatorio para demostrar dicho interés y que no podía presumirse
o suponerse por el hecho de pertenecer al mismo partido político en un asunto de
conocimiento de los concejales, pues la norma no plasmó esa presunción.

89. Cuestionaron, igualmente, la valoración que se le dio al concepto que habría
brindado el abogado Ricardo Suaza Jiménez, argumentando que en norma alguna
se imponía la obligación de que fuera por escrito para que no se le restara
credibilidad e idoneidad.

90. Indicaron que el elemento subjetivo en el presente asunto no podía
circunscribirse al hecho de que los accionados, en razón a sus calidades, trayectoria
o formación debían saber que obrar de esa forma implicaba violar el régimen de
conflicto de intereses, sin comprobar el interés particular y directo.

91. Afirmaron que no eran profesionales del derecho, por lo que diligentemente y de
manera previa a su participación en la votación para elegir el secretario general del
Concejo Municipal de La Dorada para las vigencias 2024 y 2025, optaron por
asesorarse de un abogado para que les indicara si se configuraba alguna
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

92. Pusieron de presente que recibieron como respuesta que no se encontraban en
la obligación de presentar impedimento ante la inexistencia de un interés particular
y directo que entrara en conflicto con el interés general, lo cual refleja la buena fe
calificada con que actuaron al momento de votar la elección del secretario general
del Concejo Municipal de La Dorada.

I.5. Trámite del recurso de apelación

93. Mediante auto de 27 de noviembre de 202513, el magistrado sustanciador en
primera instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte
accionada en contra de la sentencia de 16 de septiembre de 2025.

94. En auto de 27 de enero de 202614 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte accionada y se ordenó correr traslado del citado proveído a la parte

13
Cfr. Índice 70, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
14
Cfr. Índice 7, SAMAI.

15

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

accionante y al agente del Ministerio Público. Ninguno de los sujetos procesales
intervino dentro del citado traslado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

95. Esta Sala de Decisión, para efectos de resolver la presente controversia,
abordará: i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejales
respecto de los accionados; iii) el problema jurídico; y iv) los cargos formulados por
los apelantes contra la sentencia de primera instancia.

II.1. La competencia

96. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201915, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15016 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejal

97. La condición de los accionados Fredy Gaitán Restrepo y María Antonia Martínez
Rodríguez como concejales del municipio de La Dorada para el período 2024-2027
se encuentra acreditada con la copia del formulario E26 CON17 de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, mediante el cual se declaró la elección de los concejales
de ese municipio.

98. Se precisa que la condición de los accionados como concejales del municipio de
La Dorada, período 2024-2027, no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de
apelación.

II.3. El problema jurídico

99. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201218, aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 de 15
de enero de 201819 y el artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que
debe resolver, siguiendo el recurso de apelación formulado por los accionados, se
contrae a determinar si debe revocarse la sentencia de 16 de septiembre de 2025
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual
se decretó la pérdida de investidura de los accionados, concejales del municipio de

15
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
16
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
17
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
18
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”
19
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”

16

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

La Dorada para el período 2024-2027, por violar el régimen de conflicto de intereses,
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley
136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, toda vez que no se encuentran
reunidos los elementos objetivo y subjetivo para su configuración.

100. Los accionados estiman que la primera instancia:

100.1. Omitió la aplicación a la presente controversia de las leyes 2003 y 2200, las
cuales prevén que no existirá conflicto de intereses para congresistas y diputados
en el evento en que participen en la elección de otros servidores públicos mediante
el voto secreto.

100.2. Presumió, a pesar de que no estaba probada, la existencia de un interés
particular, actual y directo de los accionados en la elección del secretario general
del Concejo Municipal de La Dorada, a pesar de encontrarse en la situación descrita
en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.

100.3. Valoró
indebidamente el concepto que brindó el abogado Ricardo Suaza
Jiménez a los accionados, lo cual era evidencia de la buena fe cualificada de estos.

II.4. Los cargos formulados por los apelantes en contra de la sentencia de
primera instancia

La sentencia de primera instancia presumió, a pesar de que no estaba
acreditado, la existencia de un interés particular, actual y directo de los
accionados en la elección del secretario general del Concejo Municipal de La
Dorada, pese a que se encontraban en la situación descrita en el numeral 14.
del artículo 11 de la Ley 1437.

101. Los apelantes cuestionan la interpretación que la primera instancia y esta
corporación le han dado al artículo 11 de la Ley 1437 consistente presumir que en
todas las situaciones allí señaladas existe el interés directo y particular, pues esta
no fue la intención del legislador.

102. Manifestaron que el artículo 11 de la Ley 1437 indicaría que cuando el interés
general entre en conflicto con el interés particular y directo nacía la obligación de
declarar el impedimento por parte del servidor público.

103. Coligieron de lo expuesto que el mencionado artículo impone la obligación al
servidor público de presentar impedimento en las hipótesis que esta establece
solamente cuando existe interés particular y directo en conflicto con el interés
general propio de la función público.

104. Indicaron que en el presente caso no estaban en la obligación de presentar
impedimento para participar en la elección del secretario general del Concejo

17

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

Municipal de La Dorada, por cuanto no les asistía ningún interés particular ni directo
que entrara en pugna con el interés general.

105. Expusieron, además, que no existía prueba alguna del interés particular y directo
que hayan tenido en la citada elección y reiteraron que no es posible presumirlo o
suponerlo, añadiendo que no estaba probado que hayan obtenido algún beneficio o
provecho para sí o para sus parientes por la participación en esa elección.

106. Se precisa que la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses se encuentra prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la
Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617.

107. El numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 señala que los concejales perderán
su investidura, entre otros, “[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”.

108. El numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 indica que, entre otros, los concejales
municipales y distritales perderán su investidura “[…] 1. Por violación del régimen
de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado
en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]”.

109. Adicionalmente, el artículo 70 de la Ley 136 expuso que:

“[…] Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte
de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido
de participar en los debates o votaciones respectivas. […]”

110. Esta Sección20 ha señalado que, para la configuración del elemento objetivo de
esta causal se requiere de la presencia de los siguientes elementos:

“[…] 59. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los
siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre
la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones
constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o votación del
asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el interés. […]”

111. Asimismo, se ha precisado respecto del interés directo, particular y actual21 que:

20
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 31 de marzo de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 01141-01.
21
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 28 de mayo de 2026. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00266-01.

18

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

“[…] Es directo, cuando “[…] el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su
fuente en el asunto que fue conocido por el legislador […]22”, en este caso la concejal.

84. Es particular cuando la participación en el asunto le confiere un “[…] derecho
exorbitante, de rango superior, que pugna con el principio de igualdad que ampara a
todos los colombianos en el disfrute de sus derechos en el Estado Social de Derecho.
[…]”23, bien sea que le beneficia de manera directa a él o su cónyuge o compañera
permanente o a alguno de sus parientes en los grados previstos en el artículo 70 de
la Ley 136, o alguno de sus socios de derecho o de hecho.

85. Es actual o inmediato cuando se presenta al momento de la participación o
votación del asunto que deba conocer, sin necesidad de regulaciones
complementarias, quedando excluidos los “[…] sucesos contingentes, futuros o
imprevisibles24 […]”.

112. El artículo 11 de la Ley 1437, norma que sustentó en el presente asunto la
violación del régimen de conflicto de intereses de los accionados, establece que
cuando el interés propio de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, éste deberá declararse impedido.

113. La norma señala, asimismo, que todo servidor público que deba adelantar o
sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas
o pronunciar decisiones definitivas podría ser recusado si no manifiesta su
impedimento por las causales que esta enuncia.

114. Dentro de las causales que enuncia la norma se encuentra:

“[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]”

115. Esta Sección, en la sentencia de 19 de septiembre de 201925 puso de presente
que el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 reguló dos hipótesis distintas: i)
haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
inscritas por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores y ii) haber hecho parte de
listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa
o en alguno de los dos períodos anteriores, siendo aplicable al presente asunto la
segunda hipótesis de la norma.

22
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión nro. 6. Sentencia del 15 de
octubre de 2024. C.P.: Omar Joaquín Barreto Suárez. Expediente nro. 11001-03-15-000-2024-03204-00.
23
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2042 de 21 de octubre de 2010, C.P. doctor Augusto
Hernández Becerra, radicado núm. 11001-03-06-000-2010-00112-00.
24
Ibidem.
25
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).

19

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

116. Esa decisión judicial estableció, en lo atinente a la configuración de la violación
del régimen de conflicto de intereses por incurrir en la conducta prevista en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, lo siguiente:

“[…] El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en su artículo 11, estableció, de manera general, que cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés público del servidor público, este
debe declararse impedido y, además, prevé una serie de situaciones en las cuales
consideró que los servidores públicos que deben adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, tienen comprometido su interés particular y directo y, en consecuencia,
podrían ser recusados si no manifiestan su impedimento. Entre dichas situaciones se
encuentra la consistente en:

«[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]».

(…)

La Sala encuentra que los acusados debieron declararse impedidos para participar
en la elección y nombramiento de la ciudadana Zaira Steffany Jabba Vergara en el
cargo de personera municipal de Zambrano para el período 2016 – 2020, al haberse
configurado la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011, lo cual tiene una incidencia central en la causal de desinvestidura
que se analiza.

Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad [sic] de los
servidores públicos, entendiendo que se presenta conflicto de intereses ante la
existencia de intereses personales y directos en relación con la decisión que se
pretende adoptar. […]”

117. La mencionada providencia judicial, igualmente, explicó que los procedimientos
relacionados con la elección de funcionarios a cargo de las corporaciones públicas
municipales y distritales -como sucede con la de secretarios- son procedimientos
especiales y, en virtud de lo previsto en el inciso final del artículo 2° de la Ley 1437,
era posible acudir por remisión a las causales de impedimento previstas en el
artículo 11 de la citada norma26.

118. La Sección Primera de esta corporación, a partir de la sentencia de 19 de
septiembre de 201927, ha sostenido de manera reiterada que para efectos de la

26
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de Septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
27
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, resultaba posible acudir a la causal de impedimento y
recusación contenida en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, en la medida
en que está dirigida a todos los servidores públicos que deben adelantar
actuaciones administrativas, entre los que se encuentran los miembros de las
corporaciones públicas de elección popular, señalando que:

“[…] En esta conducta prevista por el legislador se entiende que se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y se presenta
un interés directo, particular y actual en relación con la decisión que se pretende
adoptar. […]”28

119. La Sala igualmente afirmó que:

“[…] Ahora, es pertinente precisar que no le asiste razón al tribunal cuando para
descartar la configuración de este requisito señala que las causales dispuestas en el
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, no constituyen en sí, situaciones que conlleven a
la configuración de un conflicto de intereses; lo dicho, porque en reiterada
jurisprudencia29, esta Sección ha señalado que el artículo 11 del CPACA enlista las
circunstancias de conflicto de interés y causales de impedimento y recusación para
todo servidor público, luego, como el artículo 12330 de la Constitución Política
establece que los concejales son servidores públicos, les asiste el deber de
manifestar su impedimento cuando se encuentren incursos en las circunstancias
previstas en el mencionado artículo 11 del CPACA.

A este respecto, la Sala observa que tal remisión resulta oportuna, no simplemente
porque en ella se establezca una causal de impedimento, sino también porque le
indica al juez en qué momento puede un servidor encontrar su imparcialidad
comprometida para actuar, que es presupuesto de la configuración del conflicto de
intereses que tiene como consecuencia la pérdida de investidura. Entonces, lo que
debe tenerse en cuenta en el caso que se analiza, es que la remisión que se hace al
numeral 14 del artículo 11 del CPACA no lo es simplemente porque sea la disposición
aplicable al caso que ha de resolverse, sino también porque deja clara la circunstancia

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 2 de mayo de 2025. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00502-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-01329-02.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001-23-33-000-2024-00197-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de octubre de 2025, Consejero
ponente (E): Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2026, Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
28
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
29
Al respecto, pueden verse, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 19 de septiembre de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 13001 23 33 000
2018 00738 01; sentencia del 3 de marzo de 2023. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 25 000 23
15 000 2022 01015 01; sentencia del 14 de septiembre de 2023. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación
nro. 25 000 23 15 000 2022 01014 01.
30
“ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (…)”.

21

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

en que puede encontrarse cualquier servidor público cuando su interés particular
entra en conflicto con el interés general. […]”31

120. La Corte Constitucional profirió la sentencia SU 082 de 202632, mediante la cual
dejó sin efectos el fallo de 24 de septiembre de 2024 proferido por esta Sección en
el expediente núm. 05001-23-33-000-2024-00237-00, este último en el cual se
consideró el conflicto de interés previsto en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437.

121. La Corte Constitucional, para adoptar su decisión, se refirió al elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, señalando que:

“[…] 247. En paralelo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
enfatizado que no basta con constatar “un factor objetivo” en abstracto. Para hablar
de conflicto de interés, el juez debe verificar, como base, la presencia de un interés
directo particular y actual, real y no aleatorio, en la decisión sometida a consideración
del funcionario33.

248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo referente a la causal de
conflicto de interés por haber incurrido en una causal de impedimento, es necesario
precisar que el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura no puede
reducirse a la mera configuración formal de una causal de impedimento, pues esta
última opera como un parámetro preventivo de abstención, pero no sustituye la
verificación del presupuesto material de la sanción34. La jurisprudencia ha sido
enfática en que la sola subsunción fáctica en una hipótesis de impedimento resulta
insuficiente para estructurar la causal sancionatoria si no se acredita, de manera cierta
y concreta, la existencia de un interés directo, particular y actual que se proyecte sobre
el asunto decidido y sea susceptible de generar un beneficio personal o de sus
allegados35.

(…)

250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento no produce, por sí sola,
la pérdida de investidura, pues las normas que prevén esta sanción exigen la
verificación tanto del elemento objetivo como del subjetivo. Por ello, aunque actuar
estando impedido o abstenerse de declarar el impedimento cuando existe el deber de
hacerlo sí configura una falta disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al
fenómeno del conflicto de intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto
este último se refiere específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular
y el interés general involucrado en el asunto sometido a su decisión36. Eso exige,

31
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente (E): Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
32
Corte Constitutional. Sala Plena. Sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026. M.P. Vladimir Fernández Andrade.
33
Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
34
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025,
expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés
Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
35
Ibidem.
36
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

entonces, la demostración de un “genuino conflicto de intereses” y no la sola
constatación de la concurrencia de la causa de impedimento, en tanto esto implicaría
desnaturalizar su carácter excepcional como máxima sanción político-disciplinaria37.

251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta causal se orienta a
establecer, desde una perspectiva material, si la actuación del integrante de la
corporación pública se desarrolló en un escenario que comprometía su deber de
imparcialidad, por la concurrencia de una situación personal capaz de incidir en la
decisión adoptada dentro del ámbito de sus funciones. Este examen permite
identificar si el ejercicio del cargo se vio afectado por una circunstancia incompatible
con la finalidad pública que debe guiar la actuación del elegido, en tanto quebranta la
exigencia que rige el desempeño de la función representativa. Todo ello a partir de la
constatación fáctica de la actuación endilgada y su confrontación con los supuestos
descritos en la ley. […]”

122. Dicha corporación, asimismo, se refirió al análisis probatorio que debe
adelantarse en el juicio de pérdida de investidura tratándose de la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, así:

“[…] 442. Metodológicamente, el escrutinio para la averiguación de la posible
ocurrencia de una causa de pérdida de investidura debe seguir ese orden, es decir,
primero la verificación objetiva del supuesto típico y solo después, si aquel se acredita,
el examen subjetivo. En efecto, tal como se explicó líneas atrás, si el elemento objetivo
no se configura, el análisis de culpabilidad carece de razón jurídica, dado que no
existirá una conducta material delimitada sobre la cual pueda recaer un reproche
sancionatorio.

(…)

444. Para la Sala, tal discernimiento obvió el análisis fáctico sobre la acreditación
fehaciente de un interés directo, particular, actual y concreto38. Obsérvese que las
decisiones judiciales se redujeron a especificar la ocurrencia de la causa de
impedimento y la ausencia de la manifestación de parte de las accionantes para
separarse de la votación, constituyendo ello la razón que provocó la sanción por
pérdida de investidura. En otras palabras, la valoración probatoria se orientó a
confirmar la subsunción en un impedimento, pero dejó en segundo plano la
demostración del interés jurídicamente relevante que convierte ese escenario en
conflicto de intereses sancionable en el marco del proceso de pérdida de investidura.

445. (…) Por consiguiente, no basta con conocer un listado general de situaciones
catalogadas como generadoras de un quebrantamiento del principio de imparcialidad
-como son las causas de impedimento-, sino que, tratándose de pérdida de
investidura, el análisis debe ocuparse por corroborar que, además de evidenciar que
ocurrió la situación marcada como causal de impedimento, este comprometido [sic]
genuinamente un interés confluyente que pueda llegar a perjudicar el interés
público39.

la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-
33-000-2025-00218-01.
37
Ibidem.
38
Exigencia probatoria que esta Corporación ha precisado en Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024. Ver también:
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025,
expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés
Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
39
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

446. Así lo ha recalcado la Sala Plena del Consejo de Estado al afirmar que “la sola
ausencia de la declaración de impedimento por parte del congresista no constituye
causal de pérdida de investidura, porque [las normas sobre pérdida de investidura] no
sanciona[n] la omisión del deber de declararse impedido, sino la participación en una
decisión en la cual se configure un genuino conflicto de intereses” 40.

447. Bajo esa lógica, está claro que el laborío fue deficiente porque, por un lado, el
análisis efectuado se concentró solo en la verificación de una causal de impedimento,
sustituyendo así la exigencia probatoria propia de la causal de pérdida de investidura
que determina la necesidad de acreditar (no presumir) un interés directo, actual,
concreto y particular; y, por otro lado, se omitió la valoración de unos elementos
materiales probatorios con los cuales se pretendía acreditar el contexto de la elección
a efectos de descartar el interés, los cuales se relacionan a continuación. […]”

123. De acuerdo con lo anterior, se acogerán los planteamientos expuestos por la
Corte Constitucional en la citada sentencia SU 082 de 2026 y se modificará el criterio
sostenido por la Sección a partir de la sentencia de 19 de septiembre de 201941, de
tal forma que la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses debe orientarse a
acreditar de manera cierta y concreta la existencia de un interés directo, actual,
concreto y particular que se proyecte sobre el asunto decidido y sea susceptible de
generar un beneficio personal o de sus allegados, esto es, que origine un conflicto
de intereses.

124. Siguiendo los planteamientos expuestos, para establecer la presencia de los
requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
violación del régimen de conflicto de intereses en el presente asunto, se allegaron
al expediente, las siguientes pruebas:

124.1. Copia del formulario E-6 CO “[…] SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN DE
CANDIDATOS Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA
PARTIDOS O MOVIMIENTOS POLÍTICOS CON PERSONERÍA JURÍDICA […]”42,
correspondiente al Partido Liberal Colombiano y respecto de las elecciones para el
Concejo Municipal de La Dorada a desarrollarse el 29 de octubre de 2023, con fecha
de aceptación de 27 de julio de 2023. (Negrilla del texto).

124.2. Dentro de la lista de candidatos mencionados en el formulario se encuentran
los accionados María Antonia Martínez43 Rodríguez [renglón 1] y Fredy Gaitán
Restrepo44 [renglón 2], así como el señor Jairo Perdomo Ortiz45 [renglón 3].

del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00.
40
Ibidem.
41
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
42
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
43
“[…] FIRMA DE ACEPTACIÓN (…) EIS-ID-21473288 […]”. (Negrilla del texto)
44
“[…] FIRMA DE ACEPTACIÓN (…) EIS-ID-21486438 […]”. (Negrilla del texto)
45
“[…] FIRMA DE ACEPTACIÓN (…) EIS-ID-21453257 […]”. (Negrilla del texto)

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

124.3. Copia de la Resolución núm. 114 de 26 de diciembre de 2023 46, expedida por
el presidente del Concejo Municipal de La Dorada, mediante la cual se realizó la
convocatoria para la elección del secretario general del concejo municipal para el
período 2024.

124.4. Copia de la Resolución núm. 4 de 3 de enero de 202447, expedida por la mesa
directiva del Concejo Municipal de La Dorada, por la cual se revocó la Resolución
114 de 26 de diciembre de 2023 y se estableció el procedimiento para la elección
del secretario general del Concejo Municipal de La Dorada para el período 2024.

124.5. Copia del “[…] ACTA DE ADMITIDOS (…) CONVOCATORIA ELECCIÓN DE
SECRETARIO GENERAL CONCEJO MUNICIPAL DE LA DORADA – CALDAS
PARA LA VIGENCIA 2024 (…) Resolución 004 de enero 3 de 2024 […]”48 de 7
de enero de 2024. El acta indica que fueron admitidos en la convocatoria los señores
Camila Alexandra Naranjo, Jairo Perdomo Ortiz, Daniel Pérez, Nicolás Betancurt,
María José Negrette Jaramillo, Ceidi Lorena Espitia Romeo y Luis Ernesto Pineda
Herrera. (Negrilla del texto).

124.6. Copiadel “[…] INFORME (…) COMISIÓN DE ACREDITACIÓN
DOCUMENTAL SOBRE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY 136 DE 1994 Y RESOLUCIÓN 106 DE DICIEMBRE
1 DE 2023 (…) CONVOCATORIA (…) ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL DE LA DORADA – CALDAS PARA LA VIGENCIA 2024
(…) Resolución 004 de enero 3 de 2024 […]”49. (Negrilla del texto).

124.7. La comisión señaló que los señores Camila Alexandra Naranjo, Jairo Perdomo
Ortiz, Daniel Pérez, Nicolás Betancurt, María José Negrette Jaramillo, Ceidi Lorena
Espitia Romeo y Luis Ernesto Pineda Herrera cumplieron los requisitos señalados
en las citadas normas.

124.8. Copia del acta núm. 4 que da cuenta de la sesión plenaria del Concejo
Municipal de La Dorada de 10 de enero de 202450. En el orden del día de los asuntos
que abordaría la corporación se encontraba:

“[…] 4. Elección de secretario general del Concejo municipal de La Dorada Caldas
vigencia 2024. (…) 4.1. Presentación de los postulantes ante el cargo de secretario
general para la vigencia 2024. (…) 4.2. Socialización hojas de vida postulantes al
cargo de secretario general para la vigencia 2024. (…) 4.3. Votación. […]”

124.9. Durante la sesión intervinieron los siguientes aspirantes a ocupar el cargo de
secretario general del concejo municipal: i) Jairo Perdomo Ortiz, ii) María José
Negrette Jaramillo y iii) Ceidy Lorena Espitia Romero.

46
Cfr. Índice 34, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
47
Cfr. Índices 34 y 42, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
48
Cfr. Índice 34, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
49
Cfr. Índice 34, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
50
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.

25

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

124.10. Se puso de presente que el procedimiento de votación sería el siguiente:

“[…] Honorables Concejales de la mesa escrutadora, pasar por cada cubículo de los
Concejales y les dan su hoja para que escriban el nombre del aspirante o candidato
a ser secretario de la corporación por vigencia 2024, ahorita; Honorables Concejales
también quiero manifestarles que la dinámica es el que al espirante [sic] que saque el
mayor número de votos es él [sic] va a quedar electo; Honorable secretario llamar en
orden de lista a los Honorables Concejales para que depositen en su urna el voto. El
señor secretario toma la palabra: empiezo a nombrarlos para que por favor cada uno
vaya depositando sus votos en el sobre; (…) Fredy Gaitán Restrepo (…) María
Antonia Martínez […]”

124.11. El acta dio cuenta del resultado de la votación, así:

“[…] El señor presidente: Señor secretario me confirma para que quede en el acta,
número de votos para el candidato. Interviene el señor secretario: Jairo Perdomo diez
(10) votos, María José Negrette tres (3) votos, para un total de trece (13) votos, no se
encuentran Mario Buitrago ni Filomena Morales (…) Honorables Concejales, después
de ser el tema de escrutinio, los votos, se dio que el señor Jairo Perdomo obtuvo diez
(10) votos, y la aspirante María José Negrette tres (3), el secretario del Concejo para
la vigencia 2024 será el señor Jairo Perdomo […]”

124.12. En el curso de la sesión, la accionada María Antonia Martínez realizó las
siguientes manifestaciones:

“[…] La H.C. MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ toma la palabra: Gracias
señor presidente, un saludo muy especial a la mesa directiva, los Honorables
Concejales y a las personas que se encuentran dentro de las gradas y el recinto,
empiezo por la elección del secretario con la mayor de los respectos [sic], pues, cada
uno tiene su punto de vista y eso es presión ¿no?, no estamos pagando favores
políticos, estamos reconociendo la representación de Guarinó, Guarinó [sic] es un
sitio donde debemos de abrirles las puertas entonces aquí el señor Jairo es abrirles
las puertas a Guarinó [sic] es reconocer que este centro poblado es muy importante
y aún más les voy a decir yo siempre creo que el ser humano debe valorarse por la
gratitud, uno no deja a los amigos cuando están en las partes difíciles, el que es amigo
realmente le da la mano al que está necesitado o al que hay que ayudar o al que hay
que reconocer que ha hecho un trabajo y que reconocemos que Guarinocito [sic] debe
de estar aquí [sic] representado, de que es una persona que como todo nosotros
debemos de tener oportunidades y entonces que porque no tiene estudio no tiene
derecho a tener oportunidades, pues, claro que sí, si cumplen en el marco de la ley,
porque vamos a quitarle ese espacio y un día yo estaba aquí hace muchos años, en
el 2001 cuando era Concejal y hoy en día reconozco que es cierto, allá parado un día
me dijo el señor Cesar Alzate y me dijo, “Uno gobierna con los amigos”, y hoy les
quiero decir, “Si señor uno gobierna con los amigos”, porque a los amigos no se dejan
botados a mitad de camino, porque los amigos hay que levantarlos y si cumplen las
normas con mayor peras [sic], no son favores políticos y como viene aquí a tratar de
enlodarnos, la señora Faysury que no hace, sino burlarse de la gente de uno, cuando
da el uso de la palabra no respetuosa con el presidente donde le dijo que cuando él
estaba hablando, bueno lo fue grosera [sic] cuando estaba hablando el presidente,
eso no se hace, respetemos a las personas, vuelvo y se lo digo, aquí habla usted y
yo escucho, no hago gestos, no me burlo de usted (…) no estamos haciendo cosas,
como diciendo: “bajo la mesa”, estamos haciendo lo que faculta el Concejo en los
municipios de categoría de cuarta y quinta dice muy clarito, los Concejos municipales
de categoría cuarta y quinta para la elección de secretario general son autónomos,
igualmente somo autónomos para elegir personero eso no son facultades de una

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

universidad, muy clarito dice ley 136 y no estamos haciendo, yo le digo una de las
cosas, me siento orgullosa de que el personero sea de la dorada [sic] iban a elegir un
personero que todo el historial era de Facatativá, todo el historial de trabajo de
Facatativá, por Dios como voy a preferir yo una persona de Facatativá a uno que es
doradense que no ha enseñado que no siendo, que así sea ciego se ha superado
más de lo que ha superado María Antonia Martínez que es un hombre de reconocer
entre el Municipio, un hombre intachable y poniéndole el palo a la carreta por Dios
aquí no estamos haciendo nada incorrecto, estábamos dentro de nuestras facultades
para elegir tanto al secretario, como para elegir el personero y me siendo orgullosa
dentro del partido liberal que represento, de que hoy Jairo Perdomo, sea el secretario
del Concejo y que le demos esta oportunidad como seres humanos, porque dígame,
¿Quién es para juzgar a otro?, nosotros no somos nadie para juzgar (…) Si dentro de
la corporación tenemos de que, si hay una falla con mucho gusto Honorables
Concejales, pero todavía no es secretario ya están haciendo pullas, voy a decir una
cosa fue tan irrespetuoso Faysury cuando dio el uso del resultado, tanto votos por la
profesional y por el señor Jairo tanto, por Dios eso no se hace (…) pero no hace
énfasis que la otra si es profesional y que Jairo Perdomo no es profesional, es no se
hace o sea como queriendo decir eligieron un ignorante, respecto por favor exijo por
mi compañero y no lo hizo correctamente y fui prudente y me quedé callada en el
momento en el que tenía que decirle que no me parece el énfasis […]”

124.13. Copia de la Resolución núm. 7 de 11 de enero de 202451, mediante la cual se
hizo el nombramiento del señor Jairo Perdomo Ortiz como secretario general del
Concejo Municipal de La Dorada para el período 2024 y copia de la respectiva acta
de posesión en el cargo de fecha 11 de enero de 202452.

124.14. Copia de la Resolución núm. 99 de 12 de noviembre de 202453, expedida por
la mesa directiva del Concejo Municipal de La Dorada, mediante la cual se convocó
a los ciudadanos interesados para que presentaran postulación para ocupar el cargo
de secretario general del Concejo Municipal de La Dorada para el período 2025 y
fijó los requisitos generales de la convocatoria.

124.15. Copia del “[…] ACTA DE CIERRE (…) CONVOCATORIA A LA ELECCIÓN
DE SECRETARIO GENERAL CONCEJO MUNICIPAL DE LA DORADA –
CALDAS PARA EL PERÍODO 2025 (…) Resolución 099 de noviembre 12 de
2024 […]”54 de 15 de noviembre de 2024. Consta que para ocupar el citado cargo
se postularon los señores Jairo Perdomo Ortiz, Nini Johanna Vivas Rico y “[…]
JOHN HARVY GALVIS OLAYA […]”. (Negrilla del texto).

124.16. Copia del “[…] INFORME (…) COMISIÓN DE ACREDITACIÓN
DOCUMENTAL SOBRE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY 136 DE 1994 Y RESOLUCIÓN 099 DE NOVIEMBRE
12 DE 2024 (…) CONVOCATORIA (…) ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL DE LA DORADA – CALDAS PARA LA VIGENCIA 2025
(…) Resolución 099 de noviembre 12 de 2024 […]”55. La mencionada comisión
señaló que los señores Jairo Perdomo Ortiz y “[…] JOHN HARVY GALVIS OLAYA

51
Cfr. Índice 34, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
52
Cfr. Índice 34, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
53
Cfr. Índices 3, 34 y 42, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
54
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
55
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.

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[…]” cumplieron los requisitos señalados en las mencionadas normas y la señora
Nini Johanna Vivas Rico no los cumplió. (Negrilla del texto)

124.17. Copia del acta núm. 86 que da cuenta de la sesión plenaria del Concejo
Municipal de La Dorada de 22 de noviembre de 202456. En el orden del día de los
asuntos que abordaría la corporación se encontraba:

“[…] 3. Elección secretario general del Concejo de la Dorada – Caldas para la vigencia
2025 y toma de posesión y juramento con efectos fiscales a partir del primero de enero
del 2025. […]”

124.18. En la sesión intervinieron los aspirantes Jairo Perdomo Ortiz y John Harvey
Galvis Olaya y se puso de presente que el procedimiento de votación sería el
siguiente:

“[…] Honorables Concejales, en el parágrafo del numeral 84.3 del artículo 84 del
acuerdo 033 del 2018 que dispone, solo se podrá efectuar votación secreta para
elección de funcionarios que corresponde al Concejo y elecciones mesa directiva [sic]
cuando por plenaria fuere aprobada esta forma de votación, cuando debe efectuarse
votación secreta, el secretario llamará a cada Concejal por orden alfabético de
apellidos para que deposite su papeleta en la urna, esta procederá depositando la
urna a la expectativa de la papeleta [sic], indicando el nombre y apellido por quien
manifieste su intención, Honorables Concejales, pongo en consideración la propuesta
de que la votación sea secreta (…) la aprueba los Honorables Concejales, que la
votación para elegir secretario general, la vigencia 2025 sea secreta. (…) Levanta la
mano, por favor, aprobado por el Concejal (…) Fredy Gaitán Restrepo (…) María
Antonia Martínez Rodríguez (…) aprueban CATORCE (14) Honorables Concejales la
propuesta […]”

124.19. El acta dio cuenta del resultado de la votación, así:

“[…] voy a llamar entonces en orden alfabético para que pasen a depositar su voto
(…) Fredy Gaitán Restrepo (…) María Antonia Martínez Rodríguez (…) Interviene el
señor presidente: Para que en voz alta diga los votos por candidato y luego ratificamos
la votación para mirar quien fue el secretario, quién va a ser el secretario general de
la corporación. La H.C. MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ interviene para
señalar: (…) CATORCE (14) votos por el señor Jairo Perdomo y uno por Harvey
Galvis (…) CATORCE (14) votos obtuvo Jairo Perdomo y un voto por el doctor Harvey
Galvis […]”

124.20. En esta sesión, el señor Jairo Perdomo Ortiz tomó posesión como secretario
general del Concejo Municipal de La Dorada para el período 2025.

124.21. Copia de la Resolución núm. 108 de 22 de noviembre de 202457, mediante la
cual se hizo el nombramiento del señor Jairo Perdomo Ortiz como secretario general
del Concejo Municipal de La Dorada para el período 2025.

56
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
57
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.

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124.22. Copia de las hojas de vida de los accionados 58 que se encontraban en el
Concejo Municipal de La Dorada.

124.23. Copiade la comunicación de 3 de septiembre de 202559, en la cual el
presidente del Concejo Municipal de La Dorada hizo constar que:

“[…] una vez revisada el Acta 086 de noviembre 22 de 2024, de la sesión plenaria en
la que se realizó la elección de secretario general para la vigencia 2025, se constata
que la modalidad de votación fue SECRETA. […]”

124.24. Copiade la comunicación de 3 de septiembre de 202560, en la cual el
presidente del Concejo Municipal de La Dorada hizo constar que:

“[…] una vez revisada el Acta 004 de enero 10 de 2024, de la sesión plenaria en la
que se realizó la elección de secretario general para la vigencia 2024, se constata
que la modalidad de votación fue SECRETA. […]”

125. Respecto de la existencia de los requisitos para la configuración objetiva de la
violación del régimen de conflicto de intereses se acreditó que los señores María
Antonia Martínez Rodríguez y Fredy Gaitán Restrepo fueron elegidos concejales del
municipio de La Dorada para el período 2024-2027.

126. En lo que se refiere a la existencia de un interés directo, particular y actual en
cabeza de los concejales, sus parientes en los grados establecidos en el artículo 70
de la Ley 136 o de sus socios de derecho o de hecho, en un asunto que el concejal
conozca debido a sus funciones constitucionales y legales, se encuentra acreditado
que los accionados y el señor Jairo Perdomo Ortiz hicieron parte de la lista de
candidatos por el Partido Liberal Colombiano al Concejo Municipal de La Dorada
para el período 2024-2027, cuya elección se llevó a cabo el 29 de octubre de 2023.

127. Asimismo, está probado que el señor Jairo Perdomo Ortiz fue aspirante a ocupar
el cargo de secretario general del Concejo Municipal de La Dorada en los períodos
2024 y 2025, siendo elegido para ocupar dicho cargo en ambos períodos.

128. Está demostrado que los señores María Antonia Martínez Rodríguez y Fredy
Gaitán Restrepo, concejales del municipio de La Dorada para el período 2024-2027,
participaron y votaron, sin declararse impedidos, en el proceso de elección de quien
ocuparía el cargo de secretario general del Concejo Municipal de La Dorada para
los períodos 2024 y 2025, elección que se llevó a cabo en las sesiones de esa
corporación de 10 de enero y 22 de noviembre de 2024 y que está a cargo de los
concejos municipales conforme lo indica el artículo 37 de la Ley 136, que al tenor
señala:

58
Cfr. Índice 20, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
59
Cfr. Índice 42, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.
60
Cfr. Índice 42, SAMAI. Expediente digital 17001233300020250019400.

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

“[…] ARTICULO 37. SECRETARIO: El Concejo Municipal elegirá un secretario para
un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección
se realizará en el primer período legal respectivo […]”

129. La conducta de los señores María Antonia Martínez Rodríguez y Fredy Gaitán
Restrepo, concejales del municipio de La Dorada para el período 2024-2027, se
encuadra en la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437.

130. Enaplicación de los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU 082 de 2026, es necesario probar, además de que la conducta de los
accionados se encuadre en la causal de impedimento y recusación prevista en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, la existencia de un interés directo, actual,
concreto y particular en cabeza de estos.

131. Las pruebas allegadas al plenario no permiten acreditar la existencia de un
interés directo, particular y actual o inmediato de los accionados en la elección del
señor Jairo Perdomo Ortiz como secretario general del Concejo Municipal de La
Dorada para los períodos 2024 y 2025, si se tiene en cuenta que la actividad
probatoria desplegada en este medio de control se limitó a acreditar la configuración
de la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11
de la Ley 1437.

132. Se precisa que la parte accionante, en la solicitud de pérdida de investidura,
puso de presente las manifestaciones realizadas por la concejal María Antonia
Martínez Rodríguez en la sesión de 10 de enero de 2024 [hecho 8 de la solicitud de
pérdida de investidura], sin embargo, estas solo dan cuenta de la defensa que
realizó la accionada de la elección del señor Jairo Perdomo Ortiz como secretario
general del Concejo Municipal de La Dorada para el año 2024, sin que de ellas
pueda advertirse la existencia del interés exigido para la configuración de la causal
de pérdida de investidura.

133. En suma, no se allegaron los medios de prueba que permitieran establecer que
el asunto sometido al estudio de los concejales accionados, en este caso, la
elección del secretario general del Concejo Municipal de La Dorada para los
períodos 2024 y 2025, materializara un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia
propia que pusiera en tensión el interés general de la función pública y el interés
particular de quienes participaban en la decisión.

134. De esta manera, ante la prosperidad del cargo formulado por los accionados, la
Sala se abstendrá de analizar los demás cargos del recurso de apelación61, así
como el elemento subjetivo de culpabilidad, toda vez que no se encontró acreditada
la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
atribuida a estos.

61
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 7 de noviembre de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01.

30

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00194-01
Accionante: Julio Cesar Caro Salcedo

II.5. Conclusión

135. La Sala no encontró configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral
1. del artículo 48 de la Ley 617, esto es, la violación del régimen de conflicto de
intereses y, en consecuencia, revocará la sentencia de 16 de septiembre de 2025,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual
se declaró la pérdida de investidura de los señores María Antonia Martínez
Rodríguez y Fredy Gaitán Restrepo, concejales del municipio de La Dorada, período
2024-2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de septiembre de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, DENEGAR la
solicitud de pérdida de investidura presentada en contra de los señores María
Antonia Martínez Rodríguez y Fredy Gaitán Restrepo, concejales del municipio de
La Dorada, período 2024-2027, conforme con las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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