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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03394-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03394-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03394-01 (9186)
Accionante: Rafael Antonio Mendoza Vega
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de pérdida
de investidura. Subtema 2: improcedencia. Subtema 3: Inmediatez.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Rafael Antonio Mendoza Vega contra la sentencia
del 16 de junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

1. Síntesis del caso

El señor Rafael Antonio Mendoza Vega presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, así como del
debido proceso convencional, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Córdoba y la Sección Primera del Consejo de Estado, con ocasión
de las sentencias del 18 de febrero y 28 de agosto de 2025, proferidas dentro del
expediente con radicado núm. 23001-23-33-000-2024-00197-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03394-00, índice 2, certificado núm. 9CB3B300EBBB0EB8
60D0DDC23D6D57D8 F07C2BBC92FD8875 FCDB6C5AC8B2BEB7.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03394-01 (9186)
Accionante: Rafael Antonio Mendoza Vega
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado y otro

2.
El señor Rafael Antonio Mendoza Vega fue elegido concejal del municipio de
Montelíbano, Córdoba, para el periodo 2024-2027, con el aval del Partido de la U.

3.
El accionante participó en la elección del secretario general del Concejo Municipal
de Montelíbano, en la que resultó elegido el señor Emilio Enrique Mendoza Jerez,
quien también había integrado la lista de candidatos al Concejo Municipal por el
Partido de la U en las elecciones de 2023.

4.
Por tal razón, el señor Andrés Daniel Delgado Domínguez interpuso la acción
constitucional de pérdida de investidura contra el accionante, al considerar que
incurrió en conflicto de intereses por votar a favor de quien fuera su compañero de
la lista electoral del Partido de la U.

5.
El Tribunal Administrativo de Córdoba declaró la pérdida de investidura del
concejal Rafael Antonio Mendoza Vega mediante sentencia del 18 de febrero de
2025, al encontrar acreditado el conflicto de intereses derivado de su participación
en la elección del secretario general del Concejo Municipal, sin manifestar
impedimento.

6.
La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera
instancia a través de providencia del 28 de agosto de 2025.

7.
El accionante presentó acción de tutela el 4 de mayo de 2026 contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba y la Sección Primera del Consejo de Estado, por
considerar que las providencias cuestionadas vulneraron sus derechos
fundamentales.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8.
La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERA. TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. AMPARAR los derechos
fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 C.P.), a la Igualdad (Art. 13 C.P.) y al ejercicio
de los Derechos Políticos (Art. 40 C.P.), así como los estándares de Control de
Convencionalidad (Arts. 23 y 24 CADH), vulnerados por la Sección Primera del
Honorable Consejo de Estado en favor de mi representado, RAFAEL ANTONIO
MENDOZA VEGA.

SEGUNDA. NULIDAD DE LA PROVIDENCIA. DECLARAR LA NULIDAD y, en
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de pérdida
de investidura con radicado 23001233300020240019701, mediante la cual se confirmó
la pérdida de la investidura de mi representado.

TERCERA. ORDEN DE REMISIÓN Y NUEVA SENTENCIA. ORDENAR a la Sección
Primera del Consejo de Estado que, en un término no mayor a cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a proferir una nueva
sentencia de segunda instancia. En dicho fallo, la autoridad accionada deberá aplicar de
manera obligatoria el Principio de Favorabilidad y la Analogía In Bonam Parten respecto
del artículo 56 de la Ley 2200 de 2022, reconociendo que la participación en elecciones
2

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Accionante: Rafael Antonio Mendoza Vega
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de otros servidores públicos mediante el voto secreto excluye la configuración del
conflicto de intereses, salvo inhabilidades por parentesco.

9.
Como fundamento de sus pretensiones, el actor manifestó que las providencias
cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales porque aplicaron de manera
extensiva el régimen de conflicto de intereses y desconocieron el principio de
favorabilidad, la analogía y la interpretación extensiva del artículo 56 de la Ley 2200
de 2022.

En este sentido, afirmó que se desconocieron los estándares constitucionales y
10.

convencionales aplicables a la restricción de sus derechos políticos.

Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en defecto sustantivo,
11.

desconocimiento del precedente convencional y violación directa de la Constitución.

2.3. Trámite procesal

12.
El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 5 de mayo de 20262, admitió la solicitud de amparo;
ordenó notificar a la Sección Primera del Consejo de Estado y a la Sala Plena del
Tribunal Administrativo de Córdoba, vinculó a Andrés Daniel Delgado Domínguez,
Uber Eduardo Correa Álvarez y Misael Augusto Villarreal Jorge, en calidad de
terceros con interés, y comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

2.4. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Córdoba3 remitió el enlace del expediente digital del
13.

medio de control de pérdida de investidura con radicado 23001-23-33-000-2024-
00197-00.

14.
La Sección Primera del Consejo de Estado4 solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela por falta de inmediatez. Explicó que la providencia cuestionada
se profirió el 28 de agosto de 2025 y el auto que resolvió las solicitudes de aclaración
y adición se notificó el 8 de octubre de 2025. En ese contexto, consideró que la
tutela, presentada el 4 de mayo de 2026, no fue instaurada dentro de un plazo
razonable. Además, señaló que no existía una circunstancia de especial relevancia
constitucional, fuerza mayor, debilidad manifiesta o hecho nuevo que justificara la
tardanza.

15.
El Tribunal Administrativo de Córdoba5 solicitó declarar improcedente la acción

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03394-00, índice 4, certificado núm. 015532CB7D8456C5
A3CDD29CF0E78E81 7684F6570D91DF75 535B941ACD4CA411.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03394-00, índice 8, certificado núm. 65D01D9682059D1D
6B060ED38774F383 6E724AEF86444A16 20071D0281639D2E 1913315CE2AE7C7D A5788F7CCB960FA0
70320793191CD464 FB476851A5B37069.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03394-00, índice 10, certificado núm. 9CD463463599C915
5911A7E9C99456E0 E1C0906D8A2D21BA 62312AD23011AAF7.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03394-00, índice 11, certificado núm. E97FAD8B9B320537
E0F9EEB4527A80AE 15DE20AE70C331B5 0B49C47576D62F44.
3

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de tutela, debido a que el actor pretende reabrir un debate jurídico resuelto por las
autoridades judiciales dentro del proceso de pérdida de investidura. Expuso que el
accionante ejerció los mecanismos ordinarios de defensa, incluidos el recurso de
apelación y la solicitud de aclaración y adición, por lo que la tutela no constituye una
instancia adicional para controvertir decisiones judiciales desfavorables.

16.
Asimismo, afirmó que las providencias cuestionadas carecen de los defectos
alegados, dado que desarrollaron una fundamentación jurídica suficiente sobre el
conflicto de intereses, descartaron la aplicación analógica del artículo 56 de la Ley
2200 de 2022 y no vulneraron los derechos al debido proceso, a la igualdad ni al
precedente judicial.

2.5. Sentencia de primera instancia

17.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 16 de junio de 20266, declaró improcedente la acción de tutela por
falta de inmediatez y relevancia constitucional. La Sala precisó que la sentencia
cuestionada quedó ejecutoriada el 16 de octubre de 2025 y el actor presentó la
tutela el 4 de mayo de 2026, es decir, por fuera del término razonable para
controvertirla. Asimismo, advirtió la ausencia de circunstancias especiales capaces
de justificar la tardanza.

18.
Finalmente, concluyó que los cuestionamientos formulados eran de naturaleza
legal, pues el accionante insistió en la aplicación analógica del artículo 56 de la Ley
2200 de 2022 y en el control de convencionalidad, asuntos que ya habían sido
planteados en el proceso ordinario.

2.6. Impugnación

19.
La parte actora presentó impugnación7 contra la sentencia de la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su escrito manifestó que interponía
oportunamente el recurso contra la decisión que declaró la improcedencia de la
acción de amparo constitucional.

20.
Igualmente, solicitó que se concediera la impugnación y se remitiera el
expediente al superior funcional para que resolviera de fondo la controversia. En el
escrito de impugnación no se advirtieron argumentos adicionales sobre los
presupuestos de procedencia de la tutela ni sobre los reproches formulados contra
las providencias judiciales cuestionadas.

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03394-00, índice 14, certificado núm. 4587C48A62D804ED
A19A7362C79A0A3C DDCAD89F32E2B89E 4DC282D54B69F2DB.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03394-00, índice 19, certificado núm. E3C8E5530699E180
5ACAE3FD49CA9D52 A33C2F7C7B42419D 7B85F85D0759A700.
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3. Consideraciones

3.1. Competencia

21.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 16 de junio
de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

3.2. Legitimación en la causa

22.
La legitimación en la causa por activa del señor Rafael Antonio Mendoza Vega
está acreditada, porque fue parte demandada dentro del proceso de pérdida de
investidura en el que se profirieron las providencias que cuestiona mediante la
presente acción constitucional.

23.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Córdoba y de la Sección Primera del Consejo de Estado, debido
a que fueron las autoridades judiciales que profirieron las providencias objeto de
reparo constitucional.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
24.

ha señalado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional9.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
25.

debe acreditar los siguientes:

(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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26.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

27.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución10.

3.4. Problema jurídico

28.
Corresponde a la Sala determinar si ¿La acción de tutela satisface el requisito
general de inmediatez para controvertir la sentencia proferida el 28 de agosto de
2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado?

29.
En caso afirmativo, se continuará con el estudio de los demás requisitos de
procedibilidad y, si a ello hay lugar, se emitirá una decisión de fondo.

30.
Es preciso aclarar que el requisito de inmediatez se circunscribirá a la sentencia
de segunda instancia, toda vez que esta confirmó la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba y, por tanto, es la providencia que puso fin al
proceso de pérdida de investidura.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

31.
El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela puede
presentarse en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección
inmediata de los derechos fundamentales. No obstante, también es cierto que se
debe ejercer dentro de un plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo
y lugar del caso concreto, para asegurar la protección oportuna del derecho
vulnerado. De lo contrario, la urgencia y la necesidad de intervención del juez de
tutela quedarían desvirtuadas.

32.
Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una decisión
judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de seguridad jurídica
y de protección de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.

10 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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33.
Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 11 explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, pues las decisiones judiciales
no pueden mantenerse en la incertidumbre indefinidamente, por lo que resulta
necesario establecer un plazo razonable para su interposición.

34.
Por lo anterior, esta corporación, como regla general, consideró que, para que el
ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía
interponer la solicitud de amparo dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia reprochada, toda vez que a partir de esos
momentos procesales el sujeto puede tener conocimiento de la eventual afectación
que surge de una decisión judicial.

35.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»12.

3.5 Caso concreto

36.
En el caso bajo estudio, el señor Rafael Antonio Mendoza Vega acudió a la acción
de tutela con el fin de que se deje sin efectos la sentencia del 28 de agosto de 2025,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del medio de control
de pérdida de investidura identificado con el radicado núm. 23001-23-33-000-2024-
00197-01.

37.
Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial
(Samai), se advierte que la Sección Primera del Consejo de Estado emitió la
sentencia de segunda instancia el 28 de agosto de 202513, mediante la cual confirmó
la decisión que declaró la pérdida de investidura del accionante. Esta providencia
fue notificada el 11 de septiembre de 202514 y por estado el 15 de septiembre
siguiente15.

Posteriormente, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto del 2
38.

de octubre de 202516, resolvió las solicitudes de aclaración y adición formuladas
contra la sentencia. Esta providencia fue notificada el 8 de octubre de 2025 17 y por
estado el 10 de octubre siguiente18. Por último, la sentencia de segunda instancia
quedó ejecutoriada el 16 de octubre de 202519.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado

No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
13 Samai, exp. 23001-23-33-000-2024-00197-01, índice 18.
14 Samai, exp. 23001-23-33-000-2024-00197-01, índice 20.
15 Samai, exp. 23001-23-33-000-2024-00197-01, índice 21.
16 Samai, exp. 23001-23-33-000-2024-00197-01, índice 27.
17 Samai, exp. 23001-23-33-000-2024-00197-01, índices 28 y 29.
18 Samai, exp. 23001-23-33-000-2024-00197-01, índice 30.
19 Samai, exp. 23001-23-33-000-2024-00197-01, índice 32 certificado EF160596B917BB2A
57FEC69E05DDD2E4 30E9D2EB321F3679 1AB89F6775585558.
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39.
No obstante, el escrito de tutela fue presentado el 4 de mayo de 202620, es decir,
transcurridos siete meses y veintitrés días después de la notificación de la sentencia
de segunda instancia, de manera que superó el plazo razonable para acudir al juez
constitucional. Asimismo, desde su ejecutoria el plazo razonable ya se había
excedido, pues transcurrieron más de seis meses.

40.
Ahora bien, el accionante manifestó en el escrito de impugnación que este fue
presentado oportunamente, y a su vez solicitó la remisión del expediente al superior
funcional, pero no controvirtió las razones por las cuales el juez constitucional de
primera instancia declaró improcedente el amparo por falta de inmediatez.

41.
En particular, no explicó las circunstancias que le impidieron acudir al juez
constitucional después de conocer la sentencia de segunda instancia ni justificó el
lapso transcurrido desde su ejecutoria hasta la presentación de la acción.

42.
En esas condiciones, la Sala advierte que la acción de tutela no fue instaurada
dentro del término razonable para cuestionar una decisión judicial, sin que el
accionante haya acreditado una circunstancia particular que permita flexibilizar el
citado requisito.

Al respecto, es pertinente precisar que, si bien la jurisprudencia constitucional ha
43.

admitido la flexibilización del presupuesto general de inmediatez en determinados
casos, esta posibilidad opera cuando existen circunstancias debidamente
acreditadas que justifican la demora en la presentación de la solicitud de amparo.

44.
Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó que la acción de tutela será
procedente, en los siguientes eventos:

[…] i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó
es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable de la
actora derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]21.

45.
Por otra parte, el accionante en el escrito de tutela afirmó que la solicitud la
presentó dentro de un término razonable y proporcional desde la notificación de la
sentencia de segunda instancia y el auto que resolvió las solicitudes de aclaración
y adición. A su juicio, los efectos de la pérdida de investidura tendrán una
consecuencia jurídica permanente.

La Sala no comparte este argumento en el caso objeto de estudio. El hecho de
46.

que la pérdida de investidura produzca determinados efectos no constituye, por sí

20
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03394-00, índices 1 y 2.
21 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158

de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010. Dicho criterio fue reiterado en la
sentencia T-256 de 2015.
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solo, una circunstancia que permita flexibilizar el término que la jurisprudencia
constitucional ha estimado razonable para controvertir decisiones judiciales, pues lo
contrario implicaría que estas, a pesar de su firmeza, permanezcan en un estado de
incertidumbre en detrimento de la confianza legítima, la seguridad jurídica y el
derecho al debido proceso de las partes e intervinientes.

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha precisado que, tratándose de la
47.

acción de tutela contra providencias judiciales, «el juicio de inmediatez debe ser
más estricto», en consideración a que se encuentran comprometidos los principios
de seguridad jurídica y cosa juzgada, «al poner en cuestión la decisión judicial que
ha resuelto un conflicto»22.

48.
Por último, conviene reiterar que la parte actora no justificó la existencia de
alguna de las circunstancias excepcionales para flexibilizar el requisito de
inmediatez.

49.
En este orden, la Sala pone de presente que el accionante, en los escritos de
tutela e impugnación, no acreditó la existencia de algún hecho concreto que le haya
impedido ejercer oportunamente este medio de defensa judicial, y que se convierta
en desproporcionada la exigencia del requisito de inmediatez. En consecuencia, no
se encuentra justificada la interposición tardía de la solicitud de amparo
constitucional.

4. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 16 de junio de
50.

2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el requisito de
inmediatez.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 16 de junio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

22 Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2024.

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La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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