Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03394-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03394-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03394-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03394-00
Accionante: Rafael Antonio Mendoza Vega
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro1
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro del trámite de solicitud de pérdida de investidura. Violación del
régimen de conflicto de intereses / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de
inmediatez y relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 4 de mayo de 2026, el señor Rafael Antonio Mendoza Vega, a través de
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Córdoba y la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político3.
2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias de 18 de febrero y 28 de agosto
de 2025, emitidas dentro del trámite de solicitud de pérdida de investidura 4 que
presentó el señor Andrés Daniel Delgado Domínguez, encaminado a que se
declarara la suya y la de los concejales de Montelíbano Uber Eduardo Correa Álvarez
y Misael Augusto Villarreal Jorge, por incurrir en violación del régimen de conflicto de
1 Tribunal Administrativo de Córdoba.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 También invoca la protección al debido proceso convencional, previsto en los artículos 23 y 24 de la CADH.
4 Expediente 23001-23-33-000-2024-00197-00/01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03394-00
Accionante: Rafael Antonio Mendoza Vega
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
intereses5, al participar y votar, sin declararse impedidos, en la elección del secretario
general del Concejo de ese ente territorial, Emilio Enrique Mendoza Jerez, con quien
integraron la lista del mismo partido político (Partido de la U) para los comicios del
actual período constitucional.
3.
Mediante la providencia de 28 de agosto de 20256, se confirmó la de 18 de febrero
de esa anualidad, que declaró la pérdida de investidura solicitada. La autoridad
judicial encontró probado que los concejales de Montelíbano acusados fueron
elegidos para el período constitucional 2024-2027 y la lista de aspirantes por el
partido de la U de la que ellos hacían parte estaba integrada también por el señor
Emilio Enrique Mendoza Jerez, quien fue elegido secretario general de ese Concejo.
En la respectiva sesión de elección estuvieron presentes los mencionados
concejales, sin que se hubieren declarado impedidos para participar en la votación.
Estimó que la conducta configuró una falta gravemente culposa, al haber omitido
manifestar su impedimento, pese a la claridad del supuesto fáctico en que se
encontraban.
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo, por cuanto se negó
la aplicación por analogía in bonam partem del artículo 56 de la Ley 2200 de 2022.
Se reconoció la existencia de una norma que exime de conflicto de intereses a
quienes participan en elecciones de otros servidores públicos con excepción de
situaciones de parentesco, pero se restringió su aplicación por un criterio meramente
territorial y formal. Se indicó que ese precepto legal solo se dirigía a los
departamentos, lo cual pasa por alto que en derecho sancionatorio es obligatorio
acoger la norma más favorable, máxime cuando el caso concreto guarda identidad
fáctica. Se brindó un trato diferenciado e injustificado a los concejales frente a los
diputados y congresistas ante una misma conducta fáctica (voto secreto por un
compañero de lista), sin que exista una razón constitucional para ello.
5.
También se configuró “Defecto por Falsa Motivación y Desconocimiento del
Precedente Convencional”, toda vez que se omitió ejercer el control de
convencionalidad y tener en cuenta que la restricción de derechos políticos debe ser
proporcional. Calificar como “interés” el simple hecho de compartir una lista electoral,
sin probar un beneficio particular y directo, constituye una forma de responsabilidad
objetiva prohibida por el estándar convencional y constitucional al que se acogió el
Estado colombiano en el artículo 93 de la Carta Política.
6.
En conclusión, la providencia acusada no denota una interpretación razonable del
derecho, sino una decisión contraria a la Constitución Política, que sacrifica derechos
fundamentales en favor de un formalismo legalista, lo que la convierte en una vía de
hecho judicial que debe ser removida por el juez de tutela.
5 De conformidad con el artículo 55 (numeral 2) de la Ley 136 de 1994, en armonía con el artículo 11 (numeral
14) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
6 Objeto de solicitudes de aclaración y adición, las cuales fueron negadas con auto de 2 de octubre de 2025.
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Accionante: Rafael Antonio Mendoza Vega
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
7.
Mediante auto de 5 de mayo de 20267, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vinculó a los señores Andrés Daniel
Delgado Domínguez, Uber Eduardo Correa Álvarez y Misael Augusto Villarreal
Jorge, en condición de terceros con interés. De igual modo, ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Consejo de Estado – Sección Primera
8.
Adujo que el asunto no satisface el presupuesto de inmediatez, por lo que deviene
en improcedente. La sentencia acusada fue emitida el 28 de agosto de 2025,
notificada el 11 de septiembre siguiente, y a través de auto de 2 de octubre de esa
anualidad se negaron las solicitudes de aclaración y adición frente a dicho fallo, el
cual fue notificado mediante correo electrónico el 8 de octubre de ese año y por
estado el 10 siguiente. Los 6 meses de los que disponía el accionante para promover
la tutela fenecían el 11 de abril de 2026 y él la presentó el 4 de mayo de 2026, es
decir, de manera extemporánea. No se evidencia alguna circunstancia que amerite
un trato diferenciado o que justifique la tardanza.
(ii) Tribunal Administrativo de Córdoba
9.
Sostuvo que el accionante pretende reabrir a través de la tutela un debate jurídico
ya resuelto por el juez natural de la solicitud de pérdida de investidura, lo que
desconoce la naturaleza excepcional y subsidiaria de este mecanismo constitucional.
En todo caso, tampoco se evidencia la existencia de defecto sustantivo. Las
decisiones judiciales acusadas se encuentran debidamente fundamentadas en
normas y en criterios jurisprudenciales. En particular, lo relativo al régimen de
conflicto de intereses y a la pérdida de investidura de los miembros de corporaciones
públicas. Por tanto, dichas decisiones representan un ejercicio legítimo de la función
jurisdiccional.
10.
No se desconoció el principio de favorabilidad. Se estudió la posible aplicación
analógica del artículo 56 de la Ley 2200 de 2022, diferente es que se haya concluido
que ello no era posible, lo cual no puede ser calificado como arbitrario o caprichoso,
sino como el resultado de un análisis ajustado a la Constitución y a la Ley. Tampoco
se transgredió el derecho a la igualdad. Las situaciones comparadas por el
accionante (congresistas y diputados frente a concejales) no son equiparables en los
términos que pretende, ni existe una obligación constitucional de extender
automáticamente determinados regímenes normativos a supuestos distintos sin una
justificación legal expresa.
II. CONSIDERACIONES
7 Notificado el 8 y 13 de mayo de 2026.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03394-00
Accionante: Rafael Antonio Mendoza Vega
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
C. Análisis del caso concreto
11. La tutela no satisface el presupuesto de inmediatez, pues la parte actora la
presentó por fuera del término que jurisprudencialmente se ha considerado como
razonable para deprecar un amparo que tengan por objeto controvertir decisiones
judiciales.
12. El punto de partida para determinar la oportunidad de interposición de una acción
de tutela contra providencia judicial lo constituye, en principio, el momento en el que
la parte interesada tuvo conocimiento de aquella, porque es allí cuando surge la
posibilidad de que promueva el trámite constitucional, por tanto, es razonable que
se contabilice desde su notificación.
13.
No obstante, cuando la providencia objeto de reproche constitucional sea
susceptible de algún tipo de recurso o solicitud que suspenda su ejecutoria o que
eventualmente podría modificarla, resulta indispensable que el cómputo para
dilucidar el cumplimiento del presupuesto de inmediatez no se efectúe desde su
notificación, sino desde cuando aquella queda ejecutoriada, lo que acaece una vez
se resuelvan tales mecanismos.
14. En el sub lite se pretende controvertir una sentencia emitida, en segunda
instancia, el 28 de agosto de 2025 en un trámite de pérdida de investidura, frente a
la que se presentaron solicitudes de aclaración y adición, las cuales se despacharon
de manera desfavorable, mediante proveído de 2 de octubre de esa anualidad,
notificado, a través de correo electrónico, el 8 del mismo mes y año, y por estado el
10 siguiente, por lo que aquella providencia quedó ejecutoriada el 16 de octubre de
20258.
15.En ese sentido, como la tutela se presentó el 4 de mayo de 2026, se estima que
se instauró por fuera de un término razonable, después de la ejecutoriada la
providencia objeto de censura.
16. Ahora bien, para que se flexibilice el mencionado lapso se deben demostrar
circunstancias especiales que le hayan impedido a la parte interesada acudir de
manera oportuna a este trámite constitucional. Sin embargo, el accionante no alega
particularidad alguna que haya representado un obstáculo para tal propósito. En el
escrito de tutela solo manifestó que promovía la solicitud de amparo dentro de un
término razonable y proporcional, pero no explicó por qué lo efectuó después del
mencionado lapso. Agrega que “estas decisiones van a generar un efecto jurídico
adverso de por vida en contra de mi poderdante, quien tendrá que cargar el lastre
de la inhabilidad que se desprende de dicha declaración”, no obstante ello no
desdice del conocimiento que tuvo de la providencia, en cambio sí desatiende el
8 De conformidad con el artículo 302 del Código General del Proceso (CGP).
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03394-00
Accionante: Rafael Antonio Mendoza Vega
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
carácter urgente de la protección constitucional, que implica la necesidad de que se
ejerza en un lapso razonable.
17. Sin perjuicio de lo anterior, las inconformidades de la parte actora no trascienden
al ámbito constitucional, pues comportan una discusión meramente legal. Insiste en
su tesis de aplicación por analogía del artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 y en la
omisión de ejercer control de convencionalidad, lo cual planteó en sede ordinaria en
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y frente
a lo que se pronunció la Sección Primera de esta Corporación, en el sentido de
determinar que no era jurídicamente viable acoger dicha analogía, al no existir un
vacío normativo, y que no se presentó transgresión alguna de normas
convencionales. Decisiones respecto de las cuales el tutelante no desplegó
argumentación jurídica alguna atinente a desvirtuarlas desde una óptica ius-
fundamental.
18.
En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
19.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
9 VF
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03394-00
Accionante: Rafael Antonio Mendoza Vega
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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