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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00789-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00789-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 53 Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00789 01 Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00789-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 250002315000202400789011
Recurso de apelación contra la sentencia de 9 de diciembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA

TESIS: ANTE LA AUSENCIA DE UN INTERÉS PARTICULAR, ACTUAL Y DIRECTO,
SE DESCARTA CONFLICTO DE INTERESES POR PARTE DEL CONCEJAL DE
BOGOTÁ QUE NO SE DECLARÓ IMPEDIDO PARA VOTAR EL TRÁMITE DE
IMPEDIMENTO DE OTRO CONCEJAL EN EL ACTUAL PERÍODO 2024-2027, CON
QUIEN HABÍA INTEGRADO LISTA DE CANDIDATOS A ESA CORPORACIÓN EN
EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2020-2023.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
solicitante contra la sentencia de 9 de diciembre de 2024, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual denegó la pérdida de investidura del señor SAMIR
JOSÉ ABISAMBRA VESGA, concejal de Bogotá, D.C., por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.

I.- ANTECEDENTES

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, deben confrontarse de forma virtual.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00789 01
Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA

I.1.- El ciudadano WALTER ALONSO JEGEN TABORDA, actuando
en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del
señor SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, concejal de Bogotá, D.C.,
por hechos sucedidos dentro del período constitucional 2024-2027,
al considerar que incurrió en la causal prevista en el artículo 48,
numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002, en consonancia
con el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 de 18 de enero de
20113, esto es por violación al régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
el señor SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA se inscribió como
candidato al Concejo de Bogotá, D.C. por la lista del Partido Liberal
Colombiano, durante las elecciones realizadas el 27 de octubre de
2019, período constitucional 2020-2023, lista dentro de la cual
también se inscribió el señor JUAN DAVID QUINTERO RUBIO.

Mencionó que en esa oportunidad el Partido Liberal Colombiano
obtuvo siete curules, de las cuales una le correspondió al señor
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, mientras que el señor JUAN
DAVID QUINTERO RUBIO no logró obtener una de esas curules.

Indicó que, con posterioridad, el señor SAMIR JOSÉ ABISAMBRA
VESGA se volvió a inscribir como candidato al Concejo de Bogotá,
D.C., por la lista del Partido Liberal Colombiano, durante las

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo […]”.

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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA

elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, período
constitucional 2024-2027, y obtuvo su actual curul.

Comentó que, por su parte, el señor JUAN DAVID QUINTERO
RUBIO también se inscribió como candidato al Concejo de Bogotá
para las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, período
constitucional 2024-2027, esta vez por la Coalición Nuevo
Liberalismo-En Marcha, obteniendo así una curul en esa corporación.

Manifestó que la administración distrital radicó el proyecto de
acuerdo 368 de 30 de abril de 2024, “[…] Por medio del cual se
adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras
Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”
[…]”, trámite en el que el concejal JUAN DAVID QUINTERO RUBIO
presentó memorial que denominó “[…] Manifestación sobre
aparentes impedimentos en cumplimiento del artículo 118 del
Acuerdo 741 de 2019, modificado por el artículo 21 del Acuerdo 837
de 2022 […]”, para participar en el estudio, debate y votación de las
siguientes disposiciones: (i) artículos 14, (numerales 14.1, 14.2,
14.5, 14.8 y 14.9), 17 (numeral 17.7), 38, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
133, (numerales 133.2, 133.3 y 133.4) y 164, relacionados con
temas de vivienda y construcción; y (ii) artículos 8°, (numeral 8.6),
16 (numeral 16.7), 73, 113 (numeral 133.3), 149 y 168,
relacionados con el servicio de estacionamiento.

Refirió que los concejales DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA
y FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ, de la Coalición Nuevo
Liberalismo-En Marcha, presentaron impedimento para participar en
la discusión y votación del impedimento presentado por su

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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA

copartidario, el concejal JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, a partir
de lo preceptuado en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437,
impedimentos estos que fueron sometidos a discusión y aceptados
en la sesión plenaria de 7 de mayo de 2024, con el voto, entre otros,
del concejal SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA.

Anotó que en la misma sesión plenaria, de 7 de mayo de 2024, se
puso a disposición de los concejales el impedimento presentado por
el concejal JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, escenario en el que
el accionado, SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, estuvo presente,
conformó el quorum, y votó de manera negativa, violando así el
régimen de conflicto de intereses, toda vez que debió declararse
impedido, de conformidad con lo previsto en el artículo 11, numeral
14, de la Ley 1437, al haber hecho parte de listas de candidatos a
cuerpos colegiados de elección popular integradas también por el
interesado en alguno de los dos períodos anteriores.

Arguyó que la conducta del accionado se enmarca en lo establecido
en el artículo 63 del Código Civil, sin observarse una causal
exonerativa de fuerza mayor y/o caso fortuito, por cuanto conocía la
normatividad y en reiteradas ocasiones había manifestado su
impedimento ante el Concejo de Bogotá, D.C., con fundamento en el
mismo artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, lo que denota un
comportamiento antiético e indigno al afectar el principio de
imparcialidad del cargo, luego de decidir el impedimento del concejal
JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, sin declararse impedido, con
quien había conformado la lista del Partido Liberal Colombiano en las
elecciones de 27 de octubre de 2019, período constitucional 2020-
2023.

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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA

I.3.- El concejal al contestar la solicitud de pérdida de investidura se
opuso a dicha pretensión, para lo cual manifestó, en síntesis, que el
ordenamiento jurídico durante la campaña política obliga a los
candidatos a ser fieles a sus partidos o movimientos políticos en pro
del fortalecimiento de este tipo de organizaciones; y que para el caso
de los candidatos a las corporaciones públicas, una vez elegidos y ser
parte de estas, la Constitución Política, en su artículo 108, también
les ordena actuar como bancadas, las cuales están conformadas,
exclusivamente, por quienes hayan sido elegidos como miembros de
la respectiva Corporación por un mismo partido, movimiento social o
grupo significativo de ciudadanos, de conformidad con lo previsto en
el artículo 1º de la Ley 974 de 22 de julio de 20054.

Adujo que lo anterior permite concluir que la lealtad, la fidelidad y la
disciplina de los candidatos y miembros de los partidos y
movimientos políticos se predica sobre su propia organización política
y los afiliados a esta y no frente a candidatos o integrantes de otras
colectividades políticas, por lo que la causal prevista en el artículo
11, numeral 14, de la Ley 1437, no le resulta aplicable como concejal
del Partido Liberal Colombiano para votar un impedimento
presentado por un concejal de otra bancada, en este caso de la
Coalición Nuevo Liberalismo-En Marcha, señor JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO.

Mencionó que bajo esa interpretación sistemática, la causal de
impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral 14, de
la Ley 1437 solo puede ser aplicable en armonía con las disposiciones
de los artículos 107 de la Constitución Política y 2º de la Ley

4 “[…] Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones

públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas […]”.

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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA

Estatutaria 1475 de 14 de julio de 20115, así como de la Ley 974; y
que esto último ha de entenderse de esa manera, pues no resulta
admisible que el ordenamiento jurídico, de una parte, le prohíba a un
candidato apoyar a otro de un partido o movimiento político
diferente; y, de la otra, presuma que existe una coincidencia de
interés particular entre estos dos, cuando lo cierto es que,
precisamente, por pertenecer a partidos o movimientos políticos
diferentes no hay coincidencia entre los postulados políticos de uno
y otro.

Señaló que en el escrito con radicado 2024IE7771 de 6 de mayo de
2024, presentado por el concejal JUAN DAVID QUINTERO RUBIO
durante el trámite del proyecto de acuerdo 368 de 2024, “[…] Por
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá
Camina Segura” […]”, se evidencia que no se trató de un verdadero
impedimento, sino de un escrito en el que exteriorizó ante sus
colegas que no estaba impedido, al resaltar que eran ‘aparentes o
presuntos impedimentos'; y que al exponer los motivos por los cuales
consideraba que no estaba impedido para participar en el estudio y
debate de las citadas disposiciones, por ende, legalmente, no se
encontraba obligado a declararse impedido para participar y votar
ese escrito.

Arguyó que no conocía ni estaba obligado a conocer que el señor
JUAN DAVID QUINTERO RUBIO había hecho parte de la lista del
Partido Liberal Colombiano al Concejo de Bogotá, D.C., en las

5 “[…] Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos

políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones […]”.

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elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019, pues el artículo 108
de la Constitución Política establece que quien tiene el derecho a
inscribir las candidaturas es el partido político, y los respectivos
candidatos deben manifestar a la autoridad electoral que aceptan esa
postulación; y que, en ese sentido, el instructivo para la inscripción
de candidatos para las elecciones territoriales de 27 de octubre de
2019, expedido por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL, indicaba que la aceptación de la candidatura se podía hacer
a través de dos vías: firmando el formulario E-6 ‘SOLICITUD PARA
LA INSCRIPCIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS Y CONSTANCIAS DE
ACEPTACIÓN DE LA CANDIDATURA’; o mediante carta, manifestando
que acepta la candidatura a la que fue postulado, anexa al formulario
de inscripción formulario E-6, al momento de la inscripción.

Sostuvo que realizó su inscripción para solicitar el aval del Partido
Liberal Colombiano como candidato al Concejo de Bogotá, D.C., y
solo le interesaba que le fuera otorgado su aval, como en efecto
ocurrió, sin tener en cuenta a qué otras personas les fue otorgada; y
que, además, la lista del Partido Liberal Colombiano al Concejo de
Bogotá, D.C. estaba compuesta por 45 personas, por lo que no era
fácil distinguir y recordar quienes la conformaban, salvo aquellas que
eran concejales en ese momento, que por su figuración pública
resultaban conocidos en la ciudad y las demás no llamaban la
atención, máxime si no estaban en los primeros lugares de la lista.

Manifestó que otra razón para descartar el dolo o culpa grave, es la
de que siempre se ha declarado impedido para votar los
impedimentos presentados por los miembros de la bancada del
Partido Liberal Colombiano en el Concejo de Bogotá, D.C., así como

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de las recusaciones que se han formulado en contra de ellos, para lo
cual hace una relación de cada uno de esos documentos.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2024, denegó la
pérdida de investidura del señor SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA,
concejal de Bogotá, D.C., para lo cual mencionó que si bien está
probado que los señores SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA y JUAN
DAVID QUINTERO RUBIO sí integraron la lista definitiva de
candidatos por el Partido Liberal Colombiano para el Concejo de
Bogotá D.C., período constitucional 2020-2023, según consta en el
formulario E-8 expedido por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, lo cierto es que el último no salió elegido y el 20 de
febrero de 2020 renunció a dicho partido, es decir que ambos
integraron la lista en el período anterior.

Indicó que para el período constitucional 2024-2027, el señor SAMIR
JOSÉ ABISAMBRA VESGA integró la lista definitiva de candidatos
por el Partido Liberal Colombiano para el Concejo de Bogotá D.C.; y
el señor JUAN DAVID QUINTERO RUBIO lo hizo para la lista
definitiva de candidatos por la Coalición Nuevo Liberalismo-En
Marcha, según consta en el formulario E-8, expedido por la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, resultando
ambos elegidos.

Manifestó que el 6 de mayo de 2024, el concejal JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO radicó ante el presidente de la mesa directiva
un memorial sobre ‘aparentes impedimentos’, en cumplimiento del

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artículo 118 del Acuerdo 741 de 2019, modificado por el artículo 21
del Acuerdo 837 de 2022, para participar en el estudio, debate y
votación de varios artículos del proyecto de acuerdo 368 de 2024,
por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de la ciudad; y
que la causal de impedimento que expuso fue la prevista en el
artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437 la cual establece “[…] Tener
interés particular y directo en la regulación, gestión, control o
decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o
socios de hecho o de derecho […]”.

Anotó que en la sesión plenaria de 7 de mayo de 2024, el concejal
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA contestó a lista, conformó el
quorum y tomó decisión sobre el impedimento presentado el 6 de
mayo de 2024 por el concejal JUAN DAVID QUINTERO RUBIO; y
que en el registro de llamado a lista y votación remitido por el
secretario general del Concejo de Bogotá D.C., se lee que el
accionado votó por el ‘NO’ respecto al impedimento presentado por
el concejal de la Coalición Nuevo Liberalismo-En Marcha, siendo los
resultados de la votación dos votos por el ‘SI’ y veinticuatro votos
por el ‘NO’, por lo que el impedimento fue negado.

Sostuvo que como lo ha decantado la jurisprudencia, tanto
constitucional como contenciosa, conforme lo establece el artículo
142 de Código General del Proceso, no puede declararse impedido
quien deba decidir sobre una recusación o un impedimento, criterio
interpretativo que consideró debía aplicarse igualmente en el
procedimiento administrativo de impedimentos previsto en el artículo

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11 de la Ley 1437, debido a que tanto en vía judicial como
administrativa el trámite de impedimentos y recusaciones tiene como
objetivo común dar cumplimiento al debido proceso, establecido en
el artículo 29 de la Constitución Política.

Recordó que el único argumento de la solicitud de pérdida de
investidura formulado contra el concejal SAMIR JOSÉ ABISAMBRA
VESGA, fue haber contestado a lista, estar presente, conformar
quorum y tomar decisión, sin declararse impedido acerca del
impedimento presentado por el concejal JUAN DAVID QUINTERO
RUBIO, con quien conformó lista de candidatos en el período
anterior, lo que implicaba que este último quedara habilitado para
participar en el estudio y votación del proyecto de acuerdo 368 de
2024, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de la ciudad
de Bogotá, D.C.

Arguyó que la causal de impedimento invocada por el concejal JUAN
DAVID QUINTERO RUBIO no puede extenderse al accionado por
el hecho de haber votado en contra del citado impedimento, el cual
fue negado con veinticuatro votos por el ‘NO’ y dos votos por el ‘SÍ’,
ya que en este escenario lo que debía establecerse era si las razones
expuestas por aquel se adecuaban o no a la causal objetiva del
artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437; y que en su escrito de
impedimento el señor QUINTERO RUBIO sostuvo que las
donaciones que realizaron PRODESA Y CIA S.A. y el señor
EDUARDO BAYÓN PARDO a su campaña, no constituían un
conflicto de interés real o potencial que afectara o pusiera en riesgo
el interés general que debía prevalecer en el estudio, debate y
votación de los artículos del proyecto de acuerdo en referencia.

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Resaltó que no había fundamento legal para que el accionado se
declarara impedido para votar el impedimento planteado por otro
concejal, así hubiere sido o sea copartidario suyo; y que el hecho de
no haberse abstenido de votar no se constituye en generador de un
conflicto entre intereses generales y particulares, como causal de
pérdida de investidura.

Agregó que, en este caso, no hay ningún elemento probatorio que
permita siquiera inferir que la actuación del accionado, consistente
en votar de manera negativa el impedimento de un ex copartidario,
estuviera precedida de una voluntad dirigida a producir determinado
resultado en su beneficio o de aquel; y que tampoco se evidencia que
el concejal SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA haya actuado de
manera negligente o descuidada en el trámite del impedimento, pues
su actuación se limitó a votar la proposición sometida a su
consideración, conforme al reglamento de la Corporación.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El solicitante interpuso recurso de apelación tendiente a que se
revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se acceda a la
pérdida de investidura, para lo cual sostiene que la interpretación
extensiva que realiza el Tribunal del artículo 142 del Código General
del Proceso es violatoria del precedente judicial y del debido proceso,
pues tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han
sostenido, de manera pacífica, que la pérdida de investidura, al
tratarse de una acción de carácter sancionatorio, exige que la
interpretación sea restrictiva y taxativa, eliminando cualquier
interpretación extensiva de la norma. Que, por ello, mientras para

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los jueces el legislador previó la necesidad de crear una excepción,
para el caso concreto determinó mantener la obligatoriedad de
declararse impedido o ser recusado, pues considera que la
imparcialidad en estos eventos se ve afectada.

Aduce que el Consejo de Estado, en sentencias recientes, ha indicado
que el conflicto de interés es un concepto indeterminado que no se
refiere exclusivamente a asuntos materiales, sino que el mismo
puede ser de otra índole; y que es imperativo resaltar que el artículo
11, numeral 14, de la Ley 1437, establece como causal de
impedimento “[…] haber hecho parte de listas de candidatos a
cuerpos colegiados de elección popular, inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]”, norma que exige la declaración de impedimento precisamente
para garantizar que no existan situaciones en las que la relación
electoral previa genere, de manera objetiva, una percepción o
posibilidad de interés particular en la decisión.

Luego de reiterar jurisprudencia de la Sección Primera, manifiesta
que atendiendo los presupuestos establecidos por el Consejo de
Estado y analizando el grado de conciencia que tenía el accionado
sobre la norma, es claro e inobjetable que actuó con culpa grave al
proceder negligentemente y no presentar impedimento a sabiendas
que hicieron parte de la misma lista y en los períodos relacionados
por la normatividad.

Frente a la contestación de la solicitud de pérdida de investidura
realizada por el mismo accionado, estima que se logran definir

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situaciones que advierten de manera contundente al Tribunal que,
efectivamente, cometió la conducta señalada en el artículo 11,
numeral 14, de la Ley 1437; y que, solamente, se valió del hecho de
mencionar que no conocía a todos los aspirantes al Concejo Distrital,
pues el trámite de avales se realizaba de manera individual, y la
ausencia de camaradería palpable entre candidatos por ser una lista
de 45 candidatos, situaciones que, a su juicio, no lo exoneran de
manera alguna de su responsabilidad de conocer y de cumplir el
mandato legal establecido en dicha norma.

Señala que la ley no establece ni ‘aparentes’, ni ‘presuntos’, y
solamente prevé impedimentos que al ser sometidos a votación de
la corporación y darse el procedimiento de impedimento, de manera
taxativa, lógica y contundente se están resolviendo impedimentos,
razón por la cual alegar desconocimiento o confusión normativa no
debe ser tenido en cuenta para exonerar de responsabilidad el hecho
del dolo frente a la conducta reprochable que nos convoca.

Resalta que, en el caso concreto, no se habla de un apoyo para una
campaña, no se menciona de ninguna manera por parte de la Ley
1437 temas que involucren doble militancia, pues no se está
mencionando candidatura alguna, por lo que, a su juicio, se malversa
la redacción de la norma cuando se intenta estimar, de forma
distinta, los presupuestos frente a los cuales fue creada por el
legislador, pues su mención taxativa es para la votación de
impedimentos sin determinar si se votarán positiva o negativamente,
debido a que ello hace parte de la esfera individual de cada
corporado, por lo que lo único que debe considerarse es que no

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hubieran compartido lista en el último período o en los dos períodos
anteriores a este.

Insiste en que el Tribunal trae a colación una posición argumentativa
distinta a lo planteado en la defensa, la cual rompe de facto con lo
propuesto por el accionado y colaborando con una tesis totalmente
nueva, como es lo establecido en el artículo 142 del Código General
del Proceso, lo que, como ya se advirtió, no puede tener aplicabilidad
en el caso bajo examen, por lo que resulta un proceder violatorio al
principio de congruencia al abandonarse la posición de juzgar con
base en los elementos obrantes en el expediente.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186, fue descorrido
así:

IV.1.1.- El concejal, a través de apoderado, sostiene que el apelante
realizó afirmaciones que no son ciertas respecto al fallo de primera
instancia, al indicar que la ratio decidendi del Tribunal fue el artículo
142 del CGP. Ello, por cuanto si bien mencionó dicha norma al inicio
de sus consideraciones, luego analizó si existía o no un interés
particular del concejal SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA para
finalmente concluir que no obraba prueba de que su omisión de
impedimento para conocer del manifestado por el concejal JUAN

6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA

DAVID QUINTERO RUBIO representara un beneficio personal o un
conflicto de interés.

Reitera que para la configuración de la hipótesis prevista en el
artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, es necesario que exista un
interés particular y directo de quien incurre en la causal de
impedimento, puesto que es ese el que configura el conflicto con el
interés general de la función pública, situación que no se demostró
en el curso del proceso; y que si bien se argumenta que su
imparcialidad podía haberse afectado por el hecho de integrar la
misma lista de candidatos inscritos al Concejo de Bogotá, D.C., para
las elecciones del período 2020-2023, lo cierto es que el solicitante
no presenta ninguna prueba, siquiera sumaria, que respalde su
afirmación respecto a una supuesta imparcialidad en su actuar o un
beneficio personal y directo al participar en la decisión del
impedimento presentado por el concejal JUAN DAVID QUINTERO
RUBIO.

Pone de presente que no existe prueba alguna que permita sustentar
una conducta dolosa o culposa suya, sino que, por el contrario, se
demostró que no existía un verdadero conflicto de interés en los
hechos objeto de este proceso, y no había obligación de declarar
impedimento alguno; y que no comprende cuál podría ser la conducta
dolosa o culposa presuntamente realizada por él.

En cuanto a la supuesta incongruencia de la sentencia apelada,
porque no se analizó el hecho de que se hubiese declarado impedido
en otras ocasiones cuando participaron los miembros de su propio
partido, aduce que no se evidencia ninguna falta de coherencia entre

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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA

los hechos de la solicitud, la contestación y el fallo, pues, por el
contrario, el solicitante alegó la existencia de un presunto conflicto
de interés, pero el Tribunal consideró, correctamente, que no existen
elementos probatorios que permitan inferir razonablemente la
existencia de un beneficio particular o un interés suyo en la
participación, o no, del concejal JUAN DAVID QUINTERO RUBIO
en la votación del citado proyecto de acuerdo.

Y que respecto a que conocía el trámite de un impedimento, insiste
en que este hecho no comprueba que actuó dolosamente, pues
demuestra que al pertenecer a un partido diferente al del concejal
JUAN DAVID QUINTERO RUBIO no tenía motivos para declararse
impedido para conocer de su impedimento, sumado a que el Acuerdo
741 de 2019, reglamento interno del Concejo de Bogotá, establece
que cada concejal pertenece exclusivamente a una bancada, por lo
que si aquél no formaba parte de la misma bancada, no puede
concluirse que compartían intereses.

IV.1.2.- Por su parte, el agente del Ministerio Público, a través del
Concepto 92-25 de 7 de marzo de 2025, manifiesta que el Concejo
Distrital de Bogotá, D.C., es una corporación de naturaleza político-
administrativa, según lo prevé el artículo 322, inciso 2°, y 312, inciso
1°, de la Constitución Política, así como lo establece el Decreto Ley
1421 de 21 de julio de 19937, de modo que no tiene atribuida ninguna
función de carácter jurisdiccional.

Comenta que el penúltimo inciso del artículo 142 del CGP, citado por
el Tribunal, se refiere de manera expresa a que no son recusables ni

7 “[…] Por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá […]”.

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pueden declarase impedidos “[…] los magistrados o jueces a quienes
corresponde […]” decidir el impedimento o recusación, por lo que
bastaría esa lectura para descartar por completo el argumento del a
quo, pues en el Concejo Distrital deciden concejales y no jueces o
magistrados, dos categorías de servidores públicamente totalmente
distintas; y que ese artículo se ubica en el Capítulo II del Título V,
que regula los impedimentos y recusaciones de magistrados, jueces
y conjueces, por lo que es acertado concluir que el 142 del Código
General del Proceso no es aplicable al trámite de los impedimentos y
recusaciones que se surten dentro de los concejos distritales cuando
se debaten proyectos de acuerdo de ese nivel territorial, como
erróneamente concluyó el Tribunal.

Alega que, no obstante, comparte la conclusión del Tribunal según la
cual no existe medio de prueba alguno que permita siquiera inferir la
existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa como exige
el artículo 1º de la Ley 1881, para decretar la pérdida de investidura.

Señala que en los medios de prueba aportados por el solicitante no
se encuentra cumplida tal carga probatoria y tampoco puede
admitirse que, como de manera simple se propone, deba entenderse
acreditada la culpabilidad del accionado por el hecho de que no haya
manifestado su impedimento, pues sería tanto como decir que si se
cumple el elemento objetivo, -configuración de la causal de conflicto
de interés-, automáticamente se acredita el elemento subjetivo, -
relacionado con probar el dolo o la culpa grave-.

IV.2.- El accionado, a través de apoderado, presentó memorial de
1o. de abril de 2025, mediante el cual solicitó decretar, de oficio,

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unas pruebas, y llevar a cabo la audiencia pública potestativa
prevista en el artículo 182B de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

El Despacho sustanciador, a través de auto de 13 de junio de 2025,
rechazó las pruebas presentadas y descartó su decreto o práctica de
oficio, por cuanto las aportadas y solicitadas por las partes y las
decretadas y practicadas por el a quo8, resultaban suficientes para
fallar el asunto sin que se observaran puntos oscuros o difusos de la
controversia, por lo que los documentos allegados por el solicitante
y/o que requería trasladar, no eran necesarios para el
esclarecimiento de la verdad procesal, esto es: (i) el ‘Concepto
Jurídico’ de 4 de febrero de 2020, suscrito por el director Jurídico (e)
del Concejo de Bogotá, D.C.; (ii) el ‘Acta de Bancada del Partido
Liberal núm. 3 de 2024’ de 7 de mayo de 2024; y (iii) el ‘Acta sucinta
de la sesión plenaria ordinaria núm. 032’ de 7 de mayo de 2024.

Asimismo, precisó que tampoco se cumplían los presupuestos
establecidos en el inciso cuarto del artículo 212 del CPACA para la
procedencia del decreto de pruebas en segunda instancia, habida
cuenta que la solicitud no fue presentada dentro del término de
ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, de 21 de febrero de 20259,

8 Auto de 24 de octubre de 2024 (índice 19 del expediente digital de primera instancia-confirmado

en proveído de 7 de noviembre de ese año, índice 40 idem), en el que se ordenó oficiar: i) al Concejo
del Distrito de Bogotá D.C., para que remitiera: a) el llamado a lista, verificación del quorum y la
votación de cada uno de los concejales en la decisión adoptada por la corporación en el impedimento
presentado por el concejal JUAN DAVID QUINTERO RUBIO y b) los impedimentos presentados por
el concejal SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, en el actual período con fundamento en el numeral 14
del artículo 11 del CPACA; ii) a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que allegara copia del
Formulario E-6 CO de la lista del partido Liberal Colombiano para las elecciones al Concejo de Bogotá
del año 2019; iii) al partido Liberal Colombiano para que informara la fecha en la que el señor JUAN
DAVID QUINTERO RUBIO renunció a esa organización política; y iv) al partido En Marcha para que
informara la fecha a partir de la cual el señor QUINTERO RUBIO era militante de ese partido.
9 Notificado por estado de 4 de marzo de 2025, índice 7 de SAMAI.

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sino cuando ya el proyecto de fallo que dirime esta instancia había
sido registrado para su estudio en la Sala de Decisión de la Sección
Primera de la Corporación de 2 de abril de 2025.

A su vez, se denegó la solicitud de audiencia pública potestativa,
prevista en el artículo 182B del CPACA, toda vez que aun cuando la
pérdida de investidura es un medio de control público, en el que
subyace un interés general porque procura despojar de dicha
solemnidad política a los miembros de las corporaciones públicas
elegidos popularmente, lo cierto es que no se advirtió un punto
específico sobre el que debieran conceptuar las personas que se
pidieron convocar a tal audiencia como elemento necesario para
dilucidar el presente juicio sancionatorio.

Finalmente, en lo atinente a la unificación de jurisprudencia sobre el
alcance de la causal contenida en el numeral 14 del artículo 11 del
CPACA, el Despacho precisó que el solicitante no identificó cuáles
providencias de la Corporación contenían posiciones disímiles o
contrarias sobre la interpretación de la disposición referida, que
ameritaran criterios uniformes, razón por la cual no se accedió a
convocar a una audiencia pública potestativa.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si el concejal de Bogotá, D.C., señor SAMIR JOSÉ

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ABISAMBRA VESGA, incurrió en la causal prevista en el artículo 48,
numeral 1, de la Ley 617, en consonancia con el artículo 11, numeral
14, de la Ley 1437, esto es por violación al régimen de conflicto de
intereses, luego de haber conformado el quorum, debatido y votado
el impedimento presentado por el concejal JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO, durante la sesión plenaria de 7 de mayo de
2024, a pesar de que ambos integraron la lista de candidatos al
Concejo de Bogotá, D.C., por el Partido Liberal Colombiano, para las
elecciones territoriales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019,
período constitucional 2020-2023, es decir en el período anterior al
actual.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales10

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 1, de la
Ley 617, así:

“[…] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701.

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En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136 de 2 de junio de 199411
previó, en cuanto al conflicto de intereses de concejales, la siguiente
definición conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.

11 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.

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Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.

ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a

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los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena12, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala13, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-

En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.

“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.

“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 200814, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre

de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de

2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
14 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto

del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por
actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los
hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar
su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En
caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo,

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23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-

En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates15, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo16.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.

vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”17.

¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento
ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una
investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de
investidura […]”.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003,

número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de

2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de

2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García González. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección18 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.

El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.

La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares —ya sean de orden moral y/o económico—
y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de

mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.

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proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:

a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;

b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es
decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,

c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento

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para actuar o sin haber sido recusado para los efectos19.

El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que
incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de concejal.

El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o temas que
son puestos a consideración e intervención del miembro de la
corporación.

El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real
del miembro de la corporación pública hacia un tema, objeto o
aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se
aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien general20

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24

de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera
ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
20 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm. único de

radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas, la
Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados
del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado

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y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación.

La Sala Plena21 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser
entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]”22 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]”23.

La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:

“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia
para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II,
p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo
reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de
derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando
se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de
obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a

de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público […]”.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010,

número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de

1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de

2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su
cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”24.

El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del
interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena
ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:

“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.

No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses

24 Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004, consejero

ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y reiterado en Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente
núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade y de 22 de marzo de 2013,
Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

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privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.

El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las
normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses
privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale
decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente
incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,
ese debate o esa decisión […]”25 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

El tercer componente alude a los asuntos o temas que son sometidos
a consideración e intervención del concejal que, lejos de
circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija
los electorales, judiciales, de control político, administrativos a su

25 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero
ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994,
consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo de 1996, consejero ponente
Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Amado
Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María
Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero
ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-
00286 (PI), consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

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cargo o, en general, que correspondan a decisiones trascendentales,
en cuanto hacen parte de las distintas facetas en las que aquél
termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato constitucional y
legal. Por tanto, el impedimento para intervenir, siempre que lo
afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
puramente político-administrativas de la corporación pública sino
cuando también se trate de las otras funciones de ese órgano como
son las de control político, judiciales y electorales, entre otras.

Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente del
mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos
funcionales; en principio, el miembro de la corporación pública está
en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le
permita al resto de sus compañeros definir o decidir el impedimento.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
habida cuenta que de todas las circunstancias de hecho que pudieran
configurar un interés privado de índole económico o moral, surge la
obligación de manifestar el consecuente impedimento26; guardar
silencio al respecto no impide la activación de la causal.

26 Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 marzo de

2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas.

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V.3.- De la causal de impedimento y recusación prevista en el
artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 y el conflicto de
intereses

El artículo 11 de la Ley 1437 prevé las causales de impedimento y
recusación de los servidores públicos que deberá observarse si el
interés general propio de la función pública llegase a entrar en
conflicto con el interés particular y directo de aquellos que deban
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas.

El numeral 14 de dicha disposición, arriba trascrito, establece que
todo servidor público que haya hecho parte de listas de candidatos a
cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también
por el interesado, en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores, deberá
declararse impedido para intervenir.

En los términos de esta norma, se considera que el impedimento se
presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una situación
que, a su juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para
conocer de una actuación administrativa; y la recusación ocurre
cuando dicha situación se da a conocer por cualquier ciudadano en el
marco del procedimiento de que se trate y en los términos del artículo
70 de la Ley 136, que prevé que “[…] [c]ualquier ciudadano que
tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal,

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que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella […]”27.

Cabe señalar que la Sala en sentencia de 19 de septiembre de
201928, reiterada en sentencias de 3 de marzo y 11 de mayo de
202329, consideró que la norma regula dos situaciones diferentes: i)
haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de
elección popular inscritas por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores; y ii) haber hecho parte de listas de candidatos
a cuerpos colegiados de elección popular integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.

En lo atinente a la configuración del conflicto de intereses por incurrir
en la conducta prevista en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437,
en la referida sentencia de 19 de septiembre de 2019, la Sala
sostuvo, en un primer escenario del entendimiento de esta causal30,

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de

septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de

septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 3 de

marzo de 2023, número único de radicación 250002315000202201015-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez y de 11 de mayo de 2023, número único de radicación
25000231500020220101601, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
30 Para consultar el histórico de esta postura inicial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, sentencias de 19 de septiembre de 2019, número único de
radicación 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés; de 3 de marzo de 2023, número único de radicación 25000-23-15-000-2022-01015-01,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; de 11 de mayo de 2023, número único de radicación
25000-23-15-000-2022-01016-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; de 14 de
septiembre de 2023, número único de radicación 25000-23-15-000-2022-01014-01, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 26 de septiembre de 2024, número único de radicación
05001-23-33-000-2024-00237-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; de 6 de marzo
de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000-2024-00321-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez; de 2 de mayo de 2025, número único de radicación 25000-23-15-000-

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que en la materialización de la conducta del impedimento el
legislador presumía que estaban comprometidas la imparcialidad y
objetividad de los servidores públicos —como lo son los concejales
artículo 12331— por lo que se configuraba un interés directo,
particular y actual en relación con la decisión adoptada32.

No obstante, la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
SU-082 de 15 de abril de 202633 —mediante la cual dejó sin efectos
el fallo de 24 de septiembre de 2024 proferido por esta Sección,
expediente 05001233300020240023700, en el que se había
abordado, en la forma antes indicada, el conflicto de intereses luego
del impedimento del artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437—
censuró la realización de generalizaciones durante el análisis de ese
eventual conflicto de intereses, así como la aplicación de
presunciones por la simple demostración de la causal de
impedimento y recusación, y en cambio insistió en que lo que debía
corroborarse, en cada caso concreto, era si en efecto se materializó
una situación sancionable, o no, en la que resulten enfrentados

2024-00502-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 24 de julio de 2025, número
único de radicación 05001-23-33-000-2024-01329-02, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón; de 28 de agosto de 2025, número único de radicación 23001-23-33-000-2024-00197-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 30 de octubre de 2025, número único de
radicación 05001-23-33-000-2025-00218-01, consejero ponente (E) Germán Eduardo Osorio
Cifuentes; de 19 de febrero de 2026, número único de radicación 08001-23-33-000-2025-00171-
01, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes; de 19 de febrero de 2026, número único
de radicación 25000-23-15-000-2025-00397-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; y
de 19 de marzo de 2026, número único de radicación 17001-23-33-000-2025-00276-01, consejero
ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
31 “[…] Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios (…)”.
32 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero

ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.:
17001-23-33-000-2025-00276-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 19 de febrero de
2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026, magistrado ponente Vladimir

Fernández Andrade.

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intereses públicos con los particulares del accionado, esto es si
realmente existió un interés directo, actual y particular, así:

“[…] 445. Recuérdese que, tal como lo ha reseñado el propio
Consejo de Estado34, para la configuración de un conflicto de
intereses como causal de pérdida de investidura no es
pertinente partir de generalizaciones, en tanto debe
constatarse en cada caso concreto si en efecto se reproduce
una situación sancionable. En particular, porque lo que busca
prevenirse es la tensión entre el interés que habita la función
pública y el interés particular que puede gravitar en quien
decide o participa en la toma de una decisión, bajo el
entendido de que, cuando ambos intereses confluyen en un
mismo punto, la finalidad pública corre el riesgo de
fracturarse, de tal manera que la decisión deja de orientarse
exclusivamente al bien colectivo y puede inclinarse hacia
una utilidad distinta que compromete el deber institucional
y la legitimidad del cargo. Por consiguiente, no basta con conocer
un listado general de situaciones catalogadas como generadoras de
un quebrantamiento del principio de imparcialidad -como son las
causas de impedimento-, sino que, tratándose de pérdida de
investidura, el análisis debe ocuparse por corroborar que, además
de evidenciar que ocurrió la situación marcada como causal de
impedimento, esté comprometido genuinamente un interés
confluyente que pueda llegar a perjudicar el interés público35
[…]”36.

Ahondando en ello, la Corte Constitucional se refirió al elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del
régimen de conflicto de intereses, estableciendo que:

“[…] 247. En paralelo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha enfatizado que no basta con constatar “un
factor objetivo” en abstracto. Para hablar de conflicto de
interés, el juez debe verificar, como base, la presencia de un

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenciosos Administrativo, sentencia de 9 de noviembre de

2016, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03117-00(PI).
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 23 de marzo de

2010, número único de radicación 11001031500020090019800; de 9 de noviembre de 2016,
número único de radicación 1001031500020140311700; de 8 de septiembre de 2021, número único
de radicación 11001031500020210006800; y de 31 de julio de 2024, número único de radicación
11001031500020240143100.
36 Cit. Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026, magistrado ponente Vladimir

Fernández Andrade.

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interés directo particular y actual, real y no aleatorio, en la
decisión sometida a consideración del funcionario37.

248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo
referente a la causal de conflicto de interés por haber
incurrido en una causal de impedimento, es necesario
precisar que el conflicto de intereses como causal de pérdida
de investidura no puede reducirse a la mera configuración
formal de una causal de impedimento, pues esta última
opera como un parámetro preventivo de abstención, pero no
sustituye la verificación del presupuesto material de la
sanción38. La jurisprudencia ha sido enfática en que la sola
subsunción fáctica en una hipótesis de impedimento resulta
insuficiente para estructurar la causal sancionatoria si no se
acredita, de manera cierta y concreta, la existencia de un interés
directo, particular y actual que se proyecte sobre el asunto decidido
y sea susceptible de generar un beneficio personal o de sus
allegados39.
(…)

250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento
no produce, por sí sola, la pérdida de investidura, pues las
normas que prevén esta sanción exigen la verificación tanto
del elemento objetivo como del subjetivo. Por ello, aunque
actuar estando impedido o abstenerse de declarar el impedimento
cuando existe el deber de hacerlo sí configura una falta disciplinaria,
ello no es equivalente ni análogo al fenómeno del conflicto
de intereses sancionable con pérdida de investidura, en
tanto este último se refiere específicamente a la
incompatibilidad entre el interés particular y el interés
general involucrado en el asunto sometido a su decisión40.
Eso exige, entonces, la demostración de un “genuino conflicto de

37 Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
38 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; sentencia de 23 de marzo de

2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; sentencia de 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; sGentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, sentencia de 4 de
septiembre de 2025, expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de
voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de
2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-000-
2025-00218-01.
39 Ibidem.
40 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de

2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2024-01431-00. También, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés
Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.

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intereses” y no la sola constatación de la concurrencia de la causa
de impedimento, en tanto esto implicaría desnaturalizar su carácter
excepcional como máxima sanción político-disciplinaria41.

251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta
causal se orienta a establecer, desde una perspectiva
material, si la actuación del integrante de la corporación
pública se desarrolló en un escenario que comprometía su
deber de imparcialidad, por la concurrencia de una situación
personal capaz de incidir en la decisión adoptada dentro del
ámbito de sus funciones. Este examen permite identificar si el
ejercicio del cargo se vio afectado por una circunstancia
incompatible con la finalidad pública que debe guiar la
actuación del elegido, en tanto quebranta la exigencia que
rige el desempeño de la función representativa. Todo ello a
partir de la constatación fáctica de la actuación endilgada y su
confrontación con los supuestos descritos en la ley.

252. Sin embargo, se insiste, tratándose del juicio de pérdida de
investidura, por su carácter sancionatorio y por la intensidad de las
consecuencias que genera, la sola verificación de ese
presupuesto material no agota el análisis requerido, pues la
determinación de la responsabilidad demanda una
valoración adicional que trascienda el plano puramente
objetivo y permita establecer si el comportamiento resulta
jurídicamente reprochable en el caso concreto desde la
noción de culpabilidad […]”42 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Asimismo, dicha providencia de unificación se refirió al análisis
probatorio que debe adelantarse en el juicio de pérdida de
investidura cuando el conflicto de intereses tiene como génesis,
específicamente, y como en el asunto bajo examen, la configuración
previa de una causal de impedimento y recusación, toda vez que su
sola materialización no constituye, per se, el invocado conflicto:

“[…] 442. Metodológicamente, el escrutinio para la
averiguación de la posible ocurrencia de una causa de
pérdida de investidura debe seguir ese orden, es decir,
primero la verificación objetiva del supuesto típico y solo

41 Idem.
42 Cit. Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026, magistrado ponente Vladimir

Fernández Andrade.

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después, si aquel se acredita, el examen subjetivo. En efecto,
tal como se explicó líneas atrás, si el elemento objetivo no se
configura, el análisis de culpabilidad carece de razón jurídica, dado
que no existirá una conducta material delimitada sobre la cual pueda
recaer un reproche sancionatorio.
(…)

444. Para la Sala, tal discernimiento obvió el análisis fáctico
sobre la acreditación fehaciente de un interés directo,
particular, actual y concreto43. Obsérvese que las decisiones
judiciales se redujeron a especificar la ocurrencia de la causa
de impedimento y la ausencia de la manifestación de parte
de las accionantes para separarse de la votación,
constituyendo ello la razón que provocó la sanción por
pérdida de investidura. En otras palabras, la valoración
probatoria se orientó a confirmar la subsunción en un impedimento,
pero dejó en segundo plano la demostración del interés
jurídicamente relevante que convierte ese escenario en conflicto de
intereses sancionable en el marco del proceso de pérdida de
investidura.

445. (…) Por consiguiente, no basta con conocer un listado
general de situaciones catalogadas como generadoras de un
quebrantamiento del principio de imparcialidad -como son
las causas de impedimento-, sino que, tratándose de pérdida
de investidura, el análisis debe ocuparse por corroborar que,
además de evidenciar que ocurrió la situación marcada
como causal de impedimento, este comprometido [sic]
genuinamente un interés confluyente que pueda llegar a
perjudicar el interés público44.

446. Así lo ha recalcado la Sala Plena del Consejo de Estado al
afirmar que “la sola ausencia de la declaración de
impedimento por parte del congresista no constituye causal
de pérdida de investidura, porque [las normas sobre pérdida

43 Exigencia probatoria que esta Corporación ha precisado en Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501

de 2024. Ver también: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia
del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de
noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre
de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024,
expediente 11001-03-15-000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado,
Sentencia del 4 de septiembre de 2025, expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente,
salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30
de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-
23-33-000-2025-00218-01.
44 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de

2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2024-01431-00.

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de investidura] no sanciona[n] la omisión del deber de
declararse impedido, sino la participación en una decisión en
la cual se configure un genuino conflicto de intereses” 45
[…]”46 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, para resolver el caso concreto se
acogerán los planteamientos expuestos por la Corte Constitucional
en la citada sentencia SU-082 de 2026, en tanto modificaron el
criterio que había sostenido la Sección desde la sentencia de 19 de
septiembre de 201947, de tal forma que la configuración del elemento
objetivo del conflicto de intereses, con origen en la materialización
previa de una causal de impedimento y recusación de las previstas
en el artículo 11 de la Ley 1437, deberá orientarse a acreditar de
manera cierta y concreta la existencia de un interés directo, actual,
real y particular que se proyecte sobre el asunto decidido y sea
susceptible de generar un beneficio personal o de sus allegados.

V.4.- Del caso concreto

V.4.1.- Análisis objetivo de los elementos que configuran el
conflicto de intereses en el caso concreto

La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso48, pudo verificar que:

45 Ibidem.
46 Cit. Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026, magistrado ponente Vladimir

Fernández Andrade.
47 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19

de septiembre de 2019, número único de radicación 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
48 Tal como se advirtió al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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• El señor SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, fue elegido concejal
de Bogotá, D.C., por el Partido Liberal Colombiano, para los períodos
constitucionales 2020-2023 y 2024-2027, según se desprende de los
formularios E-26 CON de 10 de diciembre de 2019 y E-26 CON de 8
de noviembre de 2023, expedidos por la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

• Tanto el señor SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA como el señor
JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, integraron la lista de candidatos
para el Concejo de Bogotá, D.C. en las elecciones territoriales
llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, período constitucional
2020-2023, por el Partido Liberal Colombiano, como consta en el
Formulario E-8 CO de 3 de agosto de 2019, expedido por la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

• En el actual período constitucional 2024-2027, ambos se
inscribieron en listas de candidatos para el Concejo de Bogotá, D.C.,
esta vez por partidos distintos: SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA,
como se dijo, por el Partido Liberal Colombiano —Formulario E-8
CO—; y JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, por la Coalición Nuevo
Liberalismo-En Marcha —Formulario E-8 CO— resultando elegidos
concejales, según consta en Formulario E-26 CON de 8 de noviembre
de 2023.

• En el marco del estudio del proyecto de acuerdo 368 de 30 de abril
de 2024, “[…] Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital
2024-2027 “Bogotá Camina Segura” […]”49, de iniciativa de la

49 Disponible [en línea]:[https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=156917].

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administración del alcalde mayor de Bogotá, D.C., señor CARLOS
FERNANDO GALÁN PACHÓN, el concejal JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO presentó ante el presidente de la mesa directiva
del Concejo de Bogotá, D.C., el 6 de mayo de 2024, con radicado
2024IE7771, memorial que denominó ‘Manifestación sobre
aparentes impedimentos en cumplimiento del artículo 118 del
Acuerdo 741 de 2019, modificado por el artículo 21 del Acuerdo 837
de 2022’, en el que, de conformidad con los artículos 123 de la
Constitución Política y 118 del Acuerdo 741 de 2019, modificado por
el artículo 21 del Acuerdo 837 de 2022, y con el fin de garantizar la
transparencia en las actuaciones administrativas, mencionó que
ponía en conocimiento unos aparentes impedimentos para participar
en el estudio, debate y votación de los siguientes artículos del
referido proyecto de acuerdo: “[…] (i) artículos 14 (numerales 14.1,
14.2, 14.5, 14.8 y 14.9), 17 (numeral 17.7), 38, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 133 (numerales 133.2, 133.3 y 133.4) y 164, relacionados con
temas de vivienda y construcción; y, (ii) artículos 8 (numeral 8.6),
16 (numeral 16.7), 73, 113 (numeral 133.3), 149 y 168,
relacionados con el servicio de estacionamiento […]”.

Ello, por cuanto la empresa PRODESA Y CIA S.A. fue donante de su
campaña para las elecciones al Concejo de Bogotá D.C., 2024-2027,
y se dedica al desarrollo de proyectos inmobiliarios en varios lugares
del país, incluida, la ciudad de Bogotá D.C.; y el señor EDUARDO
BAYÓN PARDO, también fue donante de su campaña para las
elecciones al Concejo de Bogotá D.C., 2024-2027, quien fue socio,
—indirecto mediante CITY PROYECTOS S.A.S.— miembro de la
Junta Directiva de CITY PARKING S.A.S. hasta el 19 de abril de
2024, y es propietario —indirecto mediante CITY PROYECTOS

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SAS— de inmuebles que arrienda para el servicio de
estacionamiento, dentro de los cuales se encuentra CITY PARKING
S.A.S. como arrendatario.

Y que a pesar de estimar que no se encontraba impedido para
participar en el estudio, debate y votación de los artículos indicados
del proyecto de acuerdo 368 de 2024, como medida preventiva y con
el fin de asegurar la transparencia en la actuación que se adelantará
en el Concejo de Bogotá, D.C., respecto del Plan Distrital de
Desarrollo 2024-2027, ponía en consideración esos dos presuntos
impedimentos, de conformidad con el artículo 11, numeral 1, de la
Ley 1437.

• Tanto en el enlace50 de la sesión plenaria de 7 de mayo de 2024
del Concejo de Bogotá, D.C., allegado con la solicitud inicial, como
en dos certificaciones remitidas mediante el oficio 2024EE18668 de
29 de octubre de 2024, por la secretaria general Organismo de
Control del Concejo de Bogotá, D.C., consta el llamado a lista en esa
reunión plenaria y la votación nominal del impedimento puesto en
consideración por el señor JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, el cual
fue negado con dos votos por el ‘SÍ’ y veinticuatro votos por el ‘NO’.

V.4.1.1.- El accionado coincidió en lista de candidatos del
Partido Liberal Colombiano al Concejo de Bogotá, D.C., —
período constitucional 2020-2023— con el actual concejal por
la Coalición Nuevo Liberalismo-En Marcha, señor JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO —período constitucional 2024-2027—.

50 Disponible [en línea]: [https://www.youtube.com/live/51QD1o3Jcn8?si=I_vvIrRJ3rnaRS2P].

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La Sala observa que el concejal SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA
contestó el llamado a lista el 7 de mayo de 2024, conformó el quorum
de la sesión plenaria, y votó ‘NO’ —sin manifestar impedimento— el
referido impedimento presentado por el concejal JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO, de la Coalición Nuevo Liberalismo-En Marcha,
al igual que lo hizo toda la bancada del Partido Liberal Colombiano,
que contestó el llamado a lista y votó en el mismo sentido de negar
ese impedimento —sin manifestar impedimentos—, así: GERMÁN
AUGUSTO GARCÍA MAYA (votó NO), CLARA LUCÍA SANDOVAL
MORENO (votó NO), MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA (votó
NO), DARÍO FERNANDO CEPEDA PEÑA (votó NO), y ARMANDO
DE LOS MILAGROS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (votó NO) —
Formulario E26 CON de 8 de noviembre de 2023—.

En ese contexto, a partir de las pruebas analizadas, la Sección
evidencia que en este caso sí está probada la causal de impedimento
y recusación prevista en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437,
toda vez que el accionado, concejal SAMIR JOSÉ ABISAMBRA
VESGA, asistió y votó en la sesión plenaria de 7 de mayo de 2024
del Concejo de Bogotá D.C., sin manifestar impedimento alguno, el
trámite del impedimento presentado por el concejal de la Coalición
Nuevo Liberalismo-En Marcha, señor JUAN DAVID QUINTERO
RUBIO, para intervenir en el debate y votación de unos artículos del
proyecto de acuerdo 368 de 30 de abril de 2024, “[…] Por medio del
cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y
de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina
Segura” […]”, persona que integró su misma lista de candidatos al
Concejo de Bogotá, D.C. del Partido Liberal Colombiano, durante las

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elecciones de 27 de octubre de 2019, en el anterior período
constitucional 2020-2023.

De allí que el accionado, en su calidad de servidor público, debió
advertir la presencia de esta circunstancia para someterla a
consideración y votación del Concejo de Bogotá, D.C., ante la posible
configuración de un conflicto de intereses durante su intervención en
la sesión plenaria de 7 de mayo de 2024, en la que se resolvió el
impedimento manifestado por quien había sido su compañero de lista
de candidatos a ese cuerpo colegiado de elección popular, en uno de
los dos períodos anteriores al actual.

Al haber omitido este deber, sin lugar a duda, el concejal transgredió
el presupuesto establecido, en materia de impedimentos y
recusaciones, por el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, lo que
impone ahora continuar con el análisis del interés particular, actual
y directo del accionado en aras de establecer, a su vez, la existencia
de un posible conflicto de intereses.

V.4.1.1.1.- Ello, no sin antes mencionar, respecto de la aplicación al
caso concreto de los efectos del artículo 142, inciso cuarto del CGP,
invocado en la sentencia apelada por el a quo, según el cual no serán
recusables ni podrán declararse impedidos los magistrados o jueces
a quienes corresponde conocer de la recusación, la Sala pone de
presente que esta es una norma de carácter procesal, cuyos
destinatarios son los procesos judiciales distinguidos en ese
compendio, el cual tiene por objeto regular “[…] la actividad procesal
en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica,
además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad

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y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas,
cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén
regulados expresamente en otras leyes […]”51.

En el presente asunto, el procedimiento administrativo de
impedimentos y recusaciones, adelantado por la plenaria del Concejo
de Bogotá, en sesión de 7 de mayo de 2024, durante el estudio del
proyecto de acuerdo 368 de 30 de abril de 2024, “[…] Por medio del
cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y
de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina
Segura” […]”, encuentra su regulación especial en los artículos 11,
numeral 14, y 12 de la Ley 1437, así:

“[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:
(…)

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores. […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En cuanto al trámite de los impedimentos y recusaciones, el artículo
12 de la Ley 1437, determina el derrotero a seguir ante su
formulación, así:

51 Código General del Proceso, artículo 1º.

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“[…] Artículo 12. Trámite de los impedimentos y
recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará dentro
de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con
escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del
respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al
Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades
nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador
regional en el caso de las autoridades territoriales.

La autoridad competente decidirá de plano sobre el
impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a
quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si
es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto
ordenará la entrega del expediente.

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado
manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este
término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación
del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta
cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para
que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos
los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo […]”.

A su vez, el Acuerdo 837 de 29 de marzo de 2022, “[…] por el cual
se modifica el Acuerdo 741 de 2019 y se dictan otras disposiciones
[…]”, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., en su artículo 21,
modificó el artículo 118 del Acuerdo 741 de 25 de junio de 2019, en
cuanto al trámite de los impedimentos y recusaciones, así:

“[…] Artículo 118.- Trámite de los impedimentos y de las
recusaciones.

Cuando para el concejal exista interés o beneficio particular y directo
en la decisión, este deberá declararse impedido de participar en los
debates o votaciones respectivas.

En caso de posible impedimento, desde su conocimiento y hasta
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el concejal comunicará
el asunto mediante escrito motivado dirigido al Presidente de la

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Corporación.

Recibida la comunicación del concejal, el Presidente de la
Corporación la someterá a consideración de la Plenaria, desde el
mismo día de su presentación sin exceder los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de su recibo.

En caso de ser aceptado un impedimento se procederá así:

1. Cuando se trate de impedimento para rendir ponencia, el
Presidente designará nuevo ponente mediante sorteo.

2. En los debates de proyectos de acuerdo y de control político, así
como la elección de funcionarios y los demás asuntos sometidos a
su consideración, el concejal impedido no participará del punto del
orden del día respectivo y el secretario dejará constancia expresa
en el acta.

Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún
concejal que no se haya comunicado oportunamente a la
Corporación, podrá recusarlo.

Toda recusación deberá presentarse por escrito y contener los
siguientes requisitos:

1. La identificación del recusante, salvo que exista una justificación
seria y creíble en el escrito de recusación, para mantener la reserva
de su identidad.

2. La identificación del concejal recusado.

3. Los hechos en que se fundamenta, junto con los elementos
probatorios que considere necesarios para soportarla.

4. La causal taxativa en la que se subsume y las razones por las
cuales se configure.

Recibido el escrito de recusación, la Mesa Directiva lo remitirá al
concejal recusado, para que manifieste si acepta o no la causal
invocada desde el mismo día de su comunicación sin exceder los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su formulación.

De conformidad con la Constitución, la ley y el presente
Reglamento, el Presidente de la Corporación continuará con el
respectivo trámite.

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación
del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta

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cuando se decida.

Parágrafo 1. El impedimento o la recusación aceptada producirán
plenos efectos durante toda la actuación administrativa, sin
importar la instancia en la que esta se encuentre y hasta tanto
persista el impedimento o la recusación.

Parágrafo 2. Cuando haya sido aceptado o negado un
impedimento, no podrá volverse a presentar otro frente al mismo
asunto y por la misma causal, ni tampoco procederá recusación
contra ese mismo concejal por el mismo asunto y la misma causal
a menos que se presenten hechos sobrevinientes o nuevas pruebas.

De igual forma, cuando se haya aceptado o negado una recusación,
el concejal no podrá manifestar un impedimento frente al mismo
asunto ni por la misma causal, ni tampoco se podrá proponer
nuevas recusaciones por las mismas razones, a menos que se
presenten hechos sobrevinientes o nuevas pruebas.

Parágrafo 3. Cuando una recusación haya sido rechazada y se
encuentre que hubo temeridad o mala fe, el Secretario General del
Concejo deberá remitir el caso a la autoridad competente […]”.

De lo anterior, resulta evidente que la situación que se examina en
el presente asunto descarta la aplicación del artículo 142 del CGP,
perteneciente al Título V, sobre ‘CONFLICTOS DE COMPETENCIA,
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES, ACUMULACIÓN DE PROCESOS,
AMPARO DE POBREZA, INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL
PROCESO’, en la medida en que ostenta una regulación
especialmente prevista tanto en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437,
como en las disposiciones del reglamento interno del respectivo
concejo.

V.4.1.2.- Del examen del interés particular, actual y directo
del accionado, a partir de las exigencias conceptuales

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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA

establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU-082 de 15 de abril de 202652

Ahora bien, identificada, como quedó, la pretermisión de anunciar la
referida causal de impedimento y recusación del artículo 11, numeral
14, de la Ley 1437, subyace la necesidad de establecer, en los
precisos términos y bajo los criterios establecidos recientemente por
la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-082 de 15
de abril de 2026, si se configuró o no un genuino conflicto de
intereses en cabeza del accionado, luego de asistir y votar en la
sesión plenaria de 7 de mayo de 2024 del Concejo de Bogotá D.C.,
sin manifestar impedimento alguno, el trámite del impedimento
presentado por el concejal de la Coalición Nuevo Liberalismo-En
Marcha, señor JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, esto es si existió,
de manera cierta y concreta, un interés directo, particular y actual
que se proyecte sobre el asunto decidido y sea susceptible de generar
un beneficio personal o de sus allegados53.

Con fundamento en el acervo probatorio obrante en el expediente, la
Sala observa que en la solicitud de desinvestidura no acreditó que el
accionado estuviera asistido de un interés particular, directo y actual,
de carácter moral o económico, que lo afectara de manera personal
y concreta, ni a él ni a su círculo familiar cercano o a sus socios, como
consecuencia de haber considerado y votado el impedimento

52 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2026.
53 Idem. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias

de 23 de marzo de 2010, número único de radicación 11001031500020090019800; de 9 de
noviembre de 2016, número único de radicación 11001031500020140311700; de 8 de septiembre
de 2021, número único de radicación 11001031500020210006800; y de 31 de julio de 2024,
número único de radicación 11001031500020240143100. También, Sección Primera, sentencia de
4 de septiembre de 2025, número único de radicación 50001233300020240030201.

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Solicitante: WALTER ALONSO JEGEN TABORDA

presentado por el concejal JUAN DAVID QUINTERO RUBIO de la
coalición Nuevo Liberalismo–En Marcha.

Más allá del hecho mismo de haber integrado conjuntamente la
misma lista electoral del Partido Liberal Colombiano para el Concejo
de Bogotá, D.C., en el anterior período constitucional 2020-2023, no
se evidencia en el expediente prueba alguna de vínculo personal,
familiar, de amistad o de sociedad de hecho o de derecho entre el
accionado y el concejal que se declaró impedido para votar el
proyecto de acuerdo 368 de 30 de abril de 2024, “[…] Por medio del
cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y
de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina
Segura” […]”, de iniciativa de la administración del alcalde mayor de
Bogotá, D.C., señor CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN.

Asimismo, tampoco fue demostrada una relación indebida, que
materializara un provecho o ventaja, entre el concejal SAMIR JOSÉ
ABISAMBRA VESGA y el particular motivo aludido en el
impedimento manifestado, esto es que no hay evidencia alguna en
el expediente de que el accionado tuviera intereses propios y directos
respecto de los donantes del concejal del Nuevo Liberalismo-En
Marcha, JUAN DAVID QUINTERO RUBIO, para las elecciones al
Concejo de Bogotá D.C., período constitucional 2024-2027, estos es,
la empresa PRODESA Y CIA S.A. y el señor EDUARDO BAYÓN
PARDO, su socio —indirecto mediante CITY PROYECTOS S.A.S.—
miembro de la Junta Directiva de CITY PARKING S.A.S. y
propietario —indirecto mediante CITY PROYECTOS SAS— de
inmuebles que arrienda para el servicio de estacionamiento, dentro

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de los cuales se encuentra CITY PARKING S.A.S. como
arrendatario.

Para la Sala, por lo tanto, y como lo determinó recientemente en un
caso similar, la coincidencia en la mencionada lista, por su propia
naturaleza es un hecho formal que no revela por sí mismo ningún
grado de cercanía afectiva o patrimonial entre quienes la integran, ni
evidencia la existencia de un interés particular del accionado
contrario al interés público, sino más bien una discusión acerca de si
se debió o no declararse impedido, lo que no es suficiente para la
configuración estricta y concreta de un conflicto de intereses54.

A lo anterior se agrega que las pruebas allegadas al plenario no
permiten acreditar la existencia de un interés directo, particular y
actual o inmediato del accionado, si se tiene en cuenta que la
actividad probatoria desplegada por el solicitante se limitó a acreditar
la configuración de la causal de impedimento y recusación prevista
en el artículo 11, numeral 14, del de la Ley 1437, sin aportar
evidencias que permitieran constatar el conflicto de intereses
incoado.

Se insiste, conforme lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia
SU-082 de 2026, que la actividad probatoria exige no solo la
constatación de la ocurrencia de la causal de impedimento y
recusación y la ausencia de manifestación de impedimento, sino la
demostración del interés jurídicamente relevante que convierte esa

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de

agosto de 2026, número único de radicación 25000231500020240085501, consejero ponente Pablo
Andrés Córdoba Acosta.

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situación en conflicto de intereses sancionable en el marco del medio
de control de pérdida de investidura.

V.4.2.- De acuerdo con lo precedente, la Sala concluye que el
accionado participó y votó el impedimento del concejal JUAN DAVID
QUINTERO RUBIO —artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437— sin
que concurriera en él un interés particular, actual y directo para
obtener un provecho irregular, de carácter moral o económico, y que
resultara censurable en sede de pérdida de investidura, que le
afectara de manera personal y concreta, o a su círculo familiar
cercano o a sus socios.

A partir de lo considerado, al no evidenciarse la configuración del
elemento objetivo de la causal consistente en la violación del régimen
de conflicto de intereses, la Sala procederá a confirmar la sentencia
apelada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de diciembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 27 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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