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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00302-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00302-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta, que decretó la pérdida de investidura del señor Farley Carvajal Rey, en calidad de concejal del municipio de Acacías (Meta), para el período constitucional 2020 - 2023 y, en su lugar, DENEGAR las pretensiones por los motivos explicados en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicación: 50001 23 33 000 2024 00302 01 Solicitante: Gildardo Santos Chaparro Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2024-00302-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

4 de septiembre de 2025

Radicación: 50001 23 33 000 2024 00302 01
Solicitante: Gildardo Santos Chaparro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 50001 23 33 000 2024 00302 01
Solicitante: GILDARDO SANTOS CHAPARRO
Concejal acusado: FARLEY CARVAJAL REY

Tesis: No incurre en causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de conflicto de intereses
el concejal que participó en la elección del
secretario general del concejo sin declararse
impedido, si uno de los candidatos había hecho
parte de la misma lista al concejo, pero acredita
que no tenía interés en la elección de su
compañero de lista.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Farley
Carvajal Rey en contra de la sentencia proferida el 7 de noviembre de
2024 por el Tribunal Administrativo del Meta, que decretó su
desinvestidura como concejal del municipio de Acacías (Meta), elegido
para el período constitucional 2020-2023.

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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00302 01
Solicitante: Gildardo Santos Chaparro

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

El señor Gildardo Santos Chaparro, actuando en nombre propio, solicitó
se decrete la pérdida de investidura del señor Farley Carvajal Rey por
violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses, en incumplimiento del régimen de conflicto de intereses
señalado en el artículo 11, numeral 14 de la Ley 1437 de 2011.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

El solicitante informó que el 27 de octubre de 2019, en el marco de las
elecciones de autoridades territoriales, el señor Farley Carvajal Rey fue
elegido concejal para el municipio de Acacías (Meta) para el período
constitucional 2020-2023 en representación del partido político Cambio
Radical, quien tomó posesión del cargo el 2 de enero de 2020.

Sostuvo que el 3 de enero de 2020, en cumplimiento de sus funciones
constitucionales, los concejales debían hacer la entrevista a los candidatos
al cargo de secretario general del concejo municipal para el período 2020,
entre los que se encontraba el señor Wilder Nodier Urbano Rozo.

Señaló que el señor Wilder Nodier Urbano Rozo fue candidato al concejo
municipal de Acacías (Meta) en las elecciones territoriales del 27 de octubre

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2024 00302 01.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 50001 23 33 000 2024 00302 01.

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Solicitante: Gildardo Santos Chaparro

de 2019 por la lista de partido Cambio Radical, es decir, haciendo parte de
la lista con el concejal Farley Carvajal Rey.

Indicó que, en la sesión del 3 de enero de 2020, con la presencia del
concejal acusado, se llevó a cabo la entrevista, calificación y elección del
secretario general, proceso en el que participó su compañero de lista, a lo
que agregó que en dicha sesión el concejal acusado manifestó que el señor
Urbano Rozo fue su compañero de lista.

Adujo que el concejal acusado no hizo ninguna manifestación de
impedimento para participar en la sesión llevada a cabo el 3 de enero de
2020, pese a que conocía y admitió que el señor Urbano Rozo fue su
compañero de lista al concejo y también estaba aspirando al cargo de
secretario general de la Corporación.

Alegó que la situación descrita implica una violación al numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y al numeral 1 del artículo 48 de la Ley
617 de 2000.

2.- Contestación del concejal acusado3

El concejal, actuando por conducto de apoderado, se opuso a las
pretensiones y, como fundamentos de defensa, expuso lo siguiente:

Aseguró que, si bien el señor Wilder Urbano Rozo participó en los comicios,
también lo es que “tuvo muchos problemas de seguridad por miedo a perder
la vida y ocho días antes de las elecciones él renunció de manera verbal en
reunión privada de algunos directivos del partido Cambio Radical, entre

3 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2024 00302 01.

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ellos, el doctor Henry Ladino, quien en su momento hacía parte del
directorio departamental del partido. Por lo que di por entendido que, el
mencionado señor Wilder, ya no participaba de las comisiones (sic)
electorales de octubre de 2019 (…)”.

Mencionó que en el proceso de selección calificó al señor Urbano Rozo con
un puntaje de 6.3, “(…) tal vez la calificación segunda más mala entre siete
participantes, a diferencia de la señora Alexandra Romero, a quien califiqué
en puntaje de 8.0”.

Afirmó que, de lo anterior, se observa que no favoreció con la calificación
más alta al señor Wilder Urbano, por lo que su actuación no tenía una
intención de amiguismo.

Señaló que no manifestó impedimento por conflicto de intereses porque
“tenía el pleno convencimiento que el señor Wilder Urbano ocho días antes
de las elecciones se retiró de la contienda electoral, por estar amenazado
de muerte”.

Acotó que el señor Wilder Urbano no resultó elegido como secretario del
concejo y la calificación que hizo el acusado no lo favoreció, por lo que es
apenas lógico que no incurrió en ninguna irregularidad.

Concluyó que, por lo expuesto, “el presupuesto de subjetividad es el que
no está cumplido”.

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3.- La sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia proferida el 7 de
noviembre de 2024, dispuso:

“[…] PRIMERO: DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del
demandado FARLEY CARVAJAL REY, en su calidad de CONCEJAL del
Municipio de ACACIAS (Meta), para el período constitucional 2020-
2023.

SEGUNDO: SIN CONDENA en COSTAS

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).

Para decidir en dicho sentido, precisó que el problema jurídico a resolver
radicaba en determinar si el acusado incurrió en la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses por
participar en la sesión en la que se llevó a cabo la entrevista y elección
del secretario general para la vigencia 2020, sin declararse impedido,
pese a que el señor Wilder Nodier Urbano Rozo fue su compañero de lista
para el concejo por el partido político Cambio Radical en las elecciones
celebradas el 27 de octubre de 2019.

Examinó que estaba probado, con el formulario E-26 CON, que el señor
Farley Carvajal Rey fue elegido el 27 de octubre de 2019 como concejal
del municipio de Acacías por el partido Cambio Radical para el período
constitucional 2020 - 2023.

Consideró que estaba configurado el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses,
por cuanto el acusado, sin manifestar su impedimento, intervino en la

4 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2024 00302 01.

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sesión en la que se llevó a cabo la entrevista y elección del secretario
general del concejo municipal de Acacías para el año 2020, y entre los
candidatos estaba el señor Urbano Rozo, quien integró la misma lista del
acusado para las elecciones al concejo del 27 de octubre de 2019,
circunstancia que le implicó un interés directo, particular e inmediato.

Para aseverar lo anterior, señaló que en el expediente obra el formulario
E-8 COP, que contiene la lista definitiva de los candidatos inscritos al
concejo del municipio de Acacias, en la que se observa que el señor
Urbano Rozo y el acusado integraron la misma lista del partido Cambio
Radical.

Igualmente obra el acta nro. 2 de la sesión del 3 de enero de 2020, en la
que el concejo municipal de Acacías llevó a cabo la entrevista y la elección
del cargo de secretario general para el año 2020. Explicó que del acta se
desprende que el acusado estuvo presente durante el desarrollo de la
entrevista y la calificación, y que la señora Leidy Alexandra Romero Ureña
fue designada como secretaria general.

Agregó que, el acusado debía manifestar su impedimento para participar
en la sesión del 3 de enero de 2020, desde que se inició el proceso de
elección al cargo de secretario general; sin embargo, no lo hizo.

Reprochó que el acusado, además de que no manifestó impedimento,
señaló en el transcurso de la sesión del concejo que “me sentí un poco
asaltado en mi buena fe, porque creo que no tengo ninguna preferencia
con ninguno, con Wilder Urbano fui compañero de lista de Cambio
Radical”, afirmación de la cual infirió que el acusado siempre estuvo al
tanto de que el señor Urbano Rozo integró la misma lista del partido
Cambio Radical, al que él perteneció.

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Acotó, frente al argumento del acusado respecto a la calificación que la
asignó al señor Urbano Rozo que fue una de las más bajas, que “no tiene
ningún sustento, comoquiera que lo reprochado por la normativa, es la
no declaración de impedimento por parte del concejal, cuando en
desarrollo de sus funciones surja un interés directo, independientemente
de los resultados del debate y de la votación”.

Analizó que “tampoco es de recibo el argumento del demandado, que el
señor Wilder Nodier Urbano Rozo ya no era miembro del listado del partido
Cambio Radical al supuestamente haber renunciado de forma verbal a su
candidatura al concejo ocho días antes del certamen electoral del 27 de
octubre de 2019 por motivos de seguridad, puesto que las pruebas que
obran en el plenario dan cuenta de que el señor en mención nunca dejó
de pertenecer al listado de dicho partido, en tanto que participó el día de
las elecciones de ese año, obteniendo 442 votos, como se observa del
formulario E- 26 CON”.

En cuanto al elemento subjetivo, consideró que la conducta del acusado
fue cometida a título de culpa grave, ya que “es una obligación general
para quien pretende acceder a la función pública, la revisión del marco
normativo que rige el cargo que desempeña, incluso en los eventos de
elección popular; más en su caso, si se tiene en cuenta que, para ese
momento ya era abogado (aspecto que no negó el demandado), y, por
consiguiente tenía mayor posibilidad de comprender las normas que
regulan el asunto”.

Anotó con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado que no
es suficiente alegar que se actuó con buena fe, “sino, acreditar que su
conducta estuvo bajo el amparo de una decisión judicial que, aplicada a

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su caso particular, le hubiere generado una duda razonable; lo que no
probó, ni, planteó y mucho menos evidenció que su conducta estuvo
justificada en la buena fe calificada, motivada por un error invencible,
como lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado; además,
no obra prueba de que hubiese solicitado conceptos o asesorías de
abogados especialistas en el tema, y que su comportamiento fue producto
de un total desconocimiento del tema, quedando demostrado así, la
negligencia, en su actuar”.

Concluyó que el acusado participó en el proceso de elección de secretario
general para la vigencia 2020, pese a que estaba incurso en una causal
de impedimento, específicamente la prevista en el numeral 14 del artículo
11 del CPACA, aun siendo plenamente consciente de que el señor Wilder
Nodier Urbano Rozo había hecho parte de la misma lista del partido
Cambio Radical.

Comoquiera que estaban acreditados los elementos objetivo y subjetivo
de la causal de pérdida por violación al régimen de conflicto de intereses,
se decretó la desinvestidura del acusado por los hechos ocurridos en el
período constitucional 2020 - 2023.

4.- El recurso de apelación5

El señor Farley Carvajal Rey interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión y al efecto señaló lo siguiente:

Aseguró que el señor Wilder Urbano Rozo se presentó como candidato al
cargo de secretario general del concejo y manifestó que el mismo señor

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radicado nro. 50001 23 33 000 2024 00302 01.

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fue candidato al concejo de Acacias por el partido Cambio Radical y para
el mismo período del acusado.

Expuso que por lo dicho se podría considerar que objetivamente estaban
cumplidos los presupuestos para decretar la pérdida de investidura, pero
que, en este caso, ocurría una situación particular, consistente en que el
señor Urbano Rozo fue amenazado de muerte por lo que debió trasladarse
a vivir a la ciudad de Villavicencio y desde allí dirigir su campaña política
hasta el 21 de octubre de 2019, “cuando le hicieron llegar a su residencia
(nueva) de un conjunto cerrado de Villavicencio un sufragio y unos
proyectiles de 9 milímetros. Fue en ese momento que el señor candidato
declinara su aspiración por miedo, renunciando a la aspiración,
dirigiéndose a las directivas departamentales para manifestarlo, sede
donde tuvo la oportunidad de asistir y escuchar de su propia boca esta
manifestación del señor Wilder Urbano al doctor Henry Ladino, quien
pertenecía al directorio departamental de Cambio Radical”.

En ese contexto aseguró que, “mediante ese convencimiento mío, es que
tengo la seguridad que el señor Urbano, no fue candidato al concejo de
Acacías por ningún partido, en razón a su renuncia expresa y de mi
conocimiento propio”.

Refirió que la parte objetiva de la causal es bien diferente al elemento
subjetivo, “precisamente es a la que me apego, ¿quería yo cometer un
conflicto de intereses? Pues claro que no. Demostrado, en el
convencimiento mío, que Wilder Urbano no terminó siendo candidato el
día de elecciones 29 de octubre de 2019, esa es la gran diferencia”.

Agregó que su interés el día 3 de enero de 2020 no era transgredir la
norma, sino por el contrario cumplir con su ejercicio como concejal, para

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lo cual reiteró que “la calificación que le ofrecí al señor Wilder Urbano no
fue superior a 6.3, cuando califiqué a la señora Alexandra, que ganó el
concurso, con puntaje de 8.0”, lo que denotaba en que no tenía ningún
interés en que el mencionado señor fuera el secretario del concejo.

Censuró que la sentencia de primera instancia concluyera que le asistía
un interés directo, pese a que no existe ningún medio probatorio que dé
cuenta de ello y, por el contrario, alegó que él sí demostró la inexistencia
del interés por las calificaciones que otorgó a los participantes. De tal
forma que insistió en que no estaba configurado el segundo requisito de
la causal, relativo a que el mencionado interés sea directo, particular y
actual.

Denotó que su actuación fue transparente, a tal punto que, como bien se
señaló en el proceso, manifestó en la sesión del concejo que el señor
Urbano Rozo había sido su compañero de lista, lo que “no conllevaba
ningún ocultismo, sino por el contrario, un acto vehemente, que mantenía
mi firme convicción de que no estaba haciendo nada malo, ni contrario a
la ley”.

Cuestionó que el a quo haya indicado que en el expediente no existía
prueba alguna de que el acusado hubiese solicitado conceptos o asesorías
de abogados, sin tener en cuenta que en la sesión del 3 de enero de 2020
no había personal administrativo, secretaria, contador ni mucho menos
asesor jurídico, quien se pudo contratar a finales del mes de enero; de
modo que no se podía endilgar un comportamiento negligente, como lo
afirmó el tribunal de instancia, a lo que acotó que nadie está obligado a
lo imposible.

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El recurso de apelación fue concedido el 6 de diciembre de 20246.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 16
de diciembre de 20247.

5.2. Por auto del 4 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el señor Farley Carvajal Rey y se resolvió sobre unas
peticiones e irregularidades alegadas por el recurrente8.

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 24 de febrero de 20259.

5.4. Por acta del 28 de agosto de 2025, la Secretaría de la Sección
Primera de esta Corporación realizó la diligencia de sorteo de conjuez, en
la cual fue designado el doctor Alfredo Beltrán Sierra10.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de

6
Ibidem.
7
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2024 00302 01.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2024 00302 01.
9
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2024 00302 01.
10Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 50001 23 33 000 2024 00302 01.

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investidura de concejales, acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 200011 y con base en lo establecido por el
numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 201912
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024, que regula la distribución de negocios
entre las secciones13.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que el señor Farley Carvajal Rey fue elegido concejal del
municipio de Acacías (Meta), para el período constitucional 2020 - 2023,
la parte actora aportó copia de la credencial contenida en el formulario E
– 2714 expedida por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y, según acta 001 del 2 de
enero de 2020, tomó posesión del cargo15.

3.- Examen de los motivos de la apelación

En el asunto bajo examen, el recurrente controvierte la configuración
tanto del elemento objetivo como subjetivo. Frente al primero, alegó que

11 “Por lacual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
12
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2024 00302 01.
15 Ibidem.

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no estaba acreditado el interés directo, particular y concreto en la elección
del secretario general del concejo municipal de Acacías y, por el contrario,
aseguró que estaba probado que no le asistía tal interés por la calificación
que le concedió a los participantes. En cuanto al elemento subjetivo,
indicó que actuó con el convencimiento de que el señor Urbano Rozo
renunció a la candidatura al concejo ocho días antes a que tuvieran lugar
las elecciones, por lo que estimó que no se trataba de su compañero de
lista.

Para resolver, la Sala examinará los reproches relacionados con el
elemento objetivo, y de estar acreditado, estudiará el elemento subjetivo.

La Sala recuerda que la jurisprudencia de la Corporación ha señalado que,
para la configuración de la causal de conflicto de intereses, deben estar
cumplidos los siguientes presupuestos: (i) tener el acusado la calidad de
concejal; (ii) existir un interés directo, particular y concreto del acusado
o de las personas que señala la ley distinto al propio de la función pública
o al que le asiste a la comunidad en general, que le impida participar en
el trámite de los asuntos sometidos a su consideración; (iii) la no
manifestación de impedimento frente al asunto que es motivo de decisión;
(iv) haber conformado el quorum o participado el concejal en el debate o
votación del asunto, y (v) que su participación tenga lugar en un asunto
de conocimiento funcional de la Corporación.

Es de precisar que el interés directo, particular y actual se ha entendido
en los siguientes términos: “[directo] esto es, que per se el alegado
beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue
conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o
personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados
con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió

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la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos
contingentes, futuros o imprevisibles”16.

El recurrente en la apelación controvierte la configuración del segundo
requisito, esto es, que no está acreditado un interés directo, particular y
concreto del acusado, lo que desvirtuó en la calificación que le concedió
al señor Urbano Rozo, siendo entre las de menor puntaje de los
aspirantes.

Para resolver, la Sala precisa que el acusado no controvierte los hechos
que están probados en el proceso referidos a que del formulario E-8 CO
se desprende que, tanto el acusado, como el señor Wilder Nodier Urbano
Rozo, conformaron la lista de candidatos al concejo municipal de Acacías
por el partido Cambio Radical para las elecciones del 27 de octubre de
2019; igualmente, que el acusado participó en la entrevista y elección del
secretario general del mismo concejo, acorde con el acta nro. 2 del 3 de
enero de 2020, y que a dicho cargo era candidato su compañero de lista
Urbano Rozo.

Luego, las circunstancias probadas en el expediente, en principio,
encuadran en la causal de impedimento prevista por el numeral 14 del
artículo 11 del CPACA, que establece: “(…) cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y
directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo
servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento

16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de
Pérdida de Investidura nro. 6. Sentencia del 15 de octubre de 2024. C.P. Omar Joaquín
Barreto Suárez. Expediente radicación 11001 03 15 000 2024 03204 00.

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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00302 01
Solicitante: Gildardo Santos Chaparro

por: (…) 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores”.

Del contenido de la precitada disposición se desprende que los servidores
públicos, de los cuales hacen parte los concejales, tienen el deber de
declararse impedidos cuando se encuentren en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 11 del CPACA, pues, como lo ha
explicado la jurisprudencia de la Sección Primera, la ley prevé que frente
a las situaciones allí enlistadas “(…) se encuentra comprometida la
imparcialidad y objetividad de los servidores públicos, entendiendo que
se presenta conflicto de intereses ante la existencia de intereses
personales y directos en relación con la decisión que se pretende
adoptar”17. Explicado en otras palabras, el legislador enlistó
objetivamente unas situaciones en las que se entiende que los servidores
públicos tienen comprometida su imparcialidad; de ahí se deriva que, al
estar incursos en alguna de las circunstancias señaladas por el legislador,
deban apartarse de la decisión.

Ahora, si bien la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación
ha reconocido la existencia objetiva de los presupuestos de la causal de
impedimento, es necesario tener en cuenta que tal reconocimiento no
constituye una presunción de derecho, por lo que admite prueba en
contrario; entonces, también el concejal puede acreditar que, en efecto,
no tenía interés, porque su imparcialidad no resultaba comprometida; y

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 19 de septiembre de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente
radicación 13001 23 33 000 2018 00738 01.

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para que tal defensa prospere, le corresponde al acusado corroborar las
circunstancias que permiten darle sustento.

Precisamente, éste último escenario constituye el fundamento del recurso
de apelación del acusado, en la medida en que no desvirtúa las
circunstancias objetivas previstas en el numeral 14 del artículo 11 del
CPACA, pero sí reprocha que no le asistía ningún interés y, por lo tanto,
no se comprometió su imparcialidad, lo que acredita con la calificación
que les concedió a los participantes.

Al respecto, se advierte que, con la demanda, el solicitante allegó la
calificación que el concejal le otorgó a cada uno de los participantes al
cargo de secretario general de la Corporación, documento que aparece
suscrito precisamente por el señor Farley Carvajal Rey, así:

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De la anterior prueba documental, la Sala observa que, tal como lo indicó
el concejal acusado en la contestación y en el recurso de apelación, a su
compañero de lista le concedió la segunda calificación más baja entre los
siete aspirantes al cargo.

En ese contexto, si bien es cierto que estaban acreditadas las
circunstancias que objetivamente configuraban la causal de impedimento,
la Sala no puede pasar por alto que la realidad probatoria demuestra que
al acusado no le asistía ningún interés en beneficiar a su compañero de

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lista, en la medida en que se determinó que de ninguna manera lo
benefició, puesto que la calificación que le concedió no fue la más alta
entre los participantes.

A este hecho relevante, que logra desvirtuar la configuración del interés
directo, particular y actual en cabeza del acusado, se agrega que su
compañero de lista no fue finalmente elegido secretario general, sino que
resultó designada la señora Leidy Alexandra Romero Ureña que, por
demás, fue la persona a la que el acusado le dio la más alta calificación;
de manera que el puntaje que le asignó el concejal al señor Urbano Rozo,
además de no ser el más alto entre los aspirantes, tampoco influyó en
que aquél fuera el elegido.

Ahora bien, en cuanto al argumento del acusado relativo a la calificación
que le concedió a su compañero de lista, el tribunal expuso que “(…) no
tiene ningún sustento, comoquiera que lo reprochado por la normativa,
es la no declaración de impedimento por parte del concejal, cuando en
desarrollo de sus funciones surja un interés directo, independientemente
de los resultados del debate y de la votación”.

Frente a la precitada consideración, es pertinente hacer varias
precisiones. En efecto, como se ha venido explicando, las causales de
impedimento previstas en el artículo 11 del CPACA están señaladas de
manera objetiva por el legislador, por lo que, al estar configurados los
supuestos fácticos, al concejal le asiste el deber de declararse impedido;
pero el incumplimiento de tal deber, que en principio sería indicativo del
conflicto de interés (que es lo que constituye la causal de pérdida de
investidura), puede no conllevarlo, porque no hay una estricta
equivalencia entre el impedimento y el interés directo que se exige para
que este último se configure; como tampoco la ley ha establecido una

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presunción de derecho que señale que, si no hay declaración de
impedimento, deberá entenderse indefectiblemente que el que así actúa
tiene un interés directo en la actuación.

Entonces, si bien en principio el no declararse impedido indica que el
acusado incurre en conflicto de interés, es posible que desvirtúe tal
entendimiento, acreditando la inexistencia de uno de sus elementos,
como lo es el interés directo, lo que precisamente se presenta en este
caso.

En ese escenario, las razones que ofrece el tribunal para descartar el
argumento del acusado parten de una premisa que no está acreditada en
el expediente y radica en “la existencia del interés directo”, por cuanto
manifiesta que, ante la ocurrencia de éste, son irrelevantes los resultados
del debate o de la votación. A este respecto la Sala reconoce que, cuando
existe un interés, no son relevantes los resultados del debate o de la
votación; pero el presupuesto de tal irrelevancia es precisamente que
exista el interés, que fue lo que en este caso el acusado desvirtuó.

De otro lado, es importante recordar por la Sala que, en la sentencia
proferida el 6 de marzo de 202518, se confirmó la decisión de decretar la
desinvestidura de unos de los concejales del municipio de Acacías por
haber participado en la entrevista, calificación y elección al cargo de
secretario general del concejo del citado municipio, pese a que uno de los
aspirantes era precisamente el señor Urbano Rozo, quien también había
sido compañero de lista al concejo del allí acusado; sin embargo, en dicho
caso, la defensa no desvirtuó la existencia de un conflicto de interés en la

18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 6 de marzo de 2025. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación 50001
23 33 000 2024 00321 01.

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calificación otorgada por el concejal. Hecho que, para el asunto aquí
examinado, sí lo fue, y, además, resulta relevante para la decisión.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que el elemento objetivo no se
verifica, comoquiera que el acusado logró desvirtuar que le asistía un
interés directo en la elección del secretario general del concejo debido a
que uno de los candidatos fue su compañero de lista, lo que la releva de
examinar el elemento subjetivo.

Por las consideraciones anotadas, la Sala revocará la sentencia proferida
el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta, que
decretó la pérdida de investidura del señor Farley Carvajal Rey, en calidad
de concejal del municipio de Acacías (Meta), para el período constitucional
2020 - 2023 y, en su lugar, la denegará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024
por el Tribunal Administrativo del Meta, que decretó la pérdida de
investidura del señor Farley Carvajal Rey, en calidad de concejal del
municipio de Acacías (Meta), para el período constitucional 2020 - 2023
y, en su lugar, DENEGAR las pretensiones por los motivos explicados
en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

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Solicitante: Gildardo Santos Chaparro

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Salva voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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