Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2025-00248-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2025-00248-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-33-000-2025-00248-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 73001 2333 000 2025 00248 01
Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Juan Manuel Ospina Carvajal
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Conflicto de intereses – Aplicación de la Sentencia SU 082
de 2026
Decisión: Revoca sentencia que decretó la desinvestidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de
la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2025 por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Tolima que decretó la pérdida de investidura del señor Juan Manuel
Ospina Carvajal, concejal del municipio de El Espinal (Tolima), período constitucional
2024 – 2027.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La solicitud de pérdida de investidura
El 11 de julio de 20251, el señor Gustavo Adolfo Collazos Roncancio presentó demanda
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó2:
[…] PRIMERA: se ADMITA esta demanda de pérdida de investidura en contra del concejal
JUAN MANUEL OSPINA CARVAJAL […] E impartir legalidad sobre la medida cautelar
solicitada.
SEGUNDA: se DECRETE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor concejal JUAN
MANUEL OSPINA CARVAJAL […] puesto que incurrió en violación del régimen del
conflicto de intereses prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral
1, de la Ley 617, en concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numeral 1 y 14,
1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
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Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Juan Manuel Ospina Carvajal
de la Ley 1437. Al no declarase impedido y votar por su compañero de lista y grupo político
ANDRÉS FELIPE MELO PÉREZ […] para que este ocupara el cargo de secretario general
del Concejo Municipal del Espinal.
TERCERA: sean IMPUESTAS las inhabilidades correspondientes y acordes con el
ordenamiento jurídico vigente.
CUARTA: se COMUNIQUÉ la sentencia que se profiera al Concejo Municipal de El Espinal,
al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás
autoridades competentes, para que se realicen las anotaciones y actuaciones
administrativas que tengan lugar con ocasión de la pérdida de investidura decretada […].
1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada3
El solicitante señaló que los señores Juan Manuel Ospina Carvajal y Andrés Felipe Melo
Pérez fueron candidatos al concejo municipal de El Espinal en las elecciones del 29 de
octubre de 2023 por el grupo de ciudadanos denominado «Somos Independientes».
Precisó que el demandado sí fue electo concejal, mientras que, su compañero de lista no
fue elegido.
Agregó que el 2 de enero de 2024 se llevó a cabo la elección de secretario general del
concejo y el demandado, sin declararse impedido, votó por su compañero de lista, el señor
Andrés Felipe Melo Pérez, quien fue elegido en dicho cargo.
Alegó que «[…] el demandado suscribió un acuerdo interpartidista a fin de que la secretaria
general del Concejo Municipal de El Espinal le correspondiera al grupo político al que
pertenece ‘SOMOS INDEPENDIENTES’, con el objetivo de ubicar laboralmente al señor
ANDRÉS FELIPE MELO PÉREZ […] como contraprestación a los cuatrocientos diecisiete
votos (417) que puso en la lista y que sirvió para obtener la credencial que ostenta».
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que se configuró la causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de conflicto de intereses, en concordancia con lo previsto en los
numerales 1, 14 y 15 del artículo 11 del CPACA.
2. Posición de la parte demandada
El señor Juan Manuel Ospina Carvajal, actuando por conducto de apoderado, manifestó
su oposición a las pretensiones y como razones de defensa expuso lo siguiente4:
Alegó que en el expediente no se aportó prueba que acreditara la existencia de un interés
particular y directo derivado de la decisión cuestionada, puesto que no se acreditó cuál
es el beneficio de participar en la elección de secretario general, por lo que no está
configurada la causal del numeral 1 de artículo 11 del CPACA.
Indicó que no está acreditado que «[…] el señor Andrés Felipe Melo Pérez haya sido
“recomendado” por el concejal demandado para acceder al cargo de secretario general».
3 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
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4 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
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Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
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Aseguró que, por consiguiente, la causal del numeral 15 del artículo 11 del CPACA
tampoco se configura.
En cuanto a la causal del numeral 14 del artículo 11 del CPACA sostuvo que era aplicable
a los conceptos de partidos y movimientos políticos contenidos en la Ley 130 de 1994,
vigente para la época en la que se expidió el CPACA.
Precisó que «[…] no se inscribió con fundamento en las normas que gobernaban la Ley
130 de 1994, sino que lo hizo de acuerdo con las reglas previstas en la Ley Estatutaria
1475 de 2011, norma que fue expedida el 14 de julio de 2011, esto es, con posterioridad
a la expedición de la Ley 1437 de 2011. // Dicha norma, por primera vez, desarrolló con
especial detalle la figura de los grupos significativos de ciudadanos, distinguiendo esta
forma de organización como una categoría autónoma e independiente de los partidos y
movimientos políticos».
Explicó que, a diferencia de los partidos y movimientos políticos, los grupos significativos
de ciudadanos carecen de organización permanente y personería jurídica, ya que, se
extinguen una vez concluido el proceso electoral para el cual fueron conformados. Acotó
que el «[…] Consejo Nacional Electoral confirma esta hipótesis, señalando que el Grupo
Significativo de Ciudadanos “Somos Independientes”, al que perteneció conjuntamente
el demandado y el señor Andrés Felipe Melo Pérez, a la fecha no existe ni registra activo
en ninguna base de datos», por lo que, resulta inviable predicar la continuidad de
vínculos políticos que justifiquen una sanción posterior.
Sostuvo que, cuando se expidió el CPACA, la expresión «lista de candidatos» contenida
en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA solo podía referirse a las listas de partidos o
movimientos políticos, únicos actores electorales vigentes y reconocidos en ese momento
por la Ley 130 de 1994.
Indicó que «[…] la supuesta fidelidad del acta se ve seriamente comprometida al comparar
su contenido con el registro audiovisual oficial. Mientras el acta afirma una votación nominal
y un conteo pormenorizado, el video muestra únicamente el anuncio de un total — “quince
votos”— sin detalle alguno y sin captar a los corporados votando de manera individual».
Alegó que las pruebas aportadas al proceso no permiten acreditar la existencia de un
interés ni la intervención en la votación para elegir secretario general.
3. La sentencia de primera instancia5
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el 29
de septiembre de 2025, resolvió:
[…] PRIMERO: DECRETAR la pérdida de investidura del concejal del Municipio de El
Espinal (Tol.), JUAN MANUEL OSPINA CARVAJAL, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia […]
5 Visto en el índice 54 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
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Explicó, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado6, que la naturaleza
sancionatoria de la pérdida de investidura se predica de todos los miembros de las
corporaciones públicas de elección popular, sin distinción del mecanismo de aval. Es
decir, quienes acceden a través de partidos y movimientos políticos, así como los
inscritos por grupos significativos de ciudadanos están sujetos a las causales
constitucionales y legales de desinvestidura.
Puso de presente que «[…] la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del
26 de septiembre de 2024 analizó el régimen sancionatorio contemplado en el numeral
14 del artículo 11 del C. de P.A. y de lo C.A. en el caso de unos concejales que fueron
elegidos por lista de un grupo significativo de ciudadanos».
Indicó que existía una clara equiparación de los grupos significativos de ciudadanos a
los partidos y movimientos políticos, por lo que concluyó que «[…] sus candidatos y
elegidos están sujetos al régimen sancionatorio de inhabilidades, incompatibilidades y
conflicto de intereses que […] incluye las leyes 136 de 1994, 617 de 2000 e inclusive la
Ley 1437 de 2011 y en ese sentido, el término “lista de candidatos” y su espíritu en la ley
y la jurisprudencia aplica también para los grupos significativos de ciudadanos pues lo
que es determinante es el hecho objetivo de haber integrado una lista y no la naturaleza
jurídica de la agrupación que lo respalda».
Precisado lo anterior, estudió el elemento objetivo e indicó que estaba acreditado que los
señores Andrés Felipe Melo Pérez y Juan Manuel Ospina Carvajal hicieron parte de la
lista de candidatos inscritos por el Grupo Significativo de Ciudadanos denominado
«Somos Independientes» para el concejo municipal de El Espinal (Tolima), período
constitucional 2024 – 2027.
Sostuvo que estaba probado que el 2 de enero de 2024 se llevó a cabo la votación y
elección del secretario general del concejo municipal de El Espinal (Tolima) en el que
resultó elegido el señor Andrés Felipe Melo Pérez por un total de 15 votos.
Expuso que «[…] conforme con los hechos probados, la Sala considera que el concejal
Juan Manuel Ospina Carvajal debió declararse impedido para participar en la elección
del señor Andrés Felipe Melo Pérez, como Secretario del Concejo Municipal de El
Espinal (Tol.), para el período anual 2024, ya que lo estaba de conformidad con el
numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, pues al haber participado activamente
en la elección y ejercer su derecho de postulación y/o voto en la sesión plenaria sin haber
declarado impedimento la verificación de la causal se torna objetiva».
Precisó que «[…] el Concejo Municipal de El Espinal está conformado o lo constituyen
en pleno 15 concejales los cuales de conformidad con documental fueron los que
participaron y votaron, el sufragio efectuado dentro del proceso de elección del secretario
si bien en un principio, se solicitó su votación nominal al momento de efectuarla se
estableció que “la votación debía ser levantando la mano u de esa manera le damos
continuidad de forma rápida a la elección” resultando siendo esta la procedente».
[6] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, providencia del tres (3) de abril de dos mil dieciocho (2018), Radicación número:
11001-03-13-000-2017-00328-00(PI, Actor: Hugo Alexander Vásquez Jiménez, Demandado: Alfredo Ape
Cuello Baute.
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Agregó que «[…] para la elección del secretario era necesario que estuvieran los 15
concejales para que la misma estuviera conforme a derecho y de eso da fe también la
videograbación de la sesión celebrada en el Concejo Municipal el 2 de enero de 2024».
En cuanto al examen del elemento subjetivo, indicó que el demandado incurrió en la
conducta con culpa grave, ya que, actuó de manera descuidada y negligente:
«[…] pues, de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, no resulta aceptable
la no inferencia lógica que podría existir algún tipo de impedimento y proceder a plantearlo
a la plenaria o buscar asesoría respecto de su participación en la nominación del
secretario del concejo municipal dicha situación le generaba algún inconveniente pues no
le correspondía a él decidir si estaba o no inmerso en impedimento alguno, contrario
sensu, no realizó ninguna manifestación y participó de manera activa en el procedimiento
que se llevó a cabo en la sesión plenaria del 2 de enero de 2024, conformando el quorum
y calificando cada uno de los concursantes entre ellos al referido ex compañero».
Agregó que tampoco se observaba que el demandado hubiese actuado al amparo de
decisiones judiciales que, aplicadas al caso particular, hubiesen generado una duda
razonable o que existiera normativa que le resultara aplicable y que le sea favorable;
mucho menos se probó que hubiere revisado la jurisprudencia con el objeto de informarse
sobre el criterio jurisprudencial vigente en relación con la causal, o respecto de los
elementos que la configuraban.
Concluyó que estaban reunidos los presupuestos para la configuración de los elementos
objetivo y subjetivo de la causal de violación al régimen de conflicto de intereses, por lo
que decretó la pérdida de investidura del demandado.
Por último, se pronunció frente a los numerales 1 y 15 del artículo 11 del CPACA. En
cuanto al numeral 1, señaló que «[…] no obra prueba alguna que demuestre, respecto
de la primera causal, cuales decisiones pueden producirle un provecho, ventaja o
beneficio en su vida privada (económico, moral, político, familiar, etc.)». A su turno, frente
al numeral 15, expuso que «[…] no obra elemento probatorio que acredite la supuesta
recomendación o referencia por parte del interesado en la actuación para la designación
del funcionario».
4. El recurso de apelación7
4.1. La parte demandada pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se negara la desinvestidura, con sustento en lo siguiente:
A. Sobre el tratamiento diferencial que la ley le otorga a los Grupos Significativos
de Ciudadanos y su necesaria consecuencia de volver atípica la causal de pérdida
de investidura endilgada
(i) Insistió que cuando el numeral 14 del artículo 11 del CPACA se refiere a las «listas de
candidatos» se entiende que incluye exclusivamente las listas de partidos o movimientos
políticos, puesto que, eran las únicas que tenían desarrollo en la Ley 130 de 1994, por
lo que, en dicha interpretación deben excluirse las listas de grupos significativos de
ciudadanos, en tanto que, para el momento de la expedición del CPACA no existía
desarrollo legal concreto, expreso y vinculante con relación a estas formas de
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agrupación, pues solo fueron reguladas hasta la Ley 1475 de 2011, norma que es
posterior al CPACA. Agregó que la naturaleza de los grupos significativos de ciudadanos
es coyuntural, ya que se extingue en el momento en el que se inscriben los candidatos.
(ii) Alegó que el artículo 11 del CPACA no era aplicable a los procesos de pérdida de
investidura porque se refiere a toda clase de servidores públicos; mientras que, las
causales de pérdida de investidura para concejales están taxativamente establecidas en
los artículos 55.2 y 70 de la Ley 136 de 1994, así como en el 48 de la Ley 617 de 2000.
B. Sobre la insuficiencia e inconsistencias probatorias que permitan acreditar la
existencia de un conflicto de interés
(iii) Reiteró los cuestionamientos frente a lo consignado en el acta núm. 001 de 2 de
enero de 2024, ya que, en dicha sesión para la elección del secretario general se aprobó
una votación nominal, pero en el vídeo consta que la votación fue ordinaria.
Añadió que «[…] tanto el acta como el registro audiovisual de la sesión del 2 de enero
de 2024 acreditan la concurrencia inicial de la totalidad de los concejales, lo cual es
apenas natural si se considera que se trataba de su sesión de posesión como nuevos
concejales. Sin embargo, de esa premisa no se sigue necesariamente la conclusión de
que todos los concejales permanecieron hasta el final de la sesión ni, en particular, que
el demandado hubiera intervenido o votado en la elección del señor Andrés Felipe Melo
Pérez».
Indicó que acorde con el registro audiovisual no era posible constatar la presencia del
demandado en el momento preciso de la votación para elegir secretario general, «[…]
tampoco es posible derivar del video la afirmación de que la elección se produjo por
unanimidad con el voto favorable del concejal demandado».
Señaló que la referida acta no fue suscrita por el secretario ad hoc designado para dicha
sesión, quien tenía la facultad para certificar lo ocurrido desde el momento que inicio la
sesión hasta la posesión del secretario electo en propiedad.
C. Ausencia de acreditación del elemento subjetivo y el interés particular, real,
actual y directo
(iv) Adujo que no se demostró cuál era el interés particular, real y directo del demandado
en la elección de secretario general del concejo, puesto que no se explicó de qué manera
lo beneficiaba, cómo se materializó, en qué momento se produjo y qué efectos
específicos generó.
Sostuvo que la carga de la prueba corresponde a la parte demandante, quien debe
demostrar cómo se produce el supuesto interés o el beneficio particular, directo y real,
sin que sea posible hacer una calificación automática con fundamento en un hecho
objetivo como la conformación de una misma lista de candidatos.
Precisó que «[…] el Tribunal dio por demostrado, sin que existiera prueba alguna, que el
concejal demandado tenía un interés particular en dicha votación por el solo hecho de
haber compartido lista con el candidato electo y porque le asistía el deber de votar en la
sesión de elección. No obstante, ese interés fue presumido, no probado».
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Acotó que, si por la naturaleza de los grupos significativos de ciudadanos aquellos dejan
de existir desde el acto de inscripción, «[…] cualquier alegada “afinidad política” posterior
es, por definición, un vínculo pretérito y, por tanto, incapaz de sustentar un interés actual
y directo al momento de la decisión cuestionada».
Argumentos autónomos que se solicitan tener en cuenta
A. El régimen de concejales no puede ser más estricto que el de congresistas ni
diputados y no es aplicable la causal contenida en la Ley 1437 de 2011 por no
tratarse de un régimen jurídico calificado para concejales
Adujo que la aplicación del numeral 14 del artículo 11 del CPACA al caso de los
concejales genera un escenario más severo que para los congresistas y diputados,
desconociendo el artículo 299 de la Constitución Política. Reiteró que las causales de
pérdida de investidura fueron taxativamente establecidas en la Ley 136 de 1994 y la Ley
617 de 2000, por lo que no debe extenderse a lo previsto en el CPACA.
Agregó que «[…] la consecuencia de no exigir la acreditación del beneficio particular,
actual y directo en este caso es clara: se hace más gravoso el régimen para los
concejales que para los congresistas o diputados, en abierta contradicción con el artículo
299 de la Constitución».
B. El interés real, particular, directo, inmediato y actual no se acreditó conforme el
estándar exigido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado
Puso de presente que «[…] en reciente jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, (sentencia del 10 de junio de 2025 – Rad. 2024-01917), la Sala, en un
asunto de características similares al caso en concreto, con relación a las causales de
acreditación del conflicto de interés explicó que no basta que sea cualquier interés, sino
que este debe ser particular, directo, inmediato y actual, y distinto del interés general que
corresponde a todos los ciudadanos».
Insistió que en el proceso no se acreditó por ningún medio la existencia de un interés o
beneficio real, actual o directo del demandado frente a la elección de secretario general
del concejo municipal.
C. Necesidad de aplicación del precedente previsto en la Sentencia de Unificación
379 de 2019 proferida por la Corte Constitucional
Manifestó que en la sentencia SU - 379 de 2019 se indicó que «[…] el conflicto de
intereses en el marco de la pérdida de investidura exige la acreditación de un beneficio
directo, particular, actual y de carácter moral o económico, cuya configuración no puede
presumirse ni derivarse de vínculos genéricos o de suposiciones».
4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto de 31 de octubre de 20258.
8 Visto en el índice 63 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 00.
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5. Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a la Sección Quinta de la Corporación por acta de reparto
de 19 de diciembre de 20259.
5.2. Por auto de 14 de enero de 2026, el despacho de conocimiento de la Sección Quinta
ordenó remitir el expediente a la Sección Primera de la Corporación, quien es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos en los procesos de
pérdida de investidura10.
5.3. El proceso fue asignado nuevamente a la Sección Primera de la Corporación por
acta de reparto de 21 de enero de 202611.
5.4. Por auto de 3 de febrero de 2026, el despacho admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se accedió a la solicitud probatoria formulada en
esta instancia por el recurrente, así12:
[…] SEGUNDO: OFICIAR por conducto de la Secretaría de la Sección, al Concejo
Municipal de El Espinal, Tolima, para que remita el registro completo de audio y video de
la sesión del dos (2) de enero de dos mil veinticuatro (2024), en la cual se llevó a cabo la
elección del secretario general de dicha corporación […]
Así mismo, en dicha decisión se dispuso que, una vez allegada la prueba, por Secretaría
se corriera traslado a las partes por el término de tres (3) días, para que se pronunciaran
sobre la misma, si lo estimaran pertinente.
5.5. En cumplimiento de lo anterior, mediante escrito C.M oficio núm.: 2026 – 0111 de 10
de febrero de 2026, el presidente del concejo municipal de El Espinal (Tolima) informó lo
siguiente13:
[…] Revisado por parte del equipo de la Secretaría los archivos institucionales de la
corporación y teniendo en cuenta lo consagrado en el parágrafo tercero del artículo 39 de
nuestro reglamento interno, de la sesión del 02 de enero del 2024, el único registro
documental obrante es de audio y acta 001 donde se evidencia con acuerdo total por la
corporación el proceso de elección tanto de la mesa directiva como del Secretario año
2024, esta última deliberación se encuentra visibles en los folios 19 al 22 del acta; dejando
claridad que no se dispone de video.
Finalmente, informo a su señoría que por la página de Facebook del Concejo Municipal
se efectúa transmisión en vivo (online) de las sesiones, pero por razones ajenas a esta
presidencia el audiovisual de la sesión del 02 de enero del 2024 ya no se encuentra en
nuestra red social institucional.
9 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
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10 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
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11 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
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12 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
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Anexo: Acta digitalizada en 32 folios y audio […]
5.6. Por memorial de 13 de febrero de 2026, el Procurador Delegado de Intervención
ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia14.
En cuanto al elemento objetivo, expuso que estaba acreditado que los señores Juan
Manuel Ospina Carvajal y Andrés Felipe Melo Péréz fueron inscritos como candidatos al
concejo municipal de El Espinal (Tolima) en la lista del grupo «Somos Independientes»
para el período constitucional 2024 – 2027. Agregó que el señor Juan Manuel Ospina
Carvajal resultó elegido concejal y que el señor Andrés Felipe Melo Pérez aspiró al cargo
de secretario general del mencionado concejo. Afirmó que se configuró la causal de
conflicto de interés porque el señor Ospina Carvajal participó, sin declararse impedido,
en la sesión de 2 de enero de 2024 en la se votó la elección para elegir el secretario
general del concejo.
En relación con el elemento subjetivo adujo que también se cumplía, debido a que, el
demandado «[…] a sabiendas de que Andrés Felipe Melo Pérez integró junto con él la
lista al concejo de “Somos Independientes” en las elecciones locales realizadas el año
inmediatamente anterior 2023, decidió participar en su proceso de selección como
aspirante al cargo de Secretario General de la misma corporación, obviando el cumplir
con su obligación de manifestar que le asistía un interés personal, como quiera que con
la persona a designar compartía la misma filiación política»15.
5.7. Por memorial allegado el 16 de febrero de 2026, el apoderado de la parte
demandada reiteró que no estaba acreditado el interés particular, real, actual y directo
exigido para estructurar el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura
y que era improcedente extender lo previsto en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA
a los grupos significativos de ciudadanos16.
5.8. Por auto de 11 de marzo de 2026, el despacho requirió a la secretaría para que
corriera traslado a las partes de las pruebas decretadas y allegadas en segunda
instancia17:
[…] PRIMERO: REGRESAR el presente proceso a la Secretaría de esta Corporación,
para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral tercero del auto del 3 de febrero
de 2026 y proceda a correr traslado a las partes, por el término de tres (3) días, de los
documentos remitidos por el presidente del Concejo Municipal del Espinal (Tolima), los
cuales obran en el índice 17 del Sistema de Gestión Judicial - SAMAI[…].
5.9. El apoderado de la parte demandada descorrió el traslado en oportunidad18 y señaló
que las pruebas remitidas por el presidente del concejo municipal de El Espinal (Tolima)
14
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00248 01.
15 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 01.
16 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 01.
17 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 01.
18 Según el informe secretarial que obra en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado núm. 73001 2333 000 2025 00248 01.
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Demandado: Juan Manuel Ospina Carvajal
no acreditaban la participación del concejal demandado en la sesión en la que se eligió
el secretario general ni el interés particular, actual y real en la adopción cuestionada19.
5.10. El expediente ingresó al despacho para fallo el 19 de marzo de 202620.
5.11. Por memorial radicado el 24 de abril de 2026, el apoderado de la parte demandada
solicitó tener en cuenta lo decidido en la sentencia SU- 082 de 2026 proferida por la Corte
Constitucional al existir identidad fáctica y jurídica con este asunto21.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados,
acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200022 y con
base en lo establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo 201923 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre
las secciones24.
2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
En el asunto bajo examen, se acreditó con el formulario E- 26 CON25 que el señor Juan
Manuel Ospina Carvajal fue elegido concejal del municipio de El Espinal (Tolima) para el
período constitucional 2024 – 2027 y está acreditado con el acta núm. 001 de 2 de enero
de 2024 que tomó posesión del cargo26.
3. Análisis del caso concreto
En el asunto bajo examen, el tribunal decretó la pérdida de investidura con fundamento
en que estaba configurada la causal de conflicto de intereses, puesto que, el demandado
debía declararse impedido al estar incurso en la causal del numeral 14 del artículo 11 del
19 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 01.
20 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 01.
21 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 01.
22 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
24 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos
de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
25 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 00.
26 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
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CPACA, pero no lo hizo. En cuanto al elemento subjetivo, sostuvo que estaba acreditado,
dado que, el demandado no actuó al amparo de la jurisprudencia ni solicitó asesorías
para determinar si podía participar en la elección del secretario general del concejo. De
otro lado, frente a los numerales 1 y 15 del artículo 11 del CPACA precisó que no estaban
probados los supuestos de hechos allí señalados.
La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de primera
instancia que decretó la pérdida de investidura con fundamento en que: (i) el numeral 14
del artículo 11 del CPACA no era aplicable a los grupos significativos de ciudadanos; (ii)
dicha disposición tampoco era aplicable a los procesos de pérdida de investidura; (iii) el
acta núm. 001 de 2 de enero de 2024 daba cuenta que en la sesión para la elección del
secretario general se aprobó una votación nominal, pero en el vídeo consta que la
votación fue ordinaria y además, no era posible constatar la presencia del demandado
en el momento preciso de la votación; (iv) no se acreditó el interés particular, directo y
real en la elección de secretario general del concejo; (v) la aplicación del numeral 14 del
artículo 11 del CPACA implica un régimen más severo para los concejales que para los
diputados y congresistas; (vi) no se acreditó un interés particular, directo y real conforme
lo establecido en la sentencia de 10 de junio de 2025 proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado y (vii) la sentencia SU 379 de 2019 exigió la acreditación de un
beneficio directo, particular y actual para la configuración de la causal de conflicto de
intereses.
La Sala precisa que, si bien en la demanda se invocaron las causales de impedimento
de los numerales 1, 14 y 15 del artículo 11 del CPACA, la sentencia de primera instancia
fundamentó la decisión en la configuración del numeral 14 ibidem, y, asimismo, en el
recurso de apelación solo se controvirtió la aplicación de esta última disposición. Por lo
tanto, la Sala concentrara su examen en determinar si el demandado incurrió en la causal
de conflicto de intereses al estar impedido para participar en la elección de secretario
general acorde con el numeral 14 ibidem.
Para resolver, la Sala advierte que el artículo 70 de la Ley 136 de 1994 establece los
presupuestos para la configuración de la causal de conflicto de intereses, así:
[…] ARTÍCULO 70.- Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero
o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho
o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones
respectivas […].
La jurisprudencia de la Sección Primera estableció que para la configuración de la causal
por conflicto de interés deben estar reunidos los siguientes elementos 27: (i) la calidad de
concejal; (ii) la existencia de un interés directo, particular y actual del concejal o de sus
parientes señalados en la ley en el asunto sometido a consideración de la plenaria; (iii) la
no manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto
por recusación; (iv) haber conformado el quorum y participado el concejal en el debate o
votación de un asunto de competencia del concejo municipal.
27Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
septiembre de 2025. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2025 00017 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
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En cuanto al segundo elemento, esto es, la existencia de un interés directo, particular y
actual, la Sala Plena de esta Corporación explicó que el interés debe ser entendido como
«[…] una razón subjetiva que torna parcial al funcionario y que lo inhabilita para
aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el
desinterés que la norma moral y la norma legal exigen»28 y como «[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los
suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto»29.
Asimismo, la jurisprudencia de la Corporación indicó que las características del referido
interés son las siguientes30:
[…] En relación con las características del referido interés, la Sala ha precisado que el
mismo debe ser directo, esto es, “debe surgir de los extremos de la relación que se
plantea a través de la decisión que haya de tomarse con respecto a los proyectos de ley,
sin intermediación alguna”31, en el entendido de que esa connotación se puede predicar
para el congresista o las personas indicadas en el numeral 286 de la Ley 5ª de 1992”32.
El interés debe ser además “particular y actual, de carácter moral o económico, en la
decisión de uno de los asuntos sometidos a su consideración33;, debe ser real, no
hipotético o aleatorio, lo cual supone, según lo expuesto por la Sala, “que el acto jurídico
resultante de la concurrencia de la voluntad de los congresistas, tenga por sí mismo la
virtualidad de configurar el provecho de manera autónoma, esto es, que no se requiera
de actos, hechos, o desarrollos ulteriores para cristalizar el beneficio personal.”34
El interés que se analiza, según lo ha explicado igualmente la Sala Plena, puede ser
económico o moral:
“Así pues, no es sólo el interés estrictamente personal o el beneficio económico los
fenómenos que el legislador ha creído prudente elevar a la entidad de causales de
impedimento, sino que dentro del amplio concepto del ‘interés en el proceso’ a que se
refiere el numeral 1º del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, debe
entenderse también la utilidad o el menoscabo de índole moral o intelectual que en grado
racional puede derivarse de la decisión correspondiente”35 […]
El artículo 11 del CPACA, por su parte, establece que, cuando el interés propio de la
función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público,
aquel deberá declararse impedido. En este caso, la solicitud de pérdida de investidura
se fundamentó, entre otros, en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, causal de
impedimento que el tribunal encontró configurada y que dispone lo siguiente:
28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de marzo de 1996.
Expediente radicación núm. AC-3300. C.P.: Joaquín Barreto Ruiz.
29 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de octubre de 2000.
Expediente radicación núm. AC-1116. C.P.: Mario Alario Méndez.
30 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de noviembre de 2011.
Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2011 00404 00 (PI). C.P.: María Claudia Rojas Lasoo.
31 Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 19 de julio de 1991, Exp. AC-1433, C.P.
Dr. Diego Younes Moreno.
32 Sentencia del 26 de julio de 1994. Radicación AC-1499. C.P. Dr. Delio Gómez Leyva.
33 Sentencia proferida el 23 de marzo de 2010; expediente PI 000198-00; C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas
B.
34 Sentencia PI 0584 00 del 9 de noviembre de 2004.
35 Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; CP: Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
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[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]
La Sección Primera de la Corporación desde la sentencia de 19 de septiembre de 2019
sostuvo que en el artículo 11 del CPACA, el legislador enlistó unas circunstancias en las
que consideró objetivamente que los servidores públicos tienen comprometido su interés
particular y directo, por lo que deben manifestar su impedimento36:
[…] El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
su artículo 11, estableció, de manera general, que cuando el interés general propio de la
función pública entre en conflicto con el interés público del servidor público, este debe
declararse impedido y, además, prevé una serie de situaciones en las cuales consideró
que los servidores públicos que deben adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, tienen comprometido su interés particular y directo y, en consecuencia,
podrían ser recusados si no manifiestan su impedimento.
[…]
En particular la causal de impedimento que se le imputa a los acusados es la consistente
en haber hecho parte de la lista de candidatos a cuerpos colegiados – al concejo
municipal por el partido Centro Democrático – que inscribió la interesada en la actuación
administrativa en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores.
Toda vez que la norma – artículo 11 numeral 14 de la Ley 1437 de 2011 – no establece
excepción alguna, es claro que cobijaría la inscripción de candidatos de partidos y
movimientos políticos con personería jurídica, como la de candidatos de los grupos
significativos de ciudadanos y la de candidatos de coalición regulados en los artículos
28 y 29 de la Ley 1475 de 2011. La inscripción de candidatos está prevista en los
artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley 1475 de 2011.
[…]
La Sala encuentra que los acusados debieron declararse impedidos para participar en la
elección y nombramiento de la ciudadana Zaira Steffany Jabba Vergara en el cargo de
personera municipal de Zambrano para el período 2016 – 2020, al haberse configurado
la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de
2011, lo cual tiene una incidencia central en la causal de desinvestidura que se analiza.
Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad de los servidores
públicos, entendiendo que se presenta conflicto de intereses ante la existencia de
intereses personales y directos en relación con la decisión que se pretende adoptar […]
Ahora bien, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-082 de 2026, mediante la
cual dejó sin efectos la sentencia de 24 de septiembre de 2024 proferida por la Sección
Primera de la Corporación37 en la que se declaró la pérdida de investidura de la parte
36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de
septiembre de 2019. Expediente radicación núm. 13001 2333 000 2028 00738 01. C.P.: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
37
Expediente radicado núm. 05001-23-33-000-2024-00237-00.
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demandada por configurarse la causal de conflicto de intereses, con fundamento en el
numeral 14 del artículo 11 del CPACA. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
[…] 247. En paralelo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha enfatizado
que no basta con constatar “un factor objetivo” en abstracto. Para hablar de conflicto de
interés, el juez debe verificar, como base, la presencia de un interés directo particular y
actual, real y no aleatorio, en la decisión sometida a consideración del funcionario38.
248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo referente a la causal de
conflicto de interés por haber incurrido en una causal de impedimento, es necesario
precisar que el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura no puede
reducirse a la mera configuración formal de una causal de impedimento, pues esta última
opera como un parámetro preventivo de abstención, pero no sustituye la verificación del
presupuesto material de la sanción39. La jurisprudencia ha sido enfática en que la sola
subsunción fáctica en una hipótesis de impedimento resulta insuficiente para estructurar
la causal sancionatoria si no se acredita, de manera cierta y concreta, la existencia de
un interés directo, particular y actual que se proyecte sobre el asunto decidido y sea
susceptible de generar un beneficio personal o de sus allegados40.
[…]
250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento no produce, por sí sola, la
pérdida de investidura, pues las normas que prevén esta sanción exigen la verificación
tanto del elemento objetivo como del subjetivo. Por ello, aunque actuar estando impedido
o abstenerse de declarar el impedimento cuando existe el deber de hacerlo sí configura
una falta disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al fenómeno del conflicto de
intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto este último se refiere
específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular y el interés general
involucrado en el asunto sometido a su decisión41. Eso exige, entonces, la demostración
de un “genuino conflicto de intereses” y no la sola constatación de la concurrencia de la
causa de impedimento, en tanto esto implicaría desnaturalizar su carácter excepcional
como máxima sanción político-disciplinaria42.
251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta causal se orienta a establecer,
desde una perspectiva material, si la actuación del integrante de la corporación pública
se desarrolló en un escenario que comprometía su deber de imparcialidad, por la
concurrencia de una situación personal capaz de incidir en la decisión adoptada dentro
del ámbito de sus funciones. Este examen permite identificar si el ejercicio del cargo se
[38]
Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
[39]
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010,
expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-
00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-01431-00. También,
Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025, expediente 50001-23-33-
000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba
Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
en el expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
[40]
Ibidem.
[41]
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010,
expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-
00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-01431-00. También,
salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de
octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-
000-2025-00218-01.
[42]
Ibidem.
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vio afectado por una circunstancia incompatible con la finalidad pública que debe guiar
la actuación del elegido, en tanto quebranta la exigencia que rige el desempeño de la
función representativa. Todo ello a partir de la constatación fáctica de la actuación
endilgada y su confrontación con los supuestos descritos en la ley […].
Igualmente, la Corte Constitucional se refirió al análisis probatorio que debe adelantarse
en los procesos de pérdida de investidura cuando se invoque la causal de conflicto de
intereses, así:
[…] 442. Metodológicamente, el escrutinio para la averiguación de la posible ocurrencia de
una causa de pérdida de investidura debe seguir ese orden, es decir, primero la verificación
objetiva del supuesto típico y solo después, si aquel se acredita, el examen subjetivo. En
efecto, tal como se explicó líneas atrás, si el elemento objetivo no se configura, el análisis
de culpabilidad carece de razón jurídica, dado que no existirá una conducta material
delimitada sobre la cual pueda recaer un reproche sancionatorio.
[…]
444. Para la Sala, tal discernimiento obvió el análisis fáctico sobre la acreditación fehaciente
de un interés directo, particular, actual y concreto43. Obsérvese que las decisiones judiciales
se redujeron a especificar la ocurrencia de la causa de impedimento y la ausencia de la
manifestación de parte de las accionantes para separarse de la votación, constituyendo ello
la razón que provocó la sanción por pérdida de investidura. En otras palabras, la valoración
probatoria se orientó a confirmar la subsunción en un impedimento, pero dejó en segundo
plano la demostración del interés jurídicamente relevante que convierte ese escenario en
conflicto de intereses sancionable en el marco del proceso de pérdida de investidura.
445. […] Por consiguiente, no basta con conocer un listado general de situaciones
catalogadas como generadoras de un quebrantamiento del principio de imparcialidad -como
son las causas de impedimento-, sino que, tratándose de pérdida de investidura, el análisis
debe ocuparse por corroborar que, además de evidenciar que ocurrió la situación marcada
como causal de impedimento, este comprometido [sic] genuinamente un interés confluyente
que pueda llegar a perjudicar el interés público44.
446. Así lo ha recalcado la Sala Plena del Consejo de Estado al afirmar que “la sola
ausencia de la declaración de impedimento por parte del congresista no constituye causal
de pérdida de investidura, porque [las normas sobre pérdida de investidura] no sanciona[n]
la omisión del deber de declararse impedido, sino la participación en una decisión en la cual
se configure un genuino conflicto de intereses” 45.
447. Bajo esa lógica, está claro que el laborío fue deficiente porque, por un lado, el análisis
efectuado se concentró solo en la verificación de una causal de impedimento, sustituyendo
43
Exigencia probatoria que esta Corporación ha precisado en Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de
2024. Ver también: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23
de marzo de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-
03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-01431-
00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025, expediente
50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo
Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
[44]
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010,
expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-
00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-01431-00.
[45]
Ibidem.
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así la exigencia probatoria propia de la causal de pérdida de investidura que determina la
necesidad de acreditar (no presumir) un interés directo, actual, concreto y particular; y, por
otro lado, se omitió la valoración de unos elementos materiales probatorios con los cuales
se pretendía acreditar el contexto de la elección a efectos de descartar el interés, los cuales
se relacionan a continuación […].
Siguiendo el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-082 de 2026
para determinar los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses, se advierte
que, en el presente asunto, se allegaron los siguientes medios de prueba:
(i) La parte demandante aportó el formulario E-8 CO de la Registraduría Nacional del
Estado Civil que contiene la lista de candidatos por el grupo significativo de ciudadanos
«Somos Independientes» para las elecciones de 29 de octubre de 2023 en el municipio de
El Espinal (Tolima). En dicha lista figuran como candidatos inscritos, el aquí demandado y
el señor Andrés Felipe Melo Pérez46.
(ii) Con el formulario E- 26 CON se constata que el señor Juan Manuel Ospina Carvajal
fue elegido concejal del municipio de El Espinal (Tolima) con un total de 995 votos,
mientras que, el señor Andrés Felipe Melo Pérez obtuvo 417 votos, por lo que no fue
elegido47.
(iii) En el expediente obra el acta núm. 001 de la sesión de 2 de enero de 2024 del
concejo municipal de El Espinal (Tolima) en el que consta que el concejal demandado
asistió y conformó el quorum decisorio48:
46 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 00.
47 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 00.
48 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 00.
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00248 01
Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Juan Manuel Ospina Carvajal
Asimismo, se advierte que en dicha sesión los concejales tomaron posesión en el cargo;
se eligió a la mesa directiva respecto de lo cual se evidencia que el concejal demandado
participó y votó; también se hizo la elección del secretario general del concejo, así49:
[…] SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
POR ODEN DEL SEÑOR PRESIDENTE LOS QUE VAN A VOTAR POR LOS
ASPIRANTES MENCIONADOS LEVANTEN LA MANO
1. LIZETH XIMENA VÁSQUEZ MORENO CERO VOTOS
2. CÉSAR AUGUSTO ROZO FUENTES CERO VOTOS
3. ANDRES FELIPE MELO PÉREZ 15 VOTOS
4. DIANA SOFÍA MONTAÑEZ MELO CERO VOTOS
5. AGUSTÍN ALBERTO CASTRO VÁSQUEZ CERO VOTOS
SEÑOR PRESIDENTE COMO SECRETARIO AD HOC DE LA CORPORACIÓN
CERTIFICO QUE EL NUEVO SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN ES EL SEÑOR
ANDRES FELIPE MELO PÉREZ […]
Dicha acta fue suscrita por el presidente del concejo, señor José Aníbal Páez Lozano;
primer vicepresidente, señor Antonio González Malambo; segundo vicepresidente, señor
Ferney Rojas Herrán y por el secretario general, señor Andrés Felipe Melo Pérez50.
(iv) Obra la certificación CNE-S-2025-002007-DVIE-700 del Consejo Nacional Electoral
expedida el 15 de julio de 2026, en el que se indica que, a la fecha, el grupo significativo
de ciudadanos «Somos Independientes» no tiene registro vigente51:
[…] En atención a la comunicación que obra bajo el radicado del asunto, mediante la cual
se solicita verificar si el grupo significativo de ciudadanos denominado "Somos
Independientes", constituido para las elecciones del Concejo Municipal del municipio de
El Espinal, Tolima, para el periodo 2024-2027, se encuentra activo en la base de datos de
esta entidad, me permito dar respuesta en los siguientes términos.
Los grupos significativos de ciudadanos no configuran una organización de carácter
permanente, sino que corresponden a una figura de participación política de naturaleza
transitoria, destinada exclusivamente a postular candidatos en un proceso electoral
específico, tal como lo establece el artículo 9 de la Ley 130 de 1994.
En consecuencia, a la fecha no existe un registro vigente o activo del grupo significativo
de ciudadanos "Somos Independientes" […].
(v) Por auto de 28 de agosto de 2025, el tribunal de instancia decretó, entre otras pruebas
de oficio, las siguientes52:
[…] DE OFICIO
49 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 00.
50 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00248 00.
51
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00248 00.
52
Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00248 00.
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Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Juan Manuel Ospina Carvajal
Revisada la actuación, el Despacho advierte la necesidad de decretar una prueba de
oficio, y en tal virtud requerirá:
[…]
Al Concejo Municipal de El Espinal (Tol.) para que allegue en el término improrrogable de
tres (3) días contados a partir del día siguiente a esta diligencia, con destino al expediente
de la referencia el siguiente documental:
1. Videograbación (es) y acta (s) correspondientes a la o las sesiones de deliberación y
elección en la que se evaluaron las hojas de vida de los aspirantes al cargo de secretario
general del Concejo Municipal del Espinal en la que se advierta cuáles fueron las
consideraciones y como fue llevado a cabo la votación y elección de este.
[…]
4. Certificación que acredite lo siguiente:
4.1. Se deberá establecer con claridad el rol desempeñado por el demandado dentro de
la convocatoria, selección y elección del secretario general del Concejo Municipal del
Espinal para el respectivo periodo constitucional, especificando si el concejal Juan Manuel
Ospina Carvajal participó activamente con su voto en dicho proceso.
En caso afirmativo, deberá precisarse la forma en que se surtió la votación, con indicación
del procedimiento seguido y los soportes documentales o actas respectivas.
Igualmente, se deberá indicar si el concejal manifestó algún impedimento para participar
en la referida elección, y en caso de haberse presentado, detallar el trámite surtido para
su reconocimiento o decisión […].
(vi) En cumplimiento de lo anterior, el secretario general ad hoc del concejo municipal de
El Espinal (Tolima) informó lo siguiente53:
[…] 1. Videograbación (es) y acta (s) correspondientes a la o las sesiones de deliberación
y elección en la que se evaluaron las hojas de vida de los aspirantes al cargo de secretario
general Concejo Municipal del Espinal en la que se advierta cuáles fueron las
consideraciones y como fue llevado a cabo la votación y elección de este.
Respuesta: La videograbación de la sesión de elección se encuentra disponible en el
enlace de Facebook
https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=wwXIfr&ref=watch_permalink&v=95364
6382760718&rdid=1oDi08425s5wIsW0
[…] 4. Certificación que acredite lo siguiente: […]
Respuesta: Se aclara que el H.C. Juan Manuel Ospina Carvajal no participó dentro del
proceso de formulación de la convocatoria pública para elección de secretario general
teniendo en cuenta que dicho proceso fue adelantado por la Mesa Directiva del periodo
2023; época en la cual el H.C Ospina no era concejal de la Corporación. Con relación al
rol desempeñado en la elección de secretario general, del acta de la sesión no puede
certificarse a plenitud participación activa teniendo en cuenta que el acta aprobada no
certifica los nombres de cada uno de los Honorables concejales que votaron. Por último,
53
Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00248 00.
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Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Juan Manuel Ospina Carvajal
revisado el archivo de la carpeta del proceso de elección de secretario general, no se
evidencia existencia de escrito de impedimento […].
(v) El 4 de septiembre de 2025, el secretario general ad hoc del concejo municipal de El
Espinal (Tolima) remitió en otro formato el vídeo de la sesión de 2 de enero de 2024 54:
[…] LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA, actuando bajo mi condición de Secretario
Ad Hoc, y teniendo en cuenta la manifestación del Despacho de no ser visible el video de
la sesión, allego copia de enlace de Google Drive donde se permite la visualización de
este, lo anterior teniendo en cuenta que SAMAI no permite cargar el archivo directamente.
Enlace:
https://drive.google.com/file/d/11sJlErjP8_sEU_xSrfFQlEmATc0dOyim/view?usp=drivesk
[…]
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que está probado que el demandado
asistió a la sesión de 2 de enero de 2024 y conformó el quorum. Ahora bien, respecto del
reproche invocado por el recurrente relacionado con que en el acta núm. 001 del concejo
municipal de El Espinal (Tolima) no está acreditado con certeza que el demandado votó
y participó en la elección de secretario general, porque la votación no fue nominal, la
Sala observa que en el inicio de la sesión conformaron el quorum 15 concejales, entre
los que se encontraba expresamente el nombre del aquí demandado, y, posteriormente,
el señor Andrés Felipe Melo Pérez fue elegido secretario general con un total de 15 votos,
sin que en el transcurso de la sesión se haya registrado la ausencia del demandado y la
presencia de otro concejal distinto de los que fueron llamados a lista para comenzar la
sesión.
Adicionalmente, revisado el audio [1:18:41] de la sesión de 2 de enero de 2024 aportado
en esta instancia55 y el vídeo [1:30:38] de la misma sesión que fue allegado al tribunal 56
es posible corroborar lo consignado en el acta núm. 001 referente a que el señor Andrés
Felipe Melo Pérez fue elegido secretario general del concejo con 15 votos, luego de que
los concejales levantaran la mano por instrucciones de la mesa directiva. De manera que,
ni con el audio o el vídeo de la sesión se logra desvirtuar la conclusión a la que llegó el
tribunal consistente en que la elección del funcionario la votaron la totalidad de los
concejales que conformaron el quorum inicial de la sesión, dentro de los cuales figuraba
el demandado.
54
Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00248 00.
55
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00248 01.
56
Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00248 00.
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Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Juan Manuel Ospina Carvajal
Por consiguiente, frente al reparo del recurrente se aclara que, si bien la votación para
elegir al secretario general del concejo no fue nominal57, sino ordinaria58, debido a que,
la mesa directiva ordenó a los concejales levantar la mano por el aspirante que era
mencionado durante la sesión, lo que implicó que el voto de los concejales no esté
individualizado en el acta, ni en los registros de vídeo y audio; lo que debe tenerse en
cuenta en este aspecto, tal como lo indicó el tribunal, es que el señor Andrés Felipe Melo
Pérez obtuvo 15 votos, que corresponde a los 15 concejales que fueron llamados a lista
y conformaron el quorum para deliberar en el comienzo de la sesión, dentro de los cuales,
sí se encuentra enlistado el nombre del demandado.
Tampoco puede perderse de vista que el acta de la sesión de 2 de enero de 2024 fue
suscrita por la totalidad de los integrantes de la mesa directiva que fueron elegidos en
dicha fecha, sin que el recurrente haya aludido alguna norma del reglamento interno del
concejo municipal de El Espinal (Tolima) que señale que el acta debía ser suscrita por el
secretario ad hoc que fue nombrado para dicha sesión inaugural del concejo59.
En ese sentido, se observa que la conducta del demandado sí encuadra en la causal de
impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, toda vez que el señor
Andrés Felipe Melo Pérez, quien era candidato al cargo de secretario general fue su
compañero de lista para las elecciones de 29 de octubre de 2023.
No obstante, si bien el demandado estaba incurso en la causal de impedimento del
numeral 14 del artículo 11 del CPACA y no consta que en la sesión de 2 de enero de
2024 haya manifestado impedimento, el hecho relevante para resolver si se configura la
57
La votación nominal está regulada en el artículo 84 del reglamento interno del concejo municipal de El
Espinal (Tolima), disposición que establece: «[…] ARTÍCULO 84. VOTACIÓN NOMINAL. El secretario
General, llamará a lista y cada concejal expresará su voto diciendo únicamente “SÍ” o “NO”, según su
voluntad. El resultado de la votación nominal constará en el acta con los nombres de los votantes y la clase
de voto que cada uno hubiere dado. Durante la votación nominal el concejal que desee explicar su voto
deberá solicitarlo al respectivo presidente, para lo cual se le otorgará inmediatamente el uso de la palabra
máximo por tres (3) minutos. Cualquier concejal podrá pedir la votación nominal de un Proyecto de Acuerdo
o de una Proposición». Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 73001 2333 000 2025 00248 00.
58
El artículo 82 del reglamento interno del concejo municipal de El Espinal (Tolima) señala las clases de
votaciones: «[…] ARTÍCULO 82. CLASES DE VOTACIÓN. El Concejo del municipio de EL Espinal, en
sesión Plenaria o de sus Comisiones Permanentes, tomará las decisiones que se requieran mediante el
empleo de tres clases de votaciones a saber: Ordinaria, Nominal y Secreta».
Por su parte en artículo 83 ibidem se refiere a las votaciones ordinarias, así: «[…] ARTÍCULO 83.
(Adicionado por el artículo 7 del Acuerdo 021 de 2016) VOTACIÓN ORDINARIA. En la Votación Ordinaria
los concejales manifiestan su decisión afirmativa, golpeando con la mano su curul. El secretario informará
en voz alta sobre el resultado de la votación, según el concepto que se forme de la misma, y si nadie
solicitare en el acto su verificación, se dará por válido el informe del secretario.
Si se pidiere la verificación, está se realizará observando el siguiente procedimiento: Los concejales que
estén por la decisión afirmativa, levantarán el brazo y permanecerán así mientras el secretario general los
cuenta y publica su número. Luego lo hacen los concejales que estén por la negativa y permanecerán así
mientras el secretario general los cuenta y publica su número. Finalmente, el respectivo secretario informa
el resultado de la votación. En la votación ordinaria todo concejal tiene derecho a pedir que su voto conste
en el acta. Dicha petición la hará públicamente al presidente de la Plenaria o de la Comisión Permanente
antes de votar». Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado núm. 73001 2333 000 2025 00248 00.
59
Acorde con los artículos 8 y 9 del reglamento interno del concejo municipal de El Espinal (Tolima), se
advierte que el 2 de enero siguiente a la elección de cada período constitucional se instalará el concejo
municipal, en la que deberá actuar un mesa directiva y secretario general ad hoc. Visto en el índice 25 de
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001 2333 000 2025 00248
00.
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00248 01
Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Juan Manuel Ospina Carvajal
causal de pérdida de investidura radica en que, en aplicación a los criterios señalados
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-082 de 2026 no solo se debe probar que
la conducta del demandado encuadra en la causal de impedimento prevista en el numeral
14 del artículo 11 del CPACA, sino también la existencia de un interés directo, actual y
particular en cabeza del demandado para participar y votar en la elección del secretario
general del concejo que se llevó a cabo en la sesión de 2 de enero de 2024.
Lo anterior, por cuanto, tal como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia SU -
082 de 2026, la omisión de manifestar impedimento, estando obligando hacerlo, «[…]
configura una falta disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al fenómeno del
conflicto de intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto este último se
refiere específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular y el interés general
involucrado en el asunto sometido a su decisión», lo que implica la demostración cierta y
concreta de un interés directo, particular y actual en cabeza del demandado en el asunto
sometido a su consideración para que objetivamente se verifique la causal de conflicto de
intereses.
En este punto, le asiste razón al recurrente cuando alegó que, de las pruebas aportadas
al expediente, no se acreditaba que el demandado tuviese un interés directo, actual y
particular en la elección del señor Andrés Felipe Melo Pérez, como secretario general del
concejo municipal de El Espinal (Tolima), puesto que, con las pruebas allegadas solo se
permite verificar la configuración de la causal de impedimento prevista en el numeral 14
del artículo 11 del CPACA.
Conforme con todo lo expuesto, la Sala advierte que no está acreditado el elemento objetivo
de la causal de conflicto de intereses, puesto que, no se probó la existencia de un interés
directo, particular y actual en cabeza del demandado, por lo que no resulta necesario
pronunciarse sobre los demás reproches de la apelación ni sobre el elemento subjetivo en
el proceso de pérdida de investidura.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2025 por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima, que decretó la pérdida de investidura
del demandado, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
4. Condena en costas
En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.
En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:
[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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21
Radicación: 73001 2333 000 2025 00248 01
Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Juan Manuel Ospina Carvajal
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2025 por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Tolima que decretó la pérdida de investidura del
señor Juan Manuel Ospina Carvajal, concejal del municipio de El Espinal (Tolima),
período constitucional 2024 – 2027 y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demandada, por las razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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