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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2025-00384-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2025-00384-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima que negó la pérdida de investidura del señor Julio César Leyton Capera, concejal del municipio de Ortega (Tolima), período constitucional 2024 – 2027, por las razones señaladas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen. COPÍESE,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 73001-23-33-000-2025-00384-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 73001 2333 000 2025 00384 01
Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Julio César Leyton Capera
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Conflicto de intereses – Aplicación de la Sentencia SU 082
de 2026
Decisión: Confirma sentencia que negó la desinvestidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y el
Ministerio Público en contra de la sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Tolima que negó la pérdida de investidura del señor
Julio César Leyton Capera, concejal del municipio de Ortega (Tolima), período
constitucional 2024 – 2027.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La solicitud de pérdida de investidura

El 7 de noviembre de 20251, el señor Gustavo Adolfo Collazos Roncancio presentó
demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la
que solicitó2:

[…] PRIMERA: Se ADMITA esta demanda de pérdida de investidura en contra del concejal
JULIO CESAR LEYTON CAPERA […] E impartir legalidad sobre la medida cautelar
solicitada.

SEGUNDA: Se DECRETE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor concejal JULIO
CESAR LEYTON CAPERA […] puesto que incurrió en violación del régimen del conflicto
de intereses prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la

1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001

2333 000 2025 00384 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001

2333 000 2025 00384 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00384 01
Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Julio César Leyton Capera

Ley 617, en concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numeral 1 y 14, de la Ley
1437. Al no declarase impedido y votará por su compañera de lista y movimiento político,
MARÍA DEL ROSARIO LOZANO RUBIANO […] para que esta ocupé el cargo de secretaria
general del Concejo Municipal de Ortega.

TERCERA: Sean IMPUESTAS las inhabilidades correspondientes y acordes con el
ordenamiento jurídico vigente.

CUARTA: Se COMUNIQUÉ la sentencia que se profiera al Concejo Municipal de Ortega,
al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás
autoridades competentes, para que se realicen las anotaciones y actuaciones
administrativas que tengan lugar con ocasión de la pérdida de investidura decretada […].

1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada3

El solicitante señaló que el señor Julio Cesar Leyton Capera y la señora María del Rosario
Lozano Rubiano fueron candidatos al concejo municipal de Ortega (Tolima) en las
elecciones de 29 de octubre de 2023 por el «Movimiento Político Alianza Democrática
Amplia A.D.A». Precisó que el demandado sí fue electo concejal, mientras que, su
compañera de lista no fue elegida.

Agregó que, en la sesión de 28 de noviembre de 2024, el demandado, sin declararse
impedido, «votó por su compañera de lista María del Rosario Lozano Rubiano, como
contraprestación a que esta hizo parte de su lista» y que «sirvió para obtener la credencial
que ostenta el demandado». Afirmó que la señora Lozano Rubiano fue elegida secretaria
general del concejo.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que se configuró la causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de conflicto de intereses, en concordancia con lo previsto en los
numerales 1, 14 y 15 del artículo 11 del CPACA, según lo señaló en el acápite denominado
«causal de pérdida de investidura».

2. Posición de la parte demandada

El señor Julio César Leyton Capera, actuando por conducto de apoderado, manifestó su
oposición a las pretensiones y como razones de defensa expuso lo siguiente4:

Aseguró que era cierto que fue compañero de lista de la señora Lozano Rubiano y que
votó por la mencionada señora en la elección de secretario general del concejo, pero lo
hizo bajo la libertad de elección que tienen los concejales.

Alegó que «[…] la señora María del Rosario Lozano Robiano, presentó renuncia a su
militancia el 3 de octubre de 2024, y el 4 de octubre de 2024 le fue aceptada, según
consta en constancia suscrita por la coordinadora departamental del partido Alianza
Democrática Amplia en el Tolima, documento expedido el 23 de octubre de ese mismo

3 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001

2333 000 2025 00384 00.
4 Visto en el índice 17 y 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

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Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Julio César Leyton Capera

año». En este aspecto, precisó que la señora Lozano Rubiano renunció al movimiento
político con más de un año de antelación a la elección de secretaria general del concejo.

Aseguró que la coincidencia en una lista electoral no implicaba la existencia de una
sociedad, ni generaba un interés directo susceptible de configurar la causal, por lo que,
«[…] no existe evidencia de vínculos económicos, jurídicos, patrimoniales o contractuales
entre el concejal y la secretaria del Concejo. Por tanto, no se satisface el elemento
objetivo del conflicto de intereses, predicado a lo largo del medio de control hoy invocado
por el accionante».

Indicó que «[…] la designación de la secretaria general del Concejo de Ortega Tolima no
comporta para el concejal demandado ningún beneficio de carácter económico, jurídico
o patrimonial. No existe remuneración, contraprestación, ventaja, expectativa jurídica
cierta ni perjuicio cuya admisión pudiera derivarse de la decisión adoptada por la
corporación».

3. La sentencia de primera instancia5

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el 29
de enero de 2026, resolvió:

[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura del
señor Julio Cesar Leyton Capera, como concejal del municipio de Ortega (Tolima) por el
período 2024-2027, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […].

Explicó que no era aplicable a los concejales el régimen previsto en el artículo 11 del
CPACA, puesto que, la causal de conflicto de intereses para dichos funcionarios estaba
regulada en el artículo 70 de la Ley 136 de 1994. Acotó que esta última disposición no
remite a otras causales de conflicto de interés.

Agregó que aplicar «[…] el conflicto de interés y causales de impedimento de los
servidores públicos en general en actuaciones o procedimientos administrativos
contemplado en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, estaría en contravía del principio
de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura, recordando que
su tipificación, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa, por lo tanto, los
concejales tienen norma exclusiva y especial frente al régimen de conflicto de intereses».

Concluyó que era innecesario analizar las causales invocadas del artículo 11 del CPACA,
puesto que, no eran aplicables a los concejales, lo que conducía necesariamente a que
se negaran las pretensiones de la demanda, toda vez que, el fundamento principal de la
pérdida de investidura estaba ceñido a la causal del numeral 14 ibidem.

Advirtió que, en gracia de discusión, admitiendo la aplicación del artículo 11 del CPACA
para los concejales, continuaría con el análisis del elemento objetivo de la causal y
recordó que los presupuestos que debían cumplirse para que se configurara la causal
de conflicto de intereses eran: i) tener el acusado la calidad de concejal, ii) existir un
interés directo, particular y concreto del acusado o de las personas que señala la ley
distinto al propio de la función pública o al que le asiste a la comunidad en general, que
le impida participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración, iii) la no

5 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001

2333 000 2025 00384 00.

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Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Julio César Leyton Capera

manifestación de impedimento frente al asunto que es motivo de decisión, iv) haber
conformado el quorum o participado el concejal en el debate o votación del asunto, y v)
que su participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional de la
corporación.

En cuanto al requisito de la existencia de un interés directo, particular y actual, consideró
que no fue allegada al proceso prueba que permitiera acreditar el beneficio particular,
actual y directo que generaba para el demandado la participación en la elección de
secretario general del concejo. Manifestó que dichos presupuestos no pueden deducirse
por el simple hecho que el demandado y la señora Lozano Rubiano hubiesen pertenecido
a la misma lista de candidatos al concejo municipal de Ortega por el Movimiento Político
Alianza Democrática Amplia- A.D.A., toda vez que, se exige la demostración de ese
interés, entendido, como aquel beneficio particular, actual y directo del demandado.

Estimó que la parte demandante fincó su planteamiento exclusivamente en demostrar la
configuración de la causal de impedimento del numeral 14 del artículo 11 del CPACA, es
decir, «[…] simple y automáticamente por el hecho objetivo de pertenecer a la lista de
candidatos de elección popular – lista del Movimiento Político Alianza Democrática
Amplia “A.D.A.” -, lo que conlleva a inferir en criterio del demandante y Ministerio Público
que era suficiente para la acreditación de la causal del conflicto de intereses,
desconociéndose los criterios reiterados y pacíficos por parte del Consejo de Estado que
exigen la acreditación del interés particular o beneficio para sí o para terceros o que se
evidenciara que imparcialidad de la decisión se viera se comprometiera y distorsionara
por motivos personales o particulares».

Con fundamento en lo expuso, sostuvo:

«[…] si bien es cierto, existe prueba fehaciente a través del formulario de inscripción del
Movimiento Político Alianza Democrática Amplia “A.D.A.” (E-8CO) y el acta de escrutinio
municipal (E-26CON), que el demandado Julio Cesar Leyton Capera y María del Rosario
Lozano Rubiano pertenecieron a la lista de candidatos para el concejo municipal de
Ortega, este situación únicamente demuestra el elemento objetivo del conflicto de
intereses correspondiente a la acreditación del impedimento del numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, como se ha repetido no hay otro tipo de prueba
que permita extraer una situación distinta a la antes planteada, no hay documentos que
reflejen algún interés o beneficio del concejal».

Indicó que, si para la configuración de la causal no se exigiere la acreditación de un
beneficio directo, particular y actual, ello haría más gravoso el régimen de conflicto de
interés para los concejales, en comparación a los diputados y congresistas, sin que exista
una razón constitucional. Precisó que «[…] conforme se extrae del artículo 299 de la
Constitución Política el régimen del conflicto de intereses de los diputados no podrá ser
menos estricto que el señalado para los congresistas, lo que conlleva a concluir
razonablemente que el régimen de conflicto de intereses ni de los diputados ni de los
concejales deba ser más estricto que el de los legisladores».

4. Los recursos de apelación

4.1. La parte demandante pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se decretara la desinvestidura, con sustento en lo siguiente6:
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Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
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Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Julio César Leyton Capera

Recordó que el objeto del litigio radicaba en determinar si el demandado incurrió en la
causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses al
estar inmerso en la conducta descrita en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA por
haber participado y votado en la elección del secretario general del concejo en la que fue
elegida la señora Lozano Rubiano, quien, a su vez, fue su compañera de lista para las
elecciones del concejo, período constitucional 2024 – 2027.

Explicó que el argumento principal del tribunal para negar las pretensiones radicó en que
las causales de impedimento y recusación previstas en el artículo 11 del CPACA no eran
aplicables a los concejales.

Alegó que la causal prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA es aplicable a
los servidores públicos, entre ellos, a los concejales, acorde con la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado7.

4.2. El Procurador 163 Judicial II Administrativo, por su parte, solicitó que fuera revocada
la sentencia de primera instancia y se decretara la pérdida de investidura8, para lo cual
expuso los siguientes argumentos:

Adujo que, contrario a lo manifestado por el tribunal, la causal prevista en el numeral 14
del artículo 11 del CPACA sí era aplicable a los servidores públicos, entre ellos, los
concejales, acorde con lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Manifestó que conforme con el artículo 123 de la Constitución Política los miembros de
las corporaciones públicas son servidores públicos y, a su turno, los concejales hacen
parte de una corporación pública, tal y como se deduce del artículo 312 ibidem.

Acotó que el legislador determinó qué comportamientos pueden ser constitutivos de un
interés particular que riñe con el interés general «[…] edificándose en ello el régimen
consagrado en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011». En ese contexto, precisó que «[…]
cuando se alegue la configuración de una causal calificada previamente en la ley, deberá
verificarse el supuesto fáctico que ella consagra, en este caso, el numeral 14 de la norma
citada, encontrándose este plenamente acreditado como se explicó en las intervenciones
procesales en el marco de la actuación judicial».

Resaltó que «[…] contrario a lo señalado por la sentencia impugnada, la aplicación a los
concejales del art. 11 de la ley 1437 que prevé el régimen de conflicto de intereses e
impedimentos y con ello edificar una causal de perdida de investidura, ha sido una tesis
sostenida uniformemente por la jurisprudencia de nuestro órgano de cierre de la
jurisdicción contenciosa administrativa9».

7
El demandante citó las siguientes providencias:
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 04 de septiembre de 2025. Radicación. 50001 23 33
000 2024 00302 01; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 02 de mayo de 2025. Radicación.
25000231500020240050201; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 06 de marzo de 2025.
Radicación 50001233300020240032101; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de mayo
de 2023. Radicación. 250002315000202201016-01; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del
19 de septiembre de 2019. Radicación. 13001233300020180073801; Consejo de Estado. Sección Primera
Sentencia del 27 de noviembre de 2025. Radicación. 50001-23-33-000-00175-02.
8
Visto en el índice 51 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00384 00.
9
El Ministerio Público citó los siguientes pronunciamientos: Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia del 04 de septiembre de 2025. Radicación. 50001 23 33 000 2024 00302 01; Consejo de Estado.

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Radicación: 73001 2333 000 2025 00384 01
Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Julio César Leyton Capera

Precisó que «[…] no le asiste razón incluso a los magistrados que aclararon el voto, dado
que la renuncia al partido político por parte de la señora María del Rosario Lozano
Rubiano, no desvirtúa la presunción de interés que existe al haber participado e inscrito
una lista para el mismo cargo de elección popular, elección en la cual – en todo caso- no
fue retirada como candidata, obteniendo votación que en todo caso contribuye a la
sumatoria del partido o movimiento político al cual pertenece, que como es conocido
tiene incidencia en la determinación de las curules».

Expuso que no le asiste razón al tribunal cuando señaló que en el proceso no existe
prueba que acreditara que la elección del secretario general del concejo «[…] pudo
representar algún tipo de ventaja, utilidad o provecho al ahora demandado que edifique
un interés directo, pues se reitera, es el legislador en desarrollo de una función
constitucional (Art 150 N. 23 C.P) quien determina que comportamientos pueden ser
considerados como constitutivos de un interés particular que riñe con el interés general,
edificándose en ello el régimen consagrado en el art. 11 de la ley 1437 de 2011».

De otro lado, argumentó que en este caso también estaba configurado el elemento
subjetivo, toda vez que, no se acreditó que el demandado haya actuado amparado en
un error invencible. Agregó que quien aspira a ser elegido concejal debe tener un mínimo
de conocimiento que le permita comprender el funcionamiento administrativo de la
corporación pública a la que aspira. Anotó que la ignorancia de la ley no es excusa para
su transgresión.

4.3. Los recursos de apelación fueron concedidos por auto de 17 de marzo de 202610.

5. Trámite de segunda instancia

5.1. El expediente fue asignado a la Sección Quinta de la Corporación por acta de reparto
de 6 de abril de 202611.

5.2. Por auto de 7 de abril de 2026, el despacho de conocimiento de la Sección Quinta
ordenó remitir el expediente a la Sección Primera de la Corporación, quien es el
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos en los procesos de
pérdida de investidura12.

5.3. El proceso fue asignado a la Sección Primera de la Corporación por acta de reparto
de 15 de abril de 202613.

Sección Primera. Sentencia del 02 de mayo de 2025. Radicación. 25000231500020240050201; Consejo
de Estado. Sección Primera. Sentencia del 06 de marzo de 2025. Radicación 50001233300020240032101;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de mayo de 2023. Radicación.
250002315000202201016-01; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 19 de septiembre de
2019. Radicación. 13001233300020180073801; Consejo de Estado. Sección Primera Sentencia del 27 de
noviembre de 2025. Radicación. 50001-23-33-000-00175-02.
10 Visto en el índice 55 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001

2333 000 2025 00384 00.
11 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001

2333 000 2025 00384 01.
12 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001

2333 000 2025 00384 01.
13 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001

2333 000 2025 00384 01.

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Radicación: 73001 2333 000 2025 00384 01
Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Julio César Leyton Capera

5.4. Por auto de 17 de abril de 2026, el despacho admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y el Ministerio Público14.

5.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 29 de abril de 202615.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados,
acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200016 y con
base en lo establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo 201917 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre
las secciones18.

2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

En el asunto bajo examen, se acreditó con el formulario E- 26 CON19 que el señor Julio
César Leyton Capera fue elegido concejal del municipio de Ortega (Tolima) para el
período constitucional 2024 – 2027 y no se discute que haya tomado posesión del cargo.

3. Análisis del caso concreto

En el asunto bajo examen, el tribunal negó la pérdida de investidura del demandado con
fundamento en que las causales de impedimento y recusación del artículo 11 del CPACA
no eran aplicables a los concejales. Además, señaló que, si en gracia de discusión se
aceptaba la tesis contraria, tampoco se acreditó el interés directo, particular y actual del
demandado en la participación y elección del secretario general del concejo.

Tanto la parte demandante como el Ministerio Público apelaron la decisión de primera
instancia con fundamento en un reproche común relativo a que las causales del artículo
11 del CPACA sí son aplicables a los concejales, en la medida que, tienen la calidad de

14
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00384 01.
15
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00384 01.
16 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
18 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos

de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
19 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001

2333 000 2025 00384 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 73001 2333 000 2025 00384 01
Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Julio César Leyton Capera

servidores públicos y que así lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo
de Estado.

Por su parte, el agente del Ministerio Público también alegó que no le asistía razón al
tribunal al señalar que no fue allegada prueba que acreditara el interés directo, particular
y actual del demandado en la elección del secretario general, puesto que, el legislador
enlistó en el artículo 11 del CPACA unas circunstancias que consideró, de manera
anticipada, comprometían un interés particular que riñe con el interés general. De modo
que, en este caso, se debía verificar que los supuestos fácticos del numeral 14 del artículo
11 ibidem estuviesen probados, lo que sí ocurrió, por lo que la causal de conflicto de
interés estaba objetivamente configurada.

También precisó que no era acertado que los magistrados en las aclaraciones de voto de
la sentencia de primera instancia señalaran que no existía un interés directo, particular y
actual con fundamento en que la señora María del Rosario Lozano Rubiano renunció al
movimiento político, dado que, dicha circunstancia no desvirtúa el interés que existía por
haberse inscrito y participado, junto con el demandado, en la misma lista de candidatos
al concejo. Por último, argumentó que se configuró el elemento subjetivo de la causal.

La Sala precisa que, si bien en la demanda se invocaron las causales de impedimento
de los numerales 1, 14 y 15 del artículo 11 del CPACA, la sentencia de primera instancia
descartó la configuración del numeral 14 ibidem, y, asimismo, en los recursos de
apelación solo se controvirtió la acreditación de los supuestos fácticos señalados por
esta última disposición. Por lo tanto, la Sala concentrara su examen en determinar si el
demandado incurrió en la causal de conflicto de intereses al estar impedido para
participar en la elección de secretario general acorde con el numeral 14 ibidem.

Para resolver, la Sala advierte que el artículo 70 de la Ley 136 de 1994 establece los
presupuestos para la configuración de la causal de conflicto de intereses, así:

[…] ARTÍCULO 70.- Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero
o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho
o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones
respectivas […].

La jurisprudencia de la Sección Primera estableció que, para la configuración de la causal
por conflicto de interés deben estar reunidos los siguientes elementos 20: (i) la calidad de
concejal; (ii) la existencia de un interés directo, particular y actual del concejal o de sus
parientes señalados en la ley en el asunto sometido a consideración de la plenaria; (iii) la
no manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto
por recusación; (iv) haber conformado el quorum y participado el concejal en el debate o
votación de un asunto de competencia del concejo municipal.

En cuanto al segundo elemento, esto es, la existencia de un interés directo, particular y
actual, la Sala Plena de esta Corporación explicó que el interés debe ser entendido como
«[…] una razón subjetiva que torna parcial al funcionario y que lo inhabilita para
aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el

20Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
septiembre de 2025. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2025 00017 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.

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Demandado: Julio César Leyton Capera

desinterés que la norma moral y la norma legal exigen»21 y como «[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los
suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto»22.

Asimismo, la jurisprudencia de la Corporación indicó que las características del referido
interés son las siguientes23:

[…] En relación con las características del referido interés, la Sala ha precisado que el
mismo debe ser directo, esto es, “debe surgir de los extremos de la relación que se
plantea a través de la decisión que haya de tomarse con respecto a los proyectos de ley,
sin intermediación alguna”24, en el entendido de que esa connotación se puede predicar
para el congresista o las personas indicadas en el numeral 286 de la Ley 5ª de 1992”25.

El interés debe ser además “particular y actual, de carácter moral o económico, en la
decisión de uno de los asuntos sometidos a su consideración26;, debe ser real, no
hipotético o aleatorio, lo cual supone, según lo expuesto por la Sala, “que el acto jurídico
resultante de la concurrencia de la voluntad de los congresistas, tenga por sí mismo la
virtualidad de configurar el provecho de manera autónoma, esto es, que no se requiera
de actos, hechos, o desarrollos ulteriores para cristalizar el beneficio personal.”27

El interés que se analiza, según lo ha explicado igualmente la Sala Plena, puede ser
económico o moral:

“Así pues, no es sólo el interés estrictamente personal o el beneficio económico los
fenómenos que el legislador ha creído prudente elevar a la entidad de causales de
impedimento, sino que dentro del amplio concepto del ‘interés en el proceso’ a que se
refiere el numeral 1º del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, debe
entenderse también la utilidad o el menoscabo de índole moral o intelectual que en grado
racional puede derivarse de la decisión correspondiente”28 […]

El artículo 11 del CPACA, por su parte, establece que, cuando el interés propio de la
función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público,
aquel deberá declararse impedido. En este caso, la solicitud de pérdida de investidura
se fundamentó, entre otros, en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, causal de
impedimento que el tribunal encontró configurada y que dispone lo siguiente:

[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]

21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de marzo de 1996.

Expediente radicación núm. AC-3300. C.P.: Joaquín Barreto Ruiz.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de octubre de 2000.

Expediente radicación núm. AC-1116. C.P.: Mario Alario Méndez.
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de noviembre de 2011.

Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2011 00404 00 (PI). C.P.: María Claudia Rojas Lasoo.
24 Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 19 de julio de 1991, Exp. AC-1433, C.P.

Dr. Diego Younes Moreno.
25 Sentencia del 26 de julio de 1994. Radicación AC-1499. C.P. Dr. Delio Gómez Leyva.
26 Sentencia proferida el 23 de marzo de 2010; expediente PI 000198-00; C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas

B.
27 Sentencia PI 0584 00 del 9 de noviembre de 2004.
28 Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; CP: Dr. Joaquín Barreto Ruiz.

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La Sección Primera de la Corporación desde la sentencia de 19 de septiembre de 2019
sostuvo que en el artículo 11 del CPACA, el legislador enlistó unas circunstancias en las
que consideró objetivamente que los servidores públicos tienen comprometido su interés
particular y directo, por lo que deben manifestar su impedimento29:

[…] El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
su artículo 11, estableció, de manera general, que cuando el interés general propio de la
función pública entre en conflicto con el interés público del servidor público, este debe
declararse impedido y, además, prevé una serie de situaciones en las cuales consideró
que los servidores públicos que deben adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, tienen comprometido su interés particular y directo y, en consecuencia,
podrían ser recusados si no manifiestan su impedimento.

[…]

En particular la causal de impedimento que se le imputa a los acusados es la consistente
en haber hecho parte de la lista de candidatos a cuerpos colegiados – al concejo
municipal por el partido Centro Democrático – que inscribió la interesada en la actuación
administrativa en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores.

Toda vez que la norma – artículo 11 numeral 14 de la Ley 1437 de 2011 – no establece
excepción alguna, es claro que cobijaría la inscripción de candidatos de partidos y
movimientos políticos con personería jurídica, como la de candidatos de los grupos
significativos de ciudadanos y la de candidatos de coalición regulados en los artículos
28 y 29 de la Ley 1475 de 2011. La inscripción de candidatos está prevista en los
artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley 1475 de 2011.

[…]

La Sala encuentra que los acusados debieron declararse impedidos para participar en la
elección y nombramiento de la ciudadana Zaira Steffany Jabba Vergara en el cargo de
personera municipal de Zambrano para el período 2016 – 2020, al haberse configurado
la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de
2011, lo cual tiene una incidencia central en la causal de desinvestidura que se analiza.

Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad de los servidores
públicos, entendiendo que se presenta conflicto de intereses ante la existencia de
intereses personales y directos en relación con la decisión que se pretende adoptar […]

Ahora bien, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-082 de 2026, mediante la
cual dejó sin efectos la sentencia de 24 de septiembre de 2024 proferida por la Sección
Primera de la Corporación30 en la que se declaró la pérdida de investidura de la parte
demandada por configurarse la causal de conflicto de intereses, con fundamento en el
numeral 14 del artículo 11 del CPACA. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

[…] 247. En paralelo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha enfatizado
que no basta con constatar “un factor objetivo” en abstracto. Para hablar de conflicto de

29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de
septiembre de 2019. Expediente radicación núm. 13001 2333 000 2028 00738 01. C.P.: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
30
Expediente radicado núm. 05001-23-33-000-2024-00237-00.

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interés, el juez debe verificar, como base, la presencia de un interés directo particular y
actual, real y no aleatorio, en la decisión sometida a consideración del funcionario31.

248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo referente a la causal de
conflicto de interés por haber incurrido en una causal de impedimento, es necesario
precisar que el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura no puede
reducirse a la mera configuración formal de una causal de impedimento, pues esta última
opera como un parámetro preventivo de abstención, pero no sustituye la verificación del
presupuesto material de la sanción32. La jurisprudencia ha sido enfática en que la sola
subsunción fáctica en una hipótesis de impedimento resulta insuficiente para estructurar
la causal sancionatoria si no se acredita, de manera cierta y concreta, la existencia de
un interés directo, particular y actual que se proyecte sobre el asunto decidido y sea
susceptible de generar un beneficio personal o de sus allegados33.

[…]

250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento no produce, por sí sola, la
pérdida de investidura, pues las normas que prevén esta sanción exigen la verificación
tanto del elemento objetivo como del subjetivo. Por ello, aunque actuar estando impedido
o abstenerse de declarar el impedimento cuando existe el deber de hacerlo sí configura
una falta disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al fenómeno del conflicto de
intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto este último se refiere
específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular y el interés general
involucrado en el asunto sometido a su decisión34. Eso exige, entonces, la demostración
de un “genuino conflicto de intereses” y no la sola constatación de la concurrencia de la
causa de impedimento, en tanto esto implicaría desnaturalizar su carácter excepcional
como máxima sanción político-disciplinaria35.

251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta causal se orienta a establecer,
desde una perspectiva material, si la actuación del integrante de la corporación pública
se desarrolló en un escenario que comprometía su deber de imparcialidad, por la
concurrencia de una situación personal capaz de incidir en la decisión adoptada dentro
del ámbito de sus funciones. Este examen permite identificar si el ejercicio del cargo se
vio afectado por una circunstancia incompatible con la finalidad pública que debe guiar
la actuación del elegido, en tanto quebranta la exigencia que rige el desempeño de la
función representativa. Todo ello a partir de la constatación fáctica de la actuación
endilgada y su confrontación con los supuestos descritos en la ley […].

[31]
Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
[32]
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010,
expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-
00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-01431-00. También,
Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025, expediente 50001-23-33-
000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba
Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
en el expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
[33]
Ibidem.
[34]
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010,
expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-
00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-01431-00. También,
salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de
octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-
000-2025-00218-01.
[35]
Ibidem.

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Igualmente, la Corte Constitucional se refirió al análisis probatorio que debe adelantarse
en los procesos de pérdida de investidura cuando se invoque la causal de conflicto de
intereses, así:

[…] 442. Metodológicamente, el escrutinio para la averiguación de la posible ocurrencia de
una causa de pérdida de investidura debe seguir ese orden, es decir, primero la verificación
objetiva del supuesto típico y solo después, si aquel se acredita, el examen subjetivo. En
efecto, tal como se explicó líneas atrás, si el elemento objetivo no se configura, el análisis
de culpabilidad carece de razón jurídica, dado que no existirá una conducta material
delimitada sobre la cual pueda recaer un reproche sancionatorio.

[…]

444. Para la Sala, tal discernimiento obvió el análisis fáctico sobre la acreditación fehaciente
de un interés directo, particular, actual y concreto36. Obsérvese que las decisiones judiciales
se redujeron a especificar la ocurrencia de la causa de impedimento y la ausencia de la
manifestación de parte de las accionantes para separarse de la votación, constituyendo ello
la razón que provocó la sanción por pérdida de investidura. En otras palabras, la valoración
probatoria se orientó a confirmar la subsunción en un impedimento, pero dejó en segundo
plano la demostración del interés jurídicamente relevante que convierte ese escenario en
conflicto de intereses sancionable en el marco del proceso de pérdida de investidura.

445. […] Por consiguiente, no basta con conocer un listado general de situaciones
catalogadas como generadoras de un quebrantamiento del principio de imparcialidad -como
son las causas de impedimento-, sino que, tratándose de pérdida de investidura, el análisis
debe ocuparse por corroborar que, además de evidenciar que ocurrió la situación marcada
como causal de impedimento, este comprometido [sic] genuinamente un interés confluyente
que pueda llegar a perjudicar el interés público37.

446. Así lo ha recalcado la Sala Plena del Consejo de Estado al afirmar que “la sola
ausencia de la declaración de impedimento por parte del congresista no constituye causal
de pérdida de investidura, porque [las normas sobre pérdida de investidura] no sanciona[n]
la omisión del deber de declararse impedido, sino la participación en una decisión en la cual
se configure un genuino conflicto de intereses” 38.

447. Bajo esa lógica, está claro que el laborío fue deficiente porque, por un lado, el análisis
efectuado se concentró solo en la verificación de una causal de impedimento, sustituyendo
así la exigencia probatoria propia de la causal de pérdida de investidura que determina la
necesidad de acreditar (no presumir) un interés directo, actual, concreto y particular; y, por
otro lado, se omitió la valoración de unos elementos materiales probatorios con los cuales
se pretendía acreditar el contexto de la elección a efectos de descartar el interés, los cuales
se relacionan a continuación […].

36
Exigencia probatoria que esta Corporación ha precisado en Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de
2024. Ver también: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23
de marzo de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-
03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-01431-
00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025, expediente
50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo
Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
[37]
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010,
expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-
00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-01431-00.
[38]
Ibidem.

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Siguiendo el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-082 de 2026
para determinar los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses, se advierte
que, en el presente asunto, se allegaron los siguientes medios de prueba:

(i) La parte demandante aportó el formulario E-8 CO de la Registraduría Nacional del
Estado Civil que contiene la lista de candidatos inscritos para el concejo municipal de
Ortega (Tolima) por el «Movimiento Alianza Democrática Amplia» para las elecciones de
29 de octubre de 2023. En dicha lista figuran como candidatos inscritos el aquí demandado
y la señora María del Rosario Lozano Rubiano39.

(ii) Con el formulario E- 26 CON se constata que el señor Julio César Leyton Capera fue
elegido concejal del municipio de Ortega (Tolima) con un total de 742 votos, para el
período constitucional 2024 -2027, mientras que, la señora María del Rosario Lozano
Rubiano obtuvo cinco votos, por lo que no fue elegida40.

(iii) En el expediente obra el acta núm. 15 A de 28 de noviembre de 2024 del concejo
municipal de Ortega (Tolima) en la que consta que dentro del orden del día estaba la
elección y posesión del secretario general del concejo. Igualmente, se verifica que el
demandado, conformó el quorum y votó por la señora María del Rosario Lozano. En
efecto, en la mencionada acta se lee lo siguiente41:

39
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00384 00.
40
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00384 00.
41
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001
2333 000 2025 00384 00.

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La Sala verifica que lo consignando en la referida acta está en armonía con el audio
[https://drive.google.com/file/d/1IkOhS4VOFB9sfPa7Za0L9F9bGyN8m0WC/viewMin 2:45:44]
de la sesión del concejo que se llevó a cabo el 28 noviembre de 202442.

(iv) La parte demandada aportó la constancia expedida el 23 de octubre de 2024 por la
Coordinadora Departamental del Partido Alianza Democrática Amplia en el Tolima, en la
que se advierte lo siguiente43:

[…] MARIA DEL ROSARIO LOZANO RUBIANO […] presentando su carta de renuncia el
día 03 de octubre de 2024 desde el 4 de octubre de 2024, ya no hace parte como militante,
activista y colaborado del partido Alianza Democrática Amplía “ADA” […].

42
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00384 00.
43
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
73001 2333 000 2025 00384 00.

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Teniendo en cuenta lo probado en el proceso, se observa que la conducta del demandado
sí encuadra en la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 del
CPACA, toda vez que la señora María del Rosario Lozano Rubiano, quien era candidata
al cargo de secretaria general, fue su compañera de lista para las elecciones de 29 de
octubre de 2023.

En este punto, se aclara que no le asiste razón al tribunal, pero sí a la parte demandante
y al Ministerio Público, cuando en sus recursos de apelación alegaron que las causales
de impedimento y recusación previstas en el artículo 11 del CPACA sí son aplicables a
los concejales, puesto que, la precitada disposición se refiere a los conflictos de intereses
que rigen a «[…] todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas» y los concejales, como miembros de corporaciones públicas de elección
popular, tienen la condición de servidores públicos de conformidad con el artículo 123 de
la Constitución Política44.

Ahora, no obstante, si bien el demandado estaba incurso en la causal de impedimento
del numeral 14 del artículo 11 del CPACA y no consta que en la sesión de 28 de
noviembre de 2024 haya manifestado impedimento, el hecho relevante para resolver si
se configura la causal de pérdida de investidura radica en que, en aplicación a los criterios
señalados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-082 de 2026 no solo se debe
probar que la conducta del demandado encuadra en la causal de impedimento prevista
en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, sino también la existencia de un interés
directo, actual y particular en cabeza del demandado para participar y votar en la elección
del secretario general del concejo que se llevó a cabo en la sesión de 28 de noviembre
de 2024.

Lo anterior, por cuanto, tal como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia SU -
082 de 2026 la omisión de manifestar impedimento, estando obligando hacerlo, «[…]
configura una falta disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al fenómeno del
conflicto de intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto este último se
refiere específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular y el interés general
involucrado en el asunto sometido a su decisión», lo que implica la demostración cierta y
concreta de un interés directo, particular y actual en cabeza del demandado en el asunto
sometido a su consideración para que objetivamente se verifique la causal de conflicto de
intereses.

En este punto, le asiste razón al tribunal cuando consideró que, de las pruebas aportadas
al expediente, no se acreditaba que el demandado tuviese un interés directo, actual y
particular en la elección de la señora María del Rosario Lozana Rubiano, como secretaria
general del concejo municipal de Ortega (Tolima), puesto que, con las pruebas allegadas
solo se permite verificar la configuración de la causal de impedimento prevista en el
numeral 14 del artículo 11 del CPACA.

Finalmente, frente al argumento de la apelación del Ministerio Público relativo a que la
renuncia de la señora Lozano Rubiano al movimiento político por el cual aspiró al concejo
no desvirtúa la configuración del conflicto de interés, la Sala no realizará ningún
pronunciamiento, en la medida en que se trata de un reproche encaminado a controvertir

44
[…] ARTÍCULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios
[…].

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las razones que fundamentaron las aclaraciones de voto que se formularon en la
sentencia de primera instancia, sin que dicho argumento haya sido considerado por el
tribunal, para negar la solicitud de pérdida de investidura.

Conforme con todo lo expuesto, la Sala advierte que no está acreditado el elemento objetivo
de la causal de conflicto de intereses, puesto que no se probó la existencia de un interés
directo, particular y actual en cabeza del demandado, por lo que no resulta necesario
pronunciarse sobre el elemento subjetivo en el proceso de pérdida de investidura.

En consecuencia, la Sala confirmara la sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima que negó la pérdida de investidura del
demandado.

4. Condena en costas

En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.

En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:

[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo del Tolima que negó la pérdida de investidura del señor Julio
César Leyton Capera, concejal del municipio de Ortega (Tolima), período constitucional
2024 – 2027, por las razones señaladas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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www.consejodeestado.gov.co
16

Radicación: 73001 2333 000 2025 00384 01
Solicitante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio
Demandado: Julio César Leyton Capera

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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17

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