Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2025-00232-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2025-00232-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-33-000-2025-00232-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Pérdida de investidura
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
Accionado: César Wifredo Morales Espinosa
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como
causal de pérdida de investidura de los concejales
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por el accionado contra la
sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud de pérdida de investidura1
1. La señora Lina María Otavo Quiñonez, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:
“[…] IV. PRETENSIONES
Con fundamento en los hechos y fundamentos de derecho expuestos, solicito a los
Honorables Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima lo siguiente:
PRIMERA: ADMITIR la presente demanda de pérdida de investidura contra el señor
concejal CÉSAR WILFREDO MORALES ESPINOSA del Municipio de El Espinal,
Tolima.
SEGUNDA: DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor concejal CÉSAR
WILFREDO MORALES ESPINOSA, por haber incurrido en la causal de violación del
régimen de conflicto de intereses, de conformidad con el numeral 1 del artículo 48 de
la Ley 617 de 2000, en concordancia con el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437
de 2011, y demás normas y jurisprudencia aplicables, por existir un evidente conflicto
de interés político al haber compartido lista electoral con el señor ANDRÉS FELIPE
MELO PÉREZ, y haber participado en su elección como Secretario General del
Concejo Municipal para el año 2024 sin declararse impedido.
TERCERA: ORDENAR la comunicación de la sentencia que se profiera al Concejo
Municipal de El Espinal, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás
1
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia.
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“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
autoridades competentes, para que se realicen las anotaciones y actuaciones a que
haya lugar con ocasión de la pérdida de investidura decretada y demás fines
pertinentes.
[…]”. (Negrilla y subraya del texto).
I.1.1.- Los hechos
2. Afirmó que el accionado fue elegido concejal del municipio de El Espinal (Tolima)
para el período constitucional 2024-2027 por el grupo significativo de ciudadanos
“[…] SOMOS INDEPENDIENTES […]” y tomó posesión de su investidura el 2 de
enero de 2024.
3. Aseveró que el señor Andrés Felipe Melo Pérez participó como candidato al
concejo municipal de El Espinal en las elecciones que se realizaron en el año 2023,
por el grupo significativo de ciudadanos “[…] SOMOS INDEPENDIENTES […]” y
que integró la misma lista de candidatos que el accionado.
4. Señaló que en la misma sesión de instalación del concejo municipal de El Espinal
en la que se posesionó el accionado se llevó a cabo la elección del secretario
general de esa corporación para el año 2024 y que para el cargo se postuló al señor
Andrés Felipe Melo Pérez.
5. Expuso que el accionado participó activamente en la elección del señor Andrés
Felipe Melo Pérez como secretario general del concejo municipal de El Espinal y
que en ningún momento manifestó impedimento para participar en el trámite de la
discusión, votación y elección de dicho secretario, a pesar de que el señor Andrés
Felipe Melo Pérez hizo parte de la misma lista de candidatos.
I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura
6. La demandante fundamentó su solicitud en el artículo 70 de la Ley 136 de 2 de
junio de 19943; 48, numeral 1., de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004; y el artículo
11, numerales 14. y 15., de la Ley 1437.
7. Aseveró que se encontraba probado el elemento objetivo porque el accionado
ostentaba la calidad de concejal del municipio de El Espinal para el periodo 2024 -
2027.
8. Sostuvo que estaba probado el interés directo, particular y actual en cabeza del
concejal accionado porque el señor Andrés Felipe Melo Pérez hizo parte de la
misma lista de candidatos por el grupo significativo de ciudadanos “[…] SOMOS
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
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Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
INDEPENDIENTES […]” para las elecciones al Concejo Municipal de El Espinal,
para el periodo 2024 - 2027, realizadas el 29 de octubre de 2023.
9. Afirmó que el accionado no manifestó impedimento y que participó en forma activa
en el trámite de votación y elección del secretario general del concejo municipal.
10. En relación con el elemento subjetivo, explicó que se encontraba probado
porque: i) el accionado tenía pleno conocimiento de que el señor Andrés Felipe Melo
Pérez había integrado la misma lista política por la cual fue elegido concejal; ii) el
conocimiento del régimen de conflicto de intereses se presume y es una obligación
del concejal dada su aspiración a un cargo de elección popular; iii) ante dicho
conocimiento, omitió el deber de diligencia que implicaba consultar, informarse o
asesorarse; iv) las circunstancias concomitantes y posteriores a la elección del
secretario general no desvirtúan la falta de cuidado del accionado; v) la causal se
configura por la existencia objetiva del vínculo, la participación en la elección y la
omisión del impedimento, sin necesidad de probar un beneficio personal directo o
la promoción activa del candidato; y vi) la conducta fue gravemente culposa.
I.2. Oposición del concejal5
11. El concejal accionado, a través de apoderado, contestó la solicitud formulada en
su contra y se opuso a sus pretensiones.
12. Se pronunció en relación con los hechos de la demanda y, en especial, indicó
que el accionado no postuló al señor Andrés Felipe Melo Pérez para aspirar al cargo
de secretario general y que la participación del ciudadano en ese proceso obedeció
al cumplimiento de los requisitos exigidos en el marco de una convocatoria pública
adelantada por la mesa directiva del Concejo Municipal de El Espinal.
13. Agregó que no es cierto que la votación haya sido nominal, toda vez que esta no
cumplió con los requisitos propios de esa clase de votaciones. Que no es cierto que
el accionado haya participado en forma activa en la sesión y que en todo caso no
se aportó prueba que evidencie que el accionado emitió su voto en favor del
secretario general elegido.
14. Como argumento de defensa, formuló las siguientes excepciones de mérito que
se desarrollan a continuación.
I.2.1. Atipicidad por tratamiento diferencial a los grupos significativos de
Ciudadanos
15. Señaló que cuando la norma se refiere a “[…] listas de candidatos […]”, solo
puede referirse a las listas de que trata los artículos 2 y 9 de la Ley 136 que se
refieren a los partidos y movimientos políticos.
5
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.
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Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
16. La restricción prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 se debe
interpretar de conformidad con los conceptos vigentes en la época y en forma
taxativa y restrictiva y por ende excluye a los grupos significativos de ciudadanos.
17. Agregó que la Ley 1475 de 14 de julio de 20116 es posterior y que en ella se
estableció la figura electoral, coyuntural y transitoria denominada grupo significativo
de ciudadanos y que por su naturaleza esta se extingue una vez concluido el
proceso electoral para el cual se conformó, lo que implica que no existen vínculos
políticos entre sus integrantes que justifiquen la existencia de un conflicto de interés.
18. Explicó que la causal no es aplicable a los grupos significativos de ciudadanos y
que considerar lo contrario vulneraría el principio de irretroactividad, debido a que
supondría adjudicar efectos disciplinarios a una figura jurídica positivizada con
posterioridad a la promulgación de la norma y adicionalmente se quebrantaría el
principio pro homine y el deber de seguridad jurídica al imponer la sanción más
gravosa sobre la base de un supuesto normativo posterior y no aplicable.
19. Indicó que desde una perspectiva teleológica, la causal no es aplicable a los
grupos significativos de ciudadanos porque en este tipo de organizaciones
coyunturales y temporales no es una medida necesaria a fin de prevenir injerencias
indebidas, que sí serían explicables en torno a las organizaciones políticas
permanentes y tradicionales.
20. Por lo anterior, alegó que se configura la atipicidad de la conducta, en tanto que
la violación del régimen de conflicto de intereses por incurrir en la conducta prevista
en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 no es aplicable a las listas de
candidatos provenientes de grupos significativos de ciudadanos y, por tal razón, no
es procedente decretar la pérdida de investidura del accionado.
I.2.2. Insuficiencia probatoria en torno al conflicto de interés
21. Sostuvo que la demandante no cumplió con la carga de la prueba, teniendo en
cuenta que las aportadas y solicitadas, en especial el acta y el video de la sesión
plenaria, no acreditan con certeza que el accionado hubiere intervenido en el debate
y votación de la elección del secretario general del concejo municipal.
22. Adujo que la falta de prueba no se puede suplir con presunciones ni
apreciaciones subjetivas, dada la naturaleza sancionatoria del juicio de pérdida de
investidura y la gravedad de la sanción.
23. Señaló que la demandante no argumentó ni probó la existencia de un interés
directo, particular y actual del concejal accionado ni de sus parientes en el trámite
de la elección; es decir, no se encuentra probado que la elección del secretario
general del concejo municipal hubiere derivado en una ventaja, utilidad o provecho
personal para el accionado o las personas establecidas en la ley.
6
“[…] Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos
electorales y se dictan otras disposiciones. […]”.
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Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
24. Explicó que se trata de un interés hipotético si se tiene en cuenta que con la
declaratoria de elección desapareció el grupo significativo de ciudadanos y con este
toda estructura orgánica capaz de ejercer representación, canalizar la distribución
de cargos o reclamar cuotas de poder dentro de la corporación pública de elección
popular.
25. Expresó que se debe tener en cuenta que con o sin el voto del accionado, el
resultado habría sido idéntico porque ningún otro candidato a secretario general
obtuvo apoyo, lo que implica adicionalmente que no hubo posibilidad real de influir
en la elección, modificar el resultado ni de obtener un beneficio particular del mismo.
26. Argumentó que la elección obedeció a un proceso colectivo dirigido a nombrar a
una persona que ejercería funciones en favor de todo el concejo municipal y no que
estaría al servicio de un concejal en particular, lo que implica que el interés no es
privado.
27. Advirtió que no estaba probado el interés público concurrente porque las pruebas
aportadas, en especial, el registro audiovisual de la sesión de instalación no
evidencia ningún tipo de participación del concejal en esta sesión, ni mucho menos
que hubiere emitido voto nominal para elegir al secretario general.
28. Refirióque la comparación del acta y del material audiovisual evidencia
inconsistencias en torno a la votación nominal, porque en el video solo se aprecia
un anuncio de “[…] quince votos […]” sin más detalle, lo que, en su criterio, genera
sospecha sobre lo reproducido en el acta. Agrega que el acta fue suscrita
exclusivamente por el secretario general electo y no por quien ejerció de secretario
ad hoc en la sesión, lo que aumenta las dudas sobre la veracidad de lo consignado
en ella.
29. Insistió en que, aunque no puede afirmar que el acta sea falsa, dicho documento
no permite confirmar la presencia física del accionado en el recinto porque las
imágenes del video oficial no lo muestran en escena durante el anuncio de los
quince votos, lo que impide verificar en forma concluyente su participación y, en
consecuencia, se constituye una duda razonable en torno a la intervención efectiva
del accionado en la elección del secretario.
30. Adicionó que la causal bajo estudio no sanciona la ausencia de manifestación de
impedimento sino la presencia de un verdadero interés directo, particular y actual,
contrario al general que rige el ejercicio de la función pública. En ese orden, que la
elección del secretario general del concejo es un asunto que reviste interés público
de carácter organizacional para la corporación pública de elección popular y que se
agota en las dinámicas internas del concejo, por lo que no es procedente derivar de
dicha participación la existencia de un conflicto de interés calificado constitutivo de
pérdida de investidura.
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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
I.2.3. Excepción de inconstitucionalidad y control de convencionalidad
31. Expresó que la aplicación exegética de la causal de pérdida de investidura por la
conducta prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 es incompatible
con los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos porque se
sanciona al servidor público por el solo hecho de haber compartido una lista
electoral sin demostrar un interés directo, particular y actual, lo cual no cumple con
las exigencias de legalidad y necesidad estricta que exige el artículo 23.2 de la
Convención para la suspensión de derechos políticos ni se ajusta a la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
32. Con sustento en lo anterior, solicita que en forma subsidiaria y en caso de no
acceder a los argumentos anteriores, se inaplique con efecto Inter partes la sanción
prevista en la Ley 1881 mediante la aplicación de una excepción de
inconstitucionalidad o del control de convencionalidad.
I.3. La sentencia de primera instancia7
33. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 4 de
septiembre de 2025, resolvió:
“[…] Primero: DECRETAR la pérdida de investidura del señor CÉSAR WILFREDO
MORALES ESPINOSA, quien había sido declarado concejal electo del municipio de
El Espinal (Tolima), para el período constitucional 2024-2027, en representación del
Grupo Significativo de Ciudadanos “SOMOS INDEPENDIENTES”, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”. (Negrilla del texto).
34. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el consistente en determinar:
“[…] Corresponde a esta Corporación determinar si el señor César Wilfredo Morales
Espinosa, concejal del municipio de El Espinal (Tolima) para el período constitucional
2024–2027, incurrió en la causal de violación al régimen de conflicto de intereses,
conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en
concordancia con el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, al haber
participado y votado en la elección del señor Andrés Felipe Melo Pérez como
secretario general del Concejo Municipal de El Espinal para el año 2024, con quien
integró la lista de candidatos del Grupo Significativo de Ciudadanos “Somos
Independientes” en las elecciones celebradas para dicha corporación (sic) […]”.
I.3.1. La excepción de atipicidad de la conducta
35. En relación con la excepción de atipicidad de la conducta explicó que los grupos
significativos de ciudadanos como actores del sistema democrático tienen su origen
en la Constitución Política y no en la Ley 1475, como lo indica el accionado.
Asimismo, que se trata de un mecanismo para la inscripción de candidatos que ha
7
Cfr. Índice 68 de expediente digital de primera instancia.
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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
sido reglamentado mediante diversos actos administrativos expedidos por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
36. Señaló que el legislador al establecer el supuesto fáctico del conflicto de interés
previsto en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 relativo a haber integrado
listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular, incluyó a los grupos
significativos de ciudadanos porque se trata de una forma de organización política
reconocida constitucional y legalmente, con facultad para inscribir candidatos.
37. Adicionó que excluirlos del régimen de control político y sancionatorio previsto
para garantizar la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función
pública, sería contrario a los principios superiores que rigen la función pública.
I.3.2. Análisis del elemento objetivo
38. Analizó el caso concreto y se refirió a los requisitos para la configuración del
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por la violación del régimen
de conflicto de intereses previsto en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 y
explicó que estaba probada: i) la calidad de concejal del accionado; ii) la existencia
del interés directo, particular y actual; iii) la ausencia de manifestación de
impedimento; y iv) la conformación del quorum o participación en el debate o
votación del asunto.
39. En relación con el interés directo, particular y actual afirmó que la imparcialidad
del voto del accionado “[…] se encuentra censurada de antemano por el legislador,
por haber integrado, en conjunto con el aspirante a secretario general del Concejo,
la lista de candidatos al Concejo Municipal del mismo partido y para el mismo
período electoral. […]”.
40. Consideró que teniendo en cuenta el criterio de la Corte Constitucional contenido
en la sentencia C-490 de 2011, se puede concluir que el reconocimiento de los
grupos significativos de ciudadanos, aunque coyuntural, constituyen un mecanismo
a través del cual “[…] se canaliza intereses políticos reales y pueden influir en el
ejercicio del poder público. Su carácter temporal no elimina la existencia de
afinidades políticas ni la posibilidad de que se generen beneficios concretos para
quienes integraron la lista, especialmente en actuaciones administrativas
posteriores como la elección de funcionarios dentro de la corporación. […]”.
41. Agregó que la legitimidad política no depende de la duración o estructura
organizativa, sino de la capacidad de representar intereses ciudadanos en el
proceso electoral y que, en ese sentido, la afinidad política derivada de la
participación en una misma lista, incluso si esta fue promovida por un grupo
significativo de ciudadanos, puede comprometer la objetividad del servidor público,
configurando un conflicto de intereses real. Ello implica que la disolución formal del
grupo significativo de ciudadanos no elimina los vínculos políticos ni las lealtades
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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
que pueden subsistir y manifestarse, como ocurrió en este caso, en decisiones
administrativas posteriores.
42. Esgrimió que no es correcto afirmar que una vez se realiza la elección
desaparezca todo efecto jurídico del grupo significativo de ciudadanos, en razón a
que estos pueden con posterioridad, por ejemplo, adoptar estatutos para disciplinar
el comportamiento de la bancada de elegidos, postular listas de candidatos para
remplazar alcaldes y gobernadores y ante la falta absoluta de un concejal elegido
proveer el remplazo con el candidato siguiente de la misma lista.
43. En relación con la ausencia de impedimento, sostuvo que el accionado estaba
obligado a observar el régimen de conflicto de intereses previsto en el numeral 14.
del artículo 11 de la Ley 1437 debido a que el asunto sometido a su conocimiento
involucraba directamente la elección de Andrés Felipe Melo Pérez como secretario
general del concejo municipal, quien integró la misma lista de candidatos por la cual
el concejal fue elegido.
44. En consecuencia, el accionado tenía el deber de manifestar impedimento en
atención a que su participación en la votación podía incidir en el resultado y
beneficiar un compañero de lista con quien compartía afinidad política, lo cual no
ocurrió.
45. Afirmó sobre el supuesto relativo a la conformación del quorum o participación
en el debate o votación del asunto, que las pruebas aportadas al proceso
evidenciaban que el accionado participó y emitió su voto a favor del candidato
Andrés Felipe Melo Pérez en la sesión plenaria realizada en el concejo municipal,
lo cual encontraba respaldo en el acta respectiva donde se consignó la elección
unánime del secretario general.
46. Señaló que las inconsistencias relatadas no son suficientes para desvirtuar el
contenido del acta porque: i) el video no registra el detalle individual de cada voto,
ni el voto nominal; ii) el video contiene el resultado final de la votación que incluye
al accionado y coincide con la totalidad de los concejales del municipio de Espinal;
iii) los argumentos en torno a la ausencia de la firma del secretario ad hoc son
netamente formales; iv) al ser un documento público, lo consignado en el acta se
presume veraz y su fuerza probatoria depende del contenido, coherencia y respaldo
por otros medios de prueba; y v) el registro audiovisual de la sesión corrobora la
realización de la votación y permite inferir la participación del concejal demandado.
I.3.2. Análisis del elemento subjetivo
47. Explicó que si bien no estaba probado un actuar doloso por parte del concejal
accionado, su conducta si se enmarca en una falta de diligencia gravemente
culposa, en tanto que tenía el deber de conocer las normas que establecen el
régimen de conflicto de interés, los preceptos normativos son claros y la
jurisprudencia uniforme, no se evidenciaron gestiones del accionado orientadas a
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Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
conocer el régimen de conflicto de intereses ni su actuar estuvo amparado en
decisiones judiciales que pudieran generar una duda razonable sobre la existencia
del impedimento.
48. Finalmente explicó que no se accedería a la solicitud de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ni realizar un control de convencionalidad, en atención a que la
asignación de competencia a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer
de la pérdida de investidura garantiza los estándares previstos en la Convención
Americana de Derechos Humanos debido a que la sanción es impuesta por un juez
de la República independiente de las demás ramas del poder y en el marco de un
proceso que respeta el derecho de defensa, la contradicción, la doble instancia y
proscribe la responsabilidad objetiva.
I.4. El recurso de apelación8
49. El accionado presentó recurso de apelación con el propósito de que se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se niegue la totalidad de las
pretensiones de la solicitud.
I.4.1. Atipicidad de la conducta y naturaleza de los grupos significativos de
ciudadanos
50. Indicó que la interpretación el precepto contenido en el numeral 14. del artículo
11 de la Ley 1437 en relación con las “[…] listas de candidatos […]”, debe incluir
exclusivamente las listas derivadas de partidos políticos o movimientos políticos y
excluir las listas de grupos significativos de ciudadanos, coaliciones y otras clases
de agrupaciones políticas en tanto que, para el momento de la expedición de la Ley
1437 no existía desarrollo legal concreto, expreso y vinculante con relación a estas
formas de agrupación.
51. Como fundamento en lo anterior y para explicar la diferencia entre unas y otras
clases de agrupaciones políticas citó las sentencias de 28 de enero de 20209, 16 de
mayo de 202410, 17 de julio de 202511 y 13 de febrero de 202512 del Consejo de
Estado; y la sentencia C-089 de 1994 de la Corte Constitucional.
52. Explicó que las causales de conflicto de interés previstas en el artículo 11 de la
Ley 1437 se refieren a toda clase de servidor público, mientras que las causales
legales de pérdida de investidura de los concejales se encuentran taxativamente
establecidas en los artículos 55 de la Ley 136 y 48 de la Ley 617.
8
Cfr. Índice 76 del expediente digital de primera instancia.
9
Que identificó como “[…] Rad 2019-02135-01. […]”.
10
Que identificó como “[…] Rad. 2023-01211-01 […]”.
11
Que identificó como “[…]Rad. 2024-00004-01 […]” de la Sección Quinta.
12
Que identificó como “[…] proceso de nulidad electoral 2024-00030 […]”.
10
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Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
53. Señaló que, desde una perspectiva taxativa y de interpretación restrictiva, el
mandato previsto en la Ley 1437 para los servidores públicos no sería una causal
de pérdida de investidura aplicable al accionado.
54. Sostuvo que las causales de pérdida de investidura aplicables a los concejales
exigen la acreditación de un interés directo, particular y actual y que no es
procedente prescindir del juicio subjetivo de responsabilidad y aplicar un régimen
objetivo que se derive directamente del numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.
55. Señaló que lo anterior implica que la conducta endilgada sería atípica y en
consecuencia no sería procedente el decreto de la pérdida de investidura y por ello
se debe revocar la sentencia de primera instancia.
I.4.2. Insuficiencia probatoria por la valoración del acta como fundamento del
conflicto de interés
56. Manifestó que no se tuvieron en cuenta tres inconsistencias planteadas por la
parte accionada que en su criterio constituyen indicios que permiten cuestionar el
contenido y validez del acta, así: i) en el acta se indica que se aprobó la votación
nominal pero en el video de la sesión no se evidencia dicha votación sino una
ordinaria; ii) no se probó que el accionado hubiera intervenido o votado en la
elección del señor Andrés Felipe Melo Pérez, que la votación hubiere sido unánime,
ni mucho menos que al momento de la votación el accionado estuviere presente en
el recinto; y iii) se asignó valor probatorio al acta, pese a que no fue suscrita por el
secretario ad hoc de la sesión y que ejerció funciones durante el trámite de elección
del secretario general, único competente para certificar los hechos que rodearon la
elección del secretario general.
57. Al respecto, indicó que el acta solo fue suscrita por el secretario general elegido
y que ello genera dudas en torno a lo consignado en dicho documento.
58. Adujo que esa ausencia de prueba no puede suplirse con presunciones ni
apreciaciones subjetivas y que mientras no se aporte evidencia directa e idónea que
otorgue certeza de la participación activa del concejal en la elección, no es
procedente atribuirle responsabilidad.
59. En relación con la prueba del interés directo, particular y actual advirtió que la
sentencia impugnada no explicó cuál es el interés o beneficio que fundamentó la
declaratoria de pérdida de investidura y que la sentencia estableció una presunción
de existencia del interés derivado de la norma, que constituye más un juicio de
responsabilidad objetiva que subjetiva.
60. Reiteró que la elección del secretario general obedeció a un proceso institucional
y colectivo orientado a elegir a una persona que prestaría sus servicios al concejo
en pleno y no a un concejal particular y que la elección no reporta ningún beneficio
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Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
exclusivo para el accionado, diferente a la función secretarial, que pugne con el
interés general.
61. Expuso que la “[…] afinidad política […]” no es un argumento suficiente para
decretar la pérdida de investidura, dada la naturaleza coyuntural y temporal de los
grupos significativos de ciudadanos. Adicionalmente que su voto no incidió en el
resultado porque con o sin él hubiese sido elegido el mismo secretario general.
62. En todo caso, reiteró que la sentencia no estableció cual fue el interés objetivo,
comprobable y verificable del accionado y que se decretó la pérdida de investidura
con base en un interés hipotético y aleatorio que surge de una interpretación
extensiva.
I.4.3. Insuficiencia probatoria en torno al dolo y la culpa grave
63. Adujo que es jurídicamente razonable considerar que el accionado actuó bajo la
genuina convicción de que no estaba obligado a manifestar impedimento, que su
conducta se ajustaba a la legalidad y que actuó en el marco de la buena fe.
64. Expuso que el accionado actuó con la convicción de que la conducta prevista en
el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 no es constitutiva de causal de pérdida
de investidura, teniendo en cuenta que integró una lista de candidatos proveniente
de un grupo significativo de ciudadanos y en la ausencia de un interés real, particular
y concreto que se derive de la eventual participación en la elección del secretario
general.
65. Agregó que tuvo en cuenta el criterio de la Procuraduría General de la Nación
contenido en el Concepto núm. 096 de 8 de septiembre de 2025 y la jurisprudencia
del Consejo de Estado que establece que en todo caso se debe probar el interés
directo, particular y actual que configure el conflicto de interés y proscribe la
responsabilidad objetiva en el juicio de pérdida de investidura.
66. Indicó que no se aportó ninguna prueba en torno al elemento subjetivo ni mucho
menos que constituya una indagación sobre la motivación o intención del concejal
y que la sentencia en este aspecto se fundamentó en presunciones y conjeturas
que son contrarios a los principios que rigen esta clase de procesos.
I.4.4. Interpretación más estricta que el régimen aplicable a los congresistas y
diputados y aplicación del precedente contenido en la sentencia SU-379 de
2019
67. Sostuvo que una interpretación sistemática del artículo 299 de la Constitución
Política permitiría concluir que el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
conflicto de intereses de los concejales no puede ser más estricto que el de los
congresistas y que la interpretación de la sentencia de primera instancia desconoció
ese mandato constitucional.
12
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
68. Adicionó que las causales de pérdida de investidura son las previstas
taxativamente como tal en las leyes 136 y 617 y que no pueden derivarse por
extensión conductas previstas en otros estatutos y que son aplicables a todos los
servidores públicos.
69. Reiteróque no se realizó un análisis del interés o beneficio verificable del
accionado en torno a la elección del secretario general, lo que implicó un análisis de
responsabilidad objetiva y el desconocimiento de los parámetros establecidos en la
Ley 2003 de 15 de noviembre de 201913.
70. En relación con la sentencia SU-379 de 2019, refirió que en ella la Corte
Constitucional precisó que el conflicto de intereses en el marco de la pérdida de
investidura exige la acreditación de un beneficio directo, particular, actual y de
carácter moral o económico, cuya configuración no puede presumirse ni derivarse
de vínculos genéricos, de suposiciones ni de la sola participación del accionado en
un trámite de votación o elección.
71. Afirmó que en este caso el tribunal consideró acreditado el interés calificado al
considerar que el señor Andrés Felipe Melo Pérez y el concejal accionado integraron
la misma lista de candidatos y que este último participó en la elección del primero
como secretario general del concejo municipal, omitiendo que ese nexo no es
suficiente para configurar el conflicto de interés y que ello constituye la aplicación
de un régimen objetivo de responsabilidad.
72. Concluyó que en este caso no hay prueba de que el interés sea cierto, directo,
particular ni inmediato y, por ende, al no probarse los presupuestos mínimos
exigidos por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado lo procedente es
negar las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura.
I.5. Trámite del recurso de apelación
73. Mediante auto de 30 de septiembre de 202514, el magistrado sustanciador en
primera instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por el accionado en
contra de la sentencia de 4 de septiembre de 2025.
74. En auto de 27 de enero de 202615 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte accionada, se negó el decreto de las pruebas aportadas en segunda
instancia, se requirió al concejo municipal de El Espinal para que remitiera un
registro audiovisual y se ordenó el traslado del mismo; y se ordenó correr traslado
del citado proveído a la parte accionante y al agente del Ministerio Público.
13
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
14
Cfr. Índice 79 del expediente digital de primera instancia.
15
Cfr. Índice 8 del expediente digital de segunda instancia.
13
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
75. Mediante auto de 22 de junio de 2026 se resolvió confirmar el auto de 27 de
enero de 202616, en cuanto negó el decreto de las pruebas aportadas en segunda
instancia.
76. Surtido el traslado, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos
durante el proceso y solicitó que se confirme la sentencia proferida en primera
instancia. En especial, indicó que se probó que el accionado y el señor Andrés
Felipe Melo Pérez compartieron la lista del grupo significativo de ciudadanos y
agregó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado que el interés en
estos casos es intrínseco al vínculo electoral previo, pues la elección del secretario
general del concejo municipal representa un beneficio para quien compartió el
proyecto político, independientemente de si existe un provecho económico
inmediato o no.
76.1. Manifestó que la Corte Constitucional ha otorgado a los grupos significativos de
ciudadanos la misma relevancia democrática que a los partidos y que el numeral
14. del artículo 11 de la Ley 1437 no contiene ninguna distinción que permita la
exclusión de los primeros porque la afinidad política compromete la imparcialidad
del concejal.
77. La parte accionada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación
y, en especial, explicó que: i) no se probó el interés particular, real, actual y directo
exigido por la jurisprudencia para estructurar el conflicto de intereses como causal
de pérdida de investidura; ii) no es procedente extender la conducta prevista en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 a los grupos significativos de ciudadanos
y mucho menos a los concejales para derivar como consecuencia la pérdida de
investidura; y iii) el Tribunal Administrativo del Tolima con posterioridad a la
sentencia de primera instancia modificó su tesis en materia de pérdida de
investidura, considerando que el régimen general para los servidores públicos
previsto en el artículo 11 de la Ley 1437 no es aplicable a concejales para efectos
de derivar como consecuencia la pérdida de investidura.
77.1. Adicional a lo anterior, el accionado solicitó que se tenga en cuenta que la Corte
Constitucional en comunicado oficial núm. 16 de 15 de abril de 2026 informó la
decisión adoptada en la sentencia SU-082 de 2026, la cual guarda presupuestos
fácticos similares a los del caso concreto.
77.2. En ese orden de ideas, reiteró que en este caso no estaba probado el interés
particular, real, actual y directo del accionado por el solo hecho de haber compartido
lista con el candidato elegido como secretario general del concejo municipal de El
Espinal y que por ello se debe revocar la sentencia proferida en primera instancia.
16
Cfr. Índice 25 del expediente digital de segunda instancia.
14
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
78. Esta Sala de Decisión, para efectos de resolver la presente controversia,
abordará: i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto
del accionado; iii) el problema jurídico; y iv) los cargos formulados por los apelantes
contra la sentencia de primera instancia.
II.1. La competencia
79. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15018 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de concejal
80. La condición del accionado César Wilfredo Morales Espinosa como concejal del
municipio de El Espinal (Tolima) para el período 2024-2027 se encuentra acreditada
con la copia de los formatos E26 CON19 y E27 CON20 de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
81. Se precisa que la condición del accionado como concejal del municipio de El
Espinal para el período 2024-2027, no fue objeto de cuestionamiento en el recurso
de apelación.
II.3. El problema jurídico
82. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201221, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y
306 de la Ley 1437, observa lo siguiente:
83. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 4 de
septiembre de 2025 consideró que estaban probados los elementos objetivo y
subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses establecida en los numerales 1. del artículo 48 de la Ley 617
y 2. del artículo 55 de la Ley 136, en atención a que el concejal accionado había
incurrido en la conducta prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.
17
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
18
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
19
Cfr. Índice 57 del expediente digital de primera instancia. Documento 58.
20
Cfr. Índice 57 del expediente digital de primera instancia. Documento 57.
21
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
15
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
84. El accionado en el recurso de apelación estima en síntesis que:
i) No está probado el interés directo, particular y actual del accionado, la afectación
a la imparcialidad, ni el beneficio ni la influencia indebida en el trámite de la elección
del secretario general del concejo municipal, lo que en su criterio implica que la
sentencia proferida en primera instancia aplicó un régimen objetivo de
responsabilidad y desconoció la sentencia SU-379 de 2019 de la Corte
Constitucional;
ii) El numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 establece una causal de
impedimento o recusación que es aplicable en forma general a los servidores
públicos, pero no constituye causal de pérdida de investidura para los concejales
porque estas se encuentran previstas en las leyes 136 y 617;
iii) La conducta prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 no es
aplicable a las listas de candidatos de grupos significativos de ciudadanos;
iv) Se configuró una insuficiencia probatoria en torno a la prueba de los supuestos
del elemento objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses que impide el decreto de la pérdida de
investidura; y
v) La sentencia apelada vulnera el principio de igualdad porque crea un estándar
más severo para concejales que para congresistas y diputados.
85. Teniendo en cuenta lo anterior, el problema jurídico en este caso consiste en
definir:
86. Si se configuran los elementos objetivo y subjetivo que permitan decretar la
pérdida de investidura del concejal del municipio de El Espinal (Tolima), señor
César Wilfredo Morales Espinosa, elegido para el período constitucional 2024 -
2027, por haber transgredido el régimen del conflicto de intereses, derivado de su
participación en la sesión del concejo de 2 de enero de 2024, en la cual se efectuó
la votación y elección del señor Andrés Felipe Melo Pérez como secretario general
del concejo municipal, quien había integrado la misma lista del accionado por el
grupo significativo de ciudadanos “[…] SOMOS INDEPENDIENTES […]” para
aspirar a esa corporación pública en el período constitucional 2024-2027,
elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, configurándose así la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses
establecida en los numerales 1. del artículo 48 de la Ley 617 y 2. del artículo 55 de
la Ley 136, por incurrir en la conducta constitutiva de impedimento prevista en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.
87. En ese orden, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 4 de
septiembre de 2025 proferida por el tribunal, en primera instancia.
16
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
II.4. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses
88. Esta causal encuentra sustento en el artículo 133 de la Constitución Política, que
señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular
representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.
Igualmente, en el artículo 11 de la Ley 1437, que indica que cuando el interés propio
de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo, el servidor
público deberá declararse impedido.
89. Esta conducta se encuentra prevista como causal de pérdida de investidura para
los concejales en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 y en el numeral 2. del
artículo 55 de la Ley 136, cuyo contenido es el siguiente:
90. Numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617:
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”.
91. Numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136:
“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por:
[…]
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses. […]”.
92. En efecto, el artículo 70 de la Ley 136 establece que cuando para los concejales
exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o
a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de
participar en los debates o votaciones respectivas.
93. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el conflicto de interés se
presenta cuando el servidor público de elección popular movido por un interés
particular “[…] toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones
o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues
17
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial 22 […]”.
94. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 1.° de noviembre de
201623, al igual que esta Sección, han señalado que para la configuración del
conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura deben concurrir los
siguientes requisitos:
“[…] a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de
conflicto de intereses, ejerza o haya ejercido la investidura de Congresista de la
República;
b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista, ya sea de
orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo
del Congreso; y,
c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del respectivo trámite,
sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado para los
efectos. [...]”.
95. Frente al presupuesto a), la mencionada sentencia precisó lo siguiente:
“[…] El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura, exige para
este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que incurrió en un conflicto de
intereses mediante el ejercicio irregular de su investidura congresional, esto es, que
debe acreditarse su condición de Senador o Representante a la Cámara […]”.
96. En lo que atañe al presupuesto b) asociado a que se esté en presencia de un
interés directo, particular y actual, ya sea de orden moral o económico, la sentencia
supra indicó lo siguiente:
“[…] El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben destacarse:
el interés directo, particular y actual; su esencia moral o económica; y los asuntos o
temas que son puestos a consideración e intervención del Congresista.
El primero, consiste en la presencia de una inclinación real del Congresista hacia un
tema, objeto o aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones congresionales, con el ánimo
de materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de su cónyuge,
familiares o socios, que se aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien
general24 y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación […]”.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, C.P. César
Palomino Cortés, radicado núm.: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
23
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571
00(PI), MP: María Elizabeth García González.
24
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas- la Sala Plena indicó: “No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los miembros
de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien
común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés público inmerso en el
debate, en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del
impedimento o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de
la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o particular del congresista no
subordine al interés público.”.
18
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
97. Finalmente, y frente al requisito c) relativo a que se demuestre la participación
efectiva del respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento o sin haber
sido recusado, la citada sentencia señaló:
“[…] El tercero alude a los asuntos o temas que son sometidos a consideración e
intervención del Congresista, que lejos de circunscribirse de forma exclusiva a los
legislativos, también cobija los electorales, judiciales, de control político e incluso
administrativos a su cargo, en cuanto hacen parte de las distintas facetas
congresionales en las que aquél termina interfiriendo inevitablemente por mandato
constitucional y legal.
[…]
La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio, decisión, debate,
votación, censura y/o intervención en los asuntos congresionales; en principio, “el
congresista está en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le permita a la comisión
o corporación legislativa correspondiente definir o decidir el impedimento. No se trata,
como es obvio, de una decisión puramente discrecional del congresista. De todas las
circunstancias de hecho que pudieran configurar un interés privado de índole
económico o moral debe surgir la obligación del congresista de manifestar el
impedimento25”, por lo que de guardar silencio al respecto quedaría activada la causal
[…]”.
II.5. El conflicto de intereses derivado de la causal de impedimento y
recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437
98. El artículo 11 de la Ley 1437 indica que cuando el interés propio de la función
pública entre en conflicto con el interés particular y directo, todo servidor público
que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, deberá
manifestar su impedimento por las causales enunciadas en esa norma.
99. El legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, contempló
como una de las hipótesis la prevista en el numeral 14 ibidem relativa a haber hecho
parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o
integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores, así:
“[…] ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y
recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto
con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse
impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
[…]
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
25
Sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas.
19
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores. […]”. (Negrilla fuera de texto).
100. Esta Sección en sentencia de 19 de septiembre de 201926 precisó que este
enunciado normativo regula dos situaciones diferentes: i) la primera, por haber
hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
inscritas por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores y; ii) la segunda, por haber
hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. En efecto, en
el referido fallo se anotó lo siguiente:
101. Esa decisión judicial estableció, en lo atinente a la configuración de la violación
del régimen de conflicto de intereses por incurrir en la conducta prevista en el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, lo siguiente:
“[…] El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en su artículo 11, estableció, de manera general, que cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés público del servidor público, este
debe declararse impedido y, además, prevé una serie de situaciones en las cuales
consideró que los servidores públicos que deben adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, tienen comprometido su interés particular y directo y, en consecuencia,
podrían ser recusados si no manifiestan su impedimento. Entre dichas situaciones se
encuentra la consistente en:
«[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores
[…]».
(…)
La Sala encuentra que los acusados debieron declararse impedidos para participar
en la elección y nombramiento de la ciudadana Zaira Steffany Jabba Vergara en el
cargo de personera municipal de Zambrano para el período 2016 – 2020, al haberse
configurado la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011, lo cual tiene una incidencia central en la causal de desinvestidura
que se analiza.
Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad [sic] de los
servidores públicos, entendiendo que se presenta conflicto de intereses ante la
existencia de intereses personales y directos en relación con la decisión que se
pretende adoptar. […]”.
102. La mencionada providencia judicial explicó igualmente que los procedimientos
relacionados con la elección de funcionarios a cargo de las corporaciones públicas
municipales y distritales -como sucede con la de secretarios- son procedimientos
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, CP:
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01.
20
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
especiales y, en virtud de lo previsto en el inciso final del artículo 2.° de la Ley 1437,
era posible acudir por remisión a las causales de impedimento previstas en el
artículo 11 de la citada norma27.
103. La Sección Primera de esta corporación, a partir de la sentencia de 19 de
septiembre de 201928, ha sostenido de manera reiterada que para efectos de la
configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, resultaba posible acudir a la causal de impedimento y
recusación contenida en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, en la medida
en que está dirigida a todos los servidores públicos que deben adelantar
actuaciones administrativas, entre los que se encuentran los miembros de las
corporaciones públicas de elección popular, señalando que:
“[…] En esta conducta prevista por el legislador se entiende que se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y se presenta
un interés directo, particular y actual en relación con la decisión que se pretende
adoptar. […]”29.
104. La Sala igualmente afirmó que:
“[…] Ahora, es pertinente precisar que no le asiste razón al tribunal cuando para
descartar la configuración de este requisito señala que las causales dispuestas en el
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, no constituyen en sí, situaciones que conlleven a
la configuración de un conflicto de intereses; lo dicho, porque en reiterada
jurisprudencia30, esta Sección ha señalado que el artículo 11 del CPACA enlista las
27
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de Septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
28
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01014-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-00237-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 2 de mayo de 2025. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00502-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-01329-02.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001-23-33-000-2024-00197-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de octubre de 2025, Consejero
ponente (E): Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2026, Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00171-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
29
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00276-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
30
Al respecto, pueden verse, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 19 de septiembre de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 13001 23 33 000
2018 00738 01; sentencia del 3 de marzo de 2023. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 25 000 23
21
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
circunstancias de conflicto de interés y causales de impedimento y recusación para
todo servidor público, luego, como el artículo 12331 de la Constitución Política
establece que los concejales son servidores públicos, les asiste el deber de
manifestar su impedimento cuando se encuentren incursos en las circunstancias
previstas en el mencionado artículo 11 del CPACA.
A este respecto, la Sala observa que tal remisión resulta oportuna, no simplemente
porque en ella se establezca una causal de impedimento, sino también porque le
indica al juez en qué momento puede un servidor encontrar su imparcialidad
comprometida para actuar, que es presupuesto de la configuración del conflicto de
intereses que tiene como consecuencia la pérdida de investidura. Entonces, lo que
debe tenerse en cuenta en el caso que se analiza, es que la remisión que se hace al
numeral 14 del artículo 11 del CPACA no lo es simplemente porque sea la disposición
aplicable al caso que ha de resolverse, sino también porque deja clara la circunstancia
en que puede encontrarse cualquier servidor público cuando su interés particular
entra en conflicto con el interés general. […]”32.
105. La Corte Constitucional profirió la sentencia SU 082 de 202633, mediante la cual
dejó sin efectos el fallo de 24 de septiembre de 2024 proferido por esta Sección en
el expediente núm. 05001-23-33-000-2024-00237-00, este último en el cual se
consideró el conflicto de interés previsto en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley
1437.
106. La Corte Constitucional, para adoptar su decisión, se refirió al elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, señalando que:
“[…] 247. En paralelo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
enfatizado que no basta con constatar “un factor objetivo” en abstracto. Para hablar
de conflicto de interés, el juez debe verificar, como base, la presencia de un interés
directo particular y actual, real y no aleatorio, en la decisión sometida a consideración
del funcionario34.
248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo referente a la causal de
conflicto de interés por haber incurrido en una causal de impedimento, es necesario
precisar que el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura no puede
reducirse a la mera configuración formal de una causal de impedimento, pues esta
última opera como un parámetro preventivo de abstención, pero no sustituye la
verificación del presupuesto material de la sanción35. La jurisprudencia ha sido
enfática en que la sola subsunción fáctica en una hipótesis de impedimento resulta
insuficiente para estructurar la causal sancionatoria si no se acredita, de manera cierta
15 000 2022 01015 01; sentencia del 14 de septiembre de 2023. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación
nro. 25 000 23 15 000 2022 01014 01.
31
“ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios […]”.
32
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente (E): Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 19 de febrero de 2026. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00397-01.
33
Corte Constitutional. Sala Plena. Sentencia SU-082 de 15 de abril de 2026. M.P. Vladimir Fernández Andrade.
34
Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
35
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025,
expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés
Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
22
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
y concreta, la existencia de un interés directo, particular y actual que se proyecte sobre
el asunto decidido y sea susceptible de generar un beneficio personal o de sus
allegados36.
[…]
250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento no produce, por sí sola,
la pérdida de investidura, pues las normas que prevén esta sanción exigen la
verificación tanto del elemento objetivo como del subjetivo. Por ello, aunque actuar
estando impedido o abstenerse de declarar el impedimento cuando existe el deber de
hacerlo sí configura una falta disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al
fenómeno del conflicto de intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto
este último se refiere específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular
y el interés general involucrado en el asunto sometido a su decisión37. Eso exige,
entonces, la demostración de un “genuino conflicto de intereses” y no la sola
constatación de la concurrencia de la causa de impedimento, en tanto esto implicaría
desnaturalizar su carácter excepcional como máxima sanción político-disciplinaria38.
251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta causal se orienta a
establecer, desde una perspectiva material, si la actuación del integrante de la
corporación pública se desarrolló en un escenario que comprometía su deber de
imparcialidad, por la concurrencia de una situación personal capaz de incidir en la
decisión adoptada dentro del ámbito de sus funciones. Este examen permite
identificar si el ejercicio del cargo se vio afectado por una circunstancia incompatible
con la finalidad pública que debe guiar la actuación del elegido, en tanto quebranta la
exigencia que rige el desempeño de la función representativa. Todo ello a partir de la
constatación fáctica de la actuación endilgada y su confrontación con los supuestos
descritos en la ley. […]”.
107. Dicha corporación, asimismo, se refirió al análisis probatorio que debe
adelantarse en el juicio de pérdida de investidura tratándose de la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, así:
“[…] 442. Metodológicamente, el escrutinio para la averiguación de la posible
ocurrencia de una causa de pérdida de investidura debe seguir ese orden, es decir,
primero la verificación objetiva del supuesto típico y solo después, si aquel se acredita,
el examen subjetivo. En efecto, tal como se explicó líneas atrás, si el elemento objetivo
no se configura, el análisis de culpabilidad carece de razón jurídica, dado que no
existirá una conducta material delimitada sobre la cual pueda recaer un reproche
sancionatorio.
[…]
444. Para la Sala, tal discernimiento obvió el análisis fáctico sobre la acreditación
fehaciente de un interés directo, particular, actual y concreto39. Obsérvese que las
36
Ibidem.
37
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a
la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-
33-000-2025-00218-01.
38
Ibidem.
39
Exigencia probatoria que esta Corporación ha precisado en Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024. Ver también:
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2025,
expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés
23
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
decisiones judiciales se redujeron a especificar la ocurrencia de la causa de
impedimento y la ausencia de la manifestación de parte de las accionantes para
separarse de la votación, constituyendo ello la razón que provocó la sanción por
pérdida de investidura. En otras palabras, la valoración probatoria se orientó a
confirmar la subsunción en un impedimento, pero dejó en segundo plano la
demostración del interés jurídicamente relevante que convierte ese escenario en
conflicto de intereses sancionable en el marco del proceso de pérdida de investidura.
445. […] Por consiguiente, no basta con conocer un listado general de situaciones
catalogadas como generadoras de un quebrantamiento del principio de imparcialidad
-como son las causas de impedimento-, sino que, tratándose de pérdida de
investidura, el análisis debe ocuparse por corroborar que, además de evidenciar que
ocurrió la situación marcada como causal de impedimento, este comprometido [sic]
genuinamente un interés confluyente que pueda llegar a perjudicar el interés
público40.
446. Así lo ha recalcado la Sala Plena del Consejo de Estado al afirmar que “la sola
ausencia de la declaración de impedimento por parte del congresista no constituye
causal de pérdida de investidura, porque [las normas sobre pérdida de investidura] no
sanciona[n] la omisión del deber de declararse impedido, sino la participación en una
decisión en la cual se configure un genuino conflicto de intereses” 41.
447. Bajo esa lógica, está claro que el laborío fue deficiente porque, por un lado, el
análisis efectuado se concentró solo en la verificación de una causal de impedimento,
sustituyendo así la exigencia probatoria propia de la causal de pérdida de investidura
que determina la necesidad de acreditar (no presumir) un interés directo, actual,
concreto y particular; y, por otro lado, se omitió la valoración de unos elementos
materiales probatorios con los cuales se pretendía acreditar el contexto de la elección
a efectos de descartar el interés, los cuales se relacionan a continuación. […]”.
108. De acuerdo con lo anterior, se acogerán los planteamientos expuestos por la
Corte Constitucional en la citada sentencia SU 082 de 2026 y se modificará el criterio
sostenido por la Sección a partir de la sentencia de 19 de septiembre de 201942, de
tal forma que la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses debe orientarse a
acreditar de manera cierta y concreta la existencia de un interés directo, actual,
concreto y particular que se proyecte sobre el asunto decidido y sea susceptible de
generar un beneficio personal o de sus allegados, esto es, que origine un conflicto
de intereses.
II.6. Estudio del caso concreto
109. La Sala procederá al estudio de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. Para el efecto, abordará en primera medida aquellos relacionados con la
conducta prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 y su aptitud
constitutiva de conflicto de interés para los concejales y consecuencialmente causal
Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
40
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo de 2010, expediente 11001-
03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00; Sentencia
del 8 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01431-00.
41
Ibidem.
42
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
24
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
de pérdida de investidura en los términos de los numerales 1. del artículo 48 de la
Ley 617 y 2. del artículo 55 de la Ley 136.
110. Posteriormente, se abordará el estudio de los supuestos que configuran los
elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses.
II.6.1. Las causales de pérdida de investidura de orden legal y el conflicto de
interés para los concejales por la conducta prevista en el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437
111. En su recurso de apelación los accionados argumentan que las causales de
pérdida de investidura son aquellas previstas en las leyes 136 y 617 y que el
numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 establece una causal de impedimento o
recusación para los servidores públicos que puede llevar a responsabilidad
disciplinaria pero no a la pérdida de investidura de los concejales, lo que en su
criterio implica violación del principio de tipicidad porque la pérdida de investidura
es de interpretación taxativa y restrictiva.
112. Para resolver, la Sala resalta que la Corte Constitucional en la sentencia C-473
de 25 de septiembre de 199743 explicó que, en el marco de la cláusula general de
competencia, el Congreso de la República está facultado para dictar leyes en todos
aquellos asuntos que puedan ser materia de legislación, cuya regulación no haya
sido atribuida a otra rama u órgano independiente; y que la Constitución Política
autoriza explícitamente al legislador para establecer mediante ley nuevas causales
de pérdida de investidura aplicables a los concejales44.
113. Ello implica consecuencialmente que las causales de pérdida de investidura de
los concejales pueden ser objeto de desarrollo legal como ocurre con los artículos
55 de la Ley 136 y 48 de la Ley 617.
114. Dado que la tipicidad en los procesos de pérdida de investidura se refiere a que
determinada conducta del accionado se adecúe o no a una causal taxativamente
señalada en la ley o en la Constitución45, se debe resaltar que en este caso la causal
43
M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. En dicha sentencia la Corte Constitucional analizó la exequibilidad de, entre otros,
algunos numerales del artículo 55 de la Ley 136.
44
En dicha sentencia se explicó lo siguiente:
“[…] 13. El demandante plantea en su escrito que el Congreso no puede legislar sobre temas que no le estén expresamente
asignados en la Constitución y que en la Carta no existe ninguna disposición que lo autorice para establecer nuevas causales
de pérdida de investidura para los concejales. La primera tesis del actor ya fue refutada a través de la explicación relativa a
la cláusula general de competencia de que goza el Congreso.
En relación con el segundo punto, es importante destacar que el instituto de la pérdida de investidura constituye una sanción
disciplinaria. A partir de ella, y atendiendo a lo preceptuado por el artículo 293 de la Carta - cuyo contenido es reiterado en lo
dispuesto en los incisos 3° del artículo 299 y 2° del artículo 312 de la Constitución -, se llega necesariamente a la conclusión
de que, en contra de lo sostenido por el actor, la Constitución sí autoriza explícitamente al Legislativo para que instituya
nuevos motivos para la declaración de la pérdida de investidura de concejal.
[…]
14. De lo anterior se infiere que la ley sí puede consagrar causales adicionales para la declaración de la pérdida de investidura
de concejal. […]”.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2025. Radicación
núm. 27001-23-33-000-2024-00031-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López.
25
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
de pérdida de investidura invocada es la prevista en los numerales 2. del artículo 55
de la Ley 136 y 1. del artículo 48 de la Ley 617, sobre violación del régimen de
conflicto de intereses, la cual, como se indicó en sentencias de 24 de julio de 202546
y 31 de julio de 202547, no fue determinada por el legislador en la misma norma que
previó la causal para los concejales, sino que atiende, o bien, a la existencia de un
interés directo, particular y actual del miembro de la corporación pública de elección
popular o de los parientes o personas establecidas en la ley, en un asunto que
conozca en razón de sus funciones constitucionales y legales, conforme el artículo
70 de la Ley 136 y la jurisprudencia de esta Corporación; o a una situación prevista
por el legislador en otras normas, en las cuales se entiende comprometida la
imparcialidad y objetividad del servidor público.
115. Partiendo de lo explicado anteriormente, en el acápite conflicto de intereses
derivado de la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437 de esta providencia y conforme lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU 082 de 2026, la configuración del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto
de intereses requiere acreditar que el concejal hizo parte de listas de candidatos a
cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la respectiva actuación
administrativa, en este caso, la elección del secretario general del concejo
municipal, y adicionalmente se debe probar de manera cierta y concreta la
existencia de un interés directo, particular, actual y concreto que se proyecte sobre
el asunto y sea susceptible de generar un beneficio personal o de sus allegados,
que origine un conflicto de intereses.
116. Asimismo, que el concejal participó en la actuación sin manifestar impedimento
para actuar o sin haber sido recusado.
117. Clarificadolo anterior, la Sala procederá al estudio de los requisitos
concurrentes para la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura invocada.
II.6.2. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses
118. LaSala, teniendo en cuenta los argumentos planteados en el recurso de
apelación, analizará los requisitos concurrentes que se exigen para estructurar el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación
núm. 05001-23-33-000-2024-01329-02. C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2025. Radicación
núm. 27001-23-33-000-2024-00031-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López.
26
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
a) La cualidad del concejal como sujeto activo de la conducta
119. Se encuentra probado que el señor César Wilfredo Morales Espinosa resultó
elegido como concejal del municipio de El Espinal (Tolima), para el periodo 2024 -
2027, según se indicó anteriormente.
120. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura.
b) La existencia de un interés directo, particular y actual del concejal o de
alguna de las personas señaladas en la ley, de orden moral o económico
121. En el expediente se encuentra probado que los señores César Wilfredo Morales
Espinosa y Andrés Felipe Melo Pérez se inscribieron como candidatos al Concejo
Municipal de El Espinal en la misma lista y por el mismo grupo significativo de
ciudadanos, para las elecciones de autoridades territoriales realizadas el 29 de
octubre de 2023, correspondientes al periodo constitucional 2024 - 2027, según
consta en los formatos E-8 CO y E-26 CON (lista de candidatos y acta del escrutinio
auxiliar de 29 de octubre de 2023)48. El formato E-8 CO establece lo siguiente:
“[…]
[…]”.
122. El formato E-26 CON indica lo siguiente:
“[…]
48
Índice 57 del expediente digital de primera instancia. Documento 58.
27
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
[…]”.
123. Se aportó al proceso certificación de 28 de agosto de 202549 expedida por la
Registradora Municipal del estado Civil de El Espinal en la cual se hace constar que
en el municipio de El Espinal se eligieron a los siguientes 15 candidatos como
concejales:
“[…]
[…]”.
124. Consta en el acta núm. 001 de 202450 que el 2 de enero de esa anualidad se
realizó la sesión para posesión e instalación de los concejales del municipio de El
Espinal, con la participación de los 15 concejales elegidos y que adicionalmente en
el punto 7 del orden del día se realizaría la elección de la mesa directiva, la cual
incluía la elección del secretario general del concejo municipal, así:
“[…] 6. POSESIÓN DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EN SU PERIODO
CONSTITUCIONAL 2024-2027 A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL DOCTOR
WILSON GUTIÉRREZ MONTAÑA.
7. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
49
Cfr. Índice 66 del expediente digital de primera instancia.
50
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento núm. 5.
28
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
7.1. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE
7.1.1. TOMA DEL JURAMENTO DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL
7.2. ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE
7.2.1. TOMA DE JURAMENTO DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL
7.3. ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE
7.3.1. TOMA DEL JURAMENTO DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
7.4. ELECCIÓN DEL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN
7.4.1. TOMA DE JURAMENTO DEL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN
8. PROPOSICIONES Y VARIOS […]”. (Negrilla fuera de texto).
125. Igualmente, se encuentra probado con el acta de la sesión que en desarrollo del
punto 7.4. se inició el trámite para proveer el cargo de secretario general del concejo
municipal para el periodo 2024, el cual se desarrolló de la siguiente forma:
“[…]
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO: […]
SEÑOR SECRETARIO POR FAVOR SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL
DIA.
SECRETARIO PROVISIONAL CESAR AUGUSTO ROZO FUENTES:
7.4 ELECCION DEL SECRETARIO DE LA CORPORACION
7.4.1 TOMA DEL JURAMENTO DEL SECRETARIO DE LA CORPORACION.
HACEMOS EL LLAMADO A LISTA LOS ASPIRANTES COMO SECRETARIO, SI SE
ENCUENTRA EN EL RECINTO POR FAVOR ACERCARSE ACÁ AL ESTRADO.
• LIZETH XIMENA VAZQUEZ MORENO
• CÉSAR AUGUSTO ROZO FUENTES, EL QUE LE ESTÁ HABLANDO
• ANDRES FELIPE MELO PÉREZ
• DIANA SOFIA MONTAÑEZ MELO
• AGUSTÍN ALBERTO CASTRO VÁSQUEZ
NO SE ENCUENTRA EN EL RECINTO? DE LOS CINCO ASPIRANTES A
SECRETARIO, ÚNICAMENTE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO ANDRES FELIPE
MELO PÉREZ Y CÉSAR AUGUSTO ROZO FUENTES
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
MI COMPAÑERO ANTONIO PRIMER VICEPRESIDENTE LE DOY EL USO DE LA
PALABRA.
CONCEJAL ANTONIO GONZALEZ MALAMBO.
SEÑOR PRESIDENTE PARA HACER LA PROPOSICIÓN DE QUÉ LA ELECCIÓN
DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO, SE REALICE DE LA MISMA MANERA DE
FORMA NOMINAL, Y LA SOMETA A CONSIDERACION.
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA PROPOSICIÓN HECHA POR EL CONCEJAL
ANTONIO GONZÁLEZ MALAMBO SIGUE EN CONSIDERACIÓN, AVISO QUE SE
VA A CERRAR QUEDA CERRADA LA PRUEBA.
29
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
CONCEJAL LUZ MIRIAM VERA BARRERO:
SEÑOR PRESIDENTE, ANTES QUE TODO QUISIERA CONOCER, QUE SE
PRESENTARA, ANTES DE SABER Y APROBAR A QUIEN VAMOS A ELEGIR, YA
LO HEMOS HABLADO PERO COMO HAY GENTE QUE NOS ESTA
ACOMPAÑANDO Y NO CONOCEN QUIÉN ES ME GUSTARIA QUE CON TODO EL
RESPETO DE TODOS LOS QUE ESTAMOS AQUÍ PRESENTES, HICIESE UNA
PRESENTACIÓN.
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
BIEN COMPAÑERA POR FAVOR SEÑOR SECRETARIO QUE HAGAN UNA BREVE
PRESENTACIÓN.
COMPAÑEROS Y PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑAN, VAMOS A ESCUCHAR A
LOS DOS CANDIDATOS PARA SER SECRETARIO DE CONCEJO.TIENE EL USO
DE LA PALABRA CONCEJAL ANTONIO
CONCEJAL ANTONIO GONZALEZ MALAMBO.
PRESIDENTE EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA DE ESTE PROCESO DE
ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA, QUIERO QUE HAGAMOS LA PROPOSICIÓN DE
QUE SE ELIJA UN SECRETARIO AD HOC CON UNO DE LOS CONCEJALES PARA
EL TEMA DE LA ELECCIÓN, YA QUE CESAR ES TAMBIEN CANDIDATO Y ESTÁ
CUMPLIENDO TAMBIÉN […] COMO SECRETARIO, ENTONCES SEÑOR
PRESIDENTE PARA QUE PONGAN EN CONSIDERACIÓN LA PROPOSICIÓN.
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
GRACIAS ANTONIO, CON EL ÁNIMO DE QUÉ EL PROCESO SE HAGA CON MAS
TRANSPARENCIA, PONEMOS AN CONSIDERACIÓN LA PROPOSICIÓN HECHA
POR EL CONCEJAL ANTONIO, SIGUEN CONSIDERACIÓN, AVISO QUE SE VA AA
CERRAR, QUEDA CERRADO, LO APRUEBAN.
SECRETARIO PROVISIONAL CESAR AUGUSTO ROZO FUENTES:
APROBADO SEÑOR PRESIDENTE.
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
COMPANERO LUIS FERNANDO, USTED LO HA HECHO MUY BIEN, POR FAVOR
COMO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA LE PEDIMOS EL APOYO QUE NOS
COLABORE COMO SECRETARIA AD HOC.
PARA QUE QUEDEN EL ACTA DE LA SESIÓN, POR FAVOR NOS DICE SI ACEPTA
LA ASIGNACIÓN COMO SECRETARIA AD HOC PARA ESTE PROCESO GRACIAS.
SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
SI, SEÑOR ACEPTO LA POSTULACIÓN.
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
MUCHAS GRACIAS CONCEJAL RUBIO
SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
SEÑOR PRESIDENTE NOS ENCONTRAMOS EN EL PUNTO DE LA ELECCIÓN
DEL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA ESTE AÑO, EN EL
LISTADO DE ASPIRANTES, SE ENCUENTRAN 5 ASPIRANTES
• LIZETH XIMENA VÁZQUEZ MORENO
• CÉSAR AUGUSTO ROZO FUENTES
• ANDRES FELIPE MELO PÉREZ
• DIANA SOFIA MONTAÑEZ MELO
30
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
• AGUSTIN ALBERTO CASTRO VÁSQUEZ
EN ESTE MOMENTO QUEDA CLARO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DEL
CONCEJO SOLAMENTE LOS ASPIRANTES CÉSAR AUGUSTO ROZO FUENTES
Y ANDRES FELIPE MELO PEREZ, SI EN EL RECINTO DEL CONCEJO SE
ENCUENTRA UNO DE LOS QUE HEMOS MENCIONADO, LIZETH XIMENA
VÁZQUEZ MORENO, DIANA SOFIA […] MONTAÑEZ MELO O AGUSTIN ALBERTO
CASTRO VÁSQUEZ POR FAVOR ACERCARSE A LA MESA DIRECTVA
QUEDA CLARO QUE SOLAMENTE SE ENCUENTRA ANDRES FELIPE MELO
PÉREZ Y CÉSAR AUGUSTO ROZO FUENTES
QUE COMO SECRETARIO AD HOC CERTIFICO QUE SOLAMENTE DE LOS
CINCO POSTULANTES SE ENCUENTRAN EN ESTAS DOS PERSONAS, POR EL
ORDEN QUE TENGO EN LA LISTA DE ASPIRANTES, POR FAVOR HACER LA
PRESENTACIÓN EL SEÑOR CÉSAR AUGUSTO ROZO FUENTES.
CANDIDATO SECRETARIO CESAR AUGUSTO ROZO FUENTES:
MUCHAS GRACIAS SECRETARIA AD HOC MESA DIRECTIVA MUY BUENAS
TARDES HONORABLES CONCEJALES PÚBLICO EN GENERAL QUE SE
ENCUENTRA EN LAS BARRAS SECRETARIO DE DESPACHO TODOS LOS
COMPANEROS QUE NOS ENCONTRAMOS ACÁ, MI NOMBRE ES CESAR
AUGUSTO ROZO FUENTES TENGO 65 ANOS HE TRABAJADO ACA COMO
CONCEJAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE SEIS AÑOS, CUATRO AÑOS
HE SIDO COMO CONCEJAL DE MUNICIPIOS DEL ESPINAL,PRESIDENTE EN EL
2013, HE ESTADO EN ESTA CORPORACIÓN PRACTICAMENTE CON CUATRO
ALCALDES, EN EL 2012 CON ORLANDO DURÁN, EN EL 2015 CON EL DOCTOR
MAURICIO ORTIZ, EN EL 2020 CON EL DOCTOR JUAN CARLOS TAMAYO SALAS
Y AHORA EN EL 2024 CON EL DOCTOR WILSON GUTIERREZ MONTANA QUE
SE ENCUENTRA ACOMPANANDOLO ACA, SIEMPRE HE TRABAJADO
SIRVIENDO LA COMUNIDAD DE LA MANO DE DIOS PARA QUE EL ESPINAL SIGA
ADELANTE,TENGO PRACTICAMENTE MI HOJA DE 20 (SIC) CHABLE Y ESPERO
SEGUIR SUBIENDO LA COMUNIDAD SI DIOS LO QUIERE QUE SIGA ASI,
MUCHAS GRACIAS.
SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
CÓMO SECRETARIO AD HOC CERTIFICO QUE ACABÓ DE HACER LA
PRESENTACIÓN EL SEÑOR CANDIDATO CÉSAR AUGUSTO ROSSO FUENTES
Y A CONTINUACIÓN HARÁ SU PRESENTACIÓN EL SEÑOR ANDRÉS FELIPE
MELO PÉREZ Y LES RUEGO QUE SI DEJARON ALGUNA CERTIFICACIÓN EN LA
HOJA DE VIDA O DOCUMENTOS O ANEXO DE TITULO, POR FAVOR
MENCIONARLOS EN LA PRESENTACIÓN.
CANDIDATO SECRETARIO ANDRÉS FELIPE MELO PÉREZ:
BUENAS TARDES MUCHAS GRACIAS SEÑOR SECRETARIO AD HOC, BUENAS
TARDES A USTEDES MESA DIRECTIVA, MUY BUENAS TARDES HONORABLES
CONCEJALES, A TODOS LOS DIRECTIVOS Y SECRETARIOS DE GOBIERNO A
TODAS LAS PERSONAS QUE NOS […] ACOMPANAN EN EL DIA DE HOY, MI
NOMBRE ES ANDRES FELIPE MELO PEREZ SOY UN JOVEN QUE SE
ENCUENTRA ESTUDIANDO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN UNA DE LAS
MEJORES INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL ITFIP LA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, QUE HOY CONTAMOS CON LA
PRESENCIA DEL SEÑOR RECTOR Y SU SEÑOR ESPOSA, Y A MI FAMILIA A
TODAS LAS PERSONAS QUE ME CONOCEN, LOS HONORABLES CONCEJALES
QUE ME CONOCEN YA CON ESTA HAN SIDO DOS CAMPANAS EN LAS QUE HE
SIDO CANDIDATO Y EN LA CUAL HE OBTENIDO UNA VOTACIÓN DE 417 VOTOS
Y ESTOY ESPERANDO (SIC) HOY EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL
CONCEJO, PORQUE QUIERO CONTRIBUIR A MI MUNICIPIO, QUIERO
31
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
CONTRIBUIR AL MUNICIPIO DEL ESPINAL, NO COMO CONCEJAL PERO SÍ DE
LA MANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO Y DE LA MANO DE TODOS
USTEDES, PARA PODER SERVIR Y AYUDA A TODOS USTEDES A GENERAR
LOS PROYECTOS Y ESCUCHARLOS PARA QUE EL SEÑOR PRESIDENTE
PUEDA LLEVAR SUS PROYECTOS A LA ALCALDIA, ESTOY INICIANDO MIS
ESTUDIOS, SOY HIJO DE DOS CAMPESINOS MUY ORGULLOSO DE SER DEL
CAMPO, SOY INDEPENDIENTE COMERCIANTE DEL MUNICIPIO DE ESPINAL, MI
FAMILIA TAMBIÉN VIVE LA AGRICULTURA, DEL MANGO Y HOY ME PRESENTÓ
ACA ANTE TODOS USTEDES, MI NOMBRE ES ANDRES FELIPE MELO PÉREZ
PARA TODOS USTEDES MUCHAS GRACIAS
SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
SEÑOR PRESIDENTE CERTIFICO QUE EL SEÑOR CÉSAR AUGUSTO CÉSAR
ROZO FUENTES Y ANDRES FELIPE MELO PEREZ HICIERON LA
PRESENTACION DE LA POSTULACIÓN COMO SECRETARIO Y SOCIALIZÓ
PARA QUE QUEDE EL ACTA, QUE CADA UNO MENCIONÓ SUS ESTUDIOS PARA
LA POSTULACIÓN COMO SECRETARIA DE LA CORPORACION MUNICIPAL,
RECORDARLE QUE ESTAMOS EN EL PUNTO 7.4.
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
SEÑOR SECRETARIO SIGUIENTE. EL ORDEN.
SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
SEÑOR PRESIDENTE PARA QUE PONGA EN CONSIDERACIÓN LA VOTACIÓN
DEL SECRETARIO, COMO SECRETARIO AD HOC CERTIFICO TAMBIÉN, QUÉ
FUE APROBADA LA PROPOSICIÓN DONDE SE VA A VOTAR NOMINAL.
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
SEÑOR SECRETARIO POR FAVOR ABRIR LA VOTACIÓN.
SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
POR ORDEN DEL SEÑOR PRESIDENTE NOMBRARÉ CADA UNO DE LOS
CONCEJALES Y PONDRÉ DE SU RESPECTIVA VOTACIÓN, PARA HACERLO
MÁS EQUILIBRADO POSIBLE EN ESTE MOMENTO TENGO LA LISTA DE
PRIMERA AL SEÑOR CESAR AUGUSTO ROS FUENTES, HAGO LA CLARIDAD
QUE FUE EL DOCUMENTO QUE ME PASARON Y EN ESE ORDEN LO HARÉ
CONCEJAL JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA ARTEAGA:
SEÑOR PRESIDENTE PIDO EL USO DE LA PALABRA
CONCEJAL JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA ARTEAGA:
TIENE EL USO DE LA PALABRA CONCEJAL SEBASTIAN
CONCEJAL JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA ARTEAGA:
SEÑOR SECRETARIO DEBEN NOMBRAR LOS NOMBRES DE LA LISTA SEGÚN
LA RESOLUCIÓN QUE SALIÓ EXPEDIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
ESPINAL, EN EL ORDEN QUE ESTAN INSCRITOS EN ESE MISMO ORDEN SE
SOMETER A VOTACIÓN, ESTÉN O NO PRESENTE LAS PERSONAS EN EL
RECINTO, ASI NO ESTÉN PRESENTE LAS PERSONAS EN EL RECINTO NO SE
LES PUEDE CERCENAR DERECHO A QUE NO SE LE PUEDE VOTAR POR
ELLOS, PORQUE NO ES CAUSAL EXCLUSIÓN POR EL HECHO DE NO ESTAR
PRESENTES EN EL RECINTO, ENTONCES TOCA PONER EN CONSIDERACIÓN
LOS CINCO NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE ESTAN ACTAS PARA OCUPAR
ESE CARGO
SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
32
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
SEÑOR PRESIDENTE ENTONCES EMPIEZO A MENCIONAR LOS NOMBRES 1 x
1 PARA LA VOTACIÓN
LISTA DE ASPIRANTES A SECRETARIO SEGÚN LA RESOLUCIÓN QUE REPOSA
EN EL CONCEJO:
1. LIZETH XIMENA VAZQUEZ MORENO.
2. CÉSAR AUGUSTO ROZO FUENTES
3. ANDRES FELIPE MELO PÉREZ
4. DIANA SOFIA MONTAÑEZ MELO
5. AGUSTIN ALBERTO CASTRO VASQUEZ
CONCEJAL ANTONIO GONZALEZ MALAMBO:
SEÑOR SECRETARIO, LO QUE QUIERE DECIR EL CONCEJAL SEBASTIAN
SAAVEDRA ES QUE MENCIONEN LOS CINCO ASPIRANTES.
SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
YA LOS MENCIONÉ.
CONCEJAL ANTONIO GONZALEZ MALAMBO:
ENTONCES YA MENCIONADO LOS CINCO CANDIDATOS, VAMOS ABRIR A
VOTACIÓN SEGÚN LA RESOLUCIÓN, SUGIERO QUE LOS MENCIONE
NUEVAMENTE A LOS CINCO CANDIDATOS
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
SEÑOR SECRETARIO AD HOC POR FAVOR MENCIONE 1 x 1 Y CONSIDERO
QUE LA VOTACIÓN DEBERÍA SER LEVANTANDO LA MANO Y DE ESA MANERA
LE DAMOS CONTINUACIÓN DE UNA FORMA RÁPIDA A LA ELECCIÓN DEL
NUEVO SECRETARIO.
SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
POR ORDEN DEL SEÑOR PRESIDENTE LOS QUE VAN A VOTAR POR LOS
ASPIRANTES MENCIONADOS LEVANTEN LA MANO
1. LIZETH XIMENA VÁZQUEZ MORENO. CERO VOTOS
2. CÉSAR AUGUSTO ROZO FUENTES CERO VOTOS
3. ANDRES FELIPE MELO PÉREZ 15 VOTOS
4. DIANA SOFIA MONTAÑEZ MELO CERO VOTOS
5. AGUSTIN ALBERTO CASTRO VASQUEZ CERO VOTOS.
SEÑOR PRESIDENTE COMO SECRETARIO AD HOC DE LA CORPORACIÓN
CERTIFICO QUE EL NUEVO SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN ES EL SEÑOR
ANDRES FELIPE MELO PÉREZ.
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
SEÑOR SECRETARIO QUEDA CERRADA LAS POSTULACIONES Y LA
ASIGNACIÓN DEL NUEVO SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
ESPINAL CÓMO SEGUIMOS EN LA POSTULACIÓN DE NUESTRO SECRETARIO.
SEÑOR ANDRES FELIPE MELO PEREZ NUEVO SECRETARIO DE LA DEL
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL DEL AÑO 2024, JURA ANTE DIOS, LA
PATRIA Y PROMETEN AL PUEBLO CUMPLIR FIELY CABALMENTE CON LAS
FUNCIONES PROPIAS DEL SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL
ESPINAL TOLIMA DENTRO DEL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES,
LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS, ENTENDIENDO SU MISIÓN, QUE ESTA
DIRIGIDO A LLEVAR LA PRESENTACIÓN POLÍTICA DEL CONCEJO CON LA
DIGNIDAD Y DECORO QUE SU CARGO LE EXIGE
33
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
SECRETARIO ANDRES FELIPE MELO PEREZ:
SI, JURO DIOS Y PROMETO AL PUEBLO A CUMPLIR FIELMENTE, LA
CONSTITUCIÓN, LAS LEYES, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS
PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
SI ASÍ LO HICIERA, QUE DIOS, LA PATRIA Y EL PUEBLO SE LO PREMIE Y SI NO
QUE ELLOS SE LO DEMANDEN.
SEÑOR SECRETARIO FELICITACIONES QUIERO A NOMBRE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, ASIGNARLE UNA
RESPONSABILIDAD GRANDE CON EL PUEBLO Y QUE LAS COSAS SE HAGAN
EN BENEFICIO DE NUESTRO COMUNIDAD, SEÑOR SECRETARIO POR FAVOR
SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
SECRETARIO ANDRES FELIPE MELO PEREZ:
8.PROPOSICIONES Y VARIOS. […]”51. (Negrilla del texto).
126. Se aportó al proceso copia del audio de la sesión de posesión e instalación de
los concejales del municipio de Espinal, realizada el 2 de enero de 202452, la cual
guarda armonía y coherencia con el contenido del acta anteriormente indicada.
127. En lo que se refiere a la existencia de un interés directo, particular y actual en
cabeza de los concejales, sus parientes en los grados establecidos en el artículo 70
de la Ley 136 o de sus socios de derecho o de hecho, en un asunto que el concejal
conozca debido a sus funciones constitucionales y legales, se encuentra acreditado
que el accionado y el señor Andrés Felipe Melo Pérez hicieron parte de la lista de
candidatos por el grupo significativo de ciudadanos “[…] SOMOS
INDEPENDIENTES […]”, al Concejo Municipal de El Espinal para el período 2024-
2027, cuya elección se llevó a cabo el 29 de octubre de 2023.
128. Asimismo, está probado que el señor Andrés Felipe Melo Pérez fue aspirante a
ocupar el cargo de secretario general del Concejo Municipal de El Espinal en el
período 2024 y fue elegido para ocupar dicho cargo.
129. Está demostrado que el señor César Wifredo Morales Espinosa, concejal del
municipio de El Espinal para el período 2024-2027, votó sin declararse impedido en
el proceso de elección de quien ocuparía el cargo de secretario general del Concejo
Municipal de El Espinal para el período 2024, elección que se llevó a cabo en la
sesión inaugural de esa corporación realizada el 2 de enero de 2024 y que está a
cargo de los concejos municipales conforme lo indica el artículo 37 de la Ley 136,
que al tenor señala:
“[…] ARTICULO 37. SECRETARIO: El Concejo Municipal elegirá un secretario para
un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección
se realizará en el primer período legal respectivo […]”.
51
Transcripción textual con posibles errores.
52
Cfr. Índice 15 del expediente digital de Segunda instancia. Documento denominado “[…] 01312024INSTALACION Y
POSESION DE LOS HONORABLES CONCEJALES […]”. El punto 7.4. inicia en el 1:05:10 y finaliza en el 1:25:52.
34
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
130. En ese orden, la conducta del señor César Wilfredo Morales Espinosa, concejal
del municipio de El Espinal para el período 2024-2027, se encuadra en la causal de
impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437.
131. En este punto, la Sala resalta que no es de recibo lo alegado por la parte
accionada en torno a que se debe restar valor probatorio al acta de la sesión de
instalación y posesión realizada el 2 de enero de 2024, con fundamento en que lo
consignado en ella no guarda relación con el contenido del video aportado como
prueba en torno al tipo de votación y en atención a que no fue suscrita por el
secretario ad hoc que ejerció funciones durante el trámite de elección del secretario
general.
132. Lo anterior en atención a que mediante auto de 27 de enero de 2026 proferido
en segunda instancia, se requirió al Concejo Municipal de El Espinal para que
remitiera copia íntegra del registro audiovisual de la sesión de 2 de enero de 2024.
133. El concejo municipal remitió el audio de la precitada sesión, el cual guarda
armonía y es coherente con el contenido del acta anteriormente indicada y permite
evidenciar que, si bien, en un principio se había aprobado una votación nominal
para la elección del secretario general, esta fue modificada a otra modalidad según
el registro de audio aportado como prueba al proceso.
134. En todo caso, se resalta que conforme con el reglamento interno del Concejo
Municipal de El Espinal, en especial, el artículo 39 sobre actas de las sesiones,
estas “[…] contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las
intervenciones, de los documentos leídos, las proposiciones aprobadas las
comisiones accidentales y subcomisiones transitorias designadas, las decisiones
adoptadas […]” y que en todo caso el juicio de pérdida de investidura no es el
escenario para debatir la legalidad de dicho documento.
135. Así quedó registrada en el acta la votación y elección del secretario general, lo
cual guarda armonía y coherencia con el audio remitido por el Concejo Municipal de
Espinal:
“[…] PRESIDENTE JOSE ANIBAL PAEZ LOZANO:
SEÑOR SECRETARIO AD HOC POR FAVOR MENCIONE 1 x 1 Y CONSIDERO
QUE LA VOTACIÓN DEBERÍA SER LEVANTANDO LA MANO Y DE ESA MANERA
LE DAMOS CONTINUACIÓN DE UNA FORMA RÁPIDA A LA ELECCIÓN DEL
NUEVO SECRETARIO.
SECRETARIO AD HOC LUIS FERNANDO RUBIO BOCANEGRA:
POR ORDEN DEL SEÑOR PRESIDENTE LOS QUE VAN A VOTAR POR LOS
ASPIRANTES MENCIONADOS LEVANTEN LA MANO
1. LIZETH XIMENA VÁZQUEZ MORENO. CERO VOTOS
2. CÉSAR AUGUSTO ROZO FUENTES CERO VOTOS
3. ANDRES FELIPE MELO PÉREZ 15 VOTOS
4. DIANA SOFIA MONTAÑEZ MELO CERO VOTOS
5. AGUSTIN ALBERTO CASTRO VASQUEZ CERO VOTOS.
35
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
136. Se resalta que el acta y el registro de audio son claros en torno a que en la
elección participaron los 15 concejales elegidos del municipio de Espinal, entre ellos
el accionado, y que más allá de los reparos orientados a restar fuerza probatoria al
acta de la sesión, ni el acta ni el audio fueron tachados o desconocidos por las
partes, de tal forma que no se compromete la fuerza probatoria de los mismos.
137. En relación con la ausencia de la firma del acta por parte del secretario ad hoc,
se precisa que una interpretación armónica de los artículos 38 y 39 del Reglamento
Interno del Concejo Municipal de El Espinal permiten advertir que esta debe ser
firmada por “[…] los Concejales miembros de la Mesa Directiva y del respectivo
Secretario […]”, como en efecto ocurrió.
138. En todo caso, consta en el acta que la designación del concejal Luis Fernando
Rubio Bocanegra como secretario ad hoc del trámite de elección del secretario
general del concejo municipal se fundamentó en que uno de los candidatos a dicho
cargo tenía la condición de secretario provisional de la sesión de posesión e
instalación.
139. La revisión del acta y del audio de la precitada sesión corroboran la presencia
del accionado y la participación de todos los concejales del municipio de El Espinal
en la elección del secretario general, lo cual no fue desvirtuado.
140. Tampoco es de recibo el argumento relativo a que la causal de impedimento y
recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437 no es aplicable
a las listas de candidatos provenientes de grupos significativos de ciudadanos
porque: i) dicha norma se refiere a los conflictos de intereses aplicables a “[…] Todo
servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas […]”,
como se indicó anteriormente; ii) los concejales municipales como miembros de
corporaciones públicas de elección popular tienen la condición de servidores
públicos de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política; y iii) la norma
no establece un distinción que permita la exclusión de aquellos candidatos
provenientes de esta clase de organizaciones electorales que, de conformidad con
36
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
el artículo 10853 de la Constitución Política, pueden inscribir candidatos a
elecciones.
141. Sin perjuicio de lo anterior y en aplicación de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU 082 de 2026, es necesario probar, además de
que la conducta del accionado se subsume en la causal de impedimento y
recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, la existencia
de un interés directo, particular y actual en cabeza del accionado o de alguno de los
parientes establecidos en el artículo 70 de la Ley 136.
142. Las pruebas allegadas al plenario no permiten acreditar la existencia de un
interés directo, particular y actual o inmediato del accionado en la elección del señor
Andrés Felipe Melo Pérez como secretario general del Concejo Municipal de El
Espinal para el período 2024, si se tiene en cuenta que la actividad probatoria
desplegada en este medio de control se limitó a acreditar la configuración de la
causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la
Ley 1437 y no la existencia del interés calificado, necesario para decretar la pérdida
de investidura.
143. En suma, no se allegaron los medios de prueba que permitieran establecer que
el asunto sometido al estudio del concejal accionado, en este caso, la elección del
secretario general del Concejo Municipal de El Espinal para el período 2024,
materializara un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia que pusiera en tensión
el interés general de la función pública y el interés particular del accionado o de
alguno de los parientes establecidos en el artículo 70 de la Ley 136.
144. De esta manera, ante la prosperidad del cargo formulado por el accionado, la
Sala se abstendrá de analizar los demás cargos del recurso de apelación54, así
como el elemento subjetivo de culpabilidad, toda vez que no se encontró acreditada
la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
atribuida a estos.
53
Modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009. La norma establece lo siguiente:
“[…] ARTICULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y
grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos
emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no
consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que
se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido
representación en el Congreso.
También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo
menos durante cada dos (2) años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más
importantes de la organización política.
Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha
inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por
quien él delegue.
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto
al debido proceso.
Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo atinente a su Régimen Disciplinario Interno. Los miembros
de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento Político o grupo significativo de ciudadanos
actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas
democráticamente por estas.
[…]”.
54
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 7 de noviembre de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01.
37
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00232-01
Accionante: Lina María Otavo Quiñonez
II.5. Conclusión
145. La Sala no encontró configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral
1. del artículo 48 de la Ley 617, esto es, la violación del régimen de conflicto de
intereses y, en consecuencia, revocará la sentencia de 4 de septiembre de 2025,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual
se declaró la pérdida de investidura del señor César Wilfredo Morales Espinosa,
concejal del municipio de Espinal, período 2024-2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, DENEGAR la
solicitud de pérdida de investidura presentada en contra del señor César Wilfredo
Morales Espinosa, concejal del municipio de El Espinal, período 2024-2027,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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