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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2025-00009-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2025-00009-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y en consecuencia NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 36 www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00009 01 Demandante: Juan Pablo Betancourt Barrera SEGUNDO: DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2025-00009-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

27 de agosto de 2026

Número único de radicación: 85001 23 33 000 2025 00009 01
Demandante: Juan Pablo Betancourt Barrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

MAGISTRADO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, DC., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 85001 23 33 000 2025 00009 01
Demandante: Juan Pablo Betancourt Barrera
Demandados: José Ismael Córdoba Romero y Edelmira Goyeneche Durán
Tesis: No incurren en la causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses
los concejales que participaron en el trámite de elección del Secretario General del
respectivo Concejo Municipal y que no manifestaron impedimento, pese a que uno
de los aspirantes a dicho cargo integró la misma lista de candidatos al Concejo en
el período constitucional para el cual aquellos resultaron electos, cuando no se
acreditó que tal comportamiento obedeciera a un interés directo, particular y actual
distinto y contrario al interés general propio de los asuntos sobre los cuales debían
intervenir y decidir en el ejercicio de sus funciones político-administrativas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decidirá los recursos de apelación interpuestos por los demandados contra
la sentencia de 14 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en primera instancia, mediante la cual se decretó la pérdida de
investidura de los señores José Ismael Córdoba Romero y Edelmira Goyeneche
Durán, concejales del municipio de Trinidad (Casanare), por hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

1. El ciudadano Juan Pablo Betancourt Barrera actuando en nombre propio, pidió
decretar la pérdida de investidura de los señores José Ismael Córdoba Romero y
Edelmira Goyeneche Durán, concejales del Municipio de Trinidad (Casanare), por

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Demandante: Juan Pablo Betancourt Barrera

la violación del régimen del conflicto de interés previsto en el artículo 55, numeral 2,
de la Ley 136 de 2 de junio de 19941, el artículo 48 numeral 1 de la Ley 617 de 6 de
octubre de 20002, en concordancia con el artículo 11, numeral 14 de la Ley 1437 de
18 de enero de 2011 (en adelante CPACA)3.

2. Adujo que los señores José Ismael Córdoba Romero y Edelmira Goyeneche
Durán se inscribieron como candidatos al Concejo de Trinidad (Casanare) por la
lista del Partido Alianza Verde, en las elecciones realizadas el 29 de octubre de
2023 para el periodo 2024-2027; ambos fueron elegidos y tomaron posesión del
cargo; de esa misma lista de candidatos también hizo parte la señora Haengie
Katherine Cardona Cardona.

3. Mencionó que el concejal José Ismael Córdoba Romero fue elegido presidente
del Concejo de Trinidad (Casanare) para el año 2024; calidad en la que presentó
una proposición a la plenaria del cabildo para que se autorizara a la Mesa Directiva
adelantar los trámites relacionados con la conformación de la lista de elegibles para
el cargo de secretario general de esa corporación pública.

4. Indicó que mediante Resolución número 18 de 1° de noviembre de 20244, la
Mesa Directiva abrió el proceso de convocatoria pública para proveer dicho empleo
y reglamentó el procedimiento para su realización; y con el aviso de Convocatoria
Pública No. 001 se dio a conocer la existencia del proceso a la comunidad.

5. Sostuvo que: (i) a dicha convocatoria se inscribieron las señoras Zuleima
Lozano Cerón y Haengie Katherine Cardona Cardona; (ii) en la Resolución 20 de
14 de noviembre de 2024, se dio a conocer el listado preliminar de admitidos y no

1 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios […]”.
2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional. […]”.
3 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4 “[…] "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA CONVOCATORIA

PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE SECRETARIA(O) GENERAL DEL CONCEJO DE
TRINIDAD CASANARE PARA LA VIGENCIA 2025, SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA
SU REALIZACIÓN, Y LOS CRITERIOS QUE GARANTICEN LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD,
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EQUIDAD DE GÉNERO, MÉRITO YSE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES […]".

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admitidos y (iii) en la Resolución 025 de 20 de noviembre de 2024, se hicieron
constar los resultados preliminares de la prueba de valoración de estudios y
experiencia.

6. Dijo que: (i) en la plenaria del concejo de 22 de noviembre de 2024 se adelantó
la prueba de entrevista a las aspirantes Zuleima Lozano Cerón y Haengie Katherine
Cardona Cardona, y se las calificó; (ii) la sesión fue presidida por el concejal José
Ismael Córdoba Romero y la concejal Edelmira Goyeneche Durán actuó como
secretaria ad hoc; (iii) en la Resolución 26 de 26 de noviembre de ese mismo año,
expedida por el presidente del concejo, se plasmaron los resultados definitivos de
esa prueba.

7. Señaló que en las Resoluciones número 28 de 27 de noviembre y 29 de 28 de
noviembre de 2024, se conformaron las listas preliminar y definitiva de elegibles,
respectivamente.

8. Manifestó que el 30 de noviembre de 2024, en sesión plenaria, el concejal José
Julián Betancourt Barrera recusó a los concejales José Isamel Córdoba Romero y
Edelmira Goyeneche Durán por encontrarse incursos en la causal prevista en el
numeral 14 del artículo 11 del CPACA. Asimismo, señaló que inicialmente
rechazaron la recusación, pero posteriormente se solicitó concepto a la Comisión
de Ética del cabildo y luego de ello la aceptaron.

9. En la sesión de 30 de noviembre de 2024, la plenaria del Concejo de Trinidad
eligió a Haengie Katherine Cardona Cardona como secretaria de dicha corporación
pública, para el año 2025.
10. Afirmó que los concejales demandados violaron el régimen del conflicto de
intereses porque intervinieron en la actuación administrativa que tenía como objetivo
el establecimiento de la lista de elegibles para elegir al secretario(a) del Concejo de
Trinidad para el año 2025, a pesar de que una de las integrantes de la lista de
elegibles conformó junto con ellos la lista de candidatos al cabildo municipal, inscrita
por el Partido Alianza Verde que los avaló.

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11. Señaló que el concejal José Ismael Córdoba Romero desde el 13 de
noviembre de 2024 conocía que su compañera de lista era aspirante a ser elegida
secretaria del concejo cuando se enteró de los nombres de las dos inscritas;
mientras que la concejal Edelmira Goyeneche Durán tuvo dicho conocimiento el 22
de noviembre de 2024, cuando se realizó la prueba de entrevista; no obstante,
actuaron en la conformación de la lista de elegibles sin declararse impedidos.

II. CONTESTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

12. Los concejales, mediante apoderado, se opusieron conjuntamente a la
pretensión de desinvestidura y en síntesis alegaron la ausencia de los elementos
objetivo y subjetivo requeridos para decretar la pérdida de sus investiduras, por
cuanto: (i) fueron recusados, aceptaron la recusación y se apartaron del trámite de
la convocatoria; (ii) no votaron en la sesión plenaria en la que se eligió a la secretaria
del Concejo y por tanto, no participaron en la decisión definitiva; (iii) el procedimiento
de elección fue declarado desierto debido a la declinación de las dos participantes,
de manera que no cumplió su finalidad; (iv) posteriormente, en una actuación que
califican como irregular, se efectuó la elección pese a dichas declinaciones; sin
embargo, la secretaria elegida no tomó posesión del cargo, por lo que la
convocatoria quedó nuevamente desierta y (v) no se acreditó un interés particular o
personal de los cabildantes en la elección de la secretaria de la corporación.

13. Frente a la primera hipótesis prevista en el artículo 11 del CPACA, adujeron
que no se había demostrado la existencia de un conflicto de intereses de carácter
particular, en la medida en que las acciones del concejal José Isamel Córdoba
Romero en su condición de presidente del Concejo se circunscribieron al
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Resolución número 018 de 2024,
sin obedecer a decisiones caprichosas ni a actuaciones autónomas de su parte. De
igual manera, sostuvieron que la actuación de la concejal Edelmira Goyeneche
Durán respondió al desempeño de sus funciones como secretaria ad hoc en la
sesión en la cual se practicaron las entrevistas, limitándose a formular a las
aspirantes las preguntas del cuestionario elaborado por la comisión accidental
designada para tal propósito.

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14. Señalaron que frente a la hipótesis prevista en el numeral 14 del artículo 11 del
CPACA, la única actuación que podría comprometer la conducta de los cabildantes
sería la participación en la votación mediante la cual se adoptara la decisión
definitiva, circunstancia que no ocurrió, pues al haber sido recusados y aceptar
dicha recusación se retiraron del recinto sin participar ni votar en la decisión final de
elección.

15. En cuanto al elemento subjetivo, luego de traer a colación jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sostuvieron que el dolo o la culpa
grave no se deriva de manera automática, sino que, por el contrario, su
determinación exige tener en cuenta todos los elementos de la causal específica
que se acusa.

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

16. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 14 de marzo
de 2025, en primera instancia resolvió decretar la pérdida de investidura de los
accionados.

17. Luego de exponer el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial del medio
de control de pérdida de investidura, así como de la causal relativa al conflicto de
intereses, consideró acreditado el elemento objetivo de dicha causal por la
vulneración de lo previsto en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994; en
el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000; y en el artículo 11, numeral 14
del CPACA.

18. Lo anterior, por cuanto se demostró que los concejales demandados: (i)
participaron en la actuación adelantada para elegir al secretario del Concejo de
Trinidad, periodo 2025, sin manifestar impedimento y (ii) una de las aspirantes había
hecho parte en conjunto con ellos, de la lista inscrita por el partido Alianza Verde al
Concejo de Trinidad para las elecciones de autoridades territoriales de octubre del
año 2023, periodo constitucional 2024-2027.

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19. Al examinar el caso concreto, indicó que si bien los concejales José Isamel
Córdoba Romero y Edelmira Goyeneche Durán no votaron la elección de la
secretaria del Concejo por haber aceptado la recusación formulada en su contra
para tal efecto, sí participaron en las actuaciones administrativas previas sin
manifestar el impedimento que les asistía conforme con lo previsto en el artículo 11,
numeral 14 del CPACA, pese a tener conocimiento de que la señora Haengie
Katherine Cardona Cardona era una de las participantes en la convocatoria pública.

20. Frente al concejal José Isamel Córdoba Romero, señaló que su participación
consistió en la valoración de los estudios académicos y de la experiencia de las
participantes realizada en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Resolución
número 018 de 2024; así como en la definición de los criterios de evaluación de la
prueba de entrevista y en la calificación de las respuestas de las aspirantes durante
la diligencia practicada en la sesión plenaria del 22 de noviembre de 2024.

21. En cuanto a la concejal Edelmira Goyeneche Durán, anotó que esas
actuaciones previas a la votación para elegir secretaria del concejo tuvieron lugar
porque participó en la discusión y escogencia de los criterios y competencias a
evaluar en la prueba de entrevista; calificó las respuestas de las candidatas y les
otorgó puntaje en la sesión plenaria de 22 de noviembre de 2024.

22. Asimismo, encontró configurado el elemento subjetivo dado que los concejales
estaban en condiciones de comprender el hecho o circunstancia configurativa de la
causal, pues era claro e indubitable que la señora Haengie Katherine Cardona
Cardona hizo parte de su misma lista de candidatos al concejo, periodo 2024-2027.
Agregó que a los concejales les era exigible como mínimo, la obligación de verificar
si por dicha razón les asistía o no el deber de declararse impedidos; sin embargo,
omitieron hacerlo sin justificación alguna, y con ello, pasaron por alto su obligación
de observar los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad a los que se
someten las funciones públicas, consagrados en el artículo 209 Superior.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

A. Del recurso interpuesto por Edelmira Goyeneche Durán

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23. En su recurso de apelación, mediante apoderado solicitó revocar la sentencia
proferida en primera instancia y en su lugar denegar la pérdida de la investidura; en
síntesis, reiteró que no se configuró el elemento objetivo de la causal ni se probó el
elemento subjetivo referente a que su conducta fue dolosa o gravemente culposa.

24. Argumentó que el problema jurídico fue resuelto de manera incompleta porque
no se valoraron los siguientes hechos relevantes: (i) la convocatoria fue declarada
desierta dos veces y no cumplió su propósito; (ii) la elección de Haengie Katherine
Cardona Cardona fue irregular porque se adelantó contra su voluntad en tanto había
renunciado a su aspiración y habiendo sido elegida no tomó posesión del cargo y
(iii) no se probó un interés personal o particular de los concejales.

25. Planteó que se realizó una deficiente valoración de los hechos, en la medida
en que no se ponderaron las actuaciones obligatorias del presidente de la
corporación pública para diferenciarlas de aquellas que constituyeron actuaciones
de mero trámite, de carácter informativo y de las actuaciones decisorias
correspondientes al proceso de elección.

26. Señaló que el conflicto de intereses se valoró de forma restrictiva porque solo
se tuvo en cuenta que los concejales calificaron a las aspirantes, sin que se hubieran
considerado los argumentos atenuantes expuestos en la contestación de la
demanda y probados en el proceso o la falta de demostración de algún beneficio
para la señora Haengie Katherine Cardona Cardona.

27. Expresó que no se probó la existencia de una actuación dolosa o gravemente
culposa por parte de los concejales y que la sentencia no tuvo en cuenta que estos
se retiraron del recinto y no participaron en la votación de la elección, ni que los
restantes cabildantes obrando de mala fe, continuaron con el proceso de elección
aun en contra de la voluntad de la aspirante, con el propósito de promover
posteriormente la demanda de pérdida de investidura, como en efecto ocurrió.

28. Por último, adujo que desconocían que las actuaciones relacionadas con el
trámite de la convocatoria pudieran constituir causal de pérdida de investidura, en

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especial porque el presidente del Concejo se limitó a cumplir lo dispuesto en la
Resolución número 018 de 2024 y en ese marco, sus actuaciones no fueron de
carácter sustantivo sino orientadas a garantizar la publicidad del proceso. De igual
forma, señaló que la concejal Edelmira Goyeneche Durán se limitó a formular el
cuestionario en calidad de secretaria ad hoc, el cual había sido previamente
elaborado por la comisión accidental; además, sostuvo que su calificación en la
entrevista no benefició a la señora Haengie Katherine Cardona Cardona.

B. Del recurso de apelación interpuesto por José Ismael Córdoba Romero

29. El concejal mediante apoderada, solicitó revocar la sentencia proferida en
primera instancia y en su lugar denegar la pérdida de investidura. En síntesis,
sostuvo que no existió conflicto de intereses ni beneficio personal, ni se configuró
dolo o culpa grave y que su actuación se desarrolló en el marco de un proceso
público, reglado y transparente. Asimismo, adujo una indebida valoración de las
pruebas; afirmó la posible instrumentalización del presente proceso con fines
políticos por parte del demandante y de su hermano, también concejal del Municipio
de Trinidad quienes, en su criterio, actuaron de mala fe; y aseguró que no se probó
la existencia de dolo o culpa grave, en tanto desconocían la configuración de la
causal que les es reprochada.

30. Enfatizó que la Convocatoria Pública núm. 001 de 2024 correspondió a un
proceso abierto a toda la ciudadanía regido por la Resolución número 018 del mismo
año, con criterios objetivos y procedimientos reglados orientados a garantizar la
transparencia, el mérito y la igualdad. En ese contexto, sostuvo que actuó en
cumplimiento de dichas reglas y no en procura de algún beneficio o favorecimiento
particular. Asimismo, señaló que la participación de los concejales en la evaluación
de las candidatas no favoreció a la señora Haengie Katherine Cardona Cardona,
con quien supuestamente existía un conflicto de intereses, pues la otra aspirante
obtuvo mejores puntajes.

31. Para sustentar su afirmación sobre la instrumentalización del proceso con fines
políticos y el desconocimiento de los concejales acerca de una eventual actuación
contraria al ordenamiento jurídico, señaló que la recusación fue presentada el

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mismo día de la elección, esto es, el 30 de noviembre de 2024; que inicialmente los
concejales no la aceptaron por desconocimiento de la causal invocada y que solo
después de la intervención de la Comisión de Ética del Concejo y de efectuar
consultas personales, aceptaron apartarse del proceso.

32. Asimismo, señaló que no se configuró el elemento subjetivo referido a la culpa
grave, pues los concejales actuaron de buena fe y sin conocimiento jurídico
suficiente, en tanto que, para la época de los hechos, el Concejo no contaba con
asesor jurídico. Añadió que los cabildantes no son abogados ni cuentan con
formación académica superior y que tampoco se probó que hubieran recibido
capacitación que les permitiera conocer el régimen de las causales de pérdida de
investidura.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

33. El traslado del recurso de apelación, previsto en el numeral 3 del artículo 14
de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, fue descorrido por el solicitante en los
siguientes términos:

34. En primer lugar, sostuvo que el recurso presentado por la apoderada del
concejal José Isamel Córdoba Romero fue radicado el 3 de abril de 2025 y por tanto
resulta extemporáneo. En consecuencia, circunscribió sus argumentos al recurso
de apelación allegado el 21 de marzo de 2025 por la señora Edelmira Goyeneche
Durán.

35. Así, dijo que en este último recurso no se explicaron las razones sustantivas
por las que el problema jurídico resultó incompleto ni cómo esa circunstancia incide
en la decisión.

36. Frente al argumento relativo a que la convocatoria se adelantó sin interés
particular de los concejales y fue posteriormente declarada desierta, señaló que la
configuración del conflicto de intereses exige que el servidor público se aparte en

5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra

la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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cualquier fase de la actuación y no únicamente en el momento de adoptarse la
decisión final. En este caso, indicó que se probó que los concejales intervinieron en
dos etapas de evaluación que incidían en la conformación de la lista de elegibles,
razón por la cual el conflicto de intereses sí existió y se configuró la causal invocada.

37. En cuanto a que los concejales no beneficiaron a ningún aspirante, sostuvo
que en el proceso se acreditó que los demandados manipularon el procedimiento,
debido a que el presidente del Concejo calificó la prueba de estudios y experiencia
pese a que dicha competencia correspondía a la Mesa Directiva y a que la concejal
que fungía como secretaria ad hoc omitió registrar en el acta de la sesión las
respuestas brindadas por las entrevistadas al cuestionario, lo cual impidió verificar
la objetividad de las calificaciones. A su juicio, tales acciones evidencian un
comportamiento doloso.

38. Respecto a la afirmación según la cual los concejales desconocían que
estaban incurriendo en una causal de pérdida de investidura, advirtió que: (i) en el
proceso quedó acreditado que conocían la relación existente con la aspirante, en
tanto integraron la misma lista de candidatos al Concejo de Trinidad; (ii) la ley
presume el conocimiento de las normas y (iii) la ignorancia de estas no excusa su
incumplimiento.

39. Vencido el término de traslado de los recursos de apelación y encontrándose
el expediente al despacho para proferir fallo, los concejales allegaron dos
memoriales. En el presentado el 4 de junio de 2025, el apoderado de la concejal
Edelmira Goyeneche Durán solicitó que no se tuviera en cuenta el concepto rendido
por el agente del Ministerio Público, al considerar que en él no se efectuó un estudio
de las particularidades del caso objeto de controversia.

40. Por su parte, en el escrito radicado el 24 de junio de 2025, los concejales
demandados presentaron argumentos adicionales a los recursos de apelación
previamente interpuestos. Tras aludir a los artículos 31 y 35 de la Ley 136 de 1994
y al Acto Legislativo 02 de 2015, indicaron que sus actuaciones estuvieron ajustadas
al reglamento interno del Concejo del Municipio de Trinidad, máxime cuando al

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momento de la apertura de la convocatoria pública para la elección del secretario
general aún no se conocían los nombres de los concursantes.

41. Luego de referirse al artículo 11 del CPACA y al desarrollo que el Consejo de
Estado ha dado a la causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses,
sostuvieron que en el presente asunto esta no se encontraba configurada por
cuanto: (i) actuaron en cumplimiento de un deber legal y constitucional en el marco
de la Convocatoria Pública núm. 001 de 2024; (ii) no se tuvo en cuenta que no
votaron en la elección del secretario general del Concejo; (iii) no tenían un interés
particular en la persona que ocupara el cargo, en tanto su elección perseguía
garantizar el adecuado funcionamiento de la corporación; (iv) la Mesa Directiva del
Concejo fue facultada para expedir el acto administrativo mediante el cual se
convocó el respectivo concurso y (v) se realizó una interpretación extensiva de las
causales de pérdida de investidura respecto de la omisión en la declaratoria de
impedimentos en contravía de lo dispuesto por la ley y la jurisprudencia.

V. CONCEPTO RENDIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

42. El agente del Ministerio Público pidió confirmar la sentencia de primera
instancia. En esencia, señaló que se encuentra probada la estructuración de los
elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de la investidura por violación
del régimen del conflicto de intereses.

43. Señaló que se encontraba probada la participación de los concejales en la
convocatoria adelantada para proveer el cargo de secretario general en los términos
previstos en la prohibición contenida en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA,
en la cual participaba una excompañera de lista electoral. En consecuencia,
concluyó que existía un conflicto de intereses que les impedía conocer de dicho
asunto y que, por ende, el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
se había acreditado.

44. De igual forma, encontró configurado el elemento subjetivo, al considerar que
los accionados no actuaron con la diligencia debida en el ejercicio de la función
pública para la cual fueron elegidos popularmente, puesto que la condición de

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concejales y la investidura que ostentan los obliga a indagar y conocer las normas
que rigen sus funciones. En ese sentido, indicó que el desempeño de un cargo
público implica una exigencia superior a la de otras actividades, en la medida en
que su ejercicio debe desarrollarse conforme a lo dispuesto en la Constitución, la
ley y los reglamentos.

45. Concluyó que los concejales estaban obligados a conocer el marco normativo
que regula o restringe sus funciones, entre ellas la prohibición contenida en el
numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, de modo que al inobservar dicha
disposición y participar en la convocatoria pública, se hicieron acreedores a la
sanción de pérdida de investidura.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

46. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de
acuerdo con el artículo 1506 del CPACA, y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 20197, sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo
de Estado.

6.2. Cuestiones previas

6.2.1. De la discusión sobre la oportunidad de la interposición del recurso de
apelación presentado por el concejal José Ismael Córdoba Romero

47. La parte demandante solicitó que no se tuviera en cuenta el recurso de
apelación presentado por el mencionado concejal, considerándolo extemporáneo;
no obstante, la Sala advierte que la sentencia de primera instancia fue notificada
por correo electrónico el 17 de marzo de 2025, entendiéndose surtida la notificación
el 19 de marzo de 2025; el término de ejecutoria de la providencia comenzó a

6 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.

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contabilizarse el 20 de marzo de ese año y venció el 3 de abril de 2025; y el recurso
fue interpuesto oportunamente el 3 de abril de 2025, es decir, dentro del término
previsto para ello en el ordenamiento jurídico.

6.2.2. De la petición que busca que no se tenga en cuenta el concepto rendido
por el agente del Ministerio Público

48. De otro lado, en cuanto a la solicitud efectuada en escrito del 4 junio de 2025
por la señora Edelmira Goyeneche Durán, relativa a que no se tenga en cuenta el
concepto del Ministerio Público, ya que «ni siquiera se tomó el trabajo de realizar
una síntesis del recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera
instancia; el presentado, no tiene nada que ver con el problema jurídico y los
argumentos de apelación»8, lo que la Sala observa es que la solicitud formulada por
la accionada se fundamenta en esencia, en su desacuerdo con el contenido y
alcance de tal concepto, lo cual no constituye razón suficiente para excluirlo del
proceso, habida cuenta de que dicho pronunciamiento fue rendido oportunamente 9
y en cumplimiento de la función legalmente asignada a esa entidad y que está
prevista en el artículo 14, numeral 3 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018. La
norma en cuestión prevé:

«Artículo 14. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
se sujetará a las siguientes reglas:

(…)

3. Del auto admisorio del recurso de apelación se dará traslado, por tres (3) días
hábiles, a la otra parte y al Ministerio Público para que ejerza su derecho de
contradicción, solicite la práctica de pruebas, en los términos del artículo 212 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
presente concepto, respectivamente» (Subrayas de la Sala).

49. Por ende, la aludida petición no prospera.

6.2.3. De los reparos agregados en el memorial del 24 de junio de 2025 por
parte de los convocados

8 Visible en el índice 22 del Sistema de Gestión Samai.
9 El auto admisorio del recurso se notificó por estado el 19 de mayo de 2024 y el concepto rendido

por el Ministerio Público se presentó el 22 de mayo siguiente.

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50. Por último, se observa que en escrito del 24 de junio de 2025 los concejales
demandados presentaron argumentos aditivos de los recursos de apelación que
presentaron.

51. Sobre el particular, es necesario precisar que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 1881 de 201810, la oportunidad prevista para la
contradicción de la sentencia de primera instancia es la de la interposición del
recurso de alzada en su contra. Siendo ello así, y habida cuenta de que los
argumentos agregados en el memorial del 24 de junio de 2025 no fueron formulados
en el momento procesal oportuno no puede la Sala abordarlos, so pena de
desconocer el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa de que es
titular la parte actora.

6.3. De la controversia sobre la configuración de la causal de pérdida de
investidura invocada en la demanda

52. Se tendrá que definir si incurren en la causal de pérdida de investidura por
conflicto de intereses, los concejales que participaron en el trámite de elección del
Secretario General del respectivo Concejo Municipal y que no manifestaron
impedimento, pese a que uno de los aspirantes a dicho cargo integró la misma lista
de candidatos al Concejo en el período constitucional para el cual aquellos
resultaron electos.

10« Artículo 14. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se sujetará a las

siguientes reglas:
1. Deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. El recurso de apelación será la oportunidad
para solicitar pruebas en segunda instancia.
2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá
mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al Secretario General del Consejo de
Estado, quien lo repartirá entre los Magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que
decidirá de plano sobre su admisión si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si el apelante
pidió pruebas, el magistrado ponente decidirá si se decretan, de conformidad con lo previsto en el
artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre
pruebas en segunda instancia.
3. Del auto admisorio del recurso de apelación se dará traslado, por tres (3) días hábiles, a la otra
parte y al Ministerio Público para que ejerza su derecho de contradicción, solicite la práctica de
pruebas, en los términos del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y presente concepto, respectivamente.
4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio, si a él hubiere lugar, el Magistrado ponente
deberá registrar el proyecto de sentencia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes y citará a la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para estudiar, discutir y decidir la ponencia presentada.

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53. Con miras a resolver ese interrogante, la Sala analizará si en el presente
asunto se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo de la causal
y, en esa medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de investidura del convocado.

6.3.1. Del elemento objetivo

54. Las causales invocadas por el accionante son las previstas en el numeral 1°
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley
136 de 1994 que indican, en lo pertinente, que los concejales perderán su
investidura cuando trasgredan el régimen de conflicto de intereses. Veamos:

«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales
y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de
la ciudadanía en general» (Subrayas de la Sala).

«Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por:

(…)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de
intereses» (Subrayas de la Sala).

55. El artículo 70 de la Ley 136 de 1994, que es la norma especial que regula el
conflicto de interés para los concejales distritales y municipales, dispone:

«Artículo 70. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar
en los debates o votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada.
Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga
conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella».

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56. Ahora bien, el demandante también invocó como sustento de su petición de
desinvestidura por conflicto de intereses la causal consagrada en el numeral 14 del
artículo 11 del CPACA, que es del siguiente tenor:

«Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y
recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en
conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar
actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

(…)

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores» (Subrayas de la Sala).

57. En lo que hace al primer elemento, es decir, sobre el alcance del conflicto de
intereses la Sala Plena de esta Corporación en sentencia del 28 de noviembre de
2017, señaló:

«podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público,
contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular
prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una
decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho
suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la
norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y los
particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera
honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con
las funciones del cargo de manera transparente e imparcial»11 (Subrayas de la
Sala).

58. Por su parte, la Corte Constitucional prohijando la jurisprudencia del Consejo
de Estado en la materia, ha dicho que el conflicto de intereses se configura «cuando
existe una concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público
que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba
tomarla»12.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia de 28 de
noviembre de 2017, número único de radicación 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ), Consejero
Ponente César Palomino Cortés.
12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia del 1° de octubre de 2015. M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo.

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59. En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha
delimitado los presupuestos que son necesarios para establecer la configuración de
la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses13. En particular, ha precisado que deben acreditarse de manera
concurrente los siguientes presupuestos o elementos: (i) la calidad del sujeto activo;
(ii) la existencia de un interés directo, particular y actual, de naturaleza moral o
económica; y (iii) la participación efectiva del servidor en el trámite, pese a la
existencia de dicho interés, sin haber manifestado impedimento o sin haber sido
apartado mediante recusación14.

60. Respecto al primer presupuesto será necesario constatar que el accionado
en efecto fue electo en el cargo de concejal y que no existe controversia sobre este
aspecto ni sobre su posesión en el cargo.

61. En relación con el segundo presupuesto, la jurisprudencia ha precisado que
el interés que da lugar a la desinvestidura debe ser de naturaleza particular, esto
es, que debe proyectarse directamente sobre el concejal, de modo que el asunto
sometido a debate o decisión repercuta en su esfera subjetiva o en la de su cónyuge
o compañero(a) permanente, sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o sus socios. Debe ser además
directo, lo que implica que la eventual afectación del concejal, de sus allegados o
de sus socios debe provenir del mismo asunto del que debe conocer o, dicho en
otros términos, cuando su fuente es el asunto sometido a consideración y/o
votación. Y, finalmente, debe ser actual o inmediato, lo que significa que tiene lugar
cuando se presenta al momento de la actuación, de manera que no puede ser
hipotético, futuro o puramente eventual, sino que debe comportar un impacto real y
contemporáneo en el cabildante municipal, sus familiares o sus socios15.

13 Consejo de Estado, sentencia del 1 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01571-

00, C.P. María Elizabeth García González.
14 Ibidem.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de primero

1 de febrero de 2018. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI
Sentencia del 18 de febrero de 2021, expediente 85001 2333 000 2020 00012 02. MP. Roberto
Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
del 9 de noviembre de 2016. MP. William Hernández Gómez, expediente. 11001-03-15-000-2014-
03117-00 (PI); entre otras.

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62. Así las cosas, el conflicto de interés que da lugar a la pérdida de investidura
es una situación especialísima en la que se encuentra inmerso el concejal donde su
interés particular, moral o económico o el de su círculo cercano, resulta incompatible
con el interés general que debe privilegiarse siempre en el ejercicio de las funciones
como cabildante. Y ello es así porque de las decisiones de esos asuntos concretos,
el concejal deriva o puede derivar un provecho (económico o moral) para si o para
los mencionados terceros, con la consecuente afectación de la moralidad
administrativa, la confianza legítima de los electores y la probidad exigida a los
servidores de elección popular.

63. Ahora bien, en relación con el tercer presupuesto, esto es, el relacionado con
la participación en el trámite o en el asunto sin haber manifestado impedimento o
haber sido separado por recusación, resultan pertinentes las consideraciones que
siguen en relación con la naturaleza de estas dos figuras y sus diferencias con el
interés particular, directo y actual que configura el conflicto.

64. En primer lugar, cabe destacar que la manifestación de impedimento busca
poner en evidencia la existencia de un conflicto, es decir, exteriorizar la eventual
afectación de la imparcialidad para la adopción de decisiones. Lo que se pretende
al invocar una causal de impedimento es asegurar la independencia y transparencia
que debe presidir la actividad de los servidores públicos, con el fin de evitar toda
sospecha en torno a la gestión desarrollada y garantizar el adelantamiento de las
actuaciones con un máximo de equilibrio.

65. La manifestación de impedimento es concebida como la herramienta para
cumplir los mandatos constitucionales y al mismo tiempo blindar al servidor de
futuras recusaciones. El concepto del 28 de abril de 2004 emitido por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, precisa el carácter instrumental del
impedimento y el alcance del conflicto de intereses, así:

«2. El conflicto de intereses. Es una institución de transparencia democrática
que por su alcance y fundamento debe analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de concurrencia
antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión
a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla.

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2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de impedir que
prevalezca el interés privado del congresista sobre los intereses públicos, el
cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o
para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los relativos al
bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y
distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto
inherente al fuero interno del congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo,
el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento radica en que: a)
el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión -para el caso, la
motivación del voto-. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma
inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de
conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión
sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala estima
conveniente advertir que el tema, de por sí complejo, requiere para su
tratamiento del análisis de cada caso concreto, pues la conducta humana
admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de
intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser valorado con especial
cuidado para no vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los
alcances de la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses en el caso de
los congresistas. Como quiera que dicho conflicto se configura por la
concurrencia de interés privado e interés público, se hace indispensable tener
en cuenta, entre otros, los siguientes requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto, resulta
indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que comprometa
objetivamente la intangibilidad del interés general perseguido, para lo cual la
Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia para la
satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual
acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos representados en
derechos subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como
indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo (reparación de
gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas
(exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de ordinario, pero
con la aptitud de afectar la transparencia, debido a que siendo actual y estando
amparado por la ley puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su
propio favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual,
cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra
amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés originado en el roce
meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para generar conflicto de
interés. y, 3) Es afectable, cuando puede extinguirse o modificarse el que se
tiene. En cambio, no se da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

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c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de manera
inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa movido por el interés
público o general -regulación abstracta en general-. El interés puede ser
individual o colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la propiedad particular
y, en el segundo, al interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este caso
entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente. Para que este
interés público concurrente pueda verse menoscabado, también se hace
indispensable tener en cuenta aquellos aspectos que puedan afectar que sea
el único determinante de la decisión; lo cual implica que en la misma persona
que tiene un interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar pueda afectar el
interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos intereses
mencionados puede desprenderse inequívocamente la existencia de un
conflicto de interés como causal de impedimento o recusación. En tanto que
este fenómeno no se estructuraría, de una parte, cuando no concurra alguno de
los requisitos mencionados para los referidos intereses, y, de otro, cuando
simplemente se trata de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos»16 (Subrayas de la Sala).

66. En este mismo sentido, la Sala Especial de Decisión núm. 27 en sentencia de
8 de septiembre de 2021, indicó que los impedimentos y los conflictos de interés no
son equivalentes por las siguientes razones:

« Los impedimentos y el conflicto de intereses no son figuras jurídicas
equivalentes

Los impedimentos y las recusaciones

La finalidad y propósito de estas instituciones procesales, impedimentos y
recusaciones, consiste en asegurar la independencia e imparcialidad del juez,
quien debe apartarse del proceso sometido a su conocimiento cuando se
configura, en su caso específico, alguna de las causales taxativamente
señaladas en la ley.

Por esta razón, cuando el funcionario judicial no manifiesta su impedimento
puede ser recusado. Concretamente, la Corte Constitucional ha establecido que
los impedimentos y recusaciones protegen dos garantías esenciales del poder
judicial y que resultan distintas entre sí, una es la independencia y otra la
imparcialidad en el ejercicio de la función judicial.

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación núm.

1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.

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Al referirse a la independencia indicó que “(…) hace alusión a que los
funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a
presiones, (…) a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones
o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama
judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades
judiciales de sus competencias constitucionales y legales”.

Sobre la imparcialidad, ha señalado que esta “se predica del derecho de
igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual
deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de
un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la
honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe
en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de
sus derechos, sino también de responsabilidad judicial”.17

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado el
concepto de imparcialidad como un atributo de la administración de justicia:

“La imparcialidad del Tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés
directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no
se encuentren involucrados en la controversia.

El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento
cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del
Tribunal como un órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración
de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y
que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones
jurisdiccionales”.18

Así mismo, los “Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura”
aprobados por el VII Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del
Delito y el Tratamiento de la Delincuencia, 1990, indican que “los jueces
resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los
hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias,
alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o
indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.

Tanto el impedimento como la recusación permiten asegurar la transparencia
de la administración de justicia y autorizan a los funcionarios judiciales para
separarse o ser separados del conocimiento de un asunto, cuando en ellos
concurren circunstancias objetivas y/o subjetivas que podrían afectar su
imparcialidad, independencia u objetividad en la toma de sus decisiones
judiciales19.

La independencia que se pretende salvaguardar en el juez se entiende como la
libertad de obrar sin presiones ni injerencias de ninguna persona, y la

17 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-365 del 29.03.00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Posición reiterada en la Sentencia C-496 del 14.09.16. M.P. María Victoria Calle Correa.
18 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Panamá Iribarne vs. Chile (2005).

Fundamentos jurídicos 146 y 147. Citado igualmente por la Corte Constitucional en el Auto 169 de
2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19 Ver la sentencia C-365 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Posición reiterada en la sentencia

C-600 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa) y Sentencia C-496 del 14.09.16. M.P. María
Victoria Calle Correa

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imparcialidad, como la igualdad de trato a los sujetos procesales, la rectitud y la
ecuanimidad, para que sus decisiones estén desprovistas de circunstancias que
puedan perturbar su ánimo o menguar su serenidad, como el interés personal,
el afecto, la animadversión, la predeterminación, por citar algunos ejemplos.

Conforme con ello, el legislador, en ejercicio de la facultad de configuración
normativa incorporó en el ordenamiento jurídico las instituciones procesales de
impedimentos y las recusaciones, con miras a garantizar la independencia e
imparcialidad del funcionario judicial, quien oficiosamente o por haber sido
recusado, debe apartarse del proceso que conoce cuando se configura, para su
caso particular, alguna o varias de las causales que se encuentran descritas en
la ley.

Como los impedimentos y la recusación son institutos de aplicación excepcional
en tanto conducen a declinar o exceptuar el cumplimiento de la función
jurisdiccional a cargo del funcionario judicial, las circunstancias que dan lugar a
ellos deben estar consagradas de manera taxativa en la ley y su alcance ha de
establecerse a partir de una interpretación restrictiva.

Por esto, el juez que considere estar impedido y realice la manifestación
respectiva, debe expresar la causal que invoca e indicar suficientemente los
hechos o motivos con base en los cuales considera estar inmerso en una de
aquellas hipótesis que lo llevarían a ser separado del conocimiento del asunto,
mientras que si es recusado, quien lo hace está impelido a demostrar la
concurrencia de esos eventos expresos, objetivos o subjetivos, en relación con
el juez al que recusa.

2.6.1.2 El conflicto de intereses

En el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política se consagró como
causal de pérdida de investidura la violación del “régimen de conflicto de
intereses” a que se refiere el artículo 18220 superior, sin que se definiera en
forma precisa su contenido normativo, dando cabida a la existencia de un
“concepto jurídico indeterminado”, como lo ha establecido en su jurisprudencia
la Sala Plena de esta Corporación21.

Como la Constitución Política de 1991 no definió en forma precisa el contenido
normativo del conflicto de intereses sino que describió algunas situaciones en
que pueden encontrarse los congresistas en el marco de sus funciones, que
develan un provecho o ventaja personal en favor del parlamentario o de su
círculo cercano, corresponde al interprete establecerlo en cada caso concreto,
de acuerdo con la situación fáctica puesta en conocimiento y a la apreciación
en conjunto de las pruebas allegadas al expediente.

Para dotar de contenido el mencionado concepto, esta Corporación22 ha venido
dando aplicación a los siguientes tres principios: i) la moralidad ii) la protección

20 CP. Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las

situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos
sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las
recusaciones.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 12.04.11. Rad.

11001-03-15-000-2010-01325-00(PI). M.P. Enrique Gil Botero y Sentencia del 9.11.16. M.P. William
Hernández Gómez. Rad. 11001-03-15-000-2014-03117-00(PI).
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de mayo de

2012, Expediente No. 11001-03-15-000-2010-01329-00(PI), M.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Demandante: Juan Pablo Betancourt Barrera

a la confianza legítima depositada por los ciudadanos en sus elegidos iii) el
resguardo de una conducta proba en el ejercicio de los cargos de elección
popular. Además, ha indicado que el interés debe ser de carácter moral o
económico y respecto de éste debe acreditarse el beneficio o provecho que se
obtiene o se obtendría en relación con el funcionario del que se predica su
existencia.

A su turno, el artículo 182 de la Constitución Política señala el deber que tienen
los congresistas de informar sobre los posibles conflictos de dicha índole -moral
o económico- que se presenten en el ejercicio de las funciones que les
corresponden, esto significa que el conflicto de intereses se puede presentar
tanto en el desarrollo de las funciones legislativas, como en las de control
político y en la judicial, asignadas constitucional y legalmente al Congreso de la
República.

De acuerdo con lo expuesto sobre los institutos procesales del
impedimento, la recusación y la figura del conflicto de intereses, es claro
que los dos primeros obedecen a la taxativa predeterminación del
legislador respecto de algunas situaciones, eventos o condiciones que,
cuando concurren en el funcionario judicial, constituyen per se un riesgo
a su imparcialidad e independencia respecto de los asuntos que tramita y
decide.

Mientras que, el conflicto de intereses, censura la incompatibilidad entre
el interés particular del parlamentario y el interés general contenido en los
asuntos de los que debe participar, conocer y decidir en el ejercicio de
cualquiera de las funciones congresales, porque de su decisión, en un
sentido u otro, el congresista deriva o podría derivar un provecho o
ventaja personal o para sus círculos cercanos, con la consecuente
afectación de la moralidad, la confianza legítima de sus electores y
probidad exigidas de los congresistas»23 (Subrayas y negrillas de la Sala)

67. De acuerdo con la jurisprudencia citada, el conflicto de intereses como causal
de pérdida de investidura censura la incompatibilidad entre el interés particular del
concejal y el interés general inmerso en los asuntos sobre los cuales debe participar
y decidir en ejercicio de las funciones político-administrativas que le corresponden
como miembro del cabildo municipal, pues de su decisión puede derivarse un
provecho, utilidad o ventaja personal o en favor de terceros cercanos, en desmedro
del deber constitucional de hacer prevalecer el interés general como principio
ordenador del ejercicio de la función pública que le fue confiada democráticamente.
Por contraste, los institutos procesales del impedimento y la recusación obedecen
a la taxativa predeterminación del Legislador respecto de hipótesis que constituyen
per se un riesgo para la imparcialidad del servidor público frente a los asuntos

23 Consejo de Estado. Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia del 8 de septiembre de 2021.

Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2021 00068 00. Consejero Ponente: Rocío Araújo
Oñate.

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sometidos a su consideración, lo que impone al concejal el deber de manifestarse
impedido y, en caso de omisión, se habilita la recusación.

68. La anterior distinción no es meramente conceptual, sino que presenta
repercusiones en el ámbito sancionatorio, en la medida en que la pérdida de
investidura constituye una consecuencia excepcional que comporta la inhabilidad
perpetua para el ejercicio de derechos políticos. Por ello, su aplicación debe estar
regida por los principios de taxatividad y de interpretación restrictiva de la sanción
previstos en el artículo 29 Superior, lo que exige que la conducta reprochada se
subsuma de manera estricta en los supuestos previstos por el Legislador para esos
efectos; en el caso concreto, en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000
y el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 14 del artículo
11 del CPACA.

69. Ahora bien, en relación con la verificación de los tres presupuestos explicados
anteriormente para la configuración de la causal de pérdida de investidura por
conflictos de intereses, esta Sección fijó inicialmente su posición en la sentencia del
19 de septiembre de 201924, en la que determinó lo siguiente:

“En vista de la aplicación de las normas sobre impedimentos y recusaciones
prevista en la Ley 1437 de 2011, debe mencionarse que el impedimento se
presenta cuando la autoridad pone de manifiesto una situación que, a su juicio,
afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para conocer de una actuación
administrativa o de un proceso judicial y la recusación ocurre, por el contrario,
cuando dicha situación es dada a conocer por parte de alguno de los sujetos
procesales. Al respecto, se ha señalado que los impedimentos y las
recusaciones:

«[…] son instituciones de naturaleza procedimental concebidas con el
propósito de asegurar varios de los principios sustantivos que gobiernan el
cumplimiento de la función pública, como la moralidad, la imparcialidad y la
transparencia, entre otros (art. 209 C.P.). Con ellos se pretende garantizar
las condiciones de imparcialidad y transparencia que debe reunir quien tiene
a su cargo el trámite y decisión de un asunto, bajo la convicción de que solo
de esta forma puede hacerse realidad el postulado de igualdad de las
personas ante la ley […]»25.

24 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Exp: 13001-

23-33-000-2018-00738-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
25 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: ÁLVARO

NAMÉN VARGAS. Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación
número: 11001-03-06-000-2016-00065-00(C). Actor: CORPOAMAZONIA.

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El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en su artículo 11, estableció, de manera general, que cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés público del servidor
público, este debe declararse impedido y, además, prevé una serie de
situaciones en las cuales consideró que los servidores públicos que deben
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, tienen comprometido su
interés particular y directo y, en consecuencia, podrían ser recusados si no
manifiestan su impedimento. Entre dichas situaciones se encuentra la
consistente en:

«[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de
elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el
período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de
los dos períodos anteriores […]»”. (Subrayas de la Sala)

70. Bajo ese entendimiento, la Sección consideró que el artículo 11 del CPACA
establecía las circunstancias de las cuales se desprendía que el servidor público
tenía un interés particular en conflicto con el interés general propio de su investidura.

71. Entre las circunstancias que podían implicar el mencionado conflicto de
intereses y el deber de manifestar impedimento en cabeza de los servidores
públicos, está la prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, esto es, que
el servidor público que debiera adelantar o sustanciar una actuación administrativa,
realizar una investigación, practicar una prueba o pronunciar una decisión definitiva,
hubiera sido compañero de lista o hubiera integrado la misma lista de candidatos a
cuerpos colegiados de elección popular con el interesado en dicha actuación tanto
en el mismo periodo en que la actuación tenga lugar como en algunos de los dos
periodos anteriores.

72. Sobre este punto, en la misma sentencia del 19 de septiembre de 2019 esta
Sección precisó que el numeral 14 del artículo 11 del CPACA no consagra un único
supuesto, sino dos hipótesis diferentes: i) haber hecho parte de listas de candidatos
a cuerpos colegiados de elección popular inscritas por el interesado; y ii) haber
hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
integradas también por el interesado. En ambas hipótesis la norma exige que la
coincidencia en la lista se haya dado en el período electoral concurrente con la
actuación administrativa, o en alguno de los dos períodos electorales anteriores a
esta.

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73. Así, a partir de la sentencia del 19 de septiembre de 2019, esta Sección
sostuvo que las causales establecidas en el artículo 11 del CPACA eran
circunstancias que comprometían la imparcialidad y objetividad del servidor público,
en los siguientes términos:

«55. Visto el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, sobre conflicto de interés
y causales de impedimento y recusación, cuando el interés general propio de la
función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público, este deberá declararse impedido. Asimismo, todo servidor público que
deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser
recusado si no manifiesta su impedimento por, entre otros, “[…] [h]aber hecho
parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas
o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con
la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores […]”.

56. En los términos de la norma indicada supra, se considera que el
impedimento se presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una
situación que, a su juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para
conocer de una actuación administrativa; y la recusación ocurre cuando dicha
situación es da a conocer por cualquier ciudadano en el marco del
procedimiento de que se trate y en los términos del artículo 70 de la Ley 136,
que prevé que “[…] [c]ualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal
de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la respectiva
corporación, podrá recusarlo ante ella […]”»26

74. Igualmente, esta Sección precisó que cuando el servidor público encargado de
adelantar la actuación incurría en alguna de las situaciones descritas en el artículo
11 del CPACA, la norma le atribuía, por esa sola circunstancia, un interés directo y
particular27:
«Precisado lo anterior, se tiene que las decisiones judiciales de esta Sección 28
han establecido que la ley entiende que en las situaciones descritas en el

26 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 11 de mayo de 2023. Exp:
25000231500020220101601, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
27 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 19 de febrero de 2026. Exp:

25000231500020250039701, C.P. Nubia Margot Peña Garzón.
28 Aspecto desarrollado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000 2024-
00175-02, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Ver también Cfr. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-33
000-2018-00738-01(PI). Reiterada en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de
2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01015-01. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth
Peña Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-
01014-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Radicación núm.:

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artículo 11 de la Ley 1437 se encuentra comprometida la imparcialidad y
objetividad de los servidores públicos, por lo que se presenta conflicto de
intereses ante la existencia de intereses personales y directos en relación con
la decisión que se pretende adoptar.

[…]

Y es que la norma asume que, en las situaciones descritas en ese artículo, se
presenta un interés directo y particular del servidor público que tiene a su cargo
el adelantamiento o sustanciación de actuaciones administrativas, la realización
de investigaciones, la práctica de pruebas o la emisión de decisiones definitivas
y, por ello, entiende que se presenta conflicto de intereses».

75. En esta línea, de manera más reciente, tratándose de la causal invocada, esta
Sección señaló que fue el propio legislador quien, al establecer la causal de
impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA, entendió
comprometida la imparcialidad del servidor público que incurriera en ella 29:

«86. La Sección Primera, a partir de la referida sentencia de 19 de septiembre
de 2019, se ha pronunciado en relación con el conflicto de intereses derivado
de la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 14. del artículo
11 de la Ley 1437.

87. Así lo evidencian, entre otras, las sentencias de 19 de septiembre de 201930,
3 de marzo de 202331, 11 de mayo de 202332, 14 de septiembre de 202333, 6 de
marzo de 202534, 2 de mayo de 202535, 24 de julio de 202536; 28 de agosto de
202537 y 30 de octubre de 202538, entre otras, en las cuales se ha señalado de
manera consistente y pacífica que resulta posible acudir a la causal de
impedimento prevista en el numeral 14. del artículo 11 de la Ley 1437, en cuanto
este enunciado normativo está dirigido a todos los servidores públicos que

05001-23 33-000-2024-00237-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de
2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00321-01.
29 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 19 de marzo de 2026. Exp. 17001-23-33-000-

2025-00276-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
30 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de septiembre de 2019. Exp. 13001-23-33-

000-2018-00738-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
31 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de marzo de 2023. Exp. 25000-23-15-000-

2022-01015-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
32 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de mayo de 2023. Exp. 25000-23-15-000-

2022-01016-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
33 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de septiembre de 2023. Exp. 25000-23-15-

000-2022-01014-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
34 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 6 de marzo de 2025. Exp. 50001-23-33-000-

2024-00321-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
35 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 2 de mayo de 2025. Exp. 25000-23-15-000-

2024-00502-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de julio de 2025. Exp. 05001-23-33-000-

2024-01329-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
37 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de agosto de 2025. Exp. 23001-23-33-000-

2024-00197-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón
38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de octubre de 2025. Exp. 05001-23-33-

000-2025-00218-01, C.P.(E) Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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deban adelantar actuaciones administrativas, dentro de los cuales se
encuentran cobijados los miembros de las corporaciones públicas de elección
popular, y la elección del secretario del concejo constituye un procedimiento
administrativo especial que se encuentra regulado en el artículo 2.2.27.1 del
Decreto núm. 1083 de 26 de mayo de 201539, el cual debe adelantarse con
sujeción a los principios de transparencia e imparcialidad.

88. En esta conducta prevista por el legislador se entiende que se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y se
presenta un interés directo, particular y actual en relación con la decisión que
se pretende adoptar».

76. En el reciente fallo de unificación -SU-082- proferido el 15 de abril de 2026, la
Corte Constitucional al abordar el estudio de la causal de impedimento establecida
en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA y del conflicto de intereses como causal
de pérdida de investidura, expuso de manera clara que el análisis en el régimen de
pérdida de investidura no puede limitarse a constatar la ocurrencia de la causal de
impedimento sino que debe estar orientada a probar la existencia del interés directo,
particular y actual que es el factor objetivo o material que determina la
desinvestidura como sanción:

«246. De tal manera que, en la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses, el elemento objetivo alude a la verificación
fáctica del supuesto de hecho de la causal, esto es, constatar si, en un asunto
sometido a la competencia funcional del miembro de la corporación pública de
elección popular, concurrió objetivamente en los presupuestos que configuran
el conflicto y en su actuación institucional en ese asunto […]

247. En paralelo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
enfatizado que no basta con constatar “un factor objetivo” en abstracto. Para
hablar de conflicto de interés, el juez debe verificar, como base, la
presencia de un interés directo, particular y actual, real y no aleatorio, en
la decisión sometida a consideración del funcionario40.

248. En tal sentido, para los concejales y diputados, en lo referente a la causal
de conflicto de interés por haber incurrido en una causal de impedimento,
es necesario precisar que el conflicto de intereses como causal de pérdida
de investidura no puede reducirse a la mera configuración formal de una
causal de impedimento, pues esta última opera como un parámetro
preventivo de abstención, pero no sustituye la verificación del
presupuesto material de la sanción41. La jurisprudencia ha sido enfática en

39 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
40 Corte Constitucional, Sentencias SU-379 de 2019 y SU-501 de 2024.
41 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo

de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15- 000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-
2024-01431-00. También, Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre
de 2025, expediente 50001-23-33-000-2024-00302-01. Igualmente, salvamento de voto expresado

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que la sola subsunción fáctica en una hipótesis de impedimento resulta
insuficiente para estructurar la causal sancionatoria si no se acredita, de manera
cierta y concreta, la existencia de un interés directo, particular y actual que se
proyecte sobre el asunto decidido y sea susceptible de generar un beneficio
personal o de sus allegados42»43. (Negrillas de la Sala)
.

77. Se tiene entonces que tanto para la Corte como para el Consejo de Estado la
sola omisión de manifestar el impedimento no es causal de pérdida de investidura,
pues precisamente en esta clase de procesos sancionatorios es necesario que se
demuestren, en su orden, los elementos objetivo y subjetivo. Sin el ánimo de
redundar, la Corte Constitucional también afirmó en el fallo recientemente proferido:

«250. Sin embargo, la omisión de manifestar un impedimento no produce,
por sí sola, la pérdida de investidura, pues las normas que prevén esta
sanción exigen la verificación tanto del elemento objetivo como del
subjetivo. Por ello, aunque actuar estando impedido o abstenerse de declarar
el impedimento cuando existe el deber de hacerlo sí configura una falta
disciplinaria, ello no es equivalente ni análogo al fenómeno del conflicto de
intereses sancionable con pérdida de investidura, en tanto este último se refiere
específicamente a la incompatibilidad entre el interés particular y el interés
general involucrado en el asunto sometido a su decisión44. Esto exige, entonces,
la demostración de un “genuino conflicto de intereses” y no la sola constatación
de la concurrencia de la causa de impedimento, en tanto esto implicaría
desnaturalizar su carácter excepcional como máxima sanción político-
disciplinaria»45. (Negrillas de la Sala)

78. De lo expuesto se desprende que, para que se configure la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, no basta con
acreditar que el concejal incurrió en una causal de impedimento sin manifestarlo –
como la prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA–, sino que resulta
indispensable demostrar que existía un interés directo, particular y actual en su
cabeza o en la de su círculo cercano y que este además sea incompatible con el

por el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente 05001-23-33-000- 2025-00218-01.
42 Ibidem
43 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2026. MP. Vladimir Fernández Andrade.
44 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Sentencia del 23 de marzo

de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; Sentencia del 9 de noviembre de 2016,
expediente 11001-03-15- 000-2014-03117-00; Sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00068-00; Sentencia del 31 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-
2024-01431-00. También, salvamento de voto expresado por el consejero Pablo Andrés Córdoba
Acosta a la Sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado en el expediente 05001-23-33-000-2025-00218-01.
45 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2026. MP. Vladimir Fernández Andrade

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interés general propio de la investidura. La Corte Constitucional expuso sobre este
punto lo siguiente:

«251. Así, se entiende que el componente objetivo de esta causal se orienta a
establecer, desde una perspectiva material, si la actuación del integrante de la
corporación pública se desarrolló en un escenario que comprometía su deber
de imparcialidad, por la concurrencia de una situación personal capaz de incidir
en la decisión adoptada dentro del ámbito de sus funciones. Este examen
permite identificar si el ejercicio del cargo se vio afectado por una circunstancia
incompatible con la finalidad pública que debe guiar la actuación del elegido, en
tanto se quebranta la exigencia de transparencia que rige el desempeño de la
función representativa. Todo ello a partir de la constatación fáctica de la
actuación endilgada y su confrontación con los supuestos descritos en la ley»46.

79. Ahora bien, de lo señalado por la Corte respecto de la causal de desinvestidura
por conflicto de intereses no puede colegirse, en modo alguno, que los servidores
públicos eventualmente pueden desentender el deber de declarar sus
impedimentos en los supuestos previstos en la ley, pues, como atrás se expresó,
este mecanismo permite hacer efectivo los principios de imparcialidad y de
transparencia de la función pública y protege al servidor en el desempeño de las
funciones a su cargo. Tampoco significa que, existiendo la causal respectiva, los
terceros estén imposibilitados de presentar la recusación correspondiente

80. En este sentido, aunque la omisión de la declaración del impedimento no
genera per se la pérdida de investidura, ello no significa que este hecho no tenga
otros efectos y consecuencias jurídicas –de carácter disciplinario o en otros
regímenes de responsabilidad–, ni que el servidor pueda desatender este que es un
deber legal a su cargo.

81. Recordó la Corte Constitucional en la sentencia a la que venimos haciendo
mención que, en razón del carácter sancionatorio del juicio de perdida de
investidura, el análisis el juez no puede agotarse en la constatación del elemento
objetivo, sino que debe descender al elemento subjetivo

«252. Sin embargo, se insiste, tratándose del juicio de pérdida de investidura,
por su carácter sancionatorio y por la intensidad de las consecuencias que
genera, la sola verificación de ese presupuesto material no agota el análisis
requerido, pues la determinación de la responsabilidad demanda una valoración
adicional que trascienda el plano puramente objetivo y permita establecer si el

46 Ibidem.

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comportamiento resulta jurídicamente reprochable en el caso concreto desde la
noción de culpabilidad»47.

82. Teniendo en cuenta el marco anterior corresponde a la Sala establecer si en
el asunto sub judice se hallan acreditados los siguientes elementos o presupuestos:
(i) la calidad del sujeto activo; (ii) la existencia de un interés directo, particular y
actual, de naturaleza moral o económica; y (iii) la participación efectiva del servidor
en el trámite, pese a la existencia de dicho interés, sin haber manifestado
impedimento o sin haber sido apartado mediante recusación.

83. En relación con el primer presupuesto, la Sala observa que de acuerdo con
las actas de escrutinio E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil
aportadas por el accionante48, no existe controversia en que Edelmira Goyeneche
Durán y José Ismael Córdoba fueron elegidos y adquirieron la calidad de concejales
de Trinidad, Casanare, para el periodo constitucional 2024-2027.

84. Respecto al tercer presupuesto, esto es, la participación de los concejales
accionados en el trámite de elección del secretario general del concejo de Trinidad,
Casanare, obran en el expediente las pruebas a las que se alude ad infra sin que
estas, tal como lo dispuso la Corte Constitucional, impliquen per se la existencia de
un conflicto de intereses, toda vez que la verificación de este no puede agotarse en
la verificación o constatación de la existencia de la casual de impedimento, para el
caso, la prevista en el numeral 14 del artículo 11 del CPACA.

85. Tratándose del segundo de los presupuestos de la causal de pérdida de
investidura por conflicto de intereses, la Sala observa que el demandante no
acreditó que los cabildantes estuvieran asistidos por un interés particular, directo y
actual, de carácter moral o económico, que los afectara de manera personal y
concreta a ellos, a su círculo familiar cercano o a sus socios, como consecuencia
de su participación en el trámite de elección del Secretario General de la
Corporación, en el cual se inscribió una persona que integró, junto con aquellos, la
lista de candidatos por el mismo partido político para aspirar al Concejo Municipal
de Trinidad en el período constitucional correspondiente.

47 Ibidem.
48 Índice 3 de SAMAI, Cuaderno Principal, documento 002ED_002AnexoDemandapdf

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86. Por el contrario, la argumentación del accionante en el libelo introductorio se
limitó a señalar que los convocados incurrieron en una omisión al no manifestar
impedimento para participar en el referido trámite. No fue sino hasta el escrito
mediante el cual la parte actora descorrió el traslado del recurso de alzada, que el
demandante desarrolló el argumento según el cual el conflicto de intereses se
habría configurado porque, en su opinion, dentro del proceso se acreditó que los
concejales convocados manipularon el trámite con el fin de favorecer a la señora
Haengie Katherine Cardona Cardona. No obstante, en criterio de la Sala, dicha
afirmación resulta extemporánea, pues no fue formulada en la oportunidad procesal
correspondiente, esto es, con la presentación de la demanda, so pena de trasgredir
el derecho de defensa de los accionados, razón por la cual dicho argumento no
puede ser tenido en cuenta en esta instancia, más aún cuando no se encuentra
acreditado dentro del plenario.

87. Se agrega a lo expuesto que incluso en la contestación de la demanda y en
los recursos de alzada, los convocados pusieron de presente la ausencia de
soportes probatorios para atribuirles un conflicto de intereses al sostener que tan
impersonal fue su participación en el trámite de elección del secretario general de
la Corporación, que otorgaron mayor puntuación a la ciudadana Zuleima Lozano
Cerón y no a Haengie Katherine Cardona Cardona.

88. De lo anterior da cuenta la Resolución número 025 del 20 de noviembre de
2024, emitida por el presidente del Concejo Municipal, esto es el señor José Isamel
Córdoba Romero (demandado), en la que se dispuso la publicación de los
resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes, estudios y
experiencia de las candidatas. En particular, en la parte resolutiva de este último
acto se asignaron las siguientes calificaciones a las aspirantes:

«Artículo Primero. Publicación de Resultados Definitivos. De conformidad
con el cronograma de la Convocatoria Pública No. 018 de 2024, se publican los
resultados definitivos de la prueba de Valoración de Estudios Académicos y
Experiencia Laboral, aplicada a los aspirantes que fueron admitidos en el
proceso, según el informe entregado por la Mesa Directiva:

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»49

89. A su vez, el 22 de noviembre de 2024 se celebró sesión plenaria del Concejo,
la cual fue presidida por el concejal José Isamel Córdoba Romero, mientras que la
concejal Edelmira Goyeneche Durán actuó como secretaria ad hoc. En dicha sesión,
entre otras actuaciones, se practicó la prueba de entrevista. Al respecto, obran en
el expediente los formatos de calificación de las entrevistas diligenciados por los
concejales presentes, allegados al proceso por el actual presidente del Concejo de
Trinidad en cumplimiento del requerimiento efectuado por el Tribunal Administrativo
de Casanare. Entre tales documentos se encuentran los suscritos por los concejales
José Isamel Córdoba Romero y Edelmira Goyeneche Durán, quienes asignaron
mayor puntaje a la señora Zuleima Lozano Cerón que a la señora Haengie Katherine
Cardona Cardona, como se evidencia a continuación:

«

49 Visible a folio 69 del escrito de demanda.

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»50.

90. Consta igualmente que, en la Resolución 29 del 28 de noviembre de 2024, se
definió la lista definitiva de elegibles, así:

«RESUELVE ARTICULO PRIMERO. Lista definitiva de elegibles. Conformar,
en estricto orden de mérito, la lista definitiva de elegibles como resultado de las
pruebas aplicadas dentro de la Convocatoria Pública No. 018 de 2024 para
proveer el cargo de Secretaria (o) General del Concejo Municipal adelantado
por el Concejo Municipal de Trinidad, Casanare en los términos, condiciones y
procedimientos establecidos en la Resolución No. 018 de 2024, de conformidad
con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. La lista de
elegibles quedará integrada de la siguiente manera:

50 Índice 34 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI del Tribunal

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»51

91. Finalmente, de la lectura del Acta número 075 del 30 de noviembre de 2024
se advierte que, antes de abordarse la elección de la secretaria general del Concejo,
fue puesta en conocimiento de la plenaria la recusación formulada contra los
concejales José Isamel Córdoba Romero y Edelmira Goyeneche Durán, quienes,
luego de emitido el concepto de la Comisión de Ética, aceptaron la recusación y se
retiraron del recinto, sin participar en las decisiones adoptadas con posterioridad.
En la misma sesión se dio lectura a las declinaciones presentadas por las dos
integrantes de la lista de elegibles; sin embargo, la plenaria votó negativamente su
aceptación y, acto seguido, procedió a elegir a la señora Haengie Katherine
Cardona Cardona como secretaria general del Concejo. Posteriormente, mediante
memorial del 13 de diciembre de 2024, la elegida informó que no se posesionaría
en el cargo por razones personales52.

92. En este orden de ideas, a juicio de la Sala no existen dentro del plenario
pruebas que acrediten que el interés público, propio de la función del cabildante de
Edelmira Goyeneche Durán y José Ismael Córdoba, hubiese entrado en conflicto
con un interés personal al momento participar en el trámite de selección del
secretario general del concejo de Trinidad.

93. Así las cosas, la Sala no encuentra verificado el elemento objetivo de la causal
prevista en el numeral 48 de la Ley 617 de 2000, por violación del régimen del
conflicto de intereses.

6.3.2. Del elemento subjetivo

51 Visible en a folio 90 del escrito de demanda
52 Ibidem.

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94. De acuerdo con la estructura de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 1 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, la verificación del elemento subjetivo supone, en primer
lugar, la acreditación del elemento objetivo, en tanto ambos presupuestos son
concurrentes y se encuentran estrechamente relacionados. Al respecto la Corte
Constitucional en la sentencia SU-082 de 2026 señaló:

«442. Metodológicamente, el escrutinio para la averiguación de la posible
ocurrencia de una causa de pérdida de investidura debe seguir ese orden, es
decir, primero la verificación objetiva del supuesto típico y solo después, si aquel
se acredita, el examen subjetivo. En efecto, tal como se explicó líneas atrás, si
el elemento objetivo no se configura, el análisis de culpabilidad carece de razón
jurídica, dado que no existiría una conducta material delimitada sobre la cual
pueda recaer un reproche sancionatorio».

95. En el caso concreto, al no acreditarse la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza de los accionados, no resulta procedente abordar el
análisis del elemento subjetivo de la conducta.

96. En suma, la Sala revocará la sentencia proferida el 14 de marzo de 2025 por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare resolvió decretar la pérdida
de investidura de los accionados.

97. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no
se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura es una
acción pública en la que se ventila un interés general.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y en consecuencia NEGAR las
pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa.

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SEGUNDO: DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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