Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2022-01015-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2022-01015-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2022-01015-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 250002315000202201015-01
Solicitante: Yessika Tatiana Barrera Barrera
Concejal: María Clara Name Ramírez
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Solicitante
contra la sentencia de 15 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La señora Yessika Tatiana Barrera Barrera -en adelante la Solicitante- pidió,
en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de
investidura, entre otros1, de la Concejal de Bogotá D.C., señora María Clara Name
1 Se resalta lo siguiente: i) la señora Yessika Tatiana Barrera Barrera presentó la solicitud de pérdida de
investidura, inicialmente, contra Dora Lucía Bastidas Ubaté, Edwuard Anibal Arias Rubio, Julián Espinoza
Ortiz, María Clara Name Ramírez, Martín Rivera Alzate y Julián David Ramírez Sastoque. El proceso se
identificó con el NUR 250002315000202200981-00; ii) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
auto de 12 de septiembre de 2022 proferido en el proceso identificado con NUR 250002315000202200981-
00, admitió la solicitud contra Dora Lucía Bastidas Ubaté, ordenó escindir la solicitud en relación con los
demás concejales y remitir copias integrales por cada concejal a la Secretaría General del Tribunal a efecto
de que se sometiera a reparto cada solicitud individualmente considerada, entre los Magistrados del Tribunal;
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Ramírez, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista en el numeral 2.° del
artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, sobre violación del régimen de
conflicto de intereses, por la conducta descrita en el numeral 14 del artículo 11 de
la Ley 1437 de 18 de enero de 20113.
Pretensiones
2. La pretensión que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura 4 es la
siguiente:
“[…] II. PRETENSIONES
1. Que se declare la Pérdida de Investidura de […] MARÍA CLARA NAME
RAMÍREZ, […] como concejales de Bogotá.
2. Que se realicen las demás declaraciones derivadas de la pérdida de investidura
de […] MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, […] como concejales de Bogotá […]”.
Presupuestos fácticos
3. La Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos y argumentos para
fundamentar sus pretensiones:
3.1. Manifestó que las señoras María Clara Name Ramírez y Dora Lucía
Bastidas Ubaté, entre otros, fueron elegidas como concejales de Bogotá D.C., en
representación del Partido Alianza Verde, para el periodo constitucional 2020-
2023.
3.2. Señaló que en sesión plenaria de 17 de mayo de 2022 fueron presentados
escritos de recusación contra, entre otros, la Concejal Bastidas Ubaté; y que el
Presidente del Concejo de Bogotá D.C., en esa misma sesión, sometió a votación
en bloque la precitada recusación. Asimismo, afirmó que la Concejal Name
Ramírez participó, con su voto negativo y en bancada, en la decisión sobre no
impartir trámite a la recusación formulada contra su compañera de bancada, sin
manifestar impedimento en virtud a lo previsto en el numeral 14 del artículo 11 de
la Ley 1437.
iii) el Tribunal, mediante auto de 21 de septiembre de 2022, proferido en el proceso identificado con el NUR.
250002315000202201015-00, admitió la solicitud en relación con la señora María Clara Name Ramírez.
2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
4 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Ver documento electrónico denominado “001 ESCRITO DE DEMANDA.pdf”.
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Causal de pérdida de investidura alegada y argumentos que sustentan la
solicitud
4. La Solicitante manifestó que el artículo 312 de la Constitución prevé que la
“Ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los
Concejales […]”. Asimismo, señaló que el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley
136 determina como causal de pérdida de investidura la violación del régimen de
conflicto de intereses.
5. Explicó que los el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, sobre conflicto
de interés y causales de impedimento y recusación, establece que todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, podrá ser
recusado si no manifiesta su impedimento por “[…] [h]aber hecho parte de listas
de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores […]”.
6. Indicó que, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado, los
supuestos para la configuración del conflicto de interés son: i) tener el acusado la
calidad de concejal; ii) existir un interés directo, particular y concreto por el
miembro de la corporación pública de elección popular o alguna de las personas
señaladas en la ley, distinto al propio de la función pública o al que le asiste a la
comunidad en general, que le impida a este participar en el trámite de los asuntos
sometidos a su consideración; iii) la no manifestación de impedimento frente al
asunto que es motivo de decisión; iv) haber conformado el quorum o participado
en el debate o votación del asunto; y v) que su participación tenga lugar en un
asunto de conocimiento funcional del concejal.
7. Señaló que en este caso se encontraba probada la condición de concejal de
la señora Name Ramírez; su interés directo, particular y concreto, descrito
taxativamente en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, que le impedía
participar en el trámite de la recusación presentada contra su compañera de
bancada. Asimismo, que la Concejal no manifestó impedimento en la sesión de
17 de mayo de 2022 y, por el contrario, participó en el trámite de la precitada
recusación, en el marco de un asunto de conocimiento funcional de la concejal.
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Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
8. La Concejal, por conducto de apoderado, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura5 y solicitó que
se negaran sus pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:
8.1. Se pronunció sobre los presupuestos fácticos de la solicitud en el sentido
de señalar que: i) no es cierto que se haya sometido a consideración el trámite de
las recusaciones porque lo que se sometió a consideración de la plenaria del
Concejo de Bogotá D.C. en la sesión de 17 de mayo de 2022, fue una proposición
o moción de trámite consistente en el rechazo de plano de unas recusaciones que
no cumplían los requisitos establecidos en el reglamento del Concejo; ii) no le
asistía el deber legal de manifestar impedimento por la causal prevista en el
numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, en virtud del trámite de rechazo de
plano de las recusaciones que no cumplían requisitos formales; y iii) no participó
con su voto positivo o negativo en el trámite de fondo de alguna recusación
presentada contra la Concejal Bastidas Ubaté.
8.2. En relación con la controversia, indicó que la Solicitante propuso una
interpretación errada del ámbito de aplicación del artículo 11 de la Ley 1437 que
además no desarrolla las razones en que sustenta la existencia del precitado
conflicto de interés por una situación particular, actual y concreta que colisione
con el interés general y en relación con la sesión plenaria realizada el 17 de mayo
de 2022. Agregó que mucho menos se probó el elemento subjetivo.
8.3. En relación con la conducta, explicó que el mandato previsto en el numeral
14 del artículo 11 de la Ley 1437 no le es exigible a la Concejal de Bogotá D.C.
porque su fuero y las normas que regulan de manera especial el régimen de sus
actuaciones en su condición de concejal, la excluyen de su ámbito de aplicación
en los términos del artículo 322 de la Constitución Política y del artículo 2 de la
Ley 1437.
8.3.1. Al respecto, explicó que la norma especial aplicable a los concejales de
Bogotá D.C. es la Ley 1421 de 21 de julio de 19936, y la Ley 136, en especial, su
artículo 70; y, en esa medida, teniendo en cuenta que la solicitud se presentó en
5 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Ver documento electrónico denominado “016 CONTESTACION DE LA DEMANDA”.
6 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”.
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relación con una norma de la Ley 1437, realizar el estudio sobre el artículo 70 de
la Ley 136 implicaría violación de sus derechos de contradicción y de defensa y
rompería el principio de congruencia entre lo pedido y la sentencia.
8.4. En relación con la conducta, el régimen de conflicto de intereses y la
declaratoria de impedimentos, manifestó, por un lado, que la forma en que se
presentan los hechos no corresponde a lo que realmente ocurrió en la sesión
plenaria; y, por el otro, que a la Concejal no le asistió ni le asiste ningún interés
particular en la decisión que se adoptó.
8.5. Afirmó que en la sesión plenaria de 17 de mayo de 2022 no se resolvió
sobre el fondo de alguna recusación presentada contra algún concejal y explicó
que en esa sesión se advirtió que en forma sistemática y con el objeto de impedir
una elección en forma temeraria, se estaban presentado escritos de recusación
contra algunos concejales, los cuales no cumplían con los requisitos previstos en
el Acuerdo 741 de 25 de junio de 20197.
8.6. Manifestó que lo anterior motivó que el presidente del Concejo sometiera,
en una moción de procedimiento, a consideración de los concejales, el rechazo
de plano de dichas recusaciones por considerar que no cumplían con los
requisitos formales establecidos en el reglamento; decisión que se sometió a
consideración y en la que, según explicó, “[…] se conoce en el procedimiento
administrativo como una decisión intermedia o de mero trámite, que no decide de
fondo una situación jurídica […]”.
8.7. Indicó que la decisión adoptada no resolvió en forma definitiva sobre el
fondo de las recusaciones y, en especial, sobre la situación particular de la
Concejal Bastidas Ubaté. Es decir, que no se probó en el marco de las normas
que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura la existencia de un interés
particular y concreto de la Concejal y por ello no se supera ese primer punto de
análisis de las situaciones previstas en el artículo 11 de la Ley 1437. Agregó que
en este caso ese análisis “[…] debe circunscribirse a la actuación a la que
perteneció dicho debate, y es el de la elección del Contralor Distrital, que encarna
en sí mismo el interés general, pues es deber de la corporación del cabildo realizar
dicha elección, no puede sustraerse de este […]” y que, por el contrario, lo cierto
7 “Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital”.
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es que adelantar el procedimiento y eliminar los obstáculos de ese trámite
obedecía a un interés superior.
8.8. Señaló que, en todo caso, argumentar que “[…] los miembros de las
corporaciones públicas, [deben] ausentarse o declararse impedidos para
adelantar la votación de decisiones en relación con sus compañeros contradice
los postulados constitucionales […]” y para el efecto y como fundamento, cita un
aparte de la sentencia C-337 de 2006 proferida por la Corte Constitucional8.
8.9. Por último, en relación con el elemento subjetivo, explicó que en la solicitud
de pérdida de investidura no se hizo mención a este elemento y que, en todo caso,
la Concejal actuó “[…] con pleno apego a las normas que regulan sus actuaciones
en condición de Concejal de la Capital, todas sus actuaciones han sido
desplegadas en el pleno convencimiento de actuar dentro del marco de lo
dispuesto en la ley, y con la finalidad única de hacer prevalecer el interés general
sobre los intereses particulares, tanto los suyos como los de cualquiera otro que
pueda pretender torpedear el ejercicio de las funciones constitucionales y legales
asignadas al Concejo de Bogotá […]”.
La audiencia pública prevista por el artículo 12 de la Ley 1881
9. La audiencia pública9 tuvo lugar el 24 de octubre de 2022 con la asistencia y
participación de la Concejal y su apoderado; y el Ministerio Público.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia10
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la sentencia de 15 de
noviembre de 2022, en primera instancia, resolvió “NEGAR la solicitud de pérdida
de investidura de la concejal de Bogotá D.C. María Clara Name Ramírez, […]
según lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia […]”.
8 La cita es la siguiente: “[…] En efecto, en materia del procedimiento de resolución de los impedimentos,
ninguna norma de la Carta Política como de la Ley 5 de 1992, expresamente prohíbe, y de manera general,
que el Congresista que se ha declarado impedido pueda participar en la decisión de los impedimentos
presentados por otros congresistas, pues lo que si les está vedado es participar en la decisión de su propia
solicitud de impedimento, así como cuando se les acepta un impedimento, procede excusar del deber de
votar que tienen. Un entendimiento contrario de las disposiciones que regulan el tema, puede traer como
consecuencia la imposibilidad de definir los impedimentos que se presenten por varios Congresistas a la vez,
llegándose en la práctica a lo que se denominó un ‘callejón sin salida’, pues podría en un momento dado
reducirse el quórum decisorio a un quantum inferior al necesario para resolverlos […]”.
9 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documentos denominados “026 ACTA DE AUDIENCIA” y “027 REGISTRO AUDIO
Y VIDEO AUDIENCIA PUBLICA”.
10 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “029 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA”.
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Consideraciones del Tribunal
11. El Tribunal consideró que el asunto a resolver era “[…] determinar si la
concejal de Bogotá D.C., María Clara Name Ramírez, incurrió en causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses previsto
en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, con ocasión a que en la
sesión del cabildo celebrada el 17 de mayo de 2022, no manifestó impedimento
para votar en el trámite de la recusación presentada en contra de la concejal Dora
Lucía Bastidas Ubaté, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 numeral
14 de la Ley 1437 de 2011 […]”.
12. Luego de enunciar los hechos probados y los marcos normativo y desarrollos
jurisprudenciales de la pérdida de investidura y de la causal invocada objeto de
estudio, consideró el Consejo de Estado ha “[…] precisado que las normas
constitucionales y legales no pueden precisar in extenso las situaciones que
impliquen un conflicto de intereses, porque se trata de un concepto jurídico
indeterminado, lo cual implica que en el ejercicio hermenéutico el Juez deberá
observar las coordenadas de la realidad o las circunstancias que rigen cada caso
concreto, no siendo pertinente inferir reglas generales cuando se trata de conflicto
de intereses […]”.
13. Consideró que la Ley 1437 es posterior y que esta no es incompatible con los
presupuestos de la Ley 136, en especial, sus artículos 55 y 70, teniendo en cuenta
además que la prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 resulta
aplicable a los concejales y no comporta una aplicación extensiva inapropiada.
14. Consideró que se encontraba probado que la señora Name Ramírez ostenta
la condición de Concejal de Bogotá D.C., para el período 2020-2023 y, con el
objeto de determinar la existencia o no de interés, consideró que lo que se sometió
a consideración de la plenaria del Concejo de Bogotá D.C. y en la que participó y
votó la Concejal, fue si se tramitaba o no la recusación presentada contra su
compañera de bancada, la Concejal Bastidas Ubaté.
15. Consideró que la decisión se “[…] circunscribía a aprobar o negar el inicio del
trámite atendiendo al cumplimiento o no de requisitos formales que la solicitud
habría de cumplir de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del
Reglamento del Concejo Distrital, bajo el entendido de algunos de los concejales
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que intervinieron en el debate (y que conforme a la votación resultó ser la posición
mayoritaria), de que el Reglamento exige una tarifa presupuestal para que esas
solicitudes de recusación puedan ser tramitas y resueltas de fondo al interior del
cabildo, a más de la convicción colectiva de que debían estar presentes la
totalidad de los concejales para examinar si la recusación reunía o no dichos
requisitos formales, estimándose que esa discusión era distinta a la resolución del
fondo de la misma […]”. Por ello, consideró que lo que se puso en consideración
de la Concejal fue un asunto de trámite y admisibilidad de una petición, sin
abordarse el estudio de fondo.
16. Consideró que no se probó la existencia de un interés directo, de carácter
privado, en cabeza de la Concejal Name Ramírez, que prevaleciera sobre los
intereses públicos, al encontrarse en poder de adoptar una decisión de dar trámite
o no a la recusación planteada en contra de su compañera de lista y agregó que
dicha situación no derivó en provechos indebidos representados en derechos
subjetivos, ventajas u enriquecimiento en su favor, o una exoneración de
desventajas, por las cuales hubiere debido presentar impedimento.
17. Explicó que, por el contrario, que no se desvirtuó la presunción de buena fe y
que lo probado es que sus actos se orientaron a dar prevalencia al interés general
del Distrito Capital de Bogotá, en el marco de sus responsabilidades como
Concejal.
18. Por lo anterior, consideró que no se probó el supuesto del elemento objetivo,
relativo a la existencia de un interés directo, particular y actual y que, por ello, no
se realizaría el estudio del elemento subjetivo.
El recurso de apelación presentado por la Solicitante
19. La Solicitante presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revoque
la sentencia proferida por el Tribunal y, en su lugar, se decrete la pérdida de
investidura, lo cual fundamentó en los siguientes términos11:
“[…] De conformidad con los planteamientos que se hicieron en la Demanda, se
indicó que la concejal MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, incurrió en la causal de
conflicto de intereses, en dos oportunidades diferentes, esto es, cuando sin
declararse impedido, deliberó y votó por la terna conformada por el Señor Julián
11 Cfr. Documento denominado “035 RECURSO DE APELACION DEMANDANTE”.
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Mauricio Ruiz, y cuando deliberó y votó para que no se tramitara la recusación
interpuesta en su contra.
De cara a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud
de pérdida de investidura, como quiera que, en el primer supuesto, relativo a no
haberse declarado impedido para deliberar y votar por la RECUSACION en su
contra, resulta inminente pensar que el solo hecho de votar la recusación le asigna
responsabilidad, cuando el deber ser por el simple hecho era impedirse y NO
participar de la votación.
Por ende, no le asiste razón al Tribunal frente al primer supuesto planteado como
uno de los argumentos para lograr la pérdida de investidura de la Concejal MARÍA
CLARA NAME RAMÍREZ, referente a no haberse declarado impedida para
deliberar y votar por la RECUSACION, adicional quiera que exigir la prueba del
dolo o la culpa, sería lo mismo que desnaturalizar por completo dicha acción, y
premiar a quienes con simples actuaciones contravengan todo el ordenamiento
jurídico.
Sin embargo, dentro de la acción se brindó información y pruebas suficientes para
poder inferir dicho dolo, pues se evidencio de manera objetiva que el acá concejal
VOTO cuando no podía realizarlo.
Exigir en este caso una prueba directa del dolo, sería lo mismo que exigir la
práctica de la tortura al concejal para que manifieste de su propia boca que actuó
con dolo.
Si votar a su favor no constituye un conflicto de interés que comporte dolo en sí
mismo, de aquí en adelante nada podrá ser catalogada como un conflicto de
interés, a no ser que se reforme la constitución y se avale la tortura para poder
conseguir a través de ese medio o de otros medios ilegales la confesión del
concejal.
Dicho de otra manera, si aquí no existe un conflicto de interese, no lo existirá en
ninguna parte, pues brilla de bulto que lo que hubo fue una violativa de la
normatividad objetiva […]”.
Traslado del recurso de apelación
20. Surtido el traslado del recurso de apelación, la Concejal se pronunció sobre el
recurso de apelación12. La Solicitante y el Ministerio Público guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
21. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el principio de
congruencia en los procesos de pérdida de investidura; vi) el marco normativo y
12 Cfr. Índice 8 de Samai. Documento electrónico denominado
“8_250002315000202201015012RECIBEMEMORIAL20230201150726”.
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desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por violación del
régimen de conflicto de intereses; vii) el análisis del caso concreto; y viii) las
conclusiones.
Competencia de la Sala
22. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre
la aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de
concejales y diputados; iii) el artículo 15013 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201114, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el
artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201915: la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto.
23. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar
lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite.
24. Vistos los artículos 32816 y 32017 de la Ley 1564, la Sala se pronunciará
únicamente en relación con los reparos o argumentos planteados por el apelante.
Problema Jurídico
25. Corresponde a la Sala determinar con fundamento en el recurso de apelación,
si, por un lado, en el caso sub examine es procedente o no el estudio de los
argumentos planteados por la Solicitante en el recurso de apelación referentes a
que la Concejal María Clara Name Ramírez: “[…] incurrió en la causal de conflicto
de intereses, en dos oportunidades diferentes, esto es, cuando sin declararse
13 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
14 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
15 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
16 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
17 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”
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Núm. Único de radicación: 250002315000202201015-01
impedido (sic), deliberó y votó por la terna conformada por el Señor Julián Mauricio
Ruiz, y cuando deliberó y votó para que no se tramitara la recusación interpuesta
en su contra […]”.
26. Seguidamente, en caso de encontrar que es procedente el estudio de los
argumentos planteados por la Solicitante en el recurso de apelación, determinar
si la señora María Clara Name Ramírez incurrió o no en los elementos objetivo y
subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del
artículo 55 de la Ley 136, sobre violación del régimen de conflicto de intereses,
por la conducta establecida en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, con
el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de
15 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en primera instancia.
La calificación habilitante
27. Vistos los artículos 5, literal “b”, y 22 de la Ley 1881, la Sala considera que se
encuentra probada la calidad de concejal para el periodo 2020-2023 de la señora
María Clara Name Ramírez, según consta en el formulario E-26CON expedido por
los miembros de la Comisión Escrutadora de la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el Acuerdo núm. 002 de 10 de diciembre de 2019 expedido por el Consejo
Nacional Electoral, por medio de la cual se resuelve el desacuerdo declarado
mediante la Resolución núm. 008 del 25 de noviembre de 2019 por los Delegados
del Consejo Nacional Electoral y se declara la elección de Concejales de Bogotá
D.C. periodo 2020-202318.
28. En este caso, la investidura de la Concejal se tiene por cierta en la medida en
que los documentos anteriormente indicados constituyen prueba de dicha calidad
y su condición no fue cuestionada durante el proceso ni en el recurso de apelación,
lo cual la hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de investidura.
18 Cfr. Ver documento “003 ANEXO DEMANDA” que corresponde a la copia del formulario E-26CON expedido
por los Miembros de la Comisión Escrutadora en relación con las elecciones realizadas el 27 de octubre de
2019 y el documento “004 ANEXO DEMANDA”, que corresponde al Acuerdo núm. 002 de 10 de diciembre
de 2019 expedido por el Consejo Nacional Electoral.
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Núm. Único de radicación: 250002315000202201015-01
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
29. Vistos los artículos 18419 de la Constitución Política; 14320 de la Ley 1437 y
las leyes 136, y 617 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.
Desarrollos jurisprudenciales
30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio21 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.
31. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.
32. La Sala Plena22 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
19 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado
de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
20 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
21 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
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los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.
33. En esa misma orientación, la Corte Constitucional23 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
34. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 2010 24. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
35. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad y congruencia.
23 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
24 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
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36. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con
la jurisprudencia de las altas cortes25, una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo 26.
37. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”27.
38. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento
en ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma
que establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se
configura o no el elemento subjetivo28.
El principio de congruencia en los procesos de pérdida de investidura
39. Visto el artículo 281 de la Ley 1564, sobre el principio de congruencia,
aplicable en virtud del artículo 21 de la Ley 1881, se establece que “[…] [l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido
alegadas si así lo exige la ley […]”.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
26 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó
la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]”.
27 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad
con el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables,
en lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
28 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en
general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
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40. Esta Corporación29 ha definido el principio de congruencia como “[…] el
principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que
deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas
por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas,
a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]”, es
decir, que el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las
pretensiones, existiendo una correspondencia entre esta y los hechos que se
esgrimen en la demanda y en su contestación.
41. Asimismo, esta Corporación ha considerado30, “[…] que el principio de
congruencia procesal se ha definido como, “el principio normativo que delimita el
contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el
sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral,
y contencioso- administrativo) […] sea de oficio o por instancia del ministerio
público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de
que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y
excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue
facultades especiales para separarse de ellas”31, es decir, que el alcance y
contenido de una providencia está delimitado por las pretensiones, existiendo una
correspondencia entre ésta y los hechos que se esgrimen en la demanda […]”; y
agregó que se trata de un principio que tiene como finalidad garantizar a las partes
e intervinientes el debido proceso.
Marco normativo y jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de conflicto de intereses
42. Visto el numeral 2.º del artículo 55 de la Ley 136, “[…] [l]os concejales
perderán su investidura por: […] 2. Por violación del régimen de […] conflicto de
intereses. […]”.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre
de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001 23 31 000 2001 02023 01
30 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 1 de marzo de 2018. Proceso identificado con el número único de radicación 110010325000201300838-
00. C.P. doctor César Palomino Cortés.
31 Devis Echandía, Hernando, Teoría General del Proceso, II (Editorial Universidad, Argentina, 1985), p.533.
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43. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses32 “[…] como aquella
conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la
que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin
declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus
funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de
la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses
propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse
impedido, pues es la manera honesta de reconocer la existencia de esa
motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera
transparente e imparcial […]”.
44. Esta Sección33 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta
“[…] solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto
objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones
[…]”; y agregó que “[…] la Sala Plena34 ha sido enfática en sostener que si el
interés se confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en
general, en igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría
actuando en interés de la colectividad y no en el suyo propio […]”.
45. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus
funciones constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o
votación de un asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.
46. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación
en la medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura
el conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.
32 Véase, por ejemplo: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 2 de
abril de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López; proceso identificado con el número único de radicación 11001-
03-15-000-2018-04626-00(PI); y Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés.
Expediente radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de
marzo de 2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15-
000-2006-00003-01.
34 Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y
Concepto de 27 de mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
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47. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar
los siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se
demuestre la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del
concejal o de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o
socios de derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de
sus funciones constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate
o votación del asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura
el interés.
El conflicto de intereses derivado de la causal de impedimento y recusación
prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437
48. Visto el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, sobre conflicto de interés y
causales de impedimento y recusación, cuando el interés general propio de la
función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público, este deberá declararse impedido. Asimismo, todo servidor público que
deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no
manifiesta su impedimento por, entre otros, “[…] [h]aber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores […]”.
49. En los términos de la norma indicada supra, se considera que el impedimento
se presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una situación que, a su
juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para conocer de una actuación
administrativa; y la recusación ocurre cuando dicha situación es dada a conocer
por cualquier ciudadano en el marco del procedimiento de que se trate y en los
términos del artículo 70 de la Ley 136, que prevé que “[…] [c]ualquier ciudadano
que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no
se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]”35.
35Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de
septiembre de 2019. Proceso identificado con el NUR 130012333000201800738-01. C.P. doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés.
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Núm. Único de radicación: 250002315000202201015-01
50. El Consejo de Estado en sentencia de 19 de septiembre de 201936 consideró
que la norma regula dos situaciones diferentes: i) haber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores; y ii) haber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores. Sobre el particular, esta Sala explicó lo
siguiente:
“[…] Nótese que dicha norma emplea la letra «o», como una conjunción disyuntiva
que denota «[…] diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas o
ideas […]» – Diccionario de la Lengua Española[37] –, lo que indica, entonces, que
existen dos alternativas que la configuran, a saber, i) el hecho de que la lista sea
inscrita por el interesado y ii) la situación de que la lista sea integrada por el
interesado.
La palabra «inscrita» – primera alternativa de la norma – es el participio irregular
del verbo inscribir – Diccionario de la Lengua Española[38] – siendo inscribir «[…]
2. tr. Apuntar el nombre de una persona entre los de otras para un objeto
determinado […]»[39], que en el contexto de la norma analizada – numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 – implica que el interesado en la actuación
administrativa apuntó – ante las autoridades electorales – la lista de candidatos a
cuerpos colegiados con el objeto de que estos participaran en la contienda electoral
respectiva.
La palabra «integrada» – segunda alternativa de la norma – es el participio del
verbo integrar[40] – Diccionario de la Lengua Española – siendo integrar «[…] 1. tr.
Dicho de diversas personas o cosas: Constituir un todo […] 2. tr. Completar un todo
con las partes que faltaban […] 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte
de un todo […] 4. tr. Comprender ( II contener). […]»[41], concepto distinto a inscribir
y que en el contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 – implica que el interesado en la actuación administrativa hacía parte
y constituía la lista de candidatos a cuerpos colegiados que participarían en la
contienda electoral respectiva […]”.
Análisis del caso concreto
51. De conformidad con el marco normativo y de conformidad con los desarrollos
jurisprudenciales expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de
septiembre de 2019. Proceso identificado con el NUR 130012333000201800738-01. C.P. doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés.
37 https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu
38 https://dle.rae.es/?id=LjeeytK
39 https://dle.rae.es/?id=LjZ6dL7
40 https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
41 https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
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procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en
aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La improcedencia del estudio de argumentos que no fueron planteados por
la apelante en la oportunidad procesal correspondiente
52. La Sala deberá determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no el
estudio de los argumentos planteados por la Solicitante en el recurso de apelación
para sustentar la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, según los cuales la Concejal “[…] incurrió en la causal de
conflicto de intereses, en dos oportunidades diferentes, esto es, cuando sin
declararse impedido (sic), deliberó y votó por la terna conformada por el Señor
Julián Mauricio Ruiz, y cuando deliberó y votó para que no se tramitara la
recusación interpuesta en su contra […]”. Lo anterior teniendo en cuenta que se
trata de argumentos que no fueron planteados en la solicitud de pérdida de
investidura presentada contra la precitada Concejal u objeto de debate en primera
instancia.
53. De conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564, sobre congruencia, “[…]
[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley […]”; asimismo, la norma establece que “[…] [n]o podrá condenarse
al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta […]”.
54. Esta Sección en diversas oportunidades42 ha puesto de presente que “[…] el
juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que
no fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede abordar
materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que no hacen parte
del concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de primera instancia
estudió […]” porque ello constituiría vulneración del principio de congruencia y, en
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente:
2005-00270 y Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS
LASSO
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consecuencia, de los derechos del debido proceso, contradicción y de defensa de
la parte que resulte afectada.
55. Lo anterior cobra relevancia en esta clase de procesos, en la medida en que,
por tratarse de un trámite sancionatorio, es imperiosa la necesidad de velar por la
protección de los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la solicitud de
pérdida de investidura43 y es que, como lo consideró esta Sección en sentencia
de 13 de octubre de 201644, “[…] la institución de la pérdida de investidura tiene
un evidente carácter sancionatorio y entraña sanciones de mucha gravedad. Por
una parte, se le priva al demandado de la calidad que tenía y es separado de las
funciones que ejercía y, por la otra, acarrea una inhabilidad permanente
consistente en que el afectado no puede volver a ejercer cargos de elección
popular […]”.
La solicitud de pérdida de investidura, en el caso concreto
56. En el caso sub examine, se observa que la señora Yessika Tatiana Barrera
Barrera pidió que se decretara la pérdida de investidura de la Concejal
argumentando que esta incurrió en la causal prevista en el numeral 2.° del artículo
55 de la Ley 136, por no manifestar impedimento en virtud de la conducta prevista
en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 y teniendo en cuenta que:
56.1. La Concejal María Clara Name Ramírez y la Concejal Dora Lucía Bastidas
Ubaté fueron elegidas como concejales de Bogotá D.C., en representación del
Partido Alianza Verde, para el periodo constitucional 2020-2023 y por ello habían
“[…] hecho parte de la misma lista de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas e integradas también por el interesado, en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa […]”.
56.2. En sesión plenaria de 17 de mayo de 2022 fueron presentados escritos de
recusación contra, entre otros, la Concejal Bastidas Ubaté; y que el Presidente del
Concejo de Bogotá D.C., en esa misma sesión, sometió a votación en bloque la
precitada recusación.
43 Corte Constitucional, sentencia C-237 de 2012.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 13 de octubre
de 2016; proceso identificado con el número único de radicación 810012339000201600014-01. C.P. doctor
Roberto Augusto Serrato Valdés
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56.3. La Concejal Name Ramírez participó, con su voto negativo, en la decisión
sobre no impartir trámite a la recusación formulada contra su compañera de lista
y de bancada, sin manifestar impedimento en virtud a lo establecido en el numeral
14 del artículo 11 de la Ley 1437.
La sentencia proferida, en primera instancia, en el caso concreto
57. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró en la sentencia que el
problema jurídico consistía en resolver “[…] si la concejal de Bogotá D.C., María
Clara Name Ramírez, incurrió en causal de pérdida de investidura por violación al
régimen de conflicto de intereses previsto en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley
136 de 1994, con ocasión a que en la sesión del cabildo celebrada el 17 de mayo
de 2022, no manifestó impedimento para votar en el trámite de la recusación
presentada en contra de la concejal Dora Lucía Bastidas Ubaté, de conformidad
con lo establecido en el artículo 11 numeral 14 de la Ley 1437 de 2011 […]”.
57.1. Al respecto, negó el decreto de la pérdida de investidura de la Concejal por
considerar que no incurrió en la causal de pérdida de investidura toda vez que,
respecto al trámite de la recusación contra la Concejal Dora Lucía Bastidas Ubaté,
lo que se sometió a consideración de la plenaria del Concejo de Bogotá D.C. y en
la que participó y votó la Concejal Name Ramírez, fue si se tramitaba o no la
recusación presentada contra su compañera de bancada y que, por ello, la
decisión que se puso en consideración fue un asunto de trámite y admisibilidad
de una petición, sin abordarse el fondo del asunto.
57.2. Adicionalmente consideró que, en todo caso, no se probó el interés
cualificado para la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura y que, al no encontrar probado el elemento objetivo, no era necesario
el estudio del elemento subjetivo.
Los argumentos del recurso de apelación, en el caso concreto
58. La Sala observa que los argumentos planteados por la Solicitante, en el
recurso de apelación, indicados en el numeral 19 supra de esta providencia, se
aducen por primera vez en el proceso en la medida en que, por un lado, en este
caso no se controvierte que la Concejal Name Ramírez hubiere incurrido en
violación del régimen de conflicto de intereses con ocasión de haber participado
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en la elección del Contralor Distrital de Bogotá; ni mucho menos que la causal de
pérdida de investidura se hubiere configurado porque hubiere participado en la
“deliberación y voto” de alguna recusación interpuesta “en su contra”.
59. En relación con el último argumento, se reitera que la solicitud de pérdida de
investidura, sub examine, se inició por la participación de la Concejal Name
Ramírez en la negativa al trámite de la recusación presentada contra una
compañera de bancada y no precisamente por el trámite de una recusación
interpuesta “en su contra”, lo cual implica que se trata de un argumento novedoso
en sede del recurso de apelación que, como se dijo, debió ser expuesto en la
solicitud de pérdida de investidura con el objeto de garantizar el derecho del
debido proceso y de contradicción y de defensa de la Concejal.
60. En consecuencia, esta Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento en
relación con los argumentos nuevos, planteados por la Solicitante de la pérdida
de investidura en el recurso de apelación, indicados supra.
Análisis de la sustentación del recurso de apelación presentado por la
Solicitante, en el caso concreto
61. La Sala, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y una vez
analizado el recurso de apelación presentado por la Solicitante, observa que si
bien se interpuso el recurso contra la sentencia de 15 de noviembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso “[…]
NEGAR la solicitud de pérdida de investidura de la concejal de Bogotá D.C. María
Clara Name Ramírez […]”, en cuanto no encontró probada la configuración del
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
de conflicto de intereses prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136,
lo cierto es que no se formularon reproches específicos y congruentes con los
presupuestos fácticos y causa petendi de la solicitud de pérdida de investidura y
que fundamentaron la decisión adoptada por el Tribunal, en primera instancia.
62. Al respecto, la Sala considera que la Ley 1881 impone al recurrente la
obligación de sustentar el recurso de apelación; es decir, de exponer las razones
de disenso o los reparos contra la decisión proferida, en primera instancia. En
otras palabras, “[…] el recurso de apelación se encuentra establecido para que el
afectado con una decisión judicial le formule reparos, inconformidades o
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cuestionamientos, lo que conlleva a que la parte que lo interponga dirija su
sustentación a esos aspectos […]”45.
63. El artículo 320 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201246 establece que “[…] el
recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión […]”; en consecuencia, corresponde
al apelante presentar argumentos orientados a desvirtuar la decisión adoptada por
la autoridad judicial, en primera instancia, y el juez debe estudiar los argumentos
contenidos en la sustentación del recurso de apelación para soportar la decisión
de confirmar, modificar o revocar la providencia.
64. En los casos en que el recurso carezca de desarrollo conceptual o no
contenga argumentos contra la providencia recurrida, el juez debe confirmar la
decisión objeto del recurso.
65. Sobre el particular, la Sección Primera de esta Corporación, mediante
sentencia de 5 de marzo de 201547, consideró lo siguiente:
“[…] Bajo los parámetros normativos aludidos, resulta fácil concluir que el recurso
de apelación se encuentra establecido para que el afectado con una decisión
judicial le formule reparos, inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva a
que la parte que lo interponga dirija su sustentación a esos aspectos.
Esta posición ha sido prohijada por la Sala de tiempo atrás, y fue reiterada
recientemente en la sentencia del 13 de marzo de 2013 al resolver el recurso de
apelación dentro del radicado No. 2006-01241. En dicha ocasión, la Corporación
se permitió confirmar la línea jurisprudencial que ha seguido en este aspecto en
los siguientes términos:
“Sobre el punto de la sustentación del recurso de apelación, esta Corporación
ha precisado lo siguiente:
“Si bastara al recurrente afirmar en todos los casos, al impugnar una
decisión judicial, que se atiene a lo afirmado y sostenido en el curso de la
instancia, sobraría en absoluto la exigencia perentoria contenida en el
inciso segundo del artículo 212 del C.C.A.
La necesidad de que el recurrente aporte argumentos en contra de los
fundamentos del fallo apelado, los cuales constituyen la base de estudio
de la decisión de segundo grado, es reafirmado por el inciso subsiguiente
al sancionar con la deserción del recurso la omisión del requisito en
estudio.
45 Consejo de Estado, Sección Primera; sentencia de 5 de marzo de 2015. Proceso identificado con el número
único de radicación 170012331000201100611-02. C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala.
46 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
47 Consejo de Estado, Sección Primera; sentencia de 5 de marzo de 2015. Proceso identificado con el número
único de radicación 170012331000201100611-02. C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala.
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Al no haber expuesto el recurrente las razones que motivaron su
disconformidad con las motivaciones y conclusiones de la sentencia que
puso fin a la primera instancia, no le es permitido al ad quem hacer un
nuevo estudio de fondo acerca de las pretensiones invocadas, sin incurrir
en palmario quebranto de la norma procedimental que exige la debida
sustentación del recurso de apelación.” (Sentencia de 6 de junio de 1987,
Exp: 338, C.P.: Dr. Samuel Buitrago Hurtado)
En otra oportunidad, señaló:
“Tal exigencia implica que el recurrente en el escrito de sustentación
señale el ámbito o marco procesal a que debe circunscribirse el juez ad
quem para decidir el recurso.
La competencia de éste queda pues limitada a confrontar la providencia
recurrida con los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente. No
puede, por consiguiente, el juez de segundo grado analizar la providencia
recurrida en aspectos diferentes a los controvertidos en el escrito de
sustentación del recurso.” (Sentencia de 17 de julio de 1992, Exp: 1951,
C.P.: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)
Posteriormente, manifestó:
De acuerdo con la jurisprudencia. “… el deber de sustentar este recurso
(el de apelación) consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito
la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso, o
sea para expresar la idea con un criterio tautológico, presentar el escrito
por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia
recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por
ende su revocatoria o modificación.” (Corte Suprema de Justicia,
Providencia de agosto 30 de 1984, M.P. Dr. Humberto Murcia Ballén,
Código de procedimiento Civil, José Fernando Ramírez Gómez, Colección
Pequeño Foro, pág. 319) (Auto de Sala Unitaria de 17 de marzo de 1995,
Exp. 3250, C.P. Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).
En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios atrás expuestos, en
cuanto a que el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso
de apelación es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de
los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su
decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional que
decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda
instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues
precisamente al juzgador de segundo grado corresponde hacer dichas
confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece ser o no
confirmada.”
Toda vez que la finalidad del recurso de apelación es que el superior estudie la
cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme, es
necesario que en dicho recurso se expongan las razones por las cuales no se
comparten las consideraciones del a quo, en orden a que el juzgador confronte
los fundamentos de la providencia con los argumentos que sustentan la
inconformidad del apelante. Por consiguiente, cuando el recurso se muestra
insuficiente dado que se limita a apelar en virtud de un enunciado sin desarrollo
conceptual, tal y como acontece en este asunto, el Juez no tiene más remedio
que confirmar la decisión […]”.
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66. Asimismo, la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia de 18 de
agosto de 202048 consideró lo siguiente:
“[…] De conformidad con los artículos 320 y 322 numeral 3 del Código General
del Proceso, aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, el
recurso de apelación tiene como objetivo controvertir uno o varios de los
fundamentos de la decisión adoptada por el a quo. Es decir, por medio de la
apelación el recurrente debe exponer razones de hecho y de derecho tendientes
a controvertir los fundamentos de la decisión adoptada por el a quo, con el fin de
que ésta sea revocada o modificada. En este caso, el recurrente no expone un
argumento tendiente a controvertir si la excepción que él denominó “inexistencia
del acto acusado” es previa, mixta o de fondo; por el contrario, plantea una
discusión sobre la cual el a quo ha indicado que decidirá en la sentencia,
consistente en que el acto objeto de control judicial no constituye un acto
administrativo […]”.
67. Lo anterior implica que la obligación de sustentar el recurso de apelación tiene
como objeto el de establecer el ámbito o marco procesal a que debe
circunscribirse el juez de segunda instancia para resolver el recurso, lo cual
constituye una carga obligatoria para el recurrente so pena que, una vez
concedido el recurso, se confirme la decisión.
68. La Sala considera que, con base en lo planteado por la Solicitante en el
recurso de apelación, no es posible realizar un estudio sobre la configuración o no
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses en la medida en que, excluyendo los argumentos novedosos del recurso
y que se aducen por primera vez en el proceso, se observa que no se planteó
ningún argumento específico contra la decisión adoptada por el Tribunal en cuanto
no encontró probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura,
razón suficiente para confirmar la decisión objeto del recurso.
69. Adicionalmente, es importante resaltar que la Solicitante manifestó en el
recurso de apelación que la sentencia proferida por el Tribunal, al exigir la prueba
del dolo o la culpa, desnaturalizó por completo el medio de control y premió a la
Concejal. Asimismo, expresó que la consecución de una prueba directa sobre el
dolo es compleja y que, en todo caso, en el proceso se decretaron y practicaron
pruebas sobre la conducta dolosa.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; providencia de 18 de agosto
de 2020. Proceso identificado con el número único de radicación 250002341000201400277-01. C.P. doctor
Oswaldo Giraldo López.
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70. Sobre el particular, la Sala observa que el elemento subjetivo de la causal de
pérdida de investidura no fue objeto de pronunciamiento, en primera instancia, y
así lo expresó el Tribunal en la sentencia al considerar que “[…] [a]sí, no
encontrándose cumplido ese factor de existencia de interés privado directo
contrario al interés general, imprescindible para tener por acreditado el conflicto
de interés, no hay lugar a realizar juicio subjetivo de la conducta, por inexistencia
de ésta. Luego, no es procedente descender a evaluar si la concejal María Clara
Name Ramírez, actuó con dolo o culpa grave […]”.
71. La Sala considera que, con base en lo planteado por la Solicitante en el
recurso de apelación, no es posible realizar un estudio de la sentencia proferida
por el Tribunal, en la medida en que no se planteó ninguna inconformidad en
relación con la configuración o no del elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura, sino que se refirió a otros aspectos y percepciones que no
constituyeron el fundamento de la decisión, como la configuración o no del
elemento subjetivo.
72. En ese orden, no es necesario ni procedente realizar el estudio del elemento
subjetivo porque en este caso no se probó la configuración del elemento objetivo,
lo cual implica además que se debe confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
el 15 de noviembre de 2022.
73. En suma de todo lo anterior y atendiendo a que, conforme se explicó supra: i)
no es procedente el análisis de los argumentos novedosos planteados en el
recurso de apelación por la Solicitante; y ii) que en el caso sub examine, el recurso
de apelación carecía de desarrollo conceptual o no contenía argumentos en
relación con la configuración o no del elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses: lo procedente
en este caso es confirmar la sentencia de 15 de noviembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se negó la pérdida
de investidura de la Concejal.
Conclusiones de la Sala
74. La Sala confirmará la sentencia de 15 de noviembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto dispuso negar la pérdida de
investidura de la Concejal, María Clara Name Ramírez.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de noviembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó la pérdida de investidura
de la Concejal, señora María Clara Name Ramírez, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
Salva Voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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